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El Caso Wallace

Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

Isabel Miranda Torres participó directamente en al menos tres detenciones ilegales y torturas de sus inculpados para sostener el caso Wallace

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Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- César Freyre Morales escribió una carta el 30 de enero de 2019, sobre cómo fue torturado con la intervención de Isabel Miranda Torres, conocida mediáticamente como Isabel Miranda de Wallace; una carta que pudo sacar por terceras personas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lleva trece años de reclusión, acusado de ser líder de una supuesta banda de secuestradores del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien hizo su detención de manera ilegal fue también Isabel Miranda Torres, junto con cuatro agentes ministeriales, el 23 de enero de 2006. Sin embargo, Miranda lo presentó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO-PGR) tres días después, el 26 de enero de 2006.

En esta misiva, César Freyre narra las torturas padecidas en su detención para que sostuviera su confesión incriminatoria, lo que hizo después de varias torturas en 2010 y en 2016, en la que también incriminaba a sus coacusados. 

Desde el 11 julio de 2005, el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda ha circulado en los titulares de los periódicos y noticieros mexicanos, promovido por su propia madre, como «el joven empresario» que había sido secuestrado y asesinado por asfixia, y después habría sido cercenado con una sierra eléctrica para desaparecer su cuerpo en bolsas de plástico para la basura. Así lo ha gritado la madre a los cuatro vientos, y además de acusar a César Freyre, de estos supuestos hechos -sin ningún elemento de prueba- también acusó a Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, y a los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, todos en prisión con testimonios de tortura, con protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas por el alto estrés postraumático. Isabel Miranda de Wallace también vinculó a sus acusaciones a Jael Malangón Uscanga y a su esposa Paola Díaz Romero, así como a George Khoury Layón y a su hermana María de Lourdes para sostener que eran una banda de secuestradores. La esposa de Jael estuvo arraigada durante tres meses, dejando a su hijo de cuatro años bajo el cuidado de familiares, y la hermana de George, desde 2009, tiene una orden de aprehensión y vive bajo constante amenaza.

Para entender más sobre este caso: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

Acompañada incondicionalmente de los medios y de las autoridades judiciales, Isabel Miranda de Wallace se mostró a México como la «madre detective» que tuvo el valor de ir tras los secuestradores de su hijo, y en un lapso de seis meses con la fotografía en mano de este grupo de jóvenes que posaban juntos en una excursión al pueblo de Chalma, Estado de México, fue capturando a cada uno de ellos con la ayuda de los agentes ministeriales. Cada captura era una tortura, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, y durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña, la Procuraduría General de la República acallaba cualquier intento de pedir ayuda con nuevas torturas y amenazas a sus familias. La historia sólo tenía una voz: la de Isabel Miranda, y al menor indicio de otra versión de los supuestos hechos era descalificada por los medios de comunicación y con represalias a sus defensores.

A partir del 31 de mayo de 2014, tras la publicación de una serie de reportajes que configuraron El falso caso Wallace, las víctimas de Isabel Miranda de Wallace se atrevieron a dar sus testimonios sobre el terror vivido en prisión. Sus madres y familiares también habían padecido el hostigamiento de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de los ministeriales de la PGR, como en el caso de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, quienes fueron encañonadas, sus casas allanadas y saqueadas, y amenazadas con la muerte de sus hijos en 2014. Sin embargo, se armaron de valor y empezaron a narrar el calvario que vivían por parte de las autoridades y de “la señora Wallace”.

Carta de César Freyre, escrita el 30 de enero de 2019, en el penal del Altiplano.

 

El caso de César Freyre

Escrita de puño y letra bajo su rúbrica, la misiva de César Freyre de 17 páginas y 25 puntos da cuenta del caso omiso sobre las violaciones a sus garantías constitucionales de parte de Emilio Álvarez Icaza Longoria, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y actual senador de la república. A través de la petición de queja número P-1106-09, con fecha del 24 de noviembre de 2016, en cinco páginas, Freyre pidió su intervención por el trato cruel e inhumano que padecía de manera sistemática de parte de las autoridades penitenciarias, pero no recibió respuesta.

