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El Caso Wallace

Pruebas y testigos contra el caso Wallace, segunda parte

Nuevas pruebas y testigos de haber visto con vida a Hugo Alberto Wallace revelan después de nueve años, un caso fabricado por su madre Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

Segunda parte

LOS ÁNGELES, California.- Las evidencias sobre rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda dados a conocer por Los Ángeles Press, el pasado 31 de mayo, indignaron fuertemente a su madre Isabel Miranda Torres. “Que den pruebas, no suposiciones”, escribió a esta periodista por su cuenta de Twiter @WallaceIsabel y abundó por el mismo medio descalificando la información periodística: “los delincuentes se mienten tanto a sí mismos que se creen sus propias mentiras…”.

En el primer contacto por la misma cuenta, Miranda adjuntó la imagen de una denuncia en contra de Ámbar Treviño Pérez, quien fue abogada de la inculpada Brenda Quevedo Cruz, en 2010. En el documento se señala la orden de acción penal PGR/SIEDO/UEIS/144/2010 en contra de Treviño por supuestos delitos de “falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro”.

Por esta acusación, se libró la orden de aprehensión contra la abogada Ámbar Treviño y estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010.  El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”. Isabel Miranda no desconoce este dictamen, y sin embargo, sigue usando una denuncia presentada por ella misma como prueba de «delincuencia organizada con intención de secuestro» en flagrante calumnia contra la abogada.

Fragmento del auto de libertad en favor de Ámbar Treviño, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Procedimientos Penales exhorto número 27/2010.

El perjurio de Isabel Miranda ante la Corte de Chicago 

Otra de las pruebas que delataron a Isabel Miranda sobre la manipulación del caso Wallace es el delito de perjurio cometido contra la Corte de Chicago en Illinois, el 6 de enero de 2008, al haber presentado una carta apócrifa de no antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Brenda Quevedo Cruz, refugiada en Estados Unidos después de la acusación pública de Miranda en 2006, fue localizada y detenida en Louisville, Kentucky en 2007. Los agentes de Migración la internaron en un centro de detención en Chicago, donde enfrentó el juicio de deportación. Fue cuando la Corte de Chicago solicitó el récord de los antecedentes criminales tanto de la inculpada como de la presunta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda.

Quevedo Cruz no tuvo antecedentes penales. Wallace Miranda, por el contrario, había sido procesado por el delito de “contrabando” en 2001. Sin embargo, el documento presentado a la Corte de Chicago por su madre afirmaba:

“Hugo Alberto Wallace Miranda does not have any preliminary investigations, court orders or criminal background for a crime for local matters in this Attorney General’s Office”.

La misiva en inglés contiene un logo alterado del Gobierno de la Ciudad de México y el membrete de la Procuraduría General de la República con el número 203/2606/08-10. Incluía supuestamente la firma del entonces fiscal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan Maya Avilés (actualmente retirado del cargo).

La Secretaría de Seguridad Pública en México es quien realiza los trámites de no antecedentes penales, y para ello se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y credencial de elector presentado por el interesado. De acuerdo a la información oficial, si éste no puede asistir, lo puede tramitar un familiar directo, con carta poder firmada por el interesado. Ante la pregunta de esta periodista a la funcionaria pública que atiende dichas solicitudes de si era posible otorgar una carta de no antecedentes penales a una persona fallecida a petición de la madre, respondió sin cortapisas que no, pero continuó: “A menos que sea una institución que lo solicite a nuestra institución, esto es que mande un oficio por escrito a la secretaría” –y reiteró– “una solicitud de institución a institución, esos son casos especiales en los que no se niega”.

–¿Puede un fiscal de Autosecuestros firmar una carta de no antecedentes penales, suponiendo que se solicitó de institución a institución? –preguntó la periodista.

–No, de ninguna manera. Ningún fiscal está autorizado para firmar esos documentos, sólo los directores y,  por ausencia, los subdirectores –respondió la funcionaria.

–Tengo copia de una carta de no antecedentes penales presentada en una Corte de Estados Unidos, firmada por un fiscal de Antisecuestros y con un sello de la Ciudad de México y membrete de la PGR. La carta es de 2008, ¿esto posible, es decir, podría ser legal?

