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El Caso Wallace

La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

Isabel Miranda Torres coordinó detención ilegal y más de veinte torturas a César Freyre, inculpado por el supuesto secuestro de Hugo Wallace, además de coordinar los encarcelamientos de su madre y su hermana, con delitos fabricados.

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Por Guadalupe Lizárraga

Quinta parte

CIUDAD DE MÉXICO.- César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.

En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.

Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres que actualmente tiene 81 procesos judiciales abiertos, según el sitio datajuridica.com.mx.

 

Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.

Las versiones de la detención de César Freyre

Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 3 de octubre de 2010 y en otra ampliación de declaración el 23 de octubre de ese mismo año. En éstas últimas dos declaraciones en las que se incrimina, agrega a otras dos personas Luis Saucedo y esposa, quienes son los que acusan a su madre y a su hermana de extorsión. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:

“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.

 La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:

“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”

La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:

“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.

En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.

Las versiones sobre la detención de Freyre

Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda

En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.

La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC.  Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.

El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.

Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El recorrido inútil por los derechos humanos

La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.

Denuncia a la CNDH

El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.

El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.

¿Cuándo se declara culpable César Freyre?

Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.

Fragmento de la carta de Freyre

Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.

“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.

Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.

Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.

“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.

“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.

“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz

En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.

En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público investigador Braulio Robles Zúñiga llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que Enriqueta Cruz pasara sin abogado, porque «el jefe» de Braulio Robles quería hablar con ella.  El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.

El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.

Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.

Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:

–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?

–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.

–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.

–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.

–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.

La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:

–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo.  El agente Fermín Ubaldo respondió:

–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.

–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?

La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.

Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

La muerte de Julieta Freyre Morales

Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado con delitos de extorsión en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.

Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.

De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.

“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.

Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.

“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.

Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

El Caso Wallace

Tortura, secuestro y espionaje, el vínculo Margolis entre Israel Vallarta, George Khoury y el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Margolis, en el dictamen sobre tortura de Israel Vallarta

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en Seguridad privada, fue señalado, junto con el expolicía Luis Cárdenas Palomino y el periodista de televisión Pablo Reinah, de cometer actos de tortura y secuestro, según el dictamen pericial realizado a Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión sin sentencia desde diciembre de 2005, acusado de secuestro en un montaje televisivo.

Con un documento de 205 páginas, los peritos en derechos humanos, el médico cirujano Adrián Ramírez López (con cédula Cédula 1396538) y la maestra en Psicólogía María Isabel Mazo Duarte (con cédulas 5721526 y 5784148), acreditaron ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre de 2016, que Israel Vallarta Cisneros “sufrió humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, amenazas, deprivación sensorial de alimento, agua, descanso y sueño, y que éstas le causaron severos y duraderos trastornos psicológicos”. Todo ello atribuido a conductas que los peritos consideraron como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al momento de su detención, durante su permanencia en la SIEDO, así como en el Centro de Arraigo y en el Cefereso #1 El Altiplano, Almoloya de Juárez.

El nombre de Eduardo Margolis aparece en el dictamen 22 veces, y las referencias a su nombre de pila se hacen en 13 ocasiones, específicamente para aludir a su presencia en eventos de tortura contra Israel Vallarta, sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos.

El dictamen pericial de Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte describen el maltrato recibido e identifican a catorce sujetos como perpetradores, en diferentes lugares como en el rancho Las Chinitas, la SIEDO, en el centro de arraigo y un estacionamiento, con la acotación de que éste podría ser en las mismas instalaciones de las PGR, de la Calle López, número 12, del Centro de la CDMX.

Los peritos clasificaron el maltrato como:

“Deprivación sensorial aplastamiento; forzamiento a inhalar substancia no identificada. Insultos. Golpizas reiteradas. Lesiones corporales deliberadas. Posiciones forzadas. Aplicación de electricidad. Amenazas. Humillaciones y vejámenes. Desnudamiento. Agresiones y violencia sexuales incluyendo violación. Atentado contra la libertad y el sano desarrollo de su sexualidad y personalidad. Presencia de tortura a otros. Privaciones deliberadas de medios de vida. Privación del sueño. Intento de asfixia seca. Intento de asfixia húmeda. Exposición a temperaturas extremas” (Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen médico psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención, traslados, arraigo y prisión de Israel Vallarta Cisneros, de la Causa penal 100/2010-VII).

