Por Guadalupe Lizárraga 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, del Capítulo México, dedicó su última audiencia, el sábado 18 de agosto, al caso Wallace. En un salón del Palacio de Minería de la Ciudad de México, fue expuesto como uno de los casos de fabricación de culpables más emblemáticos por la corrupción e impunidad de agentes ministeriales, jueces, peritos, médicos forenses y altos funcionarios de Seguridad pública que participaron en la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, desde el 12 de julio de 2005, y que -pese a indicios recientes de vida de la víctima- se ha mantenido en prisión a ocho personas torturadas para su incriminación; de las cuales, cinco han sido ya sentenciadas, tres de ellas a más de 100 años de cárcel.

Frente a un jurado integrado por académicos, abogados y activistas de Estados Unidos, Canadá y México, se escuchó el testimonio de las víctimas, algunos grabados vía telefónica desde la cárcel y otros en tiempo real desde Francia. El primer testimonio fue la denuncia del inculpado Jacobo Tagle Dobin en el momento en que identificaba ante un juez federal a uno de sus torturadores, el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, y quien en entrevista para Los Ángeles Press afirmó que la última vez que había visto a Hugo Alberto Wallace había sido en 2002, en el funeral de su padre, y no como lo señalaba ante los medios Isabel Miranda, madre de la supuesta víctima de secuestro.

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Jacobo Tagle también aludió a las diferentes torturas con violencia sexual sufridas cuando fue detenido de manera arbitraria el 3 de diciembre de 2010, y después de su traslado al penal federal de Perote, Veracruz. Además de su testimonio, se le aplicó el Protocolo de Estambul, en abril de este año, con resultados positivos de tortura.

Jacobo Tagle Dobín

Brenda Quevedo, aún sin sentencia

La voz de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 11 años en prisión sin sentencia, fue para denunciar ante el tribunal ético las dos torturas sufridas con violencia sexual dentro de los penales federales de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, en septiembre de 2009 y noviembre de 2010, respectivamente.

Al igual que Jacobo Tagle, Brenda Quevedo identificó a uno de los agentes ministeriales de la PGR, a Osvaldo Jiménez Juárez, como uno de los cinco hombres que la torturaron con abuso sexual. Ella fue trasladada ilegalmente al penal de Islas Marías Brenda, porque aún no ha sido sentenciada. Mientras daba este testimonio a Los Ángeles Press su llamada telefónica fue cortada desde el penal, sin embargo, alcanzó a pedir ayuda al tribunal ético y enfatizó tener pánico a que le sigan haciendo daño.

Audio de Brenda Quevedo Cruz

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Albert Castillo, trasladado de penal y torturado por esta grabación

Una tercera grabación transmitida para el tribunal fue la del inculpado Albert Castillo Cruz, quien después de hacer su llamada de diez minutos desde el penal federal de Perote, Veracruz, con este mensaje, fue trasladado al penal de Ciudad Juárez sin justificación y sin aviso a sus familiares ni a su abogado. Internos dijeron que al parecer era una represalia por la llamada que había sido monitoreada.

El mensaje de Albert Castillo enfatiza la falsedad del caso Wallace, y menciona también las torturas sufridas para obligarlo a incriminarse. Señaló al agente ministerial Braulio Robles Zúñiga como uno de los torturadores y dijo que era quien le obligaba a pedir perdón a Isabel Miranda Torres, para fingir su culpabilidad. 

Audio de Albert Castillo Cruz

Las falsas acusaciones de Isabel Miranda de Wallace

En la audiencia, Isabel Miranda Torres, conocdida como Isabel Miranda de Wallace, fue señalada por varios testigos de incriminar sistemáticamente a personas inocentes,  como parte del rol que jugaba de «sociedad civil» en favor del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

El primer testimonio fue de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien dijo que Isabel Miranda de Wallace, sin tener ninguna relación en su caso, tomaba la palabra ante los medios de comunicación para incriminarla de secuestradora y presentaba a las supuestas víctimas en televisión. Enfatizó Florence Cassez que Miranda era la encargada de manipular la información para los medios y para la gente de México sobre su caso.

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Ante la pregunta sobre el papel que jugó el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la fabricación del caso Cassez-Vallarta, Florence explicó a la audiencia, vía telefónica desde Francia, que ella supo de García Luna cuando lo vio en televisión en una entrevista diciendo falsedades sobre su caso, y decidió llamar a la televisión para desmentirlo. Días después, señaló Florence, “las supuestas víctimas cambiaban su versión de los hechos y Miranda de Wallace en todo momento apoyaba a García Luna en la manipulación informativa, era un teatro jurídico y paralelamente un teatro mediático”.

Audio de Florence Cassez

Florence Cassez pasó siete años en una cárcel mexicana, víctima de la fabricación de culpables por parte de Genaro García Luna, responsable de Seguridad Pública federal, quien, usó a reporteros de Televisa, para transmitir el montaje de la supuesta liberación de víctimas de secuestro de Florence Cassez e Israel Vallarta Cortés. Florence salió gracias a un proyecto de liberación por violaciones al debido proceso creado por la ministra Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, Israel Vallarta aún se encuentra en prisión.

