Europeos víctimas de fabricación de culpables en México
Arturo Bargueño Prieto, ciudadano español, cuenta cómo fue víctima de fabricación de culpables en México, y su caso está admitido en la CIDH por tortura y encarcelamiento injusto
MADRID, España.- Recientemente, se ha revelado que la fabricación de culpables en México ha sido una práctica común, impulsada desde el Estado, y ha protagonizado los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en este país. Según un informe de Amnistía Internacional (AI), en México las detenciones arbitrarias son cotidianas y muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Las razones que Amnistía Internacional encontró sobre las detenciones cotidianas y arbitrarias de la policía de distintas corporaciones son: la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivadas (de participantes en movimientos sociales o personas defensoras de los derechos humanos) o para sembrar evidencia y así no tener que investigar los delitos que sí se llevan a cabo.
No solo los mexicanos han sido víctimas de fabricación de culpables. El 5 y 6 de noviembre de 2018, se realizó un foro en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga, en el que hubo una audiencia de más de 150 familiares de víctimas. Entre éstos, se destacaron tres casos de ciudadanos europeos que fueron víctimas de autoridades judiciales corruptas, así como del exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, durante la administración de Felipe Calderón, y antes en Gobernación con el expresidente Vicente Fox. Se trata de los casos de la francesa Florence Cassez, quien fue detenida ilegalmente en 2005 y estuvo en prisión siete años falsamente acusada por el delito de secuestro; el vasco Luis Miguel Ipiña, también detenido arbitraria e ilegalmente en 2011 y pasó casi dos años en prisión falsamente acusado de posesión de armas exclusivas del ejército; y el ciudadano español Arturo Bargueño Prieto, detenido en las mismas condiciones en 2006 y pasó seis años en prisión falsamente acusado de narcotráfico.
Arturo Bargueño Prieto había pasado prácticamente toda su vida en Madrid, pero su afán por viajar y el hecho de tener familia en México lo llevaron a visitar México. Al pasar varios días allí, quedó fascinado por la cultura, la gastronomía y sus bellos parajes que decidió quedarse en Querétaro para montar un negocio de informática.
Su pasión por la música electrónica lo llevaba a visitar con frecuencia el after que estaba enfrente de su local-vivienda. La noche del 9 de abril de 2006, después de estar varias horas escuchando música en el antro, cogió un taxi a las 4:50 am para acompañar a su novia a casa. De repente, un coche Jetta color negro se abalanzó contra el taxista. Del vehículo negro, salieron tres encapuchados, quienes apuntaron con sus armas a Arturo y su acompañante, y les obligaron a salir del auto. Los asaltantes se quitaron los pasamontañas y se dieron a conocer como agentes federales.
En ese momento, Arturo Bargueño fue secuestrado por policías de la Agencia Federal de Investigación, creada por Genaro García Luna, y perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR). A las 5:00 am le llevaron de vuelta al after, donde se estaba efectuando un operativo ilegal en el que participaron más de 20 agentes federales sin que la PGR, con sede en Querétaro, tuviera constancia.
Arturo fue golpeado brutalmente por ocho policías con el fin de quitarle las llaves de su local de informática. Después de conseguir lo que querían, lo metieron a la fuerza en un coche y se lo llevaron del lugar. Eran las 6 am cuando los policías decidieron llevarle de urgencia a la Cruz Roja,debido al grave estado de salud que ya tenía a causa de la paliza que le dieron.
Tras hacerle varias pruebas, los médicos dictaron su ingreso inmediato en el Hospital General. A las 6:50 am, durante el traslado de Arturo en la ambulancia, unos agentes federales interceptaron el vehículo y les obligaron a cambiar su ruta hacia las instalaciones gubernamentales de la PGR poniendo en peligro de muerte la vida de Arturo.
Su grave estado de salud iba empeorando, por ello, la propia fiscalía dio la orden de traslado de urgencia al Hospital General de Querétaro. El documento oficial del hospital señala como hora de ingreso las 9:25 am del 9 de abril del 2006.
Mientras tanto, en una diligencia con hora9:30 amdel mismo día, un hombre llamado Iván López Sánchez testificaba en la PGR acusando a Arturo de venta de droga y afirmando que le reconocía como culpable porque lo tenía a la vista, algo imposible porque en ese momento estaba siendo atendido en el hospital. Esto demuestra que Iván era un falso testigo.
Después de recibir la atención médica de urgencia, se llevan a Arturo a la cárcel donde es puesto a disposición judicial. Allí ve un cartel que decía: “Usted está en esta zona en calidad de detenido, por lo tanto, tiene derecho a llamar a derechos humanos”. Desesperado, Arturo empezó a gritar que quería hacer una llamada. La primera llamada que hizo fue a derechos humanos, pero en ese momento solo estaba el vigilante y no fue de ayuda.