Los encuentros con Margolis

En la SEIDO

En esta etapa, organizada por los peritos bajo el número 9, Israel Vallarta identifica que, entre las personas vestidas de civil en la SIEDO, se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y alude a su presencia también en otros eventos de tortura.

La agresión en la SIEDO fue descrita por los peritos en derechos humanos como: “golpes en cuello, cabeza, tórax para “sacar el aire” y otras partes del cuerpo, bofetadas, patadas en las espinillas, puños en la cabeza. Atadura, presión, inmovilización y golpes en dedos de la mano derecha para forzar impresión de su huella en documentos. Privación de agua, alimento, sueño y servicios sanitarios. Insultos, humillaciones. Golpes propinados por personas vestidas de civil aparentemente ajenas a la PGR. Amenazas de muerte contra el examinado y sus familiares: “los va a cargar la chingada” “tengo la consigna de darte en la madre”. Presencia de golpes a su “mujer amada” (Dictamen pericial, pag. 72).

Momento 1

“Me levantan y me llevan hasta el fondo donde están los archiveros, veo que paso junto a Florence y está… está… Isabel Hernández Arzate, está… este… Eduardo Margolis, ahí lo veo, lo veo parado, pero ahí en el mismo piso con un grupo de personas.

Perito Adrián Ramírez López (ARL): ¿No te saluda? ¿No te dice nada?

Israel Vallarta Cisneros (IVC): No, no, no, no, no, no, yo de momento no pensé que fuera… o sea…, yo lo vi al bulto… en el momento no reconocí que era él, sino fue posterior, ahorita le explico por qué, o sea yo voy pasando y veo el bulto de personas allí, y me llevan al fondo, otra vez lo que en el estacionamiento ya habían hecho conmigo de firmar hojas en blanco, hacer numeración del 10 al 100 y bla bla bla hasta el millón, las mismas hojas que venían ya impresas en computadora, que traían nombres y yo tenía que poner al lado primo, sobrino, etcétera, entonces me decían ¡ponlo!, no lo quise hacer, hubo otras que sí, otras que sí lo hice, honestamente. ¿por qué?…

Perito María Isabel Mazo Duarte (MIMD): ¿Ahí te seguían golpeando?

IVC: Claro que sí, ¡por supuesto!” (Dictamen pericial, 2016, p.77).

Momento 2

“… en ese momento que estaba el cubículo donde me encontraba en el segundo piso, es decir, es un módulo de tres cubículos, yo me encontraba en el primero entrando a ese piso y en el tercero, en el fondo, se encontraba Florence, también rodeada de elementos de la Agencia Federal que reconozco como los mismos que un día antes –ocho de diciembre de dos mil cinco–, nos secuestraron a ella y a mí. Asimismo, entre ese grupo de personas se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con otras personas masculinas de estatura alta y de trajes” (Tomado de la Ampliación de Declaración del procesado Israel Vallarta Cisneros el 10 de julio de 2008 ante el Licenciado Eusebio Zárate Silva secretario encargado del despacho por autorización del H. Consejo de la Judicatura Federal, en Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen pericial, 2016, p. 81).

Momento 3

“Cuando pasé la primera vez hacia los archiveros y yo veo a Eduardo (refiriéndose a Eduardo Cuauhtémoc Margolis) ya me queda claro por qué o por quién, todo lo que me había pasado, desde la detención, pasar por la tortura, estar en el rancho, este… lo vi, sí, en el estacionamiento, lo vi a Eduardo en el estacionamiento, vi la figura de él y la de otra que estaba calva y confirmé ya estando en el ministerio público, como que se me desveló él. Yo comprendía que se estaba cometiendo una infamia contra nosotros, pero no veía el origen, no veía yo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra quién? Y ahí me di cuenta…” (Dictamen pericial, p.158).

En “el Estacionamiento”

En el lugar que Israel Vallarta describe como “El estacionamiento” sufrió una de las torturas más brutales por parte de los agentes de la SIEDO, en las que participó Eduardo Margolis propinándole fuertes patadas en las piernas.

