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Mexico Violento

Narco-Estado: La pugna entre generales, desde el gobierno de Salinas de Gortari

La infiltración del narcotráfico en las instituciones de Seguridad y Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

A principios de 2017, el general Dauahare visitó el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. Quienes lo atestiguaron fueron internos y custodios. Para todos, una sorpresa que el militar de alto rango visitara el dormitorio 2. ¿Qué hacía el general que había sido acusado de narcotráfico al final del sexenio de Felipe Calderón y excarcelado en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en la celda de uno de los miembros de los Beltrán Leyva? Semanas después, el recluso sería extraditado a los Estados Unidos y un hermano de sus operadores sería abatido en Tepic, Nayarit, por elementos de la Secretaría de la Marina.

Entre los testigos del penal se encontraba el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, quien en 2010 trabajaba para Inteligencia militar de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y era responsable de la seguridad del edificio de la institución. Privado de su libertad en el mismo reclusorio, el capitán Malagón pidió al general Dauahare ayuda con su caso, un proceso judicial lleno de irregularidades con el que fue sentenciado por homicidio, y torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 de junio de 2010, para proteger al entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, relacionado con el Cártel de Sinaloa directamente por su escolta personal Carlos Antonio Alemán Pérez, quien operaba con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán y reclutaba militares en el Campo militar Número 1.

El general Dauahare, desde 1995, y antes incluso, había sido mencionado de estar relacionado con grupos delictivos. Uno de estos hechos fue señalado por el hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico y procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997. El general Gutiérrez murió por enfermedad en diciembre de 2013, y su hijo, César Gutiérrez Priego, emprendió una campaña para limpiar su imagen revelando que su padre había sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el portal de Aristegui Noticias, enumeró cuatro puntos de la situación, en la que señaló al general Dauahare:

«1) Jesús Gutiérrez Rebollo encabezó los tres operativos para detener a Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’, que resultaron frustrados por filtraciones de información desde el Ejército.

2) En 1995, dirigió la operación de aseguramiento de 12 millones de dólares en efectivo en una aeronave en el estado de Nayarit. El dinero lo entregó al general Tomás Ángeles Dauahare, secretario particular del titular de la SEDENA, para que lo entregara a su vez al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. Durante dos años el dinero no apareció, hasta 1997, cuando Gutiérrez Rebollo fue detenido y denunció este hecho.

3) En 1997, Gutiérrez Rebollo declinó asistir a la boda de León de Jesús Zedillo Hernández, celebrada en Colima, en casa de un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, a la que acudió la familia del presidente Ernesto Zedillo, custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, y –según la familia Gutiérrez Rebollo- asistieron también los hermanos (José de Jesús, Adán y Luis) Amezcua Contreras, que encabezaban el Cártel de Colima.

4) La actuación del general Cervantes Aguirre. La operación para detener a Gutiérrez Rebollo fue operada por el general Tomás Ángeles Dauahare, quien usó el sobrenombre de Alfil y en nombre de Cervantes amenazó a los familiares del general”.

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, quien fue dado de baja en el Ejército por el general Dauahare, después de varios arrestos –según su testimonio, como muchos militares mexicanos que no se sometieron en silencio a los abusos e ilegalidades de sus jerarcas­ en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón–, en enero de 2012, pidió públicamente en las redes sociales que si lo llegaban a matar no se le vinculara al narcotráfico. Ya antes había denunciado que el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tenían acceso total a la agenda de los cárteles de la droga. Desde entonces, el sargento ha denunciado violaciones de derechos laborales a militares, violaciones de derechos humanos o que han sido incriminados por supuestos vínculos con el narcotráfico para quitarlos de en medio. Los que han corrido con suerte, están dados de baja o están cumpliendo condenas injustamente.

En nueva entrevista ocho años después, Vázquez Álvarez reitera que militares de alto rango operaban con los cárteles de la droga, y que el general Dauahare le había ordenado que asistiera al curso de la Escuela de las Américas, «donde se enseña a militares a torturar». Por su negativa a aceptar dicha orden, fue arrestado con frecuencia hasta causar baja. También señala que el general Cervantes Aguirre y el general Dauahare, entonces secretario particular, actuaron contra el general Gutiérrez Rebollo, quien “sí estaba trabajando contra el narcotráfico, y tan es así que él estaba investigando a la esposa de Ernesto Zedillo por sus nexos con el Cártel de Colima, y por haber estado a punto de atrapar a Amado Carrillo, jefe de Cervantes Aguirre y de Dauahare”.

PGR, CISEN, y SEDENA en el mismo equipo

Cuando el general Gutiérrez Rebollo fue designado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular era Jorge Espejel Contreras, que de acuerdo con la información del periodista Miguel Badillo, publicada por El Universal, en ese entonces aspiraba a ser director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y destacaba su trayectoria con Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, dos cabezas que controlaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta poco antes de que Eduardo Medina Mora, lograra el aval de la no infiltración del narcotráfico en 2001, por parte de supuestos “expertos”, con Vicente Fox.