Freyre destaca la tortura especialmente de los días 2 y 22 de octubre de 2010. Fue en el mismo penal federal del Altiplano, lo sacaron a media noche para subirlo a un helicóptero. Le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda de Wallace que lo amenazaba de lanzarlo vivo del helicóptero. Freyre estaba atado de pies y manos, y lo habían colgado del estribo en posición de cabeza. El piloto hacía maniobras y en las dos ocasiones Freyre terminó desmayado, despertando en el área médica del penal, “sin tener noción de tiempo y espacio”.

En el punto de siete de la carta, afirma que en otras tres ocasiones fue sacado de la misma manera del penal y subido al helicóptero. No recuerda la fecha. Lo llevaron a una explanada, un campo, dice. Allí lo torturaron con toques eléctricos, le echaron un líquido irritante en las fosas nasales y le pusieron una mascarilla con gases que lo desmayaron. En una de esas salidas del penal, lo regresaron en “estado de coma”, le dijo una enfermera.

César Freyre cree que el helicóptero era particular porque no tenía logos oficiales, pero afirma con certeza que sus torturadores eran policías entrenados para el terror, que lo puede asegurar por el vocabulario y la forma en que hablaban.

El editor recomienda: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Freyre escribió que Isabel Miranda se presentó en su celda unas diez veces. Los custodios le decían que la señora lo quería “entrevistar”, y lo llevaban al Centro de Observación y Clasificación, donde en dos ocasiones estuvo a solas con ella. Allí le preguntó qué había pasado con su hijo y que, “si no había sido él, le diera los nombres de los culpables”. El silencio de Freyre la encolerizaba, y varias veces lo abofeteó. También le llegó a mostrar fotografías de su madre y de familiares cercanos, con sus direcciones y números telefónicos. Junto a esas fotografías, le mostró otras de cuerpos mutilados diciéndole que así quedarían sus familiares.

En la misiva, César Freyre describe cómo fueron las torturas en presencia de Isabel Miranda de Wallace. Iba acompañada de hombres encapuchados vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos. Lo ataban de manos y pies a una mesa de exploración médica, y mientras ellos lo torturaban, Miranda hacía las preguntas. El dolor le hacía perder el conocimiento y la noción del tiempo que permanecía en el área médica para su recuperación. Cuando despertaba, Miranda le decía que “Felipe Calderón y su esposa tenían conocimiento de todo”. También lo torturaron durante el gobierno de Peña Nieto, dice Freyre: “con la complicidad y complacencia del licenciado Renato Sales, comisionado nacional”.

El primer abogado que contrató para su defensa fue amenazado de muerte, y abandonó el caso. El segundo fue “levantado”, escribe, “por individuos armados”, y un tercero abandonó la defensa porque allanaron su casa y fue golpeado en un aparente asalto, pero bajo “la recomendación de que desistiera de representarlo”. Quedó sólo con un defensor de oficio, lo que significaba para él “quedar prácticamente en estado de indefensión”.

En su reclusión, César Freyre ha sido trasladado a diferentes penales de los estados de la república. Se trataba de alejarlo de la familia, aislarlo, de mantenerlo incomunicado, sin recibir visitas ni correspondencia. Sus cartas eran retenidas, y ésta pudo ser filtrada a través de una tercera persona.

“Me han asignado como compañeros de celda a personas que padecen enfermedades como VIH Sida, hepatitis y tuberculosis. En dos ocasiones me asignaron como compañeros de celda a personas perturbadas de sus facultades mentales que compurgan condenas por crímenes en los que han desmembrado a sus víctimas, y que por su alta peligrosidad no los aceptan en otros penales”, detalla César Freyre en la carta.

 

“Vivir en constante zozobra y en tortura sistemática ha deteriorado mi salud, por consiguiente, la atención médica que recibo es deficiente y he tenido que recurrir al amparo para que me sea proporcionada alimentación adecuada y servicio médico”, especifica en el punto número 18.