“… (un agente) me golpea en el costado derecho cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado, hijo de tu puta madre, me tiró una cubetada con agua sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho, sosteniéndome la cara y me pone un trapo húmedo con una sustancia que puedo haber sido acetona o algo semejante pero no me dejaba respirar, otra persona se hincó sobre sus rodillas colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome dolor, otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz provocándome asfixia, en tanto que otra persona sobre mis plantas de mis pies, puso un cartón y me golpeaba fuertemente con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome que se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados y seguían golpeándome… Sangré de la boca, o de la nariz, supongo, porque me tragaba mi sangre” (Dictamen pericial, p. 44).

En relación con los toques eléctricos.

“Pues no era un toque en todo el cuerpo aunque estaba yo bañado en agua, era… eran como pellizcos por ejemplo cuando me lo ponían entre el testículo y la pierna es como si me mordieran, de esas pinzas de caimán, entre esta parte y el testículo y además un dolor que se me paralizaba la pierna, y si me lo ponían por acá (indica el cuello) entre el hombro y el cuello era un pellizco muy fuerte, sentía como la contracción y a veces lo sentía entre los dedos de los pies y un testículo, no quiero decir que si me lo ponían en los pies me dolía la oreja, no es cierto, no es cierto, eran más locales pero hubo un momento en que cuando yo me estaba retorciendo por los toques en los testículos, fue cuando esta tipa… este… primero estaba intentando penetrarme, pero no, yo cerraba el glúteo, pero cuando yo lo cerraba no me estaban poniendo toques en los testículos pero cuando me ponen toques en los testículos y hago esta contracción es cuando agarra y siento el jalón, entonces ya… sí tenía dolor en los testículos por las quemaduras, por el dolor, por la sensación pero en ese momento fue un choque de todo, fue un choque de todo, de dolor, de dignidad, de… humanidad, o sea, no soy un animal, ¿sí me explico? No soy un animal, no lo soy, en serio, no lo soy” (Dictamen pericial, p.31).

En la casa de arraigo

El 10 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue trasladado a la casa de arraigo, ubicado en el Eje 3 Morones Prieto, esquina con calle Doctor Barragán, colonia Doctores, de la Ciudad de México, en donde estuvo retenido 88 días, hasta el 8 de marzo de 2006.

De acuerdo con el dictamen, aquí también sufrió golpes, intimidación y amenazas de muerte y de desaparición, así como intimidación y amenazas contra los familiares que lo visitaban. Se le privó de medios de vida y se le mantuvo la mayor parte del tiempo aislado. En una de las golpizas, su verdugo hizo referencias directas a Eduardo Margolis.

“… eso te pasa por andar queriendo quedar bien con el hermano de tu noviecita metiéndote donde no te llaman; Eduardo también es nuestro socio –ahí es donde ya me dice Garza Palacios–, Eduardo es nuestro socio y no está solo, por eso te digo pendejo que ni tienes ni idea de con quién te metiste; –con esto confirmé obviamente, que todo de lo que se nos acusó y por qué yo vi la figura de Eduardo, ahora sí ya quedé yo convencido que la figura que yo vi cuando estaba yo con la venda, me moví el pedacito de venda y vi que era Eduardo y también al día siguiente de mi detención, el 9 de diciembre, este… en… la SIEDO ¿sí? afuera del cubículo como lo manifesté…” (Dictamen pericial, 2016, p.98).

Los perpetradores

El dictamen pericial colegiado en materia de tortura fue elaborado de 2015 a 2016, con la revisión y análisis de 21 documentales, que incluyen declaraciones ministeriales, amparos, y registros de audios, fotografías y material videográfico, entre otros documentos de relevancia. En este trabajo pericial, Israel Vallarta Cisneros identificó a seis de 14 perpetradores. Entre éstos, al expolicía federal Luis Cárdenas Palomino que lo torturó por horas y en diferentes ocasiones, a Eduardo Margolis, que le propinó patadas en el cuerpo y estuvo presente en otros eventos de tortura, y al periodista Pablo Reinah que lo abofeteó para el montaje televisivo.

“…la otra persona era Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol que era el socio de mi cuñado. Entonces ahí, de momento no sabía cómo explicar, porque no habló, pero yo asocié la figura, porque lo conozco, es mucho más alto que yo, no habló una sola palabra, pero al día siguiente estaba allí en los cubículos del Ministerio Público…”.

Las referencias a Cárdenas Palomino

En el dictamen se menciona al expolicía Luis Cárdenas Palomino 59 veces. Es señalado por Israel Vallarta como el mayor agresor y es quien en el rancho Las Chinitas, durante el montaje televisivo, daba órdenes al reportero Pablo Reinah y permitía que éste también lo golpeara.

