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El Caso Wallace

Caso Wallace, fabricado desde el Estado: fiscal del Tribunal Internacional de Conciencia

La falsedad del Caso Wallace se expuso ante el Tribunal de Conciencia y se pide se considere como crimen de lesa humanidad por torturas y encarcelamiento injusto

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Por Guadalupe Lizárraga 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, del Capítulo México, dedicó su última audiencia, el sábado 18 de agosto, al caso Wallace. En un salón del Palacio de Minería de la Ciudad de México, fue expuesto como uno de los casos de fabricación de culpables más emblemáticos por la corrupción e impunidad de agentes ministeriales, jueces, peritos, médicos forenses y altos funcionarios de Seguridad pública que participaron en la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, desde el 12 de julio de 2005, y que -pese a indicios recientes de vida de la víctima- se ha mantenido en prisión a ocho personas torturadas para su incriminación; de las cuales, cinco han sido ya sentenciadas, tres de ellas a más de 100 años de cárcel.

Frente a un jurado integrado por académicos, abogados y activistas de los Estados Unidos, Canadá y México, se escuchó el testimonio de las víctimas, algunos grabados vía telefónica desde la cárcel y otros en tiempo real desde Francia. El primer testimonio fue la denuncia del inculpado Jacobo Tagle Dobin en el momento en que identificaba ante un juez federal a uno de sus torturadores, el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, y quien en entrevista para Los Ángeles Press afirmó que la última vez que había visto a Hugo Alberto Wallace había sido en 2002, en el funeral de su padre, y no como lo señalaba ante los medios Isabel Miranda, madre de la supuesta víctima de secuestro. Tagle también aludió a las diferentes torturas con violencia sexual sufridas cuando fue detenido de manera arbitraria el 3 de diciembre de 2010, y después de su traslado al penal federal de Perote, Veracruz. Además de su testimonio, se le aplicó el Protocolo de Estambul, en abril de este año, con resultados positivos de tortura.

Jacobo Tagle Dobín

 

Brenda Quevedo, 11 años sin sentencia

La voz de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 11 años en prisión sin sentencia, fue para denunciar ante el tribunal ético las dos torturas sufridas con violencia sexual dentro de los penales federales de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, en septiembre de 2009 y noviembre de 2010, respectivamente. Al igual que Jacobo Tagle, Brenda identificó a uno de los agentes ministeriales de la PGR, a Osvaldo Jiménez Juárez, como uno de los cinco hombres que la torturaron con abuso sexual. Brenda fue trasladada ilegalmente al penal de Islas Marías Brenda, porque aún no ha sido sentenciada. Mientras daba este testimonio a Los Ángeles Press su llamada telefónica fue cortada desde el penal, sin embargo, alcanzó a pedir ayuda al tribunal ético y enfatizó tener pánico a que le sigan haciendo daño.

Audio de Brenda Quevedo Cruz

 

Albert Castillo, trasladado de penal y torturado por esta grabación

Una tercera grabación transmitida para el tribunal fue la del inculpado Albert Castillo Cruz, quien después de hacer su llamada de diez minutos desde el penal federal de Perote, Veracruz, con este mensaje, fue trasladado al penal de Ciudad Juárez sin justificación y sin aviso a sus familiares ni a su abogado. Internos dijeron que al parecer era una represalia por la llamada que había sido monitoreada. El mensaje de Albert Castillo enfatiza la falsedad del caso Wallace, y menciona también las torturas sufridas para obligarlo a incriminarse. Señaló al agente ministerial Braulio Robles Zúñiga como uno de los torturadores y dijo que era quien le obligaba a pedir perdón a Isabel Miranda Torres, para fingir su culpabilidad

Audio de Albert Castillo Cruz

 

Las falsas acusaciones de Isabel Miranda

En la audiencia, Isabel Miranda Torres fue señalada por varios testigos de incriminar sistemáticamente a personas inocentes,  como parte del rol que jugaba de “sociedad civil” en favor del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

El primer testimonio fue de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien dijo que Isabel Miranda Torres, sin tener ninguna relación en su caso, tomaba la palabra ante los medios de comunicación para incriminarla de secuestradora y presentaba a las supuestas víctimas en televisión. Enfatizó Florence Cassez que Miranda era la encargada de manipular la información para los medios y para la gente de México sobre su caso.

Ante la pregunta sobre el papel que jugó el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la fabricación del caso Cassez-Vallarta, Florence explicó a la audiencia, vía telefónica desde Francia, que ella supo de García Luna cuando lo vio en televisión en una entrevista diciendo falsedades sobre su caso, y decidió llamar a la televisión para desmentirlo. Días después, señaló Florence, “las supuestas víctimas cambiaban su versión de los hechos y Miranda en todo momento apoyaba a García Luna en la manipulación informativa, era un teatro jurídico y paralelamente un teatro mediático”.

