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El Caso Wallace

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones

George Khoury Layón, víctima de detención arbitraria y tortura por el falso caso Wallace, vuelve a ser incriminado por los medios al relacionarlo falsamente con el asesinato de los israelíes en Ciudad de México

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres páginas del expediente fabricado contra George Khoury Layón, el 7 de octubre de 2009, por el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, volvió a cobrar fuerza mediática al relacionarlo falsamente con el crimen de los israelíes en Plaza Artz, de la Ciudad de México, perpetrado el miércoles, 25 de julio de 2019, pero también con el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Este hecho difamatorio en medios y redes –promovido por la Agencia de Noticias del Estado Notimex, a la que se sumó la agencia APRO, de la revista Proceso, Ciro Gómez Leyva y otros periodistas–, hizo escarnio nuevamente contra las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien a pesar de tener dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República por la fabricación del caso, no ha sido llamada a declarar.

La acusación contra George Khoury es la misma de hace diez años, sólo que ahora se le atribuyó también haber ordenado el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que pese al cúmulo de evidencias de su fabricación, y testimonios de quienes lo vieron después de su supuesta muerte, revelados desde 2014, los medios siguen reproduciendo íntegramente la versión de quien ha lucrado con la manipulación de cifras de secuestros en México, a través de su organización Alto al secuestro.

La primera vez que Khoury Layón fue interceptado por unos supuestos policías, según su propio testimonio, le pidieron dinero a cambio de que sus negocios funcionaran “en tranquilidad y seguridad”, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Wallace. En esa ocasión, Isabel Miranda Torres ya lo tenía en la mira de los primeros acusados del falso secuestro. Sin embargo, la defensa de Khoury pudo liberarlo sin mayor riesgo a su integridad, después que se negara a pagar la extorsión. La segunda ocasión fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria y tortura de César Freyre Morales, acusado de ser el líder de la banda que habría supuestamente secuestrado a Wallace. Una tercera detención fue el 2 de septiembre de 2009, pero en esta ocasión la detención incluyó tortura, que la víctima pudo grabar en audio con un artefacto mp3, lo que sería su prueba maestra para el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde el 18 de septiembre de 2017, pide su libertad inmediata al Estado mexicano. La ONU realizó un reporte de diez páginas y un estudio del dictamen de foniatría que un perito presentó en el Juicio 05/2009 instaurado en el Juzgado 1o de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, en la que se incluyó la transcripción de la narración de la tortura que George Khoury sufrió a bordo de su camioneta.

 

La incriminación de Icela Lagunas, en 2006, y Anabel Hernández, en 2010

En 2006, una de las primeras periodistas que acusó sin pruebas en los medios a George Khoury Layón fue Icela Lagunas, en El Universal y Reporte Índigo. Periodista al servicio de Isabel Miranda Torres, encargada de crear las historias sobre “secuestrados” que supuestamente Isabel Miranda liberaba mientras buscaba a su hijo. Pero quien dio proyección nacional e internacional a esas calumnias, fue la periodista colaboradora de la revista Proceso, Anabel Hernández. En su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle, Hernández reprodujo textualmente el expediente fabricado, que basa la acusación del MP en un solo testigo protegido “Zajed”. La periodista se refiere a Khoury como “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco-antrero”, e incluso destaca sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “el Koki”. Éste último apodo es el único que la familia de Khoury Layón, reconoce como llamaba a George desde niño, según el testimonio de su hermana, María de Lourdes, quien tiene una orden de aprehensión por supuesta complicidad con su hermano, que data de hace diez años, y a quien también Anabel Hernández mencionó difamatoriamente en sus libros.

Anabel Hernández escribió:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453).

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que el expresidente Felipe Calderón otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas a Calderón, habían solicitado la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y habían hecho las denuncias formales por el acoso y encarcelamiento injusto a la defensa de las víctimas, como el caso de la ex abogada defensora Ámbar Treviño Pérez, quien estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010, acusada por Isabel Miranda de “falsedad en declaraciones judiciales”. Sin embargo, la periodista Anabel Hernández ignoró todas estas acciones judiciales de las víctimas y todavía hizo un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho, en la página 449 de su libro, editado en español en 2010, y en la edición en inglés en 2013, bajo el título Narcoland. Pero la referencia más frecuentada a George Khoury era como “narcotraficante”:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (Los señores del narco, p. 454).

Anabel Hernández reprodujo frases exactas de otra nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006, además de las de Icela Lagunas, a quien le da crédito en su libro.

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota de El Universal, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirma que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, quienes en ese tiempo, operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se refiere a Khoury como el “pistolero” de Benjamín Yeshurun Sutchi, presunto extorsionador a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y en sus libros, información que ahora surge de nuevo con el asesinato de Ben Sutchi en Plaza Artz, de la Ciudad de México.

Cómo los medios relacionaron a Khoury con el crimen en Plaza Artz

El 25 de julio de 2019, los medios –alimentados por la agencia de noticias, Notimex, la primera en difundir la información falsa– reprodujeron sin ninguna investigación, el nombre de George Khoury Layón y su fotografía, relacionándolo con las actividades criminales de los israelíes en las que fue asesinado Benjamín Sutchi. Al día siguiente, el abogado penalista Gabriel Regino declaró en entrevista a Aristegui Noticias, que en 2005, siendo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando detuvo a Ben Sutchi, éste le ofreció un millón de dólares “para que lo dejara seguir trabajando”. Y al preguntar el exsecretario de dónde iba a sacar ese dinero, Sutchi habría respondido: “yo tengo amigos que pueden venir, como el Coqui (Jorge Kuri)”.

