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Justicia pendiente

La cobertura de la narcopolítica en México, un enorme riesgo para periodistas: Héctor Valdez, desde prisión

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Hector Valdez, periodista preso por delitos fabricados, explica cómo lo dejaron

 

Ponencia en el Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche España, Los Ángeles Press y el Gobierno del estado de Chihuahua

Por Héctor Valdez Hernández

A la obligada distancia, pero, por fortuna, aún con vida. Les saluda un servidor, Héctor Valdez, periodista de Quintana Roo, una entidad fronteriza con Guatemala y Belice, y la única con costa al Caribe Mexicano.

Les saludo a todos los participantes y asistentes a este décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Les saludo no desde aquella entidad, Quintana Roo, sino desde la penitenciaría de la Ciudad de México, donde estoy encarcelado desde hace dos años por un crimen que jamás cometí, pues fue fabricado por los grupos de poder que pretendieron acallarme quitándome la vida. No lo consiguieron, pero sí lograron privarme de la libertad con una falsa acusación y con jueces de consigna, en lo que también se constituyó como un intento de asesinato civil, al que me resisto y contra el que lucho y seguiré luchando.

En principio, como dijera Kapuscinski, siendo un buen ser humano, un periodista digno, como trato de serlo desde hace más de 40 años, incluso ahora y desde la prisión en 2019, una serie de amenazas, agresiones y atentados me obligaron al desplazamiento forzado para refugiarme en la Ciudad de México, desde donde seguí mi labor periodística de denuncia puntual y sustentada, de lo que fue el más trágico y ominoso gobierno de aquella entidad, Quintana Roo, el del ahora exgobernador Carlos Joaquín.

Al llegar a Ciudad de México, busqué y conseguí estar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para exponer la situación en que se encontraba Quintana Roo, en el que existían y existen muy fuertes evidencias de colusión entre el narco y grupos delincuenciales con el gobierno de ese momento.

Vínculos incluso familiares y de dirección. En el caso del ex presidente municipal de Tulum, la ciudad donde yo residía y trabajaba, una ciudad pequeña pero muy turística, que llegó a tener la nada honrosa distinción de ser en ese momento una de los más letales del país, en términos per cápita, pues con sólo 32 mil habitantes oficiales, tuvo la friolera de más de 50 asesinatos a balazos.

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Es decir, que extrapolando las cifras, debió contar ese pequeño municipio con alrededor de 180 asesinatos con sicarios, y en las calles, 180 por cada 100 mil habitantes.

La cobertura de la narcopolítica en el periodismo es un asunto de enorme riesgo, pero es necesario llevarla a cabo si queremos cumplir con el precepto de informar y de alumbrar para que la sociedad observe, analice reflexione. Aunque en el caso de la narcopolítica, las cucarachas no corran a esconderse, sino incluso envalentonadas, quieran pisarnos, callarnos, vigilarnos, destruirnos, encarcelarlos, matarnos.

En el estado de Quintana Roo, la actividad del narcotráfico tiene una historia mucho más larga que en el resto del país, al menos con las llamadas drogas duras o sintéticas, pues desde finales de los años 70, del siglo pasado, el estado se erigió apenas en 1974, cuando tuvo la figura legal del territorio. Y entonces los pobladores sabían del tráfico de estupefacientes por las costas del Mar Caribe.

Lo mismo como trasiego de una ruta por mar a una terrestre o por el reabastecimiento de las lanchas con dos o tres motores fuera de borda, bien conocidos como las lanchas rápidas del narco.

Las costas del sur de Quintana Roo y del actual municipio de Tulum fueron escenario de la incesante actividad del narcotráfico, que desde el principio se vinculó con las familias más poderosas, económica y políticamente de ese estado, precisamente en esa zona en las primeras décadas en que se integró como estado, del que forma parte Cozumel, donde la actividad fue más visible, aunque todavía discreta.

Precisamente en Cozumel es donde nació el poder político y económico de una familia que cuenta con dos hermanos exgobernadores, una senadora, diputados, varios presidentes municipales, todos ellos ascendidos al poder político de manera directa, como un núcleo familiar, pero también como una familia que decidió la mayor parte de los candidatos que luego fueron gobernadores, senadores, diputados federales y locales y por supuesto, presidentes municipales.

Se trata de la familia Joaquín, con un patriarca fallecido en el 2016 a la cabeza, donde Nassim Joaquín, padre del exgobernador Carlos Joaquín González, apenas afuera de la gubernatura hace poco más de un mes; pero también padre del gobernador Pedro Joaquín, en los años ochenta, que después en el sexenio de Enrique Peña, se desempeñó como Secretario de Energía y antes, incluso, había sido uno de los aspirantes por el PRI a la candidatura para la Presidencia de la República.