Audio de Florence Cassez

 

Florence pasó siete años en una cárcel mexicana, víctima de la fabricación de culpables por parte de Genaro García Luna, responsable de Seguridad Pública federal, quien, usó a reporteros de Televisa, para transmitir el montaje de la supuesta liberación de víctimas de secuestro de Florence Cassez e Israel Vallarta Cortés. Florence salió gracias a un proyecto de liberación por violaciones al debido proceso creado por la ministra Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, Israel Vallarta aún se encuentra en prisión.

Un segundo testimonio fue el del escritor vasco Luis Miguel Ipiña, autor del blog Cárcel de mujeres, en el que publicó las primeras entrevistas hechas a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, ambas inculpadas de participar en el supuesto secuestro de Hugo Wallace. Después de estas entrevistas, Luis Miguel Ipiña fue detenido arbitrariamente y encarcelado bajo la acusación de portación de armas exclusivas del ejército. Dijo que “cuando se presentaron los agentes vestidos de civil, él creía que lo iban a secuestrar porque lo detuvieron sin orden de presentación, sin ningún documento oficial y el auto en el que lo subieron no tenían ningún logo oficial”. El escritor responsabilizó directamente a Isabel Miranda de haber ordenado su encarcelamiento por año y medio en el penal de Chiconautla, Estado de México, para acallarlo. Ante la audiencia del tribunal ético, Ipiña enfatizó que él decidió entrevistar a Juana Hilda González porque nunca se había declarado culpable, que la declaración ministerial fue escrita por la policía. Y fue lo que dejó plasmado en su blog.

La señora Guadalupe Vicencio dio el tercer testimonio sobre las falsas acusaciones contra su persona por parte de Isabel Miranda Torres a los medios de comunicación el 16 de mayo de 2018. Miranda dijo a Televisa y Tv Azteca que Vicencio pertenecía al Cártel de Los Zetas, después de que un grupo de personas, entre los que se encontraba Vicencio, señalaron a Isabel Miranda como “torturadora” y “asesina” durante la marcha que organizó en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, el 12 de febrero de 2018. Guadalupe Vicencio también denunció que Isabel Miranda era responsable de espionaje telefónico de conversaciones privadas que había mantenido con Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta.

El último testimonio fue de Elena Uscanga Cordero, madre de Jael Malagón Uscanga, víctima de tortura y fabricación de culpables. La madre explicó a la audiencia que su hijo no había sido inculpado directamente por el caso Wallace, y cuando le preguntó a Isabel Miranda porqué lo acusaba, Miranda le respondió que efectivamente no era culpable del caso Wallace, pero que seguramente de otros secuestros sí. Elena Uscanga denunció ante el tribunal ético que a su hijo además lo dejaron ciego dentro de la cárcel cuando lo golpearon: “le desprendieron la retina del único ojo que tenía, y la persona que lo lastimó le dijo que no era nada personal pero que él sabía que les estaban pagando muy bien la señora”, en referencia a Isabel Miranda. Los traslados de prisión, enfatizó Uscanga, que no cesan y en cada traslado lo siguen torturando. Su hijo por ahora se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora, mientras que ellos viven en el Estado de México, dijo Uscanga, y que por los altos costos de vuelos y hospedaje, no pueden visitarlo.

El caso Wallace, parte de una política de terror de Estado

La fiscalía ética argumentó durante la presentación del caso Wallace que no era un caso aislado ni fabricado sólo por Isabel Miranda Torres. Señaló que “la señora Wallace”, como se le conocía, no era una todopoderosa, sino que era utilizada por el grupo de poder generar terror y simular eficiencia policial con los culpables fabricados. Un primer punto, dijo, era que el abogado particular de Miranda, el señor Ricardo Martínez Chávez, había sido designado como encargado del despacho de Secuestros en la SEIDO, de la Procuraduría General de la República, el 10 de julio de 2005, dos días antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. No obstante, desde 2001 el abogado era agente ministerial compañero de quienes fueron identificados por Juana Hilda González, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin como sus torturadores, los MP Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez, y Fermín Ubaldo Cruz.

También expuso la fiscal que desde 2001 a 2012, la fabricación de secuestros tenían dos características en común: eran casos mediáticos y se relacionaban con Genaro García Luna, desde la Agencia Federal de Investigación y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo la PGR el aparato ejecutor de las fabricaciones y torturas, específicamente la SEIDO.

Los indicios de vida presentados ante el tribunal ético fue un estado de cuenta de una tarjeta de Santander Serfin, número 5470 1500 1067 9077, a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la que se hicieron cinco compras el día 20 de julio de 2005 –nueve días después de su desaparición.

La fiscal ética señaló a la audiencia que Isabel Miranda había presentado a los medios de comunicación varias imágenes como evidencia de muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace. Pero el perito de PGR, Marco Antonio Hernández Delgado, había reportado que no era posible determinar tipo y marca de la cámara fotográfica que se utilizó, ni fecha de impresión y no había elementos para determinar si las imágenes corresponden a fotomontajes. Otro médico forense de la Delegación Benito Juárez, por su parte, estudió la imagen y señaló a la fiscal ética que “Si esa persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”.

