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El Caso Wallace

Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

Isabel Miranda ha tenido protección y privilegios en las procuradurías de México. Sus abogados, han sido clave, desde 1998, cuando estuvo presa

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Séptima Parte

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 5 de enero de 2017, en Tamaulipas. Era el abogado que, desde los años noventa, asistía jurídicamente a su inseparable cliente Isabel Miranda Torres, conocida como la señora Wallace, en la Ciudad de México. Pero desde octubre de 2016, había sido nombrado coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, y dos meses después lo emboscaron junto a otros ministeriales. Terminó su vida relacionado con el narcotráfico, uno de los “giros negros” que le señalaban los medios y por lo que el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) lo investigaba como servidor público en el sistema de procuración de justicia mexicano durante el periodo de 2006 a 2014.

Esta investigación del Comisionado, a través de la Policía Federal, especificaba el recurso de revisión RDA 4093/13, en el que se pedía hacer públicos los resultados de evaluaciones en control y confianza a varios servidores públicos del estado de Guerrero; entre éstos figuraban Ricardo Martínez Chávez, Iñaki Blanco Cabrera y Víctor León Maldonado. Los tres unidos por una amistad de más de 20 años, desde sus incursiones como ministeriales en la PGJDF a finales de los noventa, los tres promovidos en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, específicamente en el área de Secuestros en diferentes fechas, los tres en la procuración de justicia del estado de Guerrero, y los tres al servicio de Isabel Miranda Torres, la madre que fabricó el secuestro y homicidio de su hijo el 11 de julio de 2005 y que hasta este momento mantiene en la cárcel a sus inculpados pese a las evidencias de vida de su hijo.

El inicio de la existencia de Martínez Chávez en la vida de Isabel Miranda, nos remonta a aquellas cuatro noches y cinco días de julio de 1998, cuando Miranda Torres estuvo presa en el Reclusorio Norte por homicidio calificado en grado tentativa y desacato a la autoridad. Martínez, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, movía influencias con el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Hugo Vera, para quien trabajaba como secretario particular, al tiempo que pagaba la fianza por la libertad de su amiga. Desde aquellos años, Martínez ya se relacionaba con Víctor León Maldonado, con Iñaki Blanco Cabrera y con Braulio Robles Zúñiga, y jugaba en dos canchas, en la pública dentro de la PGJDF, de 1997 a 1999, y en la privada, como abogado particular de Miranda.

Los pasos de Martínez Chávez en la burocracia de la procuración de justicia parecían ser los pasos de Isabel Miranda. En octubre de 2001, fue incorporado a la Procuraduría General de la República, como agente ministerial dentro de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al igual que Iñaki Blanco Cabrera y Braulio Robles Zúñiga. Justo en ese mes, el día 21, se giraba orden de aprehensión contra el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, de acuerdo al oficio 5525, de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por el delito de contrabando cometido en julio del mismo año, con el que se abrió el expediente 196/2001 y se le dio una sentencia condenatoria por tres meses.

Sin embargo, la oportuna incorporación de Martínez Chávez a la PGR, y a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), logró que Hugo Alberto Wallace evadiera la justicia. Y el 3 de junio de 2004, la orden de aprehensión fue cancelada por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, bajo el pago de una multa de 14,665.20 pesos mexicanos ($814 dlls).

En octubre de 2002, Martínez Chávez adquiría la responsabilidad de la jefatura Antisecuestros de la misma UEDO, bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos. El 25 de julio de 2003, se le ascendió a fiscal Antisecuestros, en sustitución de Óscar Moreno Villatoro, ya de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). No obstante, según reportes de la prensa local, Martínez presentó su renuncia por supuestas diferencias con la Agencia Federal de Investigaciones, el 31 de diciembre de ese mismo año 2003, y al mismo tiempo armaba casos a Isabel Miranda Torres para la expropiación de terrenos en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, bajo documentos falsos y peritos que compensaban económicamente para que le permitiesen firmar como apoderada de ella.

Con la designación de Daniel Francisco Cabeza de Vaca como nuevo titular de la PGR en abril de 2005, en sustitución de Rafael Macedo de la Concha, se inició un proceso de desmilitarización de la dependencia, y retiraron a 169 militares. Los cambios de personal alcanzaron la SIEDO, según una nota de la revista Proceso publicada el 10 de julio de 2005, en la que se especificaba que José Luis Santiago Vasconcelos se mantendría en el cargo de subprocurador, pero con dos nuevos encargados de despacho, Ricardo Martínez Chávez en el área nuevamente de Secuestros, y Eduardo Luna Alonso en el área de Robo de vehículos.

