Connect with us

Justicia pendiente

PGR abre expediente para investigación penal por falso caso Wallace

Published

on

Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, en reunión con la periodista Guadalupe Lizárraga, acompañada de Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, dio la intrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace «con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura», tal como habían sido las indicaciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

La periodista entregó al procurador su libro El Falso Caso Wallace, una investigación periodística en la que revela indicios de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda después de su supuesto secuestro y homicidio el 11 de julio de 2005, por el que pagan condena siete personas, cuatro con sentencias a perpetuidad y tres que llevan hasta 12 años sin sentencia. Lizárraga reveló también la doble identidad de Hugo Alberto con los apellidos de su madre, Miranda Torres, activa en el Registro Único de la Población, en el Registro Civil y en el Servicio de Administración Tributaria, así como la red de control que Isabel Miranda Torres ha tenido hacia el interior de SEIDO-PGR durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por este trabajo, la periodista señaló que ha sido agredida con dos intentos de secuestro, y ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres, utilizando a personas que se identificaron como agentes ministeriales de la PGR, así como de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien intentó censurarla en el foro organizado por la periodista sobre la Fabricación de Culpables en México, el pasado 5 de noviembre, en el recinto de San Lázaro.

Gertz Manero dio instrucciones a un subprocurador para que se hicieran las denuncias formales por las agresiones a la periodista, por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018 para la investigación penal del caso Wallace, con la aportación de los elementos de pruebas documentales, videográficas y testimoniales que la periodista ha venido revelando desde mayo de 2014 . “Vamos a trabajar juntos para tener una de las investigaciones más sólidas”, señaló el procurador.

Imagen parcial de la denuncia interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga contra Isabel Miranda Torres por caso Wallace.

 

Piden libertad a las víctimas de fabricación de culpables sin sentencia

El lunes 10 de diciembre, en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), los periodistas Guadalupe Lizárraga y José Reveles, acompañados con el presbítero Alejandro Solalinde y el coordinador en México de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, Ricardo Ávila, dieron una conferencia de prensa para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de las víctimas de Isabel Miranda inculpadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Lizárraga destacó tres elementos de pruebas por el que al menos tres de las víctimas de Miranda ya no deberían de estar en prisión: los resultados positivos del protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobín y la valoración psiquiátrica basados en los mismo principios realizada a Brenda Quevedo Cruz, así como el tener ocho y once años sin sentencia, respectivamente, además de Jael Malangón Uscanga que tiene 12 años sin sentencia y está parcialmente ciego debido a un desprendimiento de la retina de su único ojo por las torturas en prisión ordenadas por Isabel Miranda.

Otro elemento que dio la periodista es la falsedad en las declaraciones judiciales de parte de Miranda, de lo que hay sólida evidencia, mencionó. La periodista señaló que la fabricación de culpables era una política represiva y de simulación de eficiencia policial implementada por Genaro García Luna, desde la administración de Vicente Fox, y que el caso Wallace no era un caso aislado.

Por su parte, el periodista José Reveles mencionó el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, conocido por el montaje televisivo de García Luna. Así mismo mencionó el caso Martí, en el que se han fabricado culpables en la simulación de resolver el caso, uno de los que ha implicado hasta 42 personas falsamente acusadas.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde señaló que era muy doloroso para él cada que visita a víctimas que tienen el “sello de la señora Wallace” por el daño que les ha ocasionado. Es claro, dijo que queda de manifiesto la ineficacia de las instituciones de seguridad.

Posterior a la rueda de prensa, acompañados por el sacerdote Solalinde y los periodistas, un grupo de 30 familiares de víctimas de fabricación de culpables se dirigieron a la secretaría de Gobernación para pedir que los recibiera su titular Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

En esta reunión, además de los periodistas, dieron paso a familiares de cinco casos de personas falsamente inculpadas por delitos de secuestro y homicidio, como el caso Vallarta, caso Martí, caso Wallace, caso Neza Bordo y un caso sobre el penal de Diamante. Los recibió la secretaria de Gobernación, quien ofreció revisar caso por caso sobre las violaciones a los derechos humanos. Sánchez Cordero y Encinas escucharon a los familiares de las víctimas sobre las violaciones al debido proceso, torturas y violencia sexual sufrido dentro de los penales.

También en la reunión se mencionó a un grupo de 74 personas en el penal de Atlacholoaya, Morelos, que han cumplido más de veinte años en prisión sin ningún beneficio de ley. Son casos de “consigna” por el delito de secuestro, señaló Lizárraga, en el que el exgobernador Graco Ramírez e Isabel Miranda han presentado como parte de sus estadísticas de eficiencia en seguridad.

En Cencos, pidiendo la libertad de víctimas de Isabel Miranda, la periodista Guadalupe Lizárraga, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz.

Justicia pendiente

Libertad a falsos culpables y víctimas de tortura, demandaron familias de internos en cárceles mexicanas

Published

on

marcha falsos culpables

 

Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas. Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

Continue Reading

Justicia pendiente

Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

Published

on

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

Continue Reading

Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a director de obra de Colegio Rébsamen

Published

on

Francisco Arturo Pérez, director de obra del colegio Rébsamen, fue vinvulado a proceso

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al director de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa contra el responsable de la obra del colegio particular y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

No te pierdas: Autor del montaje de Frida Sofía podría ser próximo secretario de Marina

 

El presunto responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen fue aprehendido el jueves pasado en Oaxaca, por lo que permanecerá internado en el reclusorio Sur de la Ciudad de México en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas del Rébsamen, Noé Franco, expresó que el detenido intentó culpar a otro director de obra de las irregularidades en la construcción del inmueble educativo, pero existía una carpeta de investigación en la que se comprobó su responsabilidad.

La defensa jurídica de las víctimas solicitará una pena de hasta 208 años de prisión, aunque reconoció que sólo podrían sentenciarlo hasta por 70 años, pero aseveraron que se constantó su responsabilidad en las fallas del inmueble que colapsó con el sismo de 2017.

No te pierdas: Cuando el periodismo murió en un sismo

 

El 19 de septiembre de 2017 un total de 26 personas fallecieron por el colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan a consecuencia del sismo que se suscitó, por lo que también fue aprehendida la directora del plantel educativo por las fallas e irregularidades en la construcción de la escuela que no soportó el movimiento telúrico.

Diecinueve de los fallecidos eran niños, quienes murieron aplastados por el colapso de una parte del colegio. La escuela se colapsó en parte, según informaron autoridades capitalinas, porque la directora de la escuela construyó su departamento arriba de uno de los edificios del plantel.

 

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: