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Con voz propia

Fiscal ético reporta a poderes públicos sobre el falso caso Wallace

Ante la petición de voz de la acusada Isabel Miranda Torres ante el Tribunal Internacional de Conciencia, la fiscal del caso Wallace responde con un informe a los poderes públicos de México

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Al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador

Al Poder Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión

Al Poder Judicial de la Federación

Al Pueblo de México

 

El 18 de agosto de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y periodistas, realizamos una jornada ética en la Ciudad de México, organizada a través del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En este espacio cívico-ético presentamos ante un honorable jurado, para definición y sentencia de casos graves de violaciones de derechos humanos, que durante los últimos años se han cometido en nuestro país, y que han sido ignorados por los representantes de las instituciones de justicia formal del Estado mexicano.

En estos trabajos, tuve el honor de ser invitada a participar en calidad de fiscal ético para exponer uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia en México: El caso Wallace. Creado con el apoyo de autoridades judiciales, el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, con triple identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres, mantiene en prisión a ocho personas a las que se les violaron su derecho a la presunción de inocencia, y que han sido sistemáticamente torturadas en un lapso de 12 años por agentes ministeriales de SEIDO-PGR bajo órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima; han sido encarceladas injustamente 12 personas, incluyendo la defensa de los falsamente inculpados; y se han perpetrado 11 detenciones de manera arbitraria e ilegal, de las cuales en cuatro de estas detenciones, Isabel Miranda Torres participó directamente con tortura.

Durante varios años de investigación periodística independiente, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, hemos presentado evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda/Hugo Alberto Miranda Torres/Hugo Alberto León Miranda, desde el 20 de julio y 1 de noviembre de 2005 hasta la fecha, y por ello hemos sido amenazados de muerte, hostigados y calumniados en medios de comunicación y redes sociales por la misma Isabel Miranda Torres, quien insiste en mantener la fabricación del hijo muerto. En mi caso, ha habido dos intentos de secuestro por falsos agentes ministeriales, enviados a detenerme con documentación falsa, en una flagrante usurpación de funciones, con el argumento de “haber dado una versión diferente a la oficial”. Incluso, el mismo día de la audiencia del Tribunal Internacional de Conciencia, 18 de agosto, recibí una amenaza de muerte vía telefónica.

Hemos emprendido acciones judiciales como demandas por daño moral y personal, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, han sido obstaculizadas, postergadas, desestimadas o los representantes judiciales y abogados han sido corrompidos para favorecer a Isabel Miranda Torres.

Por décadas, la fabricación de culpables ha fracturado profundamente el Estado de derecho en nuestro país, y ha corrompido las instancias de procuración de justicia convirtiéndolas en espacios de tortura, violación y encarcelamiento injusto. Isabel Miranda Torres ha intervenido en estas fabricaciones desde 2001, al amparo de funcionarios públicos dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y en la Secretaría de Seguridad pública federal, desde 2006, con el apoyo del exsecretario Genaro García Luna, quien destacó por la fabricación de secuestros y rescates con montajes televisivos para simular su eficiencia.

En mi calidad de fiscal ético del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento respondo de manera pública a la interferencia –fuera de todo lugar– de Isabel Miranda Torres, quien pidió participar en este espacio cívico-ético investigando el domicilio particular del presidente del jurado y enviándole “su expediente” con una comunicación intimidatoria que adjunto al final de este documento:

En primer lugar, Isabel Miranda Torres no tiene derecho a dirigirse al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en calidad de víctima, porque está siendo denunciada como victimaria de tortura y violación, que de manera sistemática ha cometido contra siete personas que padecen el encarcelamiento injusto desde 2006 para mantener la fabricación del caso Wallace. El lugar que ella sólo puede tener en este tribunal ético es el de «ACUSADA», el mismo que ignoró en el momento en que se dio a conocer la realización del tribunal.

