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Mexico Violento

Narco-Estado: La pugna entre generales, desde el gobierno de Salinas de Gortari

La infiltración del narcotráfico en las instituciones de Seguridad y Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

A principios de 2017, el general Dauahare visitó el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. Quienes lo atestiguaron fueron internos y custodios. Para todos, una sorpresa que el militar de alto rango visitara el dormitorio 2. ¿Qué hacía el general que había sido acusado de narcotráfico al final del sexenio de Felipe Calderón y excarcelado en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en la celda de uno de los miembros de los Beltrán Leyva? Semanas después, el recluso sería extraditado a los Estados Unidos y un hermano de sus operadores sería abatido en Tepic, Nayarit, por elementos de la Secretaría de la Marina.

Entre los testigos del penal se encontraba el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, quien en 2010 trabajaba para Inteligencia militar de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y era responsable de la seguridad del edificio de la institución. Privado de su libertad en el mismo reclusorio, el capitán Malagón pidió al general Dauahare ayuda con su caso, un proceso judicial lleno de irregularidades con el que fue sentenciado por homicidio, y torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 de junio de 2010, para proteger al entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, relacionado con el Cártel de Sinaloa directamente por su escolta personal Carlos Antonio Alemán Pérez, quien operaba con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán y reclutaba militares en el Campo militar Número 1.

El general Dauahare, desde 1995, y antes incluso, había sido mencionado de estar relacionado con grupos delictivos. Uno de estos hechos fue señalado por el hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico y procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997. El general Gutiérrez murió por enfermedad en diciembre de 2013, y su hijo, César Gutiérrez Priego, emprendió una campaña para limpiar su imagen revelando que su padre había sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el portal de Aristegui Noticias, enumeró cuatro puntos de la situación, en la que señaló al general Dauahare:

“1) Jesús Gutiérrez Rebollo encabezó los tres operativos para detener a Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’, que resultaron frustrados por filtraciones de información desde el Ejército.

2) En 1995, dirigió la operación de aseguramiento de 12 millones de dólares en efectivo en una aeronave en el estado de Nayarit. El dinero lo entregó al general Tomás Ángeles Dauahare, secretario particular del titular de la SEDENA, para que lo entregara a su vez al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. Durante dos años el dinero no apareció, hasta 1997, cuando Gutiérrez Rebollo fue detenido y denunció este hecho.

3) En 1997, Gutiérrez Rebollo declinó asistir a la boda de León de Jesús Zedillo Hernández, celebrada en Colima, en casa de un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, a la que acudió la familia del presidente Ernesto Zedillo, custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, y –según la familia Gutiérrez Rebollo- asistieron también los hermanos (José de Jesús, Adán y Luis) Amezcua Contreras, que encabezaban el Cártel de Colima.

4) La actuación del general Cervantes Aguirre. La operación para detener a Gutiérrez Rebollo fue operada por el general Tomás Ángeles Dauahare, quien usó el sobrenombre de Alfil y en nombre de Cervantes amenazó a los familiares del general”.

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, quien fue dado de baja en el Ejército por el general Dauahare, después de varios arrestos –según su testimonio, como muchos militares mexicanos que no se sometieron en silencio a los abusos e ilegalidades de sus jerarcas­ en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón–, en enero de 2012, pidió públicamente en las redes sociales que si lo llegaban a matar no se le vinculara al narcotráfico. Ya antes había denunciado que el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tenían acceso total a la agenda de los cárteles de la droga. Desde entonces, el sargento ha denunciado violaciones de derechos laborales a militares, violaciones de derechos humanos o que han sido incriminados por supuestos vínculos con el narcotráfico para quitarlos de en medio. Los que han corrido con suerte, están dados de baja o están cumpliendo condenas injustamente.

En nueva entrevista ocho años después, Vázquez Álvarez reitera que militares de alto rango operaban con los cárteles de la droga, y que el general Dauahare le había ordenado que asistiera al curso de la Escuela de las Américas, donde se enseña a militares a torturar. Por su negativa a aceptar dicha orden, fue arrestado con frecuencia hasta causar baja. También señala que el general Cervantes Aguirre y el general Dauahare, entonces secretario particular, actuaron contra el general Gutiérrez Rebollo, quien “sí estaba trabajando contra el narcotráfico, y tan es así que él estaba investigando a la esposa de Ernesto Zedillo por sus nexos con el Cártel de Colima, y por haber estado a punto de atrapar a Amado Carrillo, jefe de Cervantes Aguirre y de Dauahare”.

PGR, CISEN, y SEDENA en el mismo equipo

Cuando el general Gutiérrez Rebollo fue designado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular era Jorge Espejel Contreras, que de acuerdo con la información del periodista Miguel Badillo, publicada por El Universal, en ese entonces aspiraba a ser director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y destacaba su trayectoria con Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, dos cabezas que controlaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta poco antes de que Eduardo Medina Mora, lograra el aval de la no infiltración del narcotráfico en 2001, por parte de supuestos “expertos”, con Vicente Fox.

El general Jorge Carrillo Olea, dentro de PGR, fue el coordinador general de Atención y Lucha contra el Narcotráfico, bajo la administración de Salinas de Gortari; y uno de sus colaboradores fue Luis Cárdenas Palomino, quien había ingresado al CISEN en 1989, junto con Genaro García Luna, y en 1993 dirigía operativos para el “control de drogas”, desde la PGR.

