Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

Por Guadalupe Lizárraga

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- César Freyre Morales escribió una carta el 30 de enero de 2019 que pudo sacar por terceras personas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lleva trece años de reclusión, acusado de ser líder de la supuesta banda de secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien hizo su detención de manera ilegal fue directamente Isabel Miranda Torres,  la madre de la supuesta víctima, junto con cuatro agentes ministeriales, el 23 de enero de 2006; sin embargo, Miranda lo presentó a la SIEDO-PGR hasta tres días después, el 26 de enero. En esta misiva, narra las torturas padecidas en su detención y en este penal en las que participó Miranda, según su testimonio, para que sostuviera su confesión incriminatoria, lo que hizo después de una tortura en 2010 y otra en 2016, en la que también incriminaba a sus coacusados.

Desde julio de 2005, el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda ha circulado en los titulares de los periódicos y noticieros electrónicos, promovido por su propia madre, como el joven empresario que había sido secuestrado y asesinado por asfixia, y después habría sido cercenado con una sierra eléctrica para desaparecer su cuerpo en bolsas de plástico para la basura. Así lo ha gritado la madre a los cuatro vientos, y además de acusar a César Freyre, de estos supuestos hechos -sin ningún elemento de prueba- también acusó a Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, a los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, todos en prisión con testimonios de tortura. No obstante, Miranda, para sostener que eran un grupo delictivo organizado, vinculó a sus acusaciones a Jael Malangón Uscanga y a su esposa Paola Díaz Romero, así como a George Khoury Layón y a su hermana María de Lourdes. La esposa de Jael estuvo arraigada durante tres meses, dejando a su hijo de cuatro años bajo el cuidado de familiares, y la hermana de George, desde 2009, tiene una orden de aprehensión y vive bajo constante amenaza.

Acompañada incondicionalmente de los medios y de las autoridades judiciales, Isabel Miranda se mostró a México como la madre detective que tuvo el valor de ir tras los secuestradores de su hijo, y en un lapso de seis meses con la fotografía en mano de este grupo de jóvenes fue capturando a cada uno de ellos. Cada captura era una tortura, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, y durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña, la PGR acallaba cualquier intento de pedir ayuda con nuevas torturas y amenazas a sus familias. La historia sólo tenía una voz: la de Isabel Miranda, y al menor indicio de otra versión de los supuestos hechos era descalificada por los medios de comunicación y con represalias a sus defensores.

A partir del 31 de mayo de 2014, tras la publicación de una serie de reportajes que configuraron El falso caso Wallace, las víctimas de Isabel Miranda se atrevieron a dar sus testimonios sobre el terror vivido en prisión. Sus madres y familiares también habían padecido el hostigamiento de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de los ministeriales de la PGR, como en el caso de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, quienes fueron encañonadas, sus casas allanadas y saqueadas, y amenazadas con la muerte de sus hijos en 2014. Sin embargo, se armaron de valor y empezaron a narrar el calvario que vivían por parte de las autoridades y de “la señora Wallace”.

Carta de César Freyre, escrita el 30 de enero de 2019, en el penal del Altiplano.

 

El caso de César Freyre

Escrita de puño y letra bajo su rúbrica, la misiva de César Freyre de 17 páginas y 25 puntos da cuenta del caso omiso sobre las violaciones a sus garantías constitucionales de parte de Emilio Álvarez Icaza Longoria, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actual senador de la república. A través de la petición de queja número P-1106-09, con fecha del 24 de noviembre de 2016, en cinco páginas, Freyre pidió su intervención por el trato cruel e inhumano que padecía de manera sistemática de parte de las autoridades penitenciarias, pero no recibió respuesta.

Freyre destaca la tortura especialmente de los días 2 y 22 de octubre de 2010. Fue en el mismo penal federal del Altiplano, lo sacaron a media noche para subirlo a un helicóptero. Le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda que lo amenazaba de lanzarlo vivo del helicóptero. Freyre estaba atado de pies y manos, y lo habían colgado del estribo en posición de cabeza. El piloto hacía maniobras y en las dos ocasiones Freyre terminó desmayado, despertando en el área médica del penal, “sin tener noción de tiempo y espacio”.

En el punto de siete de la carta, afirma que en otras tres ocasiones fue sacado de la misma manera del penal y subido al helicóptero. No recuerda la fecha. Lo llevaron a una explanada, un campo, dice. Allí lo torturaron con toques eléctricos, le echaron un líquido irritante en las fosas nasales y le pusieron una mascarilla con gases que lo desmayaron. En una de esas salidas del penal, lo regresaron en “estado de coma”, le dijo una enfermera.

Él cree que el helicóptero era particular porque no tenía logos oficiales, pero afirma con certeza que sus torturadores eran policías entrenados para el terror, que lo puede asegurar por el vocabulario y la forma en que hablaban.

