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Fabricación de culpables

Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón y parte del Ejército mexicano trabajaban con el Cártel de Sinaloa, revela capitán de Infantería en actrivo.

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Por Guadalupe Lizárraga

Javier Lozano Alarcón, íntimo amigo del expresidente Felipe Calderón, y secretario de Trabajo durante su gobierno, se encargaba de hacer los negocios sucios y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Tenía muchas formas de hacerlo, establecer empresas nacionales, incluso extranjeras, cambiar cuentas. Un traficante de influencias con toda la confianza del presidente. Su escolta personal, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, era el reclutador de militares, y trabajaba de la mano del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos militares, Alemán y Aponte eran compañeros de la generación 93-96, en el Heroico Colegio Militar, amistad que hacía valer llevándolo al Campo Militar Número 1, siendo ya jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Éstas son parte de las declaraciones del Capitán de Infantería del Ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendon, en documentos oficiales firmados bajo protesta de decir verdad, desde junio de 2010, por las que fue torturado durante días y encarcelado bajo acusación de homicidio calificado del capitán Alemán Pérez. Entre sus declaraciones reveló que el entonces secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, conocía la conversación previa a la muerte de Alemán, y era quien ordenaba su reclutamiento.

“El Cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora, también tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento, el Cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe (el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón). Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo, y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea que lo estoy escoltando”.

Cap. Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta del secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón
1 de junio de 2010

Audio de la entrevista de Los Ángeles Press al capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón

Una de las primeras personas a las que el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón denunció los hechos de agresión de parte del capitán Alemán y su relación con el Cártel de Sinaloa fue al General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de SEDENA, quien le pidió que aguardara a la Policía Judicial Militar para que realizara la investigación conforme a derecho. Sin embargo, Juárez Loera que conocía de primera fuente que el secretario Lozano Alarcón estaba involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa, fue asesinado el 21 de mayo de 2011. Ese mismo año, el capitán Malagón había denunciado la corrupción de la SEDENA y del secretario de Trabajo ante el Juez Vigésimo Primero Penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez.

Para entonces, ya había dado su declaración judicial, con la misma información, ante el Ministerio Público adscrito a la Primera Zona Militar bajo la acusación del homicidio del capitán Alemán Pérez, con quien tuvo un forcejeo dentro de una camioneta cuando intentaba obligarlo a reunirse con Aponte Gómez, esa misma tarde, después de intimidarlo con amenazas a su familia y apuntarle con su pistola. Por este hecho se inició la averiguación previa número SC/138/2010/V.

En 2011, también hizo una ampliación de declaración en el que reiteró la relación del escolta Alemán Pérez con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, así como las torturas padecidas, el 3 de junio de 2010, durante 72 horas, por parte del capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, para que se incriminara por el homicidio del escolta alegando un móvil pasional ya que “el prestigio del secretario de Estado Javier Lozano Alarcón y el de SEDENA estaban en riesgo”.

Fragmento Ampliación de declaración 2011

 

Sin embargo, ninguna de sus denuncias sobre la corrupción de SEDENA ni sobre las torturas fue atendida conforme a derecho. Por lo que en 2015, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendon puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue registrada bajo el número de CNDH/3/2015/8253/Q, pero fue desestimada sin realizar ninguna visita carcelaria por la Tercera Visitaduría General, bajo la dirección de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, concluyendo que las heridas hechas durante su detención del 4 al 6 de junio de 2010, no tenían relación alguna con los hechos narrados, y no se le dio seguimiento a su caso. 

Con nuevos amparos y defensoría de oficio, el capitán de Infantería logró que en 2016 se le practicara el Protocolo de Estambul por las torturas, el cual resultó positivo, y posteriormente en enero de 2020, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por los delitos de tortura donde nuevamente hace su denuncia.

Cotejo de firmas

Fuga de información, primeros conflictos

Cuando Vladimir Ilich Malagón conoció al escolta personal del secretario de Trabajo, él era comandante de escoltas y del equipo SWAT de Presidencia, pero en sus ascensos por su formación especializada en Inteligencia y antiterrorismo, fue asignado a la seguridad del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por instrucciones del General Ántimo Miranda. Su jefe era el General de División Jorge Juárez Loera, quien le había hecho varios reconocimientos por su trabajo en temas de seguridad, después de detectar que personal militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional extraía documentos de carácter secreto en USB y otros dispositivos para venderlos al crimen organizado.

