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El Caso Wallace

El disfraz de experto antimafia: El pasado de Samuel González Ruiz, abogado de Isabel Miranda

Samuel Antonio González Ruiz, abogado de Isabel Miranda Torres, intentó limpiar su pasado criminal en PGR bajo el disfraz de experto en Delincuencia Organizada

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Capítulo 19: “El Gordo”
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz

 

Guadalupe Lizárraga

—¿El Gordo? —preguntó el fiscal Gertz Manero, conteniendo la mueca de una sonrisa, detrás de su escritorio. Por los ventanales de su oficina, la luz entraba de lleno iluminándole el perfil de su rostro y destacando el color claro de sus pupilas. Los edificios se divisaban pequeños y ordenados como una maqueta de una ciudad en silencio. Nada más lejos de la verdad. Era el edificio de la Glorieta Insurgentes, de intenso tráfico y ruido. Pero los ventanales de grueso vidrio creaban un tranquilo oasis.

—Sí —respondí— desde 2005 se alió con la señora Wallace, pero antes, fue subprocurador de la UEDO, acusado de proteger a Juan García Ábrego, y de fabricar culpables a los comandantes que lo detuvieron. Ellos mismos lo denunciaron de haberse quedado con 150 millones de dólares por proteger a los hermanos Patiño Esquivel, de la Policía Judicial Federal, en el proceso contra los narcotraficantes Sonia Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva, del Cártel de Juárez

Copia de las tres primeras páginas del expediente llamado Maxiproceso, iniciado en 1998, de un total de 953 páginas, en el que se quitó de la investigación a los hermanos Patiño Esquivel por injerencia de Samuel González Ruiz.

 

El capítulo de esta historia se refería al Maxiproceso, iniciado en 1998, en imitación al de Palermo, de la mafia siciliana, al que ya había hecho referencia en parte al fiscal de Mexicali. La primera vez que escuché esta palabra, Maxiproceso, fue en el hotel Sevilla Palace, de la avenida Reforma, de la Ciudad de México. Recién habían liberado a Enrique Guerrero Aviña y a Damián Gallardo Martínez, defensores de derechos humanos que habían sido víctimas de fabricación de culpables durante el gobierno de Peña Nieto. Enrique Guerrero había ido al hotel en el que me hospedaba para realizar la entrevista. Un joven de lucha, honesto, valiente, que sacaba potencial de su propia vulnerabilidad. Estuvo preso, junto con Damián, por cinco años. Mientras lo entrevistaba en El Atrio, un espacio de piano bar que estaba vacío por la hora, divisé a unos diez metros de su espalda a un hombre merodeando alrededor, con una carpeta bajo el brazo. Vestía con sobriedad, de traje color azul y camisa blanca, sin corbata. Yo mantenía mi cámara fija hacia el rostro de Enrique, pero el hombre jalaba mi mirada paseándose al final de la sala desde donde nos observaba con disimulo.

Volví a mi entrevistado. Enrique Guerrero había sido detenido en la noche del 17 de mayo de 2013, y liberado el 28 de diciembre de 2018. Había sufrido la tentativa de homicidio por parte de policías federales. Lo detuvieron de manera arbitraria y lo torturaron por 30 horas para que se incriminara por un secuestro que no había cometido. Fue exhibido ante los medios como miembro de una banda de secuestradores, siendo estudiante de Filosofía de la UNAM. Le quedaban secuelas de la tortura, tics, nerviosismo, hablaba con prisa que rayaba en un tono de angustia, pero se expresaba con extraordinaria lucidez intelectual cuestionando la falta de justicia y la fractura del Estado de derecho. Miraba a la cámara sin ninguna inhibición y hablaba sin titubeos sobre el autoritarismo del gobierno mexicano. En el último año de su reclusión, me envió un par de cartas para hablarme de su caso y de las situaciones carcelarias de otros internos, de la corrupción de los jueces que eran parte de la fabricación de culpables, del maltrato y las vejaciones de los custodios a los internos, porque cobraban por consignas. La segunda carta era un ensayo de corte filosófico sobre la criminalización del Estado, del que me pedía su opinión. Ahora desde la libertad, me decía que quería ayudar a quienes seguían adentro con procesos fabricados.