Freyre escribió que Isabel Miranda se presentó en su celda unas diez veces. Los custodios le decían que la señora lo quería “entrevistar”, y lo llevaban al Centro de Observación y Clasificación, donde en dos ocasiones estuvo a solas con ella. Allí le preguntó qué había pasado con su hijo y que, “si no había sido él, le diera los nombres de los culpables”. El silencio de Freyre la encolerizaba, y varias veces lo abofeteó. También le llegó a mostrar fotografías de su madre y de familiares cercanos, con sus direcciones y números telefónicos. Junto a esas fotografías, le mostró otras de cuerpos mutilados diciéndole que así quedarían sus familiares.

En la misiva, Freyre describe cómo fueron las torturas en presencia de Isabel Miranda. Iba acompañada de hombres encapuchados vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos. Lo ataban de manos y pies a una mesa de exploración médica, y mientras ellos lo torturaban, Miranda hacía las preguntas. El dolor le hacía perder el conocimiento y la noción del tiempo que permanecía en el área médica para su recuperación. Cuando despertaba, Miranda le decía que “Felipe Calderón y su esposa tenían conocimiento de todo”. También lo torturaron durante el gobierno de Peña Nieto, dice Freyre: “con la complicidad y complacencia del licenciado Renato Sales, comisionado nacional”.

El primer abogado que contrató para su defensa fue amenazado de muerte, y abandonó el caso. El segundo fue “levantado”, escribe, “por individuos armados”, y un tercero abandonó la defensa porque allanaron su casa y fue golpeado en un aparente asalto, pero bajo “la recomendación de que desistiera de representarlo”. Quedó sólo con un defensor de oficio, lo que significaba para él “quedar prácticamente en estado de indefensión”.

En trece años de reclusión, Freyre ha sido trasladado a diferentes penales de los estados de la república. Se trataba de alejarlo de la familia, aislarlo, incomunicado y sin recibir visitas ni correspondencia. Sus cartas eran retenidas, y ésta pudo ser filtrada a través de una tercera persona.

“Me han asignado como compañeros de celda a personas que padecen enfermedades como VIH Sida, hepatitis y tuberculosis. En dos ocasiones me asignaron como compañeros de celda a personas perturbadas de sus facultades mentales que compurgan condenas por crímenes en los que han desmembrado a sus víctimas, y que por su alta peligrosidad no los aceptan en otros penales”, detalla Freyre en la carta.

“Vivir en constante zozobra y en tortura sistemática ha deteriorado mi salud, por consiguiente, la atención médica que recibo es deficiente y he tenido que recurrir al amparo para que me sea proporcionada alimentación adecuada y servicio médico”, especifica en el punto número 18.

César Freyre explica que padece el síndrome de Raynaud, una enfermedad que estrecha los vasos sanguíneos con el estrés y el clima frío. La piel se le vuelve amoratada con llagas porque la sangre no puede llegar hasta la superficie. Ha tenido cuatro traslados sin orden judicial, y a cada penal que llega las mismas autoridades carcelarias lo amenazan de muerte, siempre recordándole “de parte de la señora Wallace”. Ahora permanece en el Altiplano gracias al amparo 556/2016-1-1 que interpuso para que fuese regresado más cerca de su lugar de origen.

En el punto 23 de su misiva, Freyre afirma que el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta para que confesara su participación en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados. Ese día también fue citado a un careo ante juez, para que reiterara de manera verbal el supuesto crimen: “Minutos antes de comparecer, me pusieron en la línea telefónica a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra, a quien, en su propio domicilio, individuos armados la tenían sometida y amenazada, en el sentido de que si no accedía yo a sus peticiones la privarían de la vida, torturándola”. En ese momento, dice, entró en shock y cedió a lo que le pedían, específicamente a aceptar su culpabilidad y acusar a sus coprocesados.

El último punto de la carta, el 25, Freyre hace referencia a los medios de comunicación usados por Isabel Miranda para señalarlo como el victimario de su hijo: “Se ha ensañado en mi persona satanizándome, mostrando mi fotografía en anuncios espectaculares en carreteras del país, así como en ciudades, dando lugar a un linchamiento mediático a familiares, que por tan sólo llevar el apellido Freyre han sido despedidos de sus empleos, estigmatizados en el entorno vecinal y en trámites que desean realizar, en general, en cualquier oficina o dependencia de gobierno”.

La carta continúa:

“He sido torturado con técnicas sofisticadas por profesionales del horror y el martirio. No creo que exista alguien que sin ser culpable no se confiese cuando ha sido sometido al suplicio al que he sido sometido. En muchas ocasiones, al ser torturado, tuve miedo de morir porque todo cuerpo tiene un límite de resistencia. Creo que morí tantas veces en manos de mis torturadores, que ese miedo a morir se transformó en amor a la vida, en una brisa de esperanza.

