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Con voz propia

Fiscal ético reporta a poderes públicos sobre el falso caso Wallace

Ante la petición de voz de la acusada Isabel Miranda Torres ante el Tribunal Internacional de Conciencia, la fiscal del caso Wallace responde con un informe a los poderes públicos de México

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Al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador

Al Poder Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión

Al Poder Judicial de la Federación

Al Pueblo de México

 

El 18 de agosto de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y periodistas, realizamos una jornada ética en la Ciudad de México, organizada a través del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En este espacio cívico-ético presentamos ante un honorable jurado, para definición y sentencia de casos graves de violaciones de derechos humanos, que durante los últimos años se han cometido en nuestro país, y que han sido ignorados por los representantes de las instituciones de justicia formal del Estado mexicano.

En estos trabajos, tuve el honor de ser invitada a participar en calidad de fiscal ético para exponer uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia en México: El caso Wallace. Creado con el apoyo de autoridades judiciales, el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres, mantiene en prisión a siete personas a las que se les violaron su derecho a la presunción de inocencia, y que han sido sistemáticamente torturadas en un lapso de 12 años por agentes ministeriales de SEIDO-PGR bajo órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima; han sido encarceladas injustamente 12 personas, incluyendo la defensa de los falsamente inculpados; y se han perpetrado 11 detenciones de manera arbitraria e ilegal, de las cuales en cuatro de estas detenciones, Isabel Miranda Torres participó directamente con tortura.

Durante varios años de investigación periodística independiente, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Envero, hemos presentado evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda/Hugo Alberto Miranda Torres, desde el 20 de julio y 1 de noviembre de 2005 hasta la fecha, y por ello hemos sido amenazados de muerte, hostigados y calumniados en medios de comunicación y redes sociales por la misma Isabel Miranda Torres, quien insiste en mantener la fabricación del hijo muerto. En mi caso, ha habido dos intentos de secuestro por falsos agentes ministeriales, enviados a detenerme con documentación falsa, en una flagrante usurpación de funciones, con el argumento de “haber dado una versión diferente a la oficial”. Incluso, el mismo día de la audiencia del Tribunal Internacional de Conciencia, 18 de agosto, recibí una amenaza de muerte vía telefónica.

Hemos emprendido acciones judiciales como demandas por daño moral y personal, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, han sido obstaculizadas, postergadas, desestimadas o los representantes judiciales y abogados han sido corrompidos para favorecer a Isabel Miranda Torres.

Por décadas, la fabricación de culpables ha fracturado profundamente el Estado de derecho en nuestro país, y ha corrompido las instancias de procuración de justicia convirtiéndolas en espacios de tortura, violación y encarcelamiento injusto. Isabel Miranda Torres ha intervenido en estas fabricaciones desde 2001, al amparo de funcionarios públicos dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y en la Secretaría de Seguridad pública federal, desde 2006, con el apoyo del exsecretario Genaro García Luna, quien destacó por la fabricación de secuestros y rescates con montajes televisivos para simular su eficiencia.

En mi calidad de fiscal ético del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento respondo de manera pública a la interferencia –fuera de todo lugar– de Isabel Miranda Torres, quien pidió participar en este espacio cívico-ético investigando el domicilio particular del presidente del jurado y enviándole “su expediente” con una comunicación intimidatoria que adjunto al final de este documento:

En primer lugar, Isabel Miranda Torres no tiene derecho a dirigirse al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en calidad de víctima, porque está siendo denunciada como victimaria de tortura y violación, que de manera sistemática ha cometido contra siete personas que padecen el encarcelamiento injusto desde 2006 para mantener la fabricación del caso Wallace. El lugar que ella sólo puede tener en este tribunal ético es el de «ACUSADA», el mismo que ignoró en el momento en que se dio a conocer la realización del tribunal.

De acuerdo con las fuentes testimoniales y psicólogos que han practicado diversos protocolos a las víctimas, Isabel Miranda Torres ha promovido la violencia sexual como forma de tortura utilizando a las autoridades judiciales para perpetrar sistemáticamente este crimen de lesa humanidad, estipulado en el Estatuto de Roma, suscrito por México, el 7 de septiembre del 2000, y ratificado el 28 de octubre de 2005, tan sólo tres meses después de que se fabricara el vergonzoso el caso Wallace.

