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El Caso Wallace

La simulación del secuestro Wallace, tercera parte

Cómo Isabel Miranda Torres fue creando el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace, hasta lograr que medios y autoridades dieran veracidad al caso

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Por Guadalupe Lizárraga

Tercera parte

LOS ÁNGELES, California.- Una llamada realizada del celular de Hugo Alberto Wallace el primero de noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto homicidio, ha entrampado a la madre, Isabel Miranda Torres, en contradicciones durante nueve años. Miranda intentó explicar a los medios, el pasado 8 de junio, en la Ciudad de México, el origen de la llamada y por qué estuvo aún activo el celular de su hijo después de su presunta muerte, a raíz de reportajes que revelaron recientemente rastros de vida de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, sus fechas y declaraciones no coincidieron con los testimonios de cinco personas: el dueño del celular al que se hizo la llamada y cuatro personas más que reconocieron la voz de su hijo Hugo Alberto.

«Hay una declaración del señor José García Sepúlveda, la persona que recibe una llamada del teléfono celular de mi hijo; cuando a mi hijo lo secuestran yo seguí pagando –durante casi un año, hasta que supe que estaba muerto– el teléfono, con la idea de poder ubicar el aparato, de poder tener una respuesta”, declaró Miranda a los medios hace una semana.

Miranda Torres supo oficialmente que su hijo estaba presuntamente muerto el 9 de febrero de 2006, por la declaración de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, de la que ahora se evidencia tortura psicológica, humillación sexual y amenazas de muerte contra ella y su familia y quien se encuentra presa desde entonces, al igual que otros cinco inculpados más. Pero desde las primeras horas del 13 de julio de 2005, sin ningún indicio delictivo claro, y sin investigación judicial todavía, el padrastro de Hugo Alberto, el nicaragüense Enrique del Socorro Wallace Díaz, puso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por “privación de libertad”.

Ese mismo día, a las 3:48 horas, apenas 30 horas después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio, declaró ante la misma instancia judicial que Hugo Alberto “había sido secuestrado”. Dos horas más tarde, a las 5:26 horas, y ante la misma instancia, Isabel Miranda levantó otra denuncia por secuestro. Y posteriormente, el sobrino de Miranda, Abraham Pedraza hizo lo mismo. En menos de 48 horas, la familia puso cuatro denuncias por secuestro de la misma presunta víctima. Los dos únicos indicios para levantar la denuncia eran su ausencia y el haber encontrado “casualmente” su auto estacionado cerca del restaurante Konditori, de Extremadura Insurgentes, en la cerrada de Empresa y Carracci.

Habían transcurrido siete días después del supuesto suceso, el 18 de julio de 2005, cuando rindió el primer informe el agente de la Policía Federal Investigadora, Moisés Castro Villa, adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI). El agente manifestó que “hasta el momento no se había recibido alguna llamada en la cual se confirme el secuestro o se haya dado a conocer exigencia alguna a cambio de la libertad del señor Hugo Alberto Wallace Miranda”.

Primera declaración de lsabel Miranda.

La llamada con la voz de Wallace

La Fiscalía federal realizó, por su parte, un rastreo de las llamadas que fueron hechas del teléfono de la víctima, y localizaron la llamada que se registró en el teléfono de José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Sin embargo, Isabel Miranda Torres afirmó ante los medios –nueve años después– que ella fue la primera que denunció en aquel entonces el mensaje grabado a las autoridades.

«Esta llamada que sale del teléfono de mi hijo hacia este teléfono, yo fui la primera que lo denuncié (…); y después este señor se presenta a declarar porque lo llama el Ministerio Público y él aporta una grabación…”, declaró Miranda, y negó conocer el número de teléfono que quedó registrado: 5552-081512, “otro teléfono muy diferente al de mi hijo”.

Isabel Miranda también ocultó a los medios que su hijo tenía dos celulares, reportado en la nuestra primera parte por Los Ángeles Press. De acuerdo a la declaración ministerial de Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, el 15 de noviembre de 2005, ella reconoció la voz de Wallace y confirmó la existencia del uso de dos celulares.

“…después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbra hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares”.

Las otras tres personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace fueron la empleada doméstica Isabel Neri Lujano, el vigilante del edificio Carlos Coronado y el amigo electricista e instalador de las cámaras de seguridad en su casa Rodolfo Munguía. Isabel Miranda tampoco respondió a la prensa cómo esas personas reconocieron la voz de su hijo en la grabación, ni acreditó el supuesto pago mensual “por un año para localizar el aparato”, después de su presunta muerte. Mientras que la declaración del dueño del teléfono declaró ante el Ministerio Público, el 10 de noviembre, los pormenores de la llamada recibida. Corroboró que el número era 5552081512, y acreditó que su número era 044 55 54 56 30 24, el cual fue comprado el 15 de julio de ese mismo año y presentó la factura número 901-2995892, con el número de contrato A-04653.

García Sepúlveda abundó en su declaración ministerial que recibió la primera llamada relacionada con Hugo Alberto Wallace de un número desconocido, el 30 de septiembre de 2005. Afirmó que era una voz de mujer que le preguntaba si “era el teléfono de Wallace”, y él respondió que no, que se había equivocado de número. La mujer insistió en que si conocía o trabajaba “para el señor Wallace”. Y volvió a decirle que estaba equivocada, le dio su nombre completo como propietario de ese número, y la mujer se molestó y colgó. La segunda llamada fue el primero de noviembre, a las 3:28 de la madrugada, cuando quedó grabado el mensaje con la voz reconocida de Wallace:

“..qué onda, mira ando hasta la madre güey, ya sé que te fallé pero me vale verga, que, aquí puto, qué onda güey, mírame aquí pistiando güey, me vale verga, sabes que güey, sabes quién me jugó”.

José García Sepúlveda fue citado por las autoridades a una segunda comparecencia 14 días después de ese mensaje. En esta reunión mostró a los ministeriales el registro de sus llamadas correspondientes del periodo del 2/09/2005 al 03/11/2005. Incluso ratificó su declaración en una tercera comparecencia, el 23 de noviembre de 2005.

 

La declaración de la sirvienta

Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto Wallace, también reconoció la voz de su empleador en el mensaje dejado a José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Así lo declaró el 14 de noviembre de ese año ante el Ministerio Público de la Federación, donde dijo que había empezado a trabajar con Wallace a principios de junio, con un horario de diez a veinte horas de lunes a viernes y los sábados hasta las seis de la tarde.

Neri Lujano señaló que el último día que vio a Hugo Alberto Wallace fue el 11 de julio de 2005, el día de su presunto secuestro y asesinato. Ese día escuchó a Wallace discutir con el chofer, Luis Antonio Sánchez, a quien le apodan “El Chaparro”, y que también reconoció el mensaje de voz dejado en el celular de García Sepúlveda.

Neri Lujano destacó en su declaración que Wallace –ese día– había recibido una llamada durante la cena, y cuando terminó de comer se subió a su recámara. Media hora después, escuchó que se había ido en un vehículo. Según el vigilante de la casa le dijo a la empleada que “el jefe” se había ido y que le había llamado a su celular para “encargarle la casa”. Eso sería, según su declaración ministerial, a las 20:50 horas.

