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El Caso Wallace

Caso Wallace, fabricado desde el Estado: fiscal del Tribunal Internacional de Conciencia

La falsedad del Caso Wallace se expuso ante el Tribunal de Conciencia y se pide se considere como crimen de lesa humanidad por torturas y encarcelamiento injusto

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Caso Wallace, fabricado desde el Estado: fiscal del Tribunal Internacional de Conciencia

 

Por Guadalupe Lizárraga 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, del Capítulo México, dedicó su última audiencia, el sábado 18 de agosto, al caso Wallace. En un salón del Palacio de Minería de la Ciudad de México, fue expuesto como uno de los casos de fabricación de culpables más emblemáticos por la corrupción e impunidad de agentes ministeriales, jueces, peritos, médicos forenses y altos funcionarios de Seguridad pública que participaron en la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, desde el 12 de julio de 2005, y que -pese a indicios recientes de vida de la víctima- se ha mantenido en prisión a ocho personas torturadas para su incriminación; de las cuales, cinco han sido ya sentenciadas, tres de ellas a más de 100 años de cárcel.

Frente a un jurado integrado por académicos, abogados y activistas de Estados Unidos, Canadá y México, se escuchó el testimonio de las víctimas, algunos grabados vía telefónica desde la cárcel y otros en tiempo real desde Francia. El primer testimonio fue la denuncia del inculpado Jacobo Tagle Dobin en el momento en que identificaba ante un juez federal a uno de sus torturadores, el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, y quien en entrevista para Los Ángeles Press afirmó que la última vez que había visto a Hugo Alberto Wallace había sido en 2002, en el funeral de su padre, y no como lo señalaba ante los medios Isabel Miranda, madre de la supuesta víctima de secuestro.

Para entender más del tema: Ricardo Raphael trafica influencias con el fiscal Gertz Manero y Defensoría para sostener el caso Wallace: revelan audios

 

Jacobo Tagle también aludió a las diferentes torturas con violencia sexual sufridas cuando fue detenido de manera arbitraria el 3 de diciembre de 2010, y después de su traslado al penal federal de Perote, Veracruz. Además de su testimonio, se le aplicó el Protocolo de Estambul, en abril de este año, con resultados positivos de tortura.

Jacobo Tagle Dobín

 

Brenda Quevedo, aún sin sentencia

La voz de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 11 años en prisión sin sentencia, fue para denunciar ante el tribunal ético las dos torturas sufridas con violencia sexual dentro de los penales federales de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, en septiembre de 2009 y noviembre de 2010, respectivamente.

Al igual que Jacobo Tagle, Brenda Quevedo identificó a uno de los agentes ministeriales de la PGR, a Osvaldo Jiménez Juárez, como uno de los cinco hombres que la torturaron con abuso sexual. Ella fue trasladada ilegalmente al penal de Islas Marías Brenda, porque aún no ha sido sentenciada. Mientras daba este testimonio a Los Ángeles Press su llamada telefónica fue cortada desde el penal, sin embargo, alcanzó a pedir ayuda al tribunal ético y enfatizó tener pánico a que le sigan haciendo daño.

Audio de Brenda Quevedo Cruz

 

Entérate: Caso de Brenda Quevedo presentado ante Amnistía Internacional España

Albert Castillo, trasladado de penal y torturado por esta grabación

Una tercera grabación transmitida para el tribunal fue la del inculpado Albert Castillo Cruz, quien después de hacer su llamada de diez minutos desde el penal federal de Perote, Veracruz, con este mensaje, fue trasladado al penal de Ciudad Juárez sin justificación y sin aviso a sus familiares ni a su abogado. Internos dijeron que al parecer era una represalia por la llamada que había sido monitoreada.

El mensaje de Albert Castillo enfatiza la falsedad del caso Wallace, y menciona también las torturas sufridas para obligarlo a incriminarse. Señaló al agente ministerial Braulio Robles Zúñiga como uno de los torturadores y dijo que era quien le obligaba a pedir perdón a Isabel Miranda Torres, para fingir su culpabilidad

Audio de Albert Castillo Cruz

 

Las falsas acusaciones de Isabel Miranda de Wallace

En la audiencia, Isabel Miranda Torres, conocdida como Isabel Miranda de Wallace, fue señalada por varios testigos de incriminar sistemáticamente a personas inocentes,  como parte del rol que jugaba de «sociedad civil» en favor del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna

El primer testimonio fue de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien dijo que Isabel Miranda de Wallace, sin tener ninguna relación en su caso, tomaba la palabra ante los medios de comunicación para incriminarla de secuestradora y presentaba a las supuestas víctimas en televisión. Enfatizó Florence Cassez que Miranda era la encargada de manipular la información para los medios y para la gente de México sobre su caso.

