Las tendencias del tráfico de armas durante el gobierno de Felipe Calderón

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Durante el gobierno de Felipe Calderón hubo cuatro tendencias que dieron forma al flujo indiscriminado de armas hacia México. El primero de ellos fue la militarización de la seguridad pública con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que afirmaba que el crimen organizado representaba una amenaza de seguridad nacional por lo que era necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, desde 2006 se generaba ya una tendencia constante en México hacia el uso de artillería pesada por parte de los cárteles de la droga. Este proceso se inició una década antes cuando el Cártel del Golfo reclutó por primera vez a Los Zetas, como su brazo armado, exmilitares de elite formados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y coordinados por su hermano Raúl Salinas de Gortari; pero para contrarrestar a Los Zetas, todos los demás carteles tuvieron que reclutar y entrenar unidades ejecutoras de núcleo duro y equiparlas con armas similares.

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Antes de 2007, por ejemplo, no era común que grupos de narcotráfico atacaran con granadas de mano de fragmentación y granadas de 40 mm, y ello empezó a atraer mucha la atención por la cobertura mediática. Para 2009, se volvieron frecuentes los tiroteos como el del 26 de junio en Apaseo el Alto, Guanajuato, en el que se empleaban docenas de granadas y rifles AR-15 y AK-47.

Otra tendencia que se generó en el gobierno de Felipe Calderón fue el constante movimiento de los cárteles mexicanos hacia el sur del continente, hacia América Central y del Sur. Estas regiones se inundaban de armas además de la creciente presencia de los cárteles mexicanos que entraron en contacto con personas que tenían acceso a las armas de la Guerra Fría, comerciantes internacionales de armas que hacían negocios con grupos como las FARC y funcionarios corruptos que podían obtener armas de fuentes militares de la región.

Entre los decomisos de armas que ingresaban a México desde el sur del continente de los más notables fue en 2009, cuando las autoridades guatemaltecas allanaron un campo de entrenamiento en el norte de Guatemala, frontera sur con México, y afirmaron que pertenecía al grupo de Los Zetas. En el allanamiento incautaron 563 granadas para lanzador automático, 4,742 cartuchos para rifles AK-47, 32 granadas de mano y 11 ametralladoras M60 que habían sido sustraídas a militares guatemaltecos y vendidas a Los Zetas.

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Una tercera tendencia surgió con la restricción del mercado de armas de fuego y municiones en los Estados Unidos. Desde la elección de Barack Obama, las ventas de armas se dispararon debido a la decisión de la administración de Obama y del Congreso Demócrata de restringir o prohibir ciertas armas. Las compañías de municiones se ocuparon con los pedidos de militares para la guerra con Irak y Afganistán. En este tiempo, ya no era barato ni fácil comprar armas ni municiones. Debido al aumento en la demanda, era absolutamente difícil encontrar rifles de asalto y ciertos calibres de municiones, aunque circulaban todavía los AR-15 básico por $ 850 a $ 1,100, o un AK-47 semiautomático por $650 a $850. Un arma de este tipo comprada en Estados Unidos y contrabandeada a México se vendería por supuesto a los cárteles con una prima considerable por encima del precio de compra.

La diferencia de precio en el mercado negro de las armas se volvía un poderoso incentivo económico para comprar barato en otros lugares y vender caro en México, al igual que la imposibilidad de obtener ciertas clases de armas como RPG y granadas de fragmentación en los Estados Unidos. En los informes sobre el tráfico internacional de armas de Israel y Bélgica señalaban que vendían armas a los cárteles y traían municiones a México a través de rutas distintas a la frontera de los Estados Unidos. Además, en América del Sur, varios contrabandistas de armas, incluidos Hezbolá y grupos del crimen organizado ruso, ganaron una considerable cantidad de dinero suministrando armas a grupos de la región como las FARC.

La cuarta tendencia se configuró con el creciente esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para detener el flujo de armas estadounidenses a México. Sin embargo, los problemas de suministro y la aplicación de la ley, no ayudó a reducir el flujo de armas, porque movieron a los cárteles mexicanos a obtener armas de fuentes no estadounidenses (así como las drogas continuaron fluyendo hacia Estados Unidos).

La ley de la oferta y la demanda simplemente aseguraba que los cárteles mexicanos seguirían obteniendo armas y municiones, en un porcentaje cada vez mayor, fuera de los Estados Unidos a través de los mercados grises y negros. Tal como el mismo Estado mexicano hacía sus compras oficiales a través de la Armada de México a la empresa rusa Rosenboronexport, que con el gobierno de Calderón se fortalecía este vínculo comercial entre México y Rusia, iniciado una década anterior. Pese a que con el proyecto Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano recibió el apoyo de Estados Unidos para implementar estas políticas en forma de equipamiento y entrenamiento para enfrentar al crimen organizado y el tráfico de drogas. Para 2012, el gobierno de Calderón había recibido $1,972.1 millones de dólares por esta iniciativa, de los cuales $428.7 millones se destinaron directamente a las fuerzas castrenses.

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Con información de Stratfor.com y Los Ángeles Press.

 

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