De acuerdo con las fuentes testimoniales y psicólogos que han practicado diversos protocolos a las víctimas, Isabel Miranda Torres ha promovido la violencia sexual como forma de tortura utilizando a las autoridades judiciales para perpetrar sistemáticamente este crimen de lesa humanidad, estipulado en el Estatuto de Roma, suscrito por México, el 7 de septiembre del 2000, y ratificado el 28 de octubre de 2005, tan sólo tres meses después de que se fabricara el vergonzoso el caso Wallace.

En la alusión de Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia para que no facilite el espacio “a personas que vienen a hacer afirmaciones y acusaciones sin sustento alguno, atacando y difamando a las verdaderas víctimas del delito”, es precisamente lo que estamos haciendo: evitar que personas de su calidad moral que, sin sustento y sin evidencias científicas ni jurídicas, continúe inculpando a personas inocentes con la complicidad judicial, y pretenda utilizar espacios ético-ciudadanos para legitimar estos crímenes. Ella es el caso más representativo de lo mismo que acusa.

La insolencia de Isabel Miranda Torres dirigida a deshonrar a los miembros de este tribunal cívico-ético, a todas luces, inadmisible, sostiene que no nos hemos “tomado la molestia en constatar a qué personas les prestan el foro, mismas que cuestionan casos que moralmente y jurídicamente están sustentados”. Con esta actitud, intenta pasar por alto el compromiso ético-moral de cada uno de los miembros del tribunal que, desde diferentes países, ofrecimos voluntariamente nuestro tiempo y recursos para promover la verdad y la justicia en México en casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Wallace, entre otros, donde el Estado ha sido cómplice y actor de estos crímenes.

La falsedad del caso Wallace se derrumba desde el momento en que presentamos evidencias de vida de su hijo, quien se resiste a desaparecer. Cada uno de los alegatos de Isabel Miranda Torres sobre el supuesto crimen ha sido respondido oportunamente con evidencias documentales, instrumentales de actuaciones, pruebas periciales, videográficas, gráficas, y testimoniales y análisis jurídicos, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de solicitarse la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia, misma que se negó sin mayor justificación. De esta manera, se evidencia una vez más que ministros y jueces son parte de la profunda fractura del Estado de derecho, y han corrompido la justicia al otorgar el trato preferencial a quien ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad, además de secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos, amenazas, calumnias, y perjurio.

En este contexto, cuando Isabel Miranda Torres se presenta ante este tribunal ético como coadyuvante del Agente del Ministerio Público de la Federación, corrobora contundentemente nuestra denuncia pública, en la que revelamos a sus agentes ministeriales torturadores, entre éstos, a los MP Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, plenamente identificados por sus víctimas. Y ante la falacia de que la defensa de las víctimas “ha presentado infinidad de recursos de apelación, recursos de revocación, juicios de amparo, recursos de revisión… se acredita plenamente su acceso a la justicia”, le respondo recordándole las condiciones en las que mantiene a sus víctimas, gracias a su tráfico de influencias y corrupcion de autoridades judiciales y directores de penales.

Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y violencia sexual dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y el penal de Islas Marías, adonde la trasladaron ilegalmente los agentes mencionados de la SEIDO, 11 años en prisión sin sentencia; Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y violencia sexual, 8 años en prisión sin sentencia; Jael Malangón Uscanga, sobreviviente de tortura y ciego a causa de éstas, 12 años en prisión sin sentencia; falsamente acusados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Otras cuatro personas torturadas con las mismas características de violencia son: Juan Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Antonio y Albert Castillo Cruz, 12 años en prisión, sentenciados a más de cien años de cárcel, por presión pública a los jueces de parte de Isabel Miranda Torres. Pregunto: ¿A qué justicia se refiere la victimaria?

Por último, respondo a una alusión personal de Isabel Miranda Torres respecto a mi “profesionalismo y humanismo”, y por lo que me llama “seudo periodista”. Informo a México que cuento con estudios de doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y dos maestrías, una en Periodismo, en la Autónoma de Madrid en el programa del diario internacional El País, donde hice además mis prácticas, y mi segunda maestría es en Psicología, por la Universidad Sofía, en Palo Alto California. Cuento con licencia como docente en México (cédula profesional) y en Estados Unidos. En cambio, Isabel Miranda Torres se anuncia en Wikipedia como pedagoga, pero no hay registro alguno de sus estudios profesionales ni tiene cédula profesional. Es una persona que al haber participado directamente en la tortura y la detención arbitraria de las víctimas muestra una falta de piedad instintiva que todo ser humano experimenta ante el sufrimiento físico de otra persona. La mentira, la ignorancia y la crueldad han sido constantes en la vida de esta mujer que ha acumulado poder político y económico por la corrupción de los representantes del Estado mexicano. 

