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Fabricación de culpables

Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón y parte del Ejército mexicano trabajaban con el Cártel de Sinaloa, revela capitán de Infantería en actrivo.

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Por Guadalupe Lizárraga

Javier Lozano Alarcón, íntimo amigo del expresidente Felipe Calderón, y secretario de Trabajo durante su gobierno, se encargaba de hacer los negocios sucios y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Tenía muchas formas de hacerlo, establecer empresas nacionales, incluso extranjeras, cambiar cuentas. Un traficante de influencias con toda la confianza del presidente. Su escolta personal, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, era el reclutador de militares, y trabajaba de la mano del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos militares, Alemán y Aponte eran compañeros de la generación 93-96, en el Heroico Colegio Militar, amistad que hacía valer llevándolo al Campo Militar Número 1, siendo ya jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Éstas son parte de las declaraciones del Capitán de Infantería del Ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendon, en documentos oficiales firmados bajo protesta de decir verdad, desde junio de 2010, por las que fue torturado durante días y encarcelado bajo acusación de homicidio calificado del capitán Alemán Pérez. Entre sus declaraciones reveló que el entonces secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, conocía la conversación previa a la muerte de Alemán, y era quien ordenaba su reclutamiento.

“El Cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora, también tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento, el Cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe (el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón). Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo, y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea que lo estoy escoltando”.

Cap. Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta del secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón
1 de junio de 2010

Audio de la entrevista de Los Ángeles Press al capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón

Una de las primeras personas a las que el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón denunció los hechos de agresión de parte del capitán Alemán y su relación con el Cártel de Sinaloa fue al General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de SEDENA, quien le pidió que aguardara a la Policía Judicial Militar para que realizara la investigación conforme a derecho. Sin embargo, Juárez Loera que conocía de primera fuente que el secretario Lozano Alarcón estaba involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa, fue asesinado el 21 de mayo de 2011. Ese mismo año, el capitán Malagón había denunciado la corrupción de la SEDENA y del secretario de Trabajo ante el Juez Vigésimo Primero Penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez.

Para entonces, ya había dado su declaración judicial, con la misma información, ante el Ministerio Público adscrito a la Primera Zona Militar bajo la acusación del homicidio del capitán Alemán Pérez, con quien tuvo un forcejeo dentro de una camioneta cuando intentaba obligarlo a reunirse con Aponte Gómez, esa misma tarde, después de intimidarlo con amenazas a su familia y apuntarle con su pistola. Por este hecho se inició la averiguación previa número SC/138/2010/V.

En 2011, también hizo una ampliación de declaración en el que reiteró la relación del escolta Alemán Pérez con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, así como las torturas padecidas, el 3 de junio de 2010, durante 72 horas, por parte del capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, para que se incriminara por el homicidio del escolta alegando un móvil pasional ya que “el prestigio del secretario de Estado Javier Lozano Alarcón y el de SEDENA estaban en riesgo”.

Fragmento Ampliación de declaración 2011

 

Sin embargo, ninguna de sus denuncias sobre la corrupción de SEDENA ni sobre las torturas fue atendida conforme a derecho. Por lo que en 2015, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendon puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue registrada bajo el número de CNDH/3/2015/8253/Q, pero fue desestimada sin realizar ninguna visita carcelaria por la Tercera Visitaduría General, bajo la dirección de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, concluyendo que las heridas hechas durante su detención del 4 al 6 de junio de 2010, no tenían relación alguna con los hechos narrados, y no se le dio seguimiento a su caso. 

Con nuevos amparos y defensoría de oficio, el capitán de Infantería logró que en 2016 se le practicara el Protocolo de Estambul por las torturas, el cual resultó positivo, y posteriormente en enero de 2020, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por los delitos de tortura donde nuevamente hace su denuncia.

Cotejo de firmas

Fuga de información, primeros conflictos

Cuando Vladimir Ilich Malagón conoció al escolta personal del secretario de Trabajo, él era comandante de escoltas y del equipo SWAT de Presidencia, pero en sus ascensos por su formación especializada en Inteligencia y antiterrorismo, fue asignado a la seguridad del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por instrucciones del General Ántimo Miranda. Su jefe era el General de División Jorge Juárez Loera, quien le había hecho varios reconocimientos por su trabajo en temas de seguridad, después de detectar que personal militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional extraía documentos de carácter secreto en USB y otros dispositivos para venderlos al crimen organizado.