MIMD:” ¿Hasta este momento, que fue lo peor que viviste?

IVC: Mire, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me golpearon… Entonces en el momento en que se queda Cárdenas Palomino dentro de la habitación… no, no puedo, no he podido sacar… no sólo me denigró como persona, sino como hombre, o sea, yo no soy un animal, yo jamás, jamás en la vida, he lastimado a alguien y menos al nivel que… en que me pusieron, ni mucho menos… tal vez discutía una orden de mis papás, de mis hermanos, ¡pero que alguien se haya ensañado! Los golpes sí fueron, golpes que me dolieron, me lastimaron, las quemaduras en los testículos fueron muy latentes, es algo que no les comenté, es algo muy latente, los lapsos en que me acomodaban para… para seguirme golpeando, cuando la penetración del palo, los toques en los testículos… ¿por qué no lo mencioné? Porque eso fue casi todo el tiempo, desde los primeros golpes hasta los últimos, en todas las posiciones posibles, era ponerme toques en los testículos, en la espalda, en el pecho, en los testículos, en la espalda, en el pecho…” (Tomado de trascripción de entrevista realizada el 11 de noviembre de 2015 a Israel Vallarta Cisneros por los peritos, en Ramírez L., A. y Mazo D. M.I., Dictamen pericial, p. 43.)

El debate de los peritos en la detención

El 9 de diciembre de 2005, el perito médico oficial de la SIEDO, Jorge Arreola Villarreal, elaboró y firmó el dictamen del estado físico de Israel Vallarta y Florence Cassez, bajo el folio 89590, en el que afirmaba que presentaba “lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.

Sin embargo, en el debate pericial que incluye el dictamen de los derecho-humanistas, uno de los cuestionamientos de Ramírez López y Mazo Duarte fue que el tiempo que utilizaron para examinar y elaborar los dictámenes de Vallarta y Cassez, el cual no superó los diez minutos, y el segundo examen sólo era una transcripción literal del primero.

Un siguiente perito médico de la SIEDO que continuó con las revisiones periódicas a Vallarta, el Dr. José Antonio Viveros Orozco, bajo el folio 90065 y con fecha del 10 de diciembre del 2005, señaló con la misma transcripción que se trataba de lesiones que tardaban en sanar en menos de quince días. Los peritos en derechos humanos, por su parte, cuestionaron que a pesar de ser un perito distinto “no actualiza la evolución de las lesiones y sólo se concreta simplemente a continuar realizando una mera trascripción literal de los exámenes previos”.

Cuatro días después de las torturas en la detención, el 12 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue examinado por un tercer perito, el Dr. Pedro Galicia Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el folio 57768-57769. Éste señala que Vallarta Cisneros “presenta lesiones que por naturaleza y características no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”. No obstante, este perito agrega que el estado emocional del detenido es “perturbado” y describe que tiene lesiones producidas por un objeto transmisor de corriente eléctrica. No da más especificaciones. En el dictamen de los peritos Ramírez y Mazo, en cambio, describen que Israel fue quemado con toques eléctricos en los testículos.

Los peritos Ramírez López y Mazo Duarte además señalaron en su dictamen que ya ese día, el perito de la CNDH describe las lesiones y su evolución, aunque no las evalúa y omite también la dificultad que tenía Israel para deambular, debido a la tortura que consiste en “golpear las plantas de los pies con un palo, lo que produce un proceso inflamatorio agudo de los cojinetes de grasa y tejidos de soportes del pie, que es muy doloroso y no deja ninguna huella en la piel de las plantas de los pies”.

Las mentiras de Margolis en audiencia judicial

En juicio, Eduardo Margolis fue interrogado por la defensa de Israel Vallarta sobre su asistencia a la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Pero al respecto, Margolis señaló que no recordaba, que tenía negocios con la SIEDO y acostumbraba a realizar estas visitas. Sin embargo, fue desmentido con el registro de su acceso a las instalaciones de la PGR y por oficios de Transparencia que revelaban la inexistencia de contratos con esta institución.

