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Fabricación de culpables

De víctima a victimario: La historia de Eduardo Gallo, otra creación de Genaro García Luna

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Capítulo 6: Los Activistas
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz

Guadalupe Lizárraga

La historia de Eduardo Gallo era la historia de dolor de un padre que había perdido a su hija, y había tomado la justicia en su propia mano. Paola Gallo Delgado, de 25 años, había sido secuestrada y asesinada el 16 de julio del 2000, en Morelos. De acuerdo con las investigaciones de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, presidida por Adrián Ramírez López, quien defendía también a víctimas de fabricación de culpables, Gallo había recibido el apoyo de Genaro García Luna, que en ese entonces encabezaba la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, dependiente de la Policía Federal Preventiva. Eran cuadros formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, integrados por la Policía Federal de Caminos y una brigada militar de la Armada de México.

El equipo de García Luna se encargaba de generar información de inteligencia para el combate al delito, y apoyaba a las entidades federativas. Tenía recursos y poder de decisión para facilitarle equipo humano y técnico a Eduardo Gallo y Tello para que ejerciera su venganza. Así lo comprobaba un oficio entre comandantes que habían participado en el operativo policial.

“Cuernavaca, Morelos, a 21 de julio del 2000

Camerino Román Bustamante

      1. Lic. Coordinador General de la Policía Judicial del Estado.

 Me permito hacer de su superior conocimiento que el día 20 de los corrientes siendo las 18:00 horas, el suscrito Víctor Hugo Valdez Ortiz, Coordinador Operativo de la Policía Judicial del Estado acompañado del CC. Cmdte del Grupo de Homicidios, Martín Jorge Saldaña Amdriz, y Cmdte del Grupo Francisco Quintero Ochoa en coordinación del comandante Enrique Flores Reyna, Coordinador General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y dos agentes de dicha corporación, nos abocamos al seguimiento de la investigación y esclarecimiento que refiere el Secuestro y Homicidio de la Profesora Paola Gallo Delgado, relacionado con la Averiguación Previa SC/1ª/4303/00-07.

Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables, copartícipe de los hechos, se encontraba en la ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos, Lic. Rogelio Sánchez Gatica, para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad.

Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la PFP. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. Rubén Silva, acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo.

A las 20:00 horas del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos. Cabe hacer mención que nos acompañó la detenida Luz Edith Bouchez Ake, la cual iba a precisar los domicilios donde se encontraba uno de los presuntos responsables.

Estando en la ciudad de Perote Veracruz, nos acompañó a visitar los domicilios en busca de los presuntos responsables la C. Lic. María del Consuelo Hernández Jiménez, Titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa, Veracruz, acompañada de tres oficiales ministeriales secretarios, quienes dieron fe a las diligencias en que intervenimos.

Se visitó el domicilio de la familia Gómez Corona, ubicado en la calle Francisco Villa N°8 de dicha ciudad, donde se buscaba localizar y detener al presunto Rolando Gómez Corona, donde fuimos atendidos por la Sra. Guadalupe Corona Mauro y por Crisanto Gómez Martínez, padres del presunto responsable, así como por José Manuel Gómez Corona, hermano del mismo, quien manifestó que tenían quince días aproximadamente que no veían a Rolando, y que la última vez que estuvo en ese domicilio se hizo acompañar de otros jóvenes, quienes dejaron en el interior de ese domicilio dos maletas de color negro, de la marca Samsung Nake, las cuales voluntariamente las entregaron para no tener problemas con las autoridades.

Teniéndolas presente afuera del domicilio, y en presencia del Ministro Público, se abrieron para ver el contenido de dichas maletas, en el interior se observó que había equipo para operaciones tales como RAPEL, que utiliza la policía, fornituras con funda para pistola, porta cargadores para aditamento de armas AK47, conocidas como (Cuernos de Chivo), arnés y chalecos de color negro, material para limpieza de armamento entre otras cosas.

Después de visitar ese domicilio y por versiones de la detenida, nos trasladamos a otro que se ubica en la Privada de Insurgentes N°41 de la Colonia Heroico Colegio Militar, en la misma ciudad de Perote Veracruz, con la intención de asegurar a un sujeto de nombre Jesús Rojas Álvarez, copartícipe de estos hechos y compañero de Rolando Gómez Corona.

En ese domicilio se entrevistó a la señora Cristina Páez Tiburcio, quien se identificó como esposa del presunto, a su vez nos hizo del conocimiento que su esposo Jesús Rojas Álvarez no se encontraba, y que ignoraba su paradero.

Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para abordar la aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama, Municipio de Temixco, Morelos a las 00:30 horas. del día.

Lo que hago de su conocimiento para lo que ha bien tenga ordenar.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo No reelección
Coordinador Operativo de la Policía Judicial
Cmte Víctor Hugo Valdez Ortiz

C.c.p. Lic. Rogelio Sánchez Gatica. Procurador General de Justicia del Estado de Morelos.- Para su superior conocimiento.

 

En los documentos aportados a Los Ángeles Press, se enfatizaba que la mujer detenida que los había acompañado al operativo para que localizaran a Rolando Gómez Corona, Luz Edith Bouchez Ake, iba sin el abogado defensor de oficio, y se encontraba en crisis emocional. Tampoco les presentaron orden de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo. No existía ninguna imputación de su responsabilidad en el secuestro de Paola, y sin embargo también se la llevaron presa. La usaron como el “ariete” para fabricar el caso.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Adrián Ramírez, llevaba la defensa de Antonio Barragán Carrasco, quien había sido inculpado falsamente también por el secuestro y homicidio de Paola Gallo, pero también por el homicidio de los secuestradores y asesinos de Paola. El padre dolido, y con sed de venganza, fue en cacería de todas las personas que habían cometido el crimen contra su hija, pero también de los familiares. Antonio Barragán era cuñado de uno de ellos.

El 22 de septiembre de 2001, Gallo llegó a San Quintín, Baja California, junto con un policía del estado, de nombre Rey David. En ese poblado trabajaba Antonio como jornalero agrícola, junto con su hijo. El policía y Gallo fueron preguntando en el poblado, hasta dar con la casa de Antonio, y su esposa le dio las referencias del lugar de trabajo. Cuando lo tuvo frente a sí, Gallo golpeó a Antonio, le quitó la paga recién obtenida por su trabajo, y lo amenazó de que si no se incriminaba de haber matado a los secuestradores de su hija, él iba a matar a sus hijos e iba a violar a su hija de 16 años. Esa noche, tanto a Antonio como a su hijo, los tuvo de rodillas, con las manos en la nuca, mientras le arrancaba a él la confesión a golpes. Antonio fue torturado también con toques eléctricos que le provocaron ámpulas y quemaduras, según consta en el examen médico de la Comandancia de Ensenada, Baja California. Al día siguiente, lo trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. De allí, a Cuernavaca, Morelos, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Entre las 4 y 10 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de Antonio, tanto el policía Rey David como Eduardo Gallo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el cuerpo.

