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Fabricación de culpables

Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón y parte del Ejército mexicano trabajaban con el Cártel de Sinaloa, revela capitán de Infantería en actrivo.

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Por Guadalupe Lizárraga

Javier Lozano Alarcón, íntimo amigo del expresidente Felipe Calderón, y secretario de Trabajo durante su gobierno, se encargaba de hacer los negocios sucios y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Tenía muchas formas de hacerlo, establecer empresas nacionales, incluso extranjeras, cambiar cuentas. Un traficante de influencias con toda la confianza del presidente. Su escolta personal, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, era el reclutador de militares, y trabajaba de la mano del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos militares, Alemán y Aponte eran compañeros de la generación 93-96, en el Heroico Colegio Militar, amistad que hacía valer llevándolo al Campo Militar Número 1, siendo ya jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Éstas son parte de las declaraciones del Capitán de Infantería del Ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendon, en documentos oficiales firmados bajo protesta de decir verdad, desde junio de 2010, por las que fue torturado durante días y encarcelado bajo acusación de homicidio calificado del capitán Alemán Pérez. Entre sus declaraciones reveló que el entonces secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, conocía la conversación previa a la muerte de Alemán, y era quien ordenaba su reclutamiento.

“El Cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora, también tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento, el Cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe (el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón). Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo, y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea que lo estoy escoltando”.

Cap. Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta del secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón
1 de junio de 2010

Audio de la entrevista de Los Ángeles Press al capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón

Una de las primeras personas a las que el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón denunció los hechos de agresión de parte del capitán Alemán y su relación con el Cártel de Sinaloa fue al General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de SEDENA, quien le pidió que aguardara a la Policía Judicial Militar para que realizara la investigación conforme a derecho. Sin embargo, Juárez Loera que conocía de primera fuente que el secretario Lozano Alarcón estaba involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa, fue asesinado el 21 de mayo de 2011. Ese mismo año, el capitán Malagón había denunciado la corrupción de la SEDENA y del secretario de Trabajo ante el Juez Vigésimo Primero Penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez.

Para entonces, ya había dado su declaración judicial, con la misma información, ante el Ministerio Público adscrito a la Primera Zona Militar bajo la acusación del homicidio del capitán Alemán Pérez, con quien tuvo un forcejeo dentro de una camioneta cuando intentaba obligarlo a reunirse con Aponte Gómez, esa misma tarde, después de intimidarlo con amenazas a su familia y apuntarle con su pistola. Por este hecho se inició la averiguación previa número SC/138/2010/V.

En 2011, también hizo una ampliación de declaración en el que reiteró la relación del escolta Alemán Pérez con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, así como las torturas padecidas, el 3 de junio de 2010, durante 72 horas, por parte del capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, para que se incriminara por el homicidio del escolta alegando un móvil pasional ya que “el prestigio del secretario de Estado Javier Lozano Alarcón y el de SEDENA estaban en riesgo”.

Fragmento Ampliación de declaración 2011

 

Sin embargo, ninguna de sus denuncias sobre la corrupción de SEDENA ni sobre las torturas fue atendida conforme a derecho. Por lo que en 2015, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendon puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue registrada bajo el número de CNDH/3/2015/8253/Q, pero fue desestimada sin realizar ninguna visita carcelaria por la Tercera Visitaduría General, bajo la dirección de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, concluyendo que las heridas hechas durante su detención del 4 al 6 de junio de 2010, no tenían relación alguna con los hechos narrados, y no se le dio seguimiento a su caso. 

Con nuevos amparos y defensoría de oficio, el capitán de Infantería logró que en 2016 se le practicara el Protocolo de Estambul por las torturas, el cual resultó positivo, y posteriormente en enero de 2020, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por los delitos de tortura donde nuevamente hace su denuncia.

Cotejo de firmas

Fuga de información, primeros conflictos

Cuando Vladimir Ilich Malagón conoció al escolta personal del secretario de Trabajo, él era comandante de escoltas y del equipo SWAT de Presidencia, pero en sus ascensos por su formación especializada en Inteligencia y antiterrorismo, fue asignado a la seguridad del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por instrucciones del General Ántimo Miranda. Su jefe era el General de División Jorge Juárez Loera, quien le había hecho varios reconocimientos por su trabajo en temas de seguridad, después de detectar que personal militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional extraía documentos de carácter secreto en USB y otros dispositivos para venderlos al crimen organizado.

