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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

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Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda (conocida como «Isabel Miranda de Wallace«) reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

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Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace), y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

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En marzo de 2012, Isabel Miranda (Isabel Miranda de Wallace) rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021).

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda (Isabel Miranda de Wallace) en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

 

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

Para saber más del falso caso Wallace: Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

 

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

 

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

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isabel Miranda de Wallace ha difundido videos en los jacobo Tagle se incriminó

Al menos en ocho ocasiones en los últimos tres años, Isabel Miranda de Wallace ha insistido en su cuenta de Twitter (@WallaceIsabel) que Jacobo Tagle es uno de los secuestradores y asesinos de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Incluso, en una de sus publicaciones mostró una confesión en video del propio Tagle. «(Él) confesó las atrocidades las atrocidades que cometieron, a sangre fría, contra mi hijo. Hoy busca evadir a la justicia acusando tortura que nunca existió», escribió Miranda en un tuit acompañando la grabación.

Sin embargo, una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, publicada en Los Ángeles Press, reveló que Isabel Miranda participó directamente en su captura, tortura y condujo dicha grabación ante una cámara para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A continuación retomamos el reportaje publicado el 22 de junio de 2014, en el que se revela la participación directa de Isabel Miranda de Wallace contra Jacobo Tagle Dobín.

 

Por Guadalupe Lizárraga

Cuarta parte

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva -con fecha del 7 de mayo de 2014- a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, el 3 de diciembre de 2010, pero reza la declaración en el documento de la CNDH, que fue el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

resumen protocolo Jacobo Tagle

Resumen del Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle.

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–¡Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo! –respondió Miranda.

Para saber más del caso: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

 

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo, y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda de Wallace declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

La carta de Jacobo Tagle, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle Dobín narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda de Wallace y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Lee más: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable, Sexta parte

 

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el agente del MP Osvaldo Jiménez Juárez.

 “Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemán Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre de la hija de Hugo Alberto, la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Caso Wallace: Isabel Miranda ordenó la tortura de Jacobo Tagle

Foto: Los Angeles Press

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Lee más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

 

 

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El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

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Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

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Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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