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El Caso Wallace

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones

George Khoury Layón, víctima de detención arbitraria y tortura por el falso caso Wallace, vuelve a ser incriminado por los medios al relacionarlo falsamente con el asesinato de los israelíes en Ciudad de México

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres páginas del expediente fabricado contra George Khoury Layón, el 7 de octubre de 2009, por el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, volvió a cobrar fuerza mediática al relacionarlo falsamente con el crimen de los israelíes en Plaza Artz, de la Ciudad de México, perpetrado el miércoles, 25 de julio de 2019, pero también con el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Este hecho difamatorio en medios y redes –promovido por la Agencia de Noticias del Estado Notimex, a la que se sumó la agencia APRO, de la revista Proceso, Ciro Gómez Leyva y otros periodistas–, hizo escarnio nuevamente contra las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien a pesar de tener dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República por la fabricación del caso, no ha sido llamada a declarar.

La acusación contra George Khoury es la misma de hace diez años, sólo que ahora se le atribuyó también haber ordenado el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que pese al cúmulo de evidencias de su fabricación, y testimonios de quienes lo vieron después de su supuesta muerte, revelados desde 2014, los medios siguen reproduciendo íntegramente la versión de quien ha lucrado con la manipulación de cifras de secuestros en México, a través de su organización Alto al secuestro.

La primera vez que Khoury Layón fue interceptado por unos supuestos policías, según su propio testimonio, le pidieron dinero a cambio de que sus negocios funcionaran «en tranquilidad y seguridad», el 16 de julio de 2005, cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Wallace. En esa ocasión, Isabel Miranda Torres ya lo tenía en la mira de los primeros acusados del falso secuestro. Sin embargo, la defensa de Khoury pudo liberarlo sin mayor riesgo a su integridad, después que se negara a pagar la extorsión. La segunda ocasión fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria y tortura de César Freyre Morales, acusado de ser el líder de la banda que habría supuestamente secuestrado a Wallace. Una tercera detención fue el 2 de septiembre de 2009, pero en esta ocasión la detención incluyó tortura, que la víctima pudo grabar en audio con un artefacto mp3, lo que sería su prueba maestra para el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde el 18 de septiembre de 2017, pide su libertad inmediata al Estado mexicano. La ONU realizó un reporte de diez páginas y un estudio del dictamen de foniatría que un perito presentó en el Juicio 05/2009 instaurado en el Juzgado 1o de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, en la que se incluyó la transcripción de la narración de la tortura que George Khoury sufrió a bordo de su camioneta.

 

La incriminación de Icela Lagunas, en 2006, y Anabel Hernández, en 2010

En 2006, una de las primeras periodistas que acusó sin pruebas en los medios a George Khoury Layón fue Icela Lagunas, en El Universal y Reporte Índigo. Periodista al servicio de Isabel Miranda Torres, encargada de crear las historias sobre «secuestrados» que supuestamente Isabel Miranda liberaba mientras buscaba a su hijo. Pero quien dio proyección nacional e internacional a esas calumnias, fue la periodista colaboradora de la revista Proceso, Anabel Hernández. En su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle, Hernández reprodujo textualmente el expediente fabricado, que basa la acusación del MP en un solo testigo protegido “Zajed”. La periodista se refiere a Khoury como “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco-antrero”, e incluso destaca sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “el Koki”. Éste último apodo es el único que la familia de Khoury Layón, reconoce como llamaba a George desde niño, según el testimonio de su hermana, María de Lourdes, quien tiene una orden de aprehensión por supuesta complicidad con su hermano, que data de hace diez años, y a quien también Anabel Hernández mencionó difamatoriamente en sus libros.

Anabel Hernández escribió:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453).

