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El Caso Wallace

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano

George Khoury Layón denunció ante Judicatura las torturas y vejaciones que ha sufrido por consigna de la titular del penal federal El Altiplano, junto con otros internos, siendo ignorados por el Juez Cuarto de Amparos

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Torturas, vejaciones, segregación y falta de atención médica son parte las denuncias acumuladas de un grupo de presos contra la directora del penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, Jazmín Borbón Ochoa. Las denuncias fueron interpuestas por George Khoury Layón, una de las víctimas de Isabel Miranda Torres, para sostener el caso Wallace. Sin embargo, fue ignorado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo de Toluca, Estado de México, en violación a los derechos fundamentales de los denunciantes, entre los que ya uno de los internos cometió suicidio debido al maltrato psicológico, otro intentó cortándose las venas, y otro intentó ahorcarse.

George Khoury Layón se encuentra recluido desde el 2 de septiembre de 2009, y sufrió varias detenciones arbitrarias e ilegales, desde el 16 de julio de 2005, documentadas por el Grupo de Trabajo de Detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Khoury fue torturado en su detención por falsos delitos, fabricados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR) y posteriormente acusado por Jacobo Tagle Dobín, después de ser torturado el 4 y 6 de diciembre de 2010, para que se incriminara por el mismo caso Wallace, y relacionara a Khoury con ese supuesto secuestro.

En una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura, George Khoury Layón expuso la serie de vejaciones que han sufrido por consigna, por parte de la directora Borbón Ochoa, desde la incomunicación, segregación, tortura y tratos inhumanos y crueles, como el mantenerlos indefinidamente en celdas sin ventilación en aislamiento total. El interno presentó la denuncia al Juez Cuarto de Distrito de Amparo de la ciudad de Toluca, Estado de México, dando los nombres de los presos que están siendo torturados, y ofreciendo pruebas de videos de las cámaras de Seguridad, reportes de custodios y del personal del área médica pero fueron desechadas por el juez.

“Siendo esto una represalia en nuestra contra por no desistirnos de nuestras denuncias, al grado de que tres de nuestros compañeros de módulo de tratamientos especiales (como denominan al área donde los tienen en estas condiciones) han intentado quitarse la vida, ahorcándose y cortándose las venas”, especifica la misiva a la Judicatura.

El 25 de marzo de 2019, el interno Carlos Antonio Orozco González se cortó las venas en un acto de desesperación, señala Khoury Layón, por la angustia que genera la segregación de las 24 horas del día y por las amenazas de la directora del penal Jazmín Borbón Ochoa y su director de Seguridad Erick Cortés Ugarte. “Fue trasladado al área médica y de inmediato lo volvieron a trasladar al área de tratamientos especiales, pero ahora le quitaron todas sus pertenencias, y solo le dejaron una cobija y un jabón”, dice la carta. Al siguiente día, intentó de nuevo quitarse la vida.

Otro de los internos que intentó suicidarse fue Luis Ángel Parra Mujica, trató de ahorcarse, “pero lo lograron salvar”, narra Khoury, regresándolo después del área médica a la misma instancia de torturas y segregación. Las otras víctimas de tratos crueles e inhumanos por parte de la directora del penal son Francisco Alejandro Orozco González, Óscar Acosta Orozco, Víctor Cabrera Delgado, Sergio Díaz Cisneros y José Luis Valenzuela Velarde, quien sí logró quitarse la vida.

Respaldada por el excomisionado Renato Sales Heredia

No es la primera vez que se denuncia a la directora del penal El Altiplano, Jazmín Borbón Ochoa. El 20 de marzo de 2018, la Revista Triángulo Político, denunció con tema de portada que Teodoro García Simental, “El Teo” o “El Tres Letras”, agonizaba en un hospital privado en el Estado de México, por la falta de atención médica a tiempo que retrasó Borbón Ochoa, quien señaló la fuente que era “respaldada por su amante el entonces Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia”.

Así mismo, el portal de noticias Tijuana Sin Censura, el 23 de marzo de 2018, denunció también a la directora del penal por una carta que le hizo llegar la esposa de un interno al que se le negaba atención médica pese a tener un tumor cancerígeno en el cerebro. La esposa del interno denunció que le negaron la quimioterapia, el medicamento y una alimentación apropiada. Allí mismo en su misiva denunciaba que no tenía su familia para darle sus “moches” (en referencia a la compensaciones económicas extraoficiales) a la directora del penal, como a sus directores de Seguridad Erick Cortés Ugarte y Celestino Valencia. Mientras, continúa su denuncia, que la directora trataba con privilegios a los líderes de los Zetas, dentro del penal.

Otra de las denuncias contra la directora del penal fue el 30 de enero de 2019, por parte de César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace, quien también señaló la complicidad del excomisionado de Seguridad pública Renato Sales Heredia con la directora del penal, para permitir la entrada a discreción de Isabel Miranda de Wallace, para torturarlo. Freyre en una misiva de 17 páginas narró cada una de las torturas en las que en varias ocasiones, Miranda intervino directamente. También señaló que lo sacaban de madrugada en helicóptero, para torturarlo en un terreno baldío. 

 

El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, adolescente, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista en mensaje de texto que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, la edad de la menor es de 17 años, nacida en 2003.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, adolescente. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad, nacida en 1995.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, de haber hablado incluso con él en 2007, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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