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Europeos víctimas de fabricación de culpables en México

Arturo Bargueño Prieto, ciudadano español, cuenta cómo fue víctima de fabricación de culpables en México, y su caso está admitido en la CIDH por tortura y encarcelamiento injusto

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Por Irene Moreno

MADRID, España.- Recientemente, se ha revelado que la fabricación de culpables en México ha sido una práctica común, impulsada desde el Estado, y ha protagonizado los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en este país. Según un informe de Amnistía Internacional (AI), en México las detenciones arbitrarias son cotidianas y muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Las razones que Amnistía Internacional encontró sobre las detenciones cotidianas y arbitrarias de la policía de distintas corporaciones son: la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivadas (de participantes en movimientos sociales o personas defensoras de los derechos humanos) o para sembrar evidencia y así no tener que investigar los delitos que sí se llevan a cabo.

No solo los mexicanos han sido víctimas de fabricación de culpables. El 5 y 6 de noviembre de 2018, se realizó un foro en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga, en el que hubo una audiencia de más de 150 familiares de víctimas. Entre éstos, se destacaron tres casos de ciudadanos europeos que fueron víctimas de autoridades judiciales corruptas, así como del exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, durante la administración de Felipe Calderón, y antes en Gobernación con el expresidente Vicente Fox. Se trata de los casos de la francesa Florence Cassez, quien fue detenida ilegalmente en 2005 y estuvo en prisión siete años falsamente acusada por el delito de secuestro; el vasco Luis Miguel Ipiña, también detenido arbitraria e ilegalmente en 2011 y pasó casi dos años en prisión falsamente acusado de posesión de armas exclusivas del ejército; y el ciudadano español Arturo Bargueño Prieto, detenido en las mismas condiciones en 2006 y pasó seis años en prisión falsamente acusado de narcotráfico

Entérate: Caso Wallace, fabricado desde el Estado: fiscal del Tribunal Internacional de Conciencia

El caso de Arturo Bargueño

Arturo Bargueño Prieto había pasado prácticamente toda su vida en Madrid, pero su afán por viajar y el hecho de tener familia en México lo llevaron a visitar México. Al pasar varios días allí, quedó fascinado por la cultura, la gastronomía y sus bellos parajes que decidió quedarse en Querétaro para montar un negocio de informática.

Su pasión por la música electrónica lo llevaba a visitar con frecuencia el after que estaba enfrente de su local-vivienda. La noche del 9 de abril de 2006, después de estar varias horas escuchando música en el antro, cogió un taxi a las 4:50 am para acompañar a su novia a casa. De repente, un coche Jetta color negro se abalanzó contra el taxista. Del vehículo negro, salieron tres encapuchados, quienes apuntaron con sus armas a Arturo y su acompañante, y les obligaron a salir del auto. Los asaltantes se quitaron los pasamontañas y se dieron a conocer como agentes federales.

En ese momento, Arturo Bargueño fue secuestrado por policías de la Agencia Federal de Investigación, creada por Genaro García Luna, y perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR). A las 5:00 am le llevaron de vuelta al after, donde se estaba efectuando un operativo ilegal en el que participaron más de 20 agentes federales sin que la PGR, con sede en Querétaro, tuviera constancia.

Arturo fue golpeado brutalmente por ocho policías con el fin de quitarle las llaves de su local de informática. Después de conseguir lo que querían, lo metieron a la fuerza en un coche y se lo llevaron del lugar. Eran las 6 am cuando los policías decidieron llevarle de urgencia a la Cruz Roja, debido al grave estado de salud que ya tenía a causa de la paliza que le dieron. 

Tras hacerle varias pruebas, los médicos dictaron su ingreso inmediato en el Hospital General. A las 6:50 am, durante el traslado de Arturo en la ambulancia, unos agentes federales interceptaron el vehículo y les obligaron a cambiar su ruta hacia las instalaciones gubernamentales de la PGR poniendo en peligro de muerte la vida de Arturo.

