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Fabricación de culpables

Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón y parte del Ejército mexicano trabajaban con el Cártel de Sinaloa, revela capitán de Infantería en actrivo.

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Por Guadalupe Lizárraga

Javier Lozano Alarcón, íntimo amigo del expresidente Felipe Calderón, y secretario de Trabajo durante su gobierno, se encargaba de hacer los negocios sucios y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Tenía muchas formas de hacerlo, establecer empresas nacionales, incluso extranjeras, cambiar cuentas. Un traficante de influencias con toda la confianza del presidente. Su escolta personal, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, era el reclutador de militares, y trabajaba de la mano del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos militares, Alemán y Aponte eran compañeros de la generación 93-96, en el Heroico Colegio Militar, amistad que hacía valer llevándolo al Campo Militar Número 1, siendo ya jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Éstas son parte de las declaraciones del Capitán de Infantería del Ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendon, en documentos oficiales firmados bajo protesta de decir verdad, desde junio de 2010, por las que fue torturado durante días y encarcelado bajo acusación de homicidio calificado del capitán Alemán Pérez. Entre sus declaraciones reveló que el entonces secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, conocía la conversación previa a la muerte de Alemán, y era quien ordenaba su reclutamiento.

“El Cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora, también tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento, el Cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe (el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón). Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo, y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea que lo estoy escoltando”.

Cap. Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta del secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón
1 de junio de 2010

Audio de la entrevista de Los Ángeles Press al capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón

Una de las primeras personas a las que el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón denunció los hechos de agresión de parte del capitán Alemán y su relación con el Cártel de Sinaloa fue al General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de SEDENA, quien le pidió que aguardara a la Policía Judicial Militar para que realizara la investigación conforme a derecho. Sin embargo, Juárez Loera que conocía de primera fuente que el secretario Lozano Alarcón estaba involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa, fue asesinado el 21 de mayo de 2011. Ese mismo año, el capitán Malagón había denunciado la corrupción de la SEDENA y del secretario de Trabajo ante el Juez Vigésimo Primero Penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez.

Para entonces, ya había dado su declaración judicial, con la misma información, ante el Ministerio Público adscrito a la Primera Zona Militar bajo la acusación del homicidio del capitán Alemán Pérez, con quien tuvo un forcejeo dentro de una camioneta cuando intentaba obligarlo a reunirse con Aponte Gómez, esa misma tarde, después de intimidarlo con amenazas a su familia y apuntarle con su pistola. Por este hecho se inició la averiguación previa número SC/138/2010/V.

En 2011, también hizo una ampliación de declaración en el que reiteró la relación del escolta Alemán Pérez con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, así como las torturas padecidas, el 3 de junio de 2010, durante 72 horas, por parte del capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, para que se incriminara por el homicidio del escolta alegando un móvil pasional ya que “el prestigio del secretario de Estado Javier Lozano Alarcón y el de SEDENA estaban en riesgo”.

Fragmento Ampliación de declaración 2011

 

Sin embargo, ninguna de sus denuncias sobre la corrupción de SEDENA ni sobre las torturas fue atendida conforme a derecho. Por lo que en 2015, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendon puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue registrada bajo el número de CNDH/3/2015/8253/Q, pero fue desestimada sin realizar ninguna visita carcelaria por la Tercera Visitaduría General, bajo la dirección de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, concluyendo que las heridas hechas durante su detención del 4 al 6 de junio de 2010, no tenían relación alguna con los hechos narrados, y no se le dio seguimiento a su caso. 

Con nuevos amparos y defensoría de oficio, el capitán de Infantería logró que en 2016 se le practicara el Protocolo de Estambul por las torturas, el cual resultó positivo, y posteriormente en enero de 2020, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por los delitos de tortura donde nuevamente hace su denuncia.

Cotejo de firmas

Fuga de información, primeros conflictos

Cuando Vladimir Ilich Malagón conoció al escolta personal del secretario de Trabajo, él era comandante de escoltas y del equipo SWAT de Presidencia, pero en sus ascensos por su formación especializada en Inteligencia y antiterrorismo, fue asignado a la seguridad del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por instrucciones del General Ántimo Miranda. Su jefe era el General de División Jorge Juárez Loera, quien le había hecho varios reconocimientos por su trabajo en temas de seguridad, después de detectar que personal militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional extraía documentos de carácter secreto en USB y otros dispositivos para venderlos al crimen organizado.