Así fue que un día antes del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda, se daba a conocer que la pieza clave de la maquinaria de la SIEDO en materia de secuestros era su propio amigo, el abogado Ricardo Martínez Chávez. Varios días después, Braulio Robles Zúñiga fue designado como ministerio público al lado del abogado, por influencia de Miranda Torres con el pretexto de que no estaba siendo bien atendido su caso, el supuesto secuestro de su hijo. Meses después, Robles Zúñiga, bajo el mando de Miranda, coordinaba ya las torturas a los inculpados del falso secuestro, y fue identificado años después por cuatro de las seis víctimas.

 

Braulio Robles, el coordinador de las torturas

De acuerdo a su propia ficha curricular presentada ante el Senado de la República mexicana en marzo de 2017, como aspirante a fiscal Anticorrupción, Braulio Robles Zúñiga estuvo desempeñándose como agente ministerial del Distrito Federal, del 1º de octubre de 1990 al 30 de abril de 1999. Durante este período coincidió con Ricardo Martínez Chávez en la misma dependencia de la Ciudad de México, y habrían establecido una relación suficientemente estrecha para después seguir los mismos pasos dentro de la PGR, específicamente en el área de Secuestros.

Tras un curso de tres meses de entrenamiento como agente ministerial federal, Robles Zúñiga fue incorporado a la PGR, oficialmente el 16 de noviembre de 2001, en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Su incorporación fue al mes de haber entrado Ricardo Martínez Chávez e Iñaki Blanco a la misma unidad.

Pese a que en noviembre de 2002, Robles Zúñiga fue promovido dentro de la procuraduría para asistir a un nuevo curso, ahora «para combatir la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes», del cual obtuvo constancia y acreditación, fue quien coordinó las torturas de los inculpados del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2006 y 2007 y 2010, bajo las órdenes de Miranda y Martínez Chávez, de acuerdo a los testimonios de las víctimas.

Incluso, en el libro dictado por Miranda a Martín Moreno, titulado El Caso Wallace, Miranda se refirió a Braulio Robles Zúñiga «como una bendición», y allí destacó Miranda su disposición para «cualquier tema que ameritara su intervención».

La primera víctima fue Juana Hilda González Lomelí, quien interpuso un amparo penal, el 4 de abril de 2017, contra Robles Zúñiga y su jefe en el Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, por amenazas, tortura física y psicológica e incomunicación. A partir de la declaración arrancada bajo tortura, en 2006, Juana Hilda fue obligada a incriminar a las otras cinco personas, su pareja sentimental César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolas a partir de una fotografía extraída de su departamento en un cateo ilegal por los agentes ministeriales dirigidos por el ministerio público Fermín Ubaldo Cruz. En esa confesión fabricada, Isabel Miranda estuvo presente, mientras grababan a Juana Hilda para difundir los videos en las redes sociales como una «evidencia» de culpabilidad, pese a que aún no se llevaba el juicio.

Bajo la jerarquía de Braulio Robles Zúñiga, se encontraba el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, quien desde 2010, servía también de manera privada a Miranda. En 2013, este agente fue identificado plenamente como verdugo de tortura por los inculpados Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, en diferentes audiencias, y el testimonio de Jacobo fue registrado ante un juez federal.

Iñaki, de testigo de cargo del caso Wallace a procurador de Guerrero

Aquel 2001, fue significativo para la PGR en el área de Secuestros. Se integraba un equipo de fiscales y agentes ministeriales que destacarían años después en la fabricación de culpables, todos alrededor de Ricardo Martínez Chávez e Isabel Miranda Torres. Ese mismo año llegó también Iñaki Blanco Cabrera a formar parte del equipo. Y en 2010, Martínez Chávez le pidió ser testigo de cargo para el caso Wallace. Blanco Cabrera había sido recién nombrado titular de la SIEDO por la entonces procuradora Marisela Morales, fue quien encarceló a Jacobo Tagle Dobín, el único que faltaba del grupo de los seis que estaban en la fotografía extraída ilegalmente del departamento de Juana Hilda.

El año 2010 fue de arropo gubernamental para Isabel Miranda en la administración de Felipe Calderón. Ello se expresaba en privilegios y poder político que se expandía también para el equipo de funcionarios y cómplices que sostenían el falso crimen contra su hijo desde la SIEDO, donde las recompensas por secuestros fabricados y compensaciones a medios condescendientes con la mentira eran ya un rumor que cobraba fuerza alrededor de los subordinados de la ex-procuradora Marisela Morales.