De acuerdo con la revista Proceso, en un reportaje publicado el 20 de marzo de 2012, Eduardo Margolis envió una carta en 2009 a la revista como derecho de réplica por las declaraciones de Israel Vallarta sobre sus relaciones íntimas y las amenazas, así como el porqué de su presencia en la SIEDO el día de la detención de Vallarta y Cassez:

“… dichas imputaciones son falsas, toda vez que no conozco al Sr. Israel Vallarta, y en consecuencia, no he tenido ninguna relación de amistad o de negocio con dicha persona”. Y añadió: “No soy jefe de seguridad de ninguna comunidad, ya que me dedico a ejercer el comercio de manera lícita” (Campa, H. y Carrasco, J. 2012, marzo 20, Caso Cassez: el misterioso Margolis, personaje clave, Proceso).

Sin embargo, en el mismo reportaje de Proceso se cita el libro Peines mexicaines, de Alain Devalpo y Anne Vigna (Grijalbo, 2010) en el que se desmiente a Margolis sobre las dos fechas claves de su estancia en la SIEDO:

“…el 13 de septiembre de 2005, día de la primera declaración de la estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y posterior liberación derivó en la detención de Vallarta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y Cassez fueron conducidos a dicho inmueble (SIEDO) tras el montaje televisivo” (ídem).

Los periodistas Devalpo y Vigna tuvieron acceso al registro de entradas a la SIEDO y revelaron que Margolis se había presentado el 9 de diciembre a las 14:30 horas y había salido de allí a las 15:11 horas. El número de gafete de entrada que recibió fue el 012 y dijo que iba a visitar al licenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

La referencia del reportaje indica que el 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a declarar en calidad de testigo al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, siendo Olga Sánchez Cordero, la juez al frente del caso, hoy titular de la Secretaría de Gobernación. El abogado defensor de Israel Vallarta, Héctor Trujillo Martínez, preguntó en juicio a Margolis sobre su relación con éste. Y la respuesta de Margolis fue negarlo. Dijo que no lo conocía, pero sí a Florence, debido a que es hermana de su exsocio Sebastien Cassez.

“Aseguró que la había visto dos veces en su vida. Cuando Trujillo le preguntó por qué había ingresado al inmueble de la SIEDO el 13 de septiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de ese mismo año, Margolis dijo primero que no se acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de registro de ingresos, señaló:

“Normalmente voy a la oficina que está frente al Monumento a la Revolución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios” (ídem).

El disimulo de las autoridades

En la investigación en formato de libro de la periodista Emmanuelle Steels titulada El teatro del engaño, Cassez-Vallarta: historia de un montaje (Debolsillo, 2016) se retratan de manera precisa las actitudes psicóticas de Eduardo Margolis y refiere explícitamente a su venganza contra Israel Vallarta y Sebastien Cassez.

“A alguien se le ocurrió hacer una telenovela porque se veía muy bonito que un mexicano secuestrador tuviera una novia francesa, se enfurece Margolis. “Y eso no implica que Israel fuera culpable. Pero de todas formas le van a dar 200 años de cárcel” (Steels, 2016, p. 194).

En este trabajo ignorado por las autoridades, la periodista identifica los papeles que juega cada personaje en la trama de la fabricación de culpables para armar el «teatro del engaño», y Margolis, de acuerdo con sus propias palabras según lo referido en el libro, “le había tocado hablar de la familia Vallarta y de los secuestros dirigidos desde la cárcel”.

La investigación de Steels ha sido una de las más comprometedoras para Margolis que evidencian su falsedad de declaraciones judiciales, tergiversación de los hechos, e incluso confirma sus amenazas de secuestro contra la esposa de Sebastien Cassez y sus hijos, y también acepta que fue él quien ordenó la detención de Israel Vallarta como un acto de venganza, y que no tenía nada contra Florence.

“… Margolis admitió que, efectivamente, él había solicitado la detención. Pero solamente había querido actuar contra los Vallarta” (Steels, 2016, p. 195).

Y vuelve a mentir en la entrevista dada a Florence Cassez para su libro Nada encarcela la inocencia, referenciado por Steels:

“Dijo que él había ido en persona para recuperar los coches al taller mecánico del hermano de Israel y se habría dado cuenta de que formaban parte de la familia de Arturo, “un hombre que habíamos matado durante una operación para salvar a un secuestrado” (Steels, 2016, p.195).