Al día siguiente, 12 de julio, señaló la empleada que Isabel Miranda la estaba buscando, y que el vigilante le dijo que “se comunicara con la señora”. Neri la llamó por teléfono en torno a las 11 horas y Miranda de inmediato le preguntó por Hugo Alberto Wallace. Según lo declarado por la empleada, “ella no sabía nada” –le dijo– “acabo de llegar”, y al subir a la recámara se dio cuenta que todo estaba igual como la noche anterior, por lo que supuso que Hugo Alberto no había llegado a dormir.

La empleada puntualizó que al colgar la llamada con Isabel Miranda, llegó Geazul Ponce Julia, novia de Hugo Alberto. “Llorosa, le dijo que Hugo estaba desaparecido”, contó Neri y que “la mujer se subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada”. Sin embargo, la novia comentó a la sirvienta, que allí estaban las pistolas, “no se las llevó”, le dijo y le mostró “tres pistolas”. Neri afirmó que Geazul se llevó un folder amarillo, diciéndole que era suyo, con unos documentos como de diez hojas.

También Neri Lujano declaró que la hermana de Hugo Alberto, Claudia Wallace, llegó poco después de Geazul Ponce Julia, aproximadamente a las dos de la tarde, y le ordenó que bajara los teléfonos que se encontraban en las habitaciones, habló con la novia de Hugo y después se retiró.

El 13 de julio, “como a la una y media o dos de la mañana, llegó la señora Wallace acompañada de su hermano Roberto, a quien le dijo que ahí se quedara y en la mañana se fuera temprano”, narró la empleada ante las autoridades, y dijo que el hermano de Isabel Miranda antes de irse le pidió una gorra de Hugo Alberto y se fue en su camioneta. La declaración de la empleada concluyó con la identificación de los amigos frecuentados por Hugo Alberto, a petición de las instancias investigadoras que ya tenían fotografías de los amigos más cercanos a Hugo Alberto, sin que aún se cumplieran las 48 horas de desaparecido. La empleada identificó a Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi) “a quien solo vio una vez”, Geoazul Ponce Julia (la novia), Mónica Pacheco Salazar (amiga), Ricardo Gómez “El Chucky” (primo de Geazul y amigo de Hugo), César Chávez “El Gato” (amigo de Hugo) “lo vio una sola vez” y “El Coby”, de quien no se reportó el nombre.

Isabel Miranda asumía el secuestro de su hijo a las 12 horas de su ausencia

Isabel Miranda Torres, al momento en que habló por teléfono con la empleada doméstica el 12 de julio por la mañana, ya había alertado a su familia y amigos del supuesto secuestro. Una de las primeras en enterarse de la desaparición de Hugo Alberto fue Geazul Ponce Julia, quien llegó “llorosa” a la casa de su novio como a mediodía. Después de las dos de la tarde, de ese mismo día, según la declaración de Miranda Torres, fue a la administración de la empresa Cinépolis Perisur, lugar al que supuestamente habría ido su hijo, para pedir el video de la cámara de seguridad y saber a qué horas habría salido. El encargado le respondió que no era posible si no llevaba una orden judicial. De ahí, dijo, haber “peinado la zona” y recorrido los estacionamientos, avenidas y alrededores, acompañada de su esposo, su hermano, su sobrino Jorge Alejandro Ortega, y el chofer de Hugo Alberto, quien dijo que su hijo podría haber ido al restaurante Konditori, como en otras ocasiones lo había llevado a ver a una mujer.

En la declaración del 13 de julio, ante la PGJDF, Miranda Torres indicó que su sobrino localizó la camioneta el 12 de julio, e incluso vio a otra camioneta blanca sin placas acercarse a las 15:30 horas, y al llegar ella al lugar, los vecinos y curiosos le informaron que “en la mañana (del 12 de julio) habían visto bajar a una persona” y se la llevaron a los departamentos de Perugino #6.

Diez días después, Isabel Miranda es citada a comparecer nuevamente por el Ministerio Público y al repetir su declaración modificó la hora en que encontraron la camioneta, señaló que la encontraron “casualmente” a las 20 horas.

“…donde casualmente el doce de julio de 2005, como a las veinte horas, encontraron abandonada la camioneta negra blindada, Cherokee, modelo 1998, placas 518-SRR, propiedad de Hugo Alberto”.

Respecto a la hora en que vieron a dos personas bajar a una tercera:

“…habían varias personas y vecinos de la calle, acercándose uno de ellos quién al verla llorar le preguntó que qué era de ella la persona que bajaron del vehículo, contestándole que era su hijo, diciéndole éste que en la mañana había escuchado frenarse un vehículo, al asomarse por la ventana alcanzó a ver que bajaban a una persona a la que llevaron al edificio ubicado en la calle el Perugino”. (Declaración ministerial ante la PGJDF de Isabel Miranda, 13 y 23 de julio de 2005).

Discrepancias entre Enrique Wallace, su esposa y los hechos

En la declaración de Enrique Wallace Díaz puntualizó que ese día –12 de julio–, al ir al departamento de Perugino #6, lugar donde presuntamente fue el homicidio, se encontró con un niño como de nueve o diez años de edad. Según Wallace Díaz, el niño le informó que en la noche del lunes había escuchado unos balazos, y que después, como a las cuatro de la madrugada, “vio que entre dos personas sacaban a una persona herida que sangraba, sujetándola de los brazos, la bajaron por las escaleras”. Wallace dijo en su declaración que esa persona a la que llevaban herida era su hijo, y el niño le informó que el departamento donde ocurrieron los hechos había sido en el número cuatro.

Isabel Miranda sostuvo su propia versión sobre la supuesta declaración del niño:

“…un menor de edad como de ocho o diez años, les dijo que las muchachas vivían en el departamento número cuatro, pero que no podrían atenderlos porque esa noche se había suscitado un problema en ese departamento, donde se habían escuchado disparos, y habían bajado por la escalera a una persona entre dos, refiriendo el menor que era un judicial que ve con frecuencia y un individuo, que en la puerta habían dos personas que estaban como vigilando; que en la mañana habían limpiado la escalera, que una de las muchachas se había ido, porque algo había pasado, y no podría atenderlos”.

La madre del menor, Vanesa Figueroa Martínez, desmintió a ambos en su declaración ministerial:

“…como a las dieciocho horas, salió (su hijo) a jugar a los pasillos del edificio donde vive su madre; se le acercó una persona del sexo masculino, quién le preguntó si había visto a una mujer güera, alta, bustona, y si ésta vivía en el edificio, contestándole que no, volviéndole a preguntar que si vivía alguien con esas características dentro del edificio, respondiéndole de nueva cuenta que no. Posteriormente, como a las diecinueve horas llegaron unas patrullas que se estacionaron afuera del edificio, las personas no iban uniformadas; en ese momento su mamá lo llamó, pero una persona dijo que él era el niño, sin saber a qué se refería, y su mamá les dijo que no era posible que él les dijera algo, ya que él no vivía ni dormía en su departamento; se enteró por su mamá que esas personas decían que él había dicho que escuchó balazos en el edificio; les dijo que él no escuchó nada de balazos el martes doce de julio en ese edificio, que un día antes no sabía qué había ocurrido, ya que no había ido al departamento de su mamá y no durmió ahí; y que en ningún momento vio a ningún hombre herido, no sabía nada; en su vida ha escuchado balazos, sólo los ha escuchado en televisión o cine”.

