Connect with us

España

Europeos víctimas de fabricación de culpables en México

Arturo Bargueño Prieto, ciudadano español, cuenta cómo fue víctima de fabricación de culpables en México, y su caso está admitido en la CIDH por tortura y encarcelamiento injusto

Avatar

Published

on

Primera Parte

Por Irene Moreno

MADRID, España.- Recientemente, se ha revelado que la fabricación de culpables en México ha sido una práctica común, impulsada desde el Estado, y ha protagonizado los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en este país. Según un informe de Amnistía Internacional (AI), en México las detenciones arbitrarias son cotidianas y muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Las razones que Amnistía Internacional encontró sobre las detenciones cotidianas y arbitrarias de la policía de distintas corporaciones son: la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivadas (de participantes en movimientos sociales o personas defensoras de los derechos humanos) o para sembrar evidencia y así no tener que investigar los delitos que sí se llevan a cabo.

No solo los mexicanos han sido víctimas de fabricación de culpables. El 5 y 6 de noviembre de 2018, se realizó un foro en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga y David Bertet de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en el que hubo una audiencia de más de 150 familiares de víctimas. Entre éstos, se destacaron tres casos de ciudadanos europeos que fueron víctimas de autoridades judiciales corruptas, así como del exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, durante la administración de Felipe Calderón, y antes en Gobernación con el expresidente Vicente Fox. Se trata de los casos de la francesa Florence Cassez, quien fue detenida ilegalmente en 2005 y estuvo en prisión siete años falsamente acusada por el delito de secuestro; el vasco Luis Miguel Ipiña, también detenido arbitraria e ilegalmente en 2011 y pasó casi dos años en prisión falsamente acusado de posesión de armas exclusivas del ejército; y el ciudadano español Arturo Bargueño Prieto, detenido en las mismas condiciones en 2006 y pasó seis años en prisión falsamente acusado de narcotráfico. 

El caso de Arturo Bargueño

Arturo Bargueño Prieto había pasado prácticamente toda su vida en Madrid, pero su afán por viajar y el hecho de tener familia en México lo llevaron a visitar México. Al pasar varios días allí, quedó fascinado por la cultura, la gastronomía y sus bellos parajes que decidió quedarse en Querétaro para montar un negocio de informática.

Su pasión por la música electrónica lo llevaba a visitar con frecuencia el after que estaba enfrente de su local-vivienda. La noche del 9 de abril de 2006, después de estar varias horas escuchando música en el antro, cogió un taxi a las 4:50 am para acompañar a su novia a casa. De repente, un coche Jetta color negro se abalanzó contra el taxista. Del vehículo negro, salieron tres encapuchados, quienes apuntaron con sus armas a Arturo y su acompañante, y les obligaron a salir del auto. Los asaltantes se quitaron los pasamontañas y se dieron a conocer como agentes federales.

En ese momento, Arturo Bargueño fue secuestrado por policías de la Agencia Federal de Investigación, creada por Genaro García Luna, y perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR). A las 5:00 am le llevaron de vuelta al after, donde se estaba efectuando un operativo ilegal en el que participaron más de 20 agentes federales sin que la PGR, con sede en Querétaro, tuviera constancia.

Arturo fue golpeado brutalmente por ocho policías con el fin de quitarle las llaves de su local de informática. Después de conseguir lo que querían, lo metieron a la fuerza en un coche y se lo llevaron del lugar. Eran las 6 am cuando los policías decidieron llevarle de urgencia a la Cruz Roja, debido al grave estado de salud que ya tenía a causa de la paliza que le dieron. 

Tras hacerle varias pruebas, los médicos dictaron su ingreso inmediato en el Hospital General. A las 6:50 am, durante el traslado de Arturo en la ambulancia, unos agentes federales interceptaron el vehículo y les obligaron a cambiar su ruta hacia las instalaciones gubernamentales de la PGR poniendo en peligro de muerte la vida de Arturo.

Su grave estado de salud iba empeorando, por ello, la propia fiscalía dió la orden de traslado de urgencia al Hospital General de Querétaro. El documento oficial del hospital señala como hora de ingreso las 9:25 am del 9 de abril del 2006.

Mientras tanto, en una diligencia con hora 9:30 am del mismo día, un hombre llamado Iván López Sánchez testificaba en la PGR acusando a Arturo de venta de droga y afirmando que le reconocía como culpable porque lo tenía a la vista, algo imposible porque en ese momento estaba siendo atendido en el hospital. Esto demuestra que Iván era un falso testigo.