Esta fuga de información detectada contenía datos sensibles sobre el despliegue operativo militar en el Estado de Michoacán, una base de datos de militares en las embajadas de nivel internacional, información sobre las giras presidenciales de Calderón, entre otros.

Los dispositivos de seguridad implementados por el capitán Malagón Rendon generó inconformidad a personal de alto rango del ejército, porque las medidas iban desde la prohibición de la entrada a ciertas áreas sin autorización, prohibición de celulares, medidas antibombas, vigilancia y monitoreo interno, “sin importar que fuera General, jefe, Oficial o tropa”, explica a Los Ángeles Press. El General Miranda, quien le había dado la orden de blindar el edificio de SEDENA –con unos 5,500 activos de diferentes rangos y funcionarios de alto nivel– fue relevado del cargo, y Malagón empezó a ser intimidado con vigilancia las 24 horas del día en su domicilio particular.

Trabajar para El Chapo

En las primeras veces que el escolta personal del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscó al capitán Malagón fue para invitarlo a trabajar con el Cártel de Sinaloa, y le puso sobre su escritorio un fajo de billetes en dólares ajustados con ligas. Le dijo que eran 50 mil dólares por adelantado que le mandaba Aponte Gómez, y que lo único que debía hacer es pasarle la información de los movimientos del presidente Calderón, saber por dónde se movían sus tropas.

“Mi capitán, conozco de manera personal y es muy mi amigo Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, y anda reclutando gente de Guardias Presidenciales y del Estado Mayor. De hecho, ya enganchó a generales, jefes, oficiales, y tropa. Les están pagando 50 mil dólares solo por informar al cártel. Además, me dijo, esto va para grande. Ya están dentro del Estado Mayor presidencial y con algunos secretarios de Estado, la PGR y la SIEDO”.

Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta personal del Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La respuesta del capitán Malagón fue decirle que no le creía nada. En ese momento, el escolta de Lozano Alarcón sacó los fajos de billetes en dólares de su bolsa lateral del uniforme militar, y le dijo que eran “50 mil de obsequio”, que Aponte quería que perteneciera a su equipo. Incluso que lo podía hacer jefe de plaza del estado que él quisiera, con gente, armas y recursos.

Malagón, muy enojado, le gritó que le quitara el dinero de encima de su escritorio, que él no le había permitido hacer eso y que cada uno trabajaba como quería. Le ordenó que le diera una respuesta negativa al Coronel Aureliano de León y a Aponte Gómez. Que él seguiría sirviendo al país. La discusión entre ambos capitanes subió de tono, y hubo amenazas por parte de Alemán Pérez, retirándose de la oficina con un portazo.

Después de varios meses, Alemán Pérez insistió a Malagón Rendón con una disculpa por aquella ocasión, y continuaron sus llamadas a su teléfono particular y a su oficina, invitándolo a bares y cenas, que eran rechazadas de tajo por el capitán Malagón. Sin embargo, el 1 de junio de 2010, el escolta del secretario de Estado Javier Lozano intimidó al capitán Malagón diciéndole que era urgente verlo porque su familia estaba en riesgo. Ya antes había padecido un conato de secuestro y extorsión con su familia. Por lo que aceptó reunirse en las afueras de un restaurante del Lago de Chapultepec, y pidió a dos cabos que lo acompañaran, Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangel Vera.

Una vez, en el encuentro, el escolta del secretario de Estado le dijo que se subiera al auto él solo, al volante, y ya dentro, le informó que lo estaba esperando Aponte Gómez muy cerca de allí, dentro del bosque, que encendiera el auto, y le dio la información de que el Cártel de Sinaloa ya había comprado al presidente Calderón. Al negarse el capitán Malagón, hubo nuevas discusiones y amenazas a su familia, y Alemán Pérez, con pistola en mano, lo obligó a mover el auto. Con el auto en movimiento, forcejearon, y Malagón estrelló el auto contra un poste. Salieron dos disparos en el forcejeo, y él salió corriendo para salvar su vida. Los cabos se dieron cuenta de las circunstancias, pero posteriormente fueron acusados de homicidio, y torturados para que incriminaran al capitán Malagón. El periódico Reforma contó la historia diciendo que se trataba de un crimen pasional entre militares por la infidelidad de una esposa.

