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Mexico Violento

Calderón y Ejército con acceso total a las agendas y eventos del narcotráfico: Sargento Vázquez Álvarez

El Estado Mayor de la Defensa Nacional cuenta con la información de los cárteles y narcotraficantes de México, Estados Unidos y Colombia, según testimonio de militar

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Entrevista al Sargento Segundo Ricardo Vázquez Álvarez

El gobierno de Felipe Calderón y el Ejército son especialistas en incriminar a las personas vinculándolos al narcotráfico. Tienen acceso a todas las agendas de los cárteles, y están subordinados a éstos, según las denuncias del Sto. Vázquez Álvarez.

Guadalupe Lizárraga: De acuerdo a las fechas que das en tu mensaje, ¿significa que no eres un militar activo?

Sto. Ricardo Vázquez: No, ya no estoy activo, fui dado de baja arbitraria e ilegalmente del Ejército el día 26 de octubre de 2001 por negarme a la capacitación en la Escuela de la Américas, bajo tutela de la CIA. Esto, derivado de que yo cumpliría 10 años de servicio activo el día 2 de marzo de 2002 y sería acreedor a la Condecoración de Perseverancia de 5/a Clase. Lo cual hubiera implicado que se me diera una prestación económica mensual por efecto de mi condecoración y mis años prestados al Ejército.

Mi caso fue el inicio de muchos otros casos en los que dan de baja de esta forma “legaloide” a personal militar de mi antigüedad y a quienes cumplirían 20 años de servicio. En el caso de éstos, lo hacen para evitar que pasaran a situación de retiro y cobren mensualmente una pensión. Para ahorrarse ese dinero, optaron por arrestarnos a cada rato y por cualquier cosa, y después de cierto tiempo de arresto, pueden justificar el convocar al consejo de honor y determinar nuestra baja.

GL: ¿En qué basas las acusaciones del sometimiento del gobierno de Calderón al crimen organizado? En esto coincides con algunos periodistas, sin embargo, el que las declaraciones provengan de un militar es muy significativo.

RV: Hay varias razones en las que me baso, pero te diré la más fuerte y esencial: en lo que respecta al Ejército y Fuerza Aérea (no hablaré de la Armada porque desconozco sus aparatos y estructura), se cuenta con un Estado Mayor (Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN, no confundir con el Estado Mayor Presidencial). Este órgano administrativo-operativo militar cuenta con varias secciones, pero dos de ellas enfocadas en la supuesta “lucha” anti narco. Una es la Sección Segunda (Inteligencia) y la Sección Séptima, antes llamada Décima (Operaciones contra el narcotráfico).

Dichas secciones del EMDN, cuentan con toda la información de todos los cárteles y narcos que hay aquí en México, en Estados Unidos y Colombia principalmente. En estas secciones se cuentan con las agendas, ubicaciones temporales y permanentes de cada narcotraficante y de cada cártel, pero esta información sólo se usa en el sentido de prestar apoyo y defender a los narcos en el poder (en este caso el Chapo Guzmán) y erradicarle sus competencias.

Si de verdad el presidente Calderón hubiese tenido la voluntad y las ganas de erradicar el narcotráfico, como prometió hacerlo, ya lo habría hecho, en muy poco tiempo y con menos sangre, usando esta información contenida en el Estado Mayor de la Defensa Nacional que he mencionado.

He escuchado a los camaradas que protestan contra el Ejército, en el sentido de que los aparatos de Inteligencia militar y logística no sirven contra el narco. Yo les contesto que sí sirven, pero sólo sirven para servir al narco y erradicar a los que les estorbamos y a quienes sabemos la verdad y ésta es que Calderón, desde Los Pinos, y antes Fox, el gobierno está plenamente subordinado al narcotráfico.

Estos aparatos de Inteligencia militar han dado resultados fehacientemente en este sentido. Tenemos el caso de los estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, a los que Calderón dijo: “los mataron por narcos y por pandilleros”; también el caso de los jóvenes estudiantes asesinados en plena escuela en el Tec de Monterrey en Nuevo León, el secuestro y asesinato de los hermanos LeBaron en Juárez. Otro caso son las familias asesinadas a tiros en una vil emboscada en los retenes militares asesinados expresamente por personal militar en Sinaloa, las jóvenes violadas por militares en Chihuahua… Todos estos casos demuestran que, efectivamente, sí sirven los aparatos de Inteligencia militar: únicamente para reprimir y masacrar al pueblo.

Yo, como militar, podría decirte: ¿de qué sirve mantener al Ejército y sus logísticas, si sólo están para reprimir y servir al enemigo convirtiéndose en traidores y enemigos de la patria? ¿De qué sirven tantos zánganos del Ejército llamados “Diplomados de Estado Mayor”, si sólo sirven para comportarse en la mesa, en un banquete, para mostrar que saben usar el cuchillo y tenedor, y aprendieron sólo el arte de cómo pisotear al subalterno y cómo arrastrarse cínicamente ante el superior?

GL: ¿Cuál es tu hipótesis sobre las masacres? ¿Por qué todos los días hay asesinatos masivos en diferentes regiones de México?

