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Fabricación de culpables

Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

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Eduardo Margolis se mostró como un justiciero en Netflix, pero la realidad es que es un personaje siniestro y vengativo que ayudó a sus congéneres

 

Por Enrique Domínguez Gutiérrez

Un sistema judicial podrido, mediocre y con un gran potencial para hacer de la impunidad la bandera que marcó los sexenios, sobre todo, desde la llegada del frívolo Vicente Fox a la Presidencia de la República hasta las adherencias que aún se manifiestan en el actual gobierno que siguen incrustadas sin la posibilidad de hacer un cambio radical.

Al observar los 5 episodios de la serie: “El caso Cassez-Vallarta, una novela criminal” en la plataforma de Netflix resulta evidente que es una síntesis del libro de Jorge Volpi titulado: “Una Novela Criminal”. No se abordan otros temas como el secuestro, la actuación y puesta en escena del caso: Rubén Omar Romano (Ex director técnico del equipo Cruz Azul), así como la fabricación de culpables y el secuestro simulado del hijo de la Sra. Isabel Miranda de Wallace. Se cuidaron algunos detalles, hay buena iluminación, pero la serie-documental tampoco es una obra que ocupe los reflectores por su magnificencia cinematográfica.

El Justiciero

En el episodio dos, al menos, la mitad del tiempo se le da una especial atención a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, muy al contrario de los demás personajes que aparecen hay una deferencia en el trato por mantener la identidad de este siniestro personaje de una manera oscura, al igual que su actividad que es tan diversa con gestos nobles a través de asociaciones civiles como Kadima, hasta la justicia perentoria que a su juicio es bien vista por la propia comunidad judía, como es el caso de secuestros, posiciones antisemitas que culminarían a una eventual agresión, extorsiones y amenazas.

Eduardo Margolis se concibe como justiciero pero no vengativo, la justicia representa el empleo de sus propios métodos, su propia ley y su manejo en la mayor secrecía, no se deja retratar, ayudó con sus propios guardias a la captura del Israelí Benjamín Yeshurun Sutchi en 2005 junto con la Secretaría de Seguridad Pública quien fue enviado de regreso a Israel con un fuerte dispositivo de seguridad de 600 elementos, en el momento de su captura se le encontró armado, con drogas y en un Cadillac, color café, en compañía de una mujer al salir de un hotel, acusado del secuestro y extorsión de personajes de la comunidad judía. Posteriormente Yeshurun escapó de prisión, se refugió en Venezuela y Panamá para establecerse nuevamente en la ciudad de México, en julio de 2019 fue abatido a tiros junto a su escolta el también israelí Aloy Azulay en Plaza Artz. 

Para saber más del caso: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Las relaciones y los negocios

Eduardo Margolis tiene gran influencia en los círculos empresariales, políticos y judiciales, es decir, se mueve con gran desparpajo, es respetado por quien le conoce, temido, adorado, odiado y repudiado, y resulta controversial el modo de establecer sus “ayuditas” a sus congéneres. Es prepotente, hablador y pendenciero. Convincente e inteligente en los negocios, hace tratos con sonrisas y abrazos, apoya en principio, es desprendido también, pero después se trasnforma en el mismo demonio. Cobra protección, rescates e investigaciones a cambio de acciones de empresas sin importar el rubro.

Sus relaciones lo han encumbrado para tener sus propias empresas como socio, accionista o bajo el esquema de persona moral, entre las que destacan:

  • Industrias Margolis de México, S.A. de C.V.
  • Nuevo Colegio de Ciencias y Humanidades y Formación y Desarrollo Integral (educación)
  • Industrias Hidrómetro Mexicana (ferretería y elementos hidráulicos)
  • Suave y Fácil (productos y equipo de belleza)
  • Sistemas Vioi (equipos electrónicos de audio, video y computación)
  • Representaciones y Servicios al Mayoreo (refacciones y accesorios para automóviles, ferretería y maquinaria)
  • Inmobiliaria Margoli y Linsal (bienes raíces)
  • Exacto Punto y Coma y Comercializadora Restaurantera Neuchatel (gastronomía).
  • Epel SA de CV (Autos blindados y servicio de protección)
  • Comercializador e importador de armas que vende al Gobierno
  • CV Directo
  • Blindajes Epel Monterrey, S.A. de C.V. 
  • Radiancy de México y Sauna Italia de México
  • Restaurantes Matisse 
  • Comercialización de Malware Pegasus y Da Vinci

Para ver documento completo: AQUI

Para ver otro documento sobre sus contratos: AQUÍ

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¿Margolis era agente del MOSSAD?

Eso no se sabe con claridad, no hay datos o información que pueda establecer su participación como espía, katsa o simplemente el líder de un grupo paramilitar dedicado a la protección de la comunidad judía en México.

