Nuevo acoso de PGR a periodista que ha investigado falsedad del caso Wallace

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con actos presenciales intimidatorios por segunda ocasión, la Procuraduría General de la República pretendió que la periodista Guadalupe Lizárraga se presentara a declarar sin notificación previa en la Subsecretaría Especializada de Investigación sobre Delincuencia Organizada (SEIDO) respecto al caso Wallace, el cual investiga de manera independiente desde 2014.

Lizárraga viajó a la Ciudad de México para ratificar su firma requerida por segunda ocasión en el Juzgado 63 del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad en una demanda iniciada por daño moral contra María Isabel Miranda Torres. Al salir del tribunal fue abordada por tres sujetos, uno se identificó como inspector de la PGR y policía federal ministerial, Moisés Laris Carbajal, quien presentó la credencial No. 619937 con vigencia caducada en el segundo semestre de 2017. Los otros dos sujetos, mujer y hombre, vestidos de civiles sin ninguna identificación oficial. Un cuarto hombre se aproximó al vehículo en el que se trasladaba junto con sus abogados José Patiño Hurtado, Raúl Alberto Castrejón Nuñez y Patricia Faire Kayser, para tomar fotografías.  

El supuesto policía federal identificado como Moisés Laris presentó visualmente un documento a la periodista Guadalupe Lizárraga y a los abogados bajo el asunto de Asignación de mandamiento al “Suboficial C. Ayala González Luis Ángel” por parte de la Agencia de Investigación Criminal con el Número de oficio PGR/AIC/PFM/DGUCDS/AS/0018/2018 con fecha del 26 de febrero de 2018 en el que se solicita la localización y presentación de la periodista. La firma del documento reza “Lic. Alfonso Mendoza Ramírez, director general de la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro.

El segundo documento presentado a la periodista estaba firmado por la “Lic. Aurelia Urzúa Domínguez, C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la U.E.I.D.M.S de la S.E.I.D.O” y dirigido al “Lic. Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal” en el que se le pide con “carácter urgente y confidencial que realice una minuciosa investigación que permita localizar y presentar ante esta representación social de la Federación, en cualquier día y hora” a la periodista, y dan tres nombres en referencia a su persona.

La primera vez que Guadalupe Lizárraga fue abordada por agentes ministeriales de la SEIDO fue el 11 de noviembre de 2016, en Mexicali, al terminar una conferencia de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Baja California en donde habló sobre las evidencias de la falsedad del caso Wallace y de cómo Isabel Miranda Torres, pese a las denuncias en su contra por delitos de lesa humanidad como tortura, fabricación de culpables y encarcelamiento injusto, así como usurpación de funciones, se mantenía en impunidad protegida desde la SEIDO. En esa ocasión, los agentes ministeriales le presentaron un citatorio con un nombre que no correspondía al de ella para llevarla a declarar a la subdelegación de la PGR en la localidad, bajo el argumento de que en mayo y junio de 2014, había dado una versión distinta a la oficial sobre el caso Wallace.

Identificación con la que se presentó el supuesto policía federal ministerial para llevar a la periodista a declarar a la PGR/SEIDO.

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