 

En conversación con Los Ángeles Press, el abogado penalista, quien defiende a otras víctimas de fabricación de culpables, destacó “el empecinamiento” del entonces secretario de Seguridad pública, Joel Ortega Cuevas, en la detención de Jorge Khoury Layón, y señaló que había sido responsable de la detención de al menos de 2006. Una nota de La Jornada, de ese año, da sustento a lo dicho por el abogado Gabriel Regino, firmada por la reportera Erika Duarte, el 13 de febrero de 2006.

La nota de Duarte se tituló “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera se refería a César Freyre Morales como plagiario, a menos de un mes de su detención ilegal directamente por Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga, de SEIDO-PGR.

El subtítulo de la nota decía: “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era dirigida a legitimar la versión de Isabel Miranda Torres. Aquí el fragmento:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khouri, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada). 

Sobre los 40 secuestros y 100 millones de dólares que dijo Anabel Hernández

Además de acusar a César Freyre, Jacobo Tagle y Juana Hilda González Lomelí por narcotráfico y secuestro, la periodista Anabel Hernández también relacionó a George Khoury Layón con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, El Vale”, a quien le atribuyó cerca de “40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates”, según lo escrito en la página 451, de su libro Los señores del narco.

Sin embargo, en la nota número 570327 de El Universal se acusa a Luis Manuel López Martínez de robo a transportistas. Le atribuyen el apodo “El rey de Tepito” y lo exhiben en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Los datos aportados por la periodista de Proceso no coinciden con las evidencias hemerográficas. Menos que uno de sus cómplices sea George Khoury Layón, quien siendo propietario de discotecas de alto consumo económico, en 2005, trabajara para el presunto asaltante de transportistas de Tepito, a quien la periodista decía pertenecer al “temeroso” grupo delictivo La Flor.  

El expediente fabricado del MP de Matamoros

La información del expediente creado en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra George Khoury Layón, por el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador del narcotraficnte Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie. El testigo “Zajed” afirmó en esa declaración que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana), y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

Dijo que se habían reunido varias veces, en Acapulco, con Valdez Villarreal y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, se especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, El Loco, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury Layón en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura.

Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, de quien el testigo protegido “Zajed” decía ser un comandante de la Policía Federal Preventiva, y la periodista Anabel Hernández lo relacionaba con el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna. De acuerdo con los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa azue/peta/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. Una nota de Notimex, del 6 de junio de 2008, que había trascendido a nivel nacional, informaba que el comandante había salido absuelto, y lo habían secuestrado en una tienda de autoservicio después de su liberación.  

Tampoco esta información se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como ha sostenido reiteradamente Anabel Hernández.

El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, había dejado de existir en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta, quien confirmó esta información a Los Ángeles Press.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con “un ciudadano iraquí”, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera aparecen en otros archivos de la prensa mexicana, pero no lo menciona Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera para 2010, ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

 

El doble juego en la falsa incriminación a Khoury

Isabel Miranda difundió en su perfil de Twitter el video entregado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sobre el asesinato de los israelíes. Después de que los medios relacionaran el falso secuestro de su hijo con el crimen de Plaza Artz, envió una carta a Radio Fórmula, en simulación de aclarar los hechos. En esta carta, señala a George Khoury de tener una relación con el asesinado Ben Sutchi, con César Freyre y con Jacobo Tagle, acusándolos nuevamente de cometer un homicidio.

Jacobo Tagle Dobín, detenido arbitrariamente y torturado el 3 de diciembre de 2010, incriminó a George Khoury en su declaración del 4 y 6 de diciembre ante la SIEDO-PGR, elaborada previamente por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga. Es la declaración bajo tortura a la que se refiere Miranda en su carta. 

En esta declaratoria fabricada, Jacobo relacionó a Khoury con el falso caso Wallace, al estar supuestamente relacionado con él mismo. Sin embargo, Tagle y Khoury no se conocían antes de la fabricación del caso Wallace, hasta que se encontraron en una misma prisión. Tagle también lo acusó de homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004. Pero, antes de esa acusación de 2010, Khoury no tenía ninguna denuncia en su contra por ese hecho ni se le relacionaba con hechos delictivos hasta la acusación de julio de 2005, hecha por Isabel Miranda, y en consecuencia la persecución del jefe policial Joel Ortega Cuevas.

 

Sobre el reconocimiento de inocencia 

Además del reconocimiento de inocencia de la ONU 16/2017, la Secretaría de Gobernación, en su Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, emitió la recomendación Segob/UASJ/MJ/094/2019 al Consejo de la Judicatura Federal para informarle sobre la calidad de preso político que otorgaba a George Khoury Layón, después de diez años de prisión acusado de delitos fabricados por autoridades ministeriales y judiciales, en los años 2006, 2009, 2010 y 2012. En febrero de 2012, el delito fincado fue un homicidio calificado con una declaración obtenida bajo tortura, resuelto por el propio Consejo de la Judicatura de la Federación en el Protocolo de Estambul practicado a su coprocesado, bajo la causa penal 80/2012, en el Vigésimo Quinto de lo Penal, en la Ciudad de México. Sin embargo, la jueza Hermelinda Silva Meléndez, basándose en un “dicho de oídas”, sin existencia de pruebas incriminatorias y pasando por alto el protocolo del coprocesado, le dictó a Khoury 20 años de sentencia.