 

¿A cuenta de qué el Estado la sigue protegiendo y fomentando su impunidad? 

El Tribunal Internacional de Conciencia no es ninguna institución judicial del Estado. Existe, se funda, con un carácter estrictamente ético e independiente, con el único propósito de que se sepa la verdad y que la justicia sea una esperanza para las verdaderas víctimas ante la comunidad internacional de derechos humanos e instancias afines. En el juicio ético sobre la falsedad del caso Wallace quedó claro que Isabel Miranda Torres no es ningún ser todopoderoso, ni se trata de un caso aislado en el que ella pudo ajusticiar a una «banda de secuestradores» por su propia mano. No. El falso caso Wallace es un caso armado desde el Estado, con la complicidad de las autoridades judiciales y el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, que hicieron, juntos, del sufrimiento físico y moral de las víctimas un espectáculo político y mediático, propio de un Estado totalitario.  

El falso caso Wallace ha costado a México una corrupción descomunal en todos los niveles de servidores públicos implicados, desde médicos forenses que se prestaron a expedir un acta de defunción sin cuerpo presente a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, hasta jueces que -sin tener competencia en la causa- se han prestado a realizar acciones judiciales en detrimento de las víctimas, como traslados ilegales a penales donde se les tortura o reciben golpizas pagadas por Isabel Miranda Torres. Como consecuencia de todo ello, padecemos la profunda fractura del Estado de derecho, un mal público que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos.

Por lo anterior, Isabel Miranda Torres no tiene cabida en este tribunal ético; a menos que sea como acusada, reitero, y que responda de manera pública y abierta a cada una de sus víctimas, directas e indirectas, por el daño ocasionado.

Por el bien de México hago público esta consideración.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y Periodista Independiente
Fundadora de Los Ángeles Press

 

 

 

 

 

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Las urgencias de Andrés Manuel

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El presidente López Obrador prioriza la militarización en su gobierno que, por ejemplo, esclarecer lo que pasó con segalmex

 

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa.

El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, Andrés Manuel López Obrador decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.

A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1) Consolidar a su partido, 2) Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3) Consumar la militarización que mantenga el statu quo.

De no lograrlo, será el primer presidente de la república que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.

Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.

Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.

Para leer más del autor: CDMX: La última Madre de todas las Marchas  

Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.

A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.

El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.

Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.

Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad, y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.

Lee más: ¿Quién será culpable del estallido en México?

Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.

Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.

López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.

Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:

  • Contratar a parientes cercanos
  • Incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios
  • Pagar a un guardaespaldas con recursos públicos.
  • Realizar despidos injustificados.

Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

Los abusos y el encubrimiento  

El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.

Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:

  • Planes de factibilidad de Santa Lucía y el AIFA
  • Contratos de la compra de vacunas para Covid19
  • Estudios clave del Fonatur sobre el Tren Maya.
  • Detalles sobre coberturas petroleras realizada por Hacienda
  • Informe del caso Tlahuelilpan y daños por ordeña de ductos de Pemex
  • Información del Culiacanazo y liberación de Ovidio Guzmán
  • Investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta 2028
  • Venta del avión presidencial
  • Venta de acero proveniente del fallido aeropuerto de Texcoco

 

Pueblo dócil  

Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las consultas populares.

Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.

El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.

Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal

Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.

La editora recomienda: Efecto Búmeran o premio del fin del sueño llamado MORENA

 

El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.

¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.

“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.

Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.