Para el 22 de septiembre de 2005, el padrastro de Hugo Alberto, Enrique Wallace modificó su declaración ante las autoridades investigadoras, y sostuvo que para él no era un secuestro, porque no se les había pedido ninguna exigencia a cambio. Así lo dejó asentado en un oficio, signado por el agente Moisés Castro Villa, quien fue el primero en dar su informe una semana después de los hechos, para sostener que no se trataba de un secuestro.

Declaración de Enrique Wallace:

“…que hasta ese momento su hijo seguía desaparecido, no recibió llamada telefónica o comunicado alguno respecto de su paradero, tampoco le habían hecho ninguna exigencia económica para liberarlo; los resultados sobre las investigaciones del paradero de su hijo fueron negativos; posiblemente su hijo desapareció ya que no podía asegurar que se tratara de un secuestro porque no había recibido exigencia de parte de persona alguna”.

Isabel Miranda Torres, en alusión a lo declarado por su esposo en ese día, fue a presentar una declaración más el 28 de septiembre. En esa audiencia dijo a las autoridades investigadoras que el 22 de septiembre, a las 13:15 horas, “recibió una llamada telefónica de dos sujetos quienes la amenazaron con matar a la víctima; uno de los sujetos le dijo: No te mandé las fotos ni el comunicado para que forme parte del expediente de SIEDO, no habrá comunicación hasta que retires el negociador de la AFI”. Y Miranda concluyó que por ese motivo su esposo pidió al Ministerio Público que no se investigara más por el momento.

Isabel Miranda contra Isabel Neri Lujano

La declaración del 13 de julio de Isabel Miranda discrepó también de la declaración de la empleada doméstica Isabel Neri Lujano. Miranda dijo a las autoridades que la empleada le había dicho que el 11 de julio, su hijo había regresado del gimnasio y le había pedido de merendar. “A los cinco minutos alcanzó a escuchar que le hablaron al celular, y sin bañarse ni encender las luces salió apresuradamente”, dijo Isabel Miranda.

Estos supuestos hechos declarados por Miranda no coincidieron con lo declarado por los testigos de ese día, además de la empleada doméstica. El policía del edificio, Carlos Coronado Martínez, ratificó su testimonio el 25 de octubre en el que señaló que Hugo Alberto Wallace le llamó después de salir a las 20:50 horas y le dijo que “le encargaba la casa”, y que iba al cine con una amiga. Otra declaración que coincidió en este sentido fue la de Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi), a quien Hugo presuntamente le llamó por teléfono en su trayecto al cine y le dijo a dónde se dirigía y con quién.

Miranda Torres destacó que en el domicilio se presentó Geazul Ponce Julia, tal como se lo había afirmado la empleada doméstica. Sin embargo, Miranda tergiversó de nuevo la declaración y entró en detalles sobre el suceso de hacía apenas unas horas. Señaló que” “Geazul era prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alías «El Gato»”, Karla Zamudio, alías “La Vampy”, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de su hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos, le dijo (la empleada) que no podía hacer eso, diciéndole ésta (Geazul) que no se metiera, que ella sabía lo que hacía”.

Geazul Ponce Julia había declarado ser la novia de Hugo Alberto desde el 7 de febrero de 2005 hasta el día de su desaparición. No obstante, Isabel Miranda le atribuyó una relación amorosa con uno de los amigos que ubicaba de Hugo Wallace, y a Mónica Salazar Pacheco (amiga de Hugo la ubicó como su novia). Pero quien iba a la casa con familiaridad y así fue identificada tanto por el guardia del edificio como por la empleada doméstica es a Geazul, que en su declaración ministerial dijo haber estado en la casa de Hugo Alberto después de mediodía hasta como las dos de la tarde cuando llegó la hermana de Hugo, Claudia Wallace. También señaló que “entró a la casa de Hugo Alberto donde hay cámaras de video”, con la autorización de la empleada doméstica, a quien le dijo:

“que buscara los teléfonos celulares de Hugo para ver en los directorios los números telefónicos de sus amigos y preguntarles por Hugo, pero ésta le dijo que en la mañana habían ido por los teléfonos y se los habían llevado sin señalar qué persona se los había llevado”.

En contraste, Isabel Miranda Torres señaló que Geazul entró con un arma blanca, en franca amenaza a la empleada doméstica. Lo cual no fue confirmado por Neri Lujano ni mencionado por la empleada a las autoridades investigadoras.

Los amigos de Hugo Alberto Wallace, todos sospechosos

El 13 de julio, en menos 48 horas, Isabel Miranda Torres, había logrado dejar asentadas cuatro denuncias por privación de libertad contra su hijo, sin previa investigación judicial ni exigencia económica alguna. Y diez días después, para el 23 de julio, tenía ubicados a los amigos más cercanos de su hijo, y una lista de posibles responsables sugerida de la información sacada de las “sabanas” de sus celulares. Aunque a la distancia, esos teléfonos fueron ignorados por ella misma como evidencias al encontrar otra coartada.

“…ese mismo día (11 de julio de 2005) a las doce recibió una llamada al nextel, de César Chávez alias “El Gato”, preguntando por Hugo Alberto, dejándole recado que se comunicara con él a su celular, que después se enteró que “El Gato”, se quedó a dormir en la casa de su hijo, ya que dijo se sentía muy cansado y era muy tarde para irse a su casa negándose abandonar la casa de Hugo Alberto, que le preguntó al policía del condominio sí el resto de las casas del condominio eran propiedad de Hugo Alberto, lo que se le hizo raro al vigilante; que después le habló a Ricardo Gómez alias “El Chuckie”, quien le dijo que la última vez que vio a Hugo Alberto, fue el ocho de julio de 2005 en la noche, junto con Víctor Varela Paco, alías “Versace” y César alias “El Gato”, después ya no lo había visto, que de la sábana de llamadas se advierte que éste habló con su hijo el día en que éste desapareció; después le llamó al “Gato”, quien le dijo que la última vez que vio a su hijo fue el viernes en la noche junto con Ricardo y Víctor, de hecho el sábado se había quedado a dormir en su casa; el martes doce julio de 2005, como a las dieciocho horas, habló con Karla, alías “La Vampy”, quien le platicó que había hablado con Hugo el lunes como a las veintiuna horas con dos minutos”.

La simulación del secuestro cobró fuerza cuando su esposo se retiró del caso, y ella condujo la investigación contradiciendo a los agentes federales, pese a evidencias como la de la llamada que salió del celular de Hugo Alberto, cuatro meses después de su presunta muerte. Para febrero de 2006, Miranda tenía armado el caso Wallace con nuevos inculpados y una historia diferente, la historia de que a su hijo lo habían asesinado y cercenado con una sierra eléctrica en el departamento de Perugino #6, y le habían pedido un rescate de 950 mil dólares.

