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Mexico Violento

Narco-Estado: La pugna entre generales, desde el gobierno de Salinas de Gortari

La infiltración del narcotráfico en las instituciones de Seguridad y Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

A principios de 2017, el general Dauahare visitó el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. Quienes lo atestiguaron fueron internos y custodios. Para todos, una sorpresa que el militar de alto rango visitara el dormitorio 2. ¿Qué hacía el general que había sido acusado de narcotráfico al final del sexenio de Felipe Calderón y excarcelado en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en la celda de uno de los miembros de los Beltrán Leyva? Semanas después, el recluso sería extraditado a los Estados Unidos y un hermano de sus operadores sería abatido en Tepic, Nayarit, por elementos de la Secretaría de la Marina.

Entre los testigos del penal se encontraba el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, quien en 2010 trabajaba para Inteligencia militar de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y era responsable de la seguridad del edificio de la institución. Privado de su libertad en el mismo reclusorio, el capitán Malagón pidió al general Dauahare ayuda con su caso, un proceso judicial lleno de irregularidades con el que fue sentenciado por homicidio, y torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 de junio de 2010, para proteger al entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, relacionado con el Cártel de Sinaloa directamente por su escolta personal Carlos Antonio Alemán Pérez, quien operaba con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán y reclutaba militares en el Campo militar Número 1.

El general Dauahare, desde 1995, y antes incluso, había sido mencionado de estar relacionado con grupos delictivos. Uno de estos hechos fue señalado por el hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico y procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997. El general Gutiérrez murió por enfermedad en diciembre de 2013, y su hijo, César Gutiérrez Priego, emprendió una campaña para limpiar su imagen revelando que su padre había sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el portal de Aristegui Noticias, enumeró cuatro puntos de la situación, en la que señaló al general Dauahare:

«1) Jesús Gutiérrez Rebollo encabezó los tres operativos para detener a Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’, que resultaron frustrados por filtraciones de información desde el Ejército.

2) En 1995, dirigió la operación de aseguramiento de 12 millones de dólares en efectivo en una aeronave en el estado de Nayarit. El dinero lo entregó al general Tomás Ángeles Dauahare, secretario particular del titular de la SEDENA, para que lo entregara a su vez al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. Durante dos años el dinero no apareció, hasta 1997, cuando Gutiérrez Rebollo fue detenido y denunció este hecho.

3) En 1997, Gutiérrez Rebollo declinó asistir a la boda de León de Jesús Zedillo Hernández, celebrada en Colima, en casa de un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, a la que acudió la familia del presidente Ernesto Zedillo, custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, y –según la familia Gutiérrez Rebollo- asistieron también los hermanos (José de Jesús, Adán y Luis) Amezcua Contreras, que encabezaban el Cártel de Colima.

4) La actuación del general Cervantes Aguirre. La operación para detener a Gutiérrez Rebollo fue operada por el general Tomás Ángeles Dauahare, quien usó el sobrenombre de Alfil y en nombre de Cervantes amenazó a los familiares del general”.

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, quien fue dado de baja en el Ejército por el general Dauahare, después de varios arrestos –según su testimonio, como muchos militares mexicanos que no se sometieron en silencio a los abusos e ilegalidades de sus jerarcas­ en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón–, en enero de 2012, pidió públicamente en las redes sociales que si lo llegaban a matar no se le vinculara al narcotráfico. Ya antes había denunciado que el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tenían acceso total a la agenda de los cárteles de la droga. Desde entonces, el sargento ha denunciado violaciones de derechos laborales a militares, violaciones de derechos humanos o que han sido incriminados por supuestos vínculos con el narcotráfico para quitarlos de en medio. Los que han corrido con suerte, están dados de baja o están cumpliendo condenas injustamente.

En nueva entrevista ocho años después, Vázquez Álvarez reitera que militares de alto rango operaban con los cárteles de la droga, y que el general Dauahare le había ordenado que asistiera al curso de la Escuela de las Américas, «donde se enseña a militares a torturar». Por su negativa a aceptar dicha orden, fue arrestado con frecuencia hasta causar baja. También señala que el general Cervantes Aguirre y el general Dauahare, entonces secretario particular, actuaron contra el general Gutiérrez Rebollo, quien “sí estaba trabajando contra el narcotráfico, y tan es así que él estaba investigando a la esposa de Ernesto Zedillo por sus nexos con el Cártel de Colima, y por haber estado a punto de atrapar a Amado Carrillo, jefe de Cervantes Aguirre y de Dauahare”.

PGR, CISEN, y SEDENA en el mismo equipo

Cuando el general Gutiérrez Rebollo fue designado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular era Jorge Espejel Contreras, que de acuerdo con la información del periodista Miguel Badillo, publicada por El Universal, en ese entonces aspiraba a ser director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y destacaba su trayectoria con Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, dos cabezas que controlaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta poco antes de que Eduardo Medina Mora, lograra el aval de la no infiltración del narcotráfico en 2001, por parte de supuestos “expertos”, con Vicente Fox.

El general Jorge Carrillo Olea, dentro de PGR, fue el coordinador general de Atención y Lucha contra el Narcotráfico, bajo la administración de Salinas de Gortari; y uno de sus colaboradores fue Luis Cárdenas Palomino, quien había ingresado al CISEN en 1989, junto con Genaro García Luna, y en 1993 dirigía operativos para el «control de drogas», desde la PGR.

