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Mexico Violento

Narco-Estado: La pugna entre generales, desde el gobierno de Salinas de Gortari

La infiltración del narcotráfico en las instituciones de Seguridad y Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

A principios de 2017, el general Dauahare visitó el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. Quienes lo atestiguaron fueron internos y custodios. Para todos, una sorpresa que el militar de alto rango visitara el dormitorio 2. ¿Qué hacía el general que había sido acusado de narcotráfico al final del sexenio de Felipe Calderón y excarcelado en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en la celda de uno de los miembros de los Beltrán Leyva? Semanas después, el recluso sería extraditado a los Estados Unidos y un hermano de sus operadores sería abatido en Tepic, Nayarit, por elementos de la Secretaría de la Marina.

Entre los testigos del penal se encontraba el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, quien en 2010 trabajaba para Inteligencia militar de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y era responsable de la seguridad del edificio de la institución. Privado de su libertad en el mismo reclusorio, el capitán Malagón pidió al general Dauahare ayuda con su caso, un proceso judicial lleno de irregularidades con el que fue sentenciado por homicidio, y torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 de junio de 2010, para proteger al entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, relacionado con el Cártel de Sinaloa directamente por su escolta personal Carlos Antonio Alemán Pérez, quien operaba con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán y reclutaba militares en el Campo militar Número 1.

El general Dauahare, desde 1995, y antes incluso, había sido mencionado de estar relacionado con grupos delictivos. Uno de estos hechos fue señalado por el hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico y procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997. El general Gutiérrez murió por enfermedad en diciembre de 2013, y su hijo, César Gutiérrez Priego, emprendió una campaña para limpiar su imagen revelando que su padre había sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el portal de Aristegui Noticias, enumeró cuatro puntos de la situación, en la que señaló al general Dauahare:

«1) Jesús Gutiérrez Rebollo encabezó los tres operativos para detener a Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’, que resultaron frustrados por filtraciones de información desde el Ejército.

2) En 1995, dirigió la operación de aseguramiento de 12 millones de dólares en efectivo en una aeronave en el estado de Nayarit. El dinero lo entregó al general Tomás Ángeles Dauahare, secretario particular del titular de la SEDENA, para que lo entregara a su vez al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. Durante dos años el dinero no apareció, hasta 1997, cuando Gutiérrez Rebollo fue detenido y denunció este hecho.

3) En 1997, Gutiérrez Rebollo declinó asistir a la boda de León de Jesús Zedillo Hernández, celebrada en Colima, en casa de un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, a la que acudió la familia del presidente Ernesto Zedillo, custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, y –según la familia Gutiérrez Rebollo- asistieron también los hermanos (José de Jesús, Adán y Luis) Amezcua Contreras, que encabezaban el Cártel de Colima.

4) La actuación del general Cervantes Aguirre. La operación para detener a Gutiérrez Rebollo fue operada por el general Tomás Ángeles Dauahare, quien usó el sobrenombre de Alfil y en nombre de Cervantes amenazó a los familiares del general”.

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, quien fue dado de baja en el Ejército por el general Dauahare, después de varios arrestos –según su testimonio, como muchos militares mexicanos que no se sometieron en silencio a los abusos e ilegalidades de sus jerarcas­ en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón–, en enero de 2012, pidió públicamente en las redes sociales que si lo llegaban a matar no se le vinculara al narcotráfico. Ya antes había denunciado que el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tenían acceso total a la agenda de los cárteles de la droga. Desde entonces, el sargento ha denunciado violaciones de derechos laborales a militares, violaciones de derechos humanos o que han sido incriminados por supuestos vínculos con el narcotráfico para quitarlos de en medio. Los que han corrido con suerte, están dados de baja o están cumpliendo condenas injustamente.