El hombre de traje seguía a corta distancia en espera. Terminé la entrevista con Enrique, recogí mis cosas, y me encaminé directamente hacia el desconocido. Poco antes de aproximarme de frente hacia él, me saludó con una sonrisa, me habló por mi nombre y se acercó extendiéndome su mano derecha. Un hombre de unos 60 y tantos años, de ojos grandes, tez morena clara, de cuerpo recto y voz afable. Su cabello blanquecino estaba peinado todo hacia atrás con un corte de hombre maduro. Respondí a su sonrisa, le extendí la mano y supe quién era: El excomandante Horacio Brunt Acosta. Me invitó a entrar a la cafetería y nos ubicamos en una mesa cerca de la puerta. Desde allí, miraba cauteloso hacia los lados y podía ver quién entraba y quién salía. Ya en conversación ante nuestras bebidas, me entregó unos documentos. Allí empecé a conocer los claroscuros de la trayectoria de Samuel González Ruiz, en la PGR, a quien le decían “El Gordo”, y de su brazo derecho, el extinto Cuauhtémoc Herrera Suástegui.

La historia se remontaba a la Operación Leyenda, a finales de 1993, cuando Horacio Brunt Acosta era el director de Inteligencia Nacional para el Combate a las Drogas. Durante poco más de dos años estuvo siguiendo pistas y reuniendo información, hasta que la noche del 14 de enero de 1996, cambió su vida.

Aquella noche comandaba a 14 agentes especiales en la vigilancia de una modesta finca en el municipio de Juárez, Nuevo León. Era un lugar desolado, pobre. Parecía que nadie vivía allí. Sus agentes se mantuvieron listos, preparados para entrar. Las puertas de la barda que delimitaba la finca podrían ser derribadas a patadas por la misma unidad de asalto. Pero nadie se movió, hasta que el comandante dio la orden al verlo llegar. El hombre conducía una camioneta Chevrolet, sin blindaje ni guardaespaldas. Se trataba del narcotraficante Juan García Ábrego, uno de los capos más buscados por la DEA y el FBI. El comandante Brunt y sus agentes se dirigieron apresuradamente a la camioneta, y sin disparos ni golpes, lo detuvieron. El mismo narcotraficante agradeció el trato. Se informó a los medios, y Horacio Brunt Acosta fue reconocido como un héroe.

Un año antes había detenido a Luis Ferrer Aguilar, socio de Juan García Ábrego, otra de las personas más buscadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La detención fue el primero de enero de 1994, en Matamoros, Tamaulipas. Otro de las detenciones exitosas por su no violencia fue en Monterrey, Nuevo León, la de Rodolfo de la Garza, alias “El Borrado”, encargado de coordinar la seguridad de los distintos miembros del Cártel del Golfo. También detuvo a José Luis Sosa Mayorga, alias “El Cabezón”, quien se había encargado durante mucho tiempo de coordinar —desde Guatemala— los envíos de droga que procedían de Suramérica para dirigirlos hacia los Estados Unidos. El Cabezón también se encargaba de las ejecuciones más sanguinarias que le ordenaba su jefe Juan García Ábrego. Fue aprehendido en la Ciudad de México como uno de los golpes espectaculares contra el Cártel del Golfo. El 30 de abril de 1994, el comandante llegaba directamente al cerebro financiero del cártel al aprehender a Carlos Reséndez Bertolucci. Después se fue contra Raúl Valladares del Ángel, al que había aprehendido en dos ocasiones; la primera, Valladares había logrado liberarse después de interponer un juicio de amparo y haber obtenido protección de la justicia federal. La segunda, se le aprehendió el 29 de julio de 1994, en Matamoros. Y tres meses después, el 18 de octubre, cumplimentaba la orden de aprehensión contra el hermano del jefe del cártel, Humberto García Ábrego. Fue en la misma ciudad de Matamoros. Se trasladaron a la Ciudad de México para presentarlo al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, al mismo juez que había librado la orden. Después, el excomandante lo internó en el CEFERESO de Almoloya de Juárez, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero”, especificaba la orden de aprehensión, un documento que el tiempo le había dado un tono amarillento de especial importancia, de ésos que sólo se guardan por la importancia que cobran en el futuro.

 

 

El Cártel del Golfo había sido desmembrado por Horacio Brunt Acosta y sus 14 agentes de Inteligencia, sin derramamiento de sangre, pero siete meses después de la espectacular captura de la cabeza principal del cártel, el 15 de agosto de 1996, el comandante presentaba su renuncia, ante el entonces procurador Antonio Lozano Gracia.

