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Justicia pendiente

General señalado por vínculos con el narcotráfico celebró contratos con Lotería Nacional antes de fraude millonario en el Calderonato

Ignacio García

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Por Ignacio García

El general en retiro y actual funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Tomás Ángeles Dauahare, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, celebró tres contratos con la Lotería Nacional para aspectos relacionados a la seguridad de las instalaciones del recinto público, 22 días antes del fraude por 160 millones de pesos en 2012.

Por medio de la solicitud de información número 0675000015812 en la plataforma Infomex, la Lotería Nacional reveló -con fecha del 18 de junio de 2012- que celebró contratos con el general en retiro durante la administración de Felipe Calderón con los números C-109-09 del 15, de septiembre al 31 de diciembre de 2009; el C-054-10, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2010; y el C-333-11, del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2011.

En el primer contrato Ángeles Dauahare se obligó a participar en el análisis de riesgos en las instalaciones en los distintos edificios de la Lotería Nacional, actualizar los métodos de seguridad, control y las funciones de vigilancia y seguridad , mientras que en el segundo convenio se obligó a realizar un análisis de los riesgos en las instalaciones en los edificios de la institución y monitoreo de vigilancia.

En el último contrato, se obligó a prestar servicios de gerencia de servicios generales en el análisis de riesgos en las instalaciones de los edificios de la Lotería Nacional, actualizar los métodos de seguridad, control y las funciones en vigilancia y seguridad para determinar los servicios que presta la misma institución.

Sin embargo, en los documentos no se precisan las actividades específicas sobre los contratos que celebró el general en retiro con la Lotería Nacional, ya que supuestamente afecta la seguridad nacional y por ello se determinaron no dar a conocer esos datos.

Los Ángeles Press documentó que Tomás Ángeles Dauahare fue uno de los personajes señalados por posibles actos de corrupción cuando fue subsecretario de la Defensa Nacional en la gestión de Felipe Calderón y posteriormente uno de los colaboradores cercanos al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aunado a que en la actualidad funge como funcionario de la Segob con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales y tiene a su hija y a su yerno en la nómina gubernamental federal.

Contexto

Alejandro Zaldívar

El día 22 de enero del 2012 se realizó lo que a día de hoy es considerado en México uno de los mayores fraudes financieros protagonizado por altos funcionarios. Empleados de la empresa Just Marketing, en conjunción con trabajadores de “Pronósticos” señalados de organizar una estafa bien estructurada para afectar el sorteo número “2518” de “Melate y Revancha” para ser estos últimos los ganadores de un total de 160 millones de pesos.

Su modo de operar consistió en la simulación del sorteo, el cual fue grabado de manera anticipada y en privado, con lo cual los defraudadores resultarían ganadores, posteriormente transmitieron el video frente a una interventora de la “Secretaría de Gobernación” haciéndole creer que el sorteo se estaba realizando en tiempo real.

Los señalados directos por dicho fraude son José Luis Jiménez, director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos; Héctor Hugo López Jiménez, ex subdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos; Carlos Alberto López Martínez, responsable de pesajes de las esferas de los sorteos; Sara Solórzano, la edecán; José Ibarra, jefe de edición de “Just Marketing” y Ramón Sánchez, floor manager, de la misma empresa.

Sin embargo, el responsable de la seguridad, control y vigilancia era el general Tomás Ángeles Dauahare, quien había concluido su tercer contrato del sexenio de Calderón, 22 días antes del fraude.

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Justicia pendiente

Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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