La editora recomenda: Del CISEN a los medios: el caso de Ricardo Raphael

 

Ante la pregunta sobre el papel que jugó el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la fabricación del caso Cassez-Vallarta, Florence explicó a la audiencia, vía telefónica desde Francia, que ella supo de García Luna cuando lo vio en televisión en una entrevista diciendo falsedades sobre su caso, y decidió llamar a la televisión para desmentirlo. Días después, señaló Florence, “las supuestas víctimas cambiaban su versión de los hechos y Miranda de Wallace en todo momento apoyaba a García Luna en la manipulación informativa, era un teatro jurídico y paralelamente un teatro mediático”.

Audio de Florence Cassez

 

Florence Cassez pasó siete años en una cárcel mexicana, víctima de la fabricación de culpables por parte de Genaro García Luna, responsable de Seguridad Pública federal, quien, usó a reporteros de Televisa, para transmitir el montaje de la supuesta liberación de víctimas de secuestro de Florence Cassez e Israel Vallarta Cortés. Florence salió gracias a un proyecto de liberación por violaciones al debido proceso creado por la ministra Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, Israel Vallarta aún se encuentra en prisión.

Un segundo testimonio fue el del escritor vasco Luis Miguel Ipiña, autor del blog Cárcel de mujeres, en el que publicó las primeras entrevistas hechas a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, ambas inculpadas de participar en el supuesto secuestro de Hugo Wallace. Después de estas entrevistas, Luis Miguel Ipiña fue detenido arbitrariamente y encarcelado bajo la acusación de portación de armas exclusivas del ejército. Dijo que “cuando se presentaron los agentes vestidos de civil, él creía que lo iban a secuestrar porque lo detuvieron sin orden de presentación, sin ningún documento oficial y el auto en el que lo subieron no tenían ningún logo oficial”.

El escritor responsabilizó directamente a Isabel Miranda de Wallace de haber ordenado su encarcelamiento por año y medio en el penal de Chiconautla, Estado de México, para acallarlo. Ante la audiencia del tribunal ético, Ipiña enfatizó que él decidió entrevistar a Juana Hilda González porque nunca se había declarado culpable, que la declaración ministerial fue escrita por la policía. Y fue lo que dejó plasmado en su blog.

No te puedes perder: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

La señora Guadalupe Vicencio dio el tercer testimonio sobre las falsas acusaciones contra su persona por parte de Isabel Miranda de Wallace a los medios de comunicación el 16 de mayo de 2018. Miranda dijo a Televisa y Tv Azteca que Vicencio pertenecía al Cártel de Los Zetas, después de que un grupo de personas, entre los que se encontraba Vicencio, señalaron a Isabel Miranda de Wallace como “torturadora” y “asesina” durante la marcha que organizó en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, el 12 de febrero de 2018. Guadalupe Vicencio también denunció que Isabel Miranda era responsable de espionaje telefónico de conversaciones privadas que había mantenido con Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta.

El último testimonio fue de Elena Uscanga Cordero, madre de Jael Malagón Uscanga, víctima de tortura y fabricación de culpables. La madre explicó a la audiencia que su hijo no había sido inculpado directamente por el caso Wallace, y cuando le preguntó a Isabel Miranda porqué lo acusaba, Miranda le respondió que efectivamente no era culpable del caso Wallace, pero que seguramente de otros secuestros sí. Elena Uscanga denunció ante el tribunal ético que a su hijo además lo dejaron ciego dentro de la cárcel cuando lo golpearon: “le desprendieron la retina del único ojo que tenía, y la persona que lo lastimó le dijo que no era nada personal pero que él sabía que les estaban pagando muy bien la señora”, en referencia a Isabel Miranda. Los traslados de prisión, enfatizó Uscanga, que no cesan y en cada traslado lo siguen torturando. Su hijo por ahora se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora, mientras que ellos viven en el Estado de México, dijo Uscanga, y que por los altos costos de vuelos y hospedaje, no pueden visitarlo.