Esta fuga de información detectada contenía datos sensibles sobre el despliegue operativo militar en el Estado de Michoacán, una base de datos de militares en las embajadas de nivel internacional, información sobre las giras presidenciales de Calderón, entre otros.

Los dispositivos de seguridad implementados por el capitán Malagón Rendon generó inconformidad a personal de alto rango del ejército, porque las medidas iban desde la prohibición de la entrada a ciertas áreas sin autorización, prohibición de celulares, medidas antibombas, vigilancia y monitoreo interno, “sin importar que fuera General, jefe, Oficial o tropa”, explica a Los Ángeles Press. El General Miranda, quien le había dado la orden de blindar el edificio de SEDENA –con unos 5,500 activos de diferentes rangos y funcionarios de alto nivel– fue relevado del cargo, y Malagón empezó a ser intimidado con vigilancia las 24 horas del día en su domicilio particular.

Trabajar para El Chapo

En las primeras veces que el escolta personal del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscó al capitán Malagón fue para invitarlo a trabajar con el Cártel de Sinaloa, y le puso sobre su escritorio un fajo de billetes en dólares ajustados con ligas. Le dijo que eran 50 mil dólares por adelantado que le mandaba Aponte Gómez, y que lo único que debía hacer es pasarle la información de los movimientos del presidente Calderón, saber por dónde se movían sus tropas.

“Mi capitán, conozco de manera personal y es muy mi amigo Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, y anda reclutando gente de Guardias Presidenciales y del Estado Mayor. De hecho, ya enganchó a generales, jefes, oficiales, y tropa. Les están pagando 50 mil dólares solo por informar al cártel. Además, me dijo, esto va para grande. Ya están dentro del Estado Mayor presidencial y con algunos secretarios de Estado, la PGR y la SIEDO”.

Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta personal del Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La respuesta del capitán Malagón fue decirle que no le creía nada. En ese momento, el escolta de Lozano Alarcón sacó los fajos de billetes en dólares de su bolsa lateral del uniforme militar, y le dijo que eran “50 mil de obsequio”, que Aponte quería que perteneciera a su equipo. Incluso que lo podía hacer jefe de plaza del estado que él quisiera, con gente, armas y recursos.

Malagón, muy enojado, le gritó que le quitara el dinero de encima de su escritorio, que él no le había permitido hacer eso y que cada uno trabajaba como quería. Le ordenó que le diera una respuesta negativa al Coronel Aureliano de León y a Aponte Gómez. Que él seguiría sirviendo al país. La discusión entre ambos capitanes subió de tono, y hubo amenazas por parte de Alemán Pérez, retirándose de la oficina con un portazo.

Después de varios meses, Alemán Pérez insistió a Malagón Rendón con una disculpa por aquella ocasión, y continuaron sus llamadas a su teléfono particular y a su oficina, invitándolo a bares y cenas, que eran rechazadas de tajo por el capitán Malagón. Sin embargo, el 1 de junio de 2010, el escolta del secretario de Estado Javier Lozano intimidó al capitán Malagón diciéndole que era urgente verlo porque su familia estaba en riesgo. Ya antes había padecido un conato de secuestro y extorsión con su familia. Por lo que aceptó reunirse en las afueras de un restaurante del Lago de Chapultepec, y pidió a dos cabos que lo acompañaran, Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangel Vera.

Una vez, en el encuentro, el escolta del secretario de Estado le dijo que se subiera al auto él solo, al volante, y ya dentro, le informó que lo estaba esperando Aponte Gómez muy cerca de allí, dentro del bosque, que encendiera el auto, y le dio la información de que el Cártel de Sinaloa ya había comprado al presidente Calderón. Al negarse el capitán Malagón, hubo nuevas discusiones y amenazas a su familia, y Alemán Pérez, con pistola en mano, lo obligó a mover el auto. Con el auto en movimiento, forcejearon, y Malagón estrelló el auto contra un poste. Salieron dos disparos en el forcejeo, y él salió corriendo para salvar su vida. Los cabos se dieron cuenta de las circunstancias, pero posteriormente fueron acusados de homicidio, y torturados para que incriminaran al capitán Malagón. El periódico Reforma contó la historia diciendo que se trataba de un crimen pasional entre militares por la infidelidad de una esposa.

