Mexico violento
Genaro García Luna y la señora Wallace: Historia y contexto de una pareja siniestra

PRIMERA PARTE
El mal (…) puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie.
Hannah Arendt
Por Juan Carlos Pérez Ruiz
En las últimas semanas, el caso Genaro García Luna en Estados Unidos ha acaparado la atención de los medios de comunicación y usuarios de redes sociales. El juicio del ex secretario de Seguridad Pública de México, que dio inicio el 17 de enero, ha desencadenado una cascada de análisis, comentarios, columnas, notas, reportajes, artículos, editoriales y entrevistas de diferentes académicos, periodistas, influencers e intelectuales respecto al oscuro proceder de este personaje, sobre el que pesan cargos judiciales por falsedad de declaraciones, delincuencia organizada, y conspiración contra Estados Unidos para poseer y distribuir cocaína a este país.
La línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se ha centrado en los detalles de usos, costumbres y abusos del también ex servidor del CISEN: Su corrupción galopante, su multimillonario saqueo al erario, su ilegal e inexplicable enriquecimiento notable, su cercanísima relación de publicidad y complicidad con medios como Televisa y TV Azteca, la participación de periodistas como Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva en los montajes judiciales del “Super Policía”, su tendencia a fabricar casos y culpables al por mayor, el uso y abuso del espionaje y la tortura, su relación con bandas de secuestradores, según ha señalado el periodista Francisco Cruz Jiménez, la posible caída de expresidentes como Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, en caso de llegar a ser mencionados; sus vínculos con narcotraficantes como los del Cártel de Sinaloa, tal como se rumoraba desde hace más de una década y tal como lo acusan las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, en los últimos días parece haber quedado en el olvido la colaboración de Genaro García Luna con María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, la dueña de escuelas privadas al sur de la Ciudad de México (como el Colegio Aztlán o City College, ubicado en la alcaldía Tlalpan junto al tristemente célebre Colegio Enrique Rébsamen, destruido con el terremoto del 19 de septiembre de 2017) y de las empresas de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, Outlook y Showposter; la misma que, con cargos fabricados, mantuvo en prisión a la senadora de MORENA y ex policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.
La misma Isabel Miranda que participó en, y respaldó la fabricación y el montaje del caso Cassez Vallarta y la supuesta banda de “Los Zodiaco”, la misma que criminalizó a los estudiantes víctimas de desaparición forzada del caso Ayotzinapa y que intentó desviar las investigaciones del caso, y la misma que hasta hoy, a casi un año de finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantiene completamente tranquila, libre e impune, pese a mantener en cautiverio a Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga y George Khoury Layón.
Todos ellos han sido brutalmente torturados en diferentes ocasiones y culpados, directa o indirectamente, por la interferencia de «la señora Wallace«, y las autoridades que la respaldaron, a través de martirios, amenazas, intimidación y persecución a familiares y abogados, como en los casos de Omar Quevedo Cruz, Salomón Tagle, Julieta Freyre Morales y Rosa Morales, el arresto de la abogada Ámbar Treviño Pérez y las amenazas al abogado Alejandro Garduño del Real, que lo orillaron al exilio. Además del espionaje, fabricación y siembra de pruebas, falsificación de documentos, detenciones arbitrarias y tráfico de influencias. Una larga trayectoria de impunidad para una quien se ha presentado sólo como una madre dolida por la desaparición de su hijo.
García Luna e Isabel Miranda: Dos árboles que nacieron torcidos…
No es difícil establecer un paralelismo entre las vidas y carreras criminales del ex director de la AFI, Genaro García Luna, y la presidenta de la asociación civil Alto al secuestro, María Isabel Miranda Torres. El sadismo, la saña, la tortura, la mentira, el espionaje, la extorsión, el chantaje, el robo, la corrupción, el tráfico de influencias, los nexos con el crimen organizado (con personajes como Edgar Veytia, hoy pagando condena en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico y próximo testigo en el juicio de Genaro García Luna. La crueldad, la perversidad y las decenas (posiblemente centenas) de víctimas que han dejado Isabel Miranda y García Luna a su paso, parece sólo el trayecto lógico de dos seres infames que desde hace décadas han dado muestras de su inclinación a la maldad y a la falta de escrúpulos.
