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El Caso Wallace

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones

George Khoury Layón, víctima de detención arbitraria y tortura por el falso caso Wallace, vuelve a ser incriminado por los medios al relacionarlo falsamente con el asesinato de los israelíes en Ciudad de México

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres páginas del expediente fabricado contra George Khoury Layón, el 7 de octubre de 2009, por el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, volvió a cobrar fuerza mediática al relacionarlo falsamente con el crimen de los israelíes en Plaza Artz, de la Ciudad de México, perpetrado el miércoles, 25 de julio de 2019, pero también con el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Este hecho difamatorio en medios y redes –promovido por la Agencia de Noticias del Estado Notimex, a la que se sumó la agencia APRO, de la revista Proceso, Ciro Gómez Leyva y otros periodistas–, hizo escarnio nuevamente contra las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien a pesar de tener dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República por la fabricación del caso, no ha sido llamada a declarar.

La acusación contra George Khoury es la misma de hace diez años, sólo que ahora se le atribuyó también haber ordenado el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que pese al cúmulo de evidencias de su fabricación, y testimonios de quienes lo vieron después de su supuesta muerte, revelados desde 2014, los medios siguen reproduciendo íntegramente la versión de quien ha lucrado con la manipulación de cifras de secuestros en México, a través de su organización Alto al secuestro.

La primera vez que Khoury Layón fue interceptado por unos supuestos policías, según su propio testimonio, le pidieron dinero a cambio de que sus negocios funcionaran “en tranquilidad y seguridad”, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Wallace. En esa ocasión, Isabel Miranda Torres ya lo tenía en la mira de los primeros acusados del falso secuestro. Sin embargo, la defensa de Khoury pudo liberarlo sin mayor riesgo a su integridad, después que se negara a pagar la extorsión. La segunda ocasión fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria y tortura de César Freyre Morales, acusado de ser el líder de la banda que habría supuestamente secuestrado a Wallace. Una tercera detención fue el 2 de septiembre de 2009, pero en esta ocasión la detención incluyó tortura, que la víctima pudo grabar en audio con un artefacto mp3, lo que sería su prueba maestra para el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde el 18 de septiembre de 2017, pide su libertad inmediata al Estado mexicano. La ONU realizó un reporte de diez páginas y un estudio del dictamen de foniatría que un perito presentó en el Juicio 05/2009 instaurado en el Juzgado 1o de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, en la que se incluyó la transcripción de la narración de la tortura que George Khoury sufrió a bordo de su camioneta.

 

La incriminación de Icela Lagunas, en 2006, y Anabel Hernández, en 2010

En 2006, una de las primeras periodistas que acusó sin pruebas en los medios a George Khoury Layón fue Icela Lagunas, en El Universal y Reporte Índigo. Periodista al servicio de Isabel Miranda Torres, encargada de crear las historias sobre “secuestrados” que supuestamente Isabel Miranda liberaba mientras buscaba a su hijo. Pero quien dio proyección nacional e internacional a esas calumnias, fue la periodista colaboradora de la revista Proceso, Anabel Hernández. En su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle, Hernández reprodujo textualmente el expediente fabricado, que basa la acusación del MP en un solo testigo protegido “Zajed”. La periodista se refiere a Khoury como “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco-antrero”, e incluso destaca sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “el Koki”. Éste último apodo es el único que la familia de Khoury Layón, reconoce como llamaba a George desde niño, según el testimonio de su hermana, María de Lourdes, quien tiene una orden de aprehensión por supuesta complicidad con su hermano, que data de hace diez años, y a quien también Anabel Hernández mencionó difamatoriamente en sus libros.

Anabel Hernández escribió:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453).

