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El Caso Wallace

Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable, Sexta parte

Isabel Miranda reconoció ante Albert Castillo, sentenciado junto con su hermano Tony a 93 años de cárcel, que no eran culpables del secuestro de su hijo

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Por Guadalupe Lizárraga

Sexta parte

LOS ÁNGELES, California.- Isabel Miranda Torres aceptó ante el inculpado Albert Castillo Cruz, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y tres agentes ministeriales más, que su hijo Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005 en México, por quienes ella acusó y por lo que Albert Castillo y su hermano Tony fueron sentenciados a 93 años de cárcel. De acuerdo a la denuncia de hechos del 14 de diciembre de 2011 puesta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por María Elena Cruz, madre del inculpado, Miranda Torres reconoció la simulación del secuestro el 13 de octubre de 2010, horas después de que Albert Castillo fuera torturado en el Cefereso Número 2 para que se incriminara.

Albert  Castillo Cruz fue privado de su libertad por Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto, el 7 de marzo de 2006.  Se encontraba en su trabajo, cuando los hermanos Miranda fueron por él acompañados de cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Lo golpearon durante unas tres horas y lo acusaron de ser secuestrador.  Castillo negó las acusaciones y Roberto Miranda lo golpeó en las costillas y le dijo: “pues, ahora ya lo eres”. Posteriormente se lo llevaron a las oficinas de SIEDO, según especificó Castillo en su declaración ministerial y en las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo denunció en varias cartas al embajador Anthony Wayne y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ya que él y su hermano Tony Castillo Cruz tienen la ciudadanía estadounidense, así como al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Primera página de la carta de Albert Castillo al presidente Enrique Peña Nieto.

«Sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas»

Al día siguiente de ser torturado por segunda ocasión el 12 de octubre de 2010 “de parte de la señora Isabel Miranda”, en el Cefereso No. 2  de Puente Grande, Jalisco, Albert Castillo fue llevado con Miranda, quien dijo que “él la había mandado llamar para pedirle perdón”:

–¿Quién le dijo eso? –preguntó Albert a Miranda.

–La gente que estuvo ayer en la noche contigo –le respondió ella en alusión directa a sus torturadores.

–Yo no tengo nada que declarar –contestó Castillo.

–Si no te declaras culpable, ellos (señalando a los tres agentes ministeriales y al MP Braulio Robles Zúñiga) van a regresar a refrescarte la memoria –insistió Miranda Torres.

En ese momento, Albert Castillo escuchó que uno de los guardias recibió órdenes para que lo trasladaran a la celda 19, pasillo II. Y en el traslado el guardia le dijo que “por su bien, tenía que decir y hacer todo lo que le dijeran”. Castillo sólo lo escuchó sin decir nada. Al poco tiempo, volvieron a trasladarlo a otra oficina “que está en COC, y la oficina es identificada como CTI”, donde se encontraban nuevamente Isabel Miranda Torres, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y los mismos tres agentes ministeriales que lo habían torturado.

Miranda le dijo que si se declaraba culpable, “que ellos le podían conseguir beneficios”.

–No lo voy a hacer, porque no soy culpable de nada –respondió Castillo.

 Braulio Robles intervino:

–Tienes que decir lo que querías decir ayer en el juzgado.

–Lo que ustedes querían que yo declarara, porque me torturaron toda la noche –contestó el inculpado.

Isabel Miranda insistió:

–Si no te declaras culpable y dices lo que yo quiero, te voy a hacer la vida imposible. Yo tengo arreglado esto con gente muy importante.

En la declaración ministerial, Castillo Cruz señaló que Isabel Miranda lo amenazó con lastimar a su familia, y con entrar a la prisión las veces que quisiera para torturarlo, “porque ella podía hacer ahí lo que quisiera”.

–Usted sabe que nunca estuve en el lugar de los hechos. Y no nos vio ahí, porque mi hermano y yo somos inocentes, no hicimos nada, ni sucedió nada –dijo Albert Castillo, en referencia a su hermano Tony, inculpado y sentenciado también a 93 años por el mismo supuesto delito.

–Es cierto, yo no los vi, y sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas –contestó Isabel Miranda.

