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El Caso Wallace

El disfraz de experto antimafia: El pasado de Samuel González Ruiz, abogado de Isabel Miranda

Samuel Antonio González Ruiz, abogado de Isabel Miranda Torres, intentó limpiar su pasado criminal en PGR bajo el disfraz de experto en Delincuencia Organizada

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Capítulo 19: «El Gordo»
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz

 

Guadalupe Lizárraga

—¿El Gordo? —preguntó el fiscal Gertz Manero, conteniendo la mueca de una sonrisa, detrás de su escritorio. Por los ventanales de su oficina, la luz entraba de lleno iluminándole el perfil de su rostro y destacando el color claro de sus pupilas. Los edificios se divisaban pequeños y ordenados como una maqueta de una ciudad en silencio. Nada más lejos de la verdad. Era el edificio de la Glorieta Insurgentes, de intenso tráfico y ruido. Pero los ventanales de grueso vidrio creaban un tranquilo oasis.

—Sí —respondí— desde 2005 se alió con la señora Wallace, pero antes, fue subprocurador de la UEDO, acusado de proteger a Juan García Ábrego, y de fabricar culpables a los comandantes que lo detuvieron. Ellos mismos lo denunciaron de haberse quedado con 150 millones de dólares por proteger a los hermanos Patiño Esquivel, de la Policía Judicial Federal, en el proceso contra los narcotraficantes Sonia Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva, del Cártel de Juárez

Copia de las tres primeras páginas del expediente llamado Maxiproceso, iniciado en 1998, de un total de 953 páginas, en el que se quitó de la investigación a los hermanos Patiño Esquivel por injerencia de Samuel González Ruiz.

 

El capítulo de esta historia se refería al Maxiproceso, iniciado en 1998, en imitación al de Palermo, de la mafia siciliana, al que ya había hecho referencia en parte al fiscal de Mexicali. La primera vez que escuché esta palabra, Maxiproceso, fue en el hotel Sevilla Palace, de la avenida Reforma, de la Ciudad de México. Recién habían liberado a Enrique Guerrero Aviña y a Damián Gallardo Martínez, defensores de derechos humanos que habían sido víctimas de fabricación de culpables durante el gobierno de Peña Nieto. Enrique Guerrero había ido al hotel en el que me hospedaba para realizar la entrevista. Un joven de lucha, honesto, valiente, que sacaba potencial de su propia vulnerabilidad. Estuvo preso, junto con Damián, por cinco años. Mientras lo entrevistaba en El Atrio, un espacio de piano bar que estaba vacío por la hora, divisé a unos diez metros de su espalda a un hombre merodeando alrededor, con una carpeta bajo el brazo. Vestía con sobriedad, de traje color azul y camisa blanca, sin corbata. Yo mantenía mi cámara fija hacia el rostro de Enrique, pero el hombre jalaba mi mirada paseándose al final de la sala desde donde nos observaba con disimulo.

Volví a mi entrevistado. Enrique Guerrero había sido detenido en la noche del 17 de mayo de 2013, y liberado el 28 de diciembre de 2018. Había sufrido la tentativa de homicidio por parte de policías federales. Lo detuvieron de manera arbitraria y lo torturaron por 30 horas para que se incriminara por un secuestro que no había cometido. Fue exhibido ante los medios como miembro de una banda de secuestradores, siendo estudiante de Filosofía de la UNAM. Le quedaban secuelas de la tortura, tics, nerviosismo, hablaba con prisa que rayaba en un tono de angustia, pero se expresaba con extraordinaria lucidez intelectual cuestionando la falta de justicia y la fractura del Estado de derecho. Miraba a la cámara sin ninguna inhibición y hablaba sin titubeos sobre el autoritarismo del gobierno mexicano. En el último año de su reclusión, me envió un par de cartas para hablarme de su caso y de las situaciones carcelarias de otros internos, de la corrupción de los jueces que eran parte de la fabricación de culpables, del maltrato y las vejaciones de los custodios a los internos, porque cobraban por consignas. La segunda carta era un ensayo de corte filosófico sobre la criminalización del Estado, del que me pedía su opinión. Ahora desde la libertad, me decía que quería ayudar a quienes seguían adentro con procesos fabricados.

