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El Caso Wallace

Caso Wallace, fabricado desde el Estado: fiscal del Tribunal Internacional de Conciencia

La falsedad del Caso Wallace se expuso ante el Tribunal de Conciencia y se pide se considere como crimen de lesa humanidad por torturas y encarcelamiento injusto

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Por Guadalupe Lizárraga 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, del Capítulo México, dedicó su última audiencia, el sábado 18 de agosto, al caso Wallace. En un salón del Palacio de Minería de la Ciudad de México, fue expuesto como uno de los casos de fabricación de culpables más emblemáticos por la corrupción e impunidad de agentes ministeriales, jueces, peritos, médicos forenses y altos funcionarios de Seguridad pública que participaron en la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, desde el 12 de julio de 2005, y que -pese a indicios recientes de vida de la víctima- se ha mantenido en prisión a ocho personas torturadas para su incriminación; de las cuales, cinco han sido ya sentenciadas, tres de ellas a más de 100 años de cárcel.

Frente a un jurado integrado por académicos, abogados y activistas de los Estados Unidos, Canadá y México, se escuchó el testimonio de las víctimas, algunos grabados vía telefónica desde la cárcel y otros en tiempo real desde Francia. El primer testimonio fue la denuncia del inculpado Jacobo Tagle Dobin en el momento en que identificaba ante un juez federal a uno de sus torturadores, el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, y quien en entrevista para Los Ángeles Press afirmó que la última vez que había visto a Hugo Alberto Wallace había sido en 2002, en el funeral de su padre, y no como lo señalaba ante los medios Isabel Miranda, madre de la supuesta víctima de secuestro. Tagle también aludió a las diferentes torturas con violencia sexual sufridas cuando fue detenido de manera arbitraria el 3 de diciembre de 2010, y después de su traslado al penal federal de Perote, Veracruz. Además de su testimonio, se le aplicó el Protocolo de Estambul, en abril de este año, con resultados positivos de tortura.

Jacobo Tagle Dobín

 

Brenda Quevedo, 11 años sin sentencia

La voz de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 11 años en prisión sin sentencia, fue para denunciar ante el tribunal ético las dos torturas sufridas con violencia sexual dentro de los penales federales de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, en septiembre de 2009 y noviembre de 2010, respectivamente. Al igual que Jacobo Tagle, Brenda identificó a uno de los agentes ministeriales de la PGR, a Osvaldo Jiménez Juárez, como uno de los cinco hombres que la torturaron con abuso sexual. Brenda fue trasladada ilegalmente al penal de Islas Marías Brenda, porque aún no ha sido sentenciada. Mientras daba este testimonio a Los Ángeles Press su llamada telefónica fue cortada desde el penal, sin embargo, alcanzó a pedir ayuda al tribunal ético y enfatizó tener pánico a que le sigan haciendo daño.

Audio de Brenda Quevedo Cruz

 

Albert Castillo, trasladado de penal y torturado por esta grabación

Una tercera grabación transmitida para el tribunal fue la del inculpado Albert Castillo Cruz, quien después de hacer su llamada de diez minutos desde el penal federal de Perote, Veracruz, con este mensaje, fue trasladado al penal de Ciudad Juárez sin justificación y sin aviso a sus familiares ni a su abogado. Internos dijeron que al parecer era una represalia por la llamada que había sido monitoreada. El mensaje de Albert Castillo enfatiza la falsedad del caso Wallace, y menciona también las torturas sufridas para obligarlo a incriminarse. Señaló al agente ministerial Braulio Robles Zúñiga como uno de los torturadores y dijo que era quien le obligaba a pedir perdón a Isabel Miranda Torres, para fingir su culpabilidad

Audio de Albert Castillo Cruz

 

Las falsas acusaciones de Isabel Miranda

En la audiencia, Isabel Miranda Torres fue señalada por varios testigos de incriminar sistemáticamente a personas inocentes,  como parte del rol que jugaba de «sociedad civil» en favor del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

El primer testimonio fue de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien dijo que Isabel Miranda Torres, sin tener ninguna relación en su caso, tomaba la palabra ante los medios de comunicación para incriminarla de secuestradora y presentaba a las supuestas víctimas en televisión. Enfatizó Florence Cassez que Miranda era la encargada de manipular la información para los medios y para la gente de México sobre su caso.

Ante la pregunta sobre el papel que jugó el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la fabricación del caso Cassez-Vallarta, Florence explicó a la audiencia, vía telefónica desde Francia, que ella supo de García Luna cuando lo vio en televisión en una entrevista diciendo falsedades sobre su caso, y decidió llamar a la televisión para desmentirlo. Días después, señaló Florence, “las supuestas víctimas cambiaban su versión de los hechos y Miranda en todo momento apoyaba a García Luna en la manipulación informativa, era un teatro jurídico y paralelamente un teatro mediático”.