Esta fuga de información detectada contenía datos sensibles sobre el despliegue operativo militar en el Estado de Michoacán, una base de datos de militares en las embajadas de nivel internacional, información sobre las giras presidenciales de Calderón, entre otros.

Los dispositivos de seguridad implementados por el capitán Malagón Rendon generó inconformidad a personal de alto rango del ejército, porque las medidas iban desde la prohibición de la entrada a ciertas áreas sin autorización, prohibición de celulares, medidas antibombas, vigilancia y monitoreo interno, “sin importar que fuera General, jefe, Oficial o tropa”, explica a Los Ángeles Press. El General Miranda, quien le había dado la orden de blindar el edificio de SEDENA –con unos 5,500 activos de diferentes rangos y funcionarios de alto nivel– fue relevado del cargo, y Malagón empezó a ser intimidado con vigilancia las 24 horas del día en su domicilio particular.

Trabajar para El Chapo

En las primeras veces que el escolta personal del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscó al capitán Malagón fue para invitarlo a trabajar con el Cártel de Sinaloa, y le puso sobre su escritorio un fajo de billetes en dólares ajustados con ligas. Le dijo que eran 50 mil dólares por adelantado que le mandaba Aponte Gómez, y que lo único que debía hacer es pasarle la información de los movimientos del presidente Calderón, saber por dónde se movían sus tropas.

“Mi capitán, conozco de manera personal y es muy mi amigo Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, y anda reclutando gente de Guardias Presidenciales y del Estado Mayor. De hecho, ya enganchó a generales, jefes, oficiales, y tropa. Les están pagando 50 mil dólares solo por informar al cártel. Además, me dijo, esto va para grande. Ya están dentro del Estado Mayor presidencial y con algunos secretarios de Estado, la PGR y la SIEDO”.

Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta personal del Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La respuesta del capitán Malagón fue decirle que no le creía nada. En ese momento, el escolta de Lozano Alarcón sacó los fajos de billetes en dólares de su bolsa lateral del uniforme militar, y le dijo que eran “50 mil de obsequio”, que Aponte quería que perteneciera a su equipo. Incluso que lo podía hacer jefe de plaza del estado que él quisiera, con gente, armas y recursos.

Malagón, muy enojado, le gritó que le quitara el dinero de encima de su escritorio, que él no le había permitido hacer eso y que cada uno trabajaba como quería. Le ordenó que le diera una respuesta negativa al Coronel Aureliano de León y a Aponte Gómez. Que él seguiría sirviendo al país. La discusión entre ambos capitanes subió de tono, y hubo amenazas por parte de Alemán Pérez, retirándose de la oficina con un portazo.

Después de varios meses, Alemán Pérez insistió a Malagón Rendón con una disculpa por aquella ocasión, y continuaron sus llamadas a su teléfono particular y a su oficina, invitándolo a bares y cenas, que eran rechazadas de tajo por el capitán Malagón. Sin embargo, el 1 de junio de 2010, el escolta del secretario de Estado Javier Lozano intimidó al capitán Malagón diciéndole que era urgente verlo porque su familia estaba en riesgo. Ya antes había padecido un conato de secuestro y extorsión con su familia. Por lo que aceptó reunirse en las afueras de un restaurante del Lago de Chapultepec, y pidió a dos cabos que lo acompañaran, Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangel Vera.

Una vez, en el encuentro, el escolta del secretario de Estado le dijo que se subiera al auto él solo, al volante, y ya dentro, le informó que lo estaba esperando Aponte Gómez muy cerca de allí, dentro del bosque, que encendiera el auto, y le dio la información de que el Cártel de Sinaloa ya había comprado al presidente Calderón. Al negarse el capitán Malagón, hubo nuevas discusiones y amenazas a su familia, y Alemán Pérez, con pistola en mano, lo obligó a mover el auto. Con el auto en movimiento, forcejearon, y Malagón estrelló el auto contra un poste. Salieron dos disparos en el forcejeo, y él salió corriendo para salvar su vida. Los cabos se dieron cuenta de las circunstancias, pero posteriormente fueron acusados de homicidio, y torturados para que incriminaran al capitán Malagón. El periódico Reforma contó la historia diciendo que se trataba de un crimen pasional entre militares por la infidelidad de una esposa.