* * *

Primera Parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre

Segunda Parte: Pruebas y testigo contra el caso Wallace

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

 Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

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¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

En una carta abierta entregada a Los Ángeles Press, Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y víctima de Isabel Miranda Torres, preso desde 2010, narra su tragedia y la de sus coprocesados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ésta, pregunta al mandatario cuánto tiempo más pasará para que se les haga justicia. «¿Hasta cuándo va a cambiar todo esto, señor presidente? ¿Cuántos sexenios más debe ganar MORENA para depurar toda la corrupción que aún existe en el Poder Judicial y en todo el gobierno?», escribió.

Tagle Dobín lleva once años en prisión sin sentencia acusado del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Un caso que Los Ángeles Press ha documentado extensamente en su falsedad con evidencias de vida de la supuesta víctima incluso años después de la fecha de muerte que reportó su madre Isabel Miranda.

En la misiva al presidente, Jacobo Tagle señala las violaciones de derechos humanos que ha padecido, como tortura, violación y obstaculización de una defensa adecuada. Enfatizó que aún es presunto culpable al no estar sentenciado y se le niega el traslado al CEFERESO número 1, del Altiplano, Estado de México, donde le corresponde por derecho seguir su proceso.

Aludió al artículo 18 de la Constitución, que estipula que “todo sentenciado podrá compurgar su pena en el centro más cercano a su comunidad y familia, y esto no aplica en los casos de delincuencia organizada y personas que requieren medidas especiales de seguridad”. Jacobo Tagle enfatizó: “¡pero estamos hablando de sentenciados!, en ningún lugar dice procesados… y todo procesado es inocente, y tiene derecho a una defensa como debe ser y es hasta que se le encuentre culpa es que pueden alejarlo del lugar donde se le instruye”.

Con dos protocolos de Estambul positivos en tortura, uno por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro por parte del Consejo de la Judicatura de la Federación, Jacobo Tagle ha demostrado cómo fue obligado a incriminar a César Freyre Morales, a George Khoury Layón y a sí mismo, de haber participado en el supuesto homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero, además, el exdefensor público Alejandro Garduño Real, quien llevaba su caso logró avanzar sustancialmente en su defensa al demostrar que Isabel Miranda Torres y el exagente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga habían privado de la libertad a Tagle, el día 3 de diciembre de 2010, tras su detención arbitraria e ilegal. Al día siguiente, Tagle fue exhibido a los medios de comunicación por Isabel Miranda como secuestrador, en flagrante usurpación de funciones de Ministerio Público, lo trasladó al lugar de los supuestos hechos, donde lo grabó en video para simular la reconstrucción de hechos. Y finalmente, fue entregado al juez que lo requería hasta el 12 de diciembre de 2010.

Del 3 al 11 de diciembre de ese año, Isabel Miranda coaccionó bajo tortura a Jacobo Tagle para que se incriminara y culpara a los demás, de acuerdo con los testimonios registrados en sus protocolos de Estambul y su declaración preparatoria. No obstante, su defensor Garduño Real fue amenazado e intimidado con atentados, y tras sus denuncias despedido de su trabajo injustificadamente.

A Jacobo Tagle lo obligaron a firmar una declaración hecha por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, quien bajo órdenes de Isabel Miranda, coordinó también la detención ilegal durante un año al hermano menor de Jacobo para presionarlo, así como la expropiación de la casa a su madre, de la cual aún es propietaria.

Jacobo Tagle pregunta en su carta al presidente: “¿por qué la FGR no nos ha retirado los cargos aún? ¿por qué no han puesto tras las rejas a los culpables? ¿qué debe pasar para que eso suceda? ¿cuántos años más debemos estar presos? ¿Hasta que llegue alguien que no le tiemble la mano y haga lo correcto y nos otorgue nuestra merecida libertad?”.

La misiva concluye reiterando la confianza al presidente López Obrador y le pide que no los olvide: “somos el pueblo, somos humanos, somos inocentes y somos mexicanos”.

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Tortura, secuestro y espionaje, el vínculo Margolis entre Israel Vallarta, George Khoury y el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Margolis, en el dictamen sobre tortura de Israel Vallarta

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en Seguridad privada, fue señalado, junto con el expolicía Luis Cárdenas Palomino y el periodista de televisión Pablo Reinah, de cometer actos de tortura y secuestro, según el dictamen pericial realizado a Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión sin sentencia desde diciembre de 2005, acusado de secuestro en un montaje televisivo.

Con un documento de 205 páginas, los peritos en derechos humanos, el médico cirujano Adrián Ramírez López (con cédula Cédula 1396538) y la maestra en Psicólogía María Isabel Mazo Duarte (con cédulas 5721526 y 5784148), acreditaron ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre de 2016, que Israel Vallarta Cisneros “sufrió humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, amenazas, deprivación sensorial de alimento, agua, descanso y sueño, y que éstas le causaron severos y duraderos trastornos psicológicos”. Todo ello atribuido a conductas que los peritos consideraron como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al momento de su detención, durante su permanencia en la SIEDO, así como en el Centro de Arraigo y en el Cefereso #1 El Altiplano, Almoloya de Juárez.

El nombre de Eduardo Margolis aparece en el dictamen 22 veces, y las referencias a su nombre de pila se hacen en 13 ocasiones, específicamente para aludir a su presencia en eventos de tortura contra Israel Vallarta, sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos.

El dictamen pericial de Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte describen el maltrato recibido e identifican a catorce sujetos como perpetradores, en diferentes lugares como en el rancho Las Chinitas, la SIEDO, en el centro de arraigo y un estacionamiento, con la acotación de que éste podría ser en las mismas instalaciones de las PGR, de la Calle López, número 12, del Centro de la CDMX.

Los peritos clasificaron el maltrato como:

“Deprivación sensorial aplastamiento; forzamiento a inhalar substancia no identificada. Insultos. Golpizas reiteradas. Lesiones corporales deliberadas. Posiciones forzadas. Aplicación de electricidad. Amenazas. Humillaciones y vejámenes. Desnudamiento. Agresiones y violencia sexuales incluyendo violación. Atentado contra la libertad y el sano desarrollo de su sexualidad y personalidad. Presencia de tortura a otros. Privaciones deliberadas de medios de vida. Privación del sueño. Intento de asfixia seca. Intento de asfixia húmeda. Exposición a temperaturas extremas” (Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen médico psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención, traslados, arraigo y prisión de Israel Vallarta Cisneros, de la Causa penal 100/2010-VII).

Los encuentros con Margolis

En la SEIDO

En esta etapa, organizada por los peritos bajo el número 9, Israel Vallarta identifica que, entre las personas vestidas de civil en la SIEDO, se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y alude a su presencia también en otros eventos de tortura.

La agresión en la SIEDO fue descrita por los peritos en derechos humanos como: “golpes en cuello, cabeza, tórax para “sacar el aire” y otras partes del cuerpo, bofetadas, patadas en las espinillas, puños en la cabeza. Atadura, presión, inmovilización y golpes en dedos de la mano derecha para forzar impresión de su huella en documentos. Privación de agua, alimento, sueño y servicios sanitarios. Insultos, humillaciones. Golpes propinados por personas vestidas de civil aparentemente ajenas a la PGR. Amenazas de muerte contra el examinado y sus familiares: “los va a cargar la chingada” “tengo la consigna de darte en la madre”. Presencia de golpes a su “mujer amada” (Dictamen pericial, pag. 72).