En nueva entrevista ocho años después, Vázquez Álvarez reitera que militares de alto rango operaban con los cárteles de la droga, y que el general Dauahare le había ordenado que asistiera al curso de la Escuela de las Américas, «donde se enseña a militares a torturar». Por su negativa a aceptar dicha orden, fue arrestado con frecuencia hasta causar baja. También señala que el general Cervantes Aguirre y el general Dauahare, entonces secretario particular, actuaron contra el general Gutiérrez Rebollo, quien “sí estaba trabajando contra el narcotráfico, y tan es así que él estaba investigando a la esposa de Ernesto Zedillo por sus nexos con el Cártel de Colima, y por haber estado a punto de atrapar a Amado Carrillo, jefe de Cervantes Aguirre y de Dauahare”.

PGR, CISEN, y SEDENA en el mismo equipo

Cuando el general Gutiérrez Rebollo fue designado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular era Jorge Espejel Contreras, que de acuerdo con la información del periodista Miguel Badillo, publicada por El Universal, en ese entonces aspiraba a ser director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y destacaba su trayectoria con Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, dos cabezas que controlaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta poco antes de que Eduardo Medina Mora, lograra el aval de la no infiltración del narcotráfico en 2001, por parte de supuestos “expertos”, con Vicente Fox.

El general Jorge Carrillo Olea, dentro de PGR, fue el coordinador general de Atención y Lucha contra el Narcotráfico, bajo la administración de Salinas de Gortari; y uno de sus colaboradores fue Luis Cárdenas Palomino, quien había ingresado al CISEN en 1989, junto con Genaro García Luna, y en 1993 dirigía operativos para el «control de drogas», desde la PGR.

 

Jorge Espejel Contreras, además de trabajar para el general Carrillo Olea, trabajó también para el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Samuel González Ruiz, –conocido por ser uno de los abogados de Isabel Miranda Torres, que ayudaron a fabricar las pruebas del ‘caso Wallace’. Pero en 1999, el abogado González Ruiz fue denunciado por The Washington Post de dar protección al Cártel del Golfo, y se valía de Cuauhtémoc Herrera Suastegui para recoger la recompensa del crimen y entregar información sensible del gobierno. González Ruiz también fue denunciado por el primer comandante Horacio Brunt Acosta de liberar al hermano de Juan García Ábrego, a Humberto, detenido por el comandante en 1994, quien además de capturar a los hermanos García Ábrego, detuvo a su operador financiero Carlos Resendez Bertolucci y a José Luis Sosa Mayorga, «El Cabezón», coordinador de los vuelos con cargas de cocaína desde Colombia y Guatemala hacia México. González y sus subalternos Herrera y Espejel también fueron denunciados por dar protección a los hermanos Patiño Esquivel, ex policías federales que trabajaron para el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo.

Después de las capturas del comandante Brunt, Samuel González Ruiz y Herrera Suastegui desataron una persecución contra él y le fabricaron delitos como narcotraficante para quitarlo de en medio. González fue removido de la PGR y fue adscrito al Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox, en el 2000. Jorge Espejel Contreras, exsecretario particular del general Gutiérrez Rebollo, fue quien llevó el expediente fabricado contra Brunt Acosta, desde el Enlace Internacional de la PGR a los tribunales españoles, país al que se había exiliado el comandante para salvar su vida, y donde enfrentó los juicios por falsas imputaciones de la UEDO –hoy SEIDO–, de los cuales en todos salió exonerado.

Herrera Suastegui, de acuerdo con la prensa de la Ciudad de México, había sido ejecutado el 24 marzo del 2000, pero horas después se rectificó en El Universal que había librado el atentado, e incluso había ido a la PGR a declarar dos días después. En entrevista con López Dóriga, incluso habló de su estancia en España después del atentado. El atentado se dio minutos antes de su cita para ir a declarar a la PGR, por la denuncia del comandante Brunt Acosta, quien había intervenido su bíper con instrucciones para un encuentro entre Herrera Suastegui y el narcotraficante Sosa Mayorga, del Cártel del Golfo. Espejel Contreras, por su parte, siguió inmiscuido en la burocracia; en 2005, despachaba como director de información de la Secretaría de la Función Pública, y en 2007 se anunció en las redes “su muerte inesperada”.

