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Mexico Violento

ONGs presentan demanda de juicio político contra Raúl Plascencia, CNDH

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH en México, será demandado con juicio poítico por su parcialidad y omisión en unos veinte casos de violaciones de derechos humanos

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CIUDAD DE MÉXICO.-Un grupo de más de 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presentan hoy en la Cámara de Diputados una denuncia contra el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, a fin de que se le siga un Juicio Político. De acuerdo a un comunicado público enviado por las organizaciones civiles a los medios, los dos argumentos fundamentales que esgrimen para presentar la demanda son:

 1.      Las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México,

 2.      La utilización de la institución a “modo” y  para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.

Los derechohumanistas también señalaron que entre «las gravísimas violaciones a los derechos humanos frente a las que la CNDH presidida por el Plascencia ha sido omisa contraviniendo a lo dispuesto en a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran los siguientes casos:

 ·         Las miles de personas asesinadas (70,000) en el periodo del 1º de diciembre del 2006 y el 1º de diciembre del 2012

·         Los miles de Migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos,  desaparecidos forzosos…, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados…

·         Las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia del crimen organizado. 

·         Los cientos de miles de personas detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobados su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012.

·         Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1º. de diciembre del 2006 al 1º. de diciembre del 2012 y 23,322 del 1º. de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014.

·         La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

·         El caso de la masacre de 72 personas en de San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

·         Los hechos del 1º de diciembre del 2012 en la Ciudad de México.

·         Las reformas a las constituciones de varios estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres. 

·         Las restricciones a la libertad de expresión en la reglamentación de la protesta social

·         La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

·         La resolución adoptada por la SCJN en la contradicción de criterios 293/2011

·         El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

Entre los casos de manejo a “modo” y para fines personales de la CNDH por parte del Dr. Plascencia se encuentran:

·         El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros generales del ejército mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

·         El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

·         El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

·         Los casos de Florence Cassez Crepín e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

·         Recomendaciones para desacreditar a personas e instituciones como los casos de José Luis Luege Tamargo,  entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, al Dr. Luis González Placencia su homólogo en la CDHDF.

 Todos estos casos están detalladamente documentados en la denuncia anexa que consta de cerca de 100 cuartillas y que evidencia que el Presidente de la CNDH, ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional que recibió al ser nombrado presidente de la CNDH pues no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las ha dejado en la indefensión, incluyendo a sus familiares; sino que ha utilizado recomendaciones “a modo” para dañar personas e instituciones; ha utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de intereses personales y ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y, en general de todos los que habitamos en este país.

 Por todo esto se puede advertir un consenso generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como organizaciones no gubernamentales, académicos, líderes de opinión, entre otros, en el sentido de que Raúl Plascencia no representa el perfil idóneo para presidir la CNDH.

 La denuncia está suscrita por:  

1.  Sergio Aguayo

2.      Denise Dresser

3.      Javier Sicilia

4.      Francisca Jiménez Barrientos

5.      Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez AC

6.      Rocío Culebro, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC

7.       Edgar Cortéz

8.      Marco Lara Klahr

9.      Comisión de Solidaridad y Defensa de los derechos humanos AC

10.  Valentina Peralta Puga, Directora de Eslabones, integrantes del MPJD

11.  Manuel de la Peza

12.  Alejandro Solalinde, Hermanos en el Camino AC.

13.  Consuelo Morales, CADHAC, Nuevo León

14.  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

15.  Agenda LGBT (Estado de México),

16.  Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);

17.  Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.);

18.  Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.);

19.  Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.);

20.  Casa del Migrante Saltillo (Coahuila)

21.  Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal);

22.  Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.);

23.  Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis);

24.  Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal);

25.  Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.);

26.  Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis);

27.  Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua),

28.  Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)

29.  Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.);

30.  Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua);

31.  Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);

32.  Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.);

33.  Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz);

34.  Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.);

35.  Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal);

36.  Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.);

37.   Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal);

38.  Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.);

39.  Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.);

40.  Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco);

41.  Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.),

42.  Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.);

43.  Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.);

44.  Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);

45.  Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);

46.  Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal);

47.  Comité Cerezo (Distrito Federal);

48.  Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.);

49.  Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.);

50.  Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.);

51.  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.);

52.  Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.);

53.  Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal);

54.  Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.);

55.  Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.);

56.  Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.);

57.  Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab);

58.  Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab);

59.  Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.);

60.  Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.);

61.  El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.);

62.  Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.);

63.  Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.);

64.  Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);

65.  Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla;

66.  Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal);

67.  Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.);

68.  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.);

69.  Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal),

70.  Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.);

71.  Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal);

72.  Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal);

73.  Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México);

74.  Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí);

75.  Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.);

76.  Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo);

77.  Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal);

78.  Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.).

79. Observatorio Nacional de Feminicidio.

80. Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (Montreal, Canadá)

Fuente: Boletín informativo de las organizaciones civiles

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Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Mexico Violento

Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

El editor recomienda: Preso político entrevista a víctima del falso caso Wallace, ambos en penal federal de Tapachula

 

Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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