Momento 1

“Me levantan y me llevan hasta el fondo donde están los archiveros, veo que paso junto a Florence y está… está… Isabel Hernández Arzate, está… este… Eduardo Margolis, ahí lo veo, lo veo parado, pero ahí en el mismo piso con un grupo de personas.

Perito Adrián Ramírez López (ARL): ¿No te saluda? ¿No te dice nada?

Israel Vallarta Cisneros (IVC): No, no, no, no, no, no, yo de momento no pensé que fuera… o sea…, yo lo vi al bulto… en el momento no reconocí que era él, sino fue posterior, ahorita le explico por qué, o sea yo voy pasando y veo el bulto de personas allí, y me llevan al fondo, otra vez lo que en el estacionamiento ya habían hecho conmigo de firmar hojas en blanco, hacer numeración del 10 al 100 y bla bla bla hasta el millón, las mismas hojas que venían ya impresas en computadora, que traían nombres y yo tenía que poner al lado primo, sobrino, etcétera, entonces me decían ¡ponlo!, no lo quise hacer, hubo otras que sí, otras que sí lo hice, honestamente. ¿por qué?…

Perito María Isabel Mazo Duarte (MIMD): ¿Ahí te seguían golpeando?

IVC: Claro que sí, ¡por supuesto!” (Dictamen pericial, 2016, p.77).

Momento 2

“… en ese momento que estaba el cubículo donde me encontraba en el segundo piso, es decir, es un módulo de tres cubículos, yo me encontraba en el primero entrando a ese piso y en el tercero, en el fondo, se encontraba Florence, también rodeada de elementos de la Agencia Federal que reconozco como los mismos que un día antes –ocho de diciembre de dos mil cinco–, nos secuestraron a ella y a mí. Asimismo, entre ese grupo de personas se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con otras personas masculinas de estatura alta y de trajes” (Tomado de la Ampliación de Declaración del procesado Israel Vallarta Cisneros el 10 de julio de 2008 ante el Licenciado Eusebio Zárate Silva secretario encargado del despacho por autorización del H. Consejo de la Judicatura Federal, en Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen pericial, 2016, p. 81).

Momento 3

“Cuando pasé la primera vez hacia los archiveros y yo veo a Eduardo (refiriéndose a Eduardo Cuauhtémoc Margolis) ya me queda claro por qué o por quién, todo lo que me había pasado, desde la detención, pasar por la tortura, estar en el rancho, este… lo vi, sí, en el estacionamiento, lo vi a Eduardo en el estacionamiento, vi la figura de él y la de otra que estaba calva y confirmé ya estando en el ministerio público, como que se me desveló él. Yo comprendía que se estaba cometiendo una infamia contra nosotros, pero no veía el origen, no veía yo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra quién? Y ahí me di cuenta…” (Dictamen pericial, p.158).

En “el Estacionamiento”

En el lugar que Israel Vallarta describe como “El estacionamiento” sufrió una de las torturas más brutales por parte de los agentes de la SIEDO, en las que participó Eduardo Margolis propinándole fuertes patadas en las piernas.

“… (un agente) me golpea en el costado derecho cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado, hijo de tu puta madre, me tiró una cubetada con agua sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho, sosteniéndome la cara y me pone un trapo húmedo con una sustancia que puedo haber sido acetona o algo semejante pero no me dejaba respirar, otra persona se hincó sobre sus rodillas colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome dolor, otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz provocándome asfixia, en tanto que otra persona sobre mis plantas de mis pies, puso un cartón y me golpeaba fuertemente con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome que se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados y seguían golpeándome… Sangré de la boca, o de la nariz, supongo, porque me tragaba mi sangre” (Dictamen pericial, p. 44).

En relación con los toques eléctricos.

“Pues no era un toque en todo el cuerpo aunque estaba yo bañado en agua, era… eran como pellizcos por ejemplo cuando me lo ponían entre el testículo y la pierna es como si me mordieran, de esas pinzas de caimán, entre esta parte y el testículo y además un dolor que se me paralizaba la pierna, y si me lo ponían por acá (indica el cuello) entre el hombro y el cuello era un pellizco muy fuerte, sentía como la contracción y a veces lo sentía entre los dedos de los pies y un testículo, no quiero decir que si me lo ponían en los pies me dolía la oreja, no es cierto, no es cierto, eran más locales pero hubo un momento en que cuando yo me estaba retorciendo por los toques en los testículos, fue cuando esta tipa… este… primero estaba intentando penetrarme, pero no, yo cerraba el glúteo, pero cuando yo lo cerraba no me estaban poniendo toques en los testículos pero cuando me ponen toques en los testículos y hago esta contracción es cuando agarra y siento el jalón, entonces ya… sí tenía dolor en los testículos por las quemaduras, por el dolor, por la sensación pero en ese momento fue un choque de todo, fue un choque de todo, de dolor, de dignidad, de… humanidad, o sea, no soy un animal, ¿sí me explico? No soy un animal, no lo soy, en serio, no lo soy” (Dictamen pericial, p.31).

En la casa de arraigo

El 10 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue trasladado a la casa de arraigo, ubicado en el Eje 3 Morones Prieto, esquina con calle Doctor Barragán, colonia Doctores, de la Ciudad de México, en donde estuvo retenido 88 días, hasta el 8 de marzo de 2006.

De acuerdo con el dictamen, aquí también sufrió golpes, intimidación y amenazas de muerte y de desaparición, así como intimidación y amenazas contra los familiares que lo visitaban. Se le privó de medios de vida y se le mantuvo la mayor parte del tiempo aislado. En una de las golpizas, su verdugo hizo referencias directas a Eduardo Margolis.

“… eso te pasa por andar queriendo quedar bien con el hermano de tu noviecita metiéndote donde no te llaman; Eduardo también es nuestro socio –ahí es donde ya me dice Garza Palacios–, Eduardo es nuestro socio y no está solo, por eso te digo pendejo que ni tienes ni idea de con quién te metiste; –con esto confirmé obviamente, que todo de lo que se nos acusó y por qué yo vi la figura de Eduardo, ahora sí ya quedé yo convencido que la figura que yo vi cuando estaba yo con la venda, me moví el pedacito de venda y vi que era Eduardo y también al día siguiente de mi detención, el 9 de diciembre, este… en… la SIEDO ¿sí? afuera del cubículo como lo manifesté…” (Dictamen pericial, 2016, p.98).

Los perpetradores

El dictamen pericial colegiado en materia de tortura fue elaborado de 2015 a 2016, con la revisión y análisis de 21 documentales, que incluyen declaraciones ministeriales, amparos, y registros de audios, fotografías y material videográfico, entre otros documentos de relevancia. En este trabajo pericial, Israel Vallarta Cisneros identificó a seis de 14 perpetradores. Entre éstos, al expolicía federal Luis Cárdenas Palomino que lo torturó por horas y en diferentes ocasiones, a Eduardo Margolis, que le propinó patadas en el cuerpo y estuvo presente en otros eventos de tortura, y al periodista Pablo Reinah que lo abofeteó para el montaje televisivo.

“…la otra persona era Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol que era el socio de mi cuñado. Entonces ahí, de momento no sabía cómo explicar, porque no habló, pero yo asocié la figura, porque lo conozco, es mucho más alto que yo, no habló una sola palabra, pero al día siguiente estaba allí en los cubículos del Ministerio Público…”.