 

Las declaraciones del Capitán Malagón sobre los narcogenerales

En 2010, cuando el capitán Malagón se dio cuenta de las irregularidades de su proceso judicial, –acusado de homicidio del capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano Alarcón–, empezó a hacer las denuncias formales sobre la narco-corrupción de los generales de la SEDENA. Él confiaba en su jefe inmediato el general Jorge Juárez Loera, quien fue el primero en saber que el escolta de Lozano Alarcón reclutaba militares y entraba al Campo Militar Número 1, acompañado del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Meses después de las denuncias del capitán Malagón, el general Juárez Loera fue ejecutado, y el móvil de su muerte fue fabricado como crimen pasional.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán Malagón hizo recuento de la pugna que había entre los generales del gobierno de Felipe Calderón, porque operaban para los diferentes cárteles de la droga. Uno de los principales generales que destacó por su corrupción y crueldad en operaciones represivas contra el grupo izquierdista de Lucio Cabañas, en los años setenta, en Guerrero, fue Mario Arturo Acosta Chaparro, recluido junto con Humberto Quiroz Hermosillo, en agosto del año 2000, en el Campo Militar Número Uno, y en septiembre de 2002, se le dictó auto de formal prisión por el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar. Ese mismo año, se le vinculó con el Cártel de Juárez, y específicamente por dar protección a Amado Carrillo.

De acuerdo con el testimonio del capitán Malagón, Acosta Chaparro “fue uno de los peores militares”, y fue acusado por el general Clemente Ricardo Vega García. En ese entonces, el presidente del Consejo de Guerra era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien sentenció a Acosta Chaparro a 30 años de prisión, pero en juicio se redujo su pena a 15 años. Sin embargo, el general Guillermo Galván Galván lo liberó seis años y diez meses después. Tiempo en que fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2008, junto a un grupo de generales con trayectorias controvertidas por la cercanía con los líderes de los cárteles, el mismo año de la controvertida muerte del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el subprocurador de SEIDO José Luis Santiago Vasconcelos. Mientras el general Acosta Chaparro se empezó a desempeñar como negociador del gobierno federal con La Familia Michoacana, con algunos líderes de Los Zetas, y operadores principales del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. En 2010 sufrió un atentado y fue ejecutado en 2012. Después de su ejecución, el general Salvador Cienfuegos empezó a acosar al general Dauahare, quien ya se disputaba la titularidad de la SEDENA, y atribuían a Dauahare el asesinato de Acosta Chaparro. Pero por órdenes de Felipe Calderón, el general Galván encarceló al general Dauahare. 

Sin embargo, el capitán Malagón, en entrevista, señala que el general Dauahare era un mafioso, pero no un asesino. En cambio, se refiere al general Salvador Cienfuegos como tal:

“Yo no lo considero a él un narcotraficante, lo considero un asesino. Él es a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué lo considero un asesino? Bueno, porque conscientemente ha habido muchas muertes misteriosas alrededor de él. Su hija ha enviudado tres veces, la muerte del general Acosta Chaparro, encarceló a mi general Dauahare para que no le impidiera llegar a ser secretario de la Defensa Nacional, hubo muchas cosas… los generales estaban involucrados en el narcotráfico”.

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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La red en lucha

México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

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barco exploración minera méxico

Por Emilio Godoy

MÉXICO – La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad mundial con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (Nori).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver.

Pero ISA, con sede en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales», dijo Ornela Garelli, de la campaña de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

Para saber más del tema: Pueblos de Oaxaca se unen para defender sus tierras de la minería

 

Consideró que «no se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas SA adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60 331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10 000” y “Petrobras II 10 000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su propietaria lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las Islas Canarias (España) y el Canal de Panamá, en julio.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde Nori posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3600 toneladas de nódulos polimetálicos.

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 Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina.

Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso con el fin de explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta que apareció la polémica por la minería marina, que enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, aunque podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27 Asamblea General celebrada en agosto  se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

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Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas SA, calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida.

No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura.

El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3540 millones de razones para oponerse a esa actividad.

Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

 

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas SA, filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

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Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

 

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Mexico Violento

Comunidades de Nochixtlán en conflicto por destrucción de caminos históricos por parte de autoridades

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nochixtlan en conflicto por pavimentación de caminos

Por Miguel Montesinos León

En los trabajos de pavimentación de caminos rurales a cabeceras municipales, la autoridad municipal de San Pedro Cozcaltepec Cántaros y una familia cercana a ésta, de manera arbitraria, utilizaron un camino histórico de Asunción Nochixtlán, causando desperfectos.

El Camino Real al Parían cruza la comunidad de Nochixtlán y por el crecimiento urbano este camino sólo cuenta con dos tramos todavía visibles y transitables, el primero se encuentra entrando a la comunidad de Nochixtlán frente al lugar conocido como Los azulejos; el segundo se ubica en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), y es este último el camino que destruyeron parcialmente los vehículos que circulan de Nochixtlán a las comunidades de Coxcaltepec Cántaros, San Pedro Quilitongo, Santiago Huahutlilla y viceversa.

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Debido a ello, ciudadanos originarios de Nochixtlán que han preservado el Camino Real al Parían a través de tequios, bloquearon el paso a los vehículos y con ello pidieron la intervención de las autoridades municipales de las comunidades involucradas.

Mediante esta acción los vecinos afectados lograron que las autoridades de las comunidades mencionadas aceptaran reparar los daños que causaron y firmaron un acuerdo por lo que los trabajos de rehabilitación inician este lunes 26 de septiembre, de no cumplir con lo acordado los vecinos realizarán manifestaciones y bloqueos.

El acuerdo que firmaron los vecinos del Camino Real al Parían con las autoridades municipales en el que acordaron iniciar los trabajos de rehabilitación afectada no se cumplió por lo que los afectados se están organizando para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo acordado.

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Itayee Cruz Guevara, titular del Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado en Nochixtlán y siendo la dependencia del gobierno federal que debe coadyuvar y velar por el bienestar de los pueblos afectados, aun cuando firmó como testigo dicho acuerdo, no mostrado interés en solucionar el problema, y cuando se le solicita su intervención en algún conflicto relacionado a la pavimentación de caminos rurales dice que el INPI no tiene injerencia, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente qué el INPI es la parte operativa del programa de pavimentación en Oaxaca y en los estados donde se ha implementado este apoyo a las cabeceras municipales.

acuerdo sobre reparacion caminos

Acuerdo de reparación de los caminos.

Los caminos antiguos

Dentro de los trabajos a realizarse el más importante es el muro que el agua de las lluvias se llevó por desviar estas aguas de manera deliberada en un puente que data de la época del Porfiriato. Se trata de un camino histórico, que por él transitaron en su momento los arrieros provenientes de la costa oaxaqueña y de comunidades de la región del estado de Guerrero mismos que recorrían comunidades pertenecientes al Distrito de Huajuapan de León.

Este camino tiene históricas anécdotas y en algunas comunidades todavía se conservan partes de su construcción original. En el tramo de Huajuapan a Santiago Juxtlahuaca se encuentra “el Espinazo del Diablo”, esta parte del Camino real que pasa en el costado del cerro, es una pendiente prolongada y es una vereda que asemeja un espinazo y por el gran peligro que representa para el paso de las personas y animales de carga se le denominó así; y es que los animales de carga se tenían que enfilar, y de ahí se deriva la expresión “hilo, hilo, hilo”, que es como los arrieros le decían a sus animales de carga para que hicieran una sola fila.

En Sinaxtla, las personas de edad avanzada que narraban sobre el paso de los arrieros comentaban que eran muchas las caravanas que pasaban por la comunidad, y aludían al gran número de las mismas para trasladar mercancías que llegaban al país en barco, y luego eran llevadas a la capital del país. Otras, eran llevadas a Parían para de ahí embarcarlas en el tren de carga o la ciudad de Oaxaca.

 

La comunidad del Parían fue la estación del tren lo mismo que G. Olivera, más importante para quienes viajaban a las ciudades de Tehuacán, Puebla, Veracruz, México y a la capital de Oaxaca. Al paso del tiempo las personas adultas recuerdan con nostalgia como esta actividad desapareció al igual las dos comunidades que parcialmente desaparecieron con la llegada de vehículos de transporte de carga y desaparecieron con la privatización del ferrocarril.

 

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