Al día siguiente lo llevaron ante un Juzgado que el inculpado no pudo identificar, ni tampoco se lo notificaron. Allí se encontraba Isabel Miranda y sus torturadores Braulio Robles Zúñiga y otros tres agentes ministeriales de los que no se aportó sus nombres. La declaración de Albert Castillo fue la misma:

“Yo no tengo nada que confesar, yo no sé nada, yo nunca estuve en el lugar de los hechos, y simplemente les dije que iba a declarar para que dejaran de torturarme”, mostrando las huellas de las torturas en su cuerpo.

El 14 de octubre de 2010 volvieron los mismos agentes ministeriales junto con Braulio Robles Zúñiga para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia al subprocurador de Delitos Federales. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

Los testigos de la tortura a Albert Castillo

Albert Castillo envió un segundo escrito al titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el 17 de abril de 2013, para pedirle su intervención en el desahogo de pruebas de tortura. El primero fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera que “no habían encontrado irregularidades”.

En el escrito a la CIDH, Castillo insiste en que se tome la declaración a J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. La declaración ministerial de Ornelas atestigua los hechos:

“…yo presenté una petición dirigida a la autoridad de este centro, para evitar que me fueran a inculpar por los golpes que Alberto presentaba en estos momentos y eran muy visibles, fue el mismo día que ingresa al módulo 8, después de que lo sacaron por varios días, ese día yo tenía visita, que fue cuando regresó a la estancia, ya él estaba muy golpeado y fue cuando en ese momento hice mi petición, dirigida a seguridad interna  de este centro, yo narré que Alberto salió de la estancia por varios días sin recordar cuántos y cuando regresó, yo lo miré que estaba golpeado, tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, como si hubiera estado amarrado, y se le miraban heridas abiertas con muy mal aspecto, en el cuello se le miraban moretones, en la boca del estómago también se le miraban moretones, me consta que él reportó al encargado del módulo y él solicitaba diariamente que lo atendieran por parte del área médica (…)”.

La declaración ministerial del interno J. Jesús Galván:

“…lo que me consta es que Alberto Castillo Cruz solicitaba la autorización para atención médica ya que éstas nada más se nos programan dos veces a la semana, y como lo mencioné sí le vi lesiones en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, como magulladuras de sangre, sin observar sangre por fuera, desconociendo cómo se las había ocasionado, pero a Erasmo y a mí nos platicó que unas personas se las había hecho y que éstas habían ingresado al centro y recuerdo las palabras de Alberto cuando explicaba que sus lesiones fueron en relación a que habían sido causadas por una tortura para que firmara y aceptara su responsabilidad, (…)”

Albert Castillo Cruz apuntó: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. Incluso, da como prueba un recibo de compra de la tienda del Centro de Observación y Clasificación (COC) en esa semana en que fue torturado. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

El custodio que sacó de la celda a Castillo para trasladarlo al cuarto de tortura fue identificado como Emiliano Reynoso Flores. Y los custodios que lo sacaron del módulo 8 para trasladarlo al Centro de Observación y Clasificación fueron identificados como Eusebio Jiménez Evangelista y el custodio Gámez. Castillo señaló en el escrito a Derechos Humanos que el director del Cefereso en ese momento fue Francisco Javier Gómez Meza, quien permitió la tortura, y dos semanas después se lo llevaron preso presuntamente por narcotráfico.

Dos oficiales más, testigos de los hechos, presentaron una queja ante derechos humanos al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública por la tortura a Castillo. Fueron los oficiales Salvador Moreno Chávez y Erick Hernán Cortés, quienes mostraron su disposición a dar su testimonio, pero posteriormente fueron removidos del penal, uno de ellos al Estado de Durango, sin que la familia o Castillo Cruz volviera a tener contacto con ellos.

Sin embargo, pese a los múltiples testimonios y quejas oficiales por los mismos custodios, la perito oficial en Psicología Lucía Galeana Garzón, el 3 de junio de 2011, entregó los resultados del dictamen psicológico de tortura con el número de folio 11222 realizado el 20 de mayo de 2011. Su conclusión fue:

“…Como resultado de la evaluación psicológica practicada, conforme a los lineamientos que marca el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Protocolo de Estambul) al señor Alberto Castillo Cruz, se determina que no presenta ninguna de las reacciones psicológicas no de las clasificaciones diagnosticadas comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de tortura…”.