Margolis, el vengativo

El caso Cassez – Vallarta obedece a un acto del autodenominado “justiciero Margolis”, quién al verse despojado de vehículos como represalia de Sebastien Cassez por su falta de pago, fueron resguardados en bodegas a cargo de Israel Vallarta. Adicionalmente, los enfrentamientos que tuvo y, de eso no se hace mención en el documental, Eduardo Margolis no tuvo empacho en usar sus influencias con Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y el sistema judicial para realizar detenciones arbitrarias, intervenir directamente en torturas y dar falsas declaraciones con testigos falsos y montajes televisivos.

A todo esto, se unió Isabel Miranda de Wallace quién aún permanece en reflectores, creadora de la asociación civil “Alto al secuestro”, dueña de la empresa de espectaculares y publicidad exterior Showcase Publicidad, S.A. de C. V., quien a principios del mes de agosto del año en curso volvió a colocar la fotografía de sus inculpados por el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.  Se trata de César Freyre, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo, Tony y Albert Castillo y Juana Hilda González Lomelí.

Esta señora se encargó de proporcionar a una presunta víctima de secuestro de nombre Ezequiel Elizalde Flores en contubernio con Genaro García Luna e incriminar a Florence y a Israel. No conforme con ello, a Israel Vallarta se le vincula con otros secuestros, de esta manera ampliaron el panorama y crearon el ficticio grupo delictivo Los Zodiaco, para establecer una acusación más, e involucrarlo al crimen organizado y refundirlo en la cárcel. Pero eso no es todo: la familia, hermanos, sobrinos fueron también aleccionados con la aparición de otro presunto secuestrador llamado David Orozco, quién mediante tortura incriminó a más personas de la familia Vallarta.

No te pierdas: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

Las acciones de Margolis

Con un carácter de la “chingada” como el mismo lo define, de gestos ásperos, bajo perfil y formas propias de un hombre sin ley y sin educación formal, Eduardo Margolis fanfarronea, le gusta que le teman, prefiere ser odiado que amado, padece leucemia desde 2005, se atiende en Houston, tiene citas regulares para el cuidado de su salud y es afable con los niños.

Una vez que Florence Cassez ingresa al reclusorio Santa Martha Acatitla femenil, Margolis se comunica con ella, afirma que él nada tiene que ver con su detención, que Israel Vallarta es un secuestrador y le pide que por su bien y su “pronta” libertad deje de hablar de él, que se desvincule y trate su defensa por ella misma, y con la ayuda del gobierno francés, hablar o mencionar a Israel Vallarta sólo hará que ella se hunda más en esta situación.

Tal era la presión de los medios y la afirmación desgraciada de periodistas sin ética, comunicadores y autoridades bajo paga, que Israel Vallarta siempre fue señalado como un secuestrador, en una violación flagrante al debido proceso.

Las comunicaciones entre Margolis y Cassez no fueron pocas…

Florence Cassez

Estar en prisión en un país donde no se es nativo, puede representar un gran pesar, temor y angustia exacerbada por ignorar en principio las leyes fundamentales y sabiendo de antemano que las leyes no funcionan igual que en el país de origen.

Siguiendo los consejos de Eduardo Margolis, del gobierno francés y de abogados defensores, Florence Cassez pronto se desligó de Israel y consiguió la ayuda añorada. Las acciones encaminadas por el gobierno francés, las gestiones y los problemas derivados entre dos presidentes Sarkozy – Calderón, generaron una lucha encarnizada por liberarla de la cárcel, aunque ello comprometiera las relaciones diplomáticas.

Lee más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

 

El triunfo fue para Francia a principios de 2013. Florence Cassez sería liberada ante la rabia de Felipe Calderón, quien supuestamente no tuvo empacho en amedrentar a Arturo Zaldivar, según el dicho del propio ministro designado por el propio Calderón en 2009 como integrante de la SCJN.

Resulta inverosímil la queja que hace el ahora presidente de la SCJN Arturo Zaldivar al afirmar que fue encañonado al salir de su casa entre 5 o 10 minutos. Algo no coincide, pues una intimidación de ese calibre es un golpe de Estado manifiesto y no puede dejar de soslayarse. En todo caso, si fue cierto, el ministro también es responsable de haber callado para que se perpetrara este golpe.

La mezquindad de Florence Cassez y los pies en polvorosa de Sebastien 

Una desconcertante situación la que vivió Florence Cassez, pero eso no quita la egolatría, el alejamiento y la credibilidad a Margolis en cuanto a la culpabilidad de Israel Vallarta, es increíble que manteniendo una relación no hubo ningún acto empático a posteriori de su liberación.