Un segundo testimonio fue el del escritor vasco Luis Miguel Ipiña, autor del blog Cárcel de mujeres, en el que publicó las primeras entrevistas hechas a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, ambas inculpadas de participar en el supuesto secuestro de Hugo Wallace. Después de estas entrevistas, Luis Miguel Ipiña fue detenido arbitrariamente y encarcelado bajo la acusación de portación de armas exclusivas del ejército. Dijo que “cuando se presentaron los agentes vestidos de civil, él creía que lo iban a secuestrar porque lo detuvieron sin orden de presentación, sin ningún documento oficial y el auto en el que lo subieron no tenían ningún logo oficial”.

El escritor responsabilizó directamente a Isabel Miranda de Wallace de haber ordenado su encarcelamiento por año y medio en el penal de Chiconautla, Estado de México, para acallarlo. Ante la audiencia del tribunal ético, Ipiña enfatizó que él decidió entrevistar a Juana Hilda González porque nunca se había declarado culpable, que la declaración ministerial fue escrita por la policía. Y fue lo que dejó plasmado en su blog.

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La señora Guadalupe Vicencio dio el tercer testimonio sobre las falsas acusaciones contra su persona por parte de Isabel Miranda de Wallace a los medios de comunicación el 16 de mayo de 2018. Miranda dijo a Televisa y Tv Azteca que Vicencio pertenecía al Cártel de Los Zetas, después de que un grupo de personas, entre los que se encontraba Vicencio, señalaron a Isabel Miranda de Wallace como “torturadora” y “asesina” durante la marcha que organizó en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, el 12 de febrero de 2018. Guadalupe Vicencio también denunció que Isabel Miranda era responsable de espionaje telefónico de conversaciones privadas que había mantenido con Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta.

El último testimonio fue de Elena Uscanga Cordero, madre de Jael Malagón Uscanga, víctima de tortura y fabricación de culpables. La madre explicó a la audiencia que su hijo no había sido inculpado directamente por el caso Wallace, y cuando le preguntó a Isabel Miranda porqué lo acusaba, Miranda le respondió que efectivamente no era culpable del caso Wallace, pero que seguramente de otros secuestros sí. Elena Uscanga denunció ante el tribunal ético que a su hijo además lo dejaron ciego dentro de la cárcel cuando lo golpearon: “le desprendieron la retina del único ojo que tenía, y la persona que lo lastimó le dijo que no era nada personal pero que él sabía que les estaban pagando muy bien la señora”, en referencia a Isabel Miranda. Los traslados de prisión, enfatizó Uscanga, que no cesan y en cada traslado lo siguen torturando. Su hijo por ahora se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora, mientras que ellos viven en el Estado de México, dijo Uscanga, y que por los altos costos de vuelos y hospedaje, no pueden visitarlo.

El caso Wallace, parte de una política de terror de Estado

La fiscalía ética argumentó durante la presentación del caso Wallace que no era un caso aislado ni fabricado sólo por Isabel Miranda de Wallace. Señaló que «la señora Wallace», como se le conocía, no era una todopoderosa, sino que era utilizada por el grupo de poder para generar terror, controlar y simular eficiencia policial con los culpables fabricados. Un primer punto, dijo, era que el abogado particular de Miranda, el señor Ricardo Martínez Chávez, había sido designado como encargado del despacho de Secuestros en la SEIDO, de la Procuraduría General de la República, el 10 de julio de 2005, dos días antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. No obstante, desde 2001 el abogado era agente ministerial compañero de quienes fueron identificados por Juana Hilda González, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin como sus torturadores, los MP Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez, y Fermín Ubaldo Cruz.

También expuso la fiscal que desde 2001 a 2012, la fabricación de secuestros tenían dos características en común: eran casos mediáticos y se relacionaban con Genaro García Luna, desde la Agencia Federal de Investigación y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo la PGR el aparato ejecutor de las fabricaciones y torturas, específicamente la SEIDO.

Los indicios de vida presentados ante el tribunal ético fue un estado de cuenta de una tarjeta de Santander Serfin, número 5470 1500 1067 9077, a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la que se hicieron cinco compras el día 20 de julio de 2005 –nueve días después de su desaparición.

La fiscal ética señaló a la audiencia que Isabel Miranda de Wallace había presentado a los medios de comunicación varias imágenes como evidencia de muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace. Pero el perito de PGR, Marco Antonio Hernández Delgado, había reportado que no era posible determinar tipo y marca de la cámara fotográfica que se utilizó, ni fecha de impresión y no había elementos para determinar si las imágenes corresponden a fotomontajes. Otro médico forense de la Delegación Benito Juárez, por su parte, estudió la imagen y señaló a la fiscal ética que “Si esa persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”.