RV: No hay duda que algunas matanzas son verdaderamente derivadas de ajuste de cuentas entre narcos. Pero cuando se trata de importantes empresarios, rancheros, estudiantes, policías o militares asesinados, no necesariamente son resultado de narcotraficantes. Está demostrado que el Ejército y el gobierno son especialistas en denigrar la memoria de las personas que ellos mismos mandan ejecutar.

Argumentan que las víctimas fueron asesinadas por narcos, pandilleros o por drogadictos. Como lo hemos podido seguir en los diferentes medios oficialistas y alternos, se ha documentado que muchas de las masacres son perpetradas contra jóvenes o personas que se estaban rehabilitando para dejar las drogas y poder insertarse en la sociedad sin vicio alguno, los asesinan por que un vicioso rehabilitado es un cliente menos para el narco y lo que el narco requiere no son sólo asesinos, sicarios y personal a sus órdenes, también requieren viciosos que compren sus drogas, para así enriquecerse más.

Calderón dice hasta el cansancio que los que estamos contra su “estrategia” somos narcos o delincuentes. Nosotros, ante la evidencia clara (los miles de cadáveres) sabemos que es el mismo Ejército -en alianza con el narco-, el que comete estas masacres. Hay muchísimas masacres en el país, pero el narcotráfico está intacto, y el jefe de jefes, el Chapo, sigue impune y más rico que nunca.

GL: ¿El Ejército está dividido? ¿Hay una parte del ejército que puede ser confiable para los mexicanos y otra no?

RV: Hubo división en el Ejército cuando fue lo del desafuero de AMLO. El General Vega García le reclamó al expresidente Fox que no iba a permitir división alguna en las fuerzas armadas por ningún motivo y le exigió que parara lo del desafuero a Obrador. Ante este antecedente, los narcotraficantes y Calderón tomaron medidas para evitar alguna división dentro del Ejército en sus actividades ilícitas.

Por ello, justo en tiempos electorales en 2006, Calderón firmó un pacto con el narco comprometiéndose a relevar a los mandos militares, marinos y policíacos que fueran patriotas y ajenos al narco, para ser relevados por personal militar, naval y policial vinculados con el narco.

Hoy en día, hay militares, policías y marinos asesinados por no querer ser parte de esa pandilla gubernamental aliada al narco. En el mejor de los casos, para no matarlos, les manchan sus nombres, su prestigio, y les fabrican delitos vinculándolos con los narcos para condenarlos injustamente. Y mantienen en cargos militares, policiales y navales de alto rango a personal que en realidad está vinculada hasta los dientes con los narcos.

GL: Si es así, ¿cómo pueden identificar los mexicanos, los ciudadanos de a pie, a los soldados leales con el pueblo?

RV: Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil: se les puede identificar muertos, en la cárcel o denigrados en sus nombres, como yo.

GL: Hay denuncias formales contra el Ejército de tortura, secuestro y violaciones, denuncias hechas por connotados organismos de derechos humanos. ¿Esta violencia del Estado sería parte de estrategias de genocidio, represión o acciones individuales de militares?

RV: Son tácticas terroristas para extraer información o sembrar el miedo en alguna población como ocurre en Birmania con los batallones de violadores. El hecho de violar a una persona ya de por sí vulnerable es un acto total y absolutamente aberrante. Pero son tácticas aprendidas por la CIA y en la Escuela de las Américas. Y sí, son estrategias de genocidio pero constituidas por acciones individuales de militares, ejecutadas bajo órdenes, lógicamente contrarias a las leyes y reglamentos y contra la Constitución misma, pero se realizan.

GL: ¿Cómo puedes pensar distinto a los demás militares e incluso defender derechos de militares retirados en medio de tanta corrupción?

RV: Yo no pienso distinto a los demás, si te refieres a la mentalidad del soldado. Lo que pasa es que la diferencia es muy clara: una cosa es ser soldado como nosotros, y otra cosa es ser mercenario como los que trabajan para el gobierno de Calderón.

Defiendo los derechos de los militares retirados porque ellos son mis padres y abuelos militares, aunque no propiamente de sangre. Pero sí, en cierta forma, ellos son mis padres, abuelos y hermanos de armas, y es un acto cobarde dejar tirado a un camarada herido en el campo de batalla. Mis camaradas en retiro ahora ejercen una lucha y yo no puedo ser ajeno a ésta, aunque yo no estoy retirado todavía. Somos hermanos de armas, desde el soldado hasta el general de División.

GL: ¿Temes realmente por tu vida? ¿Crees que puedes estar en la mira del crimen organizado por denunciar u oponerte al presidente Calderón, siendo el comandante en jefe del Ejército?

RV: Yo no temo por mi vida, porque soy hombre muerto, ya que mi juramento como militar es simple: alcanzar la victoria o perder la vida, y eso es mi pan de cada día como guerrero. Sabiendo que puedo morir a manos de la delincuencia organizada de Los Pinos, debo defenderme. No la tendrán ellos tan fácil conmigo. Podrán matarme, pero me llevo conmigo al menos a unos treinta de ellos para no irme solo. No me voy a dejar morir como borreguito en el matadero, moriré peleando como león en un campo de batalla. Temo únicamente por la vida de mi familia y los demás camaradas que no pudieran defenderse. Calderón sólo se mete con los que puede, nunca atacará a quien pueda darle batalla y defenderse. Sólo agarra a los más débiles y a los pacíficos, y los masacra.

 

 

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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