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Fabricación de culpables

Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón y parte del Ejército mexicano trabajaban con el Cártel de Sinaloa, revela capitán de Infantería en actrivo.

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Por Guadalupe Lizárraga

Javier Lozano Alarcón, íntimo amigo del expresidente Felipe Calderón, y secretario de Trabajo durante su gobierno, se encargaba de hacer los negocios sucios y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Tenía muchas formas de hacerlo, establecer empresas nacionales, incluso extranjeras, cambiar cuentas. Un traficante de influencias con toda la confianza del presidente. Su escolta personal, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, era el reclutador de militares, y trabajaba de la mano del exmilitar Manuel Alejandro Aponte Gómez, jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos militares, Alemán y Aponte eran compañeros de la generación 93-96, en el Heroico Colegio Militar, amistad que hacía valer llevándolo al Campo Militar Número 1, siendo ya jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Éstas son parte de las declaraciones del Capitán de Infantería del Ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendon, en documentos oficiales firmados bajo protesta de decir verdad, desde junio de 2010, por las que fue torturado durante días y encarcelado bajo acusación de homicidio calificado del capitán Alemán Pérez. Entre sus declaraciones reveló que el entonces secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, conocía la conversación previa a la muerte de Alemán, y era quien ordenaba su reclutamiento.

“El Cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora, también tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento, el Cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe (el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón). Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo, y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea que lo estoy escoltando”.

Cap. Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta del secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón
1 de junio de 2010

Audio de la entrevista de Los Ángeles Press al capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón

Una de las primeras personas a las que el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón denunció los hechos de agresión de parte del capitán Alemán y su relación con el Cártel de Sinaloa fue al General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de SEDENA, quien le pidió que aguardara a la Policía Judicial Militar para que realizara la investigación conforme a derecho. Sin embargo, Juárez Loera que conocía de primera fuente que el secretario Lozano Alarcón estaba involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa, fue asesinado el 21 de mayo de 2011. Ese mismo año, el capitán Malagón había denunciado la corrupción de la SEDENA y del secretario de Trabajo ante el Juez Vigésimo Primero Penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez.

Para entonces, ya había dado su declaración judicial, con la misma información, ante el Ministerio Público adscrito a la Primera Zona Militar bajo la acusación del homicidio del capitán Alemán Pérez, con quien tuvo un forcejeo dentro de una camioneta cuando intentaba obligarlo a reunirse con Aponte Gómez, esa misma tarde, después de intimidarlo con amenazas a su familia y apuntarle con su pistola. Por este hecho se inició la averiguación previa número SC/138/2010/V.

En 2011, también hizo una ampliación de declaración en el que reiteró la relación del escolta Alemán Pérez con el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, así como las torturas padecidas, el 3 de junio de 2010, durante 72 horas, por parte del capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, para que se incriminara por el homicidio del escolta alegando un móvil pasional ya que “el prestigio del secretario de Estado Javier Lozano Alarcón y el de SEDENA estaban en riesgo”.

Fragmento Ampliación de declaración 2011

 

Sin embargo, ninguna de sus denuncias sobre la corrupción de SEDENA ni sobre las torturas fue atendida conforme a derecho. Por lo que en 2015, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendon puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue registrada bajo el número de CNDH/3/2015/8253/Q, pero fue desestimada sin realizar ninguna visita carcelaria por la Tercera Visitaduría General, bajo la dirección de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, concluyendo que las heridas hechas durante su detención del 4 al 6 de junio de 2010, no tenían relación alguna con los hechos narrados, y no se le dio seguimiento a su caso. 

Con nuevos amparos y defensoría de oficio, el capitán de Infantería logró que en 2016 se le practicara el Protocolo de Estambul por las torturas, el cual resultó positivo, y posteriormente en enero de 2020, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por los delitos de tortura donde nuevamente hace su denuncia.

Cotejo de firmas

Fuga de información, primeros conflictos

Cuando Vladimir Ilich Malagón conoció al escolta personal del secretario de Trabajo, él era comandante de escoltas y del equipo SWAT de Presidencia, pero en sus ascensos por su formación especializada en Inteligencia y antiterrorismo, fue asignado a la seguridad del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por instrucciones del General Ántimo Miranda. Su jefe era el General de División Jorge Juárez Loera, quien le había hecho varios reconocimientos por su trabajo en temas de seguridad, después de detectar que personal militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional extraía documentos de carácter secreto en USB y otros dispositivos para venderlos al crimen organizado.