Esta fuga de información detectada contenía datos sensibles sobre el despliegue operativo militar en el Estado de Michoacán, una base de datos de militares en las embajadas de nivel internacional, información sobre las giras presidenciales de Calderón, entre otros.

Los dispositivos de seguridad implementados por el capitán Malagón Rendon generó inconformidad a personal de alto rango del ejército, porque las medidas iban desde la prohibición de la entrada a ciertas áreas sin autorización, prohibición de celulares, medidas antibombas, vigilancia y monitoreo interno, “sin importar que fuera General, jefe, Oficial o tropa”, explica a Los Ángeles Press. El General Miranda, quien le había dado la orden de blindar el edificio de SEDENA –con unos 5,500 activos de diferentes rangos y funcionarios de alto nivel– fue relevado del cargo, y Malagón empezó a ser intimidado con vigilancia las 24 horas del día en su domicilio particular.

Trabajar para El Chapo

En las primeras veces que el escolta personal del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscó al capitán Malagón fue para invitarlo a trabajar con el Cártel de Sinaloa, y le puso sobre su escritorio un fajo de billetes en dólares ajustados con ligas. Le dijo que eran 50 mil dólares por adelantado que le mandaba Aponte Gómez, y que lo único que debía hacer es pasarle la información de los movimientos del presidente Calderón, saber por dónde se movían sus tropas.

“Mi capitán, conozco de manera personal y es muy mi amigo Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, y anda reclutando gente de Guardias Presidenciales y del Estado Mayor. De hecho, ya enganchó a generales, jefes, oficiales, y tropa. Les están pagando 50 mil dólares solo por informar al cártel. Además, me dijo, esto va para grande. Ya están dentro del Estado Mayor presidencial y con algunos secretarios de Estado, la PGR y la SIEDO”.

Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta personal del Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La respuesta del capitán Malagón fue decirle que no le creía nada. En ese momento, el escolta de Lozano Alarcón sacó los fajos de billetes en dólares de su bolsa lateral del uniforme militar, y le dijo que eran “50 mil de obsequio”, que Aponte quería que perteneciera a su equipo. Incluso que lo podía hacer jefe de plaza del estado que él quisiera, con gente, armas y recursos.

Malagón, muy enojado, le gritó que le quitara el dinero de encima de su escritorio, que él no le había permitido hacer eso y que cada uno trabajaba como quería. Le ordenó que le diera una respuesta negativa al Coronel Aureliano de León y a Aponte Gómez. Que él seguiría sirviendo al país. La discusión entre ambos capitanes subió de tono, y hubo amenazas por parte de Alemán Pérez, retirándose de la oficina con un portazo.

Después de varios meses, Alemán Pérez insistió a Malagón Rendón con una disculpa por aquella ocasión, y continuaron sus llamadas a su teléfono particular y a su oficina, invitándolo a bares y cenas, que eran rechazadas de tajo por el capitán Malagón. Sin embargo, el 1 de junio de 2010, el escolta del secretario de Estado Javier Lozano intimidó al capitán Malagón diciéndole que era urgente verlo porque su familia estaba en riesgo. Ya antes había padecido un conato de secuestro y extorsión con su familia. Por lo que aceptó reunirse en las afueras de un restaurante del Lago de Chapultepec, y pidió a dos cabos que lo acompañaran, Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangel Vera.

Una vez, en el encuentro, el escolta del secretario de Estado le dijo que se subiera al auto él solo, al volante, y ya dentro, le informó que lo estaba esperando Aponte Gómez muy cerca de allí, dentro del bosque, que encendiera el auto, y le dio la información de que el Cártel de Sinaloa ya había comprado al presidente Calderón. Al negarse el capitán Malagón, hubo nuevas discusiones y amenazas a su familia, y Alemán Pérez, con pistola en mano, lo obligó a mover el auto. Con el auto en movimiento, forcejearon, y Malagón estrelló el auto contra un poste. Salieron dos disparos en el forcejeo, y él salió corriendo para salvar su vida. Los cabos se dieron cuenta de las circunstancias, pero posteriormente fueron acusados de homicidio, y torturados para que incriminaran al capitán Malagón. El periódico Reforma contó la historia diciendo que se trataba de un crimen pasional entre militares por la infidelidad de una esposa.