Brunt tenía 24 años cuando ingresó a la PGR en 1973, con el cargo de agente “A” de la Policía Judicial Federal, y había logrado escalar hasta Primer Comandante y subdelegado, en el estado de Tamaulipas. Juan García Ábrego era su “pez gordo”, se trataba de la captura del narcotraficante más protegido del expresidente Carlos Salinas de Gortari durante su administración. Al final del sexenio de Salinas, el comandante Brunt Acosta tenía una larga trayectoria en decomisos de toneladas de drogas que transportaban los cárteles por carretera, ferrocarril, aviones, avionetas, y barcos. Incluso, había descubierto un túnel en Nogales, Sonora, que daba a Nogales, Arizona. Siendo director en el Instituto Nacional contra las Drogas, formó las primeras bases de Inteligencia a lo largo de la frontera norte de México, en las ciudades de San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Matamoros. Creó un proyecto de colaboración conjunta con la DEA y el FBI para intercambiar información sensible sobre el crimen organizado, un proyecto que siguió operando con los años entre las fronteras de ambos países.

La voz del comandante era pausada, pero hablaba con soltura de sus hazañas heroicas, y luego se le escapaba una tímida carcajada. Al final de cada anécdota asumía un dejo de seriedad y volvía a los hechos recordando que yo era periodista.

—Lozano Gracia estaba equivocado con mi persona —decía con la mirada fija en los documentos sobre la mesa—. No sé por qué se prestó a avalar calumnias con mi vida familiar y a dejar que me vincularan con narcotraficantes, sin ninguna prueba.

Copia del oficio del excomandante Horacio Brunt Acosta al exprocurador Lozano Gracia.

Al escuchar sus palabras me recordaba mi propia experiencia, la criminalización de Isabel Miranda para callarme, y después la de Ricardo Raphael haciéndole eco, seguido por los miembros de la asociación En Vero con descréditos a mi trabajo y a mi persona, incluso con alusiones sexistas, intentando paralizarme con la investigación del caso Wallace. El primer paso para denostar a un periodista en México era relacionarlo con el narcotráfico, y lo podía hacer cualquiera a través de las redes sociales. Pero mientras escuchaba al excomandante, pensaba, ésa era la fórmula con la que se habría iniciado la fabricación de culpables en el país, relacionarlos con el crimen, generar la duda en los demás y el miedo en el acusado. La confusión de la familia, el distanciamiento de los amigos, la pérdida del honor por calumnias que se vuelven una bola de nieve cuesta abajo. Así se habían llenado las cárceles de México. De los 302 centros penitenciarios, con espacio para 216,593 personas, todavía en agosto de 2019, estaban ocupados 202,297 espacios. Pero en los tiempos de Calderón, la población de personas privadas de su libertad superaba las 300 mil, entre procesados y sentenciados. Vivían en hacinamiento permanente. Desde la PGR, de los gobiernos del PRI y el PAN, era muy fácil encarcelar por “delincuencia organizada”, y esto se venía padeciendo desde los finales de los noventa.

En cualquier otro país, al comandante Brunt le hubieran dado un ascenso como funcionario de Estado, por atrapar a un narcotraficante del tamaño de García Ábrego, pero en México había lesionado los intereses “de alguien”, así lo había escrito en un documento oficial que me mostraba mientras seguía con su narración. Y ese alguien era Samuel González Ruiz, en ese entonces subprocurador de la UEDO, bajo el mando de Antonio Lozano Gracia, y quien después se había convertido en la sombra de Isabel Miranda Torres.

El excomandante volvió a remontarse a octubre de 1996, cuando Cuauhtémoc Herrera Suastegui había sido designado como delegado de la PGR en Baja California, y al asumir el cargo declaraba a la prensa que no temía al Cártel de los Arellano Félix, que en ese entonces dominaban la región: “Mi encomienda es acabar con el flagelo del narcotráfico, que azota a la sociedad mexicana en general”, frase que destacaba la prensa local. Sin embargo, Herrera Suástegui duró menos de cuatro meses en el cargo, y regresó a la UEDO. A partir de allí, tanto Samuel González Ruiz y Herrera Suástegui tuvieron luz verde de parte del procurador Lozano Gracia para operar como los únicos facultados en la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario de la Federación el 7 noviembre de 1996.