Audio de Florence Cassez

 

Florence pasó siete años en una cárcel mexicana, víctima de la fabricación de culpables por parte de Genaro García Luna, responsable de Seguridad Pública federal, quien, usó a reporteros de Televisa, para transmitir el montaje de la supuesta liberación de víctimas de secuestro de Florence Cassez e Israel Vallarta Cortés. Florence salió gracias a un proyecto de liberación por violaciones al debido proceso creado por la ministra Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, Israel Vallarta aún se encuentra en prisión.

Un segundo testimonio fue el del escritor vasco Luis Miguel Ipiña, autor del blog Cárcel de mujeres, en el que publicó las primeras entrevistas hechas a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, ambas inculpadas de participar en el supuesto secuestro de Hugo Wallace. Después de estas entrevistas, Luis Miguel Ipiña fue detenido arbitrariamente y encarcelado bajo la acusación de portación de armas exclusivas del ejército. Dijo que “cuando se presentaron los agentes vestidos de civil, él creía que lo iban a secuestrar porque lo detuvieron sin orden de presentación, sin ningún documento oficial y el auto en el que lo subieron no tenían ningún logo oficial”. El escritor responsabilizó directamente a Isabel Miranda de haber ordenado su encarcelamiento por año y medio en el penal de Chiconautla, Estado de México, para acallarlo. Ante la audiencia del tribunal ético, Ipiña enfatizó que él decidió entrevistar a Juana Hilda González porque nunca se había declarado culpable, que la declaración ministerial fue escrita por la policía. Y fue lo que dejó plasmado en su blog.

La señora Guadalupe Vicencio dio el tercer testimonio sobre las falsas acusaciones contra su persona por parte de Isabel Miranda Torres a los medios de comunicación el 16 de mayo de 2018. Miranda dijo a Televisa y Tv Azteca que Vicencio pertenecía al Cártel de Los Zetas, después de que un grupo de personas, entre los que se encontraba Vicencio, señalaron a Isabel Miranda como “torturadora” y “asesina” durante la marcha que organizó en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, el 12 de febrero de 2018. Guadalupe Vicencio también denunció que Isabel Miranda era responsable de espionaje telefónico de conversaciones privadas que había mantenido con Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta.

El último testimonio fue de Elena Uscanga Cordero, madre de Jael Malagón Uscanga, víctima de tortura y fabricación de culpables. La madre explicó a la audiencia que su hijo no había sido inculpado directamente por el caso Wallace, y cuando le preguntó a Isabel Miranda porqué lo acusaba, Miranda le respondió que efectivamente no era culpable del caso Wallace, pero que seguramente de otros secuestros sí. Elena Uscanga denunció ante el tribunal ético que a su hijo además lo dejaron ciego dentro de la cárcel cuando lo golpearon: “le desprendieron la retina del único ojo que tenía, y la persona que lo lastimó le dijo que no era nada personal pero que él sabía que les estaban pagando muy bien la señora”, en referencia a Isabel Miranda. Los traslados de prisión, enfatizó Uscanga, que no cesan y en cada traslado lo siguen torturando. Su hijo por ahora se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora, mientras que ellos viven en el Estado de México, dijo Uscanga, y que por los altos costos de vuelos y hospedaje, no pueden visitarlo.

El caso Wallace, parte de una política de terror de Estado

La fiscalía ética argumentó durante la presentación del caso Wallace que no era un caso aislado ni fabricado sólo por Isabel Miranda Torres. Señaló que «la señora Wallace», como se le conocía, no era una todopoderosa, sino que era utilizada por el grupo de poder generar terror y simular eficiencia policial con los culpables fabricados. Un primer punto, dijo, era que el abogado particular de Miranda, el señor Ricardo Martínez Chávez, había sido designado como encargado del despacho de Secuestros en la SEIDO, de la Procuraduría General de la República, el 10 de julio de 2005, dos días antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. No obstante, desde 2001 el abogado era agente ministerial compañero de quienes fueron identificados por Juana Hilda González, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin como sus torturadores, los MP Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez, y Fermín Ubaldo Cruz.

También expuso la fiscal que desde 2001 a 2012, la fabricación de secuestros tenían dos características en común: eran casos mediáticos y se relacionaban con Genaro García Luna, desde la Agencia Federal de Investigación y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo la PGR el aparato ejecutor de las fabricaciones y torturas, específicamente la SEIDO.

Los indicios de vida presentados ante el tribunal ético fue un estado de cuenta de una tarjeta de Santander Serfin, número 5470 1500 1067 9077, a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la que se hicieron cinco compras el día 20 de julio de 2005 –nueve días después de su desaparición.

La fiscal ética señaló a la audiencia que Isabel Miranda había presentado a los medios de comunicación varias imágenes como evidencia de muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace. Pero el perito de PGR, Marco Antonio Hernández Delgado, había reportado que no era posible determinar tipo y marca de la cámara fotográfica que se utilizó, ni fecha de impresión y no había elementos para determinar si las imágenes corresponden a fotomontajes. Otro médico forense de la Delegación Benito Juárez, por su parte, estudió la imagen y señaló a la fiscal ética que “Si esa persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”.