Antonio terminó en el penal de Atlacholoaya, Morelos, pero las torturas no cesaron. Por varios días, Eduardo Gallo lo visitó en el módulo, con la autorización del director del CERESO, Sebastián Inzunza, a quien Gallo le pagaba para que lo dejara entrar. Antonio dijo que fueron cinco días consecutivos que siguió golpeándolo, hasta que lo defendió el mismo director del penal, porque creía que se iba a morir por los golpes. Después, por consigna de Gallo, estuvo aislado en una celda de castigo por un año y tres meses, a pesar de que él ya se había incriminado de haber matado a los secuestradores de su hija, para que no lo siguiera torturando.

Antonio estuvo sin sentencia de 2001 hasta el 13 de enero de 2015, y se le negó el Protocolo de Estambul, al igual que sus coacusados. Lo sentenciaron a 33 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. En el amparo directo DP 114/2018 se especificaba en la página 78:

“Un civil, doliente de la injusta muerte de su hija, toma las riendas de la investigación y mediante su poder económico y traficando sus influencias, logra encabezar operativos, participar en detenciones directamente, y además de interrogar y tomar declaraciones que luego van a ser convalidadas por los agentes policiales y el propio ministerio público”.

El 14 de noviembre de 2018, le escribí un correo electrónico a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (En Vero) sobre el caso de Antonio Barragán:

Le 2018-11-14 20:22, Guadalupe Lizárraga a écrit:

¿Recuerdas que me comentaste que Antonio Barragán Carrasco había
estado ya en la cárcel antes de ser acusado de los homicidios de los
secuestradores de Paola Gallo? Pues ahora mismo está cumpliendo doble
condena, una de 40 años por el secuestro y homicidio de Paola, y otra
por el homicidio de los secuestradores de Paola.

O sea que a él lo acusaron de todo. De lo que hicieron los
secuestradores y lo que hizo Eduardo Gallo. Y aparte, Gallo violó y asesinó
a la madre de la esposa de Antonio, y mató a un hermano de ella y a
su hijo de 4 años. Son en total seis asesinatos, una violación
sexual, y las torturas de Antonio durante cinco días seguidos, y
amenazas a su familia:

“Mire, mi suegra y mi cuñado no estaban vinculados en el
secuestro de Paola Gallo, y Gallo violó y asesinó a mi suegra y a mi
cuñado, y mató al hijo de mi cuñado. El hijo de mi cuñado era un
menor de edad, tenía cuatro años de vida, estas tres personas son
las que Eduardo mató.

Y los tres homicidios que eran los verdaderos secuestradores de Paola
Gallo, a esos tres los mataron en el momento de recibir el rescate de
Paola, y de esos tres homicidios también estoy acusado yo de
matarlos, todo esto es totalmente falso, hay pruebas en el expediente
donde dice que fueron policías vestidos de color negro, que hasta
perros llevaban, esto consta en el expediente”.

Es espeluznante todo esto…

GL

 

La respuesta de David fue hasta 14 días después, el 22 de noviembre de 2018.

From: David Bertet

Date: Thu, Nov 22, 2018, 16:46
Subject: Re: Antonio Barragan
To: Guadalupe Lizárraga

Después de diciembre, me voy a poner a estudiar a fondo ese expediente.
Estoy enterado del amparo que me hiciste el favor de proporcionarme. Por
el momento, hago lo posible para recaudar documentos por medio de otras
fuentes que te compartiré.

Abrazo 🙂
David

Eduardo Gallo, como activista de derechos humanos, invitado por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que dirige David Bertet, desde Montreal Canadá.

 

David Bertet nunca me envió documentos en relación con este caso. Incluso rechazó la defensa de Antonio Barragán Carrasco, como culpable fabricado, debido a su amistad con Eduardo Gallo. Más aún, sirvió de intermediario para las amenazas de demanda de Eduardo Gallo contra mí, después de que yo hiciera referencia en la presentación de mi libro El falso caso Wallace, el 12 diciembre de 2018.

From: David Bertet
Date: Sun, Jan 13, 2019, 08:19
Subject: Fwd: Carta Sra. Guadalupe Lizarraga
To: Glizarraga27

Hola Guadalupe,

Te hago llegar la carta de Eduardo Gallo. No la leí (porque es carta
dirigida a ti específicamente), solamente la copié abajo. Me avisas si
me autorizas a leerla, por favor, o si quieres que lo comentemos.

Abrazo
David

“Sra. Guadalupe Lizárraga

Presente

Como es de su conocimiento, llamé telefónicamente a David Bertet, amigo suyo y mío, a fin de que por su conducto pudiéramos entablar comunicación con el fin de aclarar conceptos que Usted vertió al final de su intervención en el evento desarrollado el pasado mes de diciembre, al presentar su Libro “El Falso Caso Wallace“.

En esa ocasión Usted mencionó hacia el final de la presentación de su libro y, en relación con el secuestro y homicidio de mi hija Paola Gallo Delgado, que Eduardo Gallo había torturado a Antonio Barragán Carrasco.

La idea de tratar de entablar comunicación con Usted era aclarar sus afirmaciones que son totalmente equívocas, por lo que me atrevo a pensar en que las mismas corresponden a una versión falsa que alguien le debe haber hecho llegar a su conocimiento.

No pretendía yo entablar una discusión con Usted, solo conocer la versión que usted tiene y que le permitió hacer la afirmación que hizo, pero sin enfrascarme en una discusión con Usted. Al efecto le afirmo que esas acusaciones que se me hacen son falsas de toda falsedad, pues nunca he cometido semejante delito ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni en contra de ninguna otra persona ni por el secuestro y homicidio de mi hija Paola, ni por ninguna otra causa.

Lamentablemente Usted no aceptó entablar comunicación directa conmigo y solicitó que le mande yo un documento con el contenido que yo quería tratar con Usted, sin embargo sé de qué tipo o conteniendo que información o evidencias o pruebas, toda vez que no conozco los detalles de su acusación más allá de lo que ya mencioné.

