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El Caso Wallace

Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

Para Isabel Miranda de Wallace, la muerte de su hijo es «incuestionable», pero ya no puede contener la serie de evidencias sobre los rastros de vida de él

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Por Guadalupe Lizárraga

Primera parte

LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a seis inculpados dentro de los penales.

El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencia de que Hugo Alberto Wallace Miranda estaría vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados. El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del  expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.

Acta de Defunción de Hugo Alberto Wallace, pese a no encontrarse el cuerpo.

El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. En el documento, aparece como el padre o tutor Fausto Miranda, su hermano mayor, mientras que el padre adoptivo, Enrique del Socorro Wallace Díaz, no reconoció el secuestro de su hijastro, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, o María Isabel Miranda Torres, seis años después del nacimiento de Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Y así, una nueva identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace.

Acta de Nacimiento de Hugo Alberto, como Miranda Torres.

Otro documento oficial que reveló la doble identidad de la supuesta víctima fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en México y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.

David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 12 años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo enviaban a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le ha dado sentencia.

“Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press. “Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental que defiende casos de presos inocentes en México.

El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa.  En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”. Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales.

La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener la «incuestionabilidad» del homicidio de su hijo.

Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre. El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.

También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.

Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”. Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.

El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.

“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.

El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen

En el análisis sobre los supuestos hechos también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la entonces SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo.

Al respecto, el presidente de la organización canadiense, David Bertet, enfatizó “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas».

Otros puntos relevantes observados en el análisis es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.

Dos notas de rescate idénticas

Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR).  Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.

La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.

Isabel Miranda miente a la Corte

Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo.

Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.

Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.

Testimonio de la novia de Hugo

Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.

“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”

Periódico El Gráfico, junio 2006.

Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato.

“Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.

La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace

“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.

También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador. También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.

La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.

Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo  Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.

La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.

A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.

Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

 Sexta Parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable

Séptima parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

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César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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El Caso Wallace

Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

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La CNDH certificó que hubo tortura a César Freyre en el caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

“Yo veía a una persona encapuchada y ya sabía que me iban a torturar; yo me daba cuenta porque los diamantes empezaban a estar todos encapuchados, y yo decía me van a torturar, y sí, era segurísimo, segurísimo que me iban a torturar”.
César Freyre Morales

Con un dictamen médico-psicológico basado en el Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, certificó que César Freyre Morales, inculpado por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, fue sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud.

Bajo la dirección del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, tras la aplicación del protocolo se concluyó “que existe una firme relación entre las lesiones y secuelas físicas y psicológicas documentadas y el relato de los hechos referidos por Cesar Freyre Morales, esto es, las lesiones físicas y psicológicas documentadas son el cuadro que normalmente se observa en personas que han sido sometidos a traumatismos como los referidos en el presente caso”.

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Los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura basaron su dictamen en la revisión de documentos médicos, informes psicológicos, declaraciones, notas de valoración especializada que se encuentran en el expediente penal y en el expediente médico, así como una entrevista a profundidad y la revisión médica y psicológica.

El más torturado del caso Wallace

César Freyre Morales es el principal inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y fue presentado ante los medios -desde enero de 2006- como “el líder de la banda de secuestradores”, sin más investigación periodística ni judicial que la palabra de Isabel Miranda Torres, quien dio publicidad a la fabricación del secuestro como “el caso Wallace”, con el apoyo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, procurador, ambos bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De las ocho víctimas, seis acusadas directamente de participar el supuesto secuestro y dos para justificar la existencia de una banda delictiva, César Freyre es el que ha tenido más eventos de tortura. Después de él, le sigue George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobín. En varios de estos eventos, tanto con César Freyre como con Jacobo Tagle, participó personalmente Isabel Miranda Torres, con golpes, escupitajos, amenazas e instrucciones de otras agresiones, al lado de Braulio Robles Zúñiga, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de lo que era la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como su subordinado el agente Osvaldo Jiménez Juárez.

Conclusiones de los expertos que aplicaron el protocolo de Estambul a César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace.

