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El Caso Wallace

La simulación del secuestro Wallace, tercera parte

Cómo Isabel Miranda Torres fue creando el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace, hasta lograr que medios y autoridades dieran veracidad al caso

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Por Guadalupe Lizárraga

Tercera parte

LOS ÁNGELES, California.- Una llamada realizada del celular de Hugo Alberto Wallace el primero de noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto homicidio, ha entrampado a la madre, Isabel Miranda Torres, en contradicciones durante nueve años. Miranda intentó explicar a los medios, el pasado 8 de junio, en la Ciudad de México, el origen de la llamada y por qué estuvo aún activo el celular de su hijo después de su presunta muerte, a raíz de reportajes que revelaron recientemente rastros de vida de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, sus fechas y declaraciones no coincidieron con los testimonios de cinco personas: el dueño del celular al que se hizo la llamada y cuatro personas más que reconocieron la voz de su hijo Hugo Alberto.

«Hay una declaración del señor José García Sepúlveda, la persona que recibe una llamada del teléfono celular de mi hijo; cuando a mi hijo lo secuestran yo seguí pagando –durante casi un año, hasta que supe que estaba muerto– el teléfono, con la idea de poder ubicar el aparato, de poder tener una respuesta”, declaró Miranda a los medios hace una semana.

Miranda Torres supo oficialmente que su hijo estaba presuntamente muerto el 9 de febrero de 2006, por la declaración de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, de la que ahora se evidencia tortura psicológica, humillación sexual y amenazas de muerte contra ella y su familia y quien se encuentra presa desde entonces, al igual que otros cinco inculpados más. Pero desde las primeras horas del 13 de julio de 2005, sin ningún indicio delictivo claro, y sin investigación judicial todavía, el padrastro de Hugo Alberto, el nicaragüense Enrique del Socorro Wallace Díaz, puso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por “privación de libertad”.

Ese mismo día, a las 3:48 horas, apenas 30 horas después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio, declaró ante la misma instancia judicial que Hugo Alberto “había sido secuestrado”. Dos horas más tarde, a las 5:26 horas, y ante la misma instancia, Isabel Miranda levantó otra denuncia por secuestro. Y posteriormente, el sobrino de Miranda, Abraham Pedraza hizo lo mismo. En menos de 48 horas, la familia puso cuatro denuncias por secuestro de la misma presunta víctima. Los dos únicos indicios para levantar la denuncia eran su ausencia y el haber encontrado “casualmente” su auto estacionado cerca del restaurante Konditori, de Extremadura Insurgentes, en la cerrada de Empresa y Carracci.

Habían transcurrido siete días después del supuesto suceso, el 18 de julio de 2005, cuando rindió el primer informe el agente de la Policía Federal Investigadora, Moisés Castro Villa, adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI). El agente manifestó que “hasta el momento no se había recibido alguna llamada en la cual se confirme el secuestro o se haya dado a conocer exigencia alguna a cambio de la libertad del señor Hugo Alberto Wallace Miranda”.

Primera declaración de lsabel Miranda.

La llamada con la voz de Wallace

La Fiscalía federal realizó, por su parte, un rastreo de las llamadas que fueron hechas del teléfono de la víctima, y localizaron la llamada que se registró en el teléfono de José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Sin embargo, Isabel Miranda Torres afirmó ante los medios –nueve años después– que ella fue la primera que denunció en aquel entonces el mensaje grabado a las autoridades.

«Esta llamada que sale del teléfono de mi hijo hacia este teléfono, yo fui la primera que lo denuncié (…); y después este señor se presenta a declarar porque lo llama el Ministerio Público y él aporta una grabación…”, declaró Miranda, y negó conocer el número de teléfono que quedó registrado: 5552-081512, “otro teléfono muy diferente al de mi hijo”.

Isabel Miranda también ocultó a los medios que su hijo tenía dos celulares, reportado en la nuestra primera parte por Los Ángeles Press. De acuerdo a la declaración ministerial de Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, el 15 de noviembre de 2005, ella reconoció la voz de Wallace y confirmó la existencia del uso de dos celulares.

“…después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbra hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares”.