Su grave estado de salud iba empeorando, por ello, la propia fiscalía dio la orden de traslado de urgencia al Hospital General de Querétaro. El documento oficial del hospital señala como hora de ingreso las 9:25 am del 9 de abril del 2006.

Mientras tanto, en una diligencia con hora 9:30 am del mismo día, un hombre llamado Iván López Sánchez testificaba en la PGR acusando a Arturo de venta de droga y afirmando que le reconocía como culpable porque lo tenía a la vista, algo imposible porque en ese momento estaba siendo atendido en el hospital. Esto demuestra que Iván era un falso testigo.

Después de recibir la atención médica de urgencia, se llevan a Arturo a la cárcel donde es puesto a disposición judicial. Allí ve un cartel que decía: “Usted está en esta zona en calidad de detenido, por lo tanto, tiene derecho a llamar a derechos humanos”. Desesperado, Arturo empezó a gritar que quería hacer una llamada. La primera llamada que hizo fue a derechos humanos, pero en ese momento solo estaba el vigilante y no fue de ayuda.

Arturo sufrió una cadena de violaciones de derechos humanos. Fue privado de su libertad, detenido arbitraria e ilegalmente, no se le leyeron sus derechos y no supo de qué se le acusaba hasta que llegó al juzgado. Los federales tenían la obligación de avisar de la situación a la embajada, pero la notificación nunca llegó a las autoridades españolas. Además, el supuesto culpable tuvo que declarar ante un juez sin el asesoramiento de un abogado.

Según Amnistía Internacional, cualquier persona detenida tiene una serie de derechos para protegerla de abusos. Entre ellos, el ser informada inmediatamente y con detalle del motivo de la detención y de los derechos que la asisten, poder contar con asesoría y representación legal desde que ocurre el arresto, y poder informar a su familia o allegados de su situación. 

Asimismo, bajo derecho nacional e internacional, debe conocer qué autoridad la está privando de su libertad, y su detención debe quedar inmediatamente registrada. Estos derechos no siempre son respetados por las y los agentes de policía en México.

Consecuencias de la fabricación de culpa

Mientras estaba declarando, Arturo perdió el conocimiento debido a su grave estado de salud y lo ingresaron en el hospital. En ese momento ya sabía de qué se le acusaba, pero no tenía conocimiento de su sentencia. Una de las veces que fue un funcionario a llevarle un documento que tenía que firmar, Bargueño aprovechó para preguntarle que a cuántos años se le podía condenar. Entonces, se le informó de que la sentencia sería por encima de los 50 años.

 “Quise ahorcarme, pero cuando iba a hacerlo pensé que si no salía bien me podría quedar inválido y eso iba a ser peor”: Arturo Bargueño

Lo primero que hizo fue mirar la sábana que tenía en la clínica y desear morir, pero se dio cuenta de que ésa no era la solución. Entonces, decidió enfocar todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia. Habló con el subdirector del penal y le pidió que le dieran una Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y empezó a estudiar las leyes del país. 

En México, el acusado tiene la opción de dirigir su propia defensa, aunque no tenga conocimiento en Derecho. Arturo decidió hacerse cargo de su defensa judicial, después de que por años sus abogados mostraran una contundente negligencia y cobraran cantidades importantes por sus honorarios a la familia Burgueño. Así, Arturo empezó a solicitar pruebas, presentar apelaciones y derechos de amparo. Pero no solo se encargó de su alegato, si no que ayudó a redactar escritos a otros reclusos que también estaban pasando por una situación de fabricación de culpables.

En la cárcel, se hizo amigo de algunos prisioneros y policías. Muchos le preguntaban que porqué estudiaba las leyes del país si iba a salir con los pies por delante. Arturo respondía: “Pues saldré con los pies por delante con la sonrisa de oreja a oreja porque me moriré luchando contra ustedes. Tengo dos opciones: rendirme o salir adelante y yo prefiero salir adelante”.

Estuvo en prisión preventiva durante 5 años, 11 meses y 13 días, durante los cuáles fue sometido a todo tipo de tortura, tanto física como psicológica. Las condiciones en la cárcel eran muy adversas, señala. Era una prisión con capacidad para 900 personas, pero había más de 2000 presos. 

