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Mexico Violento

Periodista preso Héctor Valdez, trasladado con tratos crueles y aislado en Santa Martha Acatitla por revelar corrupción

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Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Héctor Valdez Hernández, preso desde el 30 de noviembre de 2020 como represalia por revelar la corrupción del gobierno de Quintana Roo y del Reclusorio Oriente, en llamada telefónica a esta periodista informó de su traslado con tratos crueles y aislamiento en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

El 13 de julio, el periodista Héctor Valdez fue trasladado a Santa Martha Acatitla, después de sus reportajes sobre la corrupción, discriminación, extorsión y tráfico de drogas en el Reclusorio Oriente, y de reiteradas denuncias por el acoso y la tortura sufrida el 22 de febrero por órdenes del comandante Martín Buenaventura al interno José Antonio Aguilar Valencia, apodado El Tepito.

Durante el traslado, el periodista fue amenazado de que lo iban a matar si continuaba reportando lo que veía, y fue muy maltratado verbalmente. A la llegada del penal, fue encarcelado en un “apando”, una celda para aislamiento en condiciones insalubres, sin colchón y le dieron una cobija con excremento humano. Además, le negaron hasta por seis días agua para beber.

Acusado con delitos fabricados, el periodista pidió la ayuda directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, en su conferencia matutina, sin embargo, cuatro meses después de esa denuncia fue acusado de abuso sexual, sin que la supuesta víctima se presentara a juicio, y fue sentenciado a seis años de cárcel.

“Gracias los de derechos humanos estoy vivo”, dijo en llamada telefónica en referencia al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, “me han ayudado mucho”, reiteró.

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Justicia pendiente

Segob rechaza sentencia de la CIDH sobre eliminación de arraigo y prisión preventiva

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Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano para eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, rechazó que este organismo pueda estar por encima de la constitución política mexicana que validó estos mecanismos.

El encargado de la política interna del país refirió que la sentencia de la CIDH pretende faltarle el respeto al Estado mexicano, ya que la constitución política mexicana es la encargada de garantizar estabilidad social, política y económica del país.

De acuerdo con el ex gobernador de Tabasco, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la constitución mexicana para avalar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa a excepción de los delitos de defraudación fiscal.

Adán Augusto López mencionó que la carta magna es uno de los orgullos de los mexicanos, por lo cual no se modificará para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa en el país y se mantendrá como un mecanismo privatorio de la libertad a una persona que no ha sido sentenciada.

La CIDH sentenció que el Estado mexicano es el responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías individuales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López que fueron detenidos de forma ilegal por la policía por delitos que no realizaron.

En la sentencia de la Corte se ordenaron adecuar el ordenamiento jurídico sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, así como un reconocimiento público del Estado mexicano sobre la violación de derechos humanos y brindar el tratamiento médico, psicológico psioquiátrico y psicosocial a las víctimas.

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Mexico Violento

Diputadas del PRI buscan que aerolíneas asuman responsabilidad por robo de equipaje

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diputadas del PRI

 

Las legisladoras Laura Haro y Cristina Ruiz presentaron una iniciativa para sancionar a los que, por omisión, permiten que sus trabajadores cometan este delito.

El robo de equipaje se da de manera constante en las aerolíneas, sin que los pasajeros tengan un respaldo, ya que las empresas aéreas no asumen su responsabilidad, afirmaron las diputadas federales Laura Haro Ramírez y Cristina Ruiz Sandoval.

Por ello, las legisladoras del PRI propusieron que se adicione una reforma al Código Penal Federal, para hacer responsables y solidarias a las aerolíneas y a las empresas de traslado de equipaje que toleren, por omisión, el robo de equipaje.

“A ver si con esta reforma, las aerolíneas y las empresas se ponen a trabajar y establecen medidas preventivas y de supervisión para que se termine el robo de equipaje en los aeropuertos”, subrayaron.

Luego de exponer que en diversos medios de comunicación se ha evidenciado como son los mismos trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o de las aerolíneas quienes sustraen objetos de las maletas, destacaron que estos hechos muestran claras deficiencias en materia de seguridad y de calidad del servicio.

Explicaron que, de acuerdo a valores internacionales, la indemnización por perder una maleta oscila entre los mil 500 pesos; y hasta los 12 mil pesos, siempre y cuando, los usuarios acrediten el valor, compensación que consideraron debería ser más alta en México, por la incidencia y la impunidad ante estos hechos.

En ese contexto, es que proponen adicionar un inciso al artículo 13 para sancionar a “los que por omisión, permiten que su o sus trabajadores cometan uno o varios delitos señalados en artículo 376 del presente Código”, el cual se refiere a el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte, lo que lleva a modificar también el artículo 64.

La diputada priista Blanca Alcalá Ruiz se sumó a la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia.

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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