César Freyre explica que padece el síndrome de Raynaud, una enfermedad que estrecha los vasos sanguíneos con el estrés y el clima frío. La piel se le vuelve amoratada con llagas porque la sangre no puede llegar hasta la superficie. Ha tenido cuatro traslados sin orden judicial, y a cada penal que llega las mismas autoridades carcelarias lo amenazan de muerte, siempre recordándole “de parte de la señora Wallace”. Ahora permanece en el Altiplano gracias al amparo 556/2016-1-1 que interpuso para que fuese regresado más cerca de su lugar de origen.

En el punto 23 de su misiva, César Freyre afirma que el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta para que confesara su participación en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados. Ese día también fue citado a un careo ante juez, para que reiterara de manera verbal el supuesto crimen: “Minutos antes de comparecer, me pusieron en la línea telefónica a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra, a quien, en su propio domicilio, individuos armados la tenían sometida y amenazada, en el sentido de que si no accedía yo a sus peticiones la privarían de la vida, torturándola”. En ese momento, dice, entró en shock y cedió a lo que le pedían, específicamente a aceptar su culpabilidad y acusar a sus coprocesados.

El último punto de la carta, el 25, Freyre hace referencia a los medios de comunicación usados por Isabel Miranda para señalarlo como el victimario de su hijo: “Se ha ensañado en mi persona satanizándome, mostrando mi fotografía en anuncios espectaculares en carreteras del país, así como en ciudades, dando lugar a un linchamiento mediático a familiares, que por tan sólo llevar el apellido Freyre han sido despedidos de sus empleos, estigmatizados en el entorno vecinal y en trámites que desean realizar, en general, en cualquier oficina o dependencia de gobierno”.

La carta continúa:

“He sido torturado con técnicas sofisticadas por profesionales del horror y el martirio. No creo que exista alguien que sin ser culpable no se confiese cuando ha sido sometido al suplicio al que he sido sometido. En muchas ocasiones, al ser torturado, tuve miedo de morir porque todo cuerpo tiene un límite de resistencia. Creo que morí tantas veces en manos de mis torturadores, que ese miedo a morir se transformó en amor a la vida, en una brisa de esperanza.

Ahora el temor más grande que tengo es el que la señora Isabel Miranda cumpla sus amenazas y prive de la vida a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra. Mi temor está más que fundado, ya que la señora Isabel Miranda de Wallace, en su afán enfermizo de venganza, no tiene límites, además de una ausencia total de humanidad. Me basta recordar su gozo y satisfacción en su rostro cuando era yo torturado en su presencia y daba órdenes de cómo debía ser torturado, esto ocurrió en el penal del Altiplano.

Hasta la fecha, Lic. Lizárraga, no he sido escuchado, menos atendido. Ha podido más el poder político que ejerce la señora María Isabel Miranda Torres que el Estado de Derecho en nuestro país”.

Los funcionarios cómplices de tortura

César Freyre, después de acusar a Isabel Miranda de una “encarnizada persecución y acoso” contra él y sus familiares, con la complicidad y amparo del gobierno federal de Calderón y Peña, enumera a los funcionarios federales y autoridades judiciales que encubrieron a Miranda y le permitieron las torturas. Entre éstos, menciona a Eduardo Durán Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social; a Emmanuel Castillo Ruiz, Coordinador general de todos los CEFERESOS; a Ángel Mejía Medina, Director de Seguridad y Custodia; a Fernando Dotor Padua, Director y comandante de la 1ª Cía; a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; a los directores de los CEFERESOS donde ha estado recluido.

También menciona en su carta, la detención ilegal y el encarcelamiento por más de un año de su madre y de su hermana, por el tráfico de influencias de Isabel Miranda para obligarlo a confesarse culpable. Apunta: “poco tiempo después de obtener la libertad, mi hermana Julieta Freyre Morales, fallece a causa de un derrame cerebral dejando en orfandad a sus dos menores hijas. Ella contaba al morir con 38 años de edad”.

 

El caso de Jacobo Tagle

Las torturas de Jacobo Tagle también fueron dirigidas por Isabel Miranda de Wallace, y en una de estas sesiones participó directamente. La primera vez fue cuando lo detuvieron con disparos el 3 de diciembre de 2010 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se lo llevaron a Miranda. El Protocolo de Estambul de Tagle, que consta de 88 páginas, y el resumen de cinco, fue practicado los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, por el médico cirujano de la UNAM, Raúl Enrique Ojeda Silva, con cédula profesional 757805. Allí se señala que ese día, frente a Isabel Miranda, lo despojaron de su ropa, le vendaron los ojos, brazos y pies. Le pusieron una bolsa de plástico y lo golpearon en el estómago. También le inducían la asfixia con trapos mojados.