 

Las denuncias por tortura ignoradas por Derechos Humanos

Los familiares de Albert Castillo –su madre María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante– pusieron varias denuncias y quejas ante diferentes instancias judiciales y ante comisiones de derechos humanos. Sin embargo, ninguna institución mostró interés por investigar los hechos denunciados por tortura y falsedad a autoridades por parte de Isabel Miranda.

La primera denuncia fue dirigida al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el 21 de octubre de 2010, siete días después de la segunda tortura, cuya recepción fue foliada con el número 75910. En esa denuncia, los familiares de Castillo Cruz señalaron a Isabel Miranda Torres y a su hermano Roberto como responsables directos de la detención ilegal de Albert y de haber ordenado y participado en su tortura el 12 y 14 de octubre de 2010.

Una siguiente denuncia fue presentada al titular de la SIEDO, Arturo Germán Rangel, el 16 de diciembre de 2010, en contra del MP Braulio Robles Zúñiga, quien fue identificado por Castillo como su principal torturador, y contra el agente ministerial Ignacio Silva Vázquez, con la que se abrió la averiguación previa  número 233/UEIDAPLE/LE/12/2010. En esta misma denuncia se incorporó al director del Cefereso  No. 2, Francisco Javier Gómez Meza, a Roberto Miranda y a Isabel Miranda, señalada de coordinar la sesión de tortura desde una ventana de rejas en el techo de la habitación donde lo tenían para estos propósitos.

Otra denuncia fue dirigida al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Enrique Gómez García, el 28 de octubre de 2010. En ésta se especificó a detalle la tortura, y de cuando los agentes con pasamontañas y vestidos de negro, le dijeron: “Venimos de parte de la señora María Isabel Miranda Torres”.

Castillo Cruz hizo responsables de lo que le pasara a él y a su familia al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda Torres, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia,  y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” a los denunciados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a la PGR, con fecha del 14 de junio de 2011, el oficio V3/36998 suscrito por Sergio Iván de la Selva Rubio, en el que afirma que en el Cefereso No. 2 “no existe antecedente de que el señor Alberto Castillo Cruz fue objeto de maltrato”, pese a que el 21 de octubre de 2010, con la queja dirigida a Raúl Plascencia Villanueva como presidente de la CNDH, se le detallaron las agresiones físicas y psicológicas contra Albert Castillo Cruz.

La obsesión de Isabel Miranda por el cercenamiento de su hijo

Albert Castillo señaló que nunca había escuchado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, ni las palabras “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”. Sin embargo, Isabel Miranda lo acusó de ser parte de una “banda de secuestradores” y le puso un alias: “El médico”. También ella lo acusó de ser quien había cercenado el cuerpo de su hijo con una sierra eléctrica “Black and Decker” comprada en un Walmart después de las cuatro de la madrugada del 12 de julio de 2005.

De acuerdo a la declaración difundida por Isabel Miranda en los medios mexicanos, su hijo supuestamente fue cercenado en el baño del departamento de la inculpada Juana Hilda González. Así mismo, en el careo constitucional entre Albert Castillo Cruz y María Isabel Miranda Torres, realizado el 7 de enero de 2008, ella insiste en que su hijo fue cercenado:

“… tú sabes perfectamente bien Alberto Castillo Cruz que mi hijo no está vivo, porque tú te encargaste de cerciorarte de que estaba muerto, y más aún tú cercenaste el cuerpo de mi hijo, junto con tu hermano…”.

No obstante, se realizaron inspecciones periciales y no se encontró ningún vestigio de sangre en el baño que tiene “dimensiones tan pequeñas tal como consta en la inspección judicial…”, sitio en el que según las conclusiones absolutorias de la defensa de Castillo Cruz, no hubieran cabido los dos hermanos Castillo, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace entonces con un peso aproximado de unos 150 kilos –según la defensa- y adicionalmente la motosierra.

Ya desde el 3 de marzo de 2006, se contaban con los resultados del peritaje de la Dirección de Biología Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense de la PGR , fojas 241 del Tomo VIII, donde se confirmó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran de origen humano.

El perito Carlos Alberto Jiménez Baltazar, adscrito a la Coordinación de Servicio Periciales fue quien determinó que “el perfil genético de los residuos que fueron recabados en la coladera del baño del departamento número 4 no eran de origen humano”.