Sus biografías y el contexto histórico que conformó la vida de estos personajes macabros explican en parte los altos alcances de sus malignas acciones desde el Estado con vocación criminal. En el caso de Genaro García Luna, su sevicia parece haber iniciado desde la adolescencia. De acuerdo con las minuciosas investigaciones del periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez, contenidas en su libro García Luna, el señor de la muerte (Planeta, 2020), Genaro García Luna era lo que hoy llamaríamos “un bully”, que causaba gran miedo en su escuela y barrio, pese a sus inseguridades y tartamudez, al grado de que los abusos suyos y de sus amigos, no tenían castigo gracias a que desde la pubertad ya era gran amigo de agentes policiacos. Testimonios recopilados por Cruz Jiménez señalan que muchos de quienes lo conocieron en su infancia y adolescencia, aún le tienen terror, y que lo señalaron como “un gandalla, un maldito”.
Nacido en 1968, el posteriormente agente del CISEN vivía por la colonia Romero Rubio en Ciudad de México, era apodado “El Chango” y habría sido cercano a elementos de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), heredera de lo que en otros tiempos fue el Servicio Secreto y misma corporación cuyos archivos actualmente se encuentran, en su mayoría, desaparecidos. “Este grupo se encargaba de torturar, desaparecer, extorsionar, ejecutar extrajudicialmente y reprimir”, señala Cruz en su libro. De acuerdo con el investigador Carlos A. Pérez Ricart, uno de los centros de tortura de este grupo, Tlaxcoaque, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, tuvo como víctimas no sólo a involucrados en los movimientos guerrilleros contrainsurgentes, reprimidos durante la Guerra Sucia, sino también a personas de diferentes movimientos estudiantiles, laborales, sindicales; defensores de territorios y tierras comunales; periodistas, activistas, migrantes y minorías religiosas. No es difícil deducir la “escuela” temprana que resultó para García Luna su cercanía con esos cuerpos policiacos represores, que oscilaban entre lo policial y lo delincuencial cual si fuesen sinónimos.
Según el texto de Francisco Cruz, existe la posibilidad de que García Luna se haya iniciado como “recadero, mandadero” de dichos agentes policiacos, así como también cumplió las funciones de “oreja, soplón, dedo, halcón, madrina”, informante y delator estrella de la zona para ganarse los favores e irse infiltrando en las instituciones de seguridad.
El hoy preso en Nueva York no se habría limitado al servilismo, la delación y amistad con policías corruptos; pronto ejercería como criminal también. De acuerdo con Cruz, Genaro formó su propia banda de asaltantes de casa habitación, entre cuyos integrantes destacaba su cuñado Antonio Chávez, alias “El Soldado” o “El Moco”. La banda habría dado su gran golpe el 25 de diciembre de 1987, cuando atracaron una casa ubicada en la calle Emiliano Zapata, de la que sustrajeron 250 millones de pesos, 10 mil dólares en efectivo, centenarios y joyería fina. Tras esconderse durante semanas en la vivienda de los García Luna, Antonio Chávez habría huido a Michoacán, donde montó un rancho con lo robado. En tanto dos agentes de la extinta Policía Secreta habrían amenazado de muerte al Ministerio Público para eliminar el nombre de Genaro García Luna de la averiguación. Un testimonio que recoge el libro señala que los policías que lo protegieron también recibieron parte del botín y que la madre de Genaro García Luna, Consuelo Luna, estaba dispuesta a declarar contra su hijo, pero el padre, Juan Nicolás García, y un abogado, la convencieron de no echar a perder el “futuro” del hijo.
Años después, encontraría su gemelo en andanzas criminales, su par de tendencias psicópatas, en Luis Cárdenas Palomino, hoy también en prisión, aunque este último se encuentra recluido en el Cefereso #1 en Almoloya de Juárez, México, por tortura a Israel Vallarta Cisneros y a sus familiares.