Las referencias a Cárdenas Palomino

En el dictamen se menciona al expolicía Luis Cárdenas Palomino 59 veces. Es señalado por Israel Vallarta como el mayor agresor y es quien en el rancho Las Chinitas, durante el montaje televisivo, daba órdenes al reportero Pablo Reinah y permitía que éste también lo golpeara.

MIMD:” ¿Hasta este momento, que fue lo peor que viviste?

IVC: Mire, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me golpearon… Entonces en el momento en que se queda Cárdenas Palomino dentro de la habitación… no, no puedo, no he podido sacar… no sólo me denigró como persona, sino como hombre, o sea, yo no soy un animal, yo jamás, jamás en la vida, he lastimado a alguien y menos al nivel que… en que me pusieron, ni mucho menos… tal vez discutía una orden de mis papás, de mis hermanos, ¡pero que alguien se haya ensañado! Los golpes sí fueron, golpes que me dolieron, me lastimaron, las quemaduras en los testículos fueron muy latentes, es algo que no les comenté, es algo muy latente, los lapsos en que me acomodaban para… para seguirme golpeando, cuando la penetración del palo, los toques en los testículos… ¿por qué no lo mencioné? Porque eso fue casi todo el tiempo, desde los primeros golpes hasta los últimos, en todas las posiciones posibles, era ponerme toques en los testículos, en la espalda, en el pecho, en los testículos, en la espalda, en el pecho…” (Tomado de trascripción de entrevista realizada el 11 de noviembre de 2015 a Israel Vallarta Cisneros por los peritos, en Ramírez L., A. y Mazo D. M.I., Dictamen pericial, p. 43.)

El debate de los peritos en la detención

El 9 de diciembre de 2005, el perito médico oficial de la SIEDO, Jorge Arreola Villarreal, elaboró y firmó el dictamen del estado físico de Israel Vallarta y Florence Cassez, bajo el folio 89590, en el que afirmaba que presentaba “lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.

Sin embargo, en el debate pericial que incluye el dictamen de los derecho-humanistas, uno de los cuestionamientos de Ramírez López y Mazo Duarte fue que el tiempo que utilizaron para examinar y elaborar los dictámenes de Vallarta y Cassez, el cual no superó los diez minutos, y el segundo examen sólo era una transcripción literal del primero.

Un siguiente perito médico de la SIEDO que continuó con las revisiones periódicas a Vallarta, el Dr. José Antonio Viveros Orozco, bajo el folio 90065 y con fecha del 10 de diciembre del 2005, señaló con la misma transcripción que se trataba de lesiones que tardaban en sanar en menos de quince días. Los peritos en derechos humanos, por su parte, cuestionaron que a pesar de ser un perito distinto “no actualiza la evolución de las lesiones y sólo se concreta simplemente a continuar realizando una mera trascripción literal de los exámenes previos”.

Cuatro días después de las torturas en la detención, el 12 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue examinado por un tercer perito, el Dr. Pedro Galicia Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el folio 57768-57769. Éste señala que Vallarta Cisneros “presenta lesiones que por naturaleza y características no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”. No obstante, este perito agrega que el estado emocional del detenido es “perturbado” y describe que tiene lesiones producidas por un objeto transmisor de corriente eléctrica. No da más especificaciones. En el dictamen de los peritos Ramírez y Mazo, en cambio, describen que Israel fue quemado con toques eléctricos en los testículos.

Los peritos Ramírez López y Mazo Duarte además señalaron en su dictamen que ya ese día, el perito de la CNDH describe las lesiones y su evolución, aunque no las evalúa y omite también la dificultad que tenía Israel para deambular, debido a la tortura que consiste en “golpear las plantas de los pies con un palo, lo que produce un proceso inflamatorio agudo de los cojinetes de grasa y tejidos de soportes del pie, que es muy doloroso y no deja ninguna huella en la piel de las plantas de los pies”.

Las mentiras de Margolis en audiencia judicial

En juicio, Eduardo Margolis fue interrogado por la defensa de Israel Vallarta sobre su asistencia a la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Pero al respecto, Margolis señaló que no recordaba, que tenía negocios con la SIEDO y acostumbraba a realizar estas visitas. Sin embargo, fue desmentido con el registro de su acceso a las instalaciones de la PGR y por oficios de Transparencia que revelaban la inexistencia de contratos con esta institución.

De acuerdo con la revista Proceso, en un reportaje publicado el 20 de marzo de 2012, Eduardo Margolis envió una carta en 2009 a la revista como derecho de réplica por las declaraciones de Israel Vallarta sobre sus relaciones íntimas y las amenazas, así como el porqué de su presencia en la SIEDO el día de la detención de Vallarta y Cassez:

“… dichas imputaciones son falsas, toda vez que no conozco al Sr. Israel Vallarta, y en consecuencia, no he tenido ninguna relación de amistad o de negocio con dicha persona”. Y añadió: “No soy jefe de seguridad de ninguna comunidad, ya que me dedico a ejercer el comercio de manera lícita” (Campa, H. y Carrasco, J. 2012, marzo 20, Caso Cassez: el misterioso Margolis, personaje clave, Proceso).

Sin embargo, en el mismo reportaje de Proceso se cita el libro Peines mexicaines, de Alain Devalpo y Anne Vigna (Grijalbo, 2010) en el que se desmiente a Margolis sobre las dos fechas claves de su estancia en la SIEDO:

“…el 13 de septiembre de 2005, día de la primera declaración de la estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y posterior liberación derivó en la detención de Vallarta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y Cassez fueron conducidos a dicho inmueble (SIEDO) tras el montaje televisivo” (ídem).

Los periodistas Devalpo y Vigna tuvieron acceso al registro de entradas a la SIEDO y revelaron que Margolis se había presentado el 9 de diciembre a las 14:30 horas y había salido de allí a las 15:11 horas. El número de gafete de entrada que recibió fue el 012 y dijo que iba a visitar al licenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

La referencia del reportaje indica que el 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a declarar en calidad de testigo al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, siendo Olga Sánchez Cordero, la juez al frente del caso, hoy titular de la Secretaría de Gobernación. El abogado defensor de Israel Vallarta, Héctor Trujillo Martínez, preguntó en juicio a Margolis sobre su relación con éste. Y la respuesta de Margolis fue negarlo. Dijo que no lo conocía, pero sí a Florence, debido a que es hermana de su exsocio Sebastien Cassez.

“Aseguró que la había visto dos veces en su vida. Cuando Trujillo le preguntó por qué había ingresado al inmueble de la SIEDO el 13 de septiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de ese mismo año, Margolis dijo primero que no se acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de registro de ingresos, señaló:

“Normalmente voy a la oficina que está frente al Monumento a la Revolución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios” (ídem).

El disimulo de las autoridades

En la investigación en formato de libro de la periodista Emmanuelle Steels titulada El teatro del engaño, Cassez-Vallarta: historia de un montaje (Debolsillo, 2016) se retratan de manera precisa las actitudes psicóticas de Eduardo Margolis y refiere explícitamente a su venganza contra Israel Vallarta y Sebastien Cassez.