Las otras tres personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace fueron la empleada doméstica Isabel Neri Lujano, el vigilante del edificio Carlos Coronado y el amigo electricista e instalador de las cámaras de seguridad en su casa Rodolfo Munguía. Isabel Miranda tampoco respondió a la prensa cómo esas personas reconocieron la voz de su hijo en la grabación, ni acreditó el supuesto pago mensual “por un año para localizar el aparato”, después de su presunta muerte. Mientras que la declaración del dueño del teléfono declaró ante el Ministerio Público, el 10 de noviembre, los pormenores de la llamada recibida. Corroboró que el número era 5552081512, y acreditó que su número era 044 55 54 56 30 24, el cual fue comprado el 15 de julio de ese mismo año y presentó la factura número 901-2995892, con el número de contrato A-04653.

García Sepúlveda abundó en su declaración ministerial que recibió la primera llamada relacionada con Hugo Alberto Wallace de un número desconocido, el 30 de septiembre de 2005. Afirmó que era una voz de mujer que le preguntaba si “era el teléfono de Wallace”, y él respondió que no, que se había equivocado de número. La mujer insistió en que si conocía o trabajaba “para el señor Wallace”. Y volvió a decirle que estaba equivocada, le dio su nombre completo como propietario de ese número, y la mujer se molestó y colgó. La segunda llamada fue el primero de noviembre, a las 3:28 de la madrugada, cuando quedó grabado el mensaje con la voz reconocida de Wallace:

“..qué onda, mira ando hasta la madre güey, ya sé que te fallé pero me vale verga, que, aquí puto, qué onda güey, mírame aquí pistiando güey, me vale verga, sabes que güey, sabes quién me jugó”.

José García Sepúlveda fue citado por las autoridades a una segunda comparecencia 14 días después de ese mensaje. En esta reunión mostró a los ministeriales el registro de sus llamadas correspondientes del periodo del 2/09/2005 al 03/11/2005. Incluso ratificó su declaración en una tercera comparecencia, el 23 de noviembre de 2005.

 

La declaración de la sirvienta

Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto Wallace, también reconoció la voz de su empleador en el mensaje dejado a José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Así lo declaró el 14 de noviembre de ese año ante el Ministerio Público de la Federación, donde dijo que había empezado a trabajar con Wallace a principios de junio, con un horario de diez a veinte horas de lunes a viernes y los sábados hasta las seis de la tarde.

Neri Lujano señaló que el último día que vio a Hugo Alberto Wallace fue el 11 de julio de 2005, el día de su presunto secuestro y asesinato. Ese día escuchó a Wallace discutir con el chofer, Luis Antonio Sánchez, a quien le apodan “El Chaparro”, y que también reconoció el mensaje de voz dejado en el celular de García Sepúlveda.

Neri Lujano destacó en su declaración que Wallace –ese día– había recibido una llamada durante la cena, y cuando terminó de comer se subió a su recámara. Media hora después, escuchó que se había ido en un vehículo. Según el vigilante de la casa le dijo a la empleada que “el jefe” se había ido y que le había llamado a su celular para “encargarle la casa”. Eso sería, según su declaración ministerial, a las 20:50 horas.

Al día siguiente, 12 de julio, señaló la empleada que Isabel Miranda la estaba buscando, y que el vigilante le dijo que “se comunicara con la señora”. Neri la llamó por teléfono en torno a las 11 horas y Miranda de inmediato le preguntó por Hugo Alberto Wallace. Según lo declarado por la empleada, “ella no sabía nada” –le dijo– “acabo de llegar”, y al subir a la recámara se dio cuenta que todo estaba igual como la noche anterior, por lo que supuso que Hugo Alberto no había llegado a dormir.

La empleada puntualizó que al colgar la llamada con Isabel Miranda, llegó Geazul Ponce Julia, novia de Hugo Alberto. “Llorosa, le dijo que Hugo estaba desaparecido”, contó Neri y que “la mujer se subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada”. Sin embargo, la novia comentó a la sirvienta, que allí estaban las pistolas, “no se las llevó”, le dijo y le mostró “tres pistolas”. Neri afirmó que Geazul se llevó un folder amarillo, diciéndole que era suyo, con unos documentos como de diez hojas.

También Neri Lujano declaró que la hermana de Hugo Alberto, Claudia Wallace, llegó poco después de Geazul Ponce Julia, aproximadamente a las dos de la tarde, y le ordenó que bajara los teléfonos que se encontraban en las habitaciones, habló con la novia de Hugo y después se retiró.