De nueva cuenta es desmentido por la voz de Florence:

“… Sin embargo, los coches de Margolis se encontraban en un garaje, en el edificio de un amigo de Israel, y no en el taller mecánico de René. Por otro lado, un hermano de Israel efectivamente había sido asesinado años antes, en el 2000, pero no fue en el rescate de un secuestrado imaginario. Arturo Vallarta fue asaltado a plena luz del día cuando estaba caminando en la calle…” (Steels, 2016, p. 195).

Inexistencia de contratos entre Margolis y la SIEDO

Los Ángeles Press, para este trabajo de investigación, encontró dos solicitudes de información sobre los supuestos contratos que Eduardo Margolis decía tener con la Policía Federal y la SIEDO, en el período de 2001 a 2012, y con lo que justificaba su presencia en la SIEDO durante la detención de Israel Vallarta.

En respuesta a la solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la entonces PGR, con el oficio número SJAI/DGAJ/10375/2012, con el folio 0001700178112, señaló que:

«La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dijo que “no obra contrato celebrado en materia de adquisiciones y/o servicios a nivel central (no delegacional) con las personas morales solicitadas cuya área requirente haya sido la SIEDO”.

Las personas morales referidas en el oficio eran siete de las 14 empresas que Eduardo Margolis, decía tener. La respuesta de la SIEDO se sometió a un Comité de información de la misma institución, la cual determinó que:

“confirma la declaración de inexistencia de información manifestada por la Oficialía Mayor”.

Y por su parte, la SIEDO reitera que:

“al realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontró antecedente alguno de la información requerida”.

La Policía Federal, a través de la Dirección de Enlace, señala de igual manera que: “no se encontró registro, documento o constancia relacionada con lo solicitado, razón por la cual, se declara la inexistencia, indicando que la búsqueda de la información dentro del rubro temático sección de recursos materiales…”.

La industria del secuestro: Margolis, García Luna y Wallace

El primer secuestro en la Ciudad de México relacionado con el apellido Margolis fue el 24 de mayo de 1998. Un secuestro que se perpetró en 4 minutos, duró 24 días y cobró una recompensa de 5 millones de dólares. La víctima regresó a su casa ilesa. Era Eliot Margolis Freedman, director de la agencia de autos Chrysler.

Dos meses después, el 17 de julio de 1998, Isabel Miranda caía en la cárcel por homicidio en grado tentativa contra un trabajador de Tlalpan, que retiraba sus espectaculares en una zona protegida, montado en una grúa. Miranda y su hijo Hugo Alberto cortaron las mangueras de la grúa causando la caída al trabajador, que logró sobrevivir. Hugo Alberto huyó, y solo detuvieron a Miranda, quien salió de prisión cinco días después.

Un mes más adelante, el 17 de agosto, el área de Secuestros del CISEN detenía al primer secuestrador que usaba celular, cuando su uso era muy restringido por el alto costo. Se trataba de Daniel Arizmendi, expolicía de Morelos al que apodaban «El Mochaorejas». Por su parte, el investigador Tomás Borges, en su libro Diario de un agente encubierto (Planeta, 2013), afirma que esta detención –lograda a través del espionaje de conversaciones telefónicas– convertiría al área de Secuestros en el principal pilar de la promoción política de García Luna. Para el 2001, ya con la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, García Luna tenía autorizado el presupuesto y autoridad a discreción para dirigir esta misma área dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.

Para entonces, Isabel Miranda había dejado de invadir terrenos ecológicos de Tlalpan, pero coincidió en 2001 con personajes selectos entrenados en Israel en temas de seguridad y espionaje. Se trataba de Eduardo Margolis y el mismo Genaro García Luna, que se movían entre el CISEN y la PGR. El abogado de Miranda, Ricardo Martínez Chávez, incursionaba en Secuestros como agente del ministerio público, y se hacía cargo de la investigación de secuestro de las hermanas de Talía, Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Sin tener nada que ver en el asunto, Isabel Miranda acompañaba a las hermanas de Talía, en su calidad de víctimas, que tiempo después trascendió habían sido secuestradas por los mismos agentes de la recién creada AFI como un experimento de entrenamiento. Al mismo tiempo que Isabel Miranda, en el 2001 también surgía otro personaje involucrado en los experimentos de seguridad a quien presentaron como héroe anónimo: Eduardo Gallo y Tello, quien en ese mismo año fue apoyado por García Luna con equipo técnico, vehículos y comando para ejercer venganza fatal contra los secuestradores de su hija en Morelos, ejecutando a tres secuestradores y a la madre de otro, junto con un hermano y sobrino de 4 años que nada tenían que ver. Los pagadores de los crímenes de Eduardo Gallo son dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, a quienes detuvo de manera ilegal, torturó y encarceló por su propia cuenta, y aún permanecen en prisión desde entonces.