La acusación contra los Castillo

En la versión fabricada por Isabel Miranda Torres, hay una serie de contradicciones y discrepancias que fueron obligadas a decir a los inculpados respecto al tema de la supuesta muerte de Hugo Wallace. En un análisis entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sobre el caso, se destacó en este apartado las discrepancias que incriminaron a los hermanos Castillo supuestamente encargados de “descuartizar” el cuerpo de Wallace y de limpiar el baño.

Entre los hallazgos de incoherencias de los activistas canadienses, se revela que los inculpados declararon que los Castillo limpiaron el baño antes y después del descuartizamiento, según las declaraciones incriminatorias de Juana Hilda González y Jacobo Tagle al dar las horas de los hechos, mientras que la sierra y los utensilios de limpieza fueron comprados supuestamente después de las 4 de la madrugada.

  1. Según la declaración incriminatoria de Jacobo Tagle, los hermanos Castillo se fueron con la sierra, después de descuartizar el cuerpo, y Juana Hilda González se quedó en el departamento, mientras él y César Freyre bajaron la maleta y las bolsas con los restos humanos.
  2. Según Juana Hilda González, los hermanos Castillo se quedaron en el departamento a limpiar, y ella junto con César Freyre y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plástico donde llevaban los restos de Hugo Wallace.
  3. Según César Freyre, él y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plásticos con los restos humanos y con la sierra, porque los hermanos Castillo ya se habían ido.

La Asociación Canadiense destacó en el análisis que hay tres versiones diferentes también respecto al cercenamiento del cuerpo que dan Juana Hilda González, César Freyre y Jacobo Tagle en su declaración bajo coacción. Incluso, César Freyre, a quien Miranda Torres acusó de ser el jefe de la banda, desconoce si la supuesta sierra para descuartizar el cuerpo de Wallace es de gasolina o eléctrica, pese a que en su incriminación dijo haberla comprado él.

De acuerdo al documento, otro hecho que se destaca es que ninguno de los inculpados supo responder qué pasó con la sierra, después del cercenamiento.  Otra contradicción resaltó al dar el color de las bolsas en que supuestamente metieron los restos de Hugo Wallace. En esta alusión, Isabel Miranda Torres también discrepó de los inculpados, y declaró a los medios que se trataba de una bolsa transparente, mientras que las declaraciones incriminatorias dijeron que eran bolsas negras.

El siguiente video fue realizado de forma humorística para evidenciar las contradicciones de las denuncias de Miranda.

Los tropiezos de Miranda en los careos constitucionales

Otra falsedad a la autoridad por parte de Isabel Miranda fue afirmar que Albert Castillo se encontraba el 12 de julio de 2005 en el departamento de los supuestos hechos. Incluso, Miranda lo señaló como la persona que había visto “a corta distancia” en el departamento de Perugino  y que la estuvo observando.

“… el 12 de julio de 2005 era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me enteré que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente con lo declarado por Juana Hilda González Lomelí, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto Castillo Cruz, se quedaron más tiempo en el departamento después de que salieron Brenda, Jacobo y César Freyre con el cuerpo de mi hijo ya cercenado por Alberto Castillo Cruz”.

Albert Castillo preguntó a Miranda en ese mismo careo constitucional por qué no llamó a las autoridades para que lo detuvieran ese 12 de julio de 2005, fecha en que supuestamente lo vio como sospechoso en el lugar de los hechos. Sin embargo, Miranda no dio respuesta específica y de acuerdo a la minuta del careo ratificó su declaración de que Castillo era la persona que había cercenado el cuerpo de su hijo y que las autoridades habían fallado en su identificación.

“…quiero afirmar sin lugar a equivocarme que Alberto Castillo Cruz, es la misma persona que estuvo en Perugino número seis el día 12 de julio de 2005, ya que lo tuve a una distancia muy corta, y no hay duda de ello, y que por supuesto que pedí que interrogaran a todas las personas que se encontraban dentro del edificio antes mencionado, pero de manera negligente, la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, no lo hizo”.