Un exsubprocurador me contó cómo había llegado González Ruiz a ocupar el cargo de subprocurador sin tener formación profesional para ello. Primero había sido empleado de la biblioteca Emilio Portes Gil, de PGR, y había hecho su maestría en Italia. A su regreso, pudo venderle a Lozano Gracia la idea de la “delincuencia organizada”, y de crear una unidad especializada, que era una copia de lo expuesto en la Convención de Palermo. Lozano compró la idea, “porque era el único que hablaba de delincuencia organizada, y lo hizo subprocurador”.

González y Herrera se convirtieron en los primeros fiscales que solicitaban a un juez federal la intervención de teléfonos, la negociación con beneficios legales y la protección a testigos que cooperaban, además de arraigar durante 90 días a los presuntos delincuentes. El poder de ellos se incrementó fuertemente e hicieron de la UEDO un coto de poder por medio de la extorsión a comandantes y narcotraficantes a los que les cobraban cuota por protección. Crearon una red de cómplices dentro de PGR que traspasaba las paredes de la UEDO para proveer esa protección. Quien se negaba a pagar las extorsiones “o no cooperaba”, era criminalizado con todo el peso de la misma institución. Así empezó la campaña contra el excomandante Brunt Acosta, y de sus compañeros, después de haber capturado a Juan García Ábrego. Samuel Antonio González Ruiz intentó extorsionarlo, y el excomandante no se dejó. La extorsión venía a cuento por lo que dejaría de recibir de García Ábrego, y González Ruiz pagó a la prensa para exhibir a Brunt como “narcotraficante”, como “jefe de jefes”, supuesto fundador de un cártel muy poderoso en Estados Unidos y Europa. Los medios, al pie de la letra, hicieron eco de las calumnias y generaron un ambiente de hostilidad.

El Gordo González también utilizó a la PGR para enviar un warning contra el excomandante al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la DEA, FBI y al Departamento de Inmigración, para que no se le permitiera el acceso a ese país. Le abrió dos averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos y lo amenazó de muerte. El excomandante se tomaba en serio cada agresión, pero esta vez sabía que su vida realmente corría peligro y decidió solicitar el asilo a España, después de negarse a ser testigo protegido de la DEA.

Copia de las averiguaciones previas fabricadas por Samuel González Ruiz contra el excomandante Brut Acosta. 

Copia del desmentido del Warning que había puesto González Ruiz contra el excomandante.

The Washington Post fue el único medio que en 1999, dos años después de los hechos, señalaba de corrupción a González Ruiz y Herrera Suastegui. Fue cuando Samuel González puso en libertad a Humberto García Ábrego, ya conocido como el mayor blanqueador de dinero. Había salido de prisión, y en febrero de 1997 volvían a intensificar su búsqueda. De acuerdo con la información del diario estadounidense, el capo habría pagado a tres jueces federales un millón de dólares en sobornos para que lo liberaran, y en su nueva captura estuvo tres semanas y luego fue puesto en libertad, sin haber sido interrogado por supuestos beneficios. Cuando el diario estadounidense preguntó a Samuel González Ruiz por qué había sido liberado, González negó que hubiera sido detenido y luego liberado.

—Es absolutamente falso, nunca tuvo lugar —enfatizó Samuel al periodista.

Sin embargo, otro funcionario de la PGR había hecho copia de seguridad del documento con el que se daba la libertad al narcotraficante. Era un documento oficial con el membrete de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y se ordenaba la “libertad inmediata y absoluta” de Humberto García Ábrego, bajo la firma de Samuel González Ruiz, aunque él seguía negándolo.

El primero de enero de 1999, por “insatisfacción de sus superiores”, Samuel González fue obligado a renunciar, y 13 días después, Herrera Suastegui. González se refugió unos meses en el Estado Mayor para después salir del país y ocupar el cargo de cónsul en Sevilla, lo que le permitió posteriormente dar el brinco con fachada de “experto en delincuencia organizada” para Naciones Unidas al lado del experto antimafia Edgardo Buscaglia, con quien escribió ensayos y artículos sobre narcotráfico y crimen organizado. Pero Herrera Suástegui seguía expuesto y operando. Fue ejecutado junto con su chofer, a la salida de un hotel de la avenida Reforma, el 24 de marzo del 2000. De acuerdo con la prensa, Herrera iba a declarar a PGR y estaba en un encuentro con la abogada Silvia Raquenel Villanueva Faustro, connotada defensora de narcotraficantes, que en esa ocasión salió herida, y en 2009 también fue finalmente ejecutada, después de cinco atentados.