La defensa de Khoury Layón promovió el reconocimiento de inocencia a la 5a. Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también le negaron la valoración y admisión de las jurisprudencias y los dictámenes del Protocolo de Estambul del coprocesado, donde se apunta que la declaración fue obtenida bajo “graves actos de tortura” para que señalara a Khoury como “autor intelectual del homicidio”, sin la existencia de un autor material del mismo. Por lo que, hubo una ratificación de su inocencia, a principios de 2019, por parte de la ONU.

Hasta la fecha, George Khoury Layón sigue en prisión. El 15 de marzo denunció los malos tratos y consignas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo que la directora Jazmín Borbón Ochoa fue removida del cargo y Khoury, trasladado al al Cefereso #17, del estado de Michoacán.

El Caso Wallace

Tortura, secuestro y espionaje, el vínculo Margolis entre Israel Vallarta, George Khoury y el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Margolis, en el dictamen sobre tortura de Israel Vallarta

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en Seguridad privada, fue señalado, junto con el expolicía Luis Cárdenas Palomino y el periodista de televisión Pablo Reinah, de cometer actos de tortura y secuestro, según el dictamen pericial realizado a Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión sin sentencia desde diciembre de 2005, acusado de secuestro en un montaje televisivo.

Con un documento de 205 páginas, los peritos en derechos humanos, el médico cirujano Adrián Ramírez López (con cédula Cédula 1396538) y la maestra en Psicólogía María Isabel Mazo Duarte (con cédulas 5721526 y 5784148), acreditaron ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre de 2016, que Israel Vallarta Cisneros “sufrió humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, amenazas, deprivación sensorial de alimento, agua, descanso y sueño, y que éstas le causaron severos y duraderos trastornos psicológicos”. Todo ello atribuido a conductas que los peritos consideraron como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al momento de su detención, durante su permanencia en la SIEDO, así como en el Centro de Arraigo y en el Cefereso #1 El Altiplano, Almoloya de Juárez.

El nombre de Eduardo Margolis aparece en el dictamen 22 veces, y las referencias a su nombre de pila se hacen en 13 ocasiones, específicamente para aludir a su presencia en eventos de tortura contra Israel Vallarta, sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos.

El dictamen pericial de Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte describen el maltrato recibido e identifican a catorce sujetos como perpetradores, en diferentes lugares como en el rancho Las Chinitas, la SIEDO, en el centro de arraigo y un estacionamiento, con la acotación de que éste podría ser en las mismas instalaciones de las PGR, de la Calle López, número 12, del Centro de la CDMX.

Los peritos clasificaron el maltrato como:

“Deprivación sensorial aplastamiento; forzamiento a inhalar substancia no identificada. Insultos. Golpizas reiteradas. Lesiones corporales deliberadas. Posiciones forzadas. Aplicación de electricidad. Amenazas. Humillaciones y vejámenes. Desnudamiento. Agresiones y violencia sexuales incluyendo violación. Atentado contra la libertad y el sano desarrollo de su sexualidad y personalidad. Presencia de tortura a otros. Privaciones deliberadas de medios de vida. Privación del sueño. Intento de asfixia seca. Intento de asfixia húmeda. Exposición a temperaturas extremas” (Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen médico psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención, traslados, arraigo y prisión de Israel Vallarta Cisneros, de la Causa penal 100/2010-VII).

Los encuentros con Margolis

En la SEIDO

En esta etapa, organizada por los peritos bajo el número 9, Israel Vallarta identifica que, entre las personas vestidas de civil en la SIEDO, se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y alude a su presencia también en otros eventos de tortura.

La agresión en la SIEDO fue descrita por los peritos en derechos humanos como: “golpes en cuello, cabeza, tórax para “sacar el aire” y otras partes del cuerpo, bofetadas, patadas en las espinillas, puños en la cabeza. Atadura, presión, inmovilización y golpes en dedos de la mano derecha para forzar impresión de su huella en documentos. Privación de agua, alimento, sueño y servicios sanitarios. Insultos, humillaciones. Golpes propinados por personas vestidas de civil aparentemente ajenas a la PGR. Amenazas de muerte contra el examinado y sus familiares: “los va a cargar la chingada” “tengo la consigna de darte en la madre”. Presencia de golpes a su “mujer amada” (Dictamen pericial, pag. 72).

Momento 1

“Me levantan y me llevan hasta el fondo donde están los archiveros, veo que paso junto a Florence y está… está… Isabel Hernández Arzate, está… este… Eduardo Margolis, ahí lo veo, lo veo parado, pero ahí en el mismo piso con un grupo de personas.

Perito Adrián Ramírez López (ARL): ¿No te saluda? ¿No te dice nada?

Israel Vallarta Cisneros (IVC): No, no, no, no, no, no, yo de momento no pensé que fuera… o sea…, yo lo vi al bulto… en el momento no reconocí que era él, sino fue posterior, ahorita le explico por qué, o sea yo voy pasando y veo el bulto de personas allí, y me llevan al fondo, otra vez lo que en el estacionamiento ya habían hecho conmigo de firmar hojas en blanco, hacer numeración del 10 al 100 y bla bla bla hasta el millón, las mismas hojas que venían ya impresas en computadora, que traían nombres y yo tenía que poner al lado primo, sobrino, etcétera, entonces me decían ¡ponlo!, no lo quise hacer, hubo otras que sí, otras que sí lo hice, honestamente. ¿por qué?…

Perito María Isabel Mazo Duarte (MIMD): ¿Ahí te seguían golpeando?

IVC: Claro que sí, ¡por supuesto!” (Dictamen pericial, 2016, p.77).