Arturo explica que las celdas estaban diseñadas para cuatro reclusos, pero solían haber más. No tenían camas. En su lugar habían piedras rectangulares y les daban una espuma llena de bichos para ponerla encima, pero cada vez que compraba su piedra, le cambiaban de celda. Y la comida siempre escaseaba. 

“He visto morir mucha gente enfrente de mi celda, algunos porque no recibían los cuidados médicos que necesitaban y otros porque se suicidaban”

Durante su estancia en la cárcel, le trataron psicólogos y psiquiatras, los cuáles querían hacerle pensar que su testimonio era falso e insistían en que no había sido secuestrado en la ambulancia y le aseguraban que todo había sido una alucinación suya. Tanta era la manipulación de los servidores públicos, que Arturo llegó a dudar de su versión, pero siguió investigando por su cuenta. Solicitó al juez que pidiera los documentos oficiales que acreditaban su atención médica en la Cruz Roja y su traslado en ambulancia y consiguió los papeles que verificaban su argumento.

El problema de la impunidad

La víctima detalla que hay más de 30 autoridades implicadas en esta maquinación policial. Y asegura que la mayor parte de los cargos que firmaron los documentos para su detención y falsificación de pruebas no eran conscientes de lo que estaban aprobando. “Han firmado por hacer favores. Han firmado porque nunca pensaron que una persona se pusiese a investigar dentro de la cárcel y buscara él sólo la pruebas, porque están acostumbrados a que nunca pase nada”, asegura Bargueño

Amnistía Internacional explica que cuando la policía deja a la persona detenida en custodia de otra autoridad, como el Ministerio Público, está obligada legalmente a entregar un informe con suficiente información para determinar las razones y circunstancias de la detención.

Sin embargo, estos documentos suelen tener errores sustanciales, hechos falsos y otros problemas serios, como el que no siempre son elaborados y firmados por quienes realmente participaron en la detención, tal como lo ordena la ley mexicana, sino por otras personas que no tuvieron participación en el arresto.

El 99% de los delitos en México queda impune. Este alto indice de impunidad en México promueve que, cada vez con más frecuencia, agentes federales participen en detenciones ilegales, creación de pruebas falsas con testigos fantasma o coaccionados, secuestros, tortura y encarcelamiento injusto. 

A pesar de su buena disposición por encontrar pruebas que demostraban su inocencia, Arturo Bargueño pasó seis años en la cárcel. Llevó a cabo una apelación aportando todas las pruebas que le declaraban inocente, pero se negaron a comprobar los documentos. Tras cumplir la condena por sus supuestos delitos, fue puesto en libertad. A la fecha, aún no han sido revisados los documentos que aportó. Por ello, su caso está a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Te puede interesar: Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

Nuevas agresiones de la autoridad

Una vez en libertad, Arturo quiso demostrar su inocencia y se quedó un par de años a investigar puntualmente su caso. Sin embargo, cuando más evidencias recolectaba fue víctima de secuestro en grado tentativa por autoridades. Por eso, decidió volver a España. Llegó psicológicamente muy afectado y le diagnosticaron un alto estrés postraumático. Tras lo vivido, a Arturo le cuesta mucho confiar en la gente. No puede dormir porque le vienen todos esos recuerdos a la mente y tiene una necesidad constante de aprender más leyes. Su cuerpo sufre de dolores intensos como secuela de las torturas y el largo tiempo que pasó esposado con los brazos hacia atrás.

“Por mucha justicia que se haga los daños psicológicos que tengo y los seis años que pasé en la cárcel son irreparables”

Después de muchos años de sufrimiento, Arturo intentó empezar una nueva vida en su país de origen como autónomo haciendo reparaciones informáticas. Había mucha competencia en ese campo y el negocio no le daba suficientes beneficios así que cambió de trabajo. Primero fue operador telefónico y más tarde comercial para Prosegur. En esta última empresa fue despedido por tener su página web, en la que explica a detalle su caso judicial en México y demuestra su inocencia ante este suceso. Ahora está esperando la sentencia tras solicitar su invalidez. 