Más información: Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros – Los Ángeles Press (losangelespress.org)
Según las averiguaciones 13A/4413/987 y 13A/4419/987 de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, reveladas por medios como Reporte Índigo y Zócalo, el 12 de agosto de 1987, a los 18 años, Luis Cárdenas Palomino asesinó en la colonia Lindavista a un taxista, junto con dos amigos (René Alavez Rosas, de 18 años, y Octavio Navarro Medellín, de 21) simplemente porque “querían saber que se sentía matar”. Después del suceso, fueron a festejar y emborracharse a un bar de la Zona Rosa. Los amigos fueron detenidos, fichados e incluso acusados de haber cometido otros dos asesinatos, pero Cárdenas Palomino libró la cárcel gracias a la intervención y protección de Jesús Miyazawa Álvarez, entonces jefe de la Policía Judicial de la capital del país y exintegrante de la Brigada Blanca, cuerpo policíaco/paramilitar de la Dirección Federal de Seguridad del gobierno mexicano, que existió de 1972 a 1985.
La Brigada Blanca a la que perteneció el gran protector de Palomino, Miyazawa, operaba en el sótano de la Dirección Federal de Seguridad y estaba a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda, Javier García Paniagua (hijo del militar Marcelino García Barragán, involucrado en la represión contra estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968; y también padre de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum), Arturo Acosta Chaparro, Jesús Miyazawa, Francisco Quiroz Hermosillo, Miguel Nazar Haro, Salomón Tanuz y Francisco Sahagún Vaca. La agrupación se encargaba de investigar, perseguir, reprimir, detener y torturar ferozmente a grupos disidentes, especialmente a integrantes o sospechosos de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre.
Las detenciones arbitrarias y torturas incluían toques eléctricos, asfixia, ahogamiento, amenazas, violaciones, abusos sexuales, golpes, intimidación a familiares, aislamiento; métodos despiadados e inhumanos que no parecen diferenciarse mucho de las torturas que años después, ya como funcionarios y policías, aplicarían los mismos Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna en centenares de detenidos, y torturas también, que la empresaria María Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, parece haber imitado casi al pie de la letra, ya sea ordenándolas, presenciándolas y/o dirigiéndolas, contra los detenidos del caso Wallace (Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo, Tony Castillo, Jael Malagón y George Khoury); algunos de los cuales ya cuentan con evaluaciones psiquiátricas y Protocolos de Estambul que confirman las torturas: Jacobo Tagle Dobin, César Freyre, Brenda Quevedo y George Khoury Layón.
De acuerdo con declaraciones periodísticas de Israel Vallarta y a fragmentos de declaraciones judiciales del mismo David Orozco, existe la posibilidad de que Isabel Miranda también haya participado en la tortura del comerciante ambulante David Orozco Hernández, detenido en 2009 e igualmente torturado e inculpado en el caso Cassez-Vallarta, y muerto en enero de 2015, por secuelas en su salud que dejaron las torturas. Una mujer de nombre “Isabel” habría dirigido y presenciado el interrogatorio-tortura, según estas declaraciones. Asimismo, en una entrevista para el programa televisivo de Carmen Aristegui en CNN México, Isabel Miranda Torres declaró:
«Yo estuve presente, Carmen, cuando Ezequiel (Elizalde, falsa víctima de “Los Zodiaco”) me pide que lo acompañe a reconocer al “Géminis” (apodo ficticio que la policía creó y le impuso a David Orozco, simplemente por su fecha de nacimiento) en la AFI, yo estuve ahí presente, nadie me lo platicó. Y me consta como este hombre (David Orozco) empieza a platicar acerca de Florence Cassez; aquí traigo incluso su declaración…«.
Las declaraciones autoincriminatorias de David Orozco, realizadas tras ser torturado y amenazado, fueron videograbadas y difundidas por la Policía Federal en medios de comunicación nacionales e internacionales, como una presunta “prueba irrefutable” de la supuesta culpabilidad de Florence Cassez, en el contexto previo a su liberación en 2013.
Posterior a esas declaraciones forzadas, David Orozco narró en declaración judicial como fue su detención: «Fui secuestrado por desconocidos enmascarados que se hicieron pasar por narcotraficantes. Más tarde comprendí que eran policías«. David fue golpeado y amenazado con que desaparecerían a sus hijos y violarían a su esposa, y obligado a declarar contra Florence Cassez e Israel Vallarta, presionado a señalarse también como su cómplice. En diferentes entrevistas, su esposa, Silvia Velázquez, ha señalado que, tras la detención de su marido, perdieron su casa y sus ingresos y fueron marginados por la mayor parte de su familia y sus conocidos. En sus últimos años de vida, David Orozco empezó a orinar sangre, caminaba cojeando de la pierna izquierda y perdió un oído tras las torturas. Antes de morir, David pidió a su esposa que buscara limpiar su nombre, para que la sociedad mexicana supiera que él nunca había sido un secuestrador.