Otro indicio de vida de Hugo Alberto Wallace que se presentó ante el tribunal fue la lista de personas que reconocieron la voz de la supuesta víctima, el primero de noviembre de 2005, a partir de una grabación de mensaje de voz. Quien recibió la llamada fue José García Sepúlveda, trabajador de Mexicana de Aviación, en su celular número 0445554563024 del número 5552081512. En el mensaje de voz grabado fue reconocido por las siguientes personas y así quedó asentado en sus declaraciones ministeriales:

1) Vanessa Bárcenas Díaz, exnovia, (15/11/2005)
2) Luis Antonio Sánchez Rubio, chofer (15/11/2005)
3) Rodolfo Munguía López, amigo e instalador de cámaras de seguridad (18/11/2005).
4) Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto (14/11/2005)
5) Geazul Ponce Juliá, novia (03/11/2005)

Pese a que la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda de Wallace ha declarado insistentemente el asesinato y desmembramiento de su hijo Hugo Alberto, una doble identidad oficial vigente, obtenida el 24 de febrero de 2010, reveló la fiscal ante el tribunal ético. Se trata de su inscripción como Hugo Alberto Miranda Torres ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Wallace Miranda es WAMH6910123V8. 

La fiscal explicó los miembros del jurado ético que los primeros acusados por Isabel Miranda de Wallace no eran quienes ahora estaban en prisión. En su exposición destacó varios fragmentos de las declaraciones ministeriales de Miranda ante la PGR, donde acusaba a los amigos cercanos de su hijo. 

“En el domicilio se había presentado Geazul Ponce Juliá, prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alias El Gato, Karla Zamudio, alias La Vampy, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de mi hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos”.
Declaración ministerial de Isabel Miranda, 13 de julio de 2005

“Vengo a señalar como principal sospechoso de la desaparición de mi hijo al señor Jacobo Tagle Dobín, persona que le presentó a una mujer de la que desconozco el nombre pero es de estatura alta, rubia, de tez blanca, cintura pequeña, busto prominente…”.
Declaración ministerial de Isabel Miranda, 27 de julio de 2005

César Arturo Chávez Padilla declaró que recibió en su teléfono celular mensaje de texto en el que le decían: “Te va a cargar la chingada pinche gordo por lo de Wallas, y a tus amigos, ya estás puesto”.
Declaración ministerial, de César Chávez, 20 de noviembre de 2005

Entre los testigos de que han visto con vida a Hugo Alberto, señaló la fiscal, se han presentado ante la PGR a declarar. Incluso en el caso del investigador Anticorrupción, José Luis Moya, viajó a Chicago para declarar en favor de Brenda Quevedo Cruz. Pero Isabel Miranda declaró a los medios que se trataba de una extorsión del investigador, que le había pedido 200 mil dólares. José Luis Moya, en entrevista para Los Ángeles Press, señaló que varias veces acompañó a su pareja sentimental Laura Domínguez, al aeropuerto a hablar con Hugo Alberto, en 2007, y así lo confirmó Domínguez, íntima amiga de Hugo.

“Cuando recibí los primeros mensajes telefónicos vía Telcel de Hugo Alberto, informé telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios”.
José Luis Moya, junio de 2006

“Tuve múltiples conversaciones con Hugo Alberto y un encuentro con él en el aeropuerto en 2007”.
Laura Domínguez, 2007

“El Alfil”, alias con el que se identificó la persona que declaró ministerialmente que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos contra la ciudadana francesa Florence Cassez.
El Alfil, junio de 2006

Finalmente, la periodista concluyó pidiendo al jurado que considerara el caso Wallace como crimen de lesa humanidad por las detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos injustos contra Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, George Khoury Layón, Jael Malagón Uscanga, Albert y Tony Castillo Cruz, así como de otras cinco víctimas más de encarcelamiento injusto por las falsas acusaciones de Isabel Miranda. Éstas son la abogada defensora Ámbar Treviño, quien pasó tres meses en prisión por supuesta falsificación de documentos; el escritor Luis Miguel Ipiña, año y medio en prisión por supuesta portación de armas; Julia Freyre Morales y su madre María Rosa Morales, ambas pasaron en prisión de Santa Martha Acatitla durante año y medio acusadas falsamente de extorsión para presionar a César Freyre Morales a que se incriminara, y uno más fue Salomón Tagle Dobin, hermano de Jacobo, quien pasó año y medio en prisión por las mismas falsas acusaciones.

Sentencias en noviembre

El jurado anunció que dará sus sentencias del 2 al 4 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco, de Ciudad de México, y estarán a cargo de Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Carmen Haydeé Matos, Asamblea de Diásporas, Perualliance; Fernando Valadez, del Colectivo contra la Tortura e Impunidad en México; el Gremio de Abogados del Pueblo de Estados Unidos (NLG) John Smith, José Luis Fuentes, y G. Saucedo; y María Elena Hernándeza, de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo AMAP-Guerrero.