Las torturas de la Policía Judicial Militar

“¿Como te quieres morir al estilo Z o al estilo Familia Michoacana?”, preguntó el capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana al capitán Malagón Rendón, el 3 de junio de 2010, mientras lo tenía retenido junto con otros tenientes de la Policía Judicial Militar. Galeana había mandado traer un bat.

Uno de los judiciales, jugando con el bat, le dijo que el prestigio de un secretario de Estado (en referencia a Javier Lozano Alarcón) y el de SEDENA estaban en riesgo, que si estaba dispuesto a cooperar.

Malagón preguntó qué querían que hiciera. Y el judicial le respondió que firmara su confesión de homicidio por un delito pasional. Pero el capitán Malagón no aceptó, pese a que le dijeron una y otra vez que iba a aparecer muerto con una cartulina de la delincuencia organizada, como muchos otros.

Galeana le dijo que lo iba a matar, pero que también mataría a su familia: “Piensa como se vería tu hijo hincado como estás tú, y que yo le esté reventando la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza a tu hijo”. Malagón siguió negándose y la tortura empezó.

Fragmento del Protocolo de Estambul

“Mientras me están interrogando en la Policía Judicial Militar me vendan los ojos con algodón y unas vendas, me pegan en las siguientes partes de mi cuerpo: con los puños cerrados en la cabeza, y en los oídos y el cuello con las palmas de las manos; me tiran al suelo, me pegan en el abdomen, en las costillas con los puños cerrados, y me patean en repetidas ocasiones en mis piernas; me acuestan boca abajo con las manos hacia atrás y me hacen el nudo del ahorcado, me orino en los pantalones del dolor; posterior, me vendan en el cuello, me colocan una playera verde en mi cara e inclinan la silla donde estaba sentado y me arrojan cubetadas de agua hasta que pierdo el conocimiento. Me colocan sobre una mesa con la cabeza colgando y me vuelven arrojar cubetadas de agua y comienzan a golpearme con los puños en el pecho y en el estómago por lo que vomito el agua que tragué, y con un cincho de color amarillo me amarran y me ponen una bolsa de plástico color gris que huele a pan, y me empiezan a asfixiar en repetidas ocasiones por lo que pierdo el conocimiento sin poder precisar cuántas veces, continúan poniéndome la bolsa de plástico ahora en el cuello, y con una mano me tapan la nariz para volverme a asfixiar por lo que vuelvo a perder el conocimiento, cuando despierto veo que me están dando oxígeno con una mascarilla para dar RCP, no recuerdo cuánto tiempo pasó solo sé que apagaron las luces y después de un tiempo regresaron encapuchados con pasamontañas y otros descubiertos de la cara. Me vuelven a acostar sobre la mesa, me estiran con la eslinga colocadas en cada una de mis muñecas, una a cada lado hasta sentir como se zafa algo, me esposan de un lado y me colocan unas almohadillas por debajo de mis dedos para no encogerlos y con algo me comienzan a golpear los dedos, es el dolor más incapacitante que pude sentir por lo que comienzo a llorar de dolor; me inyectan en el glúteo una sustancia blanca que pareciera que me activaban más el dolor, no puedo decir que fue porque no lo vi, me golpean nuevamente en la cara para que volteara a verlos, me amenazan con matar a mi familia si no les digo quién más sabe de la infiltración, llega alguien cargando un costal asemejando con movimientos que dentro de él estaba mi hijo y otro lo golpeaba con un bat hasta que se escucha cómo se quiebra, se escuchan gritos de un niño que podría jurar que era mi hijo, a lo lejos veo a una mujer que podría decir que era de la complexión de mi esposa, el color de su piel, la forma de vestirse, sí era ella, le dan el tiro de gracia, porque escucho una detonación, cae al suelo, y entra un capitán y me pone sus dedos en mi nariz, y me dice «a que te huelen ¿A gloria, verdad? A eso me supo tu hija», y puedo jurar que lo que olí era secreción vaginal… ya no sé si porque yo alucinaba, porque no puedo decir que lo que estaba pasando era una realidad, llevaban aproximadamente más de tres días torturándome, casi desplomado hasta el suelo, y les dije mátenme, no me dejen vivir…»

Actualmente, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la Ciudad de México, pagando una condena de 27 años.