Arturo ha aprendido que al final del precipicio siempre encuentra un camino, que siempre se puede cambiar. Esta terrible situación de violación de derechos humanos le ha servido para ver la vida de otra manera, dice. “A pesar de todo, me ha quedado algo bueno: la persona en quien me he convertido a través de la lucha por mi libertad”.

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Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

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Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

Por Sandra Vicente/eldiario.es

Svetlana Sokova jamás pensó que huiría de San Petersburgo para acabar exiliada en Segur de Calafell (Tarragona) con acusaciones por terrorismo, extremismo e incitación a la violencia a sus espaldas. Todo empezó con la compra de un piso en Rusia que una jueza anuló, argumentando que era una adquisición fraudulenta, después de haber sido sobornada por la esposa del propietario. Sokova lo explicó todo en Youtube, convirtiéndose en viral, y acabó descubriendo que no era la única a quien le había pasado. Las redes fueron su altavoz y se tornó la cara visible de centenares de casos como el suyo.

El resultado han sido más de 20.000 seguidores en Youtube y 80.000 en TikTok. Pero el Kremlin no reaccionó bien a las críticas y le ha cerrado las cuentas en repetidas ocasiones. Los equipos jurídicos de Youtube pidieron a Sokova, a través de unos mails a los que ha tenido acceso elDiario.es, que retirara sus vídeos a petición del Roskomnandzor, la agencia de censura de Rusia. Pero ella no lo ha hecho y sigue con una denuncia que le ha valido presiones que, según afirma, se han recrudecido desde la invasión de Ucrania.

Para entender más sobre el tema: Imágenes satelitales muestran aviones de combate de Rusia destrozados tras el ataque a la base aérea de Crimea

 

¿Cómo es que una jueza le quitó un piso que había comprado?

En 2017 mi marido, mis dos hijos y yo vivíamos en una habitación de San Petersburgo y estábamos ahorrando para independizarnos. Gracias al dinero que nos prestó nuestra familia, compramos un piso. Pero en tres meses, nos llegó una orden judicial diciéndonos que el piso no nos pertenecía. Resultó que la mujer del propietario, que murió poco después de la venta, había reclamado el piso. El padrastro de mi marido nos representó como abogado y un día se encontró con la jueza en los pasillos: le dijo que para que nos devolvieran el piso, teníamos que pagar más dinero que el que le había dado aquella mujer. No lo hicimos, porque no quisimos pagar dos veces por el mismo piso y porque tampoco teníamos más dinero.

¿Aquí es donde comienza su carrera como influencer?

Expliqué nuestro caso en Youtube. Mucha gente me empezó a escribir para explicarme casos de corrupción parecidos que les habían sucedido y no dejé jamás de darles voz, a pesar de las amenazas que recibía.

¿Quién te amenazaba Svetlana Sokova y cómo?

Venían a nuestra casa, nos decían que la quemarían con nosotros dentro, nos amenazaban de muerte. Eran personas de paisano y, a veces, policías que seguramente se quedaron una parte del soborno. La cosa se empezó a poner muy peligrosa y comenzamos a tener miedo de verdad así que, como mi marido había estado en España hacía poco y tenía el visado abierto, decidimos aprovecharlo para salir de Rusia hasta que las cosas se calmaran. Al día siguiente de llegar, nos llamó un amigo para contarnos que alguien había entrado en nuestro piso y se lo había llevado todo. Vimos que lo tendríamos muy difícil para poder volver.

El editor recomienda: Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

 

Usted ha seguido publicando en redes sociales. ¿Han seguido también las amenazas?

Sí. Es imposible vivir así: nos envían correos electrónicos, me atacan por redes sociales e, incluso, han encontrado mi teléfono español. Nos amenazan de muerte. Vivimos con miedo y estrés constante. Cuando escuchamos un coche que se acerca, nos asustamos. Mi marido tiene siempre una herramienta pesada al lado de la cama, por si acaso, para protegernos. Putin ya ha matado a muchos activistas, políticos y periodistas disidentes.