Quiero dejar claro que la carga de la prueba no es de quién es inocente de hechos que falsamente se le imputan, sino de quién hace las acusaciones, es decir, no me corresponde a mi probar mi inocencia sino a quién me acusa, probar la veracidad de sus dichos y acreditar los delitos que se cometieron en su contra por la persona culpable del agravio que dice haber sufrido. Por lo antes mencionado, yo no puedo hablar de los detalles de una acusación de la que desconozco hechos, modo y lugar de los mismos.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta que si tiene Usted evidencias de que yo cometí un delito en contra de Antonio Barragán Carrasco, uno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, formulen la denuncia respectiva ante la autoridad competente y aporten las pruebas que soporten tal acusación. Eso permitirá que el asunto corra el trámite legal que le corresponda y que haya un debido proceso en el que se valoren las pruebas y se conozca la verdad y se imparta justicia. Así, si Usted tiene pruebas de sus dichos o si quién le dio la versión tiene pruebas de lo que afirman que hice en contra del sujeto de referencia, procedan a denunciar los agravios causados con tal conducta que se me atribuye.

De antemano le digo que no puede haber pruebas de que cometí actos de tortura en contra de Antonio Barragán Carrasco, porque yo no llevé a cabo las conductas o acciones de las que se me trata de acusar ni tengo nada que esconder en mi vida o que no quiera que se conozca y, por lo mismo, no acepto imputaciones falsas en mi contra. Así que no tengo temor alguno de que el asunto se lleve a las instancias necesarias para que la verdad salga a la luz.

Aprovecho hacerle saber o si fuera el caso recordarle, que Antonio Barragán Carrasco fue sentenciado culpable por diversos jueces federales y estatales en diversas instancias, no sólo por el secuestro y homicidio de mi hija Paola y robo en agravio de diversas personas, también lo fue por otros secuestros y robos cometidos en agravio de otros personas y en fechas incluso anteriores al evento del secuestro de mi hija, así como por otros homicidios y por su pertenencia a una organización criminal de delincuencia organizada, por lo que no tiene derecho a libertad anticipada ni a beneficios de preliberación, ya que las leyes no contemplan ese tipo de beneficios para los culpables de ciertos delitos graves. Si la versión de la tortura proviene de él mismo, tal vez sea porque ello constituye su última opción para tratar de que le revoquen las sentencias que lo condenaron a décadas de prisión.

Finalmente le comento aunque entiendo que conoce algo de mi historia como activista social en seguridad y justicia, que siempre defendí el debido proceso, la legalidad, la verdad y la justicia y que soy enemigo de tomar la justicia en mano propia, (aunque Usted hagan mención a que la prensa internacional me conoce como “vengador”, lo que fue primera noticia para mí, pues a lo largo de mis años de trato con los representantes de medios internacionales, nunca nadie me comentó esto), o recurrir a la venganza o a torcer la ley para culpar a alguien por un delito que no cometió. He dado pruebas más que palpables de mis principios y valores. Incluso apoyé y contribuí a la defensa de las víctimas del caso Wallace antes incluso de que Usted, Guadalupe, empezara a apoyarlos y fui yo quien enfrentó a la propia señora Wallace en el caso de Florence Cassez, y quién, incluso, presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia buscando justicia a su favor.

Por todo lo anterior, nunca pensé que yo pudiera ser acusado de delitos de tortura que nunca cometí ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni de ninguna otra persona, y que esto pueda tener como efecto que se fabrique su inocencia y se ponga en libertad a un culpable real de delitos probados y juzgados por las autoridades competentes. Ello me resulta obtuso y absurdo.

Resumiendo para concluir, Guadalupe, no tengo nada que probar. No he cometido ningún delito en contra de ninguno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, ni hoy ni hace 10 ni 20 años, ni contra ellos ni contra persona alguna. Podrán decirlo los delincuentes, pero nadie puede probar lo que no ocurrió por ser hechos falsos. Nadie puede probar que yo cometí delitos en su contra, simple, lisa y llanamente, porque no los cometí. Si alguien lo dice, que lo pruebe y me denuncie ante la autoridad competente. Que presente pruebas reales y concretas, no meros dichos o aseveraciones. Llegado el caso, me defenderé de esa acusación totalmente falsa y lo haré con estricto apego al derecho y a la legalidad. No tengo miedo de que se me acuse de lo que no hice y, en su momento, de ser ese el caso, podrá Usted misma constatar la veracidad de mis dichos y la falsedad de los hechos por los que me acusa Usted.

En debida correspondencia le agradeceré que si no tiene pruebas reales y concretas que soporten sus dichos de que torturé a Antonio Barragán Carrasco, se abstenga de volver a mencionar públicamente que el suscrito cometió actos de tortura en contra de esa persona. De ser ése el caso, es decir, si no tiene pruebas que soporten sus dichos, ofrézcame una disculpa pública por acusarme sin pruebas para lo cual deberá utilizar los mismos medios públicos que usó Usted cuando me descalificó y desautorizó como persona y activista social honesto y ético al acusarme de haber cometido los actos de tortura ya repetidamente citados.

QUEDO a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación al contenido del presente.

Eduardo Gallo”.

No obstante, en el libro testimonial de su autoría, titulado Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta, Eduardo Gallo narra de su propia voz los hechos en los que participó. Aquí un interesante fragmento de su propia pluma:

“En septiembre de 2001 logré la aprehensión de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la banda de secuestradores quien por diferencias con los jefes fue expulsado durante el secuestro de mi hija. En venganza, y dado que su cuñado era Anselmo Hernández Benítez, quien a su vez era el chofer de la banda, planearon juntos matar a los jefes cuando fueran a cobrar el rescate del secuestro. Se pusieron de acuerdo con otros tres sujetos y realizaron el homicidio múltiple la noche del 15 y 16 de julio de 2000. Lo anterior consta en la declaración preparatoria rendida por este sujeto ante el Juez Segundo Penal del Primer Circuito Judicial en Atlacholoaya, Morelos. La detención de este sujeto se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona. Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después, ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho El Pedregoso.

A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta. Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias “Arturo Rivera Policarpo” y “Herminio Olea Mena”. Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento. La declaración preparatoria del sujeto que aprehendimos y de su cuñado, Anselmo Hernández Benítez, nos permitieron saber que ambos, en compañía de Gilberto Aguirre Bahena y otros dos tipos, fueron quieres mataron a los tres secuestradores de mi hija cuando se presentaron a cobrar el rescate. Los motivos de este crimen aún no son del todo claros y creo que difícilmente sabremos la verdad completa; sin embargo, hay elementos que permiten pensar que se trató de una venganza entre integrantes de los grupos armados del EPR y el ERPI, por alguna traición cometida por uno de los asesinatos, Miguel Salgado Nájera, quien al parecer se quedaba con el dinero de los secuestros, en lugar de entregarlos “a la causa”. Este sujeto era originario de Tepetixtla Guerrero, y durante años fue militante del EPR y uno de sus principales gatilleros (hay quien le atribuye más de 15 muertos en la región). El detenido Antonio Barragán Carrasco, también originario de Tepetixtla y militante de EPR, señaló que un tal “Montes” les proporcionó las armas que utilizaron para el triple homicidio. Otros de los asesinos son Gilberto Aguirre Bahena, identificado como “Sargento Adán” cuando militaba en el EPR (hoy aparentemente integrante del ERPI); su hermano Alejandro Aguirre Bahena, conocido, cuando pertenecía al EPR, como “Teniente César” (parece que ahora también militaba en el ERPI), así como otro sujeto no identificado. Actualmente se desconoce el paradero de estos criminales”.

Tomado de Paola: Historia de un Secuestro y de una Sociedad Corrupta, Gallo y Tello, Eduardo, Grupo Editorial Vid, S.A. de C.V., ISBN 9687372478, Fecha de colofón: 2002-07-24.

 

 

La defensa de Antonio Barragán, guiada por el activista de la LIMEDDH, Adrián Ramírez, era precisa:

“Como se puede apreciar, se trata de un libro testimonial que fue ampliamente difundido y comentado a nivel mediático, cuyos efectos trascienden más allá del tiempo. Se trata de un libro que está registrado ante los derechos de autor, lo que le hace responsable de lo que él menciona y de los efectos y consecuencias que puede traer. Asimismo, acepta la participación directa en la investigación y en mi detención, y además hace una serie de apreciaciones y conjeturas que violan a todas luces la presunción de inocencia misma que en ese tiempo, tanto yo como mis coacusados, debíamos de gozar. Coloca en el imaginario social a mi persona, como si estuviera sentenciado culpable”.

Respecto a la prensa internacional que Gallo hacía referencias en su carta, y que yo había compartido esa información con David Bertet, también decía desconocerla. Un ejemplo era una nota de Los Angeles Times, del 20 de junio de 2001, escrita por el periodista James F. Smith, miembro del staff del periódico.

“Father Hailed for Taking Justice Into Own Hands

Mexico City.- Eduardo Gallo refused to let his daughter’s brutal kidnapping and slaying become just another forgotten case. So he solved it himself, right up to the arrest this week of the alleged triggerman.

Like the relatives of hundreds of other kidnapping victims in Mexico, Gallo paid a ransom–about $18,500 and some jewelry–after his daughter Paola was seized by a gang from the family’s weekend home last July in the town of Tepoztlan near Mexico City.

But Paola’s body was found a week later. She had been shot twice, in the neck and the back. Three suspects were quickly arrested and are awaiting trial. But the gunman could not be found, and nothing more happened.

Her father, frustrated by police inaction, closed his consulting firm and turned himself into a novice detective. He chased leads and pored over information including cellular phone records to crack the case…”

Traducción propia:

“Padre aclamado por tomar justicia en sus propias manos

Eduardo Gallo se negó a permitir que el brutal secuestro y asesinato de su hija se convirtiera en otro caso olvidado. Así que lo resolvió él mismo, hasta el arresto esta semana del presunto pistolero.

Al igual que los familiares de cientos de otras víctimas de secuestro en México, Gallo pagó un rescate (alrededor de $ 18,500 pesos y algunas joyas) después de que su hija Paola fuera secuestrada por una pandilla de la casa de fin de semana de la familia, el pasado mes de julio en la ciudad de Tepoztlán, cerca de la Ciudad de México.

Pero el cuerpo de Paola fue encontrado una semana después. Le habían disparado dos veces, en el cuello y en la espalda. Tres sospechosos fueron arrestados rápidamente y están en espera de juicio. Pero el pistolero no pudo ser encontrado, y nada más sucedió.

Su padre, frustrado por la inacción policial, cerró su consultora y se convirtió en un detective novato. Persiguió pistas y examinó información que incluía registros de teléfonos celulares para resolver el caso…”

La nota, en total, tenía 28 párrafos breves, algunos de tres líneas, e incluía citas literales de Eduardo Gallo, lo que demostraba que en ese año 2001, había dado la entrevista formal al periodista de Los Angeles Times, mostrándose como un “héroe” y aceptando haber hecho justicia por su propia mano, al mismo estilo de Isabel Miranda Torres, asesorados y apoyados con recursos públicos por Genaro García Luna. Pero en diciembre de 2018, en la carta dirigida a mí, Gallo me pedía pruebas, como si éstas no existieran, incluso simulaba desconocer lo que él mismo le había dicho a la prensa extranjera de su caso.

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito concedió el amparo a Antonio Barragán contra la resolución del 13 de enero de 2015, en la que se le dictaba sentencia, ordenando ahora la reposición de todo el procedimiento, a fin de que el juez llevara la investigación oficiosa respecto a las quejas de tortura. Esta resolución del tribunal era otra prueba más en contra de Gallo. Sin embargo, siendo el mismo juzgado que respondía a su tráfico de influencias, y en el que también Isabel Miranda tenía injerencia, hacía caso omiso del amparo y retrasaba la orden para aplicar el Protocolo de Estambul a Antonio y reponer el procedimiento. Por lo que el 10 de abril de 2019, se le entregó en mano al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un documento en el que se le explicaba a detalle la situación de Antonio Barragán Carrasco, incluso haciendo énfasis de cómo Eduardo Gallo asistía a las audiencias judiciales, con arma de fuego colgada al cinturón, que desenfundaba en plena sesión, poniéndola sobre el mueble frente al que le tocaba sentarse.