Dos páginas del Protocolo de Estambul (Versión completa en posesión de Los Ángeles Press) 

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Fabricación de culpables

‘Se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables’: Abogado Gerardo Manrique sobre caso Solid Gold

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  • Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de prisión

  • Por violaciones al debido proceso debía tener sentencia absolutoria, dice abogado

Por Guadalupe Lizárraga

Tras la noticia de la sentencia condenatoria a 22 años de prisión a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, acusada por el delito de obtener beneficio de la explotación sexual ajena, el abogado Gerardo Augusto Manrique señaló las faltas al debido proceso y el problema estructural del sistema que permite la impunidad de los verdaderos responsables del delito.

Para Manrique, quien estuvo en la última fase de su defensa, la conclusión acusatoria de la Fiscalía General de la República presentó “bastante problemáticas técnicas y de investigación del propio delito, por lo que el Órgano jurisdiccional debía haber resuelto una sentencia absolutoria”.

El abogado explicó que cuando una persona es acusada de un delito, no se puede realmente saber materialmente lo que pasó, entonces el procesamiento de la información tiene ciertas reglas; esas reglas es lo que se llama el debido proceso, y uno de los pilares fundamentales del debido proceso es que el Estado tiene que demostrar la culpabilidad.

En el caso de Claudia  Ivonne Sánchez Mayorga, el abogado enfatizó que no existen elementos suficientes para acreditarse ese beneficio económico del cual habla la acusación. “Si el delito es el beneficio de la explotación sexual ajena tiene que haber víctimas de explotación sexual, tiene que haber el acto de explotación, pero también tiene que haber el beneficio económico, y este elemento no está claro en la acusación”.

El defensor señaló que el Ministerio Público tenía que acreditar la culpabilidad, y que en lo personal él está convencido de la inocencia de Claudia Ivonne, pero en el procesamiento de cómo se presenta la acusación derivado de la investigación que tenía que ser seria, tenía que ser profesional, tenía que ser exhaustiva, todo eso no sucedió, por lo tanto, más allá de mi opinión personal -señaló el abogado-, el hecho de que la investigación presente tantas deficiencias nos tenía que llevar a que se le dictara una sentencia absolutoria.

El tema del supuesto beneficio económico queda completamente oscuro, especificó Manrique, “no hay una forma clara en que el órgano jurisdiccional pueda decir que está justificado con las constancias del expediente”, y abundó que en el caso de Claudia “se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables”.

Señaló que sí existió una red de explotación sexual, pero que Claudia Ivonne claramente no estaba involucrada. “Y nosotros creemos que esto tiene más con el encubrir a los verdaderos responsables de esos hechos, generando la culpabilidad artificial de Claudia”.

El abogado apuntó que ya “el sólo hecho de que el proceso se haya tardado ocho años en decidir si era culpable o inocente es ya de por sí una violación a sus derechos, y a la lógica misma, no puedes tardarte tanto en juzgar a una persona. Si te tardas tanto es porque hay un problema estructural del propio sistema, y un segundo punto es que el ente de investigación de delitos y de acusación no se está llevando a cabo de manera correcta, ahí pues también tenemos un problema estructural”.

Concluyó Gerardo Manrique que ambas situaciones generadas en del poder judicial sobrepasa el caso de Claudia Ivonne, “esto lo vemos en muchos casos y eso es en realidad en lo que se debía estar más preocupado, no tanto en si Claudia cometió o no el delito que le atribuyen, el tema más allá de su caso, es que estructuralmente está mal diseñado el sistema y ello termina impactando en los derechos de cada una de las personas involucradas, sobre todo en los acusados”.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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