Momento 2

“… en ese momento que estaba el cubículo donde me encontraba en el segundo piso, es decir, es un módulo de tres cubículos, yo me encontraba en el primero entrando a ese piso y en el tercero, en el fondo, se encontraba Florence, también rodeada de elementos de la Agencia Federal que reconozco como los mismos que un día antes –ocho de diciembre de dos mil cinco–, nos secuestraron a ella y a mí. Asimismo, entre ese grupo de personas se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con otras personas masculinas de estatura alta y de trajes” (Tomado de la Ampliación de Declaración del procesado Israel Vallarta Cisneros el 10 de julio de 2008 ante el Licenciado Eusebio Zárate Silva secretario encargado del despacho por autorización del H. Consejo de la Judicatura Federal, en Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen pericial, 2016, p. 81).

Momento 3

“Cuando pasé la primera vez hacia los archiveros y yo veo a Eduardo (refiriéndose a Eduardo Cuauhtémoc Margolis) ya me queda claro por qué o por quién, todo lo que me había pasado, desde la detención, pasar por la tortura, estar en el rancho, este… lo vi, sí, en el estacionamiento, lo vi a Eduardo en el estacionamiento, vi la figura de él y la de otra que estaba calva y confirmé ya estando en el ministerio público, como que se me desveló él. Yo comprendía que se estaba cometiendo una infamia contra nosotros, pero no veía el origen, no veía yo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra quién? Y ahí me di cuenta…” (Dictamen pericial, p.158).

En “el Estacionamiento”

En el lugar que Israel Vallarta describe como “El estacionamiento” sufrió una de las torturas más brutales por parte de los agentes de la SIEDO, en las que participó Eduardo Margolis propinándole fuertes patadas en las piernas.

“… (un agente) me golpea en el costado derecho cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado, hijo de tu puta madre, me tiró una cubetada con agua sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho, sosteniéndome la cara y me pone un trapo húmedo con una sustancia que puedo haber sido acetona o algo semejante pero no me dejaba respirar, otra persona se hincó sobre sus rodillas colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome dolor, otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz provocándome asfixia, en tanto que otra persona sobre mis plantas de mis pies, puso un cartón y me golpeaba fuertemente con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome que se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados y seguían golpeándome… Sangré de la boca, o de la nariz, supongo, porque me tragaba mi sangre” (Dictamen pericial, p. 44).

En relación con los toques eléctricos.

“Pues no era un toque en todo el cuerpo aunque estaba yo bañado en agua, era… eran como pellizcos por ejemplo cuando me lo ponían entre el testículo y la pierna es como si me mordieran, de esas pinzas de caimán, entre esta parte y el testículo y además un dolor que se me paralizaba la pierna, y si me lo ponían por acá (indica el cuello) entre el hombro y el cuello era un pellizco muy fuerte, sentía como la contracción y a veces lo sentía entre los dedos de los pies y un testículo, no quiero decir que si me lo ponían en los pies me dolía la oreja, no es cierto, no es cierto, eran más locales pero hubo un momento en que cuando yo me estaba retorciendo por los toques en los testículos, fue cuando esta tipa… este… primero estaba intentando penetrarme, pero no, yo cerraba el glúteo, pero cuando yo lo cerraba no me estaban poniendo toques en los testículos pero cuando me ponen toques en los testículos y hago esta contracción es cuando agarra y siento el jalón, entonces ya… sí tenía dolor en los testículos por las quemaduras, por el dolor, por la sensación pero en ese momento fue un choque de todo, fue un choque de todo, de dolor, de dignidad, de… humanidad, o sea, no soy un animal, ¿sí me explico? No soy un animal, no lo soy, en serio, no lo soy” (Dictamen pericial, p.31).

En la casa de arraigo

El 10 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue trasladado a la casa de arraigo, ubicado en el Eje 3 Morones Prieto, esquina con calle Doctor Barragán, colonia Doctores, de la Ciudad de México, en donde estuvo retenido 88 días, hasta el 8 de marzo de 2006.

De acuerdo con el dictamen, aquí también sufrió golpes, intimidación y amenazas de muerte y de desaparición, así como intimidación y amenazas contra los familiares que lo visitaban. Se le privó de medios de vida y se le mantuvo la mayor parte del tiempo aislado. En una de las golpizas, su verdugo hizo referencias directas a Eduardo Margolis.

“… eso te pasa por andar queriendo quedar bien con el hermano de tu noviecita metiéndote donde no te llaman; Eduardo también es nuestro socio –ahí es donde ya me dice Garza Palacios–, Eduardo es nuestro socio y no está solo, por eso te digo pendejo que ni tienes ni idea de con quién te metiste; –con esto confirmé obviamente, que todo de lo que se nos acusó y por qué yo vi la figura de Eduardo, ahora sí ya quedé yo convencido que la figura que yo vi cuando estaba yo con la venda, me moví el pedacito de venda y vi que era Eduardo y también al día siguiente de mi detención, el 9 de diciembre, este… en… la SIEDO ¿sí? afuera del cubículo como lo manifesté…” (Dictamen pericial, 2016, p.98).

Los perpetradores

El dictamen pericial colegiado en materia de tortura fue elaborado de 2015 a 2016, con la revisión y análisis de 21 documentales, que incluyen declaraciones ministeriales, amparos, y registros de audios, fotografías y material videográfico, entre otros documentos de relevancia. En este trabajo pericial, Israel Vallarta Cisneros identificó a seis de 14 perpetradores. Entre éstos, al expolicía federal Luis Cárdenas Palomino que lo torturó por horas y en diferentes ocasiones, a Eduardo Margolis, que le propinó patadas en el cuerpo y estuvo presente en otros eventos de tortura, y al periodista Pablo Reinah que lo abofeteó para el montaje televisivo.