El papel de Renato Sales en la consigna contra Freyre

El acceso de los victimarios a los centros federales de reclusión fue permitido por Renato Sales Heredia, entonces comisionado Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César Freyre lo menciona en la entrevista con la visitadora adjunta del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y reproduce las palabras que cruzó con el exfuncionario:

–¿Cómo estás, Freyre?, ¿tú eres el mentado Freyre, no?
–Sí, un poco enfermo, pero bien.
–Vamos a ver si así sigues.

“Al otro día me trasladaron para Matamoros, al 3, después de su visita de él. Cotéjenlo con el ingreso de aquí. Me mandaron a Matamoros, a tratamientos especiales; me traían, pero mal”.

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El traslado y estadía de César Freyre del cefereso No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue el 13 de octubre de 2015 al 5 de noviembre del 2015. Dos meses después de haberlo trasladado, cerraron el penal.

“En el tiempo que estuve ahí, siempre me tuvieron completamente aislado, parte de la tortura psicológica, y con amenazas, las hacía la gente de seguridad. El día 3 de noviembre llegó Renato Sales a Matamoros, y me preguntó que cómo me estaban tratando ahí -prácticamente yo iba ingresando a ese penal-, y me dice «pues se te van a acabar los lujos aquí». Al día siguiente fue que cerraron ese penal”.

 El maltrato en los penales de Ocampo y Ciudad Juárez

Después del cierre del penal de Matamoros, lo trasladaron en jet a él solo, al cefereso de Ocampo, Guanajuato. Allí estuvo del 5 al 19 de noviembre de 2015, aislado, con tratos crueles, y en el área de Tratamientos especiales, que les llaman “pabellones”. De nueva cuenta, fue trasladado en jet, solo al cefereso de Ciudad Juárez, donde iba siendo torturado con toques eléctricos y a su llegada lo volvieron a torturar con golpes y toques.

“…cuando llegué a Juárez todos andaban encapuchados allá, porque allá les pegan y hacían lo que querían con los internos; creo que era el penal más abandonado, y mi enfermedad me tenía muy mal porque no me estaban dando el Cilostazol, entonces el frío contrae los vasos sanguíneos y mis pies se me reventaron allá bien feo. Yo tuve que meter un amparo médico y el amparo que yo metí de traslado, porque le hago de su conocimiento que parte de la tortura psicológica eran los traslados. Porque la incertidumbre del vuelo es de que le van pegando a uno, a mí me iban pegando, me iban chicharrando con el taser ése, y obviamente iban borrando huella alguna de que me estaban torturando en esos penales.”

Renato Sales ordenaba los traslados como parte de la tortura psicológica, y en cada traslado -tanto al salir como al llegar a un penal- era golpeado y le daban toques eléctricos. César Freyre declaró en la entrevista para el protocolo de Estambul que en ese tiempo el sometimiento era absoluto: cabeza agachada, manos esposadas, grilletes en pies, cadena en la cintura, golpes en la espalda y toques eléctricos.

 “Al ingreso de ahí me siguieron golpeando, después de las certificaciones médicas, hay un túnel, en ese túnel me hicieron que me desvistiera y me quedé en pura trusa, me hincaron con las manos esposadas hacia atrás y me gasearon, esa vez me gasearon, me imagino que debe ser gas pimienta, porque era un extintor de esos cromados con una basuca, me daba muchísimo esa sensación de ahogamiento, de no poder respirar, y me golpearon muchísimo.”

Isabel Miranda llegó a visitar a César Freyre en el penal de Ciudad Juárez, acompañada de Renato Sales. De la misma manera que en los otros penales, lo tenían aislado y la mujer participaba del maltrato y las vejaciones.

 

En el Altiplano, bajo amparo judicial

César se encuentra actualmente en el cefereso número 1, El Altiplano, Estado de México. Lo regresaron allí, después de un meter un amparo por las condiciones de su enfermedad provocada por las frecuentes torturas. Narra a los médicos que lo entrevistaron para el protocolo de Estambul, que se encuentra en una estancia donde los presos están aislados, un área de medidas especiales de máxima seguridad. Sin embargo, para él también es un lugar seguro, debido a que su mayor temor es que Isabel Miranda pague por hacerle daño adentro, como sucedió con el caso de Jael Malagón Uscanga, en 2010, también acusado falsamente de participar en la misma banda de secuestradores. Jael fue atacado por los internos, pagados por Miranda, y ellos mismos le dijeron que no era nada personal, solo estaban acatando “las órdenes de la señora”. Fue cuando Jael quedó ciego, al desprenderle la retina del único ojo que tenía.