En la alusión de Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia para que no facilite el espacio “a personas que vienen a hacer afirmaciones y acusaciones sin sustento alguno, atacando y difamando a las verdaderas víctimas del delito”, es precisamente lo que estamos haciendo: evitar que personas de su calidad moral que, sin sustento y sin evidencias científicas ni jurídicas, continúe inculpando a personas inocentes con la complicidad judicial, y pretenda utilizar espacios ético-ciudadanos para legitimar estos crímenes. Ella es el caso más representativo de lo mismo que acusa.

La insolencia de Isabel Miranda Torres dirigida a deshonrar a los miembros de este tribunal cívico-ético, a todas luces, inadmisible, sostiene que no nos hemos “tomado la molestia en constatar a qué personas les prestan el foro, mismas que cuestionan casos que moralmente y jurídicamente están sustentados”. Con esta actitud, intenta pasar por alto el compromiso ético-moral de cada uno de los miembros del tribunal que, desde diferentes países, ofrecimos voluntariamente nuestro tiempo y recursos para promover la verdad y la justicia en México en casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Wallace, entre otros, donde el Estado ha sido cómplice y actor de estos crímenes.

La falsedad del caso Wallace se derrumba desde el momento en que presentamos evidencias de vida de su hijo, quien se resiste a desaparecer. Cada uno de los alegatos de Isabel Miranda Torres sobre el supuesto crimen ha sido respondido oportunamente con evidencias documentales, instrumentales de actuaciones, pruebas periciales, videográficas, gráficas, y testimoniales y análisis jurídicos, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de solicitarse la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia, misma que se negó sin mayor justificación. De esta manera, se evidencia una vez más que ministros y jueces son parte de la profunda fractura del Estado de derecho, y han corrompido la justicia al otorgar el trato preferencial a quien ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad, además de secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos, amenazas, calumnias, y perjurio.

En este contexto, cuando Isabel Miranda Torres se presenta ante este tribunal ético como coadyuvante del Agente del Ministerio Público de la Federación, corrobora contundentemente nuestra denuncia pública, en la que revelamos a sus agentes ministeriales torturadores, entre éstos, a los MP Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, plenamente identificados por sus víctimas. Y ante la falacia de que la defensa de las víctimas “ha presentado infinidad de recursos de apelación, recursos de revocación, juicios de amparo, recursos de revisión… se acredita plenamente su acceso a la justicia”, le respondo recordándole las condiciones en las que mantiene a sus víctimas, gracias a su tráfico de influencias y corrupcion de autoridades judiciales y directores de penales.

Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y violencia sexual dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y el penal de Islas Marías, adonde la trasladaron ilegalmente los agentes mencionados de la SEIDO, 11 años en prisión sin sentencia; Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y violencia sexual, 8 años en prisión sin sentencia; Jael Malangón Uscanga, sobreviviente de tortura y ciego a causa de éstas, 12 años en prisión sin sentencia; falsamente acusados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Otras cuatro personas torturadas con las mismas características de violencia son: Juan Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Antonio y Albert Castillo Cruz, 12 años en prisión, sentenciados a más de cien años de cárcel, por presión pública a los jueces de parte de Isabel Miranda Torres. Pregunto: ¿A qué justicia se refiere la victimaria?

Por último, respondo a una alusión personal de Isabel Miranda Torres respecto a mi “profesionalismo y humanismo”, y por lo que me llama “seudo periodista”. Informo a México que cuento con estudios de doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y dos maestrías, una en Periodismo, en la Autónoma de Madrid en el programa del diario internacional El País, donde hice además mis prácticas, y mi segunda maestría es en Psicología, por la Universidad Sofía, en Palo Alto California. Cuento con licencia como docente en México (cédula profesional) y en Estados Unidos. En cambio, Isabel Miranda Torres se anuncia en Wikipedia como pedagoga, pero no hay registro alguno de sus estudios profesionales ni tiene cédula profesional. Es una persona que al haber participado directamente en la tortura y la detención arbitraria de las víctimas muestra una falta de piedad instintiva que todo ser humano experimenta ante el sufrimiento físico de otra persona. La mentira, la ignorancia y la crueldad han sido constantes en la vida de esta mujer que ha acumulado poder político y económico por la corrupción de los representantes del Estado mexicano. 