Después de recibir la atención médica de urgencia, se llevan a Arturo a la cárcel donde es puesto a disposición judicial. Allí ve un cartel que decía: “Usted está en esta zona en calidad de detenido, por lo tanto, tiene derecho a llamar a derechos humanos”. Desesperado, Arturo empezó a gritar que quería hacer una llamada. La primera llamada que hizo fue a derechos humanos, pero en ese momento solo estaba el vigilante y no fue de ayuda.

Arturo sufrió una cadena de violaciones de derechos humanos. Fue privado de su libertad, detenido arbitraria e ilegalmente, no se le leyeron sus derechos y no supo de qué se le acusaba hasta que llegó al juzgado. Los federales tenían la obligación de avisar de la situación a la embajada, pero la notificación nunca llegó a las autoridades españolas. Además, el supuesto culpable tuvo que declarar ante un juez sin el asesoramiento de un abogado.

Según Amnistía Internacional, cualquier persona detenida tiene una serie de derechos para protegerla de abusos. Entre ellos, el ser informada inmediatamente y con detalle del motivo de la detención y de los derechos que la asisten, poder contar con asesoría y representación legal desde que ocurre el arresto, y poder informar a su familia o allegados de su situación. 

Asimismo, bajo derecho nacional e internacional, debe conocer qué autoridad la está privando de su libertad, y su detención debe quedar inmediatamente registrada. Estos derechos no siempre son respetados por las y los agentes de policía en México.

Consecuencias de la fabricación de culpa

Mientras estaba declarando, Arturo perdió el conocimiento debido a su grave estado de salud y lo ingresaron en el hospital. En ese momento ya sabía de qué se le acusaba, pero no tenía conocimiento de su sentencia. Una de las veces que fue un funcionario a llevarle un documento que tenía que firmar, Bargueño aprovechó para preguntarle que a cuántos años se le podía condenar. Entonces, se le informó de que la sentencia sería por encima de los 50 años.

 “Quise ahorcarme, pero cuando iba a hacerlo pensé que si no salía bien me podría quedar inválido y eso iba a ser peor”: Arturo Bargueño

Lo primero que hizo fue mirar la sábana que tenía en la clínica y desear morir, pero se dio cuenta de que ésa no era la solución. Entonces, decidió enfocar todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia. Habló con el subdirector del penal y le pidió que le dieran una Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y empezó a estudiar las leyes del país. 

En México, el acusado tiene la opción de dirigir su propia defensa, aunque no tenga conocimiento en Derecho. Arturo decidió hacerse cargo de su defensa judicial, después de que por años sus abogados mostraran una contundente negligencia y cobraran cantidades importantes por sus honorarios a la familia Burgueño. Así, Arturo empezó a solicitar pruebas, presentar apelaciones y derechos de amparo. Pero no solo se encargó de su alegato, si no que ayudó a redactar escritos a otros reclusos que también estaban pasando por una situación de fabricación de culpables.

En la cárcel, se hizo amigo de algunos prisioneros y policías. Muchos le preguntaban que porqué estudiaba las leyes del país si iba a salir con los pies por delante. Arturo respondía: “Pues saldré con los pies por delante con la sonrisa de oreja a oreja porque me moriré luchando contra ustedes. Tengo dos opciones: rendirme o salir adelante y yo prefiero salir adelante”.

Estuvo en prisión preventiva durante 5 años, 11 meses y 13 días, durante los cuáles fue sometido a todo tipo de tortura, tanto física como psicológica. Las condiciones en la cárcel eran muy adversas, señala. Era una prisión con capacidad para 900 personas, pero había más de 2000 presos. 

Arturo explica que las celdas estaban diseñadas para cuatro reclusos, pero solían haber más. No tenían camas. En su lugar habían piedras rectangulares y les daban una espuma llena de bichos para ponerla encima, pero cada vez que compraba su piedra, le cambiaban de celda. Y la comida siempre escaseaba. 