El activista Adrián Ramírez López

En varias entrevistas que hice al activista Adrián Ramírez López, de la LIMEDDH, corroboraba sin titubeo las agresiones de Eduardo Gallo y Tello a Antonio Barragán Carrasco:

—Sí, había una colaboración directa de las autoridades para ubicar y detener a Antonio, pero lo cierto es que eso no quedó judicializado, no hay ningún documento que obre en el expediente al respecto. Incluso en 2012, se solicitó la lista de nombres en los vuelos comerciales que salieron ese día, 22 de septiembre de 2001, de la ciudad de Tijuana hacia Ciudad de México, donde debía haber un boleto de avión a nombre del señor Eduardo Gallo, otro a nombre de Rey David y otro para Antonio Barragán Carrasco. Sin embargo, el juez que llevaba la causa se negó a pedir esa información, y era parte de una de las pruebas que se habían solicitado. Además, Antonio fue capturado el 22 de septiembre y llevado a la procuraduría hasta el 24 para su declaración preparatoria, pero eso no está en el expediente 140, sino en el 86. No hay una petición del juez o del ministerio público, sino que esto lo hace Eduardo Gallo por su propia iniciativa. Le toma la comparecencia a Antonio Gallo dentro de las instalaciones del penal de Atlacholoaya. No lo lleva a la procuraduría ni a la oficina de prácticas, sino ahí mismo en el penal le toma esa declaración, y se la hacen válida, es como las veces que fue sacado de su celda para ser torturado. Otra de las cosas que no se puede pasar por alto es el hecho de que —en su momento— Antonio presentó una denuncia por tortura y pidió que se investigara por qué Eduardo Gallo podía entrar directamente a torturarlo a las instalaciones del propio penal. Sin embargo, lo que contesta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos es que pidió la bitácora de entradas y salidas y no había registro de que Eduardo Gallo hubiera entrado al penal.

—¿Tráfico de influencias? ¿Derecho de picaporte a las celdas del penal? —pregunté para que el activista reiterara la forma en que se había manejado Gallo con relación al sistema carcelario del estado de Morelos.

—Hay que entender que si hay una relación de amistad y convivencia y son actos ilegales, es obvio que no necesita registrar su ingreso por la aduana, por la situación de amistad. ¡¿Cómo el director del penal no tiene un registro de las entradas y salidas a su área de trabajo?!Además, el hecho de que no haya registros de Gallo de haber pasado por la aduana, no significa que no haya entrado. Incluso hay testimonios de personas del penal que declararon en 2012, que Insunza (el director del penal) sacó a Antonio de la visita íntima para llevarlo a un lugar, y después fue regresado con huellas de severo maltrato.

Pregunté a Adrián Ramírez por qué declararon hasta 2012. El activista me precisó que las personas tuvieron miedo todo ese tiempo y guardaron la información. Incluso, el mismo personal de custodia no se atrevía a declarar por temor a represalias.

Adrián Ramírez López abundó que fue el mismo año en que Joaquina, esposa de Antonio en ese tiempo, se refería también a ese incidente, de cuando lo sacaron de la visita conyugal con ella. Declaró además ante el Ministerio Público que su madre, la señora Petra Benítez Tacuba, había sido torturada y violada por Eduardo Gallo, y que el día en que iba a comparecer a la procuraduría, la señora Petra fue ejecutada de un balazo en la cabeza.

—Hubo un comando con dos grupos de escoltas y simplemente ejecutaron a Petra, a su hijo, a su nieto de cuatro años y dejaron herida a su nuera. Iban en dos camionetas negras, en un operativo con armas de alto poder. Primero, torturaron a las personas y luego las ejecutaron. Todo esto pasó, sin que esta familia tuviera ningún vínculo con el crimen organizado. Era gente muy pobre que difícilmente podía estar vinculada a situaciones de delincuencia organizada, por las mismas condiciones de pobreza y humildad en las que vivían. Si hubieran estado vinculadas a la delincuencia organizada, por muy bajo que fuera el lucro que obtuvieran, tendrían manera de vivir cubriendo las necesidades básicas, pero estaban muy limitados económicamente.

—¿Hubo una denuncia formal por la violación de Petra Benítez contra Eduardo Gallo?

—Sí, hubo una denuncia, que la llevó la Primera Instancia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; sin embargo, con las conversaciones que tuve con ellos, lo único que me mandaron fueron unas notas. Nosotros lo sacamos como “acción urgente”, pero no hubo un seguimiento con la procuraduría de derechos humanos. No se ha formalizado para tener esta información.

—¿Por qué no se sabía todo esto, sin han pasado tantos años?

—Nosotros entramos por el expediente de la causa 140, sin embargo, malamente, pero beneficiándonos nosotros también, el magistrado ponente dice que Antonio fue detenido cuando ya estaba preso, y que los hechos que había previos a su detención no son parte de la litis en el presente juicio, y por lo tanto ordena la reposición del procedimiento por cuanto hace a que algunas pruebas que no se acreditaron y que eran necesario retomar con el Protocolo de Estambul.  

 

La fabricación del caso Gallo era similar al caso Wallace. Ambos, tanto Eduardo Gallo como Isabel Miranda, habían sido apoyados con recursos del Estado por Genaro García Luna, habían fabricado culpables para simular que estaba resuelto el caso o se estaba resolviendo, ambos utilizaban a los medios para legitimar los supuestos hechos y crear la imagen de ellos como activistas de derechos humanos, a partir de una tragedia. Eran la “sociedad civil” del PAN, apoyando a Vicente Fox y después a Felipe Calderón como presidentes. La diferencia entre ambos era que Gallo tenía los restos de su hija, y los cuatros cadáveres de los secuestradores, más el de la madre y el de su nieto de cuatro años. Isabel Miranda, en cambio, tenía a ocho personas en prisión, muriendo paulatinamente con sus familias depredadas económicamente por la inútil defensa, pesaba sobre ella también la muerte de Julieta Freyre, más la desaparición de su hijo porque —vivo o muerto— ella había decidido su invisibilidad. Pero indudablemente ambos coincidían en haber aceptado ser títeres del sistema movido por los hilos de García Luna y del entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora.

 

 

El Caso Wallace

Tortura, secuestro y espionaje, el vínculo Margolis entre Israel Vallarta, George Khoury y el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Margolis, en el dictamen sobre tortura de Israel Vallarta

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en Seguridad privada, fue señalado, junto con el expolicía Luis Cárdenas Palomino y el periodista de televisión Pablo Reinah, de cometer actos de tortura y secuestro, según el dictamen pericial realizado a Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión sin sentencia desde diciembre de 2005, acusado de secuestro en un montaje televisivo.

Con un documento de 205 páginas, los peritos en derechos humanos, el médico cirujano Adrián Ramírez López (con cédula Cédula 1396538) y la maestra en Psicólogía María Isabel Mazo Duarte (con cédulas 5721526 y 5784148), acreditaron ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre de 2016, que Israel Vallarta Cisneros “sufrió humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, amenazas, deprivación sensorial de alimento, agua, descanso y sueño, y que éstas le causaron severos y duraderos trastornos psicológicos”. Todo ello atribuido a conductas que los peritos consideraron como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al momento de su detención, durante su permanencia en la SIEDO, así como en el Centro de Arraigo y en el Cefereso #1 El Altiplano, Almoloya de Juárez.