¿A cuenta de qué el Estado la sigue protegiendo y fomentando su impunidad? 

El Tribunal Internacional de Conciencia no es ninguna institución judicial del Estado. Existe, se funda, con un carácter estrictamente ético e independiente, con el único propósito de que se sepa la verdad y que la justicia sea una esperanza para las verdaderas víctimas ante la comunidad internacional de derechos humanos e instancias afines. En el juicio ético sobre la falsedad del caso Wallace quedó claro que Isabel Miranda Torres no es ningún ser todopoderoso, ni se trata de un caso aislado en el que ella pudo ajusticiar a una “banda de secuestradores” por su propia mano. No. El falso caso Wallace es un caso armado desde el Estado, con la complicidad de las autoridades judiciales y el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, que hicieron, juntos, del sufrimiento físico y moral de las víctimas un espectáculo político y mediático, propio de un Estado totalitario.  

El falso caso Wallace ha costado a México una corrupción descomunal en todos los niveles de servidores públicos implicados, desde médicos forenses que se prestaron a expedir un acta de defunción sin cuerpo presente a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, hasta jueces que -sin tener competencia en la causa- se han prestado a realizar acciones judiciales en detrimento de las víctimas, como traslados ilegales a penales donde se les tortura o reciben golpizas pagadas por Isabel Miranda Torres. Como consecuencia de todo ello, padecemos la profunda fractura del Estado de derecho, un mal público que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos.

Por lo anterior, Isabel Miranda Torres no tiene cabida en este tribunal ético; a menos que sea como acusada, reitero, y que responda de manera pública y abierta a cada una de sus víctimas, directas e indirectas, por el daño ocasionado.

Por el bien de México hago público esta consideración.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y Periodista Independiente
Fundadora de Los Ángeles Press

 

Documentos presentados por Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia

 

Con voz propia

Nueva York en la pandemia: Un cónsul de batalla

Francisco Ramírez

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Por Francisco Ramírez

A poco más de un año de la pandemia, entre desolación, muerte y tristeza en la ciudad de Nueva York, se podrían rescatar varios puntos positivos y favorables. Para muchos, la pandemia nos tocó las fibras más profundas del humanismo, y entre periodos de tragedia y zozobra, fue el amor al próximo, la hermandad, la buena fe y el corazón, a través de la comunidad mexicana migrante activa para hacerle frente a la crisis. Y es que las autoridades de Estados Unidos y de México nos dejaron a la deriva. Sí, descobijados.

Pero vimos desfilar –multiplicándose y hasta la fecha– a diferentes grupos e individuos recaudando ropa, medicina y víveres para darles a los más necesitados, a quienes estaban desprotegidos y eran los más afectados del área triestatal de Nueva York, que incluye Connecticut y Nueva Jersey. Lo hicieron sin esperar nada a cambio, un trabajo solidario, de apoyo a la comunidad a la que pertenecen. Bajo estas acciones se apostó a la humanidad sin bandera, color, religión o partido político.

En este contexto, se dio por primera vez un hecho histórico en la ciudad de Nueva York: la interacción y el trabajo en unidad entre consulado y comunidad. Tuvo lugar en el denominado Caracol Brunswick, en Brooklyn, y la historia se tejió de manera única y peculiar, primero por medio del acercamiento de la cónsul de Asuntos políticos, Ana Flores. Después, se tuvo la presencia física del cónsul general Jorge Islas López para escuchar y discutir la situación de aquejaba a la comunidad.

El diálogo surgió directo, honesto y consciente, y se lograron acuerdos de buena voluntad para el beneficio de nuestra comunidad de migrantes. Acuerdos que se han cumplido puntalmente transformando en hechos esas palabras. El primero de éstos, por urgencia, fue de manera literal por manos del propio cónsul y su equipo, la entrega de 100 despensas la comunidad. También se acordó apoyar semanalmente con el refrigerador comunitario ubicado en el mismo barrio de Bushwick, y lo último será concretado este verano, con la lectura de cuentos para niños en la banca librería urbana.

