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El Caso Wallace

Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

Para Isabel Miranda de Wallace, la muerte de su hijo es «incuestionable», pero ya no puede contener la serie de evidencias sobre los rastros de vida de él

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Por Guadalupe Lizárraga

Primera parte

LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a seis inculpados dentro de los penales.

El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencia de que Hugo Alberto Wallace Miranda estaría vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados. El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del  expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.

Acta de Defunción de Hugo Alberto Wallace, pese a no encontrarse el cuerpo.

El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. En el documento, aparece como el padre o tutor Fausto Miranda, su hermano mayor, mientras que el padre adoptivo, Enrique del Socorro Wallace Díaz, no reconoció el secuestro de su hijastro, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, o María Isabel Miranda Torres, seis años después del nacimiento de Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Y así, una nueva identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace.

Acta de Nacimiento de Hugo Alberto, como Miranda Torres.

Otro documento oficial que reveló la doble identidad de la supuesta víctima fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en México y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.

David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 12 años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo enviaban a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le ha dado sentencia.

“Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press. “Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental que defiende casos de presos inocentes en México.

El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa.  En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”. Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales.

La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener la «incuestionabilidad» del homicidio de su hijo.

Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre. El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.

También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.

Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”. Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.

El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.

“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.

El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen

En el análisis sobre los supuestos hechos también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la entonces SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo.

Al respecto, el presidente de la organización canadiense, David Bertet, enfatizó “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas».

Otros puntos relevantes observados en el análisis es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.

Dos notas de rescate idénticas

Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR).  Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.

La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.

Isabel Miranda miente a la Corte

Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo.

Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.

Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.

Testimonio de la novia de Hugo

Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.

“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”

Periódico El Gráfico, junio 2006.

Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato.

“Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.

La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace

“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.

También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador. También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.

La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.

Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo  Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.

La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.

A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.

Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

 Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable

Séptima parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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