El nombre de Eduardo Margolis aparece en el dictamen 22 veces, y las referencias a su nombre de pila se hacen en 13 ocasiones, específicamente para aludir a su presencia en eventos de tortura contra Israel Vallarta, sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos.

El dictamen pericial de Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte describen el maltrato recibido e identifican a catorce sujetos como perpetradores, en diferentes lugares como en el rancho Las Chinitas, la SIEDO, en el centro de arraigo y un estacionamiento, con la acotación de que éste podría ser en las mismas instalaciones de las PGR, de la Calle López, número 12, del Centro de la CDMX.

Los peritos clasificaron el maltrato como:

“Deprivación sensorial aplastamiento; forzamiento a inhalar substancia no identificada. Insultos. Golpizas reiteradas. Lesiones corporales deliberadas. Posiciones forzadas. Aplicación de electricidad. Amenazas. Humillaciones y vejámenes. Desnudamiento. Agresiones y violencia sexuales incluyendo violación. Atentado contra la libertad y el sano desarrollo de su sexualidad y personalidad. Presencia de tortura a otros. Privaciones deliberadas de medios de vida. Privación del sueño. Intento de asfixia seca. Intento de asfixia húmeda. Exposición a temperaturas extremas” (Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen médico psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención, traslados, arraigo y prisión de Israel Vallarta Cisneros, de la Causa penal 100/2010-VII).

Los encuentros con Margolis

En la SEIDO

En esta etapa, organizada por los peritos bajo el número 9, Israel Vallarta identifica que, entre las personas vestidas de civil en la SIEDO, se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y alude a su presencia también en otros eventos de tortura.

La agresión en la SIEDO fue descrita por los peritos en derechos humanos como: “golpes en cuello, cabeza, tórax para “sacar el aire” y otras partes del cuerpo, bofetadas, patadas en las espinillas, puños en la cabeza. Atadura, presión, inmovilización y golpes en dedos de la mano derecha para forzar impresión de su huella en documentos. Privación de agua, alimento, sueño y servicios sanitarios. Insultos, humillaciones. Golpes propinados por personas vestidas de civil aparentemente ajenas a la PGR. Amenazas de muerte contra el examinado y sus familiares: “los va a cargar la chingada” “tengo la consigna de darte en la madre”. Presencia de golpes a su “mujer amada” (Dictamen pericial, pag. 72).

Momento 1

“Me levantan y me llevan hasta el fondo donde están los archiveros, veo que paso junto a Florence y está… está… Isabel Hernández Arzate, está… este… Eduardo Margolis, ahí lo veo, lo veo parado, pero ahí en el mismo piso con un grupo de personas.

Perito Adrián Ramírez López (ARL): ¿No te saluda? ¿No te dice nada?

Israel Vallarta Cisneros (IVC): No, no, no, no, no, no, yo de momento no pensé que fuera… o sea…, yo lo vi al bulto… en el momento no reconocí que era él, sino fue posterior, ahorita le explico por qué, o sea yo voy pasando y veo el bulto de personas allí, y me llevan al fondo, otra vez lo que en el estacionamiento ya habían hecho conmigo de firmar hojas en blanco, hacer numeración del 10 al 100 y bla bla bla hasta el millón, las mismas hojas que venían ya impresas en computadora, que traían nombres y yo tenía que poner al lado primo, sobrino, etcétera, entonces me decían ¡ponlo!, no lo quise hacer, hubo otras que sí, otras que sí lo hice, honestamente. ¿por qué?…

Perito María Isabel Mazo Duarte (MIMD): ¿Ahí te seguían golpeando?

IVC: Claro que sí, ¡por supuesto!” (Dictamen pericial, 2016, p.77).

Momento 2

“… en ese momento que estaba el cubículo donde me encontraba en el segundo piso, es decir, es un módulo de tres cubículos, yo me encontraba en el primero entrando a ese piso y en el tercero, en el fondo, se encontraba Florence, también rodeada de elementos de la Agencia Federal que reconozco como los mismos que un día antes –ocho de diciembre de dos mil cinco–, nos secuestraron a ella y a mí. Asimismo, entre ese grupo de personas se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con otras personas masculinas de estatura alta y de trajes” (Tomado de la Ampliación de Declaración del procesado Israel Vallarta Cisneros el 10 de julio de 2008 ante el Licenciado Eusebio Zárate Silva secretario encargado del despacho por autorización del H. Consejo de la Judicatura Federal, en Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen pericial, 2016, p. 81).

Momento 3

“Cuando pasé la primera vez hacia los archiveros y yo veo a Eduardo (refiriéndose a Eduardo Cuauhtémoc Margolis) ya me queda claro por qué o por quién, todo lo que me había pasado, desde la detención, pasar por la tortura, estar en el rancho, este… lo vi, sí, en el estacionamiento, lo vi a Eduardo en el estacionamiento, vi la figura de él y la de otra que estaba calva y confirmé ya estando en el ministerio público, como que se me desveló él. Yo comprendía que se estaba cometiendo una infamia contra nosotros, pero no veía el origen, no veía yo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra quién? Y ahí me di cuenta…” (Dictamen pericial, p.158).

En “el Estacionamiento”

En el lugar que Israel Vallarta describe como “El estacionamiento” sufrió una de las torturas más brutales por parte de los agentes de la SIEDO, en las que participó Eduardo Margolis propinándole fuertes patadas en las piernas.

“… (un agente) me golpea en el costado derecho cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado, hijo de tu puta madre, me tiró una cubetada con agua sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho, sosteniéndome la cara y me pone un trapo húmedo con una sustancia que puedo haber sido acetona o algo semejante pero no me dejaba respirar, otra persona se hincó sobre sus rodillas colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome dolor, otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz provocándome asfixia, en tanto que otra persona sobre mis plantas de mis pies, puso un cartón y me golpeaba fuertemente con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome que se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados y seguían golpeándome… Sangré de la boca, o de la nariz, supongo, porque me tragaba mi sangre” (Dictamen pericial, p. 44).

En relación con los toques eléctricos.