Por eso para César Freyre, estar solo le representa más seguridad, además, dice, se ha vuelto muy huraño y desconfiado, por tantos años de aislamiento y el temor a volver a ser torturado.

“Era una zozobra que no podía yo con ella, en COC me tuvieron más de ocho años, y en un COC ningún interno puede estar por más de 30 días porque es un centro de observación y clasificación. César Freyre se refiere al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico para los presos, un área dentro de la institución penitenciaria a cargo del equipo de médicos, trabajadores sociales y criminólogos para determinar en qué dormitorio y estancia asignarán al interno.

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Pero César Freyre especifica que estuvo ocho años allí, y tuvo numerosas visitas de Isabel Miranda Torres para cometer actos de acoso y tortura.

“Aquí tuve muchísimas visitas de Miranda, aquí Miranda entraba como a su casa, se lo juro. De hecho, el señor XXX, el vivía en el pasillo 4 de COC, y en el pasillo 4 de COC él tenía una ventana y estaba rota, y él veía a todo mundo, a todo el personal que entraba al COC, él los veía, y él sabía cuando venía la señora, por eso se lo promocioné como testigo. Él vio muchas cosas, yo viví mucho tiempo en tratamiento especiales junto a él, y llegó el momento en que me aislaron por lo mismo, porque como me sacaban, no querían que hubiera evidencias de que me estaban sacando, entonces no sé si el señor le haya narrado la cuestión de que él se daba cuenta cuando entraba Miranda, ella entraba como en su casa, de verdad. Las veces que me pedía me sacaban y andaba toda la comitiva de seguridad de los altos mandos aquí, estoy hablando de cuando estaba de director el Maestro Aguado, venía con los titulares que estuvieron en el sexenio de Calderón para atrás, todos se prestaron para torturarme, todos.”

También dijo haber estado dos años en el área de Tratamientos especiales, para reos de máxima peligrosidad. Y después tras su traslado al cefereso número 9, de Ciudad Juárez, donde estuvo otros 14 meses, también en el área de Tratamientos especiales.

Actualmente, en El Altiplano, determinaron los expertos de prevención de tortura que César Freyre no está en condiciones vulnerables. Sin embargo, en 2010, tuvo dos eventos de tortura graves en este mismo penal que incluso narró en 2019 a esta periodista por medio de una carta. Las torturas las cometieron agente del Ministerio Público de la SIEDO en colusión con las autoridades penitenciarias el 2 y 22 de octubre de 2010. Como parte de la tortura del 2 de octubre, previo a una audiencia judicial, le pusieron a su madre María Rosa Morales, por llamada telefónica, llorando, mientras la encañonaban dentro de su casa. Hasta ese momento, aceptó inculparse e inculpar a sus coacusados, tras cuatro años de tortura y maltrato. En el protocolo de Estambul, Freyre mencionó entre las autoridades que permitiern su tortura incluso al funcionario público, activo como Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.

El siguiente evento de tortura, el 22 de octubre de 2010, fue para que ratificara su declaración incriminatoria, justo la noche en que le informaron del fallecimiento de su hermana Julieta Freyre, a quien le dio un infarto cerebral mientras pedía ayuda en la oficina de la extinta senadora Rosario Ibarra de Piedra.

El protocolo de Estambul, positivo en tortura

El resultado del protocolo de Estambul de 81 páginas muestra los recuadros sobre la sistematización del proceso con los hechos de tortura, con el numeral 372 del acuerdo con el manual, así como la narración de la víctima y lugar, donde se perpetró la tortura.

En el documento, César Freyre refiere reiteradamente a los elementos de Custodia y seguridad en los penales como «encapuchados», quienes eran los perpetradores de las torturas. No obstante, en el protocolo se destaca el terror psicológico que le infundieron tras los eventos de tortura. En Los Ángeles Press, de acuerdo con la evidencia documental, estos eventos de tortura fueron registrados en oficios, amparos, quejas y solicitudes de ayuda, en diferentes años, desde su detención en la que intervino Isabel Miranda Torres.

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