Esta fuga de información detectada contenía datos sensibles sobre el despliegue operativo militar en el Estado de Michoacán, una base de datos de militares en las embajadas de nivel internacional, información sobre las giras presidenciales de Calderón, entre otros.

Los dispositivos de seguridad implementados por el capitán Malagón Rendon generó inconformidad a personal de alto rango del ejército, porque las medidas iban desde la prohibición de la entrada a ciertas áreas sin autorización, prohibición de celulares, medidas antibombas, vigilancia y monitoreo interno, “sin importar que fuera General, jefe, Oficial o tropa”, explica a Los Ángeles Press. El General Miranda, quien le había dado la orden de blindar el edificio de SEDENA –con unos 5,500 activos de diferentes rangos y funcionarios de alto nivel– fue relevado del cargo, y Malagón empezó a ser intimidado con vigilancia las 24 horas del día en su domicilio particular.

Trabajar para El Chapo

En las primeras veces que el escolta personal del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscó al capitán Malagón fue para invitarlo a trabajar con el Cártel de Sinaloa, y le puso sobre su escritorio un fajo de billetes en dólares ajustados con ligas. Le dijo que eran 50 mil dólares por adelantado que le mandaba Aponte Gómez, y que lo único que debía hacer es pasarle la información de los movimientos del presidente Calderón, saber por dónde se movían sus tropas.

“Mi capitán, conozco de manera personal y es muy mi amigo Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, y anda reclutando gente de Guardias Presidenciales y del Estado Mayor. De hecho, ya enganchó a generales, jefes, oficiales, y tropa. Les están pagando 50 mil dólares solo por informar al cártel. Además, me dijo, esto va para grande. Ya están dentro del Estado Mayor presidencial y con algunos secretarios de Estado, la PGR y la SIEDO”.

Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez
Escolta personal del Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La respuesta del capitán Malagón fue decirle que no le creía nada. En ese momento, el escolta de Lozano Alarcón sacó los fajos de billetes en dólares de su bolsa lateral del uniforme militar, y le dijo que eran “50 mil de obsequio”, que Aponte quería que perteneciera a su equipo. Incluso que lo podía hacer jefe de plaza del estado que él quisiera, con gente, armas y recursos.

Malagón, muy enojado, le gritó que le quitara el dinero de encima de su escritorio, que él no le había permitido hacer eso y que cada uno trabajaba como quería. Le ordenó que le diera una respuesta negativa al Coronel Aureliano de León y a Aponte Gómez. Que él seguiría sirviendo al país. La discusión entre ambos capitanes subió de tono, y hubo amenazas por parte de Alemán Pérez, retirándose de la oficina con un portazo.

Después de varios meses, Alemán Pérez insistió a Malagón Rendón con una disculpa por aquella ocasión, y continuaron sus llamadas a su teléfono particular y a su oficina, invitándolo a bares y cenas, que eran rechazadas de tajo por el capitán Malagón. Sin embargo, el 1 de junio de 2010, el escolta del secretario de Estado Javier Lozano intimidó al capitán Malagón diciéndole que era urgente verlo porque su familia estaba en riesgo. Ya antes había padecido un conato de secuestro y extorsión con su familia. Por lo que aceptó reunirse en las afueras de un restaurante del Lago de Chapultepec, y pidió a dos cabos que lo acompañaran, Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangel Vera.

Una vez, en el encuentro, el escolta del secretario de Estado le dijo que se subiera al auto él solo, al volante, y ya dentro, le informó que lo estaba esperando Aponte Gómez muy cerca de allí, dentro del bosque, que encendiera el auto, y le dio la información de que el Cártel de Sinaloa ya había comprado al presidente Calderón. Al negarse el capitán Malagón, hubo nuevas discusiones y amenazas a su familia, y Alemán Pérez, con pistola en mano, lo obligó a mover el auto. Con el auto en movimiento, forcejearon, y Malagón estrelló el auto contra un poste. Salieron dos disparos en el forcejeo, y él salió corriendo para salvar su vida. Los cabos se dieron cuenta de las circunstancias, pero posteriormente fueron acusados de homicidio, y torturados para que incriminaran al capitán Malagón. El periódico Reforma contó la historia diciendo que se trataba de un crimen pasional entre militares por la infidelidad de una esposa.