El caso Wallace, parte de una política de terror de Estado

La fiscalía ética argumentó durante la presentación del caso Wallace que no era un caso aislado ni fabricado sólo por Isabel Miranda de Wallace. Señaló que «la señora Wallace», como se le conocía, no era una todopoderosa, sino que era utilizada por el grupo de poder para generar terror, controlar y simular eficiencia policial con los culpables fabricados. Un primer punto, dijo, era que el abogado particular de Miranda, el señor Ricardo Martínez Chávez, había sido designado como encargado del despacho de Secuestros en la SEIDO, de la Procuraduría General de la República, el 10 de julio de 2005, dos días antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. No obstante, desde 2001 el abogado era agente ministerial compañero de quienes fueron identificados por Juana Hilda González, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin como sus torturadores, los MP Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez, y Fermín Ubaldo Cruz.

También expuso la fiscal que desde 2001 a 2012, la fabricación de secuestros tenían dos características en común: eran casos mediáticos y se relacionaban con Genaro García Luna, desde la Agencia Federal de Investigación y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo la PGR el aparato ejecutor de las fabricaciones y torturas, específicamente la SEIDO.

Los indicios de vida presentados ante el tribunal ético fue un estado de cuenta de una tarjeta de Santander Serfin, número 5470 1500 1067 9077, a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la que se hicieron cinco compras el día 20 de julio de 2005 –nueve días después de su desaparición.

La fiscal ética señaló a la audiencia que Isabel Miranda de Wallace había presentado a los medios de comunicación varias imágenes como evidencia de muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace. Pero el perito de PGR, Marco Antonio Hernández Delgado, había reportado que no era posible determinar tipo y marca de la cámara fotográfica que se utilizó, ni fecha de impresión y no había elementos para determinar si las imágenes corresponden a fotomontajes. Otro médico forense de la Delegación Benito Juárez, por su parte, estudió la imagen y señaló a la fiscal ética que “Si esa persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”.

 

Otro indicio de vida de Hugo Alberto Wallace que se presentó ante el tribunal fue la lista de personas que reconocieron la voz de la supuesta víctima, el primero de noviembre de 2005, a partir de una grabación de mensaje de voz. Quien recibió la llamada fue José García Sepúlveda, trabajador de Mexicana de Aviación, en su celular número 0445554563024 del número 5552081512. En el mensaje de voz grabado fue reconocido por las siguientes personas y así quedó asentado en sus declaraciones ministeriales:

1) Vanessa Bárcenas Díaz, exnovia, (15/11/2005)
2) Luis Antonio Sánchez Rubio, chofer (15/11/2005)
3) Rodolfo Munguía López, amigo e instalador de cámaras de seguridad (18/11/2005).
4) Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto (14/11/2005)
5) Geazul Ponce Juliá, novia (03/11/2005)

Pese a que la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda de Wallace ha declarado insistentemente el asesinato y desmembramiento de su hijo Hugo Alberto, una doble identidad oficial vigente, obtenida el 24 de febrero de 2010, reveló la fiscal ante el tribunal ético. Se trata de su inscripción como Hugo Alberto Miranda Torres ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Wallace Miranda es WAMH6910123V8. 

La fiscal explicó los miembros del jurado ético que los primeros acusados por Isabel Miranda de Wallace no eran quienes ahora estaban en prisión. En su exposición destacó varios fragmentos de las declaraciones ministeriales de Miranda ante la PGR, donde acusaba a los amigos cercanos de su hijo. 

“En el domicilio se había presentado Geazul Ponce Juliá, prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alias El Gato, Karla Zamudio, alias La Vampy, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de mi hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos”.
Declaración ministerial de Isabel Miranda, 13 de julio de 2005

“Vengo a señalar como principal sospechoso de la desaparición de mi hijo al señor Jacobo Tagle Dobín, persona que le presentó a una mujer de la que desconozco el nombre pero es de estatura alta, rubia, de tez blanca, cintura pequeña, busto prominente…”.
Declaración ministerial de Isabel Miranda, 27 de julio de 2005

César Arturo Chávez Padilla declaró que recibió en su teléfono celular mensaje de texto en el que le decían: “Te va a cargar la chingada pinche gordo por lo de Wallas, y a tus amigos, ya estás puesto”.
Declaración ministerial, de César Chávez, 20 de noviembre de 2005