Para 2004, Isabel Miranda ya presumía charola de Seguridad pública, y salía y entraba de la secretaría y la SIEDO, como si fuera su casa, y se preparaba para la fabricación del secuestro de su hijo.

Simulacros de secuestros y héroes

Los entrenamientos de Genaro García Luna en Israel y las relaciones de Eduardo Margolis con la Embajada israelí en México creaban sinergias. Una de estas acciones era la de dar legitimidad a la simulación de secuestros, resolverlos, cobrar recompensas y generar un impacto mediático favorable a la figura de García Luna, y a quienes participaban con él. Esto se fortalecía con el espionaje y monitoreo de llamadas para controlar a los “pagadores” o falsos culpables y sus familiares que buscaban justicia.

 Así empezó a surgir la “sociedad civil” que al sexenio siguiente aplaudiría a Felipe Calderón. Un desfile de supuestos activistas que se habían dado a conocer algunos como víctimas, otros como héroes y heroínas. María Elena Morera, Eduardo Gallo, Rosi Orozco, Teresa Ulloa, Norma Ledezma (de Chihuahua), Javier Sicilia y una larga lista, incluyendo, por supuesto, a Isabel Miranda y al mismo Eduardo Margolis.

La imagen de Eduardo Margolis fue promovida en la comunidad judía al grado de la cursilería y lo grotesco. Notas de prensa en Enlace judío lo describían como “escudo protector”, el “ángel salvador”, “la leyenda Margolis”, “el jefe de seguridad de los judíos”, incluso llegaron a compararlo con el Gólem que los salva, y tal como cuenta la leyenda, “el gólem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable”, pero también selectivo, y no dudó en convertirse en el terror de la misma comunidad judía.

Cuando Isabel Miranda acusó falsamente a Jacobo Tagle Dobin, el 13 de julio de 2005, ante la entonces PGJDF, de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis no sólo dio la espalda a Jacobo, siendo de la comunidad judía, sino que ayudó a Isabel Miranda con equipo de espionaje y tráfico de influencias para detener y torturar a Jacobo, a sabiendas que era inocente, permitiendo además la expropiación de la casa de la madre de Jacobo, Raquel Dobin y la detención ilegal y encarcelamiento de su hijo adolescente, Salomon Tagle Dobin.

En el circulo rojo se identifica a Salomón Tagle Dobin, cómo fue exhibido por Isabel Miranda, siendo menor de edad en ese entonces.

Estos hechos fueron narrados por Raquel Dobin trece años después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, en conferencia de prensa, el 10 de diciembre de 2018, en Cencos, Ciudad de México, organizada por esta periodista por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Antes era imposible por el miedo que tenían las madres de las víctimas. En la conferencia de prensa, ante una veintena de reporteros que la cubrieron sin publicar nada, la madre de Jacobo narró a detalle cómo fueron aterrorizadas por el agente de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, y un grupo de agentes encapuchados con armas largas, al servicio de Miranda. Allanaron su casa, pateando puertas; a ella, a su madre y a su hija las encerraron en una habitación sin baño, durante todo el día, las encañonaron, las maltrataron, las insultaron y los agentes robaron de la casa lo que quisieron.

En 2015, cuando Los Ángeles Press la entrevistó por la fabricación del caso Wallace, aún tenía miedo de salir en cámara con su nombre por el rechazo que ha tenido de la comunidad judía gracias a Margolis y su alianza con la victimaria de su hijo. Hasta la fecha no ha podido recuperar su casa, expropiada sin ninguna justificación por la SIEDO.

Conferencia de prensa sobre el caso Wallace, 10 de diciembre de 2018. Al micrófono, Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, la periodista Guadalupe Lizárraga, el presentador Ricardo Ávila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el periodista José Reveles.

Margolis, el origen de todo: George Khoury

En llamada telefónica a esta periodista desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Uruapan Michoacán, George Khoury Layón narró cómo vivió el terror de Eduardo Cuautémoc Margolis Sobol, y le atribuye a él en alianza con Isabel Miranda, las detenciones arbitrarias, la tortura y el encarcelamiento injusto en 2009.