Ahora el temor más grande que tengo es el que la señora María Isabel Miranda Torres cumpla sus amenazas y prive de la vida a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra. Mi temor está más que fundado, ya que la señora María Isabel Miranda Torres, en su afán enfermizo de venganza, no tiene límites, además de una ausencia total de humanidad. Me basta recordar su gozo y satisfacción en su rostro cuando era yo torturado en su presencia y daba órdenes de cómo debía ser torturado, esto ocurrió en el penal del Altiplano.

Hasta la fecha, Lic. Lizárraga, no he sido escuchado, menos atendido. Ha podido más el poder político que ejerce la señora María Isabel Miranda Torres que el Estado de Derecho en nuestro país”.

Los funcionarios cómplices de tortura

César Freyre, después de acusar a Isabel Miranda Torres de una “encarnizada persecución y acoso” contra él y sus familiares, con la complicidad y amparo del gobierno federal de Calderón y Peña, enumera a los funcionarios federales y autoridades judiciales que encubrieron a Miranda y le permitieron las torturas. Entre éstos, menciona a Eduardo Durán Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social; a Emmanuel Castillo Ruiz, Coordinador general de todos los CEFERESOS; a Ángel Mejía Medina, Director de Seguridad y Custodia; a Fernando Dotor Padua, Director y comandante de la 1ª Cía; a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; a los directores de los CEFERESOS donde ha estado recluido.

También menciona en su carta, la detención ilegal y el encarcelamiento por más de un año de su madre y de su hermana, por el tráfico de influencias de Isabel Miranda para obligarlo a confesarse culpable. Apunta: “poco tiempo después de obtener la libertad, mi hermana Julieta Freyre Morales, fallece a causa de un derrame cerebral dejando en orfandad a sus dos menores hijas. Ella contaba al morir con 38 años de edad”.

 

El caso de Jacobo Tagle

Las torturas de Jacobo Tagle también fueron dirigidas por Isabel Miranda, y en una de estas sesiones participó directamente. La primera vez fue cuando lo detuvieron con disparos el 3 de diciembre de 2010 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se lo llevaron a Miranda. El Protocolo de Estambul de Tagle, que consta de 88 páginas, y el resumen de cinco, fue practicado los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, por el médico cirujano de la UNAM, Raúl Enrique Ojeda Silva, con cédula profesional 757805. Allí se señala que ese día, frente a Isabel Miranda, lo despojaron de su ropa, le vendaron los ojos, brazos y pies. Le pusieron una bolsa de plástico y lo golpearon en el estómago. También le inducían la asfixia con trapos mojados.

Uno de sus torturadores se presentó como policía federal, aunque iba vestido de civil y llevaba un arma. Al día siguiente, después de exhibirlo ante los medios como secuestrador, lo trasladaron a una oficina con Isabel Miranda, donde se encontraba también su hija Claudia Wallace Miranda, un sobrino de Isabel y el ministerio público Braulio Robles Zúniga. El policía federal sujetaba a Jacobo, mientras Isabel lo zarandeaba de un lado a otro, lo jaló del cabello y le escupió la cara.  Le preguntó por su hijo Hugo Alberto, y al responder Jacobo que no sabía de él, lo acusó de haberlo matado y exigía a gritos que le dijera dónde estaba el cuerpo. En esa oficina Jacobo fue obligado a grabar su confesión, la madrugada del 4 de diciembre de 2010, y Miranda le llamó a Felipe Calderón para avisarle que ya había detenido “al último que faltaba de los secuestradores de su hijo”.

Otra de las torturas del policía fue apretarle debajo de las órbitas de los ojos cada que se equivocaba mientras grababan su confesión, y lo golpeaba en la cabeza. Cuando le apretaba los ojos, dice Jacobo, sentía un dolor intenso hacia arriba de su cabeza, como una descarga eléctrica. Después, fueron las amenazas contra su hermano menor, Salomón Tagle, quien había sido detenido ilegalmente en el aeropuerto de República Dominicana, donde iba a pasar unas vacaciones con familiares en diciembre de 2009. Salomón fue encarcelado sin cargos por órdenes de Miranda, quien le había dicho a Raquel Dobin, la madre, que le entregara a su hijo Jacobo a cambio de Salomón, pero Raquel no sabía del paradero de Jacobo hasta que lo detuvieron los policías en el Estado de México al año siguiente.

Jacobo, al igual que todos los inculpados, ha sido trasladado a varios penales, y en cada penal, golpeado brutalmente. En Villa Aldama, Perote, Veracruz, lo rociaron con gas lacrimógeno un par de veces a la semana, en boca y genitales. Fue víctima de violación por los mismos custodios y continuamente le daban toques con una pistola Taser. En una ocasión, lo tuvieron desnudo en la celda, esposado a una mesa, sin permitirle asearse o salir al patio, durante veinte días. En el penal de Tapachula, Chiapas, todavía lo discriminan por ser judío, frecuentemente lo castigan sin motivo, y le niegan una alimentación alterna al cerdo que se resiste a comer por motivos religiosos. Su correspondencia es fotocopiada y enviada a Isabel Miranda.