“He visto morir mucha gente enfrente de mi celda, algunos porque no recibían los cuidados médicos que necesitaban y otros porque se suicidaban”

Durante su estancia en la cárcel, le trataron psicólogos y psiquiatras, los cuáles querían hacerle pensar que su testimonio era falso e insistían en que no había sido secuestrado en la ambulancia y le aseguraban que todo había sido una alucinación suya. Tanta era la manipulación de los servidores públicos, que Arturo llegó a dudar de su versión, pero siguió investigando por su cuenta. Solicitó al juez que pidiera los documentos oficiales que acreditaban su atención médica en la Cruz Roja y su traslado en ambulancia y consiguió los papeles que verificaban su argumento.

El problema de la impunidad

La víctima detalla que hay más de 30 autoridades implicadas en esta maquinación policial. Y asegura que la mayor parte de los cargos que firmaron los documentos para su detención y falsificación de pruebas no eran conscientes de lo que estaban aprobando. “Han firmado por hacer favores. Han firmado porque nunca pensaron que una persona se pusiese a investigar dentro de la cárcel y buscara él sólo la pruebas, porque están acostumbrados a que nunca pase nada”, asegura Bargueño. 

Amnistía Internacional explica que cuando la policía deja a la persona detenida en custodia de otra autoridad, como el Ministerio Público, está obligada legalmente a entregar un informe con suficiente información para determinar las razones y circunstancias de la detención.

Sin embargo, estos documentos suelen tener errores sustanciales, hechos falsos y otros problemas serios, como el que no siempre son elaborados y firmados por quienes realmente participaron en la detención, tal como lo ordena la ley mexicana, sino por otras personas que no tuvieron participación en el arresto.

El 99% de los delitos en México queda impune. Este alto indice de impunidad en México promueve que, cada vez con más frecuencia, agentes federales participen en detenciones ilegales, creación de pruebas falsas con testigos fantasma o coaccionados, secuestros, tortura y encarcelamiento injusto. 

A pesar de su buena disposición por encontrar pruebas que demostraban su inocencia, Arturo Bargueño pasó seis años en la cárcel. Llevó a cabo una apelación aportando todas las pruebas que le declaraban inocente, pero se negaron a comprobar los documentos. Tras cumplir la condena por sus supuestos delitos, fue puesto en libertad. A la fecha, aún no han sido revisados los documentos que aportó. Por ello, su caso está a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Nuevas agresiones de la autoridad

Una vez en libertad, Arturo quiso demostrar su inocencia y se quedó un par de años a investigar puntualmente su caso. Sin embargo, cuando más evidencias recolectaba fue víctima de secuestro en grado tentativa por autoridades. Por eso, decidió volver a España. Llegó psicológicamente muy afectado y le diagnosticaron un alto estrés postraumático. Tras lo vivido, a Arturo le cuesta mucho confiar en la gente. No puede dormir porque le vienen todos esos recuerdos a la mente y tiene una necesidad constante de aprender más leyes. Su cuerpo sufre de dolores intensos como secuela de las torturas y el largo tiempo que pasó esposado con los brazos hacia atrás.

“Por mucha justicia que se haga los daños psicológicos que tengo y los seis años que pasé en la cárcel son irreparables”

Después de muchos años de sufrimiento, Arturo intentó empezar una nueva vida en su país de origen como autónomo haciendo reparaciones informáticas. Había mucha competencia en ese campo y el negocio no le daba suficientes beneficios así que cambió de trabajo. Primero fue operador telefónico y más tarde comercial para Prosegur. En esta última empresa fue despedido por tener su página web, en la que explica a detalle su caso judicial en México y demuestra su inocencia ante este suceso. Ahora está esperando la sentencia tras solicitar su invalidez. 

Arturo ha aprendido que al final del precipicio siempre encuentra un camino, que siempre se puede cambiar. Esta terrible situación de violación de derechos humanos le ha servido para ver la vida de otra manera, dice. “A pesar de todo, me ha quedado algo bueno: la persona en quien me he convertido a través de la lucha por mi libertad”.

España

España suspende vacunación con AstraZeneca a personas menores de 60 años por efectos secundarios

Avatar

Published

on

La vacuna de AstraZeneca queda descartada desde ahora en España para menores de 60 años. Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas tras la confirmación científica por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que estas dosis pueden tener como “efecto secundario muy raro“ casos puntuales de trombos documentados en mujeres por debajo de 60 años.

Belén Remacha / Natalia Chientaroli
eldiario.es

El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas administrar por el momento la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford solo a mayores de 60 años. La propuesta ha salido adelante, según fuentes autonómicas, con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta.