La defensa de los Castillo Cruz acreditó que cuatro personas estuvieron con Albert Castillo el 11 de julio de 2005, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos pertenecientes a un comité de rescate de unidades habitacionales promovido por la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esa noche firmaron documentos y las hojas de los cheques para las personas que hacían las reparaciones del edificio donde vivían. Las personas dieron sus testimonios. En el caso de su hermano Tony, la defensa acreditó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia y que terminó a la cinco de la madrugada del 12 de julio. Los testigos se presentaron a declarar y confirmaron haber estado con él; sin embargo, el juez 4o de Distrito de Procesos Penales Federales dictó sentencia de ‘culpables’ el 28 de octubre de 2011.

La voz de la madre de los hermanos Castillo

La madre de los hermanos Castillo, María Elena Cruz, en entrevista exclusiva a Los Ángeles Press, narró el sufrimiento que han padecido por «la fabricación del caso Wallace». Así mismo, especificó que su hijo Albert no tiene ninguna formación profesional en medicina y que Miranda «probablemente» había deducido que era médico, porque trabajaba en el Hospital Juárez de México, y necesitaba una coartada para sostener la mentira del desmembramiento del cuerpo. A Tony Castillo, Isabel Miranda le puso el alias “El Panqué”, basada en su complexión robusta. Al igual que el resto de los inculpados, puso la fotografía de Albert Castillo y de su hermano Tony, en un espectacular montado por su empresa Show Case, SA de CV con la palabra “secuestrador” antes de ser investigados judicialmente y sentenciados.

Esta imagen fue publicada en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, sin cubrir el rostro del menor, y presentando a sus padres como delincuentes.

Cómo Miranda fabricó “la banda de secuestradores”

 La acusación de Isabel Miranda Torres contra los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, y contra cinco personas más, fue hecha a raíz de una fotografía encontrada en el departamento de la también inculpada Juana Hilda González, en Perugino No. 6, de Insurgentes Extremadura del Distrito Federal. En la foto se encuentran Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González, César Freyre, Albert y Tony Castillo, Paola Patricia Díaz Romero y Jael Malangón Uscanga con su hijo de cuatro años de edad, tomada en Chalma, Estado de México, en un paseo que habían hecho en grupo meses atrás.

Los inculpados en la fotografía fueron identificados por Juana Hilda González después de ser torturada y humillada sexualmente por los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, según su declaración ministerial y de acuerdo a los diferentes careos constitucionales con los inculpados.

El patrón de hostilidad de Isabel Miranda contra sus víctimas

En la declaración ministerial y en las denuncias de Albert Castillo Cruz hace referencia a situaciones que coinciden en las declaraciones de los otros inculpados torturados, específicamente en los casos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle y César Freyre. Las denuncias coinciden sin que haya habido contacto entre ellos, a lo largo de varios años que los han mantenido recluidos en diferentes penales de alta seguridad:

  • Isabel Miranda participó directamente en la detención ilegal de los inculpados.
  • Todos los inculpados fueron torturados, excepto Tony Castillo quien fue recluido en Matamoros, Tamaulipas, un penal que no ha sido visitado por Isabel Miranda.
  • Los torturadores dijeron hacer su trabajo a nombre “de la señora María Isabel Miranda Torres”.
  • La tortura tenía el propósito de que se declararan culpables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
  • Isabel Miranda Torres presenció la tortura de todos los inculpados, excepto en el caso de Brenda Quevedo Cruz.
  • El principal operador de la tortura fue en todos los casos el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga.
  • Isabel Miranda Torres amenazó de muerte a todos los inculpados y a sus familiares.
  • Isabel Miranda Torres acusó de falsos delitos a familiares y defensa de los inculpados y tuvo éxito en el caso de la madre y la hermana de César Freyre, quienes estuvieron en la cárcel durante año y medio; y en el caso de la abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo durante tres meses arraigada. Las tres salieron exoneradas de cargos.
  • Isabel Miranda Torres obligaba a los inculpados a pedirle perdón. Sólo en el caso de Juana Hilda González lo logró con las amenazas contra su madre y su hija menor de edad.
  • Isabel Miranda Torres condujo la grabación en las autoincriminaciones de tres inculpados después de sus torturas, la de Juana Hilda González, la de César Freyre y la de Jacobo Tagle. Los demás inculpados, pese a las torturas, no se han incriminado.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

 

El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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