¿Cree que estas amenazas podrían cumplirse, a pesar de estar en España?

Putin tiene las manos muy largas y puede llegar aquí. Hay muchos casos de gente muerta en el extranjero. Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen. Ha envenenado al pueblo de Rusia con tantas mentiras, que ahora viven engañados y aterrorizados a partes iguales.

Sus vídeos le han valido acusaciones de terrorismo, extremismo, incitación a la violencia y al cambio de régimen.

Siguen muy de cerca todas mis redes sociales. Cada vez que publico algo, añaden más cosas al caso. Mi abogado me dice que, si vuelvo a Rusia, tengo la cadena perpetua asegurada. Pero yo sigo hablando, es mi deber hablar, porque nos están matando. Cada día meten a gente en la cárcel por decir la verdad y, mientras viva, no callaré.

 

***

Fuente: eldiario.es

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España

Congreso de España aprueba Ley de Memoria Democrática que declara ilegal el régimen franquista

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Congreso España

La ley ha sido aprobada con 166 votos a favor, 153 votos en contra y 14 abstenciones

Por Isabel García

«Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática».

Así reza el artículo 1.3 del Título Preliminar de la Ley de Memoria Democrática.

El texto fue aprobado este jueves, 14 de julio, por el pleno del Congreso de los Diputados. La ley obtuvo 166 votos a favor, 153 votos en contra de las derechas y 14 abstenciones del grupo de ERC.

Condena al franquismo

La nueva ley condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura declarando ilegal el régimen franquista.

También refleja de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas y en consecuencia declara la nulidad de todas sus resoluciones y condenas.

Asimismo retira 33 títulos nobiliarios otorgados por el régimen franquista.

El periodo temporal que abarca la norma va desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución española. Pero gracias al acuerdo alcanzado con Bildu se ha incluido en la disposición adicional la ampliación del periodo hasta el 31 de diciembre de 1983, que posibilitará el “reconocimiento y reparación de trabajadores y estudiantes que lucharon por la consolidación de la democracia” según ha recordado el diputado socialista Valentín García Gómez durante su intervención en el pleno del Congreso.

Derecho internacional

Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la ley recoge los principios del derecho humanitario internacional en base a una enmienda del PSOE y Unidas Podemos señalando que:

«Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Fosas franquistas

La norma mandata el deber del Estado en la exhumación de las fosas franquistas. España sigue siendo el país europeo con mayor número de desaparecidos por actos de violencia. Se creará un censo de víctimas, un banco de ADN para las identificaciones y un plan anual de exhumaciones. Además se garantiza el acceso a los archivos públicos y privados.

El Valle de los Caídos pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros como lugar de recuerdo y se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. También extinguirá a fundaciones que ensalcen el franquismo y humillen a las víctimas.

Día de las víctimas

La ley declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio.

El texto hace una mención especial a la memoria democrática de las mujeres, al reconocer el “papel activo” de las mismas “como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad”.

La ley otorga la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron la suya, a los hijos de quienes hoy son españoles por la ‘ley de Memoria’ de 2007, en base a una iniciativa promovida por la senadora Sara Vila.

En su trámite parlamentario se han incorporado a la ley un total de55 enmiendas, de Bildu, el PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

La norma que debe pasar ahora su trámite en el Senado sale adelante un año después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros con la ya exvicepresidenta Carmen Calvo como su principal impulsora. En octubre de 2021, la cámara baja aprobó su toma en consideración, pero quedó aparcada ante la falta de apoyos.

Texto completo de la ley

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Fuente: nuevatribuna.es

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España

La Transición Española, con víctimas sin reconocer ‘debidamente’ desde 1978

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Ascon

 

  • El 21 de abril de 1978, Elvira Parcero Rodríguez, muerta por las lesiones producidas en un vehículo de carga de la Policía Armada en Vigo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo.