Arturo sufrió una cadena de violaciones de derechos humanos. Fue privado de su libertad, detenido arbitraria e ilegalmente, no se le leyeron sus derechos y no supo de qué se le acusaba hasta que llegó al juzgado. Los federales tenían la obligación de avisar de la situación a la embajada, pero la notificación nunca llegó a las autoridades españolas. Además, el supuesto culpable tuvo que declarar ante un juez sin el asesoramiento de un abogado.
Según Amnistía Internacional, cualquier persona detenida tiene una serie de derechos para protegerla de abusos. Entre ellos, el ser informada inmediatamente y con detalle del motivo de la detención y de los derechos que la asisten, poder contar con asesoría y representación legal desde que ocurre el arresto, y poder informar a su familia o allegados de su situación.
Asimismo, bajo derecho nacional e internacional, debe conocer qué autoridad la está privando de su libertad, y su detención debe quedar inmediatamente registrada. Estos derechos no siempre son respetados por las y los agentes de policía en México.
Consecuencias de la fabricación de culpa
Mientras estaba declarando, Arturo perdió el conocimiento debido a su grave estado de salud y lo ingresaron en el hospital. En ese momento ya sabía de qué se le acusaba, pero no tenía conocimiento de su sentencia. Una de las veces que fue un funcionario a llevarle un documento que tenía que firmar, Bargueño aprovechó para preguntarle que a cuántos años se le podía condenar. Entonces, se le informó de que la sentencia sería por encima de los 50 años.
“Quise ahorcarme, pero cuando iba a hacerlo pensé que si no salía bien me podría quedar inválido y eso iba a ser peor”: Arturo Bargueño
Lo primero que hizo fue mirar la sábana que tenía en la clínica y desear morir, pero se dio cuenta de que ésa no era la solución. Entonces, decidió enfocar todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia. Habló con el subdirector del penal y le pidió que le dieran una Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y empezó a estudiar las leyes del país.
En México, el acusado tiene la opción de dirigir su propia defensa, aunque no tenga conocimiento en Derecho. Arturo decidió hacerse cargo de su defensa judicial, después de que por años sus abogados mostraran una contundente negligencia y cobraran cantidades importantes por sus honorarios a la familia Burgueño. Así, Arturo empezó a solicitar pruebas, presentar apelaciones y derechos de amparo. Pero no solo se encargó de su alegato, si no que ayudó a redactar escritos a otros reclusos que también estaban pasando por una situación de fabricación de culpables.
En la cárcel, se hizo amigo de algunos prisioneros y policías. Muchos le preguntaban que porqué estudiaba las leyes del país si iba a salir con los pies por delante. Arturo respondía: “Pues saldré con los pies por delante con la sonrisa de oreja a oreja porque me moriré luchando contra ustedes. Tengo dos opciones: rendirme o salir adelante y yo prefiero salir adelante”.
Estuvo en prisión preventiva durante 5 años, 11 meses y 13 días, durante los cuáles fue sometido a todo tipo de tortura, tanto física como psicológica. Las condiciones en la cárcel eran muy adversas, señala. Era una prisión con capacidad para 900 personas, pero había más de 2000 presos.
Arturo explica que las celdas estaban diseñadas para cuatro reclusos, pero solían haber más. No tenían camas. En su lugar habían piedras rectangulares y les daban una espuma llena de bichos para ponerla encima, pero cada vez que compraba su piedra, le cambiaban de celda. Y la comida siempre escaseaba.
“He visto morir mucha gente enfrente de mi celda, algunos porque no recibían los cuidados médicos que necesitaban y otros porque se suicidaban”
Durante su estancia en la cárcel, le trataron psicólogos y psiquiatras, los cuáles querían hacerle pensar que su testimonio era falso e insistían en que no había sido secuestrado en la ambulancia y le aseguraban que todo había sido una alucinación suya. Tanta era la manipulación de los servidores públicos, que Arturo llegó a dudar de su versión, pero siguió investigando por su cuenta. Solicitó al juez que pidiera los documentos oficiales que acreditaban su atención médica en la Cruz Roja y su traslado en ambulancia y consiguió los papeles que verificaban su argumento.
El problema de la impunidad
La víctima detalla que hay más de 30 autoridades implicadas en esta maquinación policial. Y asegura que la mayor parte de los cargos que firmaron los documentos para su detención y falsificación de pruebas no eran conscientes de lo que estaban aprobando. “Han firmado por hacer favores. Han firmado porque nunca pensaron que una persona se pusiese a investigar dentro de la cárcel y buscara él sólo la pruebas, porque están acostumbrados a que nunca pase nada”, asegura Bargueño.