El 13 de julio, “como a la una y media o dos de la mañana, llegó la señora Wallace acompañada de su hermano Roberto, a quien le dijo que ahí se quedara y en la mañana se fuera temprano”, narró la empleada ante las autoridades, y dijo que el hermano de Isabel Miranda antes de irse le pidió una gorra de Hugo Alberto y se fue en su camioneta. La declaración de la empleada concluyó con la identificación de los amigos frecuentados por Hugo Alberto, a petición de las instancias investigadoras que ya tenían fotografías de los amigos más cercanos a Hugo Alberto, sin que aún se cumplieran las 48 horas de desaparecido. La empleada identificó a Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi) “a quien solo vio una vez”, Geoazul Ponce Julia (la novia), Mónica Pacheco Salazar (amiga), Ricardo Gómez “El Chucky” (primo de Geazul y amigo de Hugo), César Chávez “El Gato” (amigo de Hugo) “lo vio una sola vez” y “El Coby”, de quien no se reportó el nombre.

Isabel Miranda asumía el secuestro de su hijo a las 12 horas de su ausencia

Isabel Miranda Torres, al momento en que habló por teléfono con la empleada doméstica el 12 de julio por la mañana, ya había alertado a su familia y amigos del supuesto secuestro. Una de las primeras en enterarse de la desaparición de Hugo Alberto fue Geazul Ponce Julia, quien llegó “llorosa” a la casa de su novio como a mediodía. Después de las dos de la tarde, de ese mismo día, según la declaración de Miranda Torres, fue a la administración de la empresa Cinépolis Perisur, lugar al que supuestamente habría ido su hijo, para pedir el video de la cámara de seguridad y saber a qué horas habría salido. El encargado le respondió que no era posible si no llevaba una orden judicial. De ahí, dijo, haber “peinado la zona” y recorrido los estacionamientos, avenidas y alrededores, acompañada de su esposo, su hermano, su sobrino Jorge Alejandro Ortega, y el chofer de Hugo Alberto, quien dijo que su hijo podría haber ido al restaurante Konditori, como en otras ocasiones lo había llevado a ver a una mujer.

En la declaración del 13 de julio, ante la PGJDF, Miranda Torres indicó que su sobrino localizó la camioneta el 12 de julio, e incluso vio a otra camioneta blanca sin placas acercarse a las 15:30 horas, y al llegar ella al lugar, los vecinos y curiosos le informaron que “en la mañana (del 12 de julio) habían visto bajar a una persona” y se la llevaron a los departamentos de Perugino #6.

Diez días después, Isabel Miranda es citada a comparecer nuevamente por el Ministerio Público y al repetir su declaración modificó la hora en que encontraron la camioneta, señaló que la encontraron “casualmente” a las 20 horas.

“…donde casualmente el doce de julio de 2005, como a las veinte horas, encontraron abandonada la camioneta negra blindada, Cherokee, modelo 1998, placas 518-SRR, propiedad de Hugo Alberto”.

Respecto a la hora en que vieron a dos personas bajar a una tercera:

“…habían varias personas y vecinos de la calle, acercándose uno de ellos quién al verla llorar le preguntó que qué era de ella la persona que bajaron del vehículo, contestándole que era su hijo, diciéndole éste que en la mañana había escuchado frenarse un vehículo, al asomarse por la ventana alcanzó a ver que bajaban a una persona a la que llevaron al edificio ubicado en la calle el Perugino”. (Declaración ministerial ante la PGJDF de Isabel Miranda, 13 y 23 de julio de 2005).

Discrepancias entre Enrique Wallace, su esposa y los hechos

En la declaración de Enrique Wallace Díaz puntualizó que ese día –12 de julio–, al ir al departamento de Perugino #6, lugar donde presuntamente fue el homicidio, se encontró con un niño como de nueve o diez años de edad. Según Wallace Díaz, el niño le informó que en la noche del lunes había escuchado unos balazos, y que después, como a las cuatro de la madrugada, “vio que entre dos personas sacaban a una persona herida que sangraba, sujetándola de los brazos, la bajaron por las escaleras”. Wallace dijo en su declaración que esa persona a la que llevaban herida era su hijo, y el niño le informó que el departamento donde ocurrieron los hechos había sido en el número cuatro.