Y los impunes con su águila negra,
con su uniforme de lápidas,
pudriendo el futuro con su mano dura

Silvia Delgado

Por Angelo Nero

Se llamaba Elvira Parcero Rodríguez, tenía solo veintiún años, y fue otra de las víctimas, no debidamente reconocida y recordada, de la Transición Sangrienta. Falleció tras las gravísimas lesiones producidas, durante una carga efectuada por la Policía Armada, que disolvía una manifestación de trabajadores de Ascón, en Vigo, el 11 de abril de 1978, empleando abundante material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo.

“Ciento ochenta y cuatro días después de haberse iniciado el conflicto de Ascon, éste aparece absolutamente podrido. El comité de huelga, apoyado por USO y la Intersindical Nacional Galega (ING), no controla la situación en la calle, donde se registran incidentes a diario, ni ha sido capaz de encontrar una alternativa. CCOO y UGT, minoritarias en las factorías, no han podido imponer la salida negociada que vienen defendiendo hace tiempo, ni han demostrado suficiente capacidad de convocatoria para controlar la situación.” Escribía en su crónica para El País, el periodista Gerardo González Martínez, sobre la huelga de Ascón. Antes que periodista había sido diputado autonómico de UCD, y después asesor del PP en tiempos de Fraga. Todo una muestra de periodismo objetivo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo. Y así hasta hoy, en que el sector naval, especialmente en las comarcas de Vigo y Ferrol, viven su, quizás, última y definitiva crisis. Pero volvamos a las calles de aquel Vigo del 78, donde la huelga de Ascón llegaría a prolongarse durante ocho meses.

Entonces se sucedían las manifestaciones, el bloqueo del ferrocarril, la ocupación de centros oficiales, que eran respondidas con la máxima dureza por las fuerzas policiales bajo el mando del gobernador civil de Pontevedra, Faustino Ramos, último presidente del Sindicato Nacional de Información de la Organización Sindical franquista. En una de estas manifestaciones, en la calle José Antonio, es apaleada por la policía Elvira Parcero, que ingresa en estado crítico en la residencia Almirante Vierna. Diez días después, el 21 de abril, fallece a consecuencia de un derrame cerebral provocado por los golpes recibidos por la policía.

La agencia EFE recogía así la noticia de su entierro: “Unas mil quinientas personas han asistido hoy al entierro de la joven Elvira Parcero Rodríguez, de 21 años, fallecida ayer en la residencia Almirante Vierna. La joven fue recogida sin conocimiento en el transcurso de una manifestación de los trabajadores de «Ascón», aunque según ha revelado la autopsia, las causas de su muerte han sido naturales, ya que su cuerpo no presentaba ningún signo de violencia.”

El conflicto de Ascón dejó muchas víctimas, Elvira no fue la única, aunque, como ella todas fueron olvidadas. Acabada la huelga, la empresa no dejó de destruir puestos de trabajo, hasta que el gobierno del PSOE, al albor de la reconversión industrial, el 1 de marzo de 1984, decretó el fin de su actividad productiva. Esto generó, tal como recoge la Asociación Universitaria Elvira Parcero, formada en la Facultad de Xeografía e Historia da USC: “Unos años de angustia e incertidumbre que se traducen en un elevado número de divorcios, depresiones nerviosas, afecciones cardiacas y muertes prematuras entre los trabajadores del astillero. Muchos de esos trabajadores fueron atendidos en hospitales psiquiátricos mediante un convenio amistoso conseguido por el comité de empresa con la Diputación Provincial, ya que en la Seguridad Social no contemplaba este tipo de tratamiento.”

El 1 de febrero de 1985, un año después de que el gobierno socialista decreta el fin de Ascón, el diario El País, recogía la noticia de una nueva víctima de la reconversión: “Un trabajador de los astilleros Ascon, Cándido Otero Collazo, apareció ayer ahorcado en la casa de una hermana suya, en la parroquia viguesa de Teis. Otero Collazo, que tenía 44 años, estaba casado y era padre de dos hijos, de 13 y 7 años, fue encontrado con una soga al cuello que había sido previamente sujeta a un listón de hierro, informa Efe. En un bolsillo de la víctima fue encontrada una nota en la que el trabajador señala que había tomado la determinación debido a los problemas por los que atraviesa su empresa.”

Fuente: Asamblea Leganés por la República

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