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Mexico Violento

Narco-Estado: La pugna entre generales, desde el gobierno de Salinas de Gortari

La infiltración del narcotráfico en las instituciones de Seguridad y Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

A principios de 2017, el general Dauahare visitó el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. Quienes lo atestiguaron fueron internos y custodios. Para todos, una sorpresa que el militar de alto rango visitara el dormitorio 2. ¿Qué hacía el general que había sido acusado de narcotráfico al final del sexenio de Felipe Calderón y excarcelado en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en la celda de uno de los miembros de los Beltrán Leyva? Semanas después, el recluso sería extraditado a los Estados Unidos y un hermano de sus operadores sería abatido en Tepic, Nayarit, por elementos de la Secretaría de la Marina.

Entre los testigos del penal se encontraba el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, quien en 2010 trabajaba para Inteligencia militar de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y era responsable de la seguridad del edificio de la institución. Privado de su libertad en el mismo reclusorio, el capitán Malagón pidió al general Dauahare ayuda con su caso, un proceso judicial lleno de irregularidades con el que fue sentenciado por homicidio, y torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 de junio de 2010, para proteger al entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, relacionado con el Cártel de Sinaloa directamente por su escolta personal Carlos Antonio Alemán Pérez, quien operaba con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán y reclutaba militares en el Campo militar Número 1.

El general Dauahare, desde 1995, y antes incluso, había sido mencionado de estar relacionado con grupos delictivos. Uno de estos hechos fue señalado por el hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico y procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997. El general Gutiérrez murió por enfermedad en diciembre de 2013, y su hijo, César Gutiérrez Priego, emprendió una campaña para limpiar su imagen revelando que su padre había sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el portal de Aristegui Noticias, enumeró cuatro puntos de la situación, en la que señaló al general Dauahare:

“1) Jesús Gutiérrez Rebollo encabezó los tres operativos para detener a Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’, que resultaron frustrados por filtraciones de información desde el Ejército.

2) En 1995, dirigió la operación de aseguramiento de 12 millones de dólares en efectivo en una aeronave en el estado de Nayarit. El dinero lo entregó al general Tomás Ángeles Dauahare, secretario particular del titular de la SEDENA, para que lo entregara a su vez al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. Durante dos años el dinero no apareció, hasta 1997, cuando Gutiérrez Rebollo fue detenido y denunció este hecho.

3) En 1997, Gutiérrez Rebollo declinó asistir a la boda de León de Jesús Zedillo Hernández, celebrada en Colima, en casa de un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, a la que acudió la familia del presidente Ernesto Zedillo, custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, y –según la familia Gutiérrez Rebollo- asistieron también los hermanos (José de Jesús, Adán y Luis) Amezcua Contreras, que encabezaban el Cártel de Colima.

4) La actuación del general Cervantes Aguirre. La operación para detener a Gutiérrez Rebollo fue operada por el general Tomás Ángeles Dauahare, quien usó el sobrenombre de Alfil y en nombre de Cervantes amenazó a los familiares del general”.

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, quien fue dado de baja en el Ejército por el general Dauahare, después de varios arrestos –según su testimonio, como muchos militares mexicanos que no se sometieron en silencio a los abusos e ilegalidades de sus jerarcas­ en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón–, en enero de 2012, pidió públicamente en las redes sociales que si lo llegaban a matar no se le vinculara al narcotráfico. Ya antes había denunciado que el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tenían acceso total a la agenda de los cárteles de la droga. Desde entonces, el sargento ha denunciado violaciones de derechos laborales a militares, violaciones de derechos humanos o que han sido incriminados por supuestos vínculos con el narcotráfico para quitarlos de en medio. Los que han corrido con suerte, están dados de baja o están cumpliendo condenas injustamente.

En nueva entrevista ocho años después, Vázquez Álvarez reitera que militares de alto rango operaban con los cárteles de la droga, y que el general Dauahare le había ordenado que asistiera al curso de la Escuela de las Américas, donde se enseña a militares a torturar. Por su negativa a aceptar dicha orden, fue arrestado con frecuencia hasta causar baja. También señala que el general Cervantes Aguirre y el general Dauahare, entonces secretario particular, actuaron contra el general Gutiérrez Rebollo, quien “sí estaba trabajando contra el narcotráfico, y tan es así que él estaba investigando a la esposa de Ernesto Zedillo por sus nexos con el Cártel de Colima, y por haber estado a punto de atrapar a Amado Carrillo, jefe de Cervantes Aguirre y de Dauahare”.

PGR, CISEN, y SEDENA en el mismo equipo

Cuando el general Gutiérrez Rebollo fue designado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular era Jorge Espejel Contreras, que de acuerdo con la información del periodista Miguel Badillo, publicada por El Universal, en ese entonces aspiraba a ser director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y destacaba su trayectoria con Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, dos cabezas que controlaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta poco antes de que Eduardo Medina Mora, lograra el aval de la no infiltración del narcotráfico en 2001, por parte de supuestos “expertos”, con Vicente Fox.

El general Jorge Carrillo Olea, dentro de PGR, fue el coordinador general de Atención y Lucha contra el Narcotráfico, bajo la administración de Salinas de Gortari; y uno de sus colaboradores fue Luis Cárdenas Palomino, quien había ingresado al CISEN en 1989, junto con Genaro García Luna, y en 1993 dirigía operativos para el “control de drogas”, desde la PGR.