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que el expresidente Felipe Calderón otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas a Calderón, habían solicitado la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y habían hecho las denuncias formales por el acoso y encarcelamiento injusto a la defensa de las víctimas, como el caso de la ex abogada defensora Ámbar Treviño Pérez, quien estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010, acusada por Isabel Miranda de “falsedad en declaraciones judiciales”. Sin embargo, la periodista Anabel Hernández ignoró todas estas acciones judiciales de las víctimas y todavía hizo un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho, en la página 449 de su libro, editado en español en 2010, y en la edición en inglés en 2013, bajo el título Narcoland. Pero la referencia más frecuentada a George Khoury era como “narcotraficante”:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (Los señores del narco, p. 454).

Anabel Hernández reprodujo frases exactas de otra nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006, además de las de Icela Lagunas, a quien le da crédito en su libro.

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota de El Universal, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirma que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, quienes en ese tiempo, operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se refiere a Khoury como el “pistolero” de Benjamín Yeshurun Sutchi, presunto extorsionador a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y en sus libros, información que ahora surge de nuevo con el asesinato de Ben Sutchi en Plaza Artz, de la Ciudad de México.

Cómo los medios relacionaron a Khoury con el crimen en Plaza Artz

El 25 de julio de 2019, los medios –alimentados por la agencia de noticias, Notimex, la primera en difundir la información falsa– reprodujeron sin ninguna investigación, el nombre de George Khoury Layón y su fotografía, relacionándolo con las actividades criminales de los israelíes en las que fue asesinado Benjamín Sutchi. Al día siguiente, el abogado penalista Gabriel Regino declaró en entrevista a Aristegui Noticias, que en 2005, siendo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando detuvo a Ben Sutchi, éste le ofreció un millón de dólares “para que lo dejara seguir trabajando”. Y al preguntar el exsecretario de dónde iba a sacar ese dinero, Sutchi habría respondido: “yo tengo amigos que pueden venir, como el Coqui (Jorge Kuri)”.

 

En conversación con Los Ángeles Press, el abogado penalista, quien defiende a otras víctimas de fabricación de culpables, destacó “el empecinamiento” del entonces secretario de Seguridad pública, Joel Ortega Cuevas, en la detención de Jorge Khoury Layón, y señaló que había sido responsable de la detención de al menos de 2006. Una nota de La Jornada, de ese año, da sustento a lo dicho por el abogado Gabriel Regino, firmada por la reportera Erika Duarte, el 13 de febrero de 2006.

La nota de Duarte se tituló “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera se refería a César Freyre Morales como plagiario, a menos de un mes de su detención ilegal directamente por Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga, de SEIDO-PGR.

El subtítulo de la nota decía: “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era dirigida a legitimar la versión de Isabel Miranda Torres. Aquí el fragmento:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khouri, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada). 

Sobre los 40 secuestros y 100 millones de dólares que dijo Anabel Hernández

Además de acusar a César Freyre, Jacobo Tagle y Juana Hilda González Lomelí por narcotráfico y secuestro, la periodista Anabel Hernández también relacionó a George Khoury Layón con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, El Vale”, a quien le atribuyó cerca de “40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates”, según lo escrito en la página 451, de su libro Los señores del narco.

Sin embargo, en la nota número 570327 de El Universal se acusa a Luis Manuel López Martínez de robo a transportistas. Le atribuyen el apodo “El rey de Tepito” y lo exhiben en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Los datos aportados por la periodista de Proceso no coinciden con las evidencias hemerográficas. Menos que uno de sus cómplices sea George Khoury Layón, quien siendo propietario de discotecas de alto consumo económico, en 2005, trabajara para el presunto asaltante de transportistas de Tepito, a quien la periodista decía pertenecer al “temeroso” grupo delictivo La Flor.  

El expediente fabricado del MP de Matamoros

La información del expediente creado en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra George Khoury Layón, por el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador del narcotraficnte Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie. El testigo “Zajed” afirmó en esa declaración que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana), y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

Dijo que se habían reunido varias veces, en Acapulco, con Valdez Villarreal y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, se especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, El Loco, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury Layón en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura.

Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, de quien el testigo protegido “Zajed” decía ser un comandante de la Policía Federal Preventiva, y la periodista Anabel Hernández lo relacionaba con el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna. De acuerdo con los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa azue/peta/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. Una nota de Notimex, del 6 de junio de 2008, que había trascendido a nivel nacional, informaba que el comandante había salido absuelto, y lo habían secuestrado en una tienda de autoservicio después de su liberación.  

Tampoco esta información se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como ha sostenido reiteradamente Anabel Hernández.

El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, había dejado de existir en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta, quien confirmó esta información a Los Ángeles Press.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con “un ciudadano iraquí”, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera aparecen en otros archivos de la prensa mexicana, pero no lo menciona Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera para 2010, ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

 

El doble juego en la falsa incriminación a Khoury

Isabel Miranda difundió en su perfil de Twitter el video entregado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sobre el asesinato de los israelíes. Después de que los medios relacionaran el falso secuestro de su hijo con el crimen de Plaza Artz, envió una carta a Radio Fórmula, en simulación de aclarar los hechos. En esta carta, señala a George Khoury de tener una relación con el asesinado Ben Sutchi, con César Freyre y con Jacobo Tagle, acusándolos nuevamente de cometer un homicidio.

Jacobo Tagle Dobín, detenido arbitrariamente y torturado el 3 de diciembre de 2010, incriminó a George Khoury en su declaración del 4 y 6 de diciembre ante la SIEDO-PGR, elaborada previamente por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga. Es la declaración bajo tortura a la que se refiere Miranda en su carta. 

En esta declaratoria fabricada, Jacobo relacionó a Khoury con el falso caso Wallace, al estar supuestamente relacionado con él mismo. Sin embargo, Tagle y Khoury no se conocían antes de la fabricación del caso Wallace, hasta que se encontraron en una misma prisión. Tagle también lo acusó de homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004. Pero, antes de esa acusación de 2010, Khoury no tenía ninguna denuncia en su contra por ese hecho ni se le relacionaba con hechos delictivos hasta la acusación de julio de 2005, hecha por Isabel Miranda, y en consecuencia la persecución del jefe policial Joel Ortega Cuevas.

 

Sobre el reconocimiento de inocencia 

Además del reconocimiento de inocencia de la ONU 16/2017, la Secretaría de Gobernación, en su Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, emitió la recomendación Segob/UASJ/MJ/094/2019 al Consejo de la Judicatura Federal para informarle sobre la calidad de preso político que otorgaba a George Khoury Layón, después de diez años de prisión acusado de delitos fabricados por autoridades ministeriales y judiciales, en los años 2006, 2009, 2010 y 2012. En febrero de 2012, el delito fincado fue un homicidio calificado con una declaración obtenida bajo tortura, resuelto por el propio Consejo de la Judicatura de la Federación en el Protocolo de Estambul practicado a su coprocesado, bajo la causa penal 80/2012, en el Vigésimo Quinto de lo Penal, en la Ciudad de México. Sin embargo, la jueza Hermelinda Silva Meléndez, basándose en un “dicho de oídas”, sin existencia de pruebas incriminatorias y pasando por alto el protocolo del coprocesado, le dictó a Khoury 20 años de sentencia.

La defensa de Khoury Layón promovió el reconocimiento de inocencia a la 5a. Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también le negaron la valoración y admisión de las jurisprudencias y los dictámenes del Protocolo de Estambul del coprocesado, donde se apunta que la declaración fue obtenida bajo “graves actos de tortura” para que señalara a Khoury como “autor intelectual del homicidio”, sin la existencia de un autor material del mismo. Por lo que, hubo una ratificación de su inocencia, a principios de 2019, por parte de la ONU.

Hasta la fecha, George Khoury Layón sigue en prisión. El 15 de marzo denunció los malos tratos y consignas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo que la directora Jazmín Borbón Ochoa fue removida del cargo y Khoury, trasladado al al Cefereso #17, del estado de Michoacán.

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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