El acuerdo incluye que la inmunización con AstraZeneca a mayores de 65 años será revisada en la Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos de todas las partes, este jueves, según ha informado la ministra Carolina Darias en rueda de prensa. Actualmente, solo se está vacunando a algunos trabajadores esenciales por encima de 65, no a población general. Sí la está recibiendo población general entre 60 y 65, de la que hay en España, con datos del INE, algo más de tres millones de ciudadanos. Y en este momento están aún sin administrar en nuestro país, según lo reportado por las comunidades, 1,1 millones de dosis de esta farmacéutica.

Sanidad lo ha propuesto a pesar de que, tras un exhaustivo análisis de seguridad, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha aconsejado esta tarde seguir empleándola sin limitaciones de edad específicas. Pero la EMA ha encontrado un “posible vínculo” entre la aplicación de la ahora llamada Vaxzevria (antes, simplemente vacuna COVID-19 AstraZeneca) y unas decenas de casos raros de trombos (entre los casi 18 millones de dosis administradas), y va a incluirlo como “efecto secundario muy raro” en su prospecto. Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la inyección. Aunque, también según la EMA, “no se han confirmado factores de riesgo específicos” y el saldo beneficio-riesgo sigue siendo positivo.

La ministra Carolina Darias, en rueda de prensa, no ha podido asegurar que las personas menores de 60 que han recibido la primera dosis vayan a poder recibir la segunda. El tiempo entre ambas pautas recomendado en España es de 12 semanas y ahora mismo hay 2,1 millones de personas que han recibido la primera (los que hayan pasado la COVID-19 los últimos 6 meses no necesitan la segunda para completar su inmunidad, según la estrategia nacional). La seguridad de la segunda dosis de AstraZeneca en este colectivo es una “posibilidad que hay que valorar”, según la ministra, tanto en la Comisión de Salud Pública como en el ámbito europeo. “Algunos estudios apuntan a darles otra vacuna. Tenemos que esperar”, ha zanjado.

El Consejo Interterritorial en el que debaten cada semana la ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos estaba previsto para primera hora de la tarde, pero ha comenzado finalmente pasadas las 21:00 y ha finalizado al filo de las 23:00. Tanto el Ministerio como las comunidades estaban pendientes de lo que dijera la EMA, y de lo que saliese de la reunión urgente de ministros de Sanidad europeos que se ha celebrado a las 18:00. La Comunidad de Madrid, en un comunicado, ha informado de que se opone a la decisión porque “no está basada en las conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo” (el comité de la EMA), aunque la acatará. Fuentes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) explican que la propuesta que ha llevado Sanidad al Consejo Interterritorial parte de Salud Pública, que tiene en cuenta las recomendaciones de la EMA y, por extensión, de la AEMPS, pero también otras variables, como pueden ser la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica actual.

El gobierno de Bélgica, tras ese encuentro, ha hecho público que la limitaban a los mayores de 55 años; el de Italia, también a los de 60. En España, Castilla y León había suspendido por la mañana cautelarmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 65 años, hasta que se conociese el informe. Ha sido la única comunidad autónoma que ha tomado una decisión unilateral de este tipo. Casi a la vez que se hacía pública la conclusión de la EMA, el comité asesor del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido dar una alternativa a la vacuna de AstraZeneca a menores de 30 años si hay otro suero disponible. La agencia reguladora británica, también casi a la vez, ha dicho, en la línea que la EMA, que los beneficios de Vaxzevria superan los riesgos para “la inmensa mayoría de la gente” y el riesgo de sufrir trombosis sigue siendo muy bajo. La vacuna es de desarrollo anglo-sueco, y el Reino Unido ha basado su exitosa campaña de vacunación desde diciembre en su administración. En ningún momento en el país se ha paralizado la campaña ni total ni parcialmente, y su gobierno siempre ha defendido su seguridad.

La Agencia Europea explicó hace dos semanas, tras un primer análisis, que seguiría evaluando las trombosis cerebrales ‘raras’ en personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, pero que estaba claro que los beneficios eran muchos más que los riesgos. Las alarmas se encendieron este martes, cuando el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el italiano Marco Cavaleri, afirmó en el diario Il Messagero que existe alguna “relación” entre casos raros de trombosis y la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, que se haría pública en las próximas horas.

Alemania, a 30 de marzo, ha informado de 31 casos de estos raros trombos entre los 2,7 millones de personas que han recibido dosis del suero en el país. Es decir, unos 13,7 casos por millón de vacunados. Los Países Bajos hasta el 2 de abril detectaron cinco casos en mujeres de entre 25 y 55 años entre los 400.000 ciudadanos vacunados. Gran Bretaña ha reportado hasta el 24 de marzo 30 casos de los 18,1 millones de personas que recibieron AstraZeneca, según la Agencia Británica Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios. A mediados de marzo, España detectó uno, y a 7 de abril la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha dicho que se han contabilizado doce eventos tromboencefálicos. Lo que se estudia son “trombosis de senos venosos cerebrales”, pero con la particularidad concreta de ir “asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre”, según describió en su momento Lamas.

AstraZeneca estuvo limitada durante semanas en España solo a los menores de 55 años por falta de evidencias en mayores, y dirigida solo a los profesionales considerados esenciales (sanitarios, docentes, bomberos, fuerzas de seguridad y militares). Sanidad suspendió su administración durante unos días a mediados de marzo, a la espera de ese primer informe de la EMA que estableció que había más beneficios que riesgos. Tras reanudar el proceso, amplió la edad a los 65 años. Y actualmente, desde la semana, no hay limite de edad: se está administrando a población general menor de 65 años, y a esenciales de todas las edades.

Continue Reading

España

Autoritarismo del Estado español reprime la libertad de expresión: caso Hásel

Alberto Farfán

Published

on

Por Alberto Farfán

En definitiva, el ominoso encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél por sus canciones críticas al régimen de su país y por las que fue acusado de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, nos obliga a entender por mínimo que sea qué ocurre al respecto en suelo ibérico.

Y para ello, es importante revisar la información que nos proporciona Amnistía Internacional en su sitio web de España (nota del 10/02/21). En dicho sitio nos enteramos de que el Estado español ha firmado diversos tratados internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión, tanto para buscar o recibir como para difundir información o ideas. 

No obstante, en el Código Penal español existe el artículo 578, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo, sin cumplir con normas internacionales en su formulación, y que permite múltiples interpretaciones dependiendo de quién es el sujeto que acusa y quién es la persona acusada. Por ejemplo: en tanto que Hasél es encarcelado, una manifestación pronazi y abiertamente antijudía transcurrió sin mayor problema por esos días.

Más aún, es relevante señalar que ha habido alrededor de 82 españoles condenados por enaltecimiento del terrorismo en el lapso de 2016 a 2020, sobre todo por expresarse en redes sociales a través de mensajes, imágenes, videos, canciones u otros medios propios de ese tipo de formas de comunicación.

Cabe agregar que dentro de los compromisos signados por España con respecto al ejercicio de la libertad de expresión existen algunas limitaciones, considerando el derecho internacional, las cuales deben ser establecidas en la ley de una manera absolutamente clara y accesible, con la única condición de perseguir fines legítimos específicos, como la preservación de la seguridad nacional y el orden público, y proteger los derechos de otras personas en los casos de apología del odio. Además de cumplir con ser manifiestamente necesarias y proporcionales.

En suma, que no se respetan dichas limitaciones, y que fundamentalmente deberían esgrimir los encargados de la administración de la justicia que sólo se penalizará la incitación directa a la violencia. Por esto y lo anterior referido,  “Amnistía Internacional considera que usar el Código Penal (español actual) con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión”.

Por otro lado, es necesario añadir que España ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2011, 2016 y 2018, por aplicar y sentenciar a sus ciudadanos en términos del numeral correspondiente al delito de injurias a la Corona, lo cual se traduce en flagrante violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como bien se desprende, el autoritarismo del Estado español es innegable. Prácticamente no se puede realizar crítica alguna a través de redes sociales o por otros medios a las instituciones gubernamentales, sobre todo por personas y grupos de filiación de izquierda, o por gente común, como tampoco por artistas, cantantes, actores y periodistas. Y todo esto es sumamente cuestionable e inadmisible.

Mientras tanto, Pablo Hasél se encuentra preso. Y ahora le han imputado un nuevo delito, el de obstrucción a la justicia y amenazas, por el cual tendrá que purgar una pena de dos años y medio, que se suma a los nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de 30,000 euros de multa por los delitos arriba señalados. En medio de una serie de muestras de protesta por varias ciudades de España por jóvenes que exigen su libertad inmediata, quienes han sido objeto de violencia desproporcionada por parte de los cuerpos policiacos.

Continue Reading

Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

Published

on

Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

Continue Reading

Trending