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El Caso Wallace

Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

Isabel Miranda Torres participó directamente en al menos tres detenciones ilegales y torturas de sus inculpados para sostener el caso Wallace

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Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- César Freyre Morales escribió una carta el 30 de enero de 2019, sobre cómo fue torturado con la intervención de Isabel Miranda Torres, conocida mediáticamente como Isabel Miranda de Wallace; una carta que pudo sacar por terceras personas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lleva trece años de reclusión, acusado de ser líder de una supuesta banda de secuestradores del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien hizo su detención de manera ilegal fue también Isabel Miranda Torres, junto con cuatro agentes ministeriales, el 23 de enero de 2006. Sin embargo, Miranda lo presentó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO-PGR) tres días después, el 26 de enero de 2006.

En esta misiva, César Freyre narra las torturas padecidas en su detención para que sostuviera su confesión incriminatoria, lo que hizo después de varias torturas en 2010 y en 2016, en la que también incriminaba a sus coacusados. 

Desde el 11 julio de 2005, el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda ha circulado en los titulares de los periódicos y noticieros mexicanos, promovido por su propia madre, como «el joven empresario» que había sido secuestrado y asesinado por asfixia, y después habría sido cercenado con una sierra eléctrica para desaparecer su cuerpo en bolsas de plástico para la basura. Así lo ha gritado la madre a los cuatro vientos, y además de acusar a César Freyre, de estos supuestos hechos -sin ningún elemento de prueba- también acusó a Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, y a los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, todos en prisión con testimonios de tortura, con protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas por el alto estrés postraumático. Isabel Miranda de Wallace también vinculó a sus acusaciones a Jael Malangón Uscanga y a su esposa Paola Díaz Romero, así como a George Khoury Layón y a su hermana María de Lourdes para sostener que eran una banda de secuestradores. La esposa de Jael estuvo arraigada durante tres meses, dejando a su hijo de cuatro años bajo el cuidado de familiares, y la hermana de George, desde 2009, tiene una orden de aprehensión y vive bajo constante amenaza.

Para entender más sobre este caso: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

Acompañada incondicionalmente de los medios y de las autoridades judiciales, Isabel Miranda de Wallace se mostró a México como la «madre detective» que tuvo el valor de ir tras los secuestradores de su hijo, y en un lapso de seis meses con la fotografía en mano de este grupo de jóvenes que posaban juntos en una excursión al pueblo de Chalma, Estado de México, fue capturando a cada uno de ellos con la ayuda de los agentes ministeriales. Cada captura era una tortura, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, y durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña, la Procuraduría General de la República acallaba cualquier intento de pedir ayuda con nuevas torturas y amenazas a sus familias. La historia sólo tenía una voz: la de Isabel Miranda, y al menor indicio de otra versión de los supuestos hechos era descalificada por los medios de comunicación y con represalias a sus defensores.

A partir del 31 de mayo de 2014, tras la publicación de una serie de reportajes que configuraron El falso caso Wallace, las víctimas de Isabel Miranda de Wallace se atrevieron a dar sus testimonios sobre el terror vivido en prisión. Sus madres y familiares también habían padecido el hostigamiento de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de los ministeriales de la PGR, como en el caso de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, quienes fueron encañonadas, sus casas allanadas y saqueadas, y amenazadas con la muerte de sus hijos en 2014. Sin embargo, se armaron de valor y empezaron a narrar el calvario que vivían por parte de las autoridades y de “la señora Wallace”.

Carta de César Freyre, escrita el 30 de enero de 2019, en el penal del Altiplano.

 

El caso de César Freyre

Escrita de puño y letra bajo su rúbrica, la misiva de César Freyre de 17 páginas y 25 puntos da cuenta del caso omiso sobre las violaciones a sus garantías constitucionales de parte de Emilio Álvarez Icaza Longoria, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y actual senador de la república. A través de la petición de queja número P-1106-09, con fecha del 24 de noviembre de 2016, en cinco páginas, Freyre pidió su intervención por el trato cruel e inhumano que padecía de manera sistemática de parte de las autoridades penitenciarias, pero no recibió respuesta.

