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Isabel Miranda, la falsa heroína de la ultraderecha, ante los feminicidios

Isabel Miranda de Wallace busca bandera política contra los feminicidios en intento de recuperar credibilidad

Luis Antonio Gonzalez Montes

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Juan Carlos Pérez Ruíz

Durante años, “el sistema” de complicidades mexicano –entiéndase gobierno, empresarios y los grandes medios tradicionales de comunicación, dominados desde hace décadas por la ultraderecha– ha creado, manipulado y difundido toda clase de mentiras. Ha defendido políticas represivas del Estado. Ha criminalizado la protesta social. Ha normalizado el clasismo, el racismo, el machismo, la indolencia y la aporofobia. Ha estigmatizado la pobreza y glorificado el arribismo. Ha invisibilizado los perjuicios del neoliberalismo y el uso faccioso de las instituciones del Estado como lobbies de negocios personales y familiares. Y a la par, ha creado falsos héroes que legitimaban la corrupción y el saqueo que, tras bambalinas, sostenían la injusticia y el clasismo del centro de negocios de la burguesía neoporfirista que nos gobernaba.

No sorprende que, aún hoy día, se presten a encubrir a una de las mayores criminales de Derechos Humanos en la historia reciente de México: María Isabel Miranda Torres (también conocida como Isabel Miranda de Wallace, Isabel Torres Romero o Isabel Miranda Nieto, según sus diferentes actas de nacimiento e identificaciones).

La ultraderecha que mal gobernó este país, encontró en Isabel Miranda y el falso secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto, la bandera perfecta para apropiarse de la titularidad de la llamada “sociedad civil” (junto con otros personajes similares, como María Elena, Alejandro Martí y Javier Sicilia). El falso caso Wallace sintetiza todos los antivalores que caracterizan las raíces nazis del partido que más ha cobijado las corruptelas de Isabel Miranda, el PAN: La violación a la presunción de inocencia y el uso de la “mano dura”, como forma inquisitorial de ejercer la justicia.

La señora Wallace, que ha manipulado y corrompido los sectores político, mediático, jurídico y judicial para obtener dinero (en 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le entregó 2 millones 800 mil pesos); puestos clave para familiares y amigos –su sobrino Andrés Sánchez Miranda fue diputado por Acción Nacional, su sobrina Verónica Miranda Mondragón ha sido Visitadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su hermana Magdalena Miranda Torres, la colocó en Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República y a su amigo Raúl Plascencia Villanueva logró colocarlo al frente de la CNDH durante el sexenio de Felipe Calderón–; poder político, trato privilegiado y prácticas monopólicas para su negocio de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, y lo más importante, impunidad. Impunidad y complicidad absolutos de la televisión y de los tres niveles de gobierno, que le han permitido seguir ocultando su verdadera historia por ya casi cuatro sexenios.

Los intentos de invisibilizar la oscura verdad sobre el falso caso Wallace han sido tan numerosos como diversos. Para la periodista Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press que ha dedicado varios años al tema, ha significado amenazas de muerte (vía telefónica y cibernética), intentos de secuestro para ella y su hija, el veto absoluto de su trabajo en la gran mayoría de los medios mexicanos, así como otras formas de acoso y agresiones virtuales a través de cuentas bot, o medios de comunicación afines a Isabel Miranda.

Otras formas de intentar acallar este escabroso caso han pasado por intentar invisibilizar o ridiculizar las denuncias del caso Wallace, como las que Guadalupe Lizárraga y excolaboradores de este medio han hecho en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López, desde el 29 de marzo de 2019.

La señora Wallace saltó a la fama el 11 de julio de 2005, cuando los medios de comunicación la presentaron como una “valiente” empresaria que buscaba a su hijo secuestrado, que encontró a los secuestradores gracias a sus propias investigaciones, y posteriormente pedía justicia por su homicidio. Desde entonces se volvió “líder ciudadana”, frecuente invitada televisiva y “activista” fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, al grado que el entonces presidente Calderón y su amigo Raúl Plascencia le entregaron el Premio Nacional Derechos Humanos 2010. Calderón la convirtió en la invitada imprescindible en casi todos los eventos y giras oficiales; comentó que Isabel Miranda “lo inspiraba” a transformar a México, lanzándola en 2012 a la candidatura del PAN por la jefatura de gobierno del Distrito Federal.

El guion estaba bien pensado, hay que reconocerlo. Tenía la estructura clásica de una telenovela mexicana del siglo XX, donde la martirizada protagonista llega a superar las peores desgracias y acaba envuelta en gloria. ¿Qué desalmado se atrevería a dudar de una pobre madre, de una supuesta “víctima del sistema”, de una justiciera, en un país donde las madres son sagradas y el público está hambriento de héroes, heroínas y finales felices? ¿Quién no se conmovería ante el melodrama de una abnegada madre respaldada por todos los medios de comunicación? ¿Quién no se identificaría con su deseo de justicia, en un país donde la justicia es desigual, lenta, injusta, falsa, y la policía y el gobierno están llenos de corrupción? ¿Quién iba a imaginarse que ella misma es parte de ese sistema corrupto que decía combatir? ¿Quién podía imaginar el perverso monstruo oculto, tras ese cuento rosa?