“Margolis es el origen de todo. Era íntimo de Genaro García Luna, e hicieron muchos, muchísimos negocios, de Inteligencia y de cámaras para los ceferesos. Este señor se dedica a eso, al espionaje, él tiene su fachada de blindaje en avenida Mazarik, pero en realidad es una fachada. Él se dedica al espionaje”, señala de prisa Khoury.

Y Wikileaks le da la razón. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados liberó un millón de correos electrónicos en 2015 de un proveedor italiano de malware de vigilancia, Hacking Team, que fue objeto de escrutinio internacional. Entre estos, exhibía el intercambio que tuvo Eduardo Margolis, del 6 al 12 de diciembre de 2013, con integrantes de esta compañía de espionaje global.

En los mensajes, Margolis alude a la compra de un software de la empresa italiana:

“Nos pusimos en contacto contigo ya que tenemos un gran proyecto en México con una Institución del Gobierno Federal que tiene interés en comprarnos un software desarrollado por ti, que según entendemos se conoce como DaVinci Infection System…”.

En este intercambio de mensajes, Margolis envía un PDF con información corporativa de Epel, SA de CV y enfatiza que tiene experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno de México para llevar a cabo el proyecto de vender el software de vigilancia.

“Asumimos que para tomar la decisión de negociar con nosotros es importante que conozcas de nosotros, por eso te estamos enviando nuestra presentación corporativa en la que puedes observar que Epel cuenta con la experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno mexicano para llevar a cabo este proyecto…”

Cuando Los Ángeles Press preguntó a George Khoury Layón, por qué él fue afectado por Margolis, respondió que se debió a su negocio ya desaparecido Cronic Garden, ubicado en Polanco, en medio de la comunidad judía. Khoury Layón no es judío, y al tratarse de un giro de discoteca, los vecinos se quejaron con Margolis del constante escándalo.

“Mi negocio estaba pegando fuertísimo, y estaba en una plaza de los judíos, entonces ellos querían que quitara mi lugar porque estaba echando mucho desmadre. Iba mucha gente de todo el mundo, y de todo tipo, ya sabes, diputados… de todo tipo. Entonces los judíos se empezaron a quejar y se quejaron con él (con Margolis); entonces iba mucho Ben Sutchi, de los judíos que mataron en Plaza Artz, los israelitas que mataron, eran mis clientes, entonces este señor detiene a esos judíos que tenían ficha roja por Interpol, los detiene, y uno de ellos dijo que era mi amigo, que era mi cliente, y a mí me hablan y me amenazan que me iban a meter a la cárcel y me empiezan a aventar a la policía, pensando ellos que yo era uno de ellos, que eran mis socios, y jamás, me entiendes, eso nunca existió y yo tengo prueba de ello, pero este señor se aferró y me empezó a mandar la policía, y a que cerrara mi lugar, y pretexto y pretexto, y ya empezó el problema personal con él. Por eso me embarraron de tantas cosas. Mi primera detención fue ahí, en 2005 cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero por órdenes de Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”.

Pero la detención fue cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, acotó esta periodista.

“Así es, ellos ya tenían contacto (Isabel Miranda y Eduardo Margolis), sí claro, ya estaban juntos, porque estaban supuestamente en contra de los secuestradores, pero es un hamponzazo, un hamponzazo”, concluye Khoury Layón.

Los contratos reales de Margolis

De acuerdo con documentos de Transparencia, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, por medio de su empresa Epel, SA de CV, es proveedor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde 2018, con el número de control interno 4041-16.

La unidad responsable de su operación es la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, que según su sitio digital «tiene la función de regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, para garantizar que dichos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, seriedad, profesionalismo y respaldo jurídico-financiero, en beneficio de la población».

Por último, Eduardo Margolis tiene cinco procesos abiertos, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. En todos es el demandante, incluso uno de los procesos en contra un miembro de la comunidad judía. Se trata de Bernardo Sefchovich Asingarz, casado con Elisa Sissa Israel, quien es socia, junto con su familia, de una compañía de seguridad internacional que también tiene contratos en Querétaro y Nuevo León.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la «prueba de la gota de sangre», que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como «simulación de pruebas», pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, «solo los mandó golpear». La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

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