 

Entre los testigos de que han visto con vida a Hugo Alberto, señaló la fiscal, se han presentado ante la PGR a declarar. Incluso en el caso del investigador Anticorrupción, José Luis Moya, viajó a Chicago para declarar en favor de Brenda Quevedo Cruz. Pero Isabel Miranda declaró a los medios que se trataba de una extorsión del investigador, que le había pedido 200 mil dólares. José Luis Moya, en entrevista para Los Ángeles Press, señaló que varias veces acompañó a su pareja sentimental Laura Domínguez, al aeropuerto a hablar con Hugo Alberto, en 2007, y así lo confirmó Domínguez, íntima amiga de Hugo.

“Cuando recibí los primeros mensajes telefónicos vía Telcel de Hugo Alberto, informé telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios”.
José Luis Moya, junio de 2006

“Tuve múltiples conversaciones con Hugo Alberto y un encuentro con él en el aeropuerto en 2007”.
Laura Domínguez, 2007

“El Alfil”, alias con el que se identificó la persona que declaró ministerialmente que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos contra la ciudadana francesa Florence Cassez.
El Alfil, junio de 2006

Finalmente, la periodista concluyó pidiendo al jurado que considerara el caso Wallace como crimen de lesa humanidad por las detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos injustos contra Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, George Khoury Layón, Jael Malagón Uscanga, Albert y Tony Castillo Cruz, así como de otras cinco víctimas más de encarcelamiento injusto por las falsas acusaciones de Isabel Miranda. Éstas son la abogada defensora Ámbar Treviño, quien pasó tres meses en prisión por supuesta falsificación de documentos; el escritor Luis Miguel Ipiña, año y medio en prisión por supuesta portación de armas; Julia Freyre Morales y su madre María Rosa Morales, ambas pasaron en prisión de Santa Martha Acatitla durante año y medio acusadas falsamente de extorsión para presionar a César Freyre Morales a que se incriminara, y uno más fue Salomón Tagle Dobin, hermano de Jacobo, quien pasó año y medio en prisión por las mismas falsas acusaciones.

Sentencias en noviembre

El jurado anunció que dará sus sentencias del 2 al 4 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco, de Ciudad de México, y estarán a cargo de Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Carmen Haydeé Matos, Asamblea de Diásporas, Perualliance; Fernando Valadez, del Colectivo contra la Tortura e Impunidad en México; el Gremio de Abogados del Pueblo de Estados Unidos (NLG) John Smith, José Luis Fuentes, y G. Saucedo; y María Elena Hernándeza, de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo AMAP-Guerrero.

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

Luego de que María Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, fue desmentida por el equipo legal de George Khoury Layón, sobre un supuesto pacto con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la liberación del propio Khoury y de los inculpados del falso caso Wallace, se ha mantenido el silencio de las partes implicadas.

Khoury fue entrevistado por la periodista Guadalupe Lizárraga, para Los Ángeles Press, medio en el que dijo que le daba gusto que «el ministro (Zaldívar) se dé cuenta de lo que está pasando, aunque sea de manera manipulada, y vea cómo están las cosas», en referencia a los tratos crueles y torturas que ha sufrido para que deje de denunciar las violaciones a su proceso y a sus derechos humanos.

Para entender más del caso: Defensa de George Khoury Layón desmiente a Isabel Miranda sobre supuesto pacto con el ministro Zaldívar

Pero, ¿de qué se le acusa a George Khoury en el caso Wallace?

Primera acusación fabricada

La primera acusación contra George Khoury Layón fue el 16 de julio de 2005, cuando dos policías federales lo interceptaron sin ninguna orden de aprehensión o citación, por supuestos cargos de narcotráfico. La agresión había sido ordenada por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, quien quería desterrarlo de la ‘zona de judíos’ en Polanco, donde Khoury tenía un negocio exitoso de restaurante y discoteca. Lo exhibieron en los medios como “narcotraficante” y meses después fue liberado por su defensa, al no haber nada que lo vinculara a las acusaciones.

“Mi primera detención fue ahí, en 2005, cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero a éste le daba órdenes Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”, dijo a Los Ángeles Press.

