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Justicia pendiente

PGR abre expediente para investigación penal por falso caso Wallace

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Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, en reunión con la periodista Guadalupe Lizárraga, acompañada de Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, dio la intrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace «con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura», tal como habían sido las indicaciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

La periodista entregó al procurador su libro El Falso Caso Wallace, una investigación periodística en la que revela indicios de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda después de su supuesto secuestro y homicidio el 11 de julio de 2005, por el que pagan condena siete personas, cuatro con sentencias a perpetuidad y tres que llevan hasta 12 años sin sentencia. Lizárraga reveló también la doble identidad de Hugo Alberto con los apellidos de su madre, Miranda Torres, activa en el Registro Único de la Población, en el Registro Civil y en el Servicio de Administración Tributaria, así como la red de control que Isabel Miranda Torres ha tenido hacia el interior de SEIDO-PGR durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por este trabajo, la periodista señaló que ha sido agredida con dos intentos de secuestro, y ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres, utilizando a personas que se identificaron como agentes ministeriales de la PGR, así como de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien intentó censurarla en el foro organizado por la periodista sobre la Fabricación de Culpables en México, el pasado 5 de noviembre, en el recinto de San Lázaro.

Gertz Manero dio instrucciones a un subprocurador para que se hicieran las denuncias formales por las agresiones a la periodista, por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018 para la investigación penal del caso Wallace, con la aportación de los elementos de pruebas documentales, videográficas y testimoniales que la periodista ha venido revelando desde mayo de 2014 . “Vamos a trabajar juntos para tener una de las investigaciones más sólidas”, señaló el procurador.

Imagen parcial de la denuncia interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga contra Isabel Miranda Torres por caso Wallace.

 

Piden libertad a las víctimas de fabricación de culpables sin sentencia

El lunes 10 de diciembre, en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), los periodistas Guadalupe Lizárraga y José Reveles, acompañados con el presbítero Alejandro Solalinde y el coordinador en México de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, Ricardo Ávila, dieron una conferencia de prensa para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de las víctimas de Isabel Miranda inculpadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Lizárraga destacó tres elementos de pruebas por el que al menos tres de las víctimas de Miranda ya no deberían de estar en prisión: los resultados positivos del protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobín y la valoración psiquiátrica basados en los mismo principios realizada a Brenda Quevedo Cruz, así como el tener ocho y once años sin sentencia, respectivamente, además de Jael Malangón Uscanga que tiene 12 años sin sentencia y está parcialmente ciego debido a un desprendimiento de la retina de su único ojo por las torturas en prisión ordenadas por Isabel Miranda.

Otro elemento que dio la periodista es la falsedad en las declaraciones judiciales de parte de Miranda, de lo que hay sólida evidencia, mencionó. La periodista señaló que la fabricación de culpables era una política represiva y de simulación de eficiencia policial implementada por Genaro García Luna, desde la administración de Vicente Fox, y que el caso Wallace no era un caso aislado.

Por su parte, el periodista José Reveles mencionó el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, conocido por el montaje televisivo de García Luna. Así mismo mencionó el caso Martí, en el que se han fabricado culpables en la simulación de resolver el caso, uno de los que ha implicado hasta 42 personas falsamente acusadas.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde señaló que era muy doloroso para él cada que visita a víctimas que tienen el “sello de la señora Wallace” por el daño que les ha ocasionado. Es claro, dijo que queda de manifiesto la ineficacia de las instituciones de seguridad.

Posterior a la rueda de prensa, acompañados por el sacerdote Solalinde y los periodistas, un grupo de 30 familiares de víctimas de fabricación de culpables se dirigieron a la secretaría de Gobernación para pedir que los recibiera su titular Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

En esta reunión, además de los periodistas, dieron paso a familiares de cinco casos de personas falsamente inculpadas por delitos de secuestro y homicidio, como el caso Vallarta, caso Martí, caso Wallace, caso Neza Bordo y un caso sobre el penal de Diamante. Los recibió la secretaria de Gobernación, quien ofreció revisar caso por caso sobre las violaciones a los derechos humanos. Sánchez Cordero y Encinas escucharon a los familiares de las víctimas sobre las violaciones al debido proceso, torturas y violencia sexual sufrido dentro de los penales.

También en la reunión se mencionó a un grupo de 74 personas en el penal de Atlacholoaya, Morelos, que han cumplido más de veinte años en prisión sin ningún beneficio de ley. Son casos de “consigna” por el delito de secuestro, señaló Lizárraga, en el que el exgobernador Graco Ramírez e Isabel Miranda han presentado como parte de sus estadísticas de eficiencia en seguridad.

En Cencos, pidiendo la libertad de víctimas de Isabel Miranda, la periodista Guadalupe Lizárraga, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz.

Justicia pendiente

Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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