Con el espíritu de catedrático que no lo abandona, el cónsul está comprometido en fomentar la lectura para los niños, y darle cabida a la cultura en el futuro de la humanidad. El acercamiento y trabajo del cónsul Jorge Islas fue replicado en otras comunidades y con diversos compañeros que tienen liderazgo y relevancia, como Felipe Santos en Poughkeepsie, Nueva York, Erika Velázquez en Connecticut, Aracely Mendoza en Newburgh, y otros líderes más en Nueva Jersey.

El doctor Jorge Islas nos demostró que no es un cónsul de escritorio, escondido en la burocracia gubernamental. Hasta ahora ha sido un cónsul de batalla, que da la cara en medio de la crisis.
Con opiniones adversas, críticas, y con actitudes a veces ásperas en diferentes reuniones, medios y redes se logró que –por primera vez– el titular del Consulado mexicano volteara a vernos a los migrantes y a nuestras familias, y pusiera atención y acción a la problemática que enfrentamos.

Entre comunidad y consulado, a manera terapéutica y obedeciendo este proceso, primeramente, se tuvieron que hacer críticas por parte de algunos de nosotros como parte de la comunidad. Entre éstas críticas, el que estaba siendo nula la intervención del consulado durante el primer mes y medio de la pandemia, los momentos más críticos y difíciles del Coronavirus en la historia mundial. Posteriormente, se hablaron los descontentos y luego –en sano diálogo– se pusieron las ideas y propuestas en la mesa para llevarlas a hechos concretos que hoy ya son reales y palpables.

Cabe señalar que las críticas y protestas se tenían que señalar al consulado, ya que no tenemos otro lugar dónde hacerlo, es nuestra representación y gobierno inmediato. Pero sobre todo nuestra comunicación más directa con los responsables principales que están en México, desde donde se toman las decisiones y que muchas veces no saben nada de la forma de vivir del migrante ni de sus necesidades y a veces nos perjudiquen.

Nadie se esperaba esta crisis como bien lo señaló el cónsul en una de las conversaciones con la comunidad. Los recursos que se tenían que destinar para la ayuda a los connacionales no los había. Ésa es la razón principal del ausentismo que no solo ocurrió con el gobierno de México, si no con el de Estados Unidos también, y así fue con todos los gobiernos del mundo, ya que crudamente en lo que menos se piensa es prever un desastre a la sociedad civil; los ciudadanos somos los últimos en ser tomados en cuenta en la agenda del gobierno, y no se le dedica tiempo y esfuerzo a planear ayuda o a diseñar estrategias para hacerle frente a una desgracia de esta magnitud.

Un trabajo de valientes

En muchos años como comunidad migrante hemos visto el trabajo de varios cónsules y, desafortunadamente, muchos de ellos fueron cónsules de escritorio que pasaron a la historia desapercibidos. Pocos se escapan a esta descripción, y un ejemplo de excepción fue el cónsul Carlos M. Sada, buen servidor público, pero gestionó sin pandemia.

Hoy damos reconocimiento a su trabajo, y también compartimos su visión con sus propias palabras al decir que este trabajo es de valientes, por eso decimos que el cónsul Jorge Islas se ha ganado a pulso este adjetivo. Su trabajo en el campo de batalla y con la comunidad es que lo hemos visto, empaparse de la situación y poner en riesgo su salud, integridad física y moral, ya que se ha expuesto a contraer coronavirus, deterioro físico y también ha sido víctima injustamente de despiadados ataques verbales sin sentido y por grupos y personas malsanas, plenamente identificados que bajo grilla traen una agenda propia pero que son incapaces a abrirse al sano diálogo o, mucho menos, poner en la mesa una solución para todos. Lo más que han propuesto es la irracional medida de remover a todos los trabajadores y consulares de la institución en Nueva York.

También acusan al cónsul de situaciones que no le competen por sus facultades de funcionario consular, por ejemplo, culparlo de que las citas son insuficientes y que el Call center es obsoleto y no funciona. Temas que son directamente responsabilidad de los funcionarios y del sistema en México. Otra acusación es que no toma acciones como activista en la reciente muerte del joven mexicano repartidor de comida, asesinado a balazos de manera cobarde y ruin, y tan absurdo como casi casi acusarlo de no intervenir para impedir ese crimen.