“A alguien se le ocurrió hacer una telenovela porque se veía muy bonito que un mexicano secuestrador tuviera una novia francesa, se enfurece Margolis. “Y eso no implica que Israel fuera culpable. Pero de todas formas le van a dar 200 años de cárcel” (Steels, 2016, p. 194).

En este trabajo ignorado por las autoridades, la periodista identifica los papeles que juega cada personaje en la trama de la fabricación de culpables para armar el «teatro del engaño», y Margolis, de acuerdo con sus propias palabras según lo referido en el libro, “le había tocado hablar de la familia Vallarta y de los secuestros dirigidos desde la cárcel”.

La investigación de Steels ha sido una de las más comprometedoras para Margolis que evidencian su falsedad de declaraciones judiciales, tergiversación de los hechos, e incluso confirma sus amenazas de secuestro contra la esposa de Sebastien Cassez y sus hijos, y también acepta que fue él quien ordenó la detención de Israel Vallarta como un acto de venganza, y que no tenía nada contra Florence.

“… Margolis admitió que, efectivamente, él había solicitado la detención. Pero solamente había querido actuar contra los Vallarta” (Steels, 2016, p. 195).

Y vuelve a mentir en la entrevista dada a Florence Cassez para su libro Nada encarcela la inocencia, referenciado por Steels:

“Dijo que él había ido en persona para recuperar los coches al taller mecánico del hermano de Israel y se habría dado cuenta de que formaban parte de la familia de Arturo, “un hombre que habíamos matado durante una operación para salvar a un secuestrado” (Steels, 2016, p.195).

De nueva cuenta es desmentido por la voz de Florence:

“… Sin embargo, los coches de Margolis se encontraban en un garaje, en el edificio de un amigo de Israel, y no en el taller mecánico de René. Por otro lado, un hermano de Israel efectivamente había sido asesinado años antes, en el 2000, pero no fue en el rescate de un secuestrado imaginario. Arturo Vallarta fue asaltado a plena luz del día cuando estaba caminando en la calle…” (Steels, 2016, p. 195).

Inexistencia de contratos entre Margolis y la SIEDO

Los Ángeles Press, para este trabajo de investigación, encontró dos solicitudes de información sobre los supuestos contratos que Eduardo Margolis decía tener con la Policía Federal y la SIEDO, en el período de 2001 a 2012, y con lo que justificaba su presencia en la SIEDO durante la detención de Israel Vallarta.

En respuesta a la solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la entonces PGR, con el oficio número SJAI/DGAJ/10375/2012, con el folio 0001700178112, señaló que:

«La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dijo que “no obra contrato celebrado en materia de adquisiciones y/o servicios a nivel central (no delegacional) con las personas morales solicitadas cuya área requirente haya sido la SIEDO”.

Las personas morales referidas en el oficio eran siete de las 14 empresas que Eduardo Margolis, decía tener. La respuesta de la SIEDO se sometió a un Comité de información de la misma institución, la cual determinó que:

“confirma la declaración de inexistencia de información manifestada por la Oficialía Mayor”.

Y por su parte, la SIEDO reitera que:

“al realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontró antecedente alguno de la información requerida”.

La Policía Federal, a través de la Dirección de Enlace, señala de igual manera que: “no se encontró registro, documento o constancia relacionada con lo solicitado, razón por la cual, se declara la inexistencia, indicando que la búsqueda de la información dentro del rubro temático sección de recursos materiales…”.

La industria del secuestro: Margolis, García Luna y Wallace

El primer secuestro en la Ciudad de México relacionado con el apellido Margolis fue el 24 de mayo de 1998. Un secuestro que se perpetró en 4 minutos, duró 24 días y cobró una recompensa de 5 millones de dólares. La víctima regresó a su casa ilesa. Era Eliot Margolis Freedman, director de la agencia de autos Chrysler.

Dos meses después, el 17 de julio de 1998, Isabel Miranda caía en la cárcel por homicidio en grado tentativa contra un trabajador de Tlalpan, que retiraba sus espectaculares en una zona protegida, montado en una grúa. Miranda y su hijo Hugo Alberto cortaron las mangueras de la grúa causando la caída al trabajador, que logró sobrevivir. Hugo Alberto huyó, y solo detuvieron a Miranda, quien salió de prisión cinco días después.

Un mes más adelante, el 17 de agosto, el área de Secuestros del CISEN detenía al primer secuestrador que usaba celular, cuando su uso era muy restringido por el alto costo. Se trataba de Daniel Arizmendi, expolicía de Morelos al que apodaban «El Mochaorejas». Por su parte, el investigador Tomás Borges, en su libro Diario de un agente encubierto (Planeta, 2013), afirma que esta detención –lograda a través del espionaje de conversaciones telefónicas– convertiría al área de Secuestros en el principal pilar de la promoción política de García Luna. Para el 2001, ya con la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, García Luna tenía autorizado el presupuesto y autoridad a discreción para dirigir esta misma área dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.

Para entonces, Isabel Miranda había dejado de invadir terrenos ecológicos de Tlalpan, pero coincidió en 2001 con personajes selectos entrenados en Israel en temas de seguridad y espionaje. Se trataba de Eduardo Margolis y el mismo Genaro García Luna, que se movían entre el CISEN y la PGR. El abogado de Miranda, Ricardo Martínez Chávez, incursionaba en Secuestros como agente del ministerio público, y se hacía cargo de la investigación de secuestro de las hermanas de Talía, Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Sin tener nada que ver en el asunto, Isabel Miranda acompañaba a las hermanas de Talía, en su calidad de víctimas, que tiempo después trascendió habían sido secuestradas por los mismos agentes de la recién creada AFI como un experimento de entrenamiento. Al mismo tiempo que Isabel Miranda, en el 2001 también surgía otro personaje involucrado en los experimentos de seguridad a quien presentaron como héroe anónimo: Eduardo Gallo y Tello, quien en ese mismo año fue apoyado por García Luna con equipo técnico, vehículos y comando para ejercer venganza fatal contra los secuestradores de su hija en Morelos, ejecutando a tres secuestradores y a la madre de otro, junto con un hermano y sobrino de 4 años que nada tenían que ver. Los pagadores de los crímenes de Eduardo Gallo son dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, a quienes detuvo de manera ilegal, torturó y encarceló por su propia cuenta, y aún permanecen en prisión desde entonces.

Para 2004, Isabel Miranda ya presumía charola de Seguridad pública, y salía y entraba de la secretaría y la SIEDO, como si fuera su casa, y se preparaba para la fabricación del secuestro de su hijo.

Simulacros de secuestros y héroes

Los entrenamientos de Genaro García Luna en Israel y las relaciones de Eduardo Margolis con la Embajada israelí en México creaban sinergias. Una de estas acciones era la de dar legitimidad a la simulación de secuestros, resolverlos, cobrar recompensas y generar un impacto mediático favorable a la figura de García Luna, y a quienes participaban con él. Esto se fortalecía con el espionaje y monitoreo de llamadas para controlar a los “pagadores” o falsos culpables y sus familiares que buscaban justicia.