Las torturas de la Policía Judicial Militar

“¿Como te quieres morir al estilo Z o al estilo Familia Michoacana?”, preguntó el capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana al capitán Malagón Rendón, el 3 de junio de 2010, mientras lo tenía retenido junto con otros tenientes de la Policía Judicial Militar. Galeana había mandado traer un bat.

Uno de los judiciales, jugando con el bat, le dijo que el prestigio de un secretario de Estado (en referencia a Javier Lozano Alarcón) y el de SEDENA estaban en riesgo, que si estaba dispuesto a cooperar.

Malagón preguntó qué querían que hiciera. Y el judicial le respondió que firmara su confesión de homicidio por un delito pasional. Pero el capitán Malagón no aceptó, pese a que le dijeron una y otra vez que iba a aparecer muerto con una cartulina de la delincuencia organizada, como muchos otros.

Galeana le dijo que lo iba a matar, pero que también mataría a su familia: “Piensa como se vería tu hijo hincado como estás tú, y que yo le esté reventando la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza a tu hijo”. Malagón siguió negándose y la tortura empezó.

Fragmento del Protocolo de Estambul

“Mientras me están interrogando en la Policía Judicial Militar me vendan los ojos con algodón y unas vendas, me pegan en las siguientes partes de mi cuerpo: con los puños cerrados en la cabeza, y en los oídos y el cuello con las palmas de las manos; me tiran al suelo, me pegan en el abdomen, en las costillas con los puños cerrados, y me patean en repetidas ocasiones en mis piernas; me acuestan boca abajo con las manos hacia atrás y me hacen el nudo del ahorcado, me orino en los pantalones del dolor; posterior, me vendan en el cuello, me colocan una playera verde en mi cara e inclinan la silla donde estaba sentado y me arrojan cubetadas de agua hasta que pierdo el conocimiento. Me colocan sobre una mesa con la cabeza colgando y me vuelven arrojar cubetadas de agua y comienzan a golpearme con los puños en el pecho y en el estómago por lo que vomito el agua que tragué, y con un cincho de color amarillo me amarran y me ponen una bolsa de plástico color gris que huele a pan, y me empiezan a asfixiar en repetidas ocasiones por lo que pierdo el conocimiento sin poder precisar cuántas veces, continúan poniéndome la bolsa de plástico ahora en el cuello, y con una mano me tapan la nariz para volverme a asfixiar por lo que vuelvo a perder el conocimiento, cuando despierto veo que me están dando oxígeno con una mascarilla para dar RCP, no recuerdo cuánto tiempo pasó solo sé que apagaron las luces y después de un tiempo regresaron encapuchados con pasamontañas y otros descubiertos de la cara. Me vuelven a acostar sobre la mesa, me estiran con la eslinga colocadas en cada una de mis muñecas, una a cada lado hasta sentir como se zafa algo, me esposan de un lado y me colocan unas almohadillas por debajo de mis dedos para no encogerlos y con algo me comienzan a golpear los dedos, es el dolor más incapacitante que pude sentir por lo que comienzo a llorar de dolor; me inyectan en el glúteo una sustancia blanca que pareciera que me activaban más el dolor, no puedo decir que fue porque no lo vi, me golpean nuevamente en la cara para que volteara a verlos, me amenazan con matar a mi familia si no les digo quién más sabe de la infiltración, llega alguien cargando un costal asemejando con movimientos que dentro de él estaba mi hijo y otro lo golpeaba con un bat hasta que se escucha cómo se quiebra, se escuchan gritos de un niño que podría jurar que era mi hijo, a lo lejos veo a una mujer que podría decir que era de la complexión de mi esposa, el color de su piel, la forma de vestirse, sí era ella, le dan el tiro de gracia, porque escucho una detonación, cae al suelo, y entra un capitán y me pone sus dedos en mi nariz, y me dice «a que te huelen ¿A gloria, verdad? A eso me supo tu hija», y puedo jurar que lo que olí era secreción vaginal… ya no sé si porque yo alucinaba, porque no puedo decir que lo que estaba pasando era una realidad, llevaban aproximadamente más de tres días torturándome, casi desplomado hasta el suelo, y les dije mátenme, no me dejen vivir…»

Actualmente, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la Ciudad de México, pagando una condena de 27 años.