–No es posible. Le repito, ningún fiscal firma cartas de no antecedentes penales, eso no es una política nueva, es nuestro reglamento. Pero además nosotros dependemos de la Segob (Secretaría de Gobernación), no del Gobierno de la Ciudad de México. La carta de no antecedentes penales la expide la Secretaría de Seguridad Pública y las cartas llevan el sello de la Segob.

La explicación de la funcionaria coincidió con la información del sitio oficial de la PGR en la red: “La Procuraduría General de la República no expide cartas de no antecedentes penales, toda vez que éstas son solicitadas a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”.

El gobierno mexicano, a través del agente del Ministerio Público, Jesús Andrés Hernández López, desmintió a Isabel Miranda y presentó una declaración jurada en apoyo de la petición de extradición de Brenda Quevedo Cruz, al localizar información criminal a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En este documento, se hizo referencia a la orden de reaprehensión por el Juez Decimotercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales dentro de la causa 196/2001. En su declaración dijo el agente que Wallace fue liberado bajo fianza por la cantidad de $14,665.00 pesos mexicanos (USD$ 1,173).

De acuerdo con la argumentación de la defensa de Quevedo Cruz en el juicio de deportación, realizada por el abogado Stanley J. Horn,  y el despacho jurídico en el que trabajaba entonces “Horn, Khalaf, Abuzir, Mitchell & Schmitd”, el gobierno mexicano no proveía las suficientes evidencias de que su cliente hubiera participado en el supuesto crimen y le resultaba “cuestionable la veracidad de las confesiones” de los imputados que habían intentado retractarse.

“De hecho, la evidencia proveída por el gobierno –señaló Horn en el alegato de ocho páginas– junto con las explicaciones de la acusada son radicalmente diferentes. La falta de evidencia del gobierno es todavía más cuestionable basada en la información proveída por Quevedo Cruz que demuestra una excelente probabilidad de que la supuesta víctima esté viva, incluyendo los récords de llamadas telefónicas, correos electrónicos y testimonios…”. La defensa de Quevedo concluyó que si a su cliente la deportaban sería torturada en México para obligarla a incriminarse. Tal como sucedió, aunque no se ha incriminado hasta la fecha, pese a haber sufrido dos torturas y la violación sexual de sus agresores, el 27 de noviembre de 2009 y el 13 de octubre de 2010.

El esposo de Isabel Miranda, sin comparecer

La evidencia más contundente para Isabel Miranda Torres ha sido la prueba de ADN obtenida de un elemento piloso y una gota de sangre, encontrados en el departamento de Perugino #6, supuesto lugar del crimen, correspondiente al perfil biológico de su cónyuge José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, una segunda acta de nacimiento que se dio a conocer en la primera parte de este reportaje revela que él no es el padre biológico de Hugo Alberto. A Enrique Wallace se le citó a declarar en varias ocasiones, pero su esposa, Isabel Miranda, respondió, al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procedimientos Penales el 9 de noviembre de 2006 que no tenía comunicación con él y desconocía su paradero:

“…me permito informar a usted que desconozco dónde pueda ser localizado el C. José Enrique del Socorro Wallace Díaz en virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad, no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”.

Posterior a esa fecha, a Isabel Miranda y Enrique Wallace se les ha visto en diferentes ocasiones en eventos sociales. Uno de éstos fue el 15 de diciembre de 2011, el cual se trataba de un festejo de cumpleaños de un alto funcionario, cuyo evento fue amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina. Incluso en la campaña política de Miranda cuando aspiró a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en 2012, Enrique Wallace acompañó a su esposa en varios eventos políticos. No obstante, desde 2006 hasta la fecha no se le ha obligado a presentarse ante el Ministerio Público para responder a la solicitud de la autoridad.

En evento social de 2011

En evento político de 2012

El torturador, de las confianzas de Isabel Miranda

Dos de los inculpados identificaron al agente del Ministerio Público, Osvaldo Jiménez Juárez, como su torturador: Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. Por parte de la defensa de Quevedo se presentó una inconformidad de no acción penal contra Jiménez Juárez ante la Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la indiferencia de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor de Quevedo Cruz, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a Quevedo por la tortura recibida el 27 de noviembre de 2009.

Fragmento imagen de texto

En la reciente audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que presidió el Juez  Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres inculpados con la causa penal 35/2006, estuvieron presentes María Isabel Miranda, su hermano Roberto Miranda, defensores de oficio, secretario y el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.