El excomandante Brunt me llevó al caso de otro agente federal, Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien había trabajado con el FBI y la DEA, y sabía cómo se manejaba Samuel González Ruiz. Adame había sido también falsamente acusado de conspiración y lavado de dinero pero por parte del IRS del gobierno estadounidense, y fue detenido en junio de 2016, por un año, a lo que él llamaba “secuestro de Estado”. Le hicieron seis cargos, cinco de fraude y uno de por lavado de dinero. Sin embargo, el 4 de noviembre de ese mismo año, le quitaron los cinco cargos de fraude, pero le dejaron el de lavado de dinero.

—Yo nunca había hecho ninguna transferencia a ningún banco, sólo la del pago de teléfono. Me quitaron los cargos, pero la supuesta mentira consistió en omitir decirle al banco que la recompensa que me iba a dar el gobierno se iba a dilatar. Pero eso lo hicieron en 2013, y eso no es cierto, el préstamo me lo dieron en 2011. Fueron a entrevistar al presidente del banco, y éste les respondió que al banco no se le había hecho ningún fraude, que mis movimientos respondían a mis ingresos. Lo mío fue un secuestro de Estado para extorsionarme y quitarme mis propiedades.

—Entonces ¿la persecución era por la policía financiera?

—Así es. El IRS quería armar un caso, porque se iban a retirar y si tenían un caso les daban más de compensación. Y tengo testigos de esto, tenía 18 agentes federales, podían declarar como mis testigos, por eso el IRS no quería que nos fuéramos a juicio.

—¿Mintió el gobierno de Estados Unidos?

—Fueron muy claras las mentiras en el juicio. Por ejemplo, una de estas mentiras fue cuando le presentaron al juez una lista de llamadas que supuestamente yo había hecho y que evidenciaba mi participación en el fraude. Mi abogado las revisa, pide audiencia en la corte, y demuestra que el señor Adame no ha hecho esas llamadas. No estoy en la lista, no he recibido ninguna llamada a mi teléfono, ninguno de esos números se relaciona con mi número… ¿Y que tiene qué decir?, preguntó el gobierno. Ellos solo dijeron: Nothing to declare, honour.

La PGR acusaba de desertor a Adame. Pero la prensa estadounidense destacaba su figura porque decían que había convertido a los narcotraficantes mexicanos en informantes contra el crimen para el gobierno de los Estados Unidos. Tuvimos una larga conversación, y cuando le pregunté sobre Samuel González y Cuauhtémoc Herrera comentó:

—¡Ésos eran parnas! Samuel y Cuauhtémoc lo que querían era dinero. Si estuviste en la PGR, sabías que el común denominador era agarrar dinero, y a todos los que detenían les pedían dinero. Cuando detuvieron a García Ábrego también le pidieron dinero, porque se sintieron con poder cuando lo habían detenido, porque tenía el apoyo del narcotraficante procurador general de la república Lozano Gracia, entonces creyeron que ellos también podían hacer y deshacer. Samuel corre con cara de decente, pero es muy cobarde, nunca ha dado la cara. Cuauhtémoc, por lo menos daba la cara, pero el otro se escondía. Era un extorsionador hipócrita, vamos. Y lo sigue siendo.

—A partir de 2005 se alía con Isabel Miranda, pero él no habla en las conferencias de prensa, ¿se sigue escondiendo?

—¡Claro! Porque él lo que sabe hacer es sacar dinero, y la Wallace se lo da.

—Tiene una maestría en Delincuencia Organizada…

—Esas maestrías son de papel.

—También dijo que había trabajado con la DEA, en Estados Unidos…

—No es cierto, la DEA le entregó una lista de los agentes corruptos, pero no trabajaban en colaboración. Si lo hicieron los de la DEA, de entregarle esa lista, fue por respeto al gobierno mexicano, pero no a él.

—¿Tampoco fue entrenado en Estados Unidos?

—¡No, para nada! Que muestre los papeles, claro que no fue entrenado. Si tiene algún documento de eso, es porque lo consiguió por amistades o es falso. Ese señor no localizaba ninguna estampilla postal en una carta.

—¿Puede cruzar a Estados Unidos?

—Yo no creo… la verdad, no creo que se anime.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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