“Pues no era un toque en todo el cuerpo aunque estaba yo bañado en agua, era… eran como pellizcos por ejemplo cuando me lo ponían entre el testículo y la pierna es como si me mordieran, de esas pinzas de caimán, entre esta parte y el testículo y además un dolor que se me paralizaba la pierna, y si me lo ponían por acá (indica el cuello) entre el hombro y el cuello era un pellizco muy fuerte, sentía como la contracción y a veces lo sentía entre los dedos de los pies y un testículo, no quiero decir que si me lo ponían en los pies me dolía la oreja, no es cierto, no es cierto, eran más locales pero hubo un momento en que cuando yo me estaba retorciendo por los toques en los testículos, fue cuando esta tipa… este… primero estaba intentando penetrarme, pero no, yo cerraba el glúteo, pero cuando yo lo cerraba no me estaban poniendo toques en los testículos pero cuando me ponen toques en los testículos y hago esta contracción es cuando agarra y siento el jalón, entonces ya… sí tenía dolor en los testículos por las quemaduras, por el dolor, por la sensación pero en ese momento fue un choque de todo, fue un choque de todo, de dolor, de dignidad, de… humanidad, o sea, no soy un animal, ¿sí me explico? No soy un animal, no lo soy, en serio, no lo soy” (Dictamen pericial, p.31).

En la casa de arraigo

El 10 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue trasladado a la casa de arraigo, ubicado en el Eje 3 Morones Prieto, esquina con calle Doctor Barragán, colonia Doctores, de la Ciudad de México, en donde estuvo retenido 88 días, hasta el 8 de marzo de 2006.

De acuerdo con el dictamen, aquí también sufrió golpes, intimidación y amenazas de muerte y de desaparición, así como intimidación y amenazas contra los familiares que lo visitaban. Se le privó de medios de vida y se le mantuvo la mayor parte del tiempo aislado. En una de las golpizas, su verdugo hizo referencias directas a Eduardo Margolis.

“… eso te pasa por andar queriendo quedar bien con el hermano de tu noviecita metiéndote donde no te llaman; Eduardo también es nuestro socio –ahí es donde ya me dice Garza Palacios–, Eduardo es nuestro socio y no está solo, por eso te digo pendejo que ni tienes ni idea de con quién te metiste; –con esto confirmé obviamente, que todo de lo que se nos acusó y por qué yo vi la figura de Eduardo, ahora sí ya quedé yo convencido que la figura que yo vi cuando estaba yo con la venda, me moví el pedacito de venda y vi que era Eduardo y también al día siguiente de mi detención, el 9 de diciembre, este… en… la SIEDO ¿sí? afuera del cubículo como lo manifesté…” (Dictamen pericial, 2016, p.98).

Los perpetradores

El dictamen pericial colegiado en materia de tortura fue elaborado de 2015 a 2016, con la revisión y análisis de 21 documentales, que incluyen declaraciones ministeriales, amparos, y registros de audios, fotografías y material videográfico, entre otros documentos de relevancia. En este trabajo pericial, Israel Vallarta Cisneros identificó a seis de 14 perpetradores. Entre éstos, al expolicía federal Luis Cárdenas Palomino que lo torturó por horas y en diferentes ocasiones, a Eduardo Margolis, que le propinó patadas en el cuerpo y estuvo presente en otros eventos de tortura, y al periodista Pablo Reinah que lo abofeteó para el montaje televisivo.

“…la otra persona era Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol que era el socio de mi cuñado. Entonces ahí, de momento no sabía cómo explicar, porque no habló, pero yo asocié la figura, porque lo conozco, es mucho más alto que yo, no habló una sola palabra, pero al día siguiente estaba allí en los cubículos del Ministerio Público…”.

Las referencias a Cárdenas Palomino

En el dictamen se menciona al expolicía Luis Cárdenas Palomino 59 veces. Es señalado por Israel Vallarta como el mayor agresor y es quien en el rancho Las Chinitas, durante el montaje televisivo, daba órdenes al reportero Pablo Reinah y permitía que éste también lo golpeara.

MIMD:” ¿Hasta este momento, que fue lo peor que viviste?

IVC: Mire, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me golpearon… Entonces en el momento en que se queda Cárdenas Palomino dentro de la habitación… no, no puedo, no he podido sacar… no sólo me denigró como persona, sino como hombre, o sea, yo no soy un animal, yo jamás, jamás en la vida, he lastimado a alguien y menos al nivel que… en que me pusieron, ni mucho menos… tal vez discutía una orden de mis papás, de mis hermanos, ¡pero que alguien se haya ensañado! Los golpes sí fueron, golpes que me dolieron, me lastimaron, las quemaduras en los testículos fueron muy latentes, es algo que no les comenté, es algo muy latente, los lapsos en que me acomodaban para… para seguirme golpeando, cuando la penetración del palo, los toques en los testículos… ¿por qué no lo mencioné? Porque eso fue casi todo el tiempo, desde los primeros golpes hasta los últimos, en todas las posiciones posibles, era ponerme toques en los testículos, en la espalda, en el pecho, en los testículos, en la espalda, en el pecho…” (Tomado de trascripción de entrevista realizada el 11 de noviembre de 2015 a Israel Vallarta Cisneros por los peritos, en Ramírez L., A. y Mazo D. M.I., Dictamen pericial, p. 43.)

El debate de los peritos en la detención

El 9 de diciembre de 2005, el perito médico oficial de la SIEDO, Jorge Arreola Villarreal, elaboró y firmó el dictamen del estado físico de Israel Vallarta y Florence Cassez, bajo el folio 89590, en el que afirmaba que presentaba “lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.

Sin embargo, en el debate pericial que incluye el dictamen de los derecho-humanistas, uno de los cuestionamientos de Ramírez López y Mazo Duarte fue que el tiempo que utilizaron para examinar y elaborar los dictámenes de Vallarta y Cassez, el cual no superó los diez minutos, y el segundo examen sólo era una transcripción literal del primero.

Un siguiente perito médico de la SIEDO que continuó con las revisiones periódicas a Vallarta, el Dr. José Antonio Viveros Orozco, bajo el folio 90065 y con fecha del 10 de diciembre del 2005, señaló con la misma transcripción que se trataba de lesiones que tardaban en sanar en menos de quince días. Los peritos en derechos humanos, por su parte, cuestionaron que a pesar de ser un perito distinto “no actualiza la evolución de las lesiones y sólo se concreta simplemente a continuar realizando una mera trascripción literal de los exámenes previos”.

Cuatro días después de las torturas en la detención, el 12 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue examinado por un tercer perito, el Dr. Pedro Galicia Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el folio 57768-57769. Éste señala que Vallarta Cisneros “presenta lesiones que por naturaleza y características no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”. No obstante, este perito agrega que el estado emocional del detenido es “perturbado” y describe que tiene lesiones producidas por un objeto transmisor de corriente eléctrica. No da más especificaciones. En el dictamen de los peritos Ramírez y Mazo, en cambio, describen que Israel fue quemado con toques eléctricos en los testículos.