No hay un pronunciamiento de la inocencia de quien en su momento fue su pareja, hay desdén hacia la tortura sufrida, la detención y la incriminación de la familia Vallarta.

Por su parte, Sebastien Cassez simplemente poco hizo para salvar a su hermana y a su cuñado. Él huyó, desapareció, y ahora es un protagonista de la afamada serie, c’est la vie.

Al igual que Eduardo Gallo, guardando sus debidas proporciones, Eduardo Margolis no sólo es cómplice de esta trama criminal, también participó y fue espectador de las torturas, al igual que Isabel Miranda de Wallace, quién también daba las indicaciones, pagaba 50 mil pesos por golpear a Cesar Freyre (víctima de Wallace), escupía, interrogaba y jalaba de los cabellos a Jacobo Tagle Dobín.  Ambos, junto con Israel Vallarta, son parte del cúmulo de personas privadas de libertad con protocolos de Estambul positivos en tortura y reconocidos internacionalmente. 

La editora recomienda: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

La tortura aún existe

El pasado 29 de Agosto el Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no hay tortura en México, aquí habría que preguntarle lo siguiente:

¿Quién le informa al señor presidente?

¿En qué basa tal afirmación?

En México se sigue presentando la tortura como práctica cotidiana. No se ha erradicado, por lo que sería muy importante si dijera: En México se está luchando por erradicar la tortura.

Carlos Loret de Mola señala de manera absurda la justificación del maltrato a Israel Vallarta, Pablo Reinah (Guiñapo de Loret) incluso lo abofeteó en un par de ocasiones, según el protocolo de Estambul aplicado a Israel Vallarta por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación.

Pensar que somos vulnerables a un simple señalamiento de seres sin escrúpulos, malditos y salvajes nos hace temer por nuestra propia integridad. La inseguridad es latente y no es ficticia, estamos expuestos a ellos y a los criminales de la calle. Pero, a diferencia de estos últimos, los primeros siempre tendrán el modo de seguir avanzando de manera impune, con luces y reflectores aparentando una piel buena y bondadosa cubriendo la miseria humana.

 

 

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Fabricación de culpables

Traslados de presos adultos mayores vulneran derechos humanos y ponen en riesgo su vida en Puebla

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Tirso Zúñiga y Jens Herrera, adultos de la tercera edad, llevan presos sin sentencia más de 26 años

Tirso Zúñiga y Jens Herrera llevan 26 años de prisión sin sentencia acusados por sus coprocesados bajo tortura

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de Tirso Zúñiga Vargas, de 74 años, quien lleva 26 años preso sin sentencia, externaron su preocupación a este medio por el traslado arbitrario del penal del Cereso de Puebla al de Tecali de Herrera, en condiciones más vulnerables de movilidad y con reducción de alimentos. Antes, Jens Herrera Guzmán fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, incomunicado de su familia.

Tirso Zúñiga es uno de los dos presos con mayor número de años sin sentencia en México. Él y su coprocesado Jens Herrera Guzmán, cumplieron 26 años en prisión preventiva, bajo la causa penal 240/1996, acusados de secuestro en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce.

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De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura, sin embargo, pese a las evidencias presentadas en más de veinte años, siguen sin sentencia.

Tirso Zúñiga Vargas padece las enfermedades de hipertensión, reumatismo y artritis en las extremidades que le impiden valerse por sí mismo, por lo que usa silla de ruedas y andadera. Fue contagiado de Covid19, y requiere de medicamento que es proveído por la familia.

Traslados arbitrarios

El 16 de diciembre Tirso Zúñiga fue trasladado al penal de Tecali de Herrera, como una de las supuestas medidas de apoyo para personas de la tercera edad privadas de su libertad. No obstante, el testimonio de los internos adultos mayores en Puebla es que los traslados han sido arbitrarios, ya que no se les notifica a la familia ni a sus abogados. Adicionalmente, la movilidad es complicada para los internos más vulnerables por la avanzada edad y las enfermedades que sufren y se les redujo a dos porciones de alimentos por día, sin atención médica.

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Jens Herrera Guzmán, procesado bajo la misma causa y en las mismas condiciones, fue trasladado el 25 de octubre al penal de Tepexi de Rodríguez, más de 80 kilómetros de distancia del Cereso de Puebla, por lo que a su familia también se le dificulta ir a verlos.

Al hacer el traslado de Herrera Guzmán, le quitaron sus pertenencias sin ninguna justificación, entre éstas, una lista de los internos adultos mayores en condiciones vulnerables, algunos en abandono jurídico, y muchos con más de dos años de prisión preventiva, una violación a la Constitución mexicana, según lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, donde se especifica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

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