Las torturas de la Policía Judicial Militar

“¿Como te quieres morir al estilo Z o al estilo Familia Michoacana?”, preguntó el capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana al capitán Malagón Rendón, el 3 de junio de 2010, mientras lo tenía retenido junto con otros tenientes de la Policía Judicial Militar. Galeana había mandado traer un bat.

Uno de los judiciales, jugando con el bat, le dijo que el prestigio de un secretario de Estado (en referencia a Javier Lozano Alarcón) y el de SEDENA estaban en riesgo, que si estaba dispuesto a cooperar.

Malagón preguntó qué querían que hiciera. Y el judicial le respondió que firmara su confesión de homicidio por un delito pasional. Pero el capitán Malagón no aceptó, pese a que le dijeron una y otra vez que iba a aparecer muerto con una cartulina de la delincuencia organizada, como muchos otros.

Galeana le dijo que lo iba a matar, pero que también mataría a su familia: “Piensa como se vería tu hijo hincado como estás tú, y que yo le esté reventando la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza a tu hijo”. Malagón siguió negándose y la tortura empezó.

Fragmento del Protocolo de Estambul

“Mientras me están interrogando en la Policía Judicial Militar me vendan los ojos con algodón y unas vendas, me pegan en las siguientes partes de mi cuerpo: con los puños cerrados en la cabeza, y en los oídos y el cuello con las palmas de las manos; me tiran al suelo, me pegan en el abdomen, en las costillas con los puños cerrados, y me patean en repetidas ocasiones en mis piernas; me acuestan boca abajo con las manos hacia atrás y me hacen el nudo del ahorcado, me orino en los pantalones del dolor; posterior, me vendan en el cuello, me colocan una playera verde en mi cara e inclinan la silla donde estaba sentado y me arrojan cubetadas de agua hasta que pierdo el conocimiento. Me colocan sobre una mesa con la cabeza colgando y me vuelven arrojar cubetadas de agua y comienzan a golpearme con los puños en el pecho y en el estómago por lo que vomito el agua que tragué, y con un cincho de color amarillo me amarran y me ponen una bolsa de plástico color gris que huele a pan, y me empiezan a asfixiar en repetidas ocasiones por lo que pierdo el conocimiento sin poder precisar cuántas veces, continúan poniéndome la bolsa de plástico ahora en el cuello, y con una mano me tapan la nariz para volverme a asfixiar por lo que vuelvo a perder el conocimiento, cuando despierto veo que me están dando oxígeno con una mascarilla para dar RCP, no recuerdo cuánto tiempo pasó solo sé que apagaron las luces y después de un tiempo regresaron encapuchados con pasamontañas y otros descubiertos de la cara. Me vuelven a acostar sobre la mesa, me estiran con la eslinga colocadas en cada una de mis muñecas, una a cada lado hasta sentir como se zafa algo, me esposan de un lado y me colocan unas almohadillas por debajo de mis dedos para no encogerlos y con algo me comienzan a golpear los dedos, es el dolor más incapacitante que pude sentir por lo que comienzo a llorar de dolor; me inyectan en el glúteo una sustancia blanca que pareciera que me activaban más el dolor, no puedo decir que fue porque no lo vi, me golpean nuevamente en la cara para que volteara a verlos, me amenazan con matar a mi familia si no les digo quién más sabe de la infiltración, llega alguien cargando un costal asemejando con movimientos que dentro de él estaba mi hijo y otro lo golpeaba con un bat hasta que se escucha cómo se quiebra, se escuchan gritos de un niño que podría jurar que era mi hijo, a lo lejos veo a una mujer que podría decir que era de la complexión de mi esposa, el color de su piel, la forma de vestirse, sí era ella, le dan el tiro de gracia, porque escucho una detonación, cae al suelo, y entra un capitán y me pone sus dedos en mi nariz, y me dice “a que te huelen ¿A gloria, verdad? A eso me supo tu hija”, y puedo jurar que lo que olí era secreción vaginal… ya no sé si porque yo alucinaba, porque no puedo decir que lo que estaba pasando era una realidad, llevaban aproximadamente más de tres días torturándome, casi desplomado hasta el suelo, y les dije mátenme, no me dejen vivir…”

Actualmente, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la Ciudad de México, pagando una condena de 27 años.