Dos páginas del Protocolo de Estambul (Versión completa en posesión de Los Ángeles Press) 

 

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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El Caso Wallace

¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

En una carta abierta entregada a Los Ángeles Press, Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y víctima de Isabel Miranda Torres, preso desde 2010, narra su tragedia y la de sus coprocesados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ésta, pregunta al mandatario cuánto tiempo más pasará para que se les haga justicia. «¿Hasta cuándo va a cambiar todo esto, señor presidente? ¿Cuántos sexenios más debe ganar MORENA para depurar toda la corrupción que aún existe en el Poder Judicial y en todo el gobierno?», escribió.

Tagle Dobín lleva once años en prisión sin sentencia acusado del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Un caso que Los Ángeles Press ha documentado extensamente en su falsedad con evidencias de vida de la supuesta víctima incluso años después de la fecha de muerte que reportó su madre Isabel Miranda.

En la misiva al presidente, Jacobo Tagle señala las violaciones de derechos humanos que ha padecido, como tortura, violación y obstaculización de una defensa adecuada. Enfatizó que aún es presunto culpable al no estar sentenciado y se le niega el traslado al CEFERESO número 1, del Altiplano, Estado de México, donde le corresponde por derecho seguir su proceso.

Aludió al artículo 18 de la Constitución, que estipula que “todo sentenciado podrá compurgar su pena en el centro más cercano a su comunidad y familia, y esto no aplica en los casos de delincuencia organizada y personas que requieren medidas especiales de seguridad”. Jacobo Tagle enfatizó: “¡pero estamos hablando de sentenciados!, en ningún lugar dice procesados… y todo procesado es inocente, y tiene derecho a una defensa como debe ser y es hasta que se le encuentre culpa es que pueden alejarlo del lugar donde se le instruye”.

Con dos protocolos de Estambul positivos en tortura, uno por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro por parte del Consejo de la Judicatura de la Federación, Jacobo Tagle ha demostrado cómo fue obligado a incriminar a César Freyre Morales, a George Khoury Layón y a sí mismo, de haber participado en el supuesto homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero, además, el exdefensor público Alejandro Garduño Real, quien llevaba su caso logró avanzar sustancialmente en su defensa al demostrar que Isabel Miranda Torres y el exagente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga habían privado de la libertad a Tagle, el día 3 de diciembre de 2010, tras su detención arbitraria e ilegal. Al día siguiente, Tagle fue exhibido a los medios de comunicación por Isabel Miranda como secuestrador, en flagrante usurpación de funciones de Ministerio Público, lo trasladó al lugar de los supuestos hechos, donde lo grabó en video para simular la reconstrucción de hechos. Y finalmente, fue entregado al juez que lo requería hasta el 12 de diciembre de 2010.

Del 3 al 11 de diciembre de ese año, Isabel Miranda coaccionó bajo tortura a Jacobo Tagle para que se incriminara y culpara a los demás, de acuerdo con los testimonios registrados en sus protocolos de Estambul y su declaración preparatoria. No obstante, su defensor Garduño Real fue amenazado e intimidado con atentados, y tras sus denuncias despedido de su trabajo injustificadamente.

A Jacobo Tagle lo obligaron a firmar una declaración hecha por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, quien bajo órdenes de Isabel Miranda, coordinó también la detención ilegal durante un año al hermano menor de Jacobo para presionarlo, así como la expropiación de la casa a su madre, de la cual aún es propietaria.

Jacobo Tagle pregunta en su carta al presidente: “¿por qué la FGR no nos ha retirado los cargos aún? ¿por qué no han puesto tras las rejas a los culpables? ¿qué debe pasar para que eso suceda? ¿cuántos años más debemos estar presos? ¿Hasta que llegue alguien que no le tiemble la mano y haga lo correcto y nos otorgue nuestra merecida libertad?”.

La misiva concluye reiterando la confianza al presidente López Obrador y le pide que no los olvide: “somos el pueblo, somos humanos, somos inocentes y somos mexicanos”.

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