Isabel Miranda sostuvo su propia versión sobre la supuesta declaración del niño:

“…un menor de edad como de ocho o diez años, les dijo que las muchachas vivían en el departamento número cuatro, pero que no podrían atenderlos porque esa noche se había suscitado un problema en ese departamento, donde se habían escuchado disparos, y habían bajado por la escalera a una persona entre dos, refiriendo el menor que era un judicial que ve con frecuencia y un individuo, que en la puerta habían dos personas que estaban como vigilando; que en la mañana habían limpiado la escalera, que una de las muchachas se había ido, porque algo había pasado, y no podría atenderlos”.

La madre del menor, Vanesa Figueroa Martínez, desmintió a ambos en su declaración ministerial:

“…como a las dieciocho horas, salió (su hijo) a jugar a los pasillos del edificio donde vive su madre; se le acercó una persona del sexo masculino, quién le preguntó si había visto a una mujer güera, alta, bustona, y si ésta vivía en el edificio, contestándole que no, volviéndole a preguntar que si vivía alguien con esas características dentro del edificio, respondiéndole de nueva cuenta que no. Posteriormente, como a las diecinueve horas llegaron unas patrullas que se estacionaron afuera del edificio, las personas no iban uniformadas; en ese momento su mamá lo llamó, pero una persona dijo que él era el niño, sin saber a qué se refería, y su mamá les dijo que no era posible que él les dijera algo, ya que él no vivía ni dormía en su departamento; se enteró por su mamá que esas personas decían que él había dicho que escuchó balazos en el edificio; les dijo que él no escuchó nada de balazos el martes doce de julio en ese edificio, que un día antes no sabía qué había ocurrido, ya que no había ido al departamento de su mamá y no durmió ahí; y que en ningún momento vio a ningún hombre herido, no sabía nada; en su vida ha escuchado balazos, sólo los ha escuchado en televisión o cine”.

Para el 22 de septiembre de 2005, el padrastro de Hugo Alberto, Enrique Wallace modificó su declaración ante las autoridades investigadoras, y sostuvo que para él no era un secuestro, porque no se les había pedido ninguna exigencia a cambio. Así lo dejó asentado en un oficio, signado por el agente Moisés Castro Villa, quien fue el primero en dar su informe una semana después de los hechos, para sostener que no se trataba de un secuestro.

Declaración de Enrique Wallace:

“…que hasta ese momento su hijo seguía desaparecido, no recibió llamada telefónica o comunicado alguno respecto de su paradero, tampoco le habían hecho ninguna exigencia económica para liberarlo; los resultados sobre las investigaciones del paradero de su hijo fueron negativos; posiblemente su hijo desapareció ya que no podía asegurar que se tratara de un secuestro porque no había recibido exigencia de parte de persona alguna”.

Isabel Miranda Torres, en alusión a lo declarado por su esposo en ese día, fue a presentar una declaración más el 28 de septiembre. En esa audiencia dijo a las autoridades investigadoras que el 22 de septiembre, a las 13:15 horas, “recibió una llamada telefónica de dos sujetos quienes la amenazaron con matar a la víctima; uno de los sujetos le dijo: No te mandé las fotos ni el comunicado para que forme parte del expediente de SIEDO, no habrá comunicación hasta que retires el negociador de la AFI”. Y Miranda concluyó que por ese motivo su esposo pidió al Ministerio Público que no se investigara más por el momento.

Isabel Miranda contra Isabel Neri Lujano

La declaración del 13 de julio de Isabel Miranda discrepó también de la declaración de la empleada doméstica Isabel Neri Lujano. Miranda dijo a las autoridades que la empleada le había dicho que el 11 de julio, su hijo había regresado del gimnasio y le había pedido de merendar. “A los cinco minutos alcanzó a escuchar que le hablaron al celular, y sin bañarse ni encender las luces salió apresuradamente”, dijo Isabel Miranda.

Estos supuestos hechos declarados por Miranda no coincidieron con lo declarado por los testigos de ese día, además de la empleada doméstica. El policía del edificio, Carlos Coronado Martínez, ratificó su testimonio el 25 de octubre en el que señaló que Hugo Alberto Wallace le llamó después de salir a las 20:50 horas y le dijo que “le encargaba la casa”, y que iba al cine con una amiga. Otra declaración que coincidió en este sentido fue la de Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi), a quien Hugo presuntamente le llamó por teléfono en su trayecto al cine y le dijo a dónde se dirigía y con quién.