Freyre destaca la tortura especialmente de los días 2 y 22 de octubre de 2010. Fue en el mismo penal federal del Altiplano, lo sacaron a media noche para subirlo a un helicóptero. Le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda de Wallace que lo amenazaba de lanzarlo vivo del helicóptero. Freyre estaba atado de pies y manos, y lo habían colgado del estribo en posición de cabeza. El piloto hacía maniobras y en las dos ocasiones Freyre terminó desmayado, despertando en el área médica del penal, “sin tener noción de tiempo y espacio”.

En el punto de siete de la carta, afirma que en otras tres ocasiones fue sacado de la misma manera del penal y subido al helicóptero. No recuerda la fecha. Lo llevaron a una explanada, un campo, dice. Allí lo torturaron con toques eléctricos, le echaron un líquido irritante en las fosas nasales y le pusieron una mascarilla con gases que lo desmayaron. En una de esas salidas del penal, lo regresaron en “estado de coma”, le dijo una enfermera.

César Freyre cree que el helicóptero era particular porque no tenía logos oficiales, pero afirma con certeza que sus torturadores eran policías entrenados para el terror, que lo puede asegurar por el vocabulario y la forma en que hablaban.

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Freyre escribió que Isabel Miranda se presentó en su celda unas diez veces. Los custodios le decían que la señora lo quería “entrevistar”, y lo llevaban al Centro de Observación y Clasificación, donde en dos ocasiones estuvo a solas con ella. Allí le preguntó qué había pasado con su hijo y que, “si no había sido él, le diera los nombres de los culpables”. El silencio de Freyre la encolerizaba, y varias veces lo abofeteó. También le llegó a mostrar fotografías de su madre y de familiares cercanos, con sus direcciones y números telefónicos. Junto a esas fotografías, le mostró otras de cuerpos mutilados diciéndole que así quedarían sus familiares.

En la misiva, César Freyre describe cómo fueron las torturas en presencia de Isabel Miranda de Wallace. Iba acompañada de hombres encapuchados vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos. Lo ataban de manos y pies a una mesa de exploración médica, y mientras ellos lo torturaban, Miranda hacía las preguntas. El dolor le hacía perder el conocimiento y la noción del tiempo que permanecía en el área médica para su recuperación. Cuando despertaba, Miranda le decía que “Felipe Calderón y su esposa tenían conocimiento de todo”. También lo torturaron durante el gobierno de Peña Nieto, dice Freyre: “con la complicidad y complacencia del licenciado Renato Sales, comisionado nacional”.

El primer abogado que contrató para su defensa fue amenazado de muerte, y abandonó el caso. El segundo fue “levantado”, escribe, “por individuos armados”, y un tercero abandonó la defensa porque allanaron su casa y fue golpeado en un aparente asalto, pero bajo “la recomendación de que desistiera de representarlo”. Quedó sólo con un defensor de oficio, lo que significaba para él “quedar prácticamente en estado de indefensión”.

En su reclusión, César Freyre ha sido trasladado a diferentes penales de los estados de la república. Se trataba de alejarlo de la familia, aislarlo, de mantenerlo incomunicado, sin recibir visitas ni correspondencia. Sus cartas eran retenidas, y ésta pudo ser filtrada a través de una tercera persona.

“Me han asignado como compañeros de celda a personas que padecen enfermedades como VIH Sida, hepatitis y tuberculosis. En dos ocasiones me asignaron como compañeros de celda a personas perturbadas de sus facultades mentales que compurgan condenas por crímenes en los que han desmembrado a sus víctimas, y que por su alta peligrosidad no los aceptan en otros penales”, detalla César Freyre en la carta.

 

“Vivir en constante zozobra y en tortura sistemática ha deteriorado mi salud, por consiguiente, la atención médica que recibo es deficiente y he tenido que recurrir al amparo para que me sea proporcionada alimentación adecuada y servicio médico”, especifica en el punto número 18.

César Freyre explica que padece el síndrome de Raynaud, una enfermedad que estrecha los vasos sanguíneos con el estrés y el clima frío. La piel se le vuelve amoratada con llagas porque la sangre no puede llegar hasta la superficie. Ha tenido cuatro traslados sin orden judicial, y a cada penal que llega las mismas autoridades carcelarias lo amenazan de muerte, siempre recordándole “de parte de la señora Wallace”. Ahora permanece en el Altiplano gracias al amparo 556/2016-1-1 que interpuso para que fuese regresado más cerca de su lugar de origen.