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que el expresidente Felipe Calderón otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas a Calderón, habían solicitado la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y habían hecho las denuncias formales por el acoso y encarcelamiento injusto a la defensa de las víctimas, como el caso de la ex abogada defensora Ámbar Treviño Pérez, quien estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010, acusada por Isabel Miranda de «falsedad en declaraciones judiciales». Sin embargo, la periodista Anabel Hernández ignoró todas estas acciones judiciales de las víctimas y todavía hizo un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho, en la página 449 de su libro, editado en español en 2010, y en la edición en inglés en 2013, bajo el título Narcoland. Pero la referencia más frecuentada a George Khoury era como “narcotraficante”:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (Los señores del narco, p. 454).

Anabel Hernández reprodujo frases exactas de otra nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006, además de las de Icela Lagunas, a quien le da crédito en su libro.

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota de El Universal, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirma que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, quienes en ese tiempo, operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se refiere a Khoury como el “pistolero” de Benjamín Yeshurun Sutchi, presunto extorsionador a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y en sus libros, información que ahora surge de nuevo con el asesinato de Ben Sutchi en Plaza Artz, de la Ciudad de México.

Cómo los medios relacionaron a Khoury con el crimen en Plaza Artz

El 25 de julio de 2019, los medios –alimentados por la agencia de noticias, Notimex, la primera en difundir la información falsa– reprodujeron sin ninguna investigación, el nombre de George Khoury Layón y su fotografía, relacionándolo con las actividades criminales de los israelíes en las que fue asesinado Benjamín Sutchi. Al día siguiente, el abogado penalista Gabriel Regino declaró en entrevista a Aristegui Noticias, que en 2005, siendo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando detuvo a Ben Sutchi, éste le ofreció un millón de dólares “para que lo dejara seguir trabajando”. Y al preguntar el exsecretario de dónde iba a sacar ese dinero, Sutchi habría respondido: “yo tengo amigos que pueden venir, como el Coqui (Jorge Kuri)”.

 

En conversación con Los Ángeles Press, el abogado penalista, quien defiende a otras víctimas de fabricación de culpables, destacó “el empecinamiento” del entonces secretario de Seguridad pública, Joel Ortega Cuevas, en la detención de Jorge Khoury Layón, y señaló que había sido responsable de la detención de al menos de 2006. Una nota de La Jornada, de ese año, da sustento a lo dicho por el abogado Gabriel Regino, firmada por la reportera Erika Duarte, el 13 de febrero de 2006.

La nota de Duarte se tituló “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera se refería a César Freyre Morales como plagiario, a menos de un mes de su detención ilegal directamente por Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga, de SEIDO-PGR.

El subtítulo de la nota decía: “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era dirigida a legitimar la versión de Isabel Miranda Torres. Aquí el fragmento:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khouri, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada). 

Sobre los 40 secuestros y 100 millones de dólares que dijo Anabel Hernández

Además de acusar a César Freyre, Jacobo Tagle y Juana Hilda González Lomelí por narcotráfico y secuestro, la periodista Anabel Hernández también relacionó a George Khoury Layón con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, El Vale”, a quien le atribuyó cerca de “40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates”, según lo escrito en la página 451, de su libro Los señores del narco.

Sin embargo, en la nota número 570327 de El Universal se acusa a Luis Manuel López Martínez de robo a transportistas. Le atribuyen el apodo “El rey de Tepito” y lo exhiben en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Los datos aportados por la periodista de Proceso no coinciden con las evidencias hemerográficas. Menos que uno de sus cómplices sea George Khoury Layón, quien siendo propietario de discotecas de alto consumo económico, en 2005, trabajara para el presunto asaltante de transportistas de Tepito, a quien la periodista decía pertenecer al «temeroso» grupo delictivo La Flor.  

El expediente fabricado del MP de Matamoros

La información del expediente creado en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra George Khoury Layón, por el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador del narcotraficnte Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie. El testigo “Zajed” afirmó en esa declaración que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana), y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

Dijo que se habían reunido varias veces, en Acapulco, con Valdez Villarreal y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, se especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, El Loco, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury Layón en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura.

Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, de quien el testigo protegido «Zajed» decía ser un comandante de la Policía Federal Preventiva, y la periodista Anabel Hernández lo relacionaba con el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna. De acuerdo con los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa azue/peta/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. Una nota de Notimex, del 6 de junio de 2008, que había trascendido a nivel nacional, informaba que el comandante había salido absuelto, y lo habían secuestrado en una tienda de autoservicio después de su liberación.  