En el careo, tanto Jacobo Tagle como César Freyre deslindaron a Brenda Quevedo de toda responsabilidad. Incluso, ratificaron que ella no conocía personalmente a Hugo Alberto Wallace Miranda, sólo había escuchado hablar de él. Según el análisis del abogado especialista, Luis Vargas, de la  Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, “los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio”.

Abunda Vargas que las declaraciones por parte de los co-procesados que llegaron a incriminar a Brenda al inicio del proceso “fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo”.

Jacobo Tagle, en su declaración preparatoria, ya había expuesto que “fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz”. César Freyre también manifestó que Brenda no fue partícipe del crimen y afirmó haber sido víctima de tortura física y mental, por lo que puso una denuncia ante la Corte Interamericana de derechos Humanos por los actos de tortura.

En la audiencia, era la primera vez que leía un documento el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez. Fue cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Veracruz, donde tuvo la segunda tortura.

Después de esta denuncia, Jacobo Tagle fue trasladado con “carácter urgente” del penal Altiplano No.1 al CEFERESO No. 12 en Guanajuato, a solicitud de José Luis Musi Nahmías, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, según el oficio SEGOB/OADPRS/20847/2014, con fecha del 12 de mayo. La defensa de Tagle solicitó el motivo de traslado y de incomunicación, y la respuesta del Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales, Ricardo Garduña Pasten, fue que había sido “por seguridad” porque lo estaban “molestando verbalmente” de acuerdo al alegato de Musi. La familia, por su parte, declaró a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que Jacobo Tagle no estaba siendo hostigado en el penal como para decidir con urgencia su traslado y mantenerlo incomunicado, “Jacobo estaba bien”, enfatizó a la organización de derechos humanos.

En la imagen, de izquierda a derecha, se encuentra Roberto Miranda (hermano de Isabel Miranda), Oswaldo Jiménez Juárez, Isabel Miranda, el abogado Ricardo Martínez Chávez y el sobrino de Isabel Miranda. La evidente relación entre Miranda y el agente ministerial identificado como responsable de tortura Oswaldo Jiménez Juárez con Miranda, sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, pese a las denuncias de los inculpados y la valoración psiquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Protocolo de Estambul, tanto de Brenda Quevedo como de Jacobo Tagle.

Los nacimientos de Isabel Miranda

Isabel Miranda, además de tener varias versiones de su vida, ha usado diferentes nombres personales, ha dado diferentes nombres de padres y diferentes fechas de nacimiento. Los ha utilizado en documentos oficiales, como en el acta de nacimiento de su hijo Hugo Alberto Miranda Torres, bajo el nombre de Isabel Torres y el padre Jacinto Miranda Jaimez, que ya se reportó en la primera parte. Miranda señaló el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter que no sabía quién era «Isabel Torres», pero guardó silencio con el nombre de su hijo de apellidos Miranda Torres y de su primera pareja, que se separó de ella después de haber registrado a su hijo en 1970.

Isabel Miranda –en entrevistas a los medios– ha dado, al menos, cuatro fechas de nacimiento: 1949, 1951 (con dos fechas distintas) y 1955. A CNN, por ejemplo, dijo que había nacido el 27 de mayo de 1951 y así fue difundido por la televisora, mientras que a El Universal le especificó el 17 de enero de 1951. Pero en las actas de nacimiento y el CURP de Hugo Alberto, así como en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, del que ella es la única fuente, coinciden en que la fecha de nacimiento de su hijo es el 12 de octubre de 1969. Si ella hubiese nacido en 1951, habría tenido su hijo a los 16 años; edad en la que dijo haberse casado con Enrique Wallace. El acta de reconocimiento a Hugo Alberto, por parte de Wallace Díaz se expidió con fecha del 19 de noviembre de 1975, año en que nació su hija Claudia, y Hugo Alberto tenía seis años de edad.

Si Isabel Miranda hubiese nacido en 1955, como ha sostenido a TV Azteca y a la Revista Quién, entre otros medios, y siguiendo la fuente de su biógrafo Martín Moreno, habría tenido a su hijo a los doce años de edad. Sin embargo, en las actas de nacimiento de su hijo, con lo apellidos «Wallace Miranda» ella dice tener 24 años de edad, y en la de «Miranda Torres», 21 años.