En Quintana Roo, en el último tercio del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI, era bien conocida la premisa de que nada podía hacerse sin la venia de los Joaquín, incluyendo el narcotráfico, cómo nació, creció y se fortaleció. Tanto así que en Tulum, mucho antes que fuera paraíso del turismo, un desarrollo mundial, Pablo Escobar, la figura histórica del narco en Colombia, eligió una de las zonas de playas más bellas de Tulum para construirse una residencia, un búnker con extensas fachadas de cristal blindado.

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Todo ello sobre unas costeras colindantes con la Reserva Natural de Sian Ka’an, patrimonio mundial de la humanidad, y a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuenta incluso de red eléctrica, cuando hasta cinco años atrás, oficialmente, estuvo prohibida esa infraestructura en una zona que se supone de preservación y amortiguamiento natural.

Esa residencia, Casa Magna, se volvió emblema y estandarte del narco y a la muerte del colombiano y el posterior crecimiento y control de los cárteles mexicanos, pasó a la posesión de distintos y sucesivos grupos delincuenciales.

A mí, en 2009 y desde entonces, muchas veces me tocó escribir esa historia que entonces los medios locales evitaban publicar y los medios nacionales e internacionales todavía ni siquiera la mencionaban. Pero después de varios años, puede leerse tal historia, aunque, por supuesto, no se ahonda en detalles.

La narcopolítica de Quintana Roo fue siempre la constante. Incluso un exgobernador que tuvo sentencia en México fue extraditado a los Estados Unidos y luego de regreso a nuestro país. Pero el caso del exgobernador Mario Villanueva no hubiese sido distinto de ninguno de sus antecesores o sucesores de no ser, precisamente, porque ese gobernador entró en pugna con la familia Joaquín al oponerse a que una hermana del clan llegara a gobernadora, algo en lo que el expresidente de la república de aquel entonces, Ernesto Zedillo, estaba de acuerdo.

Oponerse al poder real es peligroso, incluso para políticos. Ventilar las verdades de acción, publicar los intereses y las complicidades es un riesgo extremo para cualquier periodista.

Durante muchos años mi trabajo en los medios de comunicación se limitó a la radio en temas culturales y a la conducción noticiosa en medios públicos locales, en una etapa social en la que los medios de comunicación estaban totalmente bajo el control gubernamental.

 

Y cuando parecía que el control social lo mantenía el gobierno con relativa tranquilidad, como en la capital del estado desde los años ochenta y hasta poco antes de concluir la primera década de este siglo.

En 2007-2008 trasladé mi residencia al naciente municipio de Tulum. Venía de otro municipio, Solidaridad, que antes también formaba parte de Cozumel, que por cierto fue un centro turístico y económico aún antes de la existencia de Cancún, al norte de Quintana.

El motor económico y turístico del estado se volvió pronto en un polo de desarrollo económico enorme, con desarrollos turísticos inmobiliarios extensos y con un incremento verdaderamente exponencial de flujos turísticos y poblacionales.

Quintana Roo, desde los años 90, dejó de ser zona de trabajo y traslado para el negocio del narcotráfico y se volvió también en una zona de mercadeo para el consumo. Pero el crecimiento también llevó problemas de enorme violencia y descontrol, sobre todo porque pronto también tuvieron presencia, no unos cuantos, sino varios cárteles del narco que comenzaron su lucha por el control de territorios.

La violencia criminal que durante varios años permaneció relativamente discreta, estalló de pronto, justo a la llegada del exgobernador Carlos Joaquín, que además de manera personal, alentó y promovió las invasiones de terrenos urbanos en municipios como Solidaridad y Tulum, con el argumento de que su antecesor, Roberto Borge, por cierto familiar político, había vendido irregularmente buena parte de reservas territoriales urbanas.

En realidad, las invasiones de millones de metros cuadrados con valor de al menos dos mil pesos cada metro, Carlos Joaquín como un medio clientelar de base social, pero no en la organización de esas invasiones. Los líderes de ellos, muchos, estaban vinculados en varios casos con células criminales. Y justo por eso, de pronto, en las extensas zonas, habitaciones, tierra de nadie, a los pocos meses se aplicaron y operaron varias células locales de otros cárteles nacionales

El Cártel Jalisco Nueva Generación, por esos años justamente, llegó a Quintana Roo, coincidiendo con la llegada del gobernador Carlos Joaquín González, que en apenas un par de años, de 2016 a 2018, se volvió en el más fuerte en el norte de Quintana Roo. De todo ello y de manera cotidiana, ya para entonces me tocó referirlo y publicarlo en un medio digital propio Tulum en Red, que por cierto fue fundado desde el año 2008 y que entonces, ya con casi 10 años de presencia y conocido, gozaba de una buena credibilidad.