En febrero de 2010, se tramitaron documentos oficiales –como la Cédula Única de Registro de Población (CURP)– bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, identidad oficial del hijo de Isabel Miranda Torres en sus primeros seis años de edad, de la que existe además acta de nacimiento original. También se publicó, con ostentosa mercadotecnia, el libro El Caso Wallace, con el que se pretendía legitimar la mentira del hijo muerto en los medios masivos de comunicación. Al mismo tiempo, se intensificó el acoso de funcionarios de la SIEDO contra familiares de los inculpados, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignoraba las quejas de tortura cometidas contra Albert Castillo Cruz y su hermano Tony, así como las de César Freyre Morales, a quien señalaron como «jefe de la banda de secuestradores».

Para agosto de 2010, el director del penal de Santiaguito, Estado de México, Irineo Monroy Dávila, reconocía la tortura a Brenda Quevedo Cruz cometida en 2009 por ministeriales de la SIEDO y se disculpaba con ella por haberlos dejado entrar al penal bajo su cargo. No obstante, dos meses más tarde de esa disculpa, en octubre de 2010, Brenda fue trasladada ilegalmente al penal federal de Islas Marías, donde sólo trasladan a los sentenciados, y los mismos ministeriales de la SIEDO perpetraban la segunda tortura sexual contra ella. De los seis inculpados por Miranda, los hermanos Albert y Tony Castillo y Brenda Quevedo, pese a las torturas, nunca se incriminaron del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Brenda lleva más de diez años en cautiverio en espera de ser sentenciada. Jacobo, ocho.

El mismo trío en la PGR, Ricardo Martínez, Iñaki Blanco y Víctor León, destacaba nuevamente en Guerrero, en 2013, fabricándole delitos por 48 secuestros a Nestora Salgado, la líder de la Policía comunitaria de Olinalá, quien fue encarcelada durante dos años y medio en un penal federal mientras se demostraba su inocencia. Caso en el que intervino también Isabel Miranda Torres recriminando al juez que daba la libertad condicionada a la líder comunitaria en marzo de 2014, al no encontrar pruebas en su contra.

 

Los cambios en la SIEDO

Pese al semblante gris y trayectoria mediocre de Iñaki Blanco Cabrera, en 2011, un año después de su macabra trayectoria por la SIEDO, se estrenaba como delegado de la PGR en el estado de Guerrero, y en 2013 era designado por el gobernador Ángel Aguirre como procurador general del estado. Iñaki Blanco entonces invitó a trabajar con él a dos de sus amigos que lo ayudaron a crecer en la SIEDO: a Ricardo Martínez Chávez y a Víctor León Maldonado, éste último incorporado en 2008.

Para la PGR, el año 2008, también fue muy revelador de la corrupción interna, porque fueron removidos de sus cargos los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano, del área de Terrorismo y acopio de armas de la SIEDO, Felipe de Jesús Muñoz, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), y Víctor Manuel Corzo Cabañas, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Aunque la decisión había sido tomada desde la presidencia de la República, la fabricación de acusaciones surgió desde la SIEDO y el supuesto motivo era por trabajar con el cártel de los Beltrán Leyva. Lo llamaron “Operación Limpieza”. Años después, a principios de 2017, la defensa jurídica de los Beltrán afirmaba en conversación privada con este medio la relación que existía entre esta familia y Hugo Alberto Wallace, a quien acusaban de haber robado un cargamento de cocaína. Hecho por  el cual su madre había fabricado su muerte y había ayudado a su hijo a salir del país para su protección.

La Operación Limpieza oscurecía la trayectoria de Marisela Morales al frente de la SIEDO, por la fabricación de delitos en más de 50 casos, pero en 2011 el expresidente Calderón la nombró titular de la PGR, y los funcionarios inculpados desde su dependencia en la SIEDO fueron absueltos cuatro años después de prisión al descubrirse que habían utilizado testigos protegidos con identidades falsas para incriminarlos. Durante ese periodo, en la SIEDO, de 2008 a 2011, Marisela Morales también otorgó privilegios a Isabel Miranda, entre éstos autorizarle la entrada a discreción a los penales donde pagaban condena sus inculpados por el falso secuestro de su hijo. Así, fue como Miranda llegó a amenazarlos directamente en las celdas, golpearles físicamente la cara y jalarlos del cabello a César Freyre, a Albert Castillo y a Jacobo Tagle, según sus testimonios e incluso corroborados por dos custodios que posteriormente tuvieron que huir para salvar sus vidas.