El hombre de traje seguía a corta distancia en espera. Terminé la entrevista con Enrique, recogí mis cosas, y me encaminé directamente hacia el desconocido. Poco antes de aproximarme de frente hacia él, me saludó con una sonrisa, me habló por mi nombre y se acercó extendiéndome su mano derecha. Un hombre de unos 60 y tantos años, de ojos grandes, tez morena clara, de cuerpo recto y voz afable. Su cabello blanquecino estaba peinado todo hacia atrás con un corte de hombre maduro. Respondí a su sonrisa, le extendí la mano y supe quién era: El excomandante Horacio Brunt Acosta. Me invitó a entrar a la cafetería y nos ubicamos en una mesa cerca de la puerta. Desde allí, miraba cauteloso hacia los lados y podía ver quién entraba y quién salía. Ya en conversación ante nuestras bebidas, me entregó unos documentos. Allí empecé a conocer los claroscuros de la trayectoria de Samuel Antonio González Ruiz, en la PGR, a quien le decían “El Gordo”, y de su brazo derecho, el extinto Cuauhtémoc Herrera Suástegui.

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La historia se remontaba a la Operación Leyenda, a finales de 1993, cuando Horacio Brunt Acosta era el director de Inteligencia Nacional para el Combate a las Drogas. Durante poco más de dos años estuvo siguiendo pistas y reuniendo información, hasta que la noche del 14 de enero de 1996, cambió su vida.

Aquella noche comandaba a 14 agentes especiales en la vigilancia de una modesta finca en el municipio de Juárez, Nuevo León. Era un lugar desolado, pobre. Parecía que nadie vivía allí. Sus agentes se mantuvieron listos, preparados para entrar. Las puertas de la barda que delimitaba la finca podrían ser derribadas a patadas por la misma unidad de asalto. Pero nadie se movió, hasta que el comandante dio la orden al verlo llegar. El hombre conducía una camioneta Chevrolet, sin blindaje ni guardaespaldas. Se trataba del narcotraficante Juan García Ábrego, uno de los capos más buscados por la DEA y el FBI. El comandante Brunt y sus agentes se dirigieron apresuradamente a la camioneta, y sin disparos ni golpes, lo detuvieron. El mismo narcotraficante agradeció el trato. Se informó a los medios, y Horacio Brunt Acosta fue reconocido como un héroe.

Un año antes había detenido a Luis Ferrer Aguilar, socio de Juan García Ábrego, otra de las personas más buscadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La detención fue el primero de enero de 1994, en Matamoros, Tamaulipas. Otro de las detenciones exitosas por su no violencia fue en Monterrey, Nuevo León, la de Rodolfo de la Garza, alias “El Borrado”, encargado de coordinar la seguridad de los distintos miembros del Cártel del Golfo. También detuvo a José Luis Sosa Mayorga, alias “El Cabezón”, quien se había encargado durante mucho tiempo de coordinar —desde Guatemala— los envíos de droga que procedían de Suramérica para dirigirlos hacia los Estados Unidos. El Cabezón también se encargaba de las ejecuciones más sanguinarias que le ordenaba su jefe Juan García Ábrego. Fue aprehendido en la Ciudad de México como uno de los golpes espectaculares contra el Cártel del Golfo. El 30 de abril de 1994, el comandante llegaba directamente al cerebro financiero del cártel al aprehender a Carlos Reséndez Bertolucci. Después se fue contra Raúl Valladares del Ángel, al que había aprehendido en dos ocasiones; la primera, Valladares había logrado liberarse después de interponer un juicio de amparo y haber obtenido protección de la justicia federal. La segunda, se le aprehendió el 29 de julio de 1994, en Matamoros. Y tres meses después, el 18 de octubre, cumplimentaba la orden de aprehensión contra el hermano del jefe del cártel, Humberto García Ábrego. Fue en la misma ciudad de Matamoros. Se trasladaron a la Ciudad de México para presentarlo al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, al mismo juez que había librado la orden. Después, el excomandante lo internó en el CEFERESO de Almoloya de Juárez, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero”, especificaba la orden de aprehensión, un documento que el tiempo le había dado un tono amarillento de especial importancia, de ésos que sólo se guardan por la importancia que cobran en el futuro.

 

 

El Cártel del Golfo había sido desmembrado por Horacio Brunt Acosta y sus 14 agentes de Inteligencia, sin derramamiento de sangre, pero siete meses después de la espectacular captura de la cabeza principal del cártel, el 15 de agosto de 1996, el comandante presentaba su renuncia, ante el entonces procurador Antonio Lozano Gracia.

