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Intelectuales del CISEN que negaron infiltración del narcotráfico en 2001, hoy golpeadores de AMLO

El grupo de intelectuales contratados por Eduardo Medina Mora en el CISEN, de 2001, hoy parte del golpeteo anti AMLO

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, generado en 2001 y firmado por el extinto investigador Jaime González Graf, filtrado a las redes sociales, revela a los intelectuales, periodistas y recomendados que fungieron como asesores de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, en el que negaron la infiltración del narcotráfico ante cuestionamientos de la prensa. Hoy, varios de la lista de asesores son parte de críticas y acciones golpistas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre la lista de asesores y funcionarios públicos, de entonces, destacan Gilberto Lozano, exoficial mayor del expresidente Vicente Fox, quien ha sido denunciado reiteradamente de acoso y agresiones en las redes. Lozano, en 2009, de acuerdo con la información en la red, fundó un colectivo al que llamó Congreso Ciudadano, y desde su sitio digital alienta el golpismo contra el actual gobierno de México.

Otro de los críticos de AMLO, ahora desde La Octava digital, es Ricardo Raphael, quien se presenta en su curriculum vitae como asesor del CISEN durante toda la administración de Fox y dos años más en la de Calderón. Durante ese tiempo, fue uno de los legitimadores del caso Wallace y de dar apoyo mediático a Isabel Miranda en su candidatura a la Ciudad de México, en 2012.

Cercano a Raphael, del mismo programa del CISEN, que negó la infiltración de narcotráfico a la prensa, destaca Leonardo Curzio, quien se presenta como “uno de los 300 líderes más influyentes de México”, y que incursionó en los medios al mismo tiempo que en el CISEN. Entre otros del salinismo, Rolando Cordera, Sergio Aguayo, la académica de la UNAM, Jacqueline Peschard, además de Luis Rubio Freidberg, Rafael Fernández de Castro, María Guadalupe Morfín Otero, José Manuel Suárez Mier, Carlos Humberto Toledo (Periódico Reforma), y Raymundo Winkler, fallecido en el 2002.

Después de 19 años, pese al aval del 2001 de estos intelectuales, se confirmaron los vínculos del exdirector del CISEN, Eduardo Medina Mora, con el narcotráfico, quien tuvo que renunciar como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por señalamientos de lavado de dinero, al igual que su mano derecha, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ahora enfrenta un proceso por narcotráfico en un penal de Nueva York.

El grupo de ex asesores del CISEN, que también llegaron a participar en la administración electoral, tenían como objetivo “enriquecer la evaluación” del CISEN, y así fue avalado en el documento de 12 páginas, coordinado por González Graf, especificando en los resultados que la institución no estaba infiltrada por el narcotráfico ni realizaba espionaje político.

Documento completo: http://www.cisen.gob.mx/actas/metodologia_evaluacion.pdf

 

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Miguel Montesinos Leon

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Joselaine Gutiérrez/Miguel Montesinos León

La Fiscalía General del estado de Oaxaca confirmó la detención de Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa por MORENA en Nochixtlán, Oaxaca, por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista británica-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz, quién fue reportada desde el 26 de marzo de 2021.

De acuerdo con la Fiscalía hay otras dos personas detenidas por parte de Agentes Estatales de Investigación en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la orden de aprehensión fue girada este viernes 7 de mayo.

Cabe recordar que la activista fue reportada como desaparecida, luego de ser vista por última vez en una protesta para pedir la libertad y atención médica para Alfonso Avendaño tras su violenta y arbitraria detención por parte de la alcaldesa de MORENA, en Nochixtlán, después de que le solicitara el pago que le correspondía por vender distintos materiales al ayuntamiento. Avendaño fue golpeado en la cabeza por policías municipales y le causaron una fractura.

Las familiares de Claudia Uruchurtu reportaron anteriormente que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y del gobierno de Reino Unido al gobierno mexicano para localizarla, por lo que solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación para dar con su paradero y destacaron que la defensora de derechos humanos había denunciado en diferentes ocasiones el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del municipio.

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Congreso de Tamaulipas se rehúsa a juicio contra Cabeza de Vaca y acude a la SCJN

Ignacio García

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Los diputados del Congreso de Tamaulipas—encabezados en su mayoría por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN)—se rehusaron a que la Cámara de Diputados someta a juicio político al gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado e interpondrán una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La diputada local panista Marta Patricia Palacios Corral anunció que interpondrá el recurso legal ante la Corte para que determine la constitucionalidad del juicio de desafuero que pretende efectuar la Cámara de Diputados al acusar que desean violar la soberanía de la entidad que está contemplada en el pacto federal.

De acuerdo con la legisladora blanquiazul, se pretende politizar el proceso contra el mandatario estatal, quien ha rechazado en varias ocasiones sus presuntos nexos con el crimen organizado, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido dinero ilícito de integrantes del narcotráfico.

Apenas ayer la comisión instructora de la Cámara de Diputados aprobó someter el desafuero del gobernador de Tamaulipas, después de rechazar los procedimientos contra el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores de edad.

En los próximos días la Cámara de Diputados someterá a pleno el proceso de desafuero contra el mandatario estatal, por lo que podría perder su blindaje legal que le impide ser aprehendido por las autoridades por la comisión de un delito y podría ser detenido por la FGR ante una posible orden de aprehensión.

Francisco García Cabeza de Vaca es señalado de haber recibido sobornos del crimen organizado para permitir la operación de los cárteles de la droga que operan en Tamaulipas, una de las entidades más afectadas por la presencia de estos grupos delictivos.

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