Isabel Miranda también ha cambiado los nombres de su padre. refiriendo los nombres de Fausto Miranda, Heriberto Miranda y Alfredo Torres, usados también en documentos oficiales. En el caso de la madre, el nombre de pila ha sido constante: Mónica, pero varía en los apellidos: Torres Jaimes y Romero.

Quiénes han visto a Hugo Alberto Wallace

Hay siete testigos que afirman haber visto a Hugo, en diferentes fechas posteriores al supuesto homicidio. Algunos de estos testigos cuando informaron a las autoridades judiciales de haber sido testigos visuales, o de evidencias como llamadas por teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos, gastos con tarjeta de crédito a su nombre, fueron hostigados por Isabel Miranda y acusados de intentar extorsionarla o de querer “dañar a su familia”.

Uno de estos casos fue el del empresario José Luis Moya, pareja sentimental de la mejor amiga de Hugo Alberto en 2005, quien después de dar su testimonio, en 2006, de manera contundente a las dos procuradurías, la federal y la del DF, Isabel Miranda lo acusó públicamente a los medios de intento de extorsión. Incluso, en su última comparecencia, dos horas antes fue amenazado de muerte.

En su declaración, Moya afirmó que tenía información de que Hugo estaba vivo:

“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa. Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informó que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace presuntamente ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.

Laura Domínguez, amiga muy cercana a Hugo Alberto Wallace y de muchos años, también fue amedrentada por Miranda y no quiso volver a hablar del tema, después de que ella misma le había pedido a José Luis Moya que le ayudara a buscar a su amigo. Cuando Moya empezó a tener resultados contundentes de la investigación y parte de ésta la dio a conocer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Miranda mostró su hostilidad hacia ellos que ayudaban con la investigación, y poco después se convirtieron en el blanco de sus amenazas. Laura Domínguez pidió a la defensa de los inculpados que no la buscaran, porque su vida estaba en riesgo.

Otra de las personas intimidadas por Miranda fue el padre biológico de Hugo Alberto, el señor Jacinto Miranda, quien en una reunión privada también enfatizó a una fuente confidencial: “por favor, no me vayan a llamar declarar, puedo decirles todo, pero no me llamen a declarar”. Jacinto Miranda radica ahora en Baja California.

Una persona más que vio a Hugo Alberto con vida fue un informante, que de acuerdo a varios funcionarios públicos de testigos, tuvo contacto directo con Isabel Miranda. “El Alfil”, es el alias con el que se llegó a identificar y señaló en su declaración que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La información de “El Alfil” se dio en junio de 2006, sin embargo, para febrero de 2007 ya había desaparecido la declaración de las indagatorias. Según la fuente, ese año, había nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un nuevo celular, y se dieron constancias de acuse de recibo por parte de Jorge Rosas García, expedidas en su oficina de Plaza de la República, Número 43, en el segundo piso.

Otra persona cercana a Hugo Albeto Wallace lo reconoció en un bar en Tres Palos, municipio de Acapulco. Al saludarlo le dijo: “No mames, guey, tu madre está lucrando con tu muerte”. A lo que Wallace respondió haciendo un chasquido con la boca: “Ah, mi madre está loca, por eso ni la veo”. Después de beber algunas cervezas, se despidieron, y antes de irse, Hugo Alberto lo amenazó de muerte si llegaba a mencionar que lo había visto.

Hay dos testigos más que estuvieron en contacto con Hugo Alberto Wallace en dos ocasiones después de la fecha de su supuesto homicidio. A mediados de julio y la primera semana de agosto de 2005. La primera ocasión él iba conduciendo una camioneta negra con vidrios oscuros, acompañado por otras dos personas en el auto; y la segunda, Hugo conducía una motocicleta, también acompañado por otras dos personas. Estos testigos han aceptado declarar ante el Ministerio Público de la Federación y ante cualquier autoridad judicial en México, después de que se concrete su ingreso al programa de protección internacional de testigos y víctimas, promovido por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad con sede en Montreal, en coordinación con la organización sin fines de lucro Protección Internacional para testigos y víctimas, basada en Bruselas.

* * *

Primera Parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre

Segunda Parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

 

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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