Para los que nos hemos dado la oportunidad de escuchar y tratar al cónsul Islas, en esa interacción nos podemos dar cuenta de sus virtudes, y unas de ellas destacable es su educación académica y su humanismo, su sabiduría y temple en emociones ya que jamás se ha alterado o quebrantado, pese a las críticas, gritos violentos y reclamos que se le han hecho muchas veces sin responsabilidad.

Y es que su formación profesional viene de las filas del activismo de los derechos civiles, de la lucha por la educación y los derechos humanos.
Las estadísticas generales durante la pandemia en su gestión dan testimonio de su trabajo a favor de la comunidad. Siendo uno de los consulados en toda la ciudad de NY y USA que más ha estado activamente al frente para apoyar personalmente a los connacionales.

En conclusión, como dato histórico, este ejemplo de trabajo en equipo entre institución y comunidad quedará como registro en la historia en todos los consulados de los Estados Unidos, más ahora por la situación de la pandemia.

Quien escribe es un migrante albañil, con casi 30 años en NY, considerado por muchos radical y uno de los más contundentes críticos del sistema. Jamás vendido, incorruptible e insobornable.

Francisco Ramírez
Caracol Bushwick
Brooklyn NY
13 Abril 2021

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Con voz propia

Jorge Hank Rhon y Julián Leyzaola, una mancuerna electoral de terror en Baja California

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Por Kristian Camarena-Sánchez

Desde los nazis de hace 80 años, en los tribunales internacionales hay algo que no se perdona: la tortura. Y en pleno 2021, Julián Leyzaola y el Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja California no lo han entendido, y se empeñan en que el exmilitar debe ser candidato a alcalde y acompañar a Jorge Hank Rhon en la Campaña Electoral de este año.

Lo cierto es que esto no sólo radica en el empeño del PES y de Leyzaola, sino también en el de Jorge Hank, quien sigue considerando que el exmilitar en retiro y prófugo de la justicia debe ser su candidato a la alcaldía de Tijuana.

Tan es así, que ayer en su acto de campaña en el Estadio Caliente, aplaudió la presencia de Juliana Leyzaola, la hija del ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana que lleva casi 10 meses sin dar la cara porque lo detiene la policía.

“Le tienen miedo”, dijo Hank Rhon, mientras juntaba los cinco dedos en señal de cuchi cuchi.

Hace unos días el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó que la Carta de Residencia no es el único formato para que los candidatos demuestren que viven en la ciudad y se puedan registrar para la Alcaldía.

Los aplaudidores incomprensibles de Julián Leyzaola modificaron las cosas y viralizaron que éste no necesitaba la Carta de Residencia, pero sin mencionar que cualquiera de los otros medios también requiere la presencia del exmilitar.

Fue así, como el jueves pasado la gente de Leyzaola Pérez diseminó en redes sociales que éste ya era prácticamente el candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por el PES.

Mentira en despoblado: Lo que el IEE resolvió es que la Carta de Residencia no es el único método que un candidato puede presentar para demostrarse tijuanense; sin embargo, los otros posibles requieren igualmente la llegada y presencia de Julián Leyzaola, y en cualquiera de estas posibilidades lo van a detener.

Independientemente de todos los entuertos locales que Hank Rhon busque desde su dinero, el exmilitar no será candidato a Alcalde porque la Constitución Política de México se lo prohíbe debido a que tiene una orden de aprehensión vigente.

En el artículo 38, inciso V, de la Carta Magna, se indica la suspensión de los derechos ciudadanos “por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.

Hank puede decidir desde hoy lunes, en el segundo día de su campaña, no seguir apoyando la faramalla de candidatura inexistente de Leyzaola, pero seguramente esperará hasta el 18 de abril para modificar sus pasiones, en vista de que al día siguiente inician las campañas para Alcalde.

El exreo por acopio de armas, Jorge Hank Rhon, va a gastar las primeras dos semanas de su campaña en proteger y sostener en el discurso al prófugo de la justicia por tortura, Julián Leyzaola Pérez.