Uno de sus torturadores se presentó como policía federal, aunque iba vestido de civil y llevaba un arma. Al día siguiente, después de exhibirlo ante los medios como secuestrador, lo trasladaron a una oficina con Isabel Miranda, donde se encontraba también su hija Claudia Wallace Miranda, un sobrino de Isabel y el ministerio público Braulio Robles Zúniga. El policía federal sujetaba a Jacobo, mientras Isabel lo zarandeaba de un lado a otro, lo jaló del cabello y le escupió la cara.  Le preguntó por su hijo Hugo Alberto, y al responder Jacobo que no sabía de él, lo acusó de haberlo matado y exigía a gritos que le dijera dónde estaba el cuerpo. En esa oficina Jacobo fue obligado a grabar su confesión, la madrugada del 4 de diciembre de 2010, y Miranda le llamó a Felipe Calderón para avisarle que ya había detenido “al último que faltaba de los secuestradores de su hijo”.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

Otra de las torturas del policía fue apretarle debajo de las órbitas de los ojos cada que se equivocaba mientras grababan su confesión, y lo golpeaba en la cabeza. Cuando le apretaba los ojos, dice Jacobo Tagle, sentía un dolor intenso hacia arriba de su cabeza, como una descarga eléctrica. Después, fueron las amenazas contra su hermano menor, Salomón Tagle, quien había sido detenido ilegalmente en el aeropuerto de República Dominicana, donde iba a pasar unas vacaciones con familiares en diciembre de 2009. Salomón fue encarcelado sin cargos por órdenes de Isabel Miranda de Wallace, quien le había dicho a Raquel Dobin, la madre, que le entregara a su hijo Jacobo a cambio de Salomón, pero Raquel no sabía del paradero de Jacobo hasta que lo detuvieron los policías en el Estado de México al año siguiente.

Jacobo Tagle, al igual que todos los inculpados, ha sido trasladado a varios penales, y en cada penal, golpeado brutalmente. En Villa Aldama, Perote, Veracruz, lo rociaron con gas lacrimógeno un par de veces a la semana, en boca y genitales. Fue víctima de violación por los mismos custodios y continuamente le daban toques con una pistola taser. En una ocasión, lo tuvieron desnudo en la celda, esposado a una mesa, sin permitirle asearse o salir al patio, durante veinte días. En el penal de Tapachula, Chiapas, todavía lo discriminan por ser judío, frecuentemente lo castigan sin motivo, y le niegan una alimentación alterna al cerdo que se resiste a comer por motivos religiosos. Su correspondencia es fotocopiada y enviada a Isabel Miranda.

El protocolo de Estambul, por parte del Poder Judicial, dio un resultado positivo por el alto estrés postraumático que revela haber sido víctima de torturas y tratos inhumanos. Fue incorporado a la causa penal 35/2006 el 10 de diciembre de 2018. Y se suma al protocolo también con resultados positivos realizado por la CNDH, el 16 de julio de 2013. Así mismo, se integra a la defensa de organismos internacionales de derechos humanos con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas en favor de George Khoury Layón, quien fue vinculado al caso Wallace por Jacobo Tagle, después de una de las torturas por consigna de Isabel Miranda Torres.

Jacobo Tagle también ha identificado a los torturadores bajo las órdenes de Miranda, como lo hizo César Freyre. Se trata de los custodios José Guadalupe Pérez Ángeles; el subdirector de Seguridad, Nicolás Cordero; Iván Saín Correa, Francisco Ramírez Nava, Florencio Parcial, César Saucedo Ramírez, Óscar Herrera, y Juan Fabela. También señala al director general del CEFERESO, de apellido Camero, y al director de Seguridad, el comandante Javier Jiménez Santana, quienes permitieron a los ministerios  públicos perpetrar la tortura y violación a Brenda Quevedo Cruz, la segunda ocasión en el penal de Islas Marías, el 12 de octubre de 2010, adonde fue trasladada ilegalmente.