También en ese periodo de investigaciones a los subprocuradores incriminados, en julio de 2008, Víctor León Martínez era incorporado a la SIEDO, primero como asesor, y luego como coordinador general, el 1º de noviembre de 2008. José Luis Santiago Vasconcelos había sido designado, por Felipe Calderón, como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de Seguridad y Justicia penal, pero murió tres días después, el 4 de noviembre de 2008, junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un supuesto accidente de avión por fallas mecánicas.

Samuel González, el abogado de las contradicciones

Samuel González Ruiz es otro de los abogados destacados de Isabel Miranda. Fue coordinador de asesores del Procurador General de México, de 1994 a 1996. También se presentó como fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en PGR, del cual fue titular, «encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional» de 1996 a 1998.

En 2012, cuando Isabel Miranda Torres fue candidata por el Partido de Acción Nacional a la gubernatura de la Ciudad de México, González Ruiz amenazó al abogado José Patiño Hurtado por confirmar, en entrevista con Carmen Aristegui, que Miranda había estado en la cárcel en 1998. Su faceta académica en la UNAM, en la ONU, en la Universidad de Sevilla, y en varios países como capacitador en sistemas penales de varios países, contrasta con la defensa de casos como el de Wallace en el que la fabricación de culpables ha sido uno de los profundos quiebres del Estado de Derecho en México.

Homenaje luctuoso a Ricardo Martínez Chávez en Tamaulipas y demás agentes ministeriales sin la presencia de Isabel Miranda. Foto: La Opinión de Tamaulipas.

El silencio de Isabel Miranda

Después del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, Isabel Miranda de Wallace guardó silencio. No utilizó su acceso privilegiado a los medios ni a las procuradurías para reclamar el crimen de su amigo y cómplice de más de veinte años de convivencia, como lo hizo de manera difamatoria y violatoria al derecho de presunción de inocencia de los inculpados del caso Wallace para denunciar un crimen que nunca sucedió, el de su hijo. El 5 de enero de 2017, Isabel Miranda, apodada «la señora Wallace», apellido que adoptó de su exmarido Enrique del Socorro Wallace, no dio declaraciones a los medios, ni exigió a la PGR que se investigara «hasta las últimas consecuencias» el asesinato de Martínez Chávez. Tampoco reclamó la inseguridad al gobernador de Tamaulipas, como lo acostumbra a hacer con el tema del secuestro, en cada entidad donde después es premiada con contratos de gobierno por publicidad exterior. Incluso, tampoco fue al funeral de Ricardo Martínez Chávez, su abogado desde 1998.

***

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable

Séptima parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

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isabel Miranda de Wallace ha difundido videos en los jacobo Tagle se incriminó

Al menos en ocho ocasiones en los últimos tres años, Isabel Miranda de Wallace ha insistido en su cuenta de Twitter (@WallaceIsabel) que Jacobo Tagle es uno de los secuestradores y asesinos de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Incluso, en una de sus publicaciones mostró una confesión en video del propio Tagle. «(Él) confesó las atrocidades las atrocidades que cometieron, a sangre fría, contra mi hijo. Hoy busca evadir a la justicia acusando tortura que nunca existió», escribió Miranda en un tuit acompañando la grabación.

Sin embargo, una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, publicada en Los Ángeles Press, reveló que Isabel Miranda participó directamente en su captura, tortura y condujo dicha grabación ante una cámara para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A continuación retomamos el reportaje publicado el 22 de junio de 2014, en el que se revela la participación directa de Isabel Miranda de Wallace contra Jacobo Tagle Dobín.

 

Por Guadalupe Lizárraga

Cuarta parte

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva -con fecha del 7 de mayo de 2014- a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, el 3 de diciembre de 2010, pero reza la declaración en el documento de la CNDH, que fue el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

resumen protocolo Jacobo Tagle

Resumen del Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle.

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–¡Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo! –respondió Miranda.

Para saber más del caso: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

 

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo, y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda de Wallace declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

La carta de Jacobo Tagle, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle Dobín narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda de Wallace y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Lee más: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable, Sexta parte

 

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el agente del MP Osvaldo Jiménez Juárez.

 “Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemán Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre de la hija de Hugo Alberto, la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Caso Wallace: Isabel Miranda ordenó la tortura de Jacobo Tagle

Foto: Los Angeles Press

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Lee más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

 

 

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