Al parecer, está el canasto pa’l garrero

Esto lo saben todos en ese circulito pequeño de intereses creados. Lo sabe el presidente en funciones del Partido Encuentro Solidario (PES), Alfredo Ferreiro; lo sabe el diputado Héctor Cruz Aparicio, que obtiene favores usando el nombre de su jefe el exmilitar; lo saben Hank Rhon y Julián Leyzaola, los principales interesados.

Pero quienes no lo saben, son los ciudadanos. Porque desde el poder del dinerote les han hecho creer que todo es posible si llega un costal de dólares a la persona adecuada.

Muy mal hace el PES y Hank en poner a Leyzaola como una víctima del sistema que hoy lo busca por tortura, cuando en el pasado, fue el victimario del sistema que le dio trabajo como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.

Engañan a la ciudadanía y ésta se alebresta en favor de un sujeto que pateaba detenidos con sus botas de casquillo tipo militar.

En el equipo del magnate Jorge Hank Rhon los que tienen miedo son ellos mismos, porque saben que van a perder la contienda si se siguen esforzando en darle cabida a la obsesión del ingeniero.

Pero Hank Rhon es obsesivo hasta los dientes; él está seguro de poder cargar con su leyendota negra y con la de Leyzaola durante la Campaña Electoral 2021.

A ver si cuando se esté lamiendo las heridas por haber perdido otra vez la gubernaturano se arrepiente.

DE LA AMENAZA: “Yo pienso hacer exactamente lo mismo del municipio cuando estuve aquí, pero ahora en el Estado”, dijo Jorge Hank Rhon en su evento de ayer en el Estadio Caliente.

Fuente: glocal.com.mx

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Con voz propia

Exfuncionarios hidalguenses detrás de inversión millonaria en torre habitacional

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Ambos políticos hidalguenses han edificado más de 10 mil viviendas en desarrollos inmobiliarios al interior del país y para ello han constituido diversas sociedades; aunque quieran esconder el origen de las inversiones, el rastro de los hombres de confianza que dejan al frente llevan siempre a ellos

Por Emmanuel Ameth

El pasado 24 de marzo fue anunciada una inversión de 260 millones de pesos para edificar la Torre AG en la zona plateada de Pachuca, misma que en sus 20 niveles albergará 97 departamentos y 176 cajones de estacionamiento; aunque la cara pública del proyecto fue el empresario Ricardo Mejía Pesquera, una serie de conexiones llevan a nombres como el del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto así como del exdirector de Infonavit David Penchyna Grub, entre otros.

La riqueza generada a partir de información privilegiada y presuntos actos de corrupción confabulados desde distintos puestos públicos y sus conexiones, les han permitido constituir una serie de sociedades a partir de las cuales han podido comercializar más de 10 mil viviendas al interior del país.

La misma Policía Federal ha dado cuenta de estos manejos político-empresariales pero por alguna razón, las investigaciones no llegaron a judicializarse en el sexenio pasado y parece que en el presente tampoco se han tenido avances significativos, si bien existen otras pesquisas que podrían llevar a la cárcel a los involucrados.

Las dudas sobre el representante del proyecto

De acuerdo con la misma información que Spazios ha hecho pública, el grupo empresarial también ha edificado desarrollos como Mina Real en Zona Plateada, Los Frailes Residencial en Ex Hacienda la Concepción, Valle del Sol al sur de la ciudad, así como Don Carlos en Tizayuca (cabe señalar que pese a los millonarios ingresos, solamente la página de Spazios está activa y está “en construcción”).

Si bien el ramo de la construcción es altamente lucrativo y permitiría seguir invirtiendo en otros proyectos, destaca que en 3 de los 4 desarrollos citados, pese a llevar algunos más de una década en comercialización, la totalidad de lotes no han sido vendidos aún, lo que disminuye considerablemente la liquidez para hacer nuevas inversiones.

Dicho argumento planteó dudas que motivaron la presente investigación, pues a diferencia de un fraccionamiento, una torre requiere de una inversión inicial considerable de la que no podrían darse el lujo de inyectar capital conforme vayan avanzando las ventas, pues los propietarios del proyecto no pueden esperar años a que avancen las ventas -como sucedió en sus otros desarrollos- para ver el complejo terminado, pues en general se dificulta que habiten si continúa la construcción en pisos posteriores.