Segunda acusación fabricada

Una segunda acusación en contra de George Khoury que derivó en la segunda detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, bajo las órdenes del mismo empresario Margolis Sobol. En esta ocasión se le acusó de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. En los medios, se promovieron notas de prensa para que se le relacionara con César Freyre Morales, víctima del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. El 11 de abril de 2006 se le dio el auto de formal prisión y tras una intensa defensa, fue absuelto por un juez federal el 25 de septiembre de 2007.

Lee más: Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

Tercera acusación fabricada

La tercera detención arbitraria contra George Khoury la perpetraron los policías federales: Porfirio Javier Sánchez Mendoza (actualmente en prisión) y Rolando Mayorga Cordero, el 2 de septiembre de 2009. Lo sacaron de un gimnasio de la colonia San Ángel, de la Ciudad de México, y lo llevaron en su propia camioneta a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado de la libertad y lo torturaron por 14 horas, con golpes, toques eléctricos y amenazas a su familia. Le sembraron droga y armas en su auto, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, además de grabar también su tortura con un artefacto mp3 que traía consigo.

En esta ocasión se le acusó nuevamente de delitos contra la salud, y se le agregó el delito de delincuencia organizada, señalándolo de pertenecer al Cártel de los Beltrán Leyva, y de operar con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El ministerio público que hizo las acusaciones judiciales, el 10 de noviembre de 2009, fue Braulio Robles Zúñiga, también a cargo de la investigación del ‘caso Wallace’, y mano derecha de Isabel Miranda Torres. Al día siguiente, 11 de noviembre, se le dio el auto de formal prisión a Khoury.

Un año después, George Khoury el 3 de diciembre de 2010, se dio la detención arbitraria de Jacobo Tagle Dobín, el primer acusado en julio de 2005, por Isabel Miranda de Wallace, del supuesto secuestro de su hijo. Tras la detención, Jacobo Tagle fue torturado y obligado a firmar una declaración incriminatoria en la que se mencionaba a George Khoury Layón como autor del homicidio del empresario Eduardo Salazar Bracamontes, perpetrado en noviembre de 2004, y a César Freyre Morales, como autor material de los hechos, junto con Jacobo.

La editora recomienda: ¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

Para legitimar la fabricación, la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, utilizó a la periodista Isela Lagunas, del diario El Universal, (en 2006) y a Anabel Hernández, (2010) quien publicó los expedientes fabricados en la PGR con falsos testigos protegidos, en su libro Los señores del narco, en el que también señala a César Freyre Morales y a Juana Hilda González Lomelí de trabajar para Khoury Layón y de haber cometido el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Cuarta acusación fabricada

El 14 de febrero de 2012, tras una larga defensa, se da la absolución nuevamente a George Khoury Layón. Al momento de su salida de prisión, el 26 de febrero de 2012, vuelve a ser detenido por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, quien ahora lo acusaba del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, con la incriminación bajo tortura de Jacobo Tagle. El agente de la SIEDO mantuvo en arraigo ilegal a George Khoury hasta conseguir la orden de aprehensión por parte de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien lo condenó a 20 años de prisión por homicidio calificado, el 29 de septiembre de 2014, utilizando como prueba la confesión incriminatoria bajo tortura de Tagle y un testimonio contradictorio de un tercero.

Quinta acusación fabricada

En abril de 2019, Isabel Miranda de Wallace, en entrevista a Notimex, le atribuyó a George Khoury Layón ser el autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La entrevista fue una instrucción de la directora de la Agencia del Estado, Sanjuana Martínez al reportero Alejandro Salas, después de que se denunciara la falsedad del caso Wallace, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Torturas y nuevas fabricaciones mediáticas

Actualmente, George Khoury Layón ha cumplido más del 50 por ciento de la sentencia condenatoria, dada por la jueza Hermelinda Silva, en diferentes penales federales del país, en los que ha sido torturado al menos en cuatro ocasiones; cuando su causa 80/2012 es el del fuero común en la Ciudad de México. La tortura más reciente, el 12 de junio de 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones de derechos humanos».

Isabel Miranda de Wallace, en programa con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, acusó a Khoury Layón de tener un ‘pacto’ con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “para liberar a los secuestradores de su hijo”, y publicó supuestos mensajes y conversaciones entre el ministro y otras personas en los que se alude falsamente a George Khoury Layón.

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