“…la otra persona era Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol que era el socio de mi cuñado. Entonces ahí, de momento no sabía cómo explicar, porque no habló, pero yo asocié la figura, porque lo conozco, es mucho más alto que yo, no habló una sola palabra, pero al día siguiente estaba allí en los cubículos del Ministerio Público…”.

Las referencias a Cárdenas Palomino

En el dictamen se menciona al expolicía Luis Cárdenas Palomino 59 veces. Es señalado por Israel Vallarta como el mayor agresor y es quien en el rancho Las Chinitas, durante el montaje televisivo, daba órdenes al reportero Pablo Reinah y permitía que éste también lo golpeara.

MIMD:” ¿Hasta este momento, que fue lo peor que viviste?

IVC: Mire, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me golpearon… Entonces en el momento en que se queda Cárdenas Palomino dentro de la habitación… no, no puedo, no he podido sacar… no sólo me denigró como persona, sino como hombre, o sea, yo no soy un animal, yo jamás, jamás en la vida, he lastimado a alguien y menos al nivel que… en que me pusieron, ni mucho menos… tal vez discutía una orden de mis papás, de mis hermanos, ¡pero que alguien se haya ensañado! Los golpes sí fueron, golpes que me dolieron, me lastimaron, las quemaduras en los testículos fueron muy latentes, es algo que no les comenté, es algo muy latente, los lapsos en que me acomodaban para… para seguirme golpeando, cuando la penetración del palo, los toques en los testículos… ¿por qué no lo mencioné? Porque eso fue casi todo el tiempo, desde los primeros golpes hasta los últimos, en todas las posiciones posibles, era ponerme toques en los testículos, en la espalda, en el pecho, en los testículos, en la espalda, en el pecho…” (Tomado de trascripción de entrevista realizada el 11 de noviembre de 2015 a Israel Vallarta Cisneros por los peritos, en Ramírez L., A. y Mazo D. M.I., Dictamen pericial, p. 43.)

El debate de los peritos en la detención

El 9 de diciembre de 2005, el perito médico oficial de la SIEDO, Jorge Arreola Villarreal, elaboró y firmó el dictamen del estado físico de Israel Vallarta y Florence Cassez, bajo el folio 89590, en el que afirmaba que presentaba “lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.

Sin embargo, en el debate pericial que incluye el dictamen de los derecho-humanistas, uno de los cuestionamientos de Ramírez López y Mazo Duarte fue que el tiempo que utilizaron para examinar y elaborar los dictámenes de Vallarta y Cassez, el cual no superó los diez minutos, y el segundo examen sólo era una transcripción literal del primero.

Un siguiente perito médico de la SIEDO que continuó con las revisiones periódicas a Vallarta, el Dr. José Antonio Viveros Orozco, bajo el folio 90065 y con fecha del 10 de diciembre del 2005, señaló con la misma transcripción que se trataba de lesiones que tardaban en sanar en menos de quince días. Los peritos en derechos humanos, por su parte, cuestionaron que a pesar de ser un perito distinto “no actualiza la evolución de las lesiones y sólo se concreta simplemente a continuar realizando una mera trascripción literal de los exámenes previos”.

Cuatro días después de las torturas en la detención, el 12 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue examinado por un tercer perito, el Dr. Pedro Galicia Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el folio 57768-57769. Éste señala que Vallarta Cisneros “presenta lesiones que por naturaleza y características no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”. No obstante, este perito agrega que el estado emocional del detenido es “perturbado” y describe que tiene lesiones producidas por un objeto transmisor de corriente eléctrica. No da más especificaciones. En el dictamen de los peritos Ramírez y Mazo, en cambio, describen que Israel fue quemado con toques eléctricos en los testículos.

Los peritos Ramírez López y Mazo Duarte además señalaron en su dictamen que ya ese día, el perito de la CNDH describe las lesiones y su evolución, aunque no las evalúa y omite también la dificultad que tenía Israel para deambular, debido a la tortura que consiste en “golpear las plantas de los pies con un palo, lo que produce un proceso inflamatorio agudo de los cojinetes de grasa y tejidos de soportes del pie, que es muy doloroso y no deja ninguna huella en la piel de las plantas de los pies”.

Las mentiras de Margolis en audiencia judicial

En juicio, Eduardo Margolis fue interrogado por la defensa de Israel Vallarta sobre su asistencia a la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Pero al respecto, Margolis señaló que no recordaba, que tenía negocios con la SIEDO y acostumbraba a realizar estas visitas. Sin embargo, fue desmentido con el registro de su acceso a las instalaciones de la PGR y por oficios de Transparencia que revelaban la inexistencia de contratos con esta institución.

De acuerdo con la revista Proceso, en un reportaje publicado el 20 de marzo de 2012, Eduardo Margolis envió una carta en 2009 a la revista como derecho de réplica por las declaraciones de Israel Vallarta sobre sus relaciones íntimas y las amenazas, así como el porqué de su presencia en la SIEDO el día de la detención de Vallarta y Cassez:

“… dichas imputaciones son falsas, toda vez que no conozco al Sr. Israel Vallarta, y en consecuencia, no he tenido ninguna relación de amistad o de negocio con dicha persona”. Y añadió: “No soy jefe de seguridad de ninguna comunidad, ya que me dedico a ejercer el comercio de manera lícita” (Campa, H. y Carrasco, J. 2012, marzo 20, Caso Cassez: el misterioso Margolis, personaje clave, Proceso).