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Brunt tenía 24 años cuando ingresó a la PGR en 1973, con el cargo de agente “A” de la Policía Judicial Federal, y había logrado escalar hasta Primer Comandante y subdelegado, en el estado de Tamaulipas. Juan García Ábrego era su “pez gordo”, se trataba de la captura del narcotraficante más protegido del expresidente Carlos Salinas de Gortari durante su administración. Al final del sexenio de Salinas, el comandante Brunt Acosta tenía una larga trayectoria en decomisos de toneladas de drogas que transportaban los cárteles por carretera, ferrocarril, aviones, avionetas, y barcos. Incluso, había descubierto un túnel en Nogales, Sonora, que daba a Nogales, Arizona. Siendo director en el Instituto Nacional contra las Drogas, formó las primeras bases de Inteligencia a lo largo de la frontera norte de México, en las ciudades de San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Matamoros. Creó un proyecto de colaboración conjunta con la DEA y el FBI para intercambiar información sensible sobre el crimen organizado, un proyecto que siguió operando con los años entre las fronteras de ambos países.

La voz del comandante era pausada, pero hablaba con soltura de sus hazañas heroicas, y luego se le escapaba una tímida carcajada. Al final de cada anécdota asumía un dejo de seriedad y volvía a los hechos recordando que yo era periodista.

—Lozano Gracia estaba equivocado con mi persona —decía con la mirada fija en los documentos sobre la mesa—. No sé por qué se prestó a avalar calumnias con mi vida familiar y a dejar que me vincularan con narcotraficantes, sin ninguna prueba.

Al escuchar sus palabras me recordaba mi propia experiencia, la criminalización de Isabel Miranda de Wallace para callarme, y después la de Ricardo Raphael haciéndole eco, seguido por los miembros de la asociación En Vero con descréditos a mi trabajo y a mi persona, incluso con alusiones sexistas, intentando paralizarme con la investigación del caso Wallace. El primer paso para denostar a un periodista en México era relacionarlo con el narcotráfico, y lo podía hacer cualquiera a través de las redes sociales. Pero mientras escuchaba al excomandante, pensaba, ésa era la fórmula con la que se habría iniciado la fabricación de culpables en el país, relacionarlos con el crimen, generar la duda en los demás y el miedo en el acusado. La confusión de la familia, el distanciamiento de los amigos, la pérdida del honor por calumnias que se vuelven una bola de nieve cuesta abajo. Así se habían llenado las cárceles de México. De los 302 centros penitenciarios, con espacio para 216,593 personas, todavía en agosto de 2019, estaban ocupados 202,297 espacios. Pero en los tiempos de Calderón, la población de personas privadas de su libertad superaba las 300 mil, entre procesados y sentenciados. Vivían en hacinamiento permanente. Desde la PGR, de los gobiernos del PRI y el PAN, era muy fácil encarcelar por “delincuencia organizada”, y esto se venía padeciendo desde los finales de los noventa.

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En cualquier otro país, al comandante Brunt le hubieran dado un ascenso como funcionario de Estado, por atrapar a un narcotraficante del tamaño de García Ábrego, pero en México había lesionado los intereses “de alguien”, así lo había escrito en un documento oficial que me mostraba mientras seguía con su narración. Y ese alguien era Samuel González Ruiz, en ese entonces subprocurador de la UEDO, bajo el mando de Antonio Lozano Gracia, y quien después se había convertido en la sombra de Isabel Miranda Torres.

El excomandante volvió a remontarse a octubre de 1996, cuando Cuauhtémoc Herrera Suastegui había sido designado como delegado de la PGR en Baja California, y al asumir el cargo declaraba a la prensa que no temía al Cártel de los Arellano Félix, que en ese entonces dominaban la región: “Mi encomienda es acabar con el flagelo del narcotráfico, que azota a la sociedad mexicana en general”, frase que destacaba la prensa local. Sin embargo, Herrera Suástegui duró menos de cuatro meses en el cargo, y regresó a la UEDO. A partir de allí, tanto Samuel González Ruiz y Herrera Suástegui tuvieron luz verde de parte del procurador Lozano Gracia para operar como los únicos facultados en la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario de la Federación el 7 noviembre de 1996.