El caso de Albert Castillo

Ese octubre de 2010, se intensificaron las torturas a todos los inculpados de Isabel Miranda de Wallace, porque estaba próxima la fecha a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón. Las familias de las víctimas de tortura eran amenazadas, para que sus hijos se declararan confesos del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y se diera por resuelto el caso.

El mismo patrón de agresión lo sufrió Albert Castillo Cruz, en su detención ilegal desde el 7 de marzo de 2006, con la participación directa de Isabel Miranda. De su hermano Tony, no se sabía nada, porque después de haberse presentado a declarar, fue detenido y encarcelado en el penal de Matamoros, Tamaulipas, donde le habían prohibido el acceso a su madre María Elena Cruz y a su tío Luis Carrillo, quienes tenían más de cuatro años sin poder verlo.

No te pierdas: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

Isabel Miranda de Wallace reconoció la fabricación del secuestro de su hijo frente a Albert Castillo, el 13 de octubre de 2010, horas después de que fuera torturado en el CEFERESO Número 2, de Puente Grande, Jalisco, y lo amenazó con entrar al penal las veces que quisiera si no se declaraba culpable. Albert no lo hizo, y fue maltratado por la mujer de la misma manera que maltrató a Jacobo Tagle. De acuerdo con la denuncia de hechos dirigida a Arturo Germán Rangel, en funciones como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, el 14 de octubre del mismo año, tres agentes ministeriales y Braulio Robles Zúñiga regresaron a su celda para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado a 93 años, igual que su hermano, sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

Albert Castillo envió dos cartas a Emilio Álvarez Icaza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención. La primera fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Raúl Plascencia, respondiera que “no había encontrado irregularidades”. La segunda, la envió el 17 de abril de 2013. Sin embargo, tampoco tuvo respuesta, como en el caso de Freyre. En el escrito, contaba con la declaración de J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. Albert Castillo enfatiza: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

Albert Castillo también identificó a sus torturadores: María Isabel Miranda Torres, quien coordinaba la tortura, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, el hermano de Isabel, Roberto Miranda Torres, el director del CEFERESO Francisco Javier Gómez Meza, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia, y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso, Albert Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 de la Procuraduría General de la República, en el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” contra los denunciados.

Nota en la revista Marie Claire, con fecha de agosto de 2006, uno de tantos medios, donde Isabel Miranda confiesa la detención a César Freyre, y se jacta de haberlo hecho ella sola, apoyada por su hermano Roberto Miranda. 

 

 

 

 

El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

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Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

Luego de que María Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, fue desmentida por el equipo legal de George Khoury Layón, sobre un supuesto pacto con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la liberación del propio Khoury y de los inculpados del falso caso Wallace, se ha mantenido el silencio de las partes implicadas.

Khoury fue entrevistado por la periodista Guadalupe Lizárraga, para Los Ángeles Press, medio en el que dijo que le daba gusto que «el ministro (Zaldívar) se dé cuenta de lo que está pasando, aunque sea de manera manipulada, y vea cómo están las cosas», en referencia a los tratos crueles y torturas que ha sufrido para que deje de denunciar las violaciones a su proceso y a sus derechos humanos.

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Pero, ¿de qué se le acusa a George Khoury en el caso Wallace?

Primera acusación fabricada

La primera acusación contra George Khoury Layón fue el 16 de julio de 2005, cuando dos policías federales lo interceptaron sin ninguna orden de aprehensión o citación, por supuestos cargos de narcotráfico. La agresión había sido ordenada por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, quien quería desterrarlo de la ‘zona de judíos’ en Polanco, donde Khoury tenía un negocio exitoso de restaurante y discoteca. Lo exhibieron en los medios como “narcotraficante” y meses después fue liberado por su defensa, al no haber nada que lo vinculara a las acusaciones.

“Mi primera detención fue ahí, en 2005, cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero a éste le daba órdenes Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”, dijo a Los Ángeles Press.