Sin embargo, en el mismo reportaje de Proceso se cita el libro Peines mexicaines, de Alain Devalpo y Anne Vigna (Grijalbo, 2010) en el que se desmiente a Margolis sobre las dos fechas claves de su estancia en la SIEDO:

“…el 13 de septiembre de 2005, día de la primera declaración de la estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y posterior liberación derivó en la detención de Vallarta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y Cassez fueron conducidos a dicho inmueble (SIEDO) tras el montaje televisivo” (ídem).

Los periodistas Devalpo y Vigna tuvieron acceso al registro de entradas a la SIEDO y revelaron que Margolis se había presentado el 9 de diciembre a las 14:30 horas y había salido de allí a las 15:11 horas. El número de gafete de entrada que recibió fue el 012 y dijo que iba a visitar al licenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

La referencia del reportaje indica que el 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a declarar en calidad de testigo al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, siendo Olga Sánchez Cordero, la juez al frente del caso, hoy titular de la Secretaría de Gobernación. El abogado defensor de Israel Vallarta, Héctor Trujillo Martínez, preguntó en juicio a Margolis sobre su relación con éste. Y la respuesta de Margolis fue negarlo. Dijo que no lo conocía, pero sí a Florence, debido a que es hermana de su exsocio Sebastien Cassez.

“Aseguró que la había visto dos veces en su vida. Cuando Trujillo le preguntó por qué había ingresado al inmueble de la SIEDO el 13 de septiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de ese mismo año, Margolis dijo primero que no se acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de registro de ingresos, señaló:

“Normalmente voy a la oficina que está frente al Monumento a la Revolución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios” (ídem).

El disimulo de las autoridades

En la investigación en formato de libro de la periodista Emmanuelle Steels titulada El teatro del engaño, Cassez-Vallarta: historia de un montaje (Debolsillo, 2016) se retratan de manera precisa las actitudes psicóticas de Eduardo Margolis y refiere explícitamente a su venganza contra Israel Vallarta y Sebastien Cassez.

“A alguien se le ocurrió hacer una telenovela porque se veía muy bonito que un mexicano secuestrador tuviera una novia francesa, se enfurece Margolis. “Y eso no implica que Israel fuera culpable. Pero de todas formas le van a dar 200 años de cárcel” (Steels, 2016, p. 194).

En este trabajo ignorado por las autoridades, la periodista identifica los papeles que juega cada personaje en la trama de la fabricación de culpables para armar el “teatro del engaño”, y Margolis, de acuerdo con sus propias palabras según lo referido en el libro, “le había tocado hablar de la familia Vallarta y de los secuestros dirigidos desde la cárcel”.

La investigación de Steels ha sido una de las más comprometedoras para Margolis que evidencian su falsedad de declaraciones judiciales, tergiversación de los hechos, e incluso confirma sus amenazas de secuestro contra la esposa de Sebastien Cassez y sus hijos, y también acepta que fue él quien ordenó la detención de Israel Vallarta como un acto de venganza, y que no tenía nada contra Florence.

“… Margolis admitió que, efectivamente, él había solicitado la detención. Pero solamente había querido actuar contra los Vallarta” (Steels, 2016, p. 195).

Y vuelve a mentir en la entrevista dada a Florence Cassez para su libro Nada encarcela la inocencia, referenciado por Steels:

“Dijo que él había ido en persona para recuperar los coches al taller mecánico del hermano de Israel y se habría dado cuenta de que formaban parte de la familia de Arturo, “un hombre que habíamos matado durante una operación para salvar a un secuestrado” (Steels, 2016, p.195).

De nueva cuenta es desmentido por la voz de Florence:

“… Sin embargo, los coches de Margolis se encontraban en un garaje, en el edificio de un amigo de Israel, y no en el taller mecánico de René. Por otro lado, un hermano de Israel efectivamente había sido asesinado años antes, en el 2000, pero no fue en el rescate de un secuestrado imaginario. Arturo Vallarta fue asaltado a plena luz del día cuando estaba caminando en la calle…” (Steels, 2016, p. 195).

Inexistencia de contratos entre Margolis y la SIEDO

Los Ángeles Press, para este trabajo de investigación, encontró dos solicitudes de información sobre los supuestos contratos que Eduardo Margolis decía tener con la Policía Federal y la SIEDO, en el período de 2001 a 2012, y con lo que justificaba su presencia en la SIEDO durante la detención de Israel Vallarta.

En respuesta a la solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la entonces PGR, con el oficio número SJAI/DGAJ/10375/2012, con el folio 0001700178112, señaló que:

“La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dijo que “no obra contrato celebrado en materia de adquisiciones y/o servicios a nivel central (no delegacional) con las personas morales solicitadas cuya área requirente haya sido la SIEDO”.

Las personas morales referidas en el oficio eran siete de las 14 empresas que Eduardo Margolis, decía tener. La respuesta de la SIEDO se sometió a un Comité de información de la misma institución, la cual determinó que:

“confirma la declaración de inexistencia de información manifestada por la Oficialía Mayor”.

Y por su parte, la SIEDO reitera que:

“al realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontró antecedente alguno de la información requerida”.

La Policía Federal, a través de la Dirección de Enlace, señala de igual manera que: “no se encontró registro, documento o constancia relacionada con lo solicitado, razón por la cual, se declara la inexistencia, indicando que la búsqueda de la información dentro del rubro temático sección de recursos materiales…”.