También está el currículum -en poder de este medio-, donde se establece que Mejía Pesquera es directivo y socio de Grupo MB desde 2006, dentro del cual destacan empresas como Vipegasa SA de CV, PAK Desarrollos Sa de CV, Argenta Condominial SA de CV y Spazios.

Si bien la sociedad le permitiría ser poseedor de algún porcentaje de la renta en los desarrollos, llama la atención que no se presente como dueño o principal accionista de ninguna de las anteriores, además de vislumbrarse que hay más personas involucradas en los proyectos.

Las conexiones que llevan a los probables verdaderos inversionistas

La Torre AG, de la que Mejía Pesquera es el rostro público, es desarrollada por Spazios.

Spazios, entre otros desarrollos, tiene a Los Frailes Residencial (VÉASE AQUÍ).

La constructora que edifica y “comercializa” los espacios -es decir, no es sobre pedido ni a petición de particulares- en Los Frailes Residencial es Constructora Maroja (VÉASE AQUÍ), misma que incluso es promocionada por el medio de Marín Huazo -vinculado a Núñez Soto en el escándalo del GACM donde el exgobernador lo favoreció con un contrato irregular por 5 millones de pesos-.

Constructora Maroja edifica en Valle del Sol -del mismo grupo que Spazios- así como en Bosques de Santiago (VÉASE AQUÍ).

Bosques de Santiago es un complejo propiedad de Desarrolladora E-Hogar (VÉASE AQUÍ).

Según el documento PF/DINV/CIC/DGIDA/5097/2018 de la Policía Federal, elaborado en noviembre de 2018, Desarrolladora E-Hogar es la única empresa de entre todas las que posee Manuel Ángel Núñez Soto, que es declarada como su propiedad (VÉASE AQUÍ). Incluso, figura en sus redes sociales (VÉASE AQUÍ).

Manuel Ángel Núñez Soto está al frente de la CAMORRA DEL ÁNGEL, grupo de políticos y empresarios que han desarrollado más de 10 mil viviendas en el país valiéndose de diversas irregularidades -que este medio ya ha documentado en una investigación especial- y donde figuran como socios el exdirector del Infonavit David Penchyna Grub así como el actual director de Bancomext y Nafin de la SHCP Carlos Noriega Romero, entre otros.

El negocio de la Zona Plateada

Como destacan las investigaciones “La Cofradía Tuza” de Proceso y “Las artimañas legales” de El Universal, la zona plateada se convirtió en un botín para los entonces funcionarios del más alto nivel en Hidalgo: primero con Jesús Murillo Karam y luego con Manuel Ángel Núñez Soto.

Primero cerraron los flujos de aguas negras para los ejidatarios de Venta Prieta con la intención de dejarlos en la hambruna y la desesperación. Posteriormente les ofrecieron un pago ínfimo por sus tierras, el cual además tardó años en llegar y sólo una fracción, pues aparentemente entre tantas manos, gestores de gobierno y representantes, la mayor parte del recurso se perdió.

En ese entonces les comentaron sobre un proyecto único a nivel nacional, donde participaría el gobierno, la iniciativa privada y los empresarios para el complejo denominado Zona Plateada.

El gobierno actualmente participa absorbiendo diversos gastos mientras que los entonces funcionarios se hicieron de grandes extensiones de tierra desde las cuales realizan sus negocios, siendo el preferido, el de bienes y raíces. A los ejidatarios no les tocó nada.

Familiares de Murillo Karam, prestanombres de Núñez Soto, así como empresarios ligados al fútbol como es el caso de Jesús Martínez Patiño fueron los grandes beneficiarios.

Y eso no fue todo. Tras diversos intentos, el único proyecto que les fue autorizado a los ejidatarios destinaba el 58% de las ganancias netas a los intermediarios -gestores de gobierno-, quienes tardaron años en capitalizar, y nuevamente jugando con el hambre de la gente, recompraron las acciones de quienes fueron despojados de sus tierras bajo amenazas.

Hoy el complejo Zona Plateada ostenta los desarrollos habitacionales con mayor plusvalía de la entidad y estos están en manos de exfuncionarios de Hidalgo, quienes para recaudar fondos, invitaron a inversionistas judíos a los que, como agradecimiento, incluyeron un busto de David Ben Gurión, considerado padre del sionismo e incluso como genocida.

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