Pero a los gobiernos autoritarios no les gusta la libertad de expresión y por eso fui despedido por esos años de una labor de más de una década en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, de corte oficialista, donde yo ganaba dinero para vivir.

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Por ese tiempo vi que desapareció otro medio de comunicación en el que yo entonces trabajaba, Diario Respuesta. Los periodistas, sobre todo los reporteros en México, a veces necesitamos de tres o hasta cuatro trabajos distintos, al menos dos trabajos para subsanar los gastos cotidianos para subsistir junto con nuestras familias.

La parte económica, entonces, fue el primer ataque, la primera arremetida del poder a mi persona. Por fortuna, en ese tiempo, la Agencia Quadratín Quintana Roo me tendió la mano y confió en mi trabajo y profesionalismo, pues mi medio propio Tulum en Red siempre ha sido un medio informativo, independiente de esfuerzo propio, pero de ganancias económicas nulas.

La vorágine de violencia y asesinatos extrajudiciales que desde 2016 fueron multiplicándose cada año, ocupó de pronto casi toda mi actividad periodística y hasta el silenciamiento voluntario ordenado desde el gobierno de la mayoría de los medios formales.

‘Yo opté por una cobertura más completa que procesar, incluyendo una gran cantidad de transmisiones en vivo sobre hechos delictivos que incluyeron balaceras, que narré en video o en el momento mismo en que ocurrían.

En 2018, la situación se tornó incluso más complicada, pues un presidente municipal del equipo del gobernador logró ser electo, pero ese presidente municipal era líder, al mismo tiempo, de una banda criminal fundada por sus familiares desde muchos años atrás, algo que se conocía en voz baja por casi todos los pobladores.

Yo decidí hablar públicamente del tema y contextualizar la cobertura informativa con datos ampliamente conocidos, pero también responsablemente corroborados. Ya para ese tiempo también un personaje controversial.

Se había hecho cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Alberto Capella, como titular de la Policía, consiguió tener el mando único de todas las corporaciones del estado, pero era previsible que ello no remediaría y al final, incrementaría la violencia, pues al llegar Capella a Quintana Roo, era conocido porque tenía al menos dos demandas por posible colaboración con grupos delictivos de Guerrero y de Morelos, donde antes tuvo también el cargo de secretario de Seguridad, y cuyo estado dejó hecho un mar de muerte.

Otra coincidencia ocurrió entonces, pues, que ha fortalecido el Cártel, a principios de 2018, con la llegada de Alberto Capella, llegaron también los del grupo delincuencial Los Rojos, que se instalaron con fuerza en la llamada Riviera Maya.

Para 2019, el clima de violencia era insostenible para que se pretendiera informar, tres amigos de los medios, periodistas, habían sido asesinados a balazos, uno en Solidaridad, en Playa del Carmen, y uno más en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún.

Un supuesto amigo, dirigente local de un partido político y colaborador del Gobernador y del presidente municipal, me había advertido a principios de 2019 que a mí podría pasarme lo mismo que a mis amigos periodistas acallados a balazos, pues directamente me dijo que el Gobernador y el presidente municipal estaban hartos de mí.

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Después de esa advertencia, que traté de minimizar, aunque con muchas precauciones, vino un atentado con bombas molotov a mi domicilio y vehículo, una emboscada en una madrugada de la que escapé milagrosamente, una golpiza multitudinaria propinada a mi persona por una decena de policías y finalmente, amenazas demasiado claras de delincuentes, como esos policías que me golpearon.

En muchas ocasiones denuncié formalmente las amenazas, las agresiones, los atentados, denuncié en el ámbito estatal, pero también en el federal, ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por sus siglas, pero ninguna de las muchas demandas avanzó en investigaciones.

Algunos ataques, como la golpiza de policías, fueron negadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, aunque los grabé en video, e irónicamente, apenas el año pasado, en la cárcel por un delito fabricado, fui notificado de que en una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se reconocían los hechos, e incluso se me daba la característica de víctima, característica que también antes ya me había otorgado la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Salí de Quintana Roo el 15 de mayo de 2019 y dos días después mataron, también en Playa del Carmen a otro amigo periodista. Ese año, 2019, Quintana Roo fue el estado que más periodistas asesinados, contó.