El general Jorge Carrillo Olea, dentro de PGR, fue el coordinador general de Atención y Lucha contra el Narcotráfico, bajo la administración de Salinas de Gortari; y uno de sus colaboradores fue Luis Cárdenas Palomino, quien había ingresado al CISEN en 1989, junto con Genaro García Luna, y en 1993 dirigía operativos para el «control de drogas», desde la PGR.

 

Jorge Espejel Contreras, además de trabajar para el general Carrillo Olea, trabajó también para el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Samuel González Ruiz, –conocido por ser uno de los abogados de Isabel Miranda Torres, que ayudaron a fabricar las pruebas del ‘caso Wallace’. Pero en 1999, el abogado González Ruiz fue denunciado por The Washington Post de dar protección al Cártel del Golfo, y se valía de Cuauhtémoc Herrera Suastegui para recoger la recompensa del crimen y entregar información sensible del gobierno. González Ruiz también fue denunciado por el primer comandante Horacio Brunt Acosta de liberar al hermano de Juan García Ábrego, a Humberto, detenido por el comandante en 1994, quien además de capturar a los hermanos García Ábrego, detuvo a su operador financiero Carlos Resendez Bertolucci y a José Luis Sosa Mayorga, «El Cabezón», coordinador de los vuelos con cargas de cocaína desde Colombia y Guatemala hacia México. González y sus subalternos Herrera y Espejel también fueron denunciados por dar protección a los hermanos Patiño Esquivel, ex policías federales que trabajaron para el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo.

Después de las capturas del comandante Brunt, Samuel González Ruiz y Herrera Suastegui desataron una persecución contra él y le fabricaron delitos como narcotraficante para quitarlo de en medio. González fue removido de la PGR y fue adscrito al Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox, en el 2000. Jorge Espejel Contreras, exsecretario particular del general Gutiérrez Rebollo, fue quien llevó el expediente fabricado contra Brunt Acosta, desde el Enlace Internacional de la PGR a los tribunales españoles, país al que se había exiliado el comandante para salvar su vida, y donde enfrentó los juicios por falsas imputaciones de la UEDO –hoy SEIDO–, de los cuales en todos salió exonerado.

Herrera Suastegui, de acuerdo con la prensa de la Ciudad de México, había sido ejecutado el 24 marzo del 2000, pero horas después se rectificó en El Universal que había librado el atentado, e incluso había ido a la PGR a declarar dos días después. En entrevista con López Dóriga, incluso habló de su estancia en España después del atentado. El atentado se dio minutos antes de su cita para ir a declarar a la PGR, por la denuncia del comandante Brunt Acosta, quien había intervenido su bíper con instrucciones para un encuentro entre Herrera Suastegui y el narcotraficante Sosa Mayorga, del Cártel del Golfo. Espejel Contreras, por su parte, siguió inmiscuido en la burocracia; en 2005, despachaba como director de información de la Secretaría de la Función Pública, y en 2007 se anunció en las redes “su muerte inesperada”.

 

Las declaraciones del Capitán Malagón sobre los narcogenerales

En 2010, cuando el capitán Malagón se dio cuenta de las irregularidades de su proceso judicial, –acusado de homicidio del capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano Alarcón–, empezó a hacer las denuncias formales sobre la narco-corrupción de los generales de la SEDENA. Él confiaba en su jefe inmediato el general Jorge Juárez Loera, quien fue el primero en saber que el escolta de Lozano Alarcón reclutaba militares y entraba al Campo Militar Número 1, acompañado del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Meses después de las denuncias del capitán Malagón, el general Juárez Loera fue ejecutado, y el móvil de su muerte fue fabricado como crimen pasional.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán Malagón hizo recuento de la pugna que había entre los generales del gobierno de Felipe Calderón, porque operaban para los diferentes cárteles de la droga. Uno de los principales generales que destacó por su corrupción y crueldad en operaciones represivas contra el grupo izquierdista de Lucio Cabañas, en los años setenta, en Guerrero, fue Mario Arturo Acosta Chaparro, recluido junto con Humberto Quiroz Hermosillo, en agosto del año 2000, en el Campo Militar Número Uno, y en septiembre de 2002, se le dictó auto de formal prisión por el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar. Ese mismo año, se le vinculó con el Cártel de Juárez, y específicamente por dar protección a Amado Carrillo.

De acuerdo con el testimonio del capitán Malagón, Acosta Chaparro “fue uno de los peores militares”, y fue acusado por el general Clemente Ricardo Vega García. En ese entonces, el presidente del Consejo de Guerra era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien sentenció a Acosta Chaparro a 30 años de prisión, pero en juicio se redujo su pena a 15 años. Sin embargo, el general Guillermo Galván Galván lo liberó seis años y diez meses después. Tiempo en que fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2008, junto a un grupo de generales con trayectorias controvertidas por la cercanía con los líderes de los cárteles, el mismo año de la controvertida muerte del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el subprocurador de SEIDO José Luis Santiago Vasconcelos. Mientras el general Acosta Chaparro se empezó a desempeñar como negociador del gobierno federal con La Familia Michoacana, con algunos líderes de Los Zetas, y operadores principales del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. En 2010 sufrió un atentado y fue ejecutado en 2012. Después de su ejecución, el general Salvador Cienfuegos empezó a acosar al general Dauahare, quien ya se disputaba la titularidad de la SEDENA, y atribuían a Dauahare el asesinato de Acosta Chaparro. Pero por órdenes de Felipe Calderón, el general Galván encarceló al general Dauahare. 