En el punto 23 de su misiva, César Freyre afirma que el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta para que confesara su participación en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados. Ese día también fue citado a un careo ante juez, para que reiterara de manera verbal el supuesto crimen: “Minutos antes de comparecer, me pusieron en la línea telefónica a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra, a quien, en su propio domicilio, individuos armados la tenían sometida y amenazada, en el sentido de que si no accedía yo a sus peticiones la privarían de la vida, torturándola”. En ese momento, dice, entró en shock y cedió a lo que le pedían, específicamente a aceptar su culpabilidad y acusar a sus coprocesados.

El último punto de la carta, el 25, Freyre hace referencia a los medios de comunicación usados por Isabel Miranda para señalarlo como el victimario de su hijo: “Se ha ensañado en mi persona satanizándome, mostrando mi fotografía en anuncios espectaculares en carreteras del país, así como en ciudades, dando lugar a un linchamiento mediático a familiares, que por tan sólo llevar el apellido Freyre han sido despedidos de sus empleos, estigmatizados en el entorno vecinal y en trámites que desean realizar, en general, en cualquier oficina o dependencia de gobierno”.

La carta continúa:

“He sido torturado con técnicas sofisticadas por profesionales del horror y el martirio. No creo que exista alguien que sin ser culpable no se confiese cuando ha sido sometido al suplicio al que he sido sometido. En muchas ocasiones, al ser torturado, tuve miedo de morir porque todo cuerpo tiene un límite de resistencia. Creo que morí tantas veces en manos de mis torturadores, que ese miedo a morir se transformó en amor a la vida, en una brisa de esperanza.

Ahora el temor más grande que tengo es el que la señora Isabel Miranda cumpla sus amenazas y prive de la vida a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra. Mi temor está más que fundado, ya que la señora Isabel Miranda de Wallace, en su afán enfermizo de venganza, no tiene límites, además de una ausencia total de humanidad. Me basta recordar su gozo y satisfacción en su rostro cuando era yo torturado en su presencia y daba órdenes de cómo debía ser torturado, esto ocurrió en el penal del Altiplano.

Hasta la fecha, Lic. Lizárraga, no he sido escuchado, menos atendido. Ha podido más el poder político que ejerce la señora María Isabel Miranda Torres que el Estado de Derecho en nuestro país”.

Los funcionarios cómplices de tortura

César Freyre, después de acusar a Isabel Miranda de una “encarnizada persecución y acoso” contra él y sus familiares, con la complicidad y amparo del gobierno federal de Calderón y Peña, enumera a los funcionarios federales y autoridades judiciales que encubrieron a Miranda y le permitieron las torturas. Entre éstos, menciona a Eduardo Durán Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social; a Emmanuel Castillo Ruiz, Coordinador general de todos los CEFERESOS; a Ángel Mejía Medina, Director de Seguridad y Custodia; a Fernando Dotor Padua, Director y comandante de la 1ª Cía; a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; a los directores de los CEFERESOS donde ha estado recluido.

También menciona en su carta, la detención ilegal y el encarcelamiento por más de un año de su madre y de su hermana, por el tráfico de influencias de Isabel Miranda para obligarlo a confesarse culpable. Apunta: “poco tiempo después de obtener la libertad, mi hermana Julieta Freyre Morales, fallece a causa de un derrame cerebral dejando en orfandad a sus dos menores hijas. Ella contaba al morir con 38 años de edad”.

 

El caso de Jacobo Tagle

Las torturas de Jacobo Tagle también fueron dirigidas por Isabel Miranda de Wallace, y en una de estas sesiones participó directamente. La primera vez fue cuando lo detuvieron con disparos el 3 de diciembre de 2010 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se lo llevaron a Miranda. El Protocolo de Estambul de Tagle, que consta de 88 páginas, y el resumen de cinco, fue practicado los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, por el médico cirujano de la UNAM, Raúl Enrique Ojeda Silva, con cédula profesional 757805. Allí se señala que ese día, frente a Isabel Miranda, lo despojaron de su ropa, le vendaron los ojos, brazos y pies. Le pusieron una bolsa de plástico y lo golpearon en el estómago. También le inducían la asfixia con trapos mojados.