Las torturas de la Policía Judicial Militar

“¿Como te quieres morir al estilo Z o al estilo Familia Michoacana?”, preguntó el capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana al capitán Malagón Rendón, el 3 de junio de 2010, mientras lo tenía retenido junto con otros tenientes de la Policía Judicial Militar. Galeana había mandado traer un bat.

Uno de los judiciales, jugando con el bat, le dijo que el prestigio de un secretario de Estado (en referencia a Javier Lozano Alarcón) y el de SEDENA estaban en riesgo, que si estaba dispuesto a cooperar.

Malagón preguntó qué querían que hiciera. Y el judicial le respondió que firmara su confesión de homicidio por un delito pasional. Pero el capitán Malagón no aceptó, pese a que le dijeron una y otra vez que iba a aparecer muerto con una cartulina de la delincuencia organizada, como muchos otros.

Galeana le dijo que lo iba a matar, pero que también mataría a su familia: “Piensa como se vería tu hijo hincado como estás tú, y que yo le esté reventando la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza a tu hijo”. Malagón siguió negándose y la tortura empezó.

Fragmento del Protocolo de Estambul

“Mientras me están interrogando en la Policía Judicial Militar me vendan los ojos con algodón y unas vendas, me pegan en las siguientes partes de mi cuerpo: con los puños cerrados en la cabeza, y en los oídos y el cuello con las palmas de las manos; me tiran al suelo, me pegan en el abdomen, en las costillas con los puños cerrados, y me patean en repetidas ocasiones en mis piernas; me acuestan boca abajo con las manos hacia atrás y me hacen el nudo del ahorcado, me orino en los pantalones del dolor; posterior, me vendan en el cuello, me colocan una playera verde en mi cara e inclinan la silla donde estaba sentado y me arrojan cubetadas de agua hasta que pierdo el conocimiento. Me colocan sobre una mesa con la cabeza colgando y me vuelven arrojar cubetadas de agua y comienzan a golpearme con los puños en el pecho y en el estómago por lo que vomito el agua que tragué, y con un cincho de color amarillo me amarran y me ponen una bolsa de plástico color gris que huele a pan, y me empiezan a asfixiar en repetidas ocasiones por lo que pierdo el conocimiento sin poder precisar cuántas veces, continúan poniéndome la bolsa de plástico ahora en el cuello, y con una mano me tapan la nariz para volverme a asfixiar por lo que vuelvo a perder el conocimiento, cuando despierto veo que me están dando oxígeno con una mascarilla para dar RCP, no recuerdo cuánto tiempo pasó solo sé que apagaron las luces y después de un tiempo regresaron encapuchados con pasamontañas y otros descubiertos de la cara. Me vuelven a acostar sobre la mesa, me estiran con la eslinga colocadas en cada una de mis muñecas, una a cada lado hasta sentir como se zafa algo, me esposan de un lado y me colocan unas almohadillas por debajo de mis dedos para no encogerlos y con algo me comienzan a golpear los dedos, es el dolor más incapacitante que pude sentir por lo que comienzo a llorar de dolor; me inyectan en el glúteo una sustancia blanca que pareciera que me activaban más el dolor, no puedo decir que fue porque no lo vi, me golpean nuevamente en la cara para que volteara a verlos, me amenazan con matar a mi familia si no les digo quién más sabe de la infiltración, llega alguien cargando un costal asemejando con movimientos que dentro de él estaba mi hijo y otro lo golpeaba con un bat hasta que se escucha cómo se quiebra, se escuchan gritos de un niño que podría jurar que era mi hijo, a lo lejos veo a una mujer que podría decir que era de la complexión de mi esposa, el color de su piel, la forma de vestirse, sí era ella, le dan el tiro de gracia, porque escucho una detonación, cae al suelo, y entra un capitán y me pone sus dedos en mi nariz, y me dice “a que te huelen ¿A gloria, verdad? A eso me supo tu hija”, y puedo jurar que lo que olí era secreción vaginal… ya no sé si porque yo alucinaba, porque no puedo decir que lo que estaba pasando era una realidad, llevaban aproximadamente más de tres días torturándome, casi desplomado hasta el suelo, y les dije mátenme, no me dejen vivir…”

Actualmente, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la Ciudad de México, pagando una condena de 27 años.

Dos páginas del Protocolo de Estambul (Versión completa en posesión de Los Ángeles Press) 

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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