 

Otro indicio de vida que se presentó ante el tribunal fue la lista de personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, el primero de noviembre de 2005, a partir de una grabación de mensaje de voz. Quien recibió la llamada fue José García Sepúlveda, trabajador de Mexicana de Aviación, en su celular número 0445554563024 del número 5552081512. En el mensaje de voz grabado fue reconocido por las siguientes personas y así quedó asentado en sus declaraciones ministeriales:

1) Vanessa Bárcenas Díaz, exnovia, (15/11/2005)
2) Luis Antonio Sánchez, chofer (15/11/2005)
3) Rodolfo Munguía López, amigo e instalador de cámaras de seguridad (18/11/2005).
4) Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto (14/11/2005)
5) Geazul Ponce Juliá, novia (03/11/2005)

Pese a que la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda Torres ha declarado insistentemente el asesinato y desmembramiento de su hijo Hugo Alberto, una doble identidad oficial vigente, obtenida el 24 de febrero de 2010, reveló la fiscal ante el tribunal ético. Se trata de su inscripción como Hugo Alberto Miranda Torres ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Wallace Miranda es WAMH6910123V8. 

La fiscal explicó los miembros del jurado ético que los primeros acusados por Isabel Miranda Torres no eran quienes ahora estaban en prisión. En su exposición destacó varios fragmentos de las declaraciones ministeriales de Miranda ante la PGR, donde acusaba a los amigos cercanos de su hijo. 

“En el domicilio se había presentado Geazul Ponce Juliá, prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alias El Gato, Karla Zamudio, alias La Vampy, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de mi hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos”.

Declaración ministerial de Isabel Miranda, 13 de julio de 2005

“Vengo a señalar como principal sospechoso de la desaparición de mi hijo al señor Jacobo Tagle Dobín, persona que le presentó a una mujer de la que desconozco el nombre pero es de estatura alta, rubia, de tez blanca, cintura pequeña, busto prominente…”.

Declaración ministerial de Isabel Miranda, 27 de julio de 2005

 

César Arturo Chávez Padilla declaró que recibió en su teléfono celular mensaje de texto en el que le decían: “Te va a cargar la chingada pinche gordo por lo de Wallas, y a tus amigos, ya estás puesto”.

Declaración ministerial, de César Chávez, 20 de noviembre de 2005

 

 

Entre los testigos de que han visto con vida a Hugo Alberto, señaló la fiscal, se han presentado ante la PGR a declarar. Incluso en el caso del investigador Anticorrupción, José Luis Moya, viajó a Chicago para declarar en favor de Brenda Quevedo Cruz. Pero Isabel Miranda declaró a los medios que se trataba de una extorsión del investigador, que le había pedido 200 mil dólares. José Luis Moya, en entrevista para Los Ángeles Press, señaló que varias veces acompañó a su pareja sentimental Laura Domínguez, al aeropuerto a hablar con Hugo Alberto, en 2007, y así lo confirmó Domínguez, íntima amiga de Hugo.

“Cuando recibí los primeros mensajes telefónicos vía Telcel de Hugo Alberto, informé telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios”.

José Luis Moya, junio de 2006

“Tuve múltiples conversaciones con Hugo Alberto y un encuentro con él en el aeropuerto en 2007”.

Laura Domínguez, 2007

“El Alfil”, alias con el que se identificó la persona que declaró ministerialmente que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos contra la ciudadana francesa Florence Cassez.

El Alfil, junio de 2006

Finalmente la periodista concluyó pidiendo al jurado que considerara el caso Wallace como crimen de lesa humanidad por detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto contra Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, George Khoury Layón, Jael Malagón Uscanga, Albert y Tony Castillo Cruz, así como de otras cinco víctimas más de encarcelamiento injusto por las falsas acusaciones de Isabel Miranda. Éstas son la abogada defensora Ámbar Treviño, quien pasó tres meses en prisión por supuesta falsificación de documentos; el escritor Luis Miguel Ipiña, año y medio en prisión por supuesta portación de armas; Julia Freyre Morales y su madre Leticia Morales, ambas pasaron en prisión federal año y medio por presunta delincuencia organizada en complicidad con su hijo; César Freyre, y Salomón Tagle Dobin, hermano de Jacobo, quien pasó año y medio en prisión por las mismas falsas acusaciones.

Sentencias en noviembre

El jurado anunció que dará sus sentencias del 2 al 4 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco, de Ciudad de México, y estarán a cargo de Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos; Carmen Haydeé Matos, Asamblea de Diásporas, Perualliance; Fernando Valadez, del Colectivo contra la Tortura e Impunidad en México; el Gremio de Abogados del Pueblo de Estados Unidos (NLG) John Smith, José Luis Fuentes, y G. Saucedo; y la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo AMAP-Guerrero.

 

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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