La industria del secuestro: Margolis, García Luna y Wallace

El primer secuestro en la Ciudad de México relacionado con el apellido Margolis fue el 24 de mayo de 1998. Un secuestro que se perpetró en 4 minutos, duró 24 días y cobró una recompensa de 5 millones de dólares. La víctima regresó a su casa ilesa. Era Eliot Margolis Freedman, director de la agencia de autos Chrysler.

Dos meses después, el 17 de julio de 1998, Isabel Miranda caía en la cárcel por homicidio en grado tentativa contra un trabajador de Tlalpan, que retiraba sus espectaculares en una zona protegida, montado en una grúa. Miranda y su hijo Hugo Alberto cortaron las mangueras de la grúa causando la caída al trabajador, que logró sobrevivir. Hugo Alberto huyó, y solo detuvieron a Miranda, quien salió de prisión cinco días después.

Un mes más adelante, el 17 de agosto, el área de Secuestros del CISEN detenía al primer secuestrador que usaba celular, cuando su uso era muy restringido por el alto costo. Se trataba de Daniel Arizmendi, expolicía de Morelos al que apodaban “El Mochaorejas”. Por su parte, el investigador Tomás Borges, en su libro Diario de un agente encubierto (Planeta, 2013), afirma que esta detención –lograda a través del espionaje de conversaciones telefónicas– convertiría al área de Secuestros en el principal pilar de la promoción política de García Luna. Para el 2001, ya con la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, García Luna tenía autorizado el presupuesto y autoridad a discreción para dirigir esta misma área dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.

Para entonces, Isabel Miranda había dejado de invadir terrenos ecológicos de Tlalpan, pero coincidió en 2001 con personajes selectos entrenados en Israel en temas de seguridad y espionaje. Se trataba de Eduardo Margolis y el mismo Genaro García Luna, que se movían entre el CISEN y la PGR. El abogado de Miranda, Ricardo Martínez Chávez, incursionaba en Secuestros como agente del ministerio público, y se hacía cargo de la investigación de secuestro de las hermanas de Talía, Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Sin tener nada que ver en el asunto, Isabel Miranda acompañaba a las hermanas de Talía, en su calidad de víctimas, que tiempo después trascendió habían sido secuestradas por los mismos agentes de la recién creada AFI como un experimento de entrenamiento. Al mismo tiempo que Isabel Miranda, en el 2001 también surgía otro personaje involucrado en los experimentos de seguridad a quien presentaron como héroe anónimo: Eduardo Gallo y Tello, quien en ese mismo año fue apoyado por García Luna con equipo técnico, vehículos y comando para ejercer venganza fatal contra los secuestradores de su hija en Morelos, ejecutando a tres secuestradores y a la madre de otro, junto con un hermano y sobrino de 4 años que nada tenían que ver. Los pagadores de los crímenes de Eduardo Gallo son dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, a quienes detuvo de manera ilegal, torturó y encarceló por su propia cuenta, y aún permanecen en prisión desde entonces.

Para 2004, Isabel Miranda ya presumía charola de Seguridad pública, y salía y entraba de la secretaría y la SIEDO, como si fuera su casa, y se preparaba para la fabricación del secuestro de su hijo.

Simulacros de secuestros y héroes

Los entrenamientos de Genaro García Luna en Israel y las relaciones de Eduardo Margolis con la Embajada israelí en México creaban sinergias. Una de estas acciones era la de dar legitimidad a la simulación de secuestros, resolverlos, cobrar recompensas y generar un impacto mediático favorable a la figura de García Luna, y a quienes participaban con él. Esto se fortalecía con el espionaje y monitoreo de llamadas para controlar a los “pagadores” o falsos culpables y sus familiares que buscaban justicia.

 Así empezó a surgir la “sociedad civil” que al sexenio siguiente aplaudiría a Felipe Calderón. Un desfile de supuestos activistas que se habían dado a conocer algunos como víctimas, otros como héroes y heroínas. María Elena Morera, Eduardo Gallo, Rosi Orozco, Teresa Ulloa, Norma Ledezma (de Chihuahua), Javier Sicilia y una larga lista, incluyendo, por supuesto, a Isabel Miranda y al mismo Eduardo Margolis.

La imagen de Eduardo Margolis fue promovida en la comunidad judía al grado de la cursilería y lo grotesco. Notas de prensa en Enlace judío lo describían como “escudo protector”, el “ángel salvador”, “la leyenda Margolis”, “el jefe de seguridad de los judíos”, incluso llegaron a compararlo con el Gólem que los salva, y tal como cuenta la leyenda, “el gólem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable”, pero también selectivo, y no dudó en convertirse en el terror de la misma comunidad judía.

Cuando Isabel Miranda acusó falsamente a Jacobo Tagle Dobin, el 13 de julio de 2005, ante la entonces PGJDF, de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis no sólo dio la espalda a Jacobo, siendo de la comunidad judía, sino que ayudó a Isabel Miranda con equipo de espionaje y tráfico de influencias para detener y torturar a Jacobo, a sabiendas que era inocente, permitiendo además la expropiación de la casa de la madre de Jacobo, Raquel Dobin y la detención ilegal y encarcelamiento de su hijo adolescente, Salomon Tagle Dobin.

En el circulo rojo se identifica a Salomón Tagle Dobin, cómo fue exhibido por Isabel Miranda, siendo menor de edad en ese entonces.