 

Otro indicio de vida que se presentó ante el tribunal fue la lista de personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, el primero de noviembre de 2005, a partir de una grabación de mensaje de voz. Quien recibió la llamada fue José García Sepúlveda, trabajador de Mexicana de Aviación, en su celular número 0445554563024 del número 5552081512. En el mensaje de voz grabado fue reconocido por las siguientes personas y así quedó asentado en sus declaraciones ministeriales:

1) Vanessa Bárcenas Díaz, exnovia, (15/11/2005)
2) Luis Antonio Sánchez, chofer (15/11/2005)
3) Rodolfo Munguía López, amigo e instalador de cámaras de seguridad (18/11/2005).
4) Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto (14/11/2005)
5) Geazul Ponce Juliá, novia (03/11/2005)

Pese a que la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda Torres ha declarado insistentemente el asesinato y desmembramiento de su hijo Hugo Alberto, una doble identidad oficial vigente, obtenida el 24 de febrero de 2010, reveló la fiscal ante el tribunal ético. Se trata de su inscripción como Hugo Alberto Miranda Torres ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Wallace Miranda es WAMH6910123V8. 

La fiscal explicó los miembros del jurado ético que los primeros acusados por Isabel Miranda Torres no eran quienes ahora estaban en prisión. En su exposición destacó varios fragmentos de las declaraciones ministeriales de Miranda ante la PGR, donde acusaba a los amigos cercanos de su hijo. 

“En el domicilio se había presentado Geazul Ponce Juliá, prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alias El Gato, Karla Zamudio, alias La Vampy, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de mi hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos”.

Declaración ministerial de Isabel Miranda, 13 de julio de 2005

“Vengo a señalar como principal sospechoso de la desaparición de mi hijo al señor Jacobo Tagle Dobín, persona que le presentó a una mujer de la que desconozco el nombre pero es de estatura alta, rubia, de tez blanca, cintura pequeña, busto prominente…”.

Declaración ministerial de Isabel Miranda, 27 de julio de 2005

 

César Arturo Chávez Padilla declaró que recibió en su teléfono celular mensaje de texto en el que le decían: “Te va a cargar la chingada pinche gordo por lo de Wallas, y a tus amigos, ya estás puesto”.

Declaración ministerial, de César Chávez, 20 de noviembre de 2005

 

 

Entre los testigos de que han visto con vida a Hugo Alberto, señaló la fiscal, se han presentado ante la PGR a declarar. Incluso en el caso del investigador Anticorrupción, José Luis Moya, viajó a Chicago para declarar en favor de Brenda Quevedo Cruz. Pero Isabel Miranda declaró a los medios que se trataba de una extorsión del investigador, que le había pedido 200 mil dólares. José Luis Moya, en entrevista para Los Ángeles Press, señaló que varias veces acompañó a su pareja sentimental Laura Domínguez, al aeropuerto a hablar con Hugo Alberto, en 2007, y así lo confirmó Domínguez, íntima amiga de Hugo.

“Cuando recibí los primeros mensajes telefónicos vía Telcel de Hugo Alberto, informé telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios”.

José Luis Moya, junio de 2006

“Tuve múltiples conversaciones con Hugo Alberto y un encuentro con él en el aeropuerto en 2007”.

Laura Domínguez, 2007

“El Alfil”, alias con el que se identificó la persona que declaró ministerialmente que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos contra la ciudadana francesa Florence Cassez.

El Alfil, junio de 2006

Finalmente la periodista concluyó pidiendo al jurado que considerara el caso Wallace como crimen de lesa humanidad por detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto contra Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, George Khoury Layón, Jael Malagón Uscanga, Albert y Tony Castillo Cruz, así como de otras cinco víctimas más de encarcelamiento injusto por las falsas acusaciones de Isabel Miranda. Éstas son la abogada defensora Ámbar Treviño, quien pasó tres meses en prisión por supuesta falsificación de documentos; el escritor Luis Miguel Ipiña, año y medio en prisión por supuesta portación de armas; Julia Freyre Morales y su madre Leticia Morales, ambas pasaron en prisión federal año y medio por presunta delincuencia organizada en complicidad con su hijo; César Freyre, y Salomón Tagle Dobin, hermano de Jacobo, quien pasó año y medio en prisión por las mismas falsas acusaciones.

Sentencias en noviembre

El jurado anunció que dará sus sentencias del 2 al 4 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco, de Ciudad de México, y estarán a cargo de Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos; Carmen Haydeé Matos, Asamblea de Diásporas, Perualliance; Fernando Valadez, del Colectivo contra la Tortura e Impunidad en México; el Gremio de Abogados del Pueblo de Estados Unidos (NLG) John Smith, José Luis Fuentes, y G. Saucedo; y la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo AMAP-Guerrero.

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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