 

Jorge Espejel Contreras, además de trabajar para el general Carrillo Olea, trabajó también para el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Samuel González Ruiz, –conocido por ser uno de los abogados de Isabel Miranda Torres, que ayudaron a fabricar las pruebas del ‘caso Wallace’. Pero en 1999, el abogado González Ruiz fue denunciado por The Washington Post de dar protección al Cártel del Golfo, y se valía de Cuauhtémoc Herrera Suastegui para recoger la recompensa del crimen y entregar información sensible del gobierno. González Ruiz también fue denunciado por el primer comandante Horacio Brunt Acosta de liberar al hermano de Juan García Ábrego, a Humberto, detenido por el comandante en 1994, quien además de capturar a los hermanos García Ábrego, detuvo a su operador financiero Carlos Resendez Bertolucci y a José Luis Sosa Mayorga, «El Cabezón», coordinador de los vuelos con cargas de cocaína desde Colombia y Guatemala hacia México. González y sus subalternos Herrera y Espejel también fueron denunciados por dar protección a los hermanos Patiño Esquivel, ex policías federales que trabajaron para el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo.

Después de las capturas del comandante Brunt, Samuel González Ruiz y Herrera Suastegui desataron una persecución contra él y le fabricaron delitos como narcotraficante para quitarlo de en medio. González fue removido de la PGR y fue adscrito al Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox, en el 2000. Jorge Espejel Contreras, exsecretario particular del general Gutiérrez Rebollo, fue quien llevó el expediente fabricado contra Brunt Acosta, desde el Enlace Internacional de la PGR a los tribunales españoles, país al que se había exiliado el comandante para salvar su vida, y donde enfrentó los juicios por falsas imputaciones de la UEDO –hoy SEIDO–, de los cuales en todos salió exonerado.

Herrera Suastegui, de acuerdo con la prensa de la Ciudad de México, había sido ejecutado el 24 marzo del 2000, pero horas después se rectificó en El Universal que había librado el atentado, e incluso había ido a la PGR a declarar dos días después. En entrevista con López Dóriga, incluso habló de su estancia en España después del atentado. El atentado se dio minutos antes de su cita para ir a declarar a la PGR, por la denuncia del comandante Brunt Acosta, quien había intervenido su bíper con instrucciones para un encuentro entre Herrera Suastegui y el narcotraficante Sosa Mayorga, del Cártel del Golfo. Espejel Contreras, por su parte, siguió inmiscuido en la burocracia; en 2005, despachaba como director de información de la Secretaría de la Función Pública, y en 2007 se anunció en las redes “su muerte inesperada”.

 

Las declaraciones del Capitán Malagón sobre los narcogenerales

En 2010, cuando el capitán Malagón se dio cuenta de las irregularidades de su proceso judicial, –acusado de homicidio del capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano Alarcón–, empezó a hacer las denuncias formales sobre la narco-corrupción de los generales de la SEDENA. Él confiaba en su jefe inmediato el general Jorge Juárez Loera, quien fue el primero en saber que el escolta de Lozano Alarcón reclutaba militares y entraba al Campo Militar Número 1, acompañado del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Meses después de las denuncias del capitán Malagón, el general Juárez Loera fue ejecutado, y el móvil de su muerte fue fabricado como crimen pasional.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán Malagón hizo recuento de la pugna que había entre los generales del gobierno de Felipe Calderón, porque operaban para los diferentes cárteles de la droga. Uno de los principales generales que destacó por su corrupción y crueldad en operaciones represivas contra el grupo izquierdista de Lucio Cabañas, en los años setenta, en Guerrero, fue Mario Arturo Acosta Chaparro, recluido junto con Humberto Quiroz Hermosillo, en agosto del año 2000, en el Campo Militar Número Uno, y en septiembre de 2002, se le dictó auto de formal prisión por el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar. Ese mismo año, se le vinculó con el Cártel de Juárez, y específicamente por dar protección a Amado Carrillo.

De acuerdo con el testimonio del capitán Malagón, Acosta Chaparro “fue uno de los peores militares”, y fue acusado por el general Clemente Ricardo Vega García. En ese entonces, el presidente del Consejo de Guerra era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien sentenció a Acosta Chaparro a 30 años de prisión, pero en juicio se redujo su pena a 15 años. Sin embargo, el general Guillermo Galván Galván lo liberó seis años y diez meses después. Tiempo en que fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2008, junto a un grupo de generales con trayectorias controvertidas por la cercanía con los líderes de los cárteles, el mismo año de la controvertida muerte del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el subprocurador de SEIDO José Luis Santiago Vasconcelos. Mientras el general Acosta Chaparro se empezó a desempeñar como negociador del gobierno federal con La Familia Michoacana, con algunos líderes de Los Zetas, y operadores principales del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. En 2010 sufrió un atentado y fue ejecutado en 2012. Después de su ejecución, el general Salvador Cienfuegos empezó a acosar al general Dauahare, quien ya se disputaba la titularidad de la SEDENA, y atribuían a Dauahare el asesinato de Acosta Chaparro. Pero por órdenes de Felipe Calderón, el general Galván encarceló al general Dauahare. 

Sin embargo, el capitán Malagón, en entrevista, señala que el general Dauahare era un mafioso, pero no un asesino. En cambio, se refiere al general Salvador Cienfuegos como tal:

“Yo no lo considero a él un narcotraficante, lo considero un asesino. Él es a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué lo considero un asesino? Bueno, porque conscientemente ha habido muchas muertes misteriosas alrededor de él. Su hija ha enviudado tres veces, la muerte del general Acosta Chaparro, encarceló a mi general Dauahare para que no le impidiera llegar a ser secretario de la Defensa Nacional, hubo muchas cosas… los generales estaban involucrados en el narcotráfico”.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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