Un exsubprocurador me contó cómo había llegado González Ruiz a ocupar el cargo de subprocurador sin tener formación profesional para ello. Primero había sido empleado de la biblioteca Emilio Portes Gil, de PGR, y había hecho su maestría en Italia. A su regreso, pudo venderle a Lozano Gracia la idea de la “delincuencia organizada”, y de crear una unidad especializada, que era una copia de lo expuesto en la Convención de Palermo. Lozano compró la idea, “porque era el único que hablaba de delincuencia organizada, y lo hizo subprocurador”.

González y Herrera se convirtieron en los primeros fiscales que solicitaban a un juez federal la intervención de teléfonos, la negociación con beneficios legales y la protección a testigos que cooperaban, además de arraigar durante 90 días a los presuntos delincuentes. El poder de ellos se incrementó fuertemente e hicieron de la UEDO un coto de poder por medio de la extorsión a comandantes y narcotraficantes a los que les cobraban cuota por protección. Crearon una red de cómplices dentro de PGR que traspasaba las paredes de la UEDO para proveer esa protección. Quien se negaba a pagar las extorsiones “o no cooperaba”, era criminalizado con todo el peso de la misma institución. Así empezó la campaña contra el excomandante Brunt Acosta, y de sus compañeros, después de haber capturado a Juan García Ábrego. Samuel Antonio González Ruiz intentó extorsionarlo, y el excomandante no se dejó. La extorsión venía a cuento por lo que dejaría de recibir de García Ábrego, y González Ruiz pagó a la prensa para exhibir a Brunt como “narcotraficante”, como “jefe de jefes”, supuesto fundador de un cártel muy poderoso en Estados Unidos y Europa. Los medios, al pie de la letra, hicieron eco de las calumnias y generaron un ambiente de hostilidad.

El Gordo González también utilizó a la PGR para enviar un warning contra el excomandante al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la DEA, FBI y al Departamento de Inmigración, para que no se le permitiera el acceso a ese país. Le abrió dos averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos y lo amenazó de muerte. El excomandante se tomaba en serio cada agresión, pero esta vez sabía que su vida realmente corría peligro y decidió solicitar el asilo a España, después de negarse a ser testigo protegido de la DEA.

Copia de las averiguaciones previas fabricadas por Samuel González Ruiz contra el excomandante Brut Acosta. 

Copia del desmentido del Warning que había puesto González Ruiz contra el excomandante.

The Washington Post fue el único medio que en 1999, dos años después de los hechos, señalaba de corrupción a González Ruiz y Herrera Suastegui. Fue cuando Samuel González puso en libertad a Humberto García Ábrego, ya conocido como el mayor blanqueador de dinero. Había salido de prisión, y en febrero de 1997 volvían a intensificar su búsqueda. De acuerdo con la información del diario estadounidense, el capo habría pagado a tres jueces federales un millón de dólares en sobornos para que lo liberaran, y en su nueva captura estuvo tres semanas y luego fue puesto en libertad, sin haber sido interrogado por supuestos beneficios. Cuando el diario estadounidense preguntó a Samuel González Ruiz por qué había sido liberado, González negó que hubiera sido detenido y luego liberado.

—Es absolutamente falso, nunca tuvo lugar —enfatizó Samuel al periodista.

Sin embargo, otro funcionario de la PGR había hecho copia de seguridad del documento con el que se daba la libertad al narcotraficante. Era un documento oficial con el membrete de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y se ordenaba la “libertad inmediata y absoluta” de Humberto García Ábrego, bajo la firma de Samuel González Ruiz, aunque él seguía negándolo.

 

El primero de enero de 1999, por “insatisfacción de sus superiores”, Samuel González fue obligado a renunciar, y 13 días después, Herrera Suastegui. González se refugió unos meses en el Estado Mayor para después salir del país y ocupar el cargo de cónsul en Sevilla, lo que le permitió posteriormente dar el brinco con fachada de “experto en delincuencia organizada” para Naciones Unidas al lado del experto antimafia Edgardo Buscaglia, con quien escribió ensayos y artículos sobre narcotráfico y crimen organizado. Pero Herrera Suástegui seguía expuesto y operando. Fue ejecutado junto con su chofer, a la salida de un hotel de la avenida Reforma, el 24 de marzo del 2000. De acuerdo con la prensa, Herrera iba a declarar a PGR y estaba en un encuentro con la abogada Silvia Raquenel Villanueva Faustro, connotada defensora de narcotraficantes, que en esa ocasión salió herida, y en 2009 también fue finalmente ejecutada, después de cinco atentados.