Sin embargo, el capitán Malagón, en entrevista, señala que el general Dauahare era un mafioso, pero no un asesino. En cambio, se refiere al general Salvador Cienfuegos como tal:

“Yo no lo considero a él un narcotraficante, lo considero un asesino. Él es a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué lo considero un asesino? Bueno, porque conscientemente ha habido muchas muertes misteriosas alrededor de él. Su hija ha enviudado tres veces, la muerte del general Acosta Chaparro, encarceló a mi general Dauahare para que no le impidiera llegar a ser secretario de la Defensa Nacional, hubo muchas cosas… los generales estaban involucrados en el narcotráfico”.

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‘No odio a nadie, pero lamento su situación’: AMLO sobre Lorenzo Córdova

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mañanera hoy AMLO

 

Por Francisco Rodríguez

En una mañanera de “a quien le quede el saco,” el presidente lamenta que se confunda el nivel académico con la cultura y de ejemplo utilizó a Lorenzo Córdova, titular del INE, quien en una entrevista dijo tener miedo de ser perseguido ahora que deje el cargo, “no tiene problema, él es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante, no es el más malo de ese grupo, hay peores, lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, un hombre excepcional, pero así suele pasar con los hijos, con los nietos. Él no tiene principios…y también demuestra que no, los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Él tiene doctorado y es racista. No se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay científicos muy ignorantes. Lo mal aconsejaron…No odio a nadie, lamento su situación…”.

De tu interés: Camino a la vergüenza internacional – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

En los avances del Tren Maya, el Director de Fonatur, Javier May, presentó el desarrollo de manera integral del tramo 3 de la obra y los beneficios que tendrá en el estado de Yucatán. En compañía del Gobernador, Mauricio Vila, se informó que este tramo beneficiará al estado con desarrollo económico, empleos y más obras culturales y ambientales. Además, el mandatario estatal presentó el programa del transporte Va y Ven, que se conforma de los camiones más modernos y ecológicos de toda América Latina. Por su parte, Luis Cresencio Sandoval y otros integrantes de la SEDENA hablaron de la construcción de las oficinas de la empresa a su cargo que operará el Tren Maya y el restablecimiento de dos parques. Asimismo, Diego Prieto, titular del INAH mencionó el programa de rehabilitación y preservación en las zonas culturales y arqueológicas del estado.

El gobernador Vila agradeció a la CFE por la construcción de un parque de energía solar y por el cierre de una brecha en el sureste por tener gas natural en ese estado.

Aclaró que no hay ninguna denuncia o alguna carpeta de investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna, dejó en claro que las autoridades de México están esperando los resultados del juicio en EE.UU. Además, reveló que “cuando llegué a la presidencia me vi rebasado en mis consideraciones de lo que consideraba corrupción.”

Evitó criticar al exsecretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, luego de asegurar que el canciller Marcelo Ebrard había aceptado el programa de “Quédate en México, sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores, “no me meto en eso, amor y paz…se tuvo muy buena relación con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden.”

Finalmente, informó que se reunirá esta semana con la CEO de Citigroup, Jan Fraser, y confió en que ya habrá comprador para Banamex.

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Justicia pendiente

OMS mantiene alerta máxima contra pandemia de Covid-19 a 3 años de inicio de contingencia

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A tres años de haber declarado el inicio de la pandemia de Covid-19 en el mundo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que mantienen la alerta máxima por la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El responsable de la OMS sostuvo que siguen las recomendaciones sobre las medidas de bioseguridad en el mundo, debido a que continúa como una enfermedad con una elevada presencia entre la población.

De acuerdo con el titular de la OMS, se han presentado casos al alza en el planeta, principalmente en aquellas regiones donde se han relajado las medidas de bioseguridad como el uso de cubrebocas en espacios públicos, así como concentración elevada de la población.

Recordó que en los últimos dos meses esta enfermedad ha causado más de 174 mil muertes en el mundo, y desde que se contabilizó el primer padecimiento en diciembre de 2019 se han reportado un total de seis millones 804 mil 491 decesos por esta enfermedad.

Asimismo, llamó a las autoridades de los diferentes países continuar con las campañas de vacunación en la población, principalmente para los sectores más vulnerables que padecen factores de comorbilidad como la hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo y diabetes.

La OMS señaló el 30 de enero de 2020 el inicio de la emergencia sanitaria ocasionada por el incremento de casos de Covid-19 en China y que se podrían propagar por el resto del mundo causando una contingencia sanitaria global.

 

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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