Jorge Espejel Contreras, además de trabajar para el general Carrillo Olea, trabajó también para el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Samuel González Ruiz, –conocido por ser uno de los abogados de Isabel Miranda Torres, que ayudaron a fabricar las pruebas del ‘caso Wallace’. Pero en 1999, el abogado fue denunciado por The Washington Post de dar protección al Cártel del Golfo, y se valía de Cuauhtémoc Herrera Suastegui para recoger la recompensa del crimen y entregar información sensible del gobierno. González Ruiz también fue denunciado por el primer comandante Horacio Brunt Acosta de liberar al hermano de Juan García Ábrego, a Humberto, detenido por el comandante en 1994, quien además de capturar a los hermanos García Ábrego, detuvo a su operador financiero Carlos Resendez Bertolucci y a José Luis Sosa Mayorga, “El Cabezón”, coordinador de los vuelos con cargas de cocaína desde Colombia y Guatemala hacia México. González y sus subalternos Herrera y Espejel también fueron denunciados por dar protección a los hermanos Patiño Esquivel, expolicías federales que trabajaron para el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo.

Después de las capturas del comandante Brunt, Samuel González Ruiz y Herrera Suastegui desataron una persecución contra él y le fabricaron delitos como narcotraficante para quitarlo de en medio. González fue removido de la PGR, y fue adscrito al Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox, en el 2000. Jorge Espejel Contreras, exsecretario particular del general Gutiérrez Rebollo, fue quien llevó el expediente fabricado contra Brunt Acosta, desde el Enlace Internacional de la PGR a los tribunales españoles, país al que se había exiliado el comandante para salvar su vida, y donde enfrentó los juicios por falsas imputaciones de la UEDO –hoy SEIDO–, de los cuales en todos salió exonerado.

Herrera Suastegui, de acuerdo con la prensa de la Ciudad de México, había sido ejecutado el 24 marzo del 2000, pero horas después se rectificó en El Universal que había librado el atentado, e incluso había ido a la PGR a declarar dos días después. En entrevista con López Dóriga, incluso habló de su estancia en España después del atentado. El atentado se dio minutos antes de su cita para ir a declarar a la PGR, por la denuncia del comandante Brunt Acosta, quien había intervenido su bíper con instrucciones para un encuentro entre Herrera Suastegui y el narcotraficante Sosa Mayorga, del Cártel del Golfo. Espejel Contreras, por su parte, siguió inmiscuido en la burocracia; en 2005, despachaba como director de información de la Secretaría de la Función Pública, y en 2007 se anunció en las redes “su muerte inesperada”.

 

Las declaraciones del Capitán Malagón sobre los narcogenerales

En 2010, cuando el capitán Malagón se dio cuenta de las irregularidades de su proceso judicial, –acusado de homicidio del capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano Alarcón–, empezó a hacer las denuncias formales sobre la narco-corrupción de los generales de la SEDENA. Él confiaba en su jefe inmediato el general Jorge Juárez Loera, quien fue el primero en saber que el escolta de Lozano Alarcón reclutaba militares y entraba al Campo Militar Número 1, acompañado del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Meses después de las denuncias del capitán Malagón, el general Juárez Loera fue ejecutado, y el móvil de su muerte fue fabricado como crimen pasional.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán Malagón hizo recuento de la pugna que había entre los generales del gobierno de Felipe Calderón, porque operaban para los diferentes cárteles de la droga. Uno de los principales generales que destacó por su corrupción y crueldad en operaciones represivas contra el grupo izquierdista de Lucio Cabañas, en los años setenta, en Guerrero, fue Mario Arturo Acosta Chaparro, recluido junto con Humberto Quiroz Hermosillo, en agosto del año 2000, en el Campo Militar Número Uno, y en septiembre de 2002, se le dictó auto de formal prisión por el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar. Ese mismo año, se le vinculó con el Cártel de Juárez, y específicamente por dar protección a Amado Carrillo.

De acuerdo con el testimonio del capitán Malagón, Acosta Chaparro “fue uno de los peores militares”, y fue acusado por el general Clemente Ricardo Vega García. En ese entonces, el presidente del Consejo de Guerra era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien sentenció a Acosta Chaparro a 30 años de prisión, pero en juicio se redujo su pena a 15 años. Sin embargo, el general Guillermo Galván Galván lo liberó seis años y diez meses después. Tiempo en que fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2008, junto a un grupo de generales con trayectorias controvertidas por la cercanía con los líderes de los cárteles, el mismo año de la controvertida muerte del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el subprocurador de SEIDO José Luis Santiago Vasconcelos. Mientras el general Acosta Chaparro se empezó a desempeñar como negociador del gobierno federal con La Familia Michoacana, con algunos líderes de Los Zetas, y operadores principales del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. En 2010 sufrió un atentado y fue ejecutado en 2012. Después de su ejecución, el general Salvador Cienfuegos empezó a acosar al general Dauahare, quien ya se disputaba la titularidad de la SEDENA, y atribuían a Dauahare el asesinato de Acosta Chaparro. Pero por órdenes de Felipe Calderón, el general Galván encarceló al general Dauahare. 

Sin embargo, el capitán Malagón, en entrevista, señala que el general Dauahare era un mafioso, pero no un asesino. En cambio, se refiere al general Salvador Cienfuegos como tal:

“Yo no lo considero a él un narcotraficante, lo considero un asesino. Él es a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué lo considero un asesino? Bueno, porque conscientemente ha habido muchas muertes misteriosas alrededor de él. Su hija ha enviudado tres veces, la muerte del general Acosta Chaparro, encarceló a mi general Dauahare para que no le impidiera llegar a ser secretario de la Defensa Nacional, hubo muchas cosas… los generales estaban involucrados en el narcotráfico”.

Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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