Miranda Torres destacó que en el domicilio se presentó Geazul Ponce Julia, tal como se lo había afirmado la empleada doméstica. Sin embargo, Miranda tergiversó de nuevo la declaración y entró en detalles sobre el suceso de hacía apenas unas horas. Señaló que” “Geazul era prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alías «El Gato»”, Karla Zamudio, alías “La Vampy”, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de su hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos, le dijo (la empleada) que no podía hacer eso, diciéndole ésta (Geazul) que no se metiera, que ella sabía lo que hacía”.

Geazul Ponce Julia había declarado ser la novia de Hugo Alberto desde el 7 de febrero de 2005 hasta el día de su desaparición. No obstante, Isabel Miranda le atribuyó una relación amorosa con uno de los amigos que ubicaba de Hugo Wallace, y a Mónica Salazar Pacheco (amiga de Hugo la ubicó como su novia). Pero quien iba a la casa con familiaridad y así fue identificada tanto por el guardia del edificio como por la empleada doméstica es a Geazul, que en su declaración ministerial dijo haber estado en la casa de Hugo Alberto después de mediodía hasta como las dos de la tarde cuando llegó la hermana de Hugo, Claudia Wallace. También señaló que “entró a la casa de Hugo Alberto donde hay cámaras de video”, con la autorización de la empleada doméstica, a quien le dijo:

“que buscara los teléfonos celulares de Hugo para ver en los directorios los números telefónicos de sus amigos y preguntarles por Hugo, pero ésta le dijo que en la mañana habían ido por los teléfonos y se los habían llevado sin señalar qué persona se los había llevado”.

En contraste, Isabel Miranda Torres señaló que Geazul entró con un arma blanca, en franca amenaza a la empleada doméstica. Lo cual no fue confirmado por Neri Lujano ni mencionado por la empleada a las autoridades investigadoras.

Los amigos de Hugo Alberto Wallace, todos sospechosos

El 13 de julio, en menos 48 horas, Isabel Miranda Torres, había logrado dejar asentadas cuatro denuncias por privación de libertad contra su hijo, sin previa investigación judicial ni exigencia económica alguna. Y diez días después, para el 23 de julio, tenía ubicados a los amigos más cercanos de su hijo, y una lista de posibles responsables sugerida de la información sacada de las “sabanas” de sus celulares. Aunque a la distancia, esos teléfonos fueron ignorados por ella misma como evidencias al encontrar otra coartada.

“…ese mismo día (11 de julio de 2005) a las doce recibió una llamada al nextel, de César Chávez alias “El Gato”, preguntando por Hugo Alberto, dejándole recado que se comunicara con él a su celular, que después se enteró que “El Gato”, se quedó a dormir en la casa de su hijo, ya que dijo se sentía muy cansado y era muy tarde para irse a su casa negándose abandonar la casa de Hugo Alberto, que le preguntó al policía del condominio sí el resto de las casas del condominio eran propiedad de Hugo Alberto, lo que se le hizo raro al vigilante; que después le habló a Ricardo Gómez alias “El Chuckie”, quien le dijo que la última vez que vio a Hugo Alberto, fue el ocho de julio de 2005 en la noche, junto con Víctor Varela Paco, alías “Versace” y César alias “El Gato”, después ya no lo había visto, que de la sábana de llamadas se advierte que éste habló con su hijo el día en que éste desapareció; después le llamó al “Gato”, quien le dijo que la última vez que vio a su hijo fue el viernes en la noche junto con Ricardo y Víctor, de hecho el sábado se había quedado a dormir en su casa; el martes doce julio de 2005, como a las dieciocho horas, habló con Karla, alías “La Vampy”, quien le platicó que había hablado con Hugo el lunes como a las veintiuna horas con dos minutos”.

La simulación del secuestro cobró fuerza cuando su esposo se retiró del caso, y ella condujo la investigación contradiciendo a los agentes federales, pese a evidencias como la de la llamada que salió del celular de Hugo Alberto, cuatro meses después de su presunta muerte. Para febrero de 2006, Miranda tenía armado el caso Wallace con nuevos inculpados y una historia diferente, la historia de que a su hijo lo habían asesinado y cercenado con una sierra eléctrica en el departamento de Perugino #6, y le habían pedido un rescate de 950 mil dólares.

* * *

Primera Parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre

Segunda Parte: Pruebas y testigo contra el caso Wallace

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

 Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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