Apenas a unas semanas de que yo llegué a Ciudad de México y de que el Mecanismo de Protección a Periodistas me incluyera en su programa, una conocida de Tulum, me habló por teléfono para decirme que viajaría por unos días a Ciudad de México, y que le gustaría saludarme al llegar.

Días después me pidió alojamiento por poco tiempo, el mismo día en que me otorgaron un departamento de refugio. Debo decir que para mí no es extraño recibir huéspedes o invitados, de hecho, pertenezco a dos plataformas de viajeros en el mundo, Hospitality Club y Couchsurfing, y ahí consta que por casi 20 años he recibido cálida y respetuosamente a hombres y mujeres de todo el mundo, algunos por varias semanas. Nunca fui desconfiado y menos falté al respeto a alguien, y mis amigos, hombres, pero también mujeres, pueden confirmarlo.

Sin embargo, la persona que recibí esos días realizó una falsa acusación de violación, sin pruebas e incluso con pruebas en contra, como una pretensión de su parte de comprar testigos, avanzó de pronto, coincidentemente después de que Tulum en Red, y mi persona difundieron profusamente con videos que me hicieron llegar, y testimonios, el ataque a balazos por parte de la policía de Quintana Roo de una manifestación feminista ocurrida en Cancún en noviembre de 2020, ataque que el propio Gobernador y su secretario de Seguridad negaron inicialmente, aunque había incluso dos mujeres heridas por arma de fuego, mujeres periodistas, por cierto, menos de 15 días después de que yo difundiera la noticia y se hiciera eco internacional.

 

El caso en mi contra fue reactivado y yo soy aprehendido. El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal hacía meses que pretendía quitarme los apoyos en Ciudad de México y, por supuesto, que no me otorgó ni el menor apoyo legal, pese a que desde meses atrás yo les había expuesto que era víctima de la falsa acusación.

Hace casi dos años que estoy en prisión. Ingresé un 30 de noviembre de 2020. Sostengo que mi encarcelamiento responde al afán de callarme, de matar a un periodista con la impunidad que caracteriza a los hombres del poder en nuestro país.

Aún en prisión, he sido testigo directo de una podredumbre y una impunidad aún más grande del sistema policial y de justicia de Ciudad de México.

Sigo siendo periodista.

He recabado testimonios sobre el modo en que decenas de millones de pesos mensuales son extraídos de las cárceles de la ciudad y usados para fines de enriquecimiento personal ilícito de varios jefes policíacos, o para financiar actividades proselitistas de algunos políticos de esta ciudad.

En la cárcel he sido torturado de muy diversos modos y advertido de otras tantas maneras de que aquí, en cualquier momento, puedo perder la vida sin que a nadie le interese.

He sido amenazado directamente por el subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México y por varios altos jefes policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Tortura, salvó mi vida una ocasión al adelantarse a solicitar medidas precautorias a mi favor, después de que comencé a publicar testimonios de la corrupción y de los negocios millonarios al interior de los reclusorios.

El mismo mecanismo de la CNDH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por tortura en mi contra ordenada por altos mandos policiacos, y solicitó también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ser de su esfera de competencia, una investigación por tortura continuada.

La denuncia ante la Fiscalía General simplemente fue recibida, pero no avanzó ni un ápice. No hasta ahora. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México me ha dado a conocer que ellos han optado por, entre comillas, proteger mi vida de ahora en adelante, sin indagar las torturas anteriores que quedaron en constancia del mecanismo de la CNDH.

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Nada de esto me sorprende. La vida de los periodistas en México, sobre todo la de los periodistas críticos, no importa a las personas el poder. Incluso si esos hombres y mujeres del poder se dicen progresistas o precursores de transformaciones que solo lo son simuladas, Kapuscinski y otros referentes del periodismo nos han dejado claro que quienes decidimos informar debemos hacerlo con dignidad y con responsabilidad. No importan las circunstancias.

Un periodista por sí solo, nada cambiará en una sociedad, pero se puede aportar un poco a alumbrar la realidad a todos los asistentes a este Décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos y Frontera.

Les pido su esfuerzo, su entereza e investigación, su solidaridad humana para avanzar por una sociedad más justa.

Desde la Penitenciaría de la Ciudad de México, en la que permanezco por un proceso fabricado desde el poder, pero en la que lucho por seguir siendo un buen ser humano que ejerce el periodismo incluso en prisión, les saluda, Héctor Valdez.

 

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Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

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Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

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También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

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Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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