Amnistía Internacional explica que cuando la policía deja a la persona detenida en custodia de otra autoridad, como el Ministerio Público, está obligada legalmente a entregar un informe con suficiente información para determinar las razones y circunstancias de la detención.
Sin embargo, estos documentos suelen tener errores sustanciales, hechos falsos y otros problemas serios, como el que no siempre son elaborados y firmados por quienes realmente participaron en la detención, tal como lo ordena la ley mexicana, sino por otras personas que no tuvieron participación en el arresto.
El 99% de los delitos en México queda impune. Este alto indice de impunidad en México promueve que, cada vez con más frecuencia, agentes federales participen en detenciones ilegales, creación de pruebas falsas con testigos fantasma o coaccionados, secuestros, tortura y encarcelamiento injusto.
A pesar de su buena disposición por encontrar pruebas que demostraban su inocencia, Arturo Bargueño pasó seis años en la cárcel. Llevó a cabo una apelación aportando todas las pruebas que le declaraban inocente, pero se negaron a comprobar los documentos. Tras cumplir la condena por sus supuestos delitos, fue puesto en libertad. A la fecha, aún no han sido revisados los documentos que aportó. Por ello, su caso está a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una vez en libertad, Arturo quiso demostrar su inocencia y se quedó un par de años a investigar puntualmente su caso. Sin embargo, cuando más evidencias recolectaba fue víctima de secuestro en grado tentativa por autoridades. Por eso, decidió volver a España. Llegó psicológicamente muy afectado y le diagnosticaron un alto estrés postraumático. Tras lo vivido, a Arturo le cuesta mucho confiar en la gente. No puede dormir porque le vienen todos esos recuerdos a la mente y tiene una necesidad constante de aprender más leyes. Su cuerpo sufre de dolores intensos como secuela de las torturas y el largo tiempo que pasó esposado con los brazos hacia atrás.
“Por mucha justicia que se haga los daños psicológicos que tengo y los seis años que pasé en la cárcel son irreparables”
Después de muchos años de sufrimiento, Arturo intentó empezar una nueva vida en su país de origen como autónomo haciendo reparaciones informáticas. Había mucha competencia en ese campo y el negocio no le daba suficientes beneficios así que cambió de trabajo. Primero fue operador telefónico y más tarde comercial para Prosegur. En esta última empresa fue despedido por tener su página web, en la que explica a detalle su caso judicial en México y demuestra su inocencia ante este suceso. Ahora está esperando la sentencia tras solicitar su invalidez.
Arturo ha aprendido que al final del precipicio siempre encuentra un camino, que siempre se puede cambiar. Esta terrible situación de violación de derechos humanos le ha servido para ver la vida de otra manera, dice. “A pesar de todo, me ha quedado algo bueno: la persona en quien me he convertido a través de la lucha por mi libertad”.
Acción de alcaldesa de Barcelona inspira a la comunidad internacional de derechos humanos
BARCELONA (España), 14 feb (EFE).- Cuatro galardonados con el Premio Nobel y medio centenar de científicos, actores y directores de cine internacionales, activistas e intelectuales, respaldan a la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, en la decisión de suspender temporalmente las relaciones entre esta ciudad española y el país de Israel.
Entre los firmantes del manifiesto de apoyo figuran Annie Ernaux (Francia, Premio Nobel de Literatura), George P. Smith (EEUU, Premio Nobel de Química), Jody Williams (EEUU, Premio Nobel de la Paz) y Mairead Maguire (Reino Unido, Premio Nobel de la Paz).
Entre los actores, los estadounidense Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Alia Shawkat y Susan Sarandon y la británica Miriam Margolyes; y activistas de los derechos civiles y sociales como la estadounidense Angela Davis, la escritora india Arundhati Roy y la canadiense Naomi Klein.
La semana pasada, Colau anunció la suspensión de relaciones y la cancelación temporal del acuerdo de hermanamiento con Tel Aviv «hasta que las autoridades israelíes acaben con la violación sistemática de los derechos de la población palestina y cumplan plenamente el Derecho internacional». El Gobierno de ese país lo consideró «lamentable».
Firman también el manifiesto de apoyo los cineastas Fernando Meirelles (Brasil), Cherien Dabis (EEUU) y Ken Loach (Reino Unido); y entre los músicos, los británicos Brian Eno, Peter Gabriel y Marianne Faithfull, y el nigeriano Seun Kuti.
Todos critican a los gobiernos por «no reaccionar ante las infracciones del Derecho internacional y las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel durante décadas», a la vez que «arman, financian y protegen la impunidad del régimen israelí».
La alcaldesa de Barcelona, argumentan, «nos recuerda los valientes ayuntamientos que fueron pioneros al cortar vínculos con el ‘apartheid’ en Sudáfrica en el pasado».