Tampoco esta información se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como ha sostenido reiteradamente Anabel Hernández.

El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, había dejado de existir en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta, quien confirmó esta información a Los Ángeles Press.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con “un ciudadano iraquí”, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera aparecen en otros archivos de la prensa mexicana, pero no lo menciona Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera para 2010, ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

 

El doble juego en la falsa incriminación a Khoury

Isabel Miranda difundió en su perfil de Twitter el video entregado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sobre el asesinato de los israelíes. Después de que los medios relacionaran el falso secuestro de su hijo con el crimen de Plaza Artz, envió una carta a Radio Fórmula, en simulación de aclarar los hechos. En esta carta, señala a George Khoury de tener una relación con el asesinado Ben Sutchi, con César Freyre y con Jacobo Tagle, acusándolos nuevamente de cometer un homicidio.

Jacobo Tagle Dobín, detenido arbitrariamente y torturado el 3 de diciembre de 2010, incriminó a George Khoury en su declaración del 4 y 6 de diciembre ante la SIEDO-PGR, elaborada previamente por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga. Es la declaración bajo tortura a la que se refiere Miranda en su carta. 

En esta declaratoria fabricada, Jacobo relacionó a Khoury con el falso caso Wallace, al estar supuestamente relacionado con él mismo. Sin embargo, Tagle y Khoury no se conocían antes de la fabricación del caso Wallace, hasta que se encontraron en una misma prisión. Tagle también lo acusó de homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004. Pero, antes de esa acusación de 2010, Khoury no tenía ninguna denuncia en su contra por ese hecho ni se le relacionaba con hechos delictivos hasta la acusación de julio de 2005, hecha por Isabel Miranda, y en consecuencia la persecución del jefe policial Joel Ortega Cuevas.

 

Sobre el reconocimiento de inocencia 

Además del reconocimiento de inocencia de la ONU 16/2017, la Secretaría de Gobernación, en su Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, emitió la recomendación Segob/UASJ/MJ/094/2019 al Consejo de la Judicatura Federal para informarle sobre la calidad de preso político que otorgaba a George Khoury Layón, después de diez años de prisión acusado de delitos fabricados por autoridades ministeriales y judiciales, en los años 2006, 2009, 2010 y 2012. En febrero de 2012, el delito fincado fue un homicidio calificado con una declaración obtenida bajo tortura, resuelto por el propio Consejo de la Judicatura de la Federación en el Protocolo de Estambul practicado a su coprocesado, bajo la causa penal 80/2012, en el Vigésimo Quinto de lo Penal, en la Ciudad de México. Sin embargo, la jueza Hermelinda Silva Meléndez, basándose en un «dicho de oídas», sin existencia de pruebas incriminatorias y pasando por alto el protocolo del coprocesado, le dictó a Khoury 20 años de sentencia.

La defensa de Khoury Layón promovió el reconocimiento de inocencia a la 5a. Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también le negaron la valoración y admisión de las jurisprudencias y los dictámenes del Protocolo de Estambul del coprocesado, donde se apunta que la declaración fue obtenida bajo «graves actos de tortura» para que señalara a Khoury como «autor intelectual del homicidio», sin la existencia de un autor material del mismo. Por lo que, hubo una ratificación de su inocencia, a principios de 2019, por parte de la ONU.

Hasta la fecha, George Khoury Layón sigue en prisión. El 15 de marzo denunció los malos tratos y consignas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo que la directora Jazmín Borbón Ochoa fue removida del cargo y Khoury, trasladado al al Cefereso #17, del estado de Michoacán.

El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

No te pierdas: Caso Wallace: Isabel Miranda presentó pruebas y testigos falsos en el caso del secuestro de su hijo

Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

Lee más: Isabel Miranda expone en un parque su ‘verdad histórica’ pese a fabricaciones y torturas demostradas en el caso Wallace

Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

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Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

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En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

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