El excomandante Brunt me llevó al caso de otro agente federal, Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien había trabajado con el FBI y la DEA, y sabía cómo se manejaba Samuel González Ruiz. Adame había sido también falsamente acusado de conspiración y lavado de dinero pero por parte del IRS del gobierno estadounidense, y fue detenido en junio de 2016, por un año, a lo que él llamaba “secuestro de Estado”. Le hicieron seis cargos, cinco de fraude y uno de por lavado de dinero. Sin embargo, el 4 de noviembre de ese mismo año, le quitaron los cinco cargos de fraude, pero le dejaron el de lavado de dinero.

—Yo nunca había hecho ninguna transferencia a ningún banco, sólo la del pago de teléfono. Me quitaron los cargos, pero la supuesta mentira consistió en omitir decirle al banco que la recompensa que me iba a dar el gobierno se iba a dilatar. Pero eso lo hicieron en 2013, y eso no es cierto, el préstamo me lo dieron en 2011. Fueron a entrevistar al presidente del banco, y éste les respondió que al banco no se le había hecho ningún fraude, que mis movimientos respondían a mis ingresos. Lo mío fue un secuestro de Estado para extorsionarme y quitarme mis propiedades.

—Entonces ¿la persecución era por la policía financiera?

—Así es. El IRS quería armar un caso, porque se iban a retirar y si tenían un caso les daban más de compensación. Y tengo testigos de esto, tenía 18 agentes federales, podían declarar como mis testigos, por eso el IRS no quería que nos fuéramos a juicio.

—¿Mintió el gobierno de Estados Unidos?

—Fueron muy claras las mentiras en el juicio. Por ejemplo, una de estas mentiras fue cuando le presentaron al juez una lista de llamadas que supuestamente yo había hecho y que evidenciaba mi participación en el fraude. Mi abogado las revisa, pide audiencia en la corte, y demuestra que el señor Adame no ha hecho esas llamadas. No estoy en la lista, no he recibido ninguna llamada a mi teléfono, ninguno de esos números se relaciona con mi número… ¿Y que tiene qué decir?, preguntó el gobierno. Ellos solo dijeron: Nothing to declare, honour.

La PGR acusaba de desertor a Adame. Pero la prensa estadounidense destacaba su figura porque decían que había convertido a los narcotraficantes mexicanos en informantes contra el crimen para el gobierno de los Estados Unidos. Tuvimos una larga conversación, y cuando le pregunté sobre Samuel González y Cuauhtémoc Herrera comentó:

—¡Ésos eran parnas! Samuel y Cuauhtémoc lo que querían era dinero. Si estuviste en la PGR, sabías que el común denominador era agarrar dinero, y a todos los que detenían les pedían dinero. Cuando detuvieron a García Ábrego también le pidieron dinero, porque se sintieron con poder cuando lo habían detenido, porque tenía el apoyo del narcotraficante procurador general de la república Lozano Gracia, entonces creyeron que ellos también podían hacer y deshacer. Samuel corre con cara de decente, pero es muy cobarde, nunca ha dado la cara. Cuauhtémoc, por lo menos daba la cara, pero el otro se escondía. Era un extorsionador hipócrita, vamos. Y lo sigue siendo.

—A partir de 2005 se alía con Isabel Miranda, pero él no habla en las conferencias de prensa, ¿se sigue escondiendo?

—¡Claro! Porque él lo que sabe hacer es sacar dinero, y la Wallace se lo da.

—Tiene una maestría en Delincuencia Organizada…

—Esas maestrías son de papel.

—También dijo que había trabajado con la DEA, en Estados Unidos…

—No es cierto, la DEA le entregó una lista de los agentes corruptos, pero no trabajaban en colaboración. Si lo hicieron los de la DEA, de entregarle esa lista, fue por respeto al gobierno mexicano, pero no a él.

—¿Tampoco fue entrenado en Estados Unidos?

—¡No, para nada! Que muestre los papeles, claro que no fue entrenado. Si tiene algún documento de eso, es porque lo consiguió por amistades o es falso. Ese señor no localizaba ninguna estampilla postal en una carta.

—¿Puede cruzar a Estados Unidos?

—Yo no creo… la verdad, no creo que se anime.

 

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El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

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Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

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Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

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En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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