Suscribe también el diputado sudafricano Nkosi Zwelivelile ‘Mandla’Mandela, nieto del presidente fallecido Nelson Mandela.
Además, en un mensaje personal, Ronnie Kasrils, veterano de la lucha contra el ‘apartheid’ y ministro con Mandela, añade que está «entusiasmado por la decisión» de Barcelona, que «resuena más allá de Barcelona».
«Inspira a la comunidad internacional y a los que vivimos en una Sudáfrica libre y democrática», asegura.
El abogado y autor palestino Mana Shehadeh, los legisladores Hanan Ashrawi y Mustafa Barghouti y el fundador de Physicians for Human Rights-Israel, Ruchama Marton, la filósofa Judith Butler y Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, son otros de los que suscriben.
«El actual gobierno israelí es el más ultraderechista, racista, machista y homófobo de la historia del país», aseguran.
Arabia Saudí fue el mayor receptor de material de defensa español durante el primer semestre de 2022, con compras que superaron los 302 millones de euros, por delante de los socios de la Unión Europea y de la OTAN.
Así consta en el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y remitido al Congreso de los Diputados.
En total, durante los primeros seis meses del año, las ventas al exterior de la industria militar española fueron de 1.293,1 millones de euros, un 20,1 por ciento menos respecto al primer semestre de 2021. De esta cifra, las exportaciones a los países de la Unión Europea supusieron el 27,6% del total, un porcentaje que se eleva al 51,1% si se incluye a todos los países que forman parte de la Alianza Atlántica y al 52% si se suma UE y OTAN.
La mayor parte de este comercio tuvo lugar con aquellos países de la Unión Europea -Francia, Alemania e Italia– con los que España mantiene proyectos industriales militares en común.
Sin embargo, el mayor comprador de material de defensa fue Arabia Saudí con 302,2 millones de euros. La mayor parte, más de 260 millones, corresponden a una de las cinco corbetas fabricadas por Navantia y que se construyen en los astilleros de San Fernando, en Cádiz. Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí también hicieron compras millonarias a España de proyectiles de artillería de 155 milímetros, cargas y espoletas, por más de 26 millones de euros.
Las ventas de armamento a Arabia Saudí son motivo constante de polémica en España por su implicación en la guerra de Yemen, motivando quejas tanto de organizaciones pacifistas como de diversos grupos parlamentarios, incluido Unidas Podemos.
La exdelegada del Gobierno en Ceuta destituida el 31 de octubre, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), serán juzgadas por la vía penal por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión de 55 niños migrantes marroquíes solos, a los que se devolvió a su país en agosto de 2021. La jueza instructora de la causa, abierta a instancias de la Fiscalía, ha concluido que ambas obviaron de manera “flagrante” y “grosera” la aplicación de la Ley de Extranjería y violaron la Constitución Española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
La magistrada ha dado diez días al Ministerio Público y las acusaciones populares para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación. Las defensas podrán, por su parte, presentar recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles.
Durante los últimos cinco meses la instructora de la causa ha oído a las dos procesadas argüir en calidad de investigadas que en connivencia con distintos ministerios creyeron aplicar correctamente en un contexto de “emergencia” y mirando por el interés de los menores un Acuerdo bilateral de 2007 que exige “observancia estricta” de la legislación española.
También ha tomado declaración como testigos, entre otros, a la jefa de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, que advirtió verbalmente y por escrito de que se estaba vulnerando la normativa nacional e internacional; a los asesores jurídicos de Mateos que no fueron consultados y a dos de los niños expulsados que han reiterado que ni quería irse ni fueron informados de sus derechos por “nadie”.
Tras rechazar la práctica de más testificales como las del ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, la jueza ha concluido que la exdelegada “prescindió absolutamente” como autora material “del procedimiento establecido aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos parte de los menores que habían accedido irregularmente a la localidad española en mayo del año pasado y continuaban en ella.
Como “cooperadora necesaria”, Deu, que renunció a las competencias de Menores en julio tras ser imputada, “se hallaba de acuerdo” en “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”, cuya vulnerabilidad ve probada por su condición de migrantes solos.
La magistrada considera indiciariamente constatado que las dos políticas ya encausadas “desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida”.
Además, explica que “como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo hispano marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores”.
La exdelegada del gobierno en Ceuta, #España, y la vicepresidenta del Ejecutivo se irán a juicio.
Serán juzgadas por el presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión de 55 niños migrantes marroquíes en agosto de 2021. https://t.co/YyRXjfwC4Dpic.twitter.com/W7YSCDbUyI
Al menos seis de los 55 niños deportados han logrado regresar a España y a dos se les ha ofrecido ejercer la acusación particular tras declarar como testigos que ni querían ser retornados ni nadie les informó de sus derechos.
“Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad”, ya que “ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”, asevera la magistrada.
