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Justicia pendiente

PGR abre expediente para investigación penal por falso caso Wallace

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Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, en reunión con la periodista Guadalupe Lizárraga, acompañada de Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, dio la intrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace «con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura», tal como habían sido las indicaciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

La periodista entregó al procurador su libro El Falso Caso Wallace, una investigación periodística en la que revela indicios de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda después de su supuesto secuestro y homicidio el 11 de julio de 2005, por el que pagan condena siete personas, cuatro con sentencias a perpetuidad y tres que llevan hasta 12 años sin sentencia. Lizárraga reveló también la doble identidad de Hugo Alberto con los apellidos de su madre, Miranda Torres, activa en el Registro Único de la Población, en el Registro Civil y en el Servicio de Administración Tributaria, así como la red de control que Isabel Miranda Torres ha tenido hacia el interior de SEIDO-PGR durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por este trabajo, la periodista señaló que ha sido agredida con dos intentos de secuestro, y ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres, utilizando a personas que se identificaron como agentes ministeriales de la PGR, así como de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien intentó censurarla en el foro organizado por la periodista sobre la Fabricación de Culpables en México, el pasado 5 de noviembre, en el recinto de San Lázaro.

Gertz Manero dio instrucciones a un subprocurador para que se hicieran las denuncias formales por las agresiones a la periodista, por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018 para la investigación penal del caso Wallace, con la aportación de los elementos de pruebas documentales, videográficas y testimoniales que la periodista ha venido revelando desde mayo de 2014 . “Vamos a trabajar juntos para tener una de las investigaciones más sólidas”, señaló el procurador.

Imagen parcial de la denuncia interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga contra Isabel Miranda Torres por caso Wallace.

 

Piden libertad a las víctimas de fabricación de culpables sin sentencia

El lunes 10 de diciembre, en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), los periodistas Guadalupe Lizárraga y José Reveles, acompañados con el presbítero Alejandro Solalinde y el coordinador en México de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, Ricardo Ávila, dieron una conferencia de prensa para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de las víctimas de Isabel Miranda inculpadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Lizárraga destacó tres elementos de pruebas por el que al menos tres de las víctimas de Miranda ya no deberían de estar en prisión: los resultados positivos del protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobín y la valoración psiquiátrica basados en los mismo principios realizada a Brenda Quevedo Cruz, así como el tener ocho y once años sin sentencia, respectivamente, además de Jael Malangón Uscanga que tiene 12 años sin sentencia y está parcialmente ciego debido a un desprendimiento de la retina de su único ojo por las torturas en prisión ordenadas por Isabel Miranda.

Otro elemento que dio la periodista es la falsedad en las declaraciones judiciales de parte de Miranda, de lo que hay sólida evidencia, mencionó. La periodista señaló que la fabricación de culpables era una política represiva y de simulación de eficiencia policial implementada por Genaro García Luna, desde la administración de Vicente Fox, y que el caso Wallace no era un caso aislado.

Por su parte, el periodista José Reveles mencionó el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, conocido por el montaje televisivo de García Luna. Así mismo mencionó el caso Martí, en el que se han fabricado culpables en la simulación de resolver el caso, uno de los que ha implicado hasta 42 personas falsamente acusadas.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde señaló que era muy doloroso para él cada que visita a víctimas que tienen el “sello de la señora Wallace” por el daño que les ha ocasionado. Es claro, dijo que queda de manifiesto la ineficacia de las instituciones de seguridad.

Posterior a la rueda de prensa, acompañados por el sacerdote Solalinde y los periodistas, un grupo de 30 familiares de víctimas de fabricación de culpables se dirigieron a la secretaría de Gobernación para pedir que los recibiera su titular Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

En esta reunión, además de los periodistas, dieron paso a familiares de cinco casos de personas falsamente inculpadas por delitos de secuestro y homicidio, como el caso Vallarta, caso Martí, caso Wallace, caso Neza Bordo y un caso sobre el penal de Diamante. Los recibió la secretaria de Gobernación, quien ofreció revisar caso por caso sobre las violaciones a los derechos humanos. Sánchez Cordero y Encinas escucharon a los familiares de las víctimas sobre las violaciones al debido proceso, torturas y violencia sexual sufrido dentro de los penales.

También en la reunión se mencionó a un grupo de 74 personas en el penal de Atlacholoaya, Morelos, que han cumplido más de veinte años en prisión sin ningún beneficio de ley. Son casos de “consigna” por el delito de secuestro, señaló Lizárraga, en el que el exgobernador Graco Ramírez e Isabel Miranda han presentado como parte de sus estadísticas de eficiencia en seguridad.

En Cencos, pidiendo la libertad de víctimas de Isabel Miranda, la periodista Guadalupe Lizárraga, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz.

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FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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