Si bien no ha podido confirmarse si Isabel Miranda participó en la tortura a David Orozco, diferentes investigaciones periodísticas -principalmente la de la periodista belga Emmanuelle Steels, en su libro El teatro del engaño (Grijalbo, 2015)- han documentado que Isabel Miranda si presionó fuertemente a las supuestas víctimas de la ficticia banda de “Los Zodiaco” para inculpar a Florence Cassez, Israel Vallarta y David Orozco, así como también presionó -en privado pero también pública y mediáticamente- a jueces, para mantenerlos en prisión. De igual manera Isabel Miranda influyó en los medios de comunicación para criminalizarlos, constantemente y de manera pública.
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La historia de la niñez y adolescencia de María Isabel Miranda Torres aparentemente inicia menos turbia, pero se fue llenando de lodo, moral y éticamente hablando, a medida que transcurrió el tiempo, especialmente en su edad madura y en su vejez. Existen pocos datos de sus primeros años.
Nacida en 1951, Isabel Miranda creció en la pobreza de Tejupilco, Hidalgo, siendo la mayor de sus hermanas mujeres. Sus padres fueron Fausto Miranda Romero, arriero, y Elfega Torres, ama de casa. Sus hermanos son Alfredo Miranda Torres, Heriberto Miranda Torres (Inspector General de la Policía Federal de Caminos-Policía Preventiva), Fausto Miranda Torres, Asunción Miranda Torres, Martha Miranda Torres, Guadalupe Miranda Torres (trabajaba en la empresa Showcase Publicidad de su hermana y fue asesinada en 2006 en circunstancias muy sospechosas, presuntamente por su esposo Gabriel Bobadilla, aún en prisión), Roberto Miranda Torres (ex ministerio Público, fiel acompañante y cómplice de Isabel Miranda en la farsa del secuestro Wallace), Víctor Miranda Torres y María Magdalena Miranda Torres; esta última fue encargada de Recursos Humanos en la Procuraduría General de la República y es esposa de Abraham Pedraza Rodríguez, abogado y primer denunciante falso del caso Wallace que se hizo pasar como “primo” de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuando en realidad es su tío, y secretario particular de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
Isabel Miranda creció ambicionando la posición económica de sus familiares, los León. Cuando su tía paterna, Guadalupe Miranda Romero, esposa de Carlos León Sánchez, y madre del primo de Isabel, Carlos León Miranda, decide cobijarla y llevarla a vivir con ella, Isabel vio la oportunidad de mejorar su vida.
A los 16 años, cuando cursaba estudios de secretaria, Isabel Miranda se enamoró, se casó y se embarazó de su primo hermano, Carlos León Miranda, verdadero padre de su hijo Hugo Alberto. Isabel Miranda registró a su hijo tres veces: Primero en enero de 1970 como Hugo Alberto Miranda Torres, utilizando nombres incompletos de sus familiares; después, en octubre de 1970, como Hugo Alberto León Miranda, con la identidad de su verdadero padre y años después, en 1975, como Hugo Alberto Wallace Miranda, falsamente como hijo del nicaragüense nacionalizado en México, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo marido de Isabel Miranda y del que antes había sido su secretaria, cuando éste tenía un primer matrimonio.
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Dos elementos por señalar. El primero, una diferencia, pero a la vez en un elemento en común: El manejo de su imagen pública. Décadas después, mientras Genaro García Luna se valió de dinero y de su amistad con periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Martín Moreno, el reportero policiaco Carlos Jiménez y Raymundo Rivapalacio, para ocultar su pasado criminal y crearle una imagen de policía honesto, heroico y eficiente, Isabel Miranda utilizó su dinero y amistad con periodistas para difundir una historia color de rosa sobre su vida, y mostrarla como una madre amorosa, «dama respetable» y una “activista valiente» y con credibilidad. Curiosamente, el mismo grupo de periodistas respaldó -y algunos, lo siguen haciendo- a ambos personajes.