Uno de sus torturadores se presentó como policía federal, aunque iba vestido de civil y llevaba un arma. Al día siguiente, después de exhibirlo ante los medios como secuestrador, lo trasladaron a una oficina con Isabel Miranda, donde se encontraba también su hija Claudia Wallace Miranda, un sobrino de Isabel y el ministerio público Braulio Robles Zúniga. El policía federal sujetaba a Jacobo, mientras Isabel lo zarandeaba de un lado a otro, lo jaló del cabello y le escupió la cara.  Le preguntó por su hijo Hugo Alberto, y al responder Jacobo que no sabía de él, lo acusó de haberlo matado y exigía a gritos que le dijera dónde estaba el cuerpo. En esa oficina Jacobo fue obligado a grabar su confesión, la madrugada del 4 de diciembre de 2010, y Miranda le llamó a Felipe Calderón para avisarle que ya había detenido “al último que faltaba de los secuestradores de su hijo”.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

Otra de las torturas del policía fue apretarle debajo de las órbitas de los ojos cada que se equivocaba mientras grababan su confesión, y lo golpeaba en la cabeza. Cuando le apretaba los ojos, dice Jacobo Tagle, sentía un dolor intenso hacia arriba de su cabeza, como una descarga eléctrica. Después, fueron las amenazas contra su hermano menor, Salomón Tagle, quien había sido detenido ilegalmente en el aeropuerto de República Dominicana, donde iba a pasar unas vacaciones con familiares en diciembre de 2009. Salomón fue encarcelado sin cargos por órdenes de Isabel Miranda de Wallace, quien le había dicho a Raquel Dobin, la madre, que le entregara a su hijo Jacobo a cambio de Salomón, pero Raquel no sabía del paradero de Jacobo hasta que lo detuvieron los policías en el Estado de México al año siguiente.

Jacobo Tagle, al igual que todos los inculpados, ha sido trasladado a varios penales, y en cada penal, golpeado brutalmente. En Villa Aldama, Perote, Veracruz, lo rociaron con gas lacrimógeno un par de veces a la semana, en boca y genitales. Fue víctima de violación por los mismos custodios y continuamente le daban toques con una pistola taser. En una ocasión, lo tuvieron desnudo en la celda, esposado a una mesa, sin permitirle asearse o salir al patio, durante veinte días. En el penal de Tapachula, Chiapas, todavía lo discriminan por ser judío, frecuentemente lo castigan sin motivo, y le niegan una alimentación alterna al cerdo que se resiste a comer por motivos religiosos. Su correspondencia es fotocopiada y enviada a Isabel Miranda.

El protocolo de Estambul, por parte del Poder Judicial, dio un resultado positivo por el alto estrés postraumático que revela haber sido víctima de torturas y tratos inhumanos. Fue incorporado a la causa penal 35/2006 el 10 de diciembre de 2018. Y se suma al protocolo también con resultados positivos realizado por la CNDH, el 16 de julio de 2013. Así mismo, se integra a la defensa de organismos internacionales de derechos humanos con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas en favor de George Khoury Layón, quien fue vinculado al caso Wallace por Jacobo Tagle, después de una de las torturas por consigna de Isabel Miranda Torres.

Jacobo Tagle también ha identificado a los torturadores bajo las órdenes de Miranda, como lo hizo César Freyre. Se trata de los custodios José Guadalupe Pérez Ángeles; el subdirector de Seguridad, Nicolás Cordero; Iván Saín Correa, Francisco Ramírez Nava, Florencio Parcial, César Saucedo Ramírez, Óscar Herrera, y Juan Fabela. También señala al director general del CEFERESO, de apellido Camero, y al director de Seguridad, el comandante Javier Jiménez Santana, quienes permitieron a los ministerios  públicos perpetrar la tortura y violación a Brenda Quevedo Cruz, la segunda ocasión en el penal de Islas Marías, el 12 de octubre de 2010, adonde fue trasladada ilegalmente.

