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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Para entender el falso caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda (conocida como «Isabel Miranda de Wallace«) reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

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Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace), y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

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En marzo de 2012, Isabel Miranda (Isabel Miranda de Wallace) rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021).

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda (Isabel Miranda de Wallace) en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

 

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

Para saber más del falso caso Wallace: Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

 

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

 

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

Luego de que María Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, fue desmentida por el equipo legal de George Khoury Layón, sobre un supuesto pacto con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la liberación del propio Khoury y de los inculpados del falso caso Wallace, se ha mantenido el silencio de las partes implicadas.

Khoury fue entrevistado por la periodista Guadalupe Lizárraga, para Los Ángeles Press, medio en el que dijo que le daba gusto que «el ministro (Zaldívar) se dé cuenta de lo que está pasando, aunque sea de manera manipulada, y vea cómo están las cosas», en referencia a los tratos crueles y torturas que ha sufrido para que deje de denunciar las violaciones a su proceso y a sus derechos humanos.

Para entender más del caso: Defensa de George Khoury Layón desmiente a Isabel Miranda sobre supuesto pacto con el ministro Zaldívar

Pero, ¿de qué se le acusa a George Khoury en el caso Wallace?

Primera acusación fabricada

La primera acusación contra George Khoury Layón fue el 16 de julio de 2005, cuando dos policías federales lo interceptaron sin ninguna orden de aprehensión o citación, por supuestos cargos de narcotráfico. La agresión había sido ordenada por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, quien quería desterrarlo de la ‘zona de judíos’ en Polanco, donde Khoury tenía un negocio exitoso de restaurante y discoteca. Lo exhibieron en los medios como “narcotraficante” y meses después fue liberado por su defensa, al no haber nada que lo vinculara a las acusaciones.

“Mi primera detención fue ahí, en 2005, cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero a éste le daba órdenes Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”, dijo a Los Ángeles Press.

Segunda acusación fabricada

Una segunda acusación en contra de George Khoury que derivó en la segunda detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, bajo las órdenes del mismo empresario Margolis Sobol. En esta ocasión se le acusó de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. En los medios, se promovieron notas de prensa para que se le relacionara con César Freyre Morales, víctima del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. El 11 de abril de 2006 se le dio el auto de formal prisión y tras una intensa defensa, fue absuelto por un juez federal el 25 de septiembre de 2007.

Lee más: Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

Tercera acusación fabricada

La tercera detención arbitraria contra George Khoury la perpetraron los policías federales: Porfirio Javier Sánchez Mendoza (actualmente en prisión) y Rolando Mayorga Cordero, el 2 de septiembre de 2009. Lo sacaron de un gimnasio de la colonia San Ángel, de la Ciudad de México, y lo llevaron en su propia camioneta a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado de la libertad y lo torturaron por 14 horas, con golpes, toques eléctricos y amenazas a su familia. Le sembraron droga y armas en su auto, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, además de grabar también su tortura con un artefacto mp3 que traía consigo.

En esta ocasión se le acusó nuevamente de delitos contra la salud, y se le agregó el delito de delincuencia organizada, señalándolo de pertenecer al Cártel de los Beltrán Leyva, y de operar con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El ministerio público que hizo las acusaciones judiciales, el 10 de noviembre de 2009, fue Braulio Robles Zúñiga, también a cargo de la investigación del ‘caso Wallace’, y mano derecha de Isabel Miranda Torres. Al día siguiente, 11 de noviembre, se le dio el auto de formal prisión a Khoury.

Un año después, George Khoury el 3 de diciembre de 2010, se dio la detención arbitraria de Jacobo Tagle Dobín, el primer acusado en julio de 2005, por Isabel Miranda de Wallace, del supuesto secuestro de su hijo. Tras la detención, Jacobo Tagle fue torturado y obligado a firmar una declaración incriminatoria en la que se mencionaba a George Khoury Layón como autor del homicidio del empresario Eduardo Salazar Bracamontes, perpetrado en noviembre de 2004, y a César Freyre Morales, como autor material de los hechos, junto con Jacobo.

La editora recomienda: ¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

Para legitimar la fabricación, la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, utilizó a la periodista Isela Lagunas, del diario El Universal, (en 2006) y a Anabel Hernández, (2010) quien publicó los expedientes fabricados en la PGR con falsos testigos protegidos, en su libro Los señores del narco, en el que también señala a César Freyre Morales y a Juana Hilda González Lomelí de trabajar para Khoury Layón y de haber cometido el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Cuarta acusación fabricada

El 14 de febrero de 2012, tras una larga defensa, se da la absolución nuevamente a George Khoury Layón. Al momento de su salida de prisión, el 26 de febrero de 2012, vuelve a ser detenido por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, quien ahora lo acusaba del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, con la incriminación bajo tortura de Jacobo Tagle. El agente de la SIEDO mantuvo en arraigo ilegal a George Khoury hasta conseguir la orden de aprehensión por parte de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien lo condenó a 20 años de prisión por homicidio calificado, el 29 de septiembre de 2014, utilizando como prueba la confesión incriminatoria bajo tortura de Tagle y un testimonio contradictorio de un tercero.

Quinta acusación fabricada

En abril de 2019, Isabel Miranda de Wallace, en entrevista a Notimex, le atribuyó a George Khoury Layón ser el autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La entrevista fue una instrucción de la directora de la Agencia del Estado, Sanjuana Martínez al reportero Alejandro Salas, después de que se denunciara la falsedad del caso Wallace, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Torturas y nuevas fabricaciones mediáticas

Actualmente, George Khoury Layón ha cumplido más del 50 por ciento de la sentencia condenatoria, dada por la jueza Hermelinda Silva, en diferentes penales federales del país, en los que ha sido torturado al menos en cuatro ocasiones; cuando su causa 80/2012 es el del fuero común en la Ciudad de México. La tortura más reciente, el 12 de junio de 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones de derechos humanos».

Isabel Miranda de Wallace, en programa con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, acusó a Khoury Layón de tener un ‘pacto’ con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “para liberar a los secuestradores de su hijo”, y publicó supuestos mensajes y conversaciones entre el ministro y otras personas en los que se alude falsamente a George Khoury Layón.

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