 

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Con voz propia

Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

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Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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Con voz propia

La persecución del periodismo independiente en México: Seminario Kapuscinski en Chihuahua

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La violencia contra el periodismo independiente y quienes lo ejercen se mostró en el Seminario Kapuscinski

 

Por Miguel Montesinos León

El fin de semana fue muy intenso en la vida política nacional, sin embargo, los medios masivos de información no hicieron eco del asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul en Veracruz.

Durante los cuatro años de este gobierno, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se acrecentó a tal grado que para la sociedad es normal la persecución, la fabricación de carpetas de investigación en contra de periodistas qué sufren persecución, encarcelamientos injustos o son asesinados por decir la verdad.

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En el X Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que ahora se realizó en Chihuahua por primera vez, del 16 al 18 de noviembre, donde periodistas de diversos países expusieron los peligros y desafíos de la prensa, específicamente de medios y periodistas independientes que manifestaron su preocupación por la ola de violencia en contra del gremio periodístico en México. Un seminario qué cruzo el Atlántico para darle vida al periodismo, que en palabras de los conferencistas de talla internacional se encuentra postrado al poder político de México.

Marco Lara Klahr, en su ponencia destacó la importancia del periodismo en su magistral participación denominada Acoso, desprestigio y criminalización de periodistas, en la que destacó que el periodismo no es un oficio, porque no se basa en prácticas reiterativas. El periodismo es una función crecientemente compleja, el periodismo es una profesión. El periodismo se ejerce en el marco de un derecho humano qué es la libertad de expresión, en un segundo nivel al ser un derecho humano es un mecanismo de información, especificó el ponente.

El periodismo mexicano, en efecto, está postrado al poder político porque muchísimos periodistas que ejercían de contrapeso democrático ahora son voceros del gobierno en turno. Periodistas como voceros oficiosos que antes ejercían el saludable contrapeso democrático en la sociedad mexicana. Pero el periodismo está de luto en ese sentido, y en ese sentido el periodismo ha dejado de ser el cuarto poder.

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Hoy en la boca de populistas como López Obrador o Bukele el cuarto poder es algo denigrante. Sin embargo, cuando el periodismo ejerce la función de cuarto poder en un sentido de contrapeso de los otros tres poderes, se vuelve un poder necesario, indispensable para la salud democrática, porque sin periodismo profesional, que sirva de contrapeso, no hay salud democracia.

¿Dónde dice qué la libertad de expresión es un derecho humano y tiene contraprestaciones?, pregunta Lara Klahr ante la audiencia del seminario.

Está en los tratados internacionales, específicamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el Artículo 19, y está en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y también está en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo sexto de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano.

No obstante, el periodismo está postrado hoy en México, y tiene que recapitalizarse.

¿Quién es el sujeto obligado, quién está obligado a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión? De acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución mexicana la obligación de garantizar la libertad de expresión es del Estado, y en consecuencia quienes ejercen el poder público. Ese sujeto obligado de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución está obligado a respetarla, está obligado a protegerla, pero ahora en México tenemos un presidente qué es el redactor en jefe, es el que arma las primeras planas a la luz de los Guacamaya Leaks.

En esta magistral conferencia el maestro Marco Lara dejó en claro que los medios están postrados al poder público ya que dependen del presupuesto público y por ende no pueden morder la mano de quien les da de comer. Es de suma importancia que los periodistas profesionales sean independientes, pero eso en México se traduce en persecución política, fabricación de carpetas penales o incluso en asesinato.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien acudió a Palacio Nacional y le pidió la protección y apoyo al presidente de México lleva dos años preso en el penal de Santa Martha Acatitla, caso que fue expuesto en Chihuahua en el marco del seminario, al igual que las agresiones, amenazas de muerte y persecución al periodista Alfredo Griz.

El periodismo en México tiene que empoderarse, tener aliados, crear redes internacionales, volver a inyectarle la dignidad para ser un pilar en la democracia. De lo contrario, será más de lo mismo, cárcel, muerte o exilio, fueron parte de las conclusiones del evento en los salones de Palacio Nacional del gobierno del estado de Chihuahua, donde se habló sin tapujos de los problemas del ejercicio de la libertad de expresión.

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