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Organizaciones piden justicia por feminicidio de Fátima

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Integrantes de diferentes organizaciones civiles defensoras de derechos humanos reclamaron al gobierno de la Ciudad de México que se garantice justicia por el feminicidio de la menor Fátima “N”, que desapareció el pasado 11 de febrero y su cuerpo fue hallado ayer en Tláhuac.

Sarahí Montiel Cárdenas, representante del colectivo Mujeres Ni Una Menos, señaló que los recientes feminicidios tanto de Fátima como de Ingrid han indignado a la sociedad por la manera en la que se cometieron los crímenes, por lo que demandó que las autoridades capitalinas implementen acciones eficaces que detengan a los responsables de los delitos.

La activista dijo que el Estado ha sido omiso en impedir que se sigan cometiendo los delitos contra las mujeres, por lo que las autoridades en todos los niveles no han atendido las problemáticas reales que devienen en esta situación y por ello dijo que mientras se permite la impunidad se siguen cometiendo estos delitos.

Por su parte, Adriana Vázquez González, integrante del colectivo Más valor por las mujeres, acusó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido atender con mayor detalle el tema de los feminicidios en el país, ya que es una problemática cada vez más visible.

Agregó que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben implementar protocolos en los que no se revictimicen a las víctimas y se efectúen las pesquisas necesarias para la atención de los feminicidios en el país y que no sólo se mediaticen sin consecuencias reales.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso no quedará en la impunidad y buscarán que se castigue a los responsables del feminicidio de la menor de siete años de edad, para que también se aumenten las penas contra los agresores.

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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