Las torturas de la Policía Judicial Militar

“¿Como te quieres morir al estilo Z o al estilo Familia Michoacana?”, preguntó el capitán segundo de Infantería Juan Sánchez Galeana al capitán Malagón Rendón, el 3 de junio de 2010, mientras lo tenía retenido junto con otros tenientes de la Policía Judicial Militar. Galeana había mandado traer un bat.

Uno de los judiciales, jugando con el bat, le dijo que el prestigio de un secretario de Estado (en referencia a Javier Lozano Alarcón) y el de SEDENA estaban en riesgo, que si estaba dispuesto a cooperar.

Malagón preguntó qué querían que hiciera. Y el judicial le respondió que firmara su confesión de homicidio por un delito pasional. Pero el capitán Malagón no aceptó, pese a que le dijeron una y otra vez que iba a aparecer muerto con una cartulina de la delincuencia organizada, como muchos otros.

Galeana le dijo que lo iba a matar, pero que también mataría a su familia: “Piensa como se vería tu hijo hincado como estás tú, y que yo le esté reventando la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza a tu hijo”. Malagón siguió negándose y la tortura empezó.

Fragmento del Protocolo de Estambul

“Mientras me están interrogando en la Policía Judicial Militar me vendan los ojos con algodón y unas vendas, me pegan en las siguientes partes de mi cuerpo: con los puños cerrados en la cabeza, y en los oídos y el cuello con las palmas de las manos; me tiran al suelo, me pegan en el abdomen, en las costillas con los puños cerrados, y me patean en repetidas ocasiones en mis piernas; me acuestan boca abajo con las manos hacia atrás y me hacen el nudo del ahorcado, me orino en los pantalones del dolor; posterior, me vendan en el cuello, me colocan una playera verde en mi cara e inclinan la silla donde estaba sentado y me arrojan cubetadas de agua hasta que pierdo el conocimiento. Me colocan sobre una mesa con la cabeza colgando y me vuelven arrojar cubetadas de agua y comienzan a golpearme con los puños en el pecho y en el estómago por lo que vomito el agua que tragué, y con un cincho de color amarillo me amarran y me ponen una bolsa de plástico color gris que huele a pan, y me empiezan a asfixiar en repetidas ocasiones por lo que pierdo el conocimiento sin poder precisar cuántas veces, continúan poniéndome la bolsa de plástico ahora en el cuello, y con una mano me tapan la nariz para volverme a asfixiar por lo que vuelvo a perder el conocimiento, cuando despierto veo que me están dando oxígeno con una mascarilla para dar RCP, no recuerdo cuánto tiempo pasó solo sé que apagaron las luces y después de un tiempo regresaron encapuchados con pasamontañas y otros descubiertos de la cara. Me vuelven a acostar sobre la mesa, me estiran con la eslinga colocadas en cada una de mis muñecas, una a cada lado hasta sentir como se zafa algo, me esposan de un lado y me colocan unas almohadillas por debajo de mis dedos para no encogerlos y con algo me comienzan a golpear los dedos, es el dolor más incapacitante que pude sentir por lo que comienzo a llorar de dolor; me inyectan en el glúteo una sustancia blanca que pareciera que me activaban más el dolor, no puedo decir que fue porque no lo vi, me golpean nuevamente en la cara para que volteara a verlos, me amenazan con matar a mi familia si no les digo quién más sabe de la infiltración, llega alguien cargando un costal asemejando con movimientos que dentro de él estaba mi hijo y otro lo golpeaba con un bat hasta que se escucha cómo se quiebra, se escuchan gritos de un niño que podría jurar que era mi hijo, a lo lejos veo a una mujer que podría decir que era de la complexión de mi esposa, el color de su piel, la forma de vestirse, sí era ella, le dan el tiro de gracia, porque escucho una detonación, cae al suelo, y entra un capitán y me pone sus dedos en mi nariz, y me dice “a que te huelen ¿A gloria, verdad? A eso me supo tu hija”, y puedo jurar que lo que olí era secreción vaginal… ya no sé si porque yo alucinaba, porque no puedo decir que lo que estaba pasando era una realidad, llevaban aproximadamente más de tres días torturándome, casi desplomado hasta el suelo, y les dije mátenme, no me dejen vivir…”

Actualmente, el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la Ciudad de México, pagando una condena de 27 años.

Dos páginas del Protocolo de Estambul (Versión completa en posesión de Los Ángeles Press) 

 

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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