El segundo elemento que podría subrayarse en este paralelismo es la tendencia de ambos al nepotismo. En el caso de García Luna, una de las mayores beneficiarias de su carrera criminal, fue su hermana Esperanza García Luna. De acuerdo con el libro de Francisco Cruz, Esperanza fue pieza clave en el ascenso social y económico de su hermano. Según el periodista, la cercanía de Esperanza con Wilfrido Robledo (entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN) fue fundamental en el ascenso de su hermano y el favoritismo de Robledo por Genaro. Robledo estuvo encargado de operativos como la entrada de la Policía Federal para terminar con la huelga de la UNAM, en el año 2000, y del operativo en 2006 contra pobladores y activistas en San Salvador Atenco, Estado de México, que se oponían a la construcción del aeropuerto cerca de su territorio. El descomunal operativo en Atenco dejó como saldo decenas de detenidos arbitrariamente, torturados y decenas de mujeres (tanto pobladoras de Atenco, como activistas, fotógrafas y periodistas extranjeras que se encontraban en la zona) violadas por elementos policiacos.
Los hermanos Esperanza y Genaro García Luna permanecieron muy unidos, y ella fue ascendiendo junto con él en la espiral del enriquecimiento y la ilegalidad, a grado tal que ella aparece como una de los dueños y representantes legales de la empresa de seguridad Glac Security Consulting Technology Risk Managment, que montó su hermano en Estados Unidos. Según un texto de Miguel Badillo en la revista Contralínea, en la empresa también figuraron como dueños y representantes Linda Cristina Pereyra Gálvez (esposa de García Luna); el excomisario general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; su exjefe de escoltas, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Mónica Cervantes González y desde luego, el propio ex secretario de Seguridad Pública. Badillo señala que dicha empresa recibió 11 millones de pesos del medio de comunicación El Financiero, 13.5 millones de pesos del medio El Heraldo y 50 millones de pesos por parte del gobierno de la Ciudad de México, durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Tras la detención de García Luna en Dallas, Texas (EUA), en diciembre de 2019, en México las cuentas bancarias de Esperanza García Luna fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto. Esperanza presentó un amparo, pero éste le fue negado, al menos hasta lo que se publicó al respecto en 2021.
En el caso de Isabel Miranda, su nepotismo ha beneficiado no solamente a su hermana Magdalena Miranda Torres, sino también a otros familiares y amigos varios, como fue el caso de Raúl Plascencia Villanueva.
En octubre de 2009, Raúl Plascencia Villanueva fue registrado personalmente ante el Senado de la República, como candidato a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por María Isabel Miranda Torres, ya entonces presidenta de Alto al secuestro y ya posicionada política y mediáticamente desde la farsa del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto en 2005. Ya al frente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva y el entonces presidente Felipe Calderón le entregaron a Isabel Miranda de Wallace el Premio Nacional de Derechos Humanos, en diciembre de 2010, tan sólo unos días después de la detención, torturas y violación de Jacobo Tagle Dobin, cuya aprehensión utilizaron como la joya de la corona para terminar de encumbrar la artificial imagen de “gran heroína y valiente ciudadana” de Isabel Miranda. Surrealista contraste entre la mujer.
La gestión de Raúl Plascencia Villanueva estuvo marcada por la corrupción, la ineficiencia, el dispendio y la ineptitud, a tal extremo que en septiembre de 2014 un grupo de 85 ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia para que se le hiciera un juicio político, por “las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, el diario Reforma y el semanario Proceso dieron cuenta de una mansión ubicada en Jardines del Pedregal (al sur de la Ciudad de México) de más de veinte millones de pesos que se construía Plascencia; residencia a la que Isabel Miranda fue invitada el 6 de noviembre de 2009, para celebrar el nombramiento de su recomendado.
Entre las omisiones como ombudsman, Plascencia dejó informes incompletos y deficientes y la falta de reconocimiento como víctimas en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010), las omisiones en el caso del asesinato -perpetrado por policías- del activista José Francisco Kuykendall (en diciembre de 2012) y la titubeante y cambiante postura en el caso de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014, perpetrada por elementos del ejército. En un inicio, Plascencia minimizó la gravedad de los hechos como “un enfrentamiento”, en respaldo velado a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos federal y estatal, que impulsaban la misma versión. Sin embargo, casi un mes después Plascencia Villanueva cambió de postura, reconociendo la masacre y a las víctimas mortales. Este cambio de postura no se debió a un flashazo de ética, ni a una verdadera preocupación por los Derechos Humanos, sino a que Plascencia Villanueva estaba negociando el apoyo de las Fuerzas Armadas para reelegirse como titular de la CNDH en 2014. Al no conseguir su apoyo, su postura cambió, de acuerdo con lo revelado por los correos de la SEDENA, que se filtraron hace unos meses por #GuacamayaLeaks.