El caso de Albert Castillo

Ese octubre de 2010, se intensificaron las torturas a todos los inculpados de Isabel Miranda de Wallace, porque estaba próxima la fecha a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón. Las familias de las víctimas de tortura eran amenazadas, para que sus hijos se declararan confesos del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y se diera por resuelto el caso.

El mismo patrón de agresión lo sufrió Albert Castillo Cruz, en su detención ilegal desde el 7 de marzo de 2006, con la participación directa de Isabel Miranda. De su hermano Tony, no se sabía nada, porque después de haberse presentado a declarar, fue detenido y encarcelado en el penal de Matamoros, Tamaulipas, donde le habían prohibido el acceso a su madre María Elena Cruz y a su tío Luis Carrillo, quienes tenían más de cuatro años sin poder verlo.

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Isabel Miranda de Wallace reconoció la fabricación del secuestro de su hijo frente a Albert Castillo, el 13 de octubre de 2010, horas después de que fuera torturado en el CEFERESO Número 2, de Puente Grande, Jalisco, y lo amenazó con entrar al penal las veces que quisiera si no se declaraba culpable. Albert no lo hizo, y fue maltratado por la mujer de la misma manera que maltrató a Jacobo Tagle. De acuerdo con la denuncia de hechos dirigida a Arturo Germán Rangel, en funciones como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, el 14 de octubre del mismo año, tres agentes ministeriales y Braulio Robles Zúñiga regresaron a su celda para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado a 93 años, igual que su hermano, sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

Albert Castillo envió dos cartas a Emilio Álvarez Icaza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención. La primera fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Raúl Plascencia, respondiera que “no había encontrado irregularidades”. La segunda, la envió el 17 de abril de 2013. Sin embargo, tampoco tuvo respuesta, como en el caso de Freyre. En el escrito, contaba con la declaración de J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. Albert Castillo enfatiza: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

Albert Castillo también identificó a sus torturadores: María Isabel Miranda Torres, quien coordinaba la tortura, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, el hermano de Isabel, Roberto Miranda Torres, el director del CEFERESO Francisco Javier Gómez Meza, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia, y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso, Albert Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 de la Procuraduría General de la República, en el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” contra los denunciados.

Nota en la revista Marie Claire, con fecha de agosto de 2006, uno de tantos medios, donde Isabel Miranda confiesa la detención a César Freyre, y se jacta de haberlo hecho ella sola, apoyada por su hermano Roberto Miranda. 

 

 

 

 

El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

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Al menos en ocho ocasiones en los últimos tres años, Isabel Miranda de Wallace ha insistido en su cuenta de Twitter (@WallaceIsabel) que Jacobo Tagle es uno de los secuestradores y asesinos de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Incluso, en una de sus publicaciones mostró una confesión en video del propio Tagle. «(Él) confesó las atrocidades las atrocidades que cometieron, a sangre fría, contra mi hijo. Hoy busca evadir a la justicia acusando tortura que nunca existió», escribió Miranda en un tuit acompañando la grabación.

Sin embargo, una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, publicada en Los Ángeles Press, reveló que Isabel Miranda participó directamente en su captura, tortura y condujo dicha grabación ante una cámara para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A continuación retomamos el reportaje publicado el 22 de junio de 2014, en el que se revela la participación directa de Isabel Miranda de Wallace contra Jacobo Tagle Dobín.

 

Por Guadalupe Lizárraga

Cuarta parte

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva -con fecha del 7 de mayo de 2014- a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, el 3 de diciembre de 2010, pero reza la declaración en el documento de la CNDH, que fue el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

resumen protocolo Jacobo Tagle

Resumen del Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle.

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–¡Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo! –respondió Miranda.

Para saber más del caso: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

 

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo, y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda de Wallace declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

La carta de Jacobo Tagle, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle Dobín narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda de Wallace y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Lee más: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable, Sexta parte

 

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el agente del MP Osvaldo Jiménez Juárez.

 “Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemán Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre de la hija de Hugo Alberto, la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Caso Wallace: Isabel Miranda ordenó la tortura de Jacobo Tagle

Foto: Los Angeles Press

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Lee más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

 

 

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