Jorge Espejel Contreras, además de trabajar para el general Carrillo Olea, trabajó también para el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Samuel González Ruiz, –conocido por ser uno de los abogados de Isabel Miranda Torres, que ayudaron a fabricar las pruebas del ‘caso Wallace’. Pero en 1999, el abogado fue denunciado por The Washington Post de dar protección al Cártel del Golfo, y se valía de Cuauhtémoc Herrera Suastegui para recoger la recompensa del crimen y entregar información sensible del gobierno. González Ruiz también fue denunciado por el primer comandante Horacio Brunt Acosta de liberar al hermano de Juan García Ábrego, a Humberto, detenido por el comandante en 1994, quien además de capturar a los hermanos García Ábrego, detuvo a su operador financiero Carlos Resendez Bertolucci y a José Luis Sosa Mayorga, “El Cabezón”, coordinador de los vuelos con cargas de cocaína desde Colombia y Guatemala hacia México. González y sus subalternos Herrera y Espejel también fueron denunciados por dar protección a los hermanos Patiño Esquivel, expolicías federales que trabajaron para el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo.

Después de las capturas del comandante Brunt, Samuel González Ruiz y Herrera Suastegui desataron una persecución contra él y le fabricaron delitos como narcotraficante para quitarlo de en medio. González fue removido de la PGR, y fue adscrito al Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox, en el 2000. Jorge Espejel Contreras, exsecretario particular del general Gutiérrez Rebollo, fue quien llevó el expediente fabricado contra Brunt Acosta, desde el Enlace Internacional de la PGR a los tribunales españoles, país al que se había exiliado el comandante para salvar su vida, y donde enfrentó los juicios por falsas imputaciones de la UEDO –hoy SEIDO–, de los cuales en todos salió exonerado.

Herrera Suastegui, de acuerdo con la prensa de la Ciudad de México, había sido ejecutado el 24 marzo del 2000, pero horas después se rectificó en El Universal que había librado el atentado, e incluso había ido a la PGR a declarar dos días después. En entrevista con López Dóriga, incluso habló de su estancia en España después del atentado. El atentado se dio minutos antes de su cita para ir a declarar a la PGR, por la denuncia del comandante Brunt Acosta, quien había intervenido su bíper con instrucciones para un encuentro entre Herrera Suastegui y el narcotraficante Sosa Mayorga, del Cártel del Golfo. Espejel Contreras, por su parte, siguió inmiscuido en la burocracia; en 2005, despachaba como director de información de la Secretaría de la Función Pública, y en 2007 se anunció en las redes “su muerte inesperada”.

 

Las declaraciones del Capitán Malagón sobre los narcogenerales

En 2010, cuando el capitán Malagón se dio cuenta de las irregularidades de su proceso judicial, –acusado de homicidio del capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano Alarcón–, empezó a hacer las denuncias formales sobre la narco-corrupción de los generales de la SEDENA. Él confiaba en su jefe inmediato el general Jorge Juárez Loera, quien fue el primero en saber que el escolta de Lozano Alarcón reclutaba militares y entraba al Campo Militar Número 1, acompañado del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Meses después de las denuncias del capitán Malagón, el general Juárez Loera fue ejecutado, y el móvil de su muerte fue fabricado como crimen pasional.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán Malagón hizo recuento de la pugna que había entre los generales del gobierno de Felipe Calderón, porque operaban para los diferentes cárteles de la droga. Uno de los principales generales que destacó por su corrupción y crueldad en operaciones represivas contra el grupo izquierdista de Lucio Cabañas, en los años setenta, en Guerrero, fue Mario Arturo Acosta Chaparro, recluido junto con Humberto Quiroz Hermosillo, en agosto del año 2000, en el Campo Militar Número Uno, y en septiembre de 2002, se le dictó auto de formal prisión por el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar. Ese mismo año, se le vinculó con el Cártel de Juárez, y específicamente por dar protección a Amado Carrillo.

De acuerdo con el testimonio del capitán Malagón, Acosta Chaparro “fue uno de los peores militares”, y fue acusado por el general Clemente Ricardo Vega García. En ese entonces, el presidente del Consejo de Guerra era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien sentenció a Acosta Chaparro a 30 años de prisión, pero en juicio se redujo su pena a 15 años. Sin embargo, el general Guillermo Galván Galván lo liberó seis años y diez meses después. Tiempo en que fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2008, junto a un grupo de generales con trayectorias controvertidas por la cercanía con los líderes de los cárteles, el mismo año de la controvertida muerte del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el subprocurador de SEIDO José Luis Santiago Vasconcelos. Mientras el general Acosta Chaparro se empezó a desempeñar como negociador del gobierno federal con La Familia Michoacana, con algunos líderes de Los Zetas, y operadores principales del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. En 2010 sufrió un atentado y fue ejecutado en 2012. Después de su ejecución, el general Salvador Cienfuegos empezó a acosar al general Dauahare, quien ya se disputaba la titularidad de la SEDENA, y atribuían a Dauahare el asesinato de Acosta Chaparro. Pero por órdenes de Felipe Calderón, el general Galván encarceló al general Dauahare. 

Sin embargo, el capitán Malagón, en entrevista, señala que el general Dauahare era un mafioso, pero no un asesino. En cambio, se refiere al general Salvador Cienfuegos como tal:

“Yo no lo considero a él un narcotraficante, lo considero un asesino. Él es a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué lo considero un asesino? Bueno, porque conscientemente ha habido muchas muertes misteriosas alrededor de él. Su hija ha enviudado tres veces, la muerte del general Acosta Chaparro, encarceló a mi general Dauahare para que no le impidiera llegar a ser secretario de la Defensa Nacional, hubo muchas cosas… los generales estaban involucrados en el narcotráfico”.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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