Estos hechos fueron narrados por Raquel Dobin trece años después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, en conferencia de prensa, el 10 de diciembre de 2018, en Cencos, Ciudad de México, organizada por esta periodista por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Antes era imposible por el miedo que tenían las madres de las víctimas. En la conferencia de prensa, ante una veintena de reporteros que la cubrieron sin publicar nada, la madre de Jacobo narró a detalle cómo fueron aterrorizadas por el agente de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, y un grupo de agentes encapuchados con armas largas, al servicio de Miranda. Allanaron su casa, pateando puertas; a ella, a su madre y a su hija las encerraron en una habitación sin baño, durante todo el día, las encañonaron, las maltrataron, las insultaron y los agentes robaron de la casa lo que quisieron.

En 2015, cuando Los Ángeles Press la entrevistó por la fabricación del caso Wallace, aún tenía miedo de salir en cámara con su nombre por el rechazo que ha tenido de la comunidad judía gracias a Margolis y su alianza con la victimaria de su hijo. Hasta la fecha no ha podido recuperar su casa, expropiada sin ninguna justificación por la SIEDO.

Conferencia de prensa sobre el caso Wallace, 10 de diciembre de 2018. Al micrófono, Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, la periodista Guadalupe Lizárraga, el presentador Ricardo Ávila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el periodista José Reveles.

Margolis, el origen de todo: George Khoury

En llamada telefónica a esta periodista desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Uruapan Michoacán, George Khoury Layón narró cómo vivió el terror de Eduardo Cuautémoc Margolis Sobol, y le atribuye a él en alianza con Isabel Miranda, las detenciones arbitrarias, la tortura y el encarcelamiento injusto en 2009.

“Margolis es el origen de todo. Era íntimo de Genaro García Luna, e hicieron muchos, muchísimos negocios, de Inteligencia y de cámaras para los ceferesos. Este señor se dedica a eso, al espionaje, él tiene su fachada de blindaje en avenida Mazarik, pero en realidad es una fachada. Él se dedica al espionaje”, señala de prisa Khoury.

Y Wikileaks le da la razón. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados liberó un millón de correos electrónicos en 2015 de un proveedor italiano de malware de vigilancia, Hacking Team, que fue objeto de escrutinio internacional. Entre estos, exhibía el intercambio que tuvo Eduardo Margolis, del 6 al 12 de diciembre de 2013, con integrantes de esta compañía de espionaje global.

En los mensajes, Margolis alude a la compra de un software de la empresa italiana:

“Nos pusimos en contacto contigo ya que tenemos un gran proyecto en México con una Institución del Gobierno Federal que tiene interés en comprarnos un software desarrollado por ti, que según entendemos se conoce como DaVinci Infection System…”.

En este intercambio de mensajes, Margolis envía un PDF con información corporativa de Epel, SA de CV y enfatiza que tiene experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno de México para llevar a cabo el proyecto de vender el software de vigilancia.

“Asumimos que para tomar la decisión de negociar con nosotros es importante que conozcas de nosotros, por eso te estamos enviando nuestra presentación corporativa en la que puedes observar que Epel cuenta con la experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno mexicano para llevar a cabo este proyecto…”

Cuando Los Ángeles Press preguntó a George Khoury Layón, por qué él fue afectado por Margolis, respondió que se debió a su negocio ya desaparecido Cronic Garden, ubicado en Polanco, en medio de la comunidad judía. Khoury Layón no es judío, y al tratarse de un giro de discoteca, los vecinos se quejaron con Margolis del constante escándalo.

“Mi negocio estaba pegando fuertísimo, y estaba en una plaza de los judíos, entonces ellos querían que quitara mi lugar porque estaba echando mucho desmadre. Iba mucha gente de todo el mundo, y de todo tipo, ya sabes, diputados… de todo tipo. Entonces los judíos se empezaron a quejar y se quejaron con él (con Margolis); entonces iba mucho Ben Sutchi, de los judíos que mataron en Plaza Artz, los israelitas que mataron, eran mis clientes, entonces este señor detiene a esos judíos que tenían ficha roja por Interpol, los detiene, y uno de ellos dijo que era mi amigo, que era mi cliente, y a mí me hablan y me amenazan que me iban a meter a la cárcel y me empiezan a aventar a la policía, pensando ellos que yo era uno de ellos, que eran mis socios, y jamás, me entiendes, eso nunca existió y yo tengo prueba de ello, pero este señor se aferró y me empezó a mandar la policía, y a que cerrara mi lugar, y pretexto y pretexto, y ya empezó el problema personal con él. Por eso me embarraron de tantas cosas. Mi primera detención fue ahí, en 2005 cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero por órdenes de Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”.

Pero la detención fue cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, acotó esta periodista.

“Así es, ellos ya tenían contacto (Isabel Miranda y Eduardo Margolis), sí claro, ya estaban juntos, porque estaban supuestamente en contra de los secuestradores, pero es un hamponzazo, un hamponzazo”, concluye Khoury Layón.

Los contratos reales de Margolis

De acuerdo con documentos de Transparencia, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, por medio de su empresa Epel, SA de CV, es proveedor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde 2018, con el número de control interno 4041-16.

La unidad responsable de su operación es la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, que según su sitio digital “tiene la función de regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, para garantizar que dichos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, seriedad, profesionalismo y respaldo jurídico-financiero, en beneficio de la población”.

Por último, Eduardo Margolis tiene cinco procesos abiertos, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. En todos es el demandante, incluso uno de los procesos en contra un miembro de la comunidad judía. Se trata de Bernardo Sefchovich Asingarz, casado con Elisa Sissa Israel, quien es socia, junto con su familia, de una compañía de seguridad internacional que también tiene contratos en Querétaro y Nuevo León.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como “simulación de pruebas”, pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, “solo los mandó golpear”. La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

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