Isabel Miranda buscó sostener a su aliado y protegido, respaldando su candidatura para un segundo mandato, defendiéndolo ante medios de comunicación y el Poder Legislativo. Pero no logró su continuidad, siendo sucedido por Luis Raúl González Pérez. De cualquier manera, los sucesores de Plascencia, González Pérez y Rosario Piedra Ibarra (actual titular) no han representado ningún avance, ni cambio significativo y hasta la fecha, siguen sin retirarle el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, a pesar de su participación en fabricación de culpables y torturas.
El nepotismo de Isabel Miranda también alcanzó a su sobrina Verónica Miranda Mondragón, que trabajó en la CNDH como Visitadora, y a su sobrino, Andrés Sánchez Miranda, a quién impuso como diputado local plurinominal por el Partido Acción Nacional en 2012, para la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Actualmente los tentáculos de Isabel se extienden a través de su sobrino Andrés Sánchez Miranda, quién es el representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y su hermano, otro sobrino de Isabel Miranda, Víctor Manuel Sánchez Miranda, tiene a su cargo una subdirección en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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Incendio en oficinas de Migración de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas, ‘fue avivado con un solvente’

Diarios locales señalan que el incendio pudo ser intencional, al arrojar un solvente, mientras los migrantes protestaban por el maltrato de los agentes del INM
Redacción
CIUDAD JUÁREZ.- Un incendio por la noche en el Centro Migrante de Ciudad Juárez terminó con la vida de 39 personas al fallecer calcinadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, mientras protestaban por los malos tratos de los servidores públicos.
De las víctimas del siniestro, 37 fueron hallados sin vida dentro de las oficinas del INM y 31 lesionados. Más tarde se dio a conocer que otras dos personas habían fallecido dentro del Hospital General.
No se ha informado aún si había niños en el lugar. Tampoco se conoce la causa real del incendio, aunque la versión del diario Reforma señala que el incendio fue poco después de que un grupo de migrantes, la mayoría de Venezuela, protestaban ante los empleados del INM por el maltrato de los agentes. En medio de las protestas, comenzó el incendio en el área de los baños, en un área reservada para hombres. El fuego habría sido avivado por un solvente, se apunta en el diario.
Según la información de los diarios locales de Juárez, los bomberos tardaron en llegar unos quince minutos, y los migrantes quedaron atrapados en la conflagración. Cuando lograron sofocar el incendio, empezaron a sacar decenas de cuerpos que fueron colocados en la zona exterior del Instituto Nacional de Migración.
Ciudad Juárez ya había sido sede de tensión por las protestas de migrantes, principalmente venezolanos, que habían sido reprimidos por la Policía municipal debido a motines e incendios de sus carpas montadas cerca de la línea fronteriza con El Paso, Texas. En esa ocasión se resistían a ser ubicados dentro de albergues, mientras estaban en espera de poder cruzar hacia Estados Unidos.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Investigaciones
Más de 30 millones de mexicanos trabajan sin beneficios laborales, pese a disminución de desempleo

La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres
Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo
Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.
Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:
- seguridad social
- prestaciones de ley
- incluso créditos o préstamos para la vivienda
- entre otros derechos
A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional.
Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.
El desempleo disminuye, la informalidad continúa
Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:
- “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan,
- así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”.
En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.
Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.
Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal
En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas – fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.
Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:
- 11 millones realizan actividades en la industria del comercio;
- 9,5 millones en las manufacturas,
- 6,7 millones en labores agropecuarias y
- 4,6 millones en construcción.
- mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas
Efectos en la economía y estimaciones internacionales
En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,
No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.
Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:
- que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral,
- que se pueda reducir la informalidad y
- a que se mejore la calidad de la educación
En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como
- la desigualdad,
- el rezago educativo y
- la falta de inversiones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo.
A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo.
Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.
Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.
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