 Así empezó a surgir la “sociedad civil” que al sexenio siguiente aplaudiría a Felipe Calderón. Un desfile de supuestos activistas que se habían dado a conocer algunos como víctimas, otros como héroes y heroínas. María Elena Morera, Eduardo Gallo, Rosi Orozco, Teresa Ulloa, Norma Ledezma (de Chihuahua), Javier Sicilia y una larga lista, incluyendo, por supuesto, a Isabel Miranda y al mismo Eduardo Margolis.

La imagen de Eduardo Margolis fue promovida en la comunidad judía al grado de la cursilería y lo grotesco. Notas de prensa en Enlace judío lo describían como “escudo protector”, el “ángel salvador”, “la leyenda Margolis”, “el jefe de seguridad de los judíos”, incluso llegaron a compararlo con el Gólem que los salva, y tal como cuenta la leyenda, “el gólem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable”, pero también selectivo, y no dudó en convertirse en el terror de la misma comunidad judía.

Cuando Isabel Miranda acusó falsamente a Jacobo Tagle Dobin, el 13 de julio de 2005, ante la entonces PGJDF, de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis no sólo dio la espalda a Jacobo, siendo de la comunidad judía, sino que ayudó a Isabel Miranda con equipo de espionaje y tráfico de influencias para detener y torturar a Jacobo, a sabiendas que era inocente, permitiendo además la expropiación de la casa de la madre de Jacobo, Raquel Dobin y la detención ilegal y encarcelamiento de su hijo adolescente, Salomon Tagle Dobin.

En el circulo rojo se identifica a Salomón Tagle Dobin, cómo fue exhibido por Isabel Miranda, siendo menor de edad en ese entonces.

Estos hechos fueron narrados por Raquel Dobin trece años después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, en conferencia de prensa, el 10 de diciembre de 2018, en Cencos, Ciudad de México, organizada por esta periodista por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Antes era imposible por el miedo que tenían las madres de las víctimas. En la conferencia de prensa, ante una veintena de reporteros que la cubrieron sin publicar nada, la madre de Jacobo narró a detalle cómo fueron aterrorizadas por el agente de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, y un grupo de agentes encapuchados con armas largas, al servicio de Miranda. Allanaron su casa, pateando puertas; a ella, a su madre y a su hija las encerraron en una habitación sin baño, durante todo el día, las encañonaron, las maltrataron, las insultaron y los agentes robaron de la casa lo que quisieron.

En 2015, cuando Los Ángeles Press la entrevistó por la fabricación del caso Wallace, aún tenía miedo de salir en cámara con su nombre por el rechazo que ha tenido de la comunidad judía gracias a Margolis y su alianza con la victimaria de su hijo. Hasta la fecha no ha podido recuperar su casa, expropiada sin ninguna justificación por la SIEDO.

Conferencia de prensa sobre el caso Wallace, 10 de diciembre de 2018. Al micrófono, Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, la periodista Guadalupe Lizárraga, el presentador Ricardo Ávila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el periodista José Reveles.

Margolis, el origen de todo: George Khoury

En llamada telefónica a esta periodista desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Uruapan Michoacán, George Khoury Layón narró cómo vivió el terror de Eduardo Cuautémoc Margolis Sobol, y le atribuye a él en alianza con Isabel Miranda, las detenciones arbitrarias, la tortura y el encarcelamiento injusto en 2009.

“Margolis es el origen de todo. Era íntimo de Genaro García Luna, e hicieron muchos, muchísimos negocios, de Inteligencia y de cámaras para los ceferesos. Este señor se dedica a eso, al espionaje, él tiene su fachada de blindaje en avenida Mazarik, pero en realidad es una fachada. Él se dedica al espionaje”, señala de prisa Khoury.

Y Wikileaks le da la razón. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados liberó un millón de correos electrónicos en 2015 de un proveedor italiano de malware de vigilancia, Hacking Team, que fue objeto de escrutinio internacional. Entre estos, exhibía el intercambio que tuvo Eduardo Margolis, del 6 al 12 de diciembre de 2013, con integrantes de esta compañía de espionaje global.

En los mensajes, Margolis alude a la compra de un software de la empresa italiana:

“Nos pusimos en contacto contigo ya que tenemos un gran proyecto en México con una Institución del Gobierno Federal que tiene interés en comprarnos un software desarrollado por ti, que según entendemos se conoce como DaVinci Infection System…”.

En este intercambio de mensajes, Margolis envía un PDF con información corporativa de Epel, SA de CV y enfatiza que tiene experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno de México para llevar a cabo el proyecto de vender el software de vigilancia.

“Asumimos que para tomar la decisión de negociar con nosotros es importante que conozcas de nosotros, por eso te estamos enviando nuestra presentación corporativa en la que puedes observar que Epel cuenta con la experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno mexicano para llevar a cabo este proyecto…”

Cuando Los Ángeles Press preguntó a George Khoury Layón, por qué él fue afectado por Margolis, respondió que se debió a su negocio ya desaparecido Cronic Garden, ubicado en Polanco, en medio de la comunidad judía. Khoury Layón no es judío, y al tratarse de un giro de discoteca, los vecinos se quejaron con Margolis del constante escándalo.

“Mi negocio estaba pegando fuertísimo, y estaba en una plaza de los judíos, entonces ellos querían que quitara mi lugar porque estaba echando mucho desmadre. Iba mucha gente de todo el mundo, y de todo tipo, ya sabes, diputados… de todo tipo. Entonces los judíos se empezaron a quejar y se quejaron con él (con Margolis); entonces iba mucho Ben Sutchi, de los judíos que mataron en Plaza Artz, los israelitas que mataron, eran mis clientes, entonces este señor detiene a esos judíos que tenían ficha roja por Interpol, los detiene, y uno de ellos dijo que era mi amigo, que era mi cliente, y a mí me hablan y me amenazan que me iban a meter a la cárcel y me empiezan a aventar a la policía, pensando ellos que yo era uno de ellos, que eran mis socios, y jamás, me entiendes, eso nunca existió y yo tengo prueba de ello, pero este señor se aferró y me empezó a mandar la policía, y a que cerrara mi lugar, y pretexto y pretexto, y ya empezó el problema personal con él. Por eso me embarraron de tantas cosas. Mi primera detención fue ahí, en 2005 cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero por órdenes de Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”.

Pero la detención fue cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, acotó esta periodista.

“Así es, ellos ya tenían contacto (Isabel Miranda y Eduardo Margolis), sí claro, ya estaban juntos, porque estaban supuestamente en contra de los secuestradores, pero es un hamponzazo, un hamponzazo”, concluye Khoury Layón.

Los contratos reales de Margolis

De acuerdo con documentos de Transparencia, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, por medio de su empresa Epel, SA de CV, es proveedor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde 2018, con el número de control interno 4041-16.

La unidad responsable de su operación es la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, que según su sitio digital «tiene la función de regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, para garantizar que dichos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, seriedad, profesionalismo y respaldo jurídico-financiero, en beneficio de la población».

Por último, Eduardo Margolis tiene cinco procesos abiertos, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. En todos es el demandante, incluso uno de los procesos en contra un miembro de la comunidad judía. Se trata de Bernardo Sefchovich Asingarz, casado con Elisa Sissa Israel, quien es socia, junto con su familia, de una compañía de seguridad internacional que también tiene contratos en Querétaro y Nuevo León.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la «prueba de la gota de sangre», que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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