El protocolo de Estambul, por parte del Poder Judicial, dio un resultado positivo por el alto estrés postraumático que revela haber sido víctima de torturas y tratos inhumanos. Fue incorporado a la causa penal 35/2006 el 10 de diciembre de 2018. Y se suma al protocolo también con resultados positivos realizado por la CNDH, el 16 de julio de 2013. Así mismo, se integra a la defensa de organismos internacionales de derechos humanos con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas en favor de George Khoury Layón, quien fue vinculado al caso Wallace por Jacobo Tagle, después de una de las torturas por consigna de Isabel Miranda Torres.

Jacobo también ha identificado a los torturadores bajo las órdenes de Miranda, como lo hizo César Freyre. Se trata de los custodios José Guadalupe Pérez Ángeles; el subdirector de Seguridad, Nicolás Cordero; Iván Saín Correa, Francisco Ramírez Nava, Florencio Parcial, César Saucedo Ramírez, Óscar Herrera, y Juan Fabela. También señala al director general del CEFERESO, de apellido Camero, y al director de Seguridad, el comandante Javier Jiménez Santana, quienes permitieron a los ministerios  públicos perpetrar la tortura y violación a Brenda Quevedo Cruz, la segunda ocasión en el penal de Islas Marías, el 12 de octubre de 2010, adonde fue trasladada ilegalmente.

El caso de Albert Castillo

Ese octubre de 2010, se intensificaron las torturas a todos los inculpados de Isabel Miranda, porque estaba próxima la fecha a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón. Las familias de las víctimas de tortura eran amenazadas, para que sus hijos se declararan confesos del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y se diera por resuelto el caso.

El mismo patrón de agresión lo sufrió Albert Castillo Cruz, en su detención ilegal desde el 7 de marzo de 2006, con la participación directa de Isabel Miranda. De su hermano Tony, no se sabía nada, porque después de haberse presentado a declarar, fue detenido y encarcelado en el penal de Matamoros, Tamaulipas, donde le habían prohibido el acceso a su madre María Elena Cruz y a su tío Luis Carrillo, quienes tenían más de cuatro años sin poder verlo.

Isabel Miranda Torres reconoció la fabricación del secuestro de su hijo frente a Albert Castillo, el 13 de octubre de 2010, horas después de que fuera torturado en el CEFERESO Número 2, de Puente Grande, Jalisco, y lo amenazó con entrar al penal las veces que quisiera si no se declaraba culpable. Albert no lo hizo, y fue maltratado por la mujer de la misma manera que maltrató a Jacobo Tagle. De acuerdo con la denuncia de hechos dirigida a Arturo Germán Rangel, en funciones como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, el 14 de octubre del mismo año, tres agentes ministeriales y Braulio Robles Zúñiga regresaron a su celda para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado a 93 años, igual que su hermano, sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

Albert Castillo envió dos cartas a Emilio Álvarez Icaza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención. La primera fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Raúl Plascencia, respondiera que “no había encontrado irregularidades”. La segunda, la envió el 17 de abril de 2013. Sin embargo, tampoco tuvo respuesta, como en el caso de Freyre. En el escrito, contaba con la declaración de J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. Albert Castillo enfatiza: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

Castillo también identificó a sus torturadores: María Isabel Miranda Torres, quien coordinaba la tortura, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, el hermano de Isabel, Roberto Miranda Torres, el director del CEFERESO Francisco Javier Gómez Meza, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia, y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso, Albert Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 de la Procuraduría General de la República, en el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” contra los denunciados.

Nota en la revista Marie Claire, con fecha de agosto de 2006, uno de tantos medios, donde Isabel Miranda confiesa la detención a César Freyre, y se jacta de haberlo hecho ella sola, apoyada por su hermano Roberto Miranda. 

 

 

 

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

3 thoughts on “Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

  1. Sanguinario, corrupto y asesino el gobierno de Felipe Calderón, su procurador de injusticia y crimen, Genaro García Luna hundieron al país en una profunda crisis social, quienes protegieron y avalaron las conductas ilícitas de personajes como la Sra. Wallace y su hijo Hugo Alberto, quien viven protegidos por la mafia.

  2. Solo basta escuchar a la señora Isabel miranda para saber que miente vi el programa espiral que conduce Ricardo Raphael. Y estaba nerviosa y enojada cuando el le refutaba con documentos en la mano. Y no hablaba con coherencia se equivoco más de una vez. Solo deseo que esto deje de ocurrir en nuestro país y que todo aquel que sea inocente logré su libertad.

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