Segunda acusación fabricada

Una segunda acusación en contra de George Khoury que derivó en la segunda detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, bajo las órdenes del mismo empresario Margolis Sobol. En esta ocasión se le acusó de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. En los medios, se promovieron notas de prensa para que se le relacionara con César Freyre Morales, víctima del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. El 11 de abril de 2006 se le dio el auto de formal prisión y tras una intensa defensa, fue absuelto por un juez federal el 25 de septiembre de 2007.

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Tercera acusación fabricada

La tercera detención arbitraria contra George Khoury la perpetraron los policías federales: Porfirio Javier Sánchez Mendoza (actualmente en prisión) y Rolando Mayorga Cordero, el 2 de septiembre de 2009. Lo sacaron de un gimnasio de la colonia San Ángel, de la Ciudad de México, y lo llevaron en su propia camioneta a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado de la libertad y lo torturaron por 14 horas, con golpes, toques eléctricos y amenazas a su familia. Le sembraron droga y armas en su auto, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, además de grabar también su tortura con un artefacto mp3 que traía consigo.

En esta ocasión se le acusó nuevamente de delitos contra la salud, y se le agregó el delito de delincuencia organizada, señalándolo de pertenecer al Cártel de los Beltrán Leyva, y de operar con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El ministerio público que hizo las acusaciones judiciales, el 10 de noviembre de 2009, fue Braulio Robles Zúñiga, también a cargo de la investigación del ‘caso Wallace’, y mano derecha de Isabel Miranda Torres. Al día siguiente, 11 de noviembre, se le dio el auto de formal prisión a Khoury.

Un año después, George Khoury el 3 de diciembre de 2010, se dio la detención arbitraria de Jacobo Tagle Dobín, el primer acusado en julio de 2005, por Isabel Miranda de Wallace, del supuesto secuestro de su hijo. Tras la detención, Jacobo Tagle fue torturado y obligado a firmar una declaración incriminatoria en la que se mencionaba a George Khoury Layón como autor del homicidio del empresario Eduardo Salazar Bracamontes, perpetrado en noviembre de 2004, y a César Freyre Morales, como autor material de los hechos, junto con Jacobo.

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Para legitimar la fabricación, la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, utilizó a la periodista Isela Lagunas, del diario El Universal, (en 2006) y a Anabel Hernández, (2010) quien publicó los expedientes fabricados en la PGR con falsos testigos protegidos, en su libro Los señores del narco, en el que también señala a César Freyre Morales y a Juana Hilda González Lomelí de trabajar para Khoury Layón y de haber cometido el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Cuarta acusación fabricada

El 14 de febrero de 2012, tras una larga defensa, se da la absolución nuevamente a George Khoury Layón. Al momento de su salida de prisión, el 26 de febrero de 2012, vuelve a ser detenido por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, quien ahora lo acusaba del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, con la incriminación bajo tortura de Jacobo Tagle. El agente de la SIEDO mantuvo en arraigo ilegal a George Khoury hasta conseguir la orden de aprehensión por parte de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien lo condenó a 20 años de prisión por homicidio calificado, el 29 de septiembre de 2014, utilizando como prueba la confesión incriminatoria bajo tortura de Tagle y un testimonio contradictorio de un tercero.

Quinta acusación fabricada

En abril de 2019, Isabel Miranda de Wallace, en entrevista a Notimex, le atribuyó a George Khoury Layón ser el autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La entrevista fue una instrucción de la directora de la Agencia del Estado, Sanjuana Martínez al reportero Alejandro Salas, después de que se denunciara la falsedad del caso Wallace, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Torturas y nuevas fabricaciones mediáticas

Actualmente, George Khoury Layón ha cumplido más del 50 por ciento de la sentencia condenatoria, dada por la jueza Hermelinda Silva, en diferentes penales federales del país, en los que ha sido torturado al menos en cuatro ocasiones; cuando su causa 80/2012 es el del fuero común en la Ciudad de México. La tortura más reciente, el 12 de junio de 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones de derechos humanos».

Isabel Miranda de Wallace, en programa con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, acusó a Khoury Layón de tener un ‘pacto’ con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “para liberar a los secuestradores de su hijo”, y publicó supuestos mensajes y conversaciones entre el ministro y otras personas en los que se alude falsamente a George Khoury Layón.

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