Dos páginas del Protocolo de Estambul (Versión completa en posesión de Los Ángeles Press) 

 

El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como “simulación de pruebas”, pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, “solo los mandó golpear”. La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

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El Caso Wallace

Madre de César Freyre, víctima de Isabel Miranda, fallece sin justicia por el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

In memoriam

María Rosa Morales Ibarra, víctima de Isabel Miranda Torres y madre de César Freyre Morales, falleció el 10 de julio, a las 2 de la tarde, a causa de un infarto cerebral y neumonía, en un hospital de la Ciudad de México, sin que le permitieran a César un permiso humanitario para asistir al funeral. 

Se trata del segundo miembro de la familia de César Freyre que fallece sin justicia y sin haber logrado verlo en libertad pese a su inocencia y en lucha contra la sentencia de 131 años de prisión por un crimen que no sucedió. La primera fue su hermana Julieta Araceli Freyre Morales, quien falleció a la edad de 40 años, dejando a dos menores en orfandad, a causa de un infarto cerebral el 22 de octubre de 2010, el mismo día en que torturaron a César, en El Altiplano, por segunda ocasión en ese mes, previo a que le otorgaran el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda.

En 2006, María Rosa Morales y su hija Julieta Freyre sufrieron durante año y medio la prisión injusta por falsas denuncias de extorsión por parte de Isabel Miranda, con el objetivo de presionar a César Freyre para que se declarara culpable del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La madre de César Freyre, ya en libertad, también sufrió el acoso y la intimidación de Isabel Miranda de manera sistemática. Una de las agresiones fue el 20 de febrero de 2019, después de que Miranda se enterara de que César Freyre había revelado a esta periodista que algunas de las torturas sufridas las había cometido directamente Isabel Miranda Torres, acompañada de agentes de la SEIDO Osvaldo Jiménez Juárez y Braulio Robles Zúniga, dentro del penal federal El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.

A través de una misiva, Freyre señaló a Renato Sales Heredia –entonces comisionado nacional de Seguridad de Enrique Peña Nieto, hoy alcalde de Campeche por Morena–, de ser uno de los funcionarios que permitieron las torturas durante su gestión de 2015 a 2018, y la entrada a discreción de Miranda al penal, en complicidad con Jazmín Borbón Ochoa, quien fungía como directora de ese penal y hoy se encuentra al frente del penal El Rincón de Tepic Nayarit.

La última entrevista que María Rosa Morales dio a Los Ángeles Press fue para denunciar el acoso telefónico de Miranda.

“A mí me quitaron mi libertad, así –dice la madre de César Freyre en entrevista telefónica–. Yo me presenté para ver a mi niño en el arraigo, y allí me quitaron mi libertad. Y a mi hija igual, ya ve que ella falleció a consecuencia de eso. La verdad ahorita, yo no le tengo miedo a la señora, es como yo le digo, yo no le tengo miedo por tanto daño que me ha hecho. Es que la señora no me deja vivir en paz, si ya lo tiene ahí, ¿qué más quiere?”.

Después de la entrevista, Morales Ibarra puso una denuncia formal ante la FGR y de inmediato recibió una segunda llamada de Isabel Miranda para intimidarla de nuevo.

María Rosa Morales fue encañonada dentro de su casa por agentes ministeriales de SEIDO-PGR, el 26 de septiembre de 2016, y desde allí los ministeriales le hablaron por teléfono a su hijo César poco antes de tener un careo judicial ante el Juez Décimo Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que se incriminara por segunda ocasión del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados.

Después de las dos torturas del 2 y 22 de octubre de 2010, fue obligado a escribir una carta con la confesión y es la que presenta Isabel Miranda a los medios de comunicación como prueba para sostener el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto.

Los hechos fueron denunciados ante Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y se puso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, institución que abrió la investigación penal contra Isabel Miranda Torres, desde el 11 de diciembre de 2018, y dos años después, el 16 de noviembre de 2020 determinó el no ejercicio de la acción penal, omitiendo los actos de tortura y secuestro en grado tentativa contra esta periodista y las víctimas en prisión, argumentando que los delitos de falsedad de declaración habían prescrito.

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