Las investigaciones de Guadalupe Lizárraga han probado la falsedad del caso Wallace; caso inventado con falsos culpables mediante linchamiento mediático de los inculpados, amenazas, espionaje, torturas, violaciones, siembra y fabricación de pruebas, así como compra de medios y funcionarios, para encubrir a su hijo Hugo Alberto León Miranda (su verdadero nombre, tras descubrirse la identidad de su verdadero padre biológico Carlos León Miranda), quien tenía antecedentes de contrabando y nexos con el narcotráfico.

Isabel Miranda ha abusado de los privilegios que le ha otorgado su falso papel de heroína y víctima. La farsa llegó al grado de que la usaron para promocionar las campañas del Teletón durante el sexenio de Felipe Calderón; así como Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Humberto Castillejos la usaron para descarrilar las investigaciones del caso Ayotzinapa, y Felipe Calderón y Genaro García Luna para manipular el caso Cassez Vallarta. ¿Qué mejor forma de demonizar en medios a una banda que nunca existió (Los Zodiaco), que usando a una verdugo con disfraz de “heroína”, a una loba con piel de oveja?

Pero en México, la siguen utilizando. La radio, la televisión y la prensa escrita de nuestro país, le siguen dando espacio como una “líder de opinión” para difundir sus mentiras, sin cuestionarla, ni dar voz a las verdaderas víctimas del caso Wallace, Martí, Nestora Salgado y Nino Colman; algunos de los muchos casos en que ella ha intervenido. ¿Acaso los dueños de los grandes medios de comunicación tradicionales nos creen idiotas, demasiado ingenuos o ignorantes? ¿O sigue existiendo consigna para favorecerla mediáticamente?

¿Por qué, durante tantos años, los medios de comunicación jamás entrevistaron a los familiares de los inculpados, cuando si han entrevistado a familiares de probados delincuentes como la mamá y esposa de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”? ¿Por qué verdaderas madres activistas como Marisela Escobedo y Miriam Rodríguez –asesinadas en 2010 y en 2017, respectivamente– viven y mueren ignoradas por el gobierno, los medios y el público, mientras La Wallace continúa ocupando un lugar protagónico y gozando de impunidad para pisotear vidas y perseguir a todos aquellos que se interpongan en su camino?

Ante la indiferencia de periodistas y ciudadanos, es probable que aún intentará hacer más daño. Es importante no perder de vista lo que suceda con este caso, y con todos y cada uno de los que se han atrevido a alzar la voz contra esta mujer.

Es indignante que el oportunismo político y la doble moral de Isabel Miranda lleguen al grado de pronunciarse e intentar colgarse de casos recientes tan indignantes como el de la niña Fátima o el de la joven Ingrid Escamilla, intentando curarse en salud con los feminicidios y presentando un informe sobre los casos de secuestros contra mujeres este 18 de febrero. Es un desesperado intento por recuperar la credibilidad que ya perdió ante la sociedad mexicana, del mismo modo que el año pasado se colgó e intentó intervenir en las investigaciones de los casos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, jóvenes estudiantes secuestrados y asesinados al sur de la Ciudad de México.

Es una hipocresía absoluta, considerando que ella misma –pese a ser mujer– ha ordenado ejercer diferentes tipos de violencia contra otras mujeres: Las torturas y abusos sexuales contra Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz (aún detenidas por el falso caso Wallace); las detenciones arbitrarias contra María Rosa Morales, Julieta Freyre (madre y hermana de César Freyre, inculpado por el falso caso Wallace) y Ámbar Treviño (anteriormente, abogada de las víctimas de Isabel Miranda), así como el hostigamiento y persecución contra otras mujeres familiares de sus víctimas en prisión, y las amenazas e intentos de secuestro contra Guadalupe Lizárraga y su hija. ¿Se le permitirá a una torturadora de mujeres, colgarse de la auténtica indignación de colectivos de mujeres contra los feminicidios? ¿la misma que nunca pronunció una palabra contra los cientos de feminicidios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Se lo permitiremos como sociedad? ¿Cuándo dejaremos de respaldar falsos héroes, construidos por los medios de comunicación?

México no puede ni debe seguir pasivo ante los engaños y delitos de Isabel Miranda Torres. ¿Cuándo llegará el día en que los mexicanos tomen con seriedad, el falso caso Wallace?

La fabricación de culpables es un problema público grave que nos afecta a todos porque quiebra el Estado de derecho, como para que continuemos trivializándolo o peor aun fingiendo que no existe.

Las víctimas que el Estado mexicano e Isabel Miranda han invisibilizado y destruido, necesitan nuestra voz con fuerza e indignación. Imposible visualizar la transformación de una sociedad mientras sigamos sordos y ciegos ante el falso caso Wallace, aunque sea la mismísima Miranda la que hoy se atreva a alzar el puño contra los feminicidios y la pasmosa ineptitud de las autoridades para resolver estos crímenes.

La indignación no es ciega ni sorda, el cinismo sí.

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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