Los peritos Ramírez López y Mazo Duarte además señalaron en su dictamen que ya ese día, el perito de la CNDH describe las lesiones y su evolución, aunque no las evalúa y omite también la dificultad que tenía Israel para deambular, debido a la tortura que consiste en “golpear las plantas de los pies con un palo, lo que produce un proceso inflamatorio agudo de los cojinetes de grasa y tejidos de soportes del pie, que es muy doloroso y no deja ninguna huella en la piel de las plantas de los pies”.

Las mentiras de Margolis en audiencia judicial

En juicio, Eduardo Margolis fue interrogado por la defensa de Israel Vallarta sobre su asistencia a la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Pero al respecto, Margolis señaló que no recordaba, que tenía negocios con la SIEDO y acostumbraba a realizar estas visitas. Sin embargo, fue desmentido con el registro de su acceso a las instalaciones de la PGR y por oficios de Transparencia que revelaban la inexistencia de contratos con esta institución.

De acuerdo con la revista Proceso, en un reportaje publicado el 20 de marzo de 2012, Eduardo Margolis envió una carta en 2009 a la revista como derecho de réplica por las declaraciones de Israel Vallarta sobre sus relaciones íntimas y las amenazas, así como el porqué de su presencia en la SIEDO el día de la detención de Vallarta y Cassez:

“… dichas imputaciones son falsas, toda vez que no conozco al Sr. Israel Vallarta, y en consecuencia, no he tenido ninguna relación de amistad o de negocio con dicha persona”. Y añadió: “No soy jefe de seguridad de ninguna comunidad, ya que me dedico a ejercer el comercio de manera lícita” (Campa, H. y Carrasco, J. 2012, marzo 20, Caso Cassez: el misterioso Margolis, personaje clave, Proceso).

Sin embargo, en el mismo reportaje de Proceso se cita el libro Peines mexicaines, de Alain Devalpo y Anne Vigna (Grijalbo, 2010) en el que se desmiente a Margolis sobre las dos fechas claves de su estancia en la SIEDO:

“…el 13 de septiembre de 2005, día de la primera declaración de la estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y posterior liberación derivó en la detención de Vallarta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y Cassez fueron conducidos a dicho inmueble (SIEDO) tras el montaje televisivo” (ídem).

Los periodistas Devalpo y Vigna tuvieron acceso al registro de entradas a la SIEDO y revelaron que Margolis se había presentado el 9 de diciembre a las 14:30 horas y había salido de allí a las 15:11 horas. El número de gafete de entrada que recibió fue el 012 y dijo que iba a visitar al licenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

La referencia del reportaje indica que el 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a declarar en calidad de testigo al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, siendo Olga Sánchez Cordero, la juez al frente del caso, hoy titular de la Secretaría de Gobernación. El abogado defensor de Israel Vallarta, Héctor Trujillo Martínez, preguntó en juicio a Margolis sobre su relación con éste. Y la respuesta de Margolis fue negarlo. Dijo que no lo conocía, pero sí a Florence, debido a que es hermana de su exsocio Sebastien Cassez.

“Aseguró que la había visto dos veces en su vida. Cuando Trujillo le preguntó por qué había ingresado al inmueble de la SIEDO el 13 de septiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de ese mismo año, Margolis dijo primero que no se acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de registro de ingresos, señaló:

“Normalmente voy a la oficina que está frente al Monumento a la Revolución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios” (ídem).

El disimulo de las autoridades

En la investigación en formato de libro de la periodista Emmanuelle Steels titulada El teatro del engaño, Cassez-Vallarta: historia de un montaje (Debolsillo, 2016) se retratan de manera precisa las actitudes psicóticas de Eduardo Margolis y refiere explícitamente a su venganza contra Israel Vallarta y Sebastien Cassez.

“A alguien se le ocurrió hacer una telenovela porque se veía muy bonito que un mexicano secuestrador tuviera una novia francesa, se enfurece Margolis. “Y eso no implica que Israel fuera culpable. Pero de todas formas le van a dar 200 años de cárcel” (Steels, 2016, p. 194).

En este trabajo ignorado por las autoridades, la periodista identifica los papeles que juega cada personaje en la trama de la fabricación de culpables para armar el “teatro del engaño”, y Margolis, de acuerdo con sus propias palabras según lo referido en el libro, “le había tocado hablar de la familia Vallarta y de los secuestros dirigidos desde la cárcel”.

La investigación de Steels ha sido una de las más comprometedoras para Margolis que evidencian su falsedad de declaraciones judiciales, tergiversación de los hechos, e incluso confirma sus amenazas de secuestro contra la esposa de Sebastien Cassez y sus hijos, y también acepta que fue él quien ordenó la detención de Israel Vallarta como un acto de venganza, y que no tenía nada contra Florence.

“… Margolis admitió que, efectivamente, él había solicitado la detención. Pero solamente había querido actuar contra los Vallarta” (Steels, 2016, p. 195).

Y vuelve a mentir en la entrevista dada a Florence Cassez para su libro Nada encarcela la inocencia, referenciado por Steels:

“Dijo que él había ido en persona para recuperar los coches al taller mecánico del hermano de Israel y se habría dado cuenta de que formaban parte de la familia de Arturo, “un hombre que habíamos matado durante una operación para salvar a un secuestrado” (Steels, 2016, p.195).

De nueva cuenta es desmentido por la voz de Florence:

“… Sin embargo, los coches de Margolis se encontraban en un garaje, en el edificio de un amigo de Israel, y no en el taller mecánico de René. Por otro lado, un hermano de Israel efectivamente había sido asesinado años antes, en el 2000, pero no fue en el rescate de un secuestrado imaginario. Arturo Vallarta fue asaltado a plena luz del día cuando estaba caminando en la calle…” (Steels, 2016, p. 195).

Inexistencia de contratos entre Margolis y la SIEDO

Los Ángeles Press, para este trabajo de investigación, encontró dos solicitudes de información sobre los supuestos contratos que Eduardo Margolis decía tener con la Policía Federal y la SIEDO, en el período de 2001 a 2012, y con lo que justificaba su presencia en la SIEDO durante la detención de Israel Vallarta.

En respuesta a la solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la entonces PGR, con el oficio número SJAI/DGAJ/10375/2012, con el folio 0001700178112, señaló que:

“La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dijo que “no obra contrato celebrado en materia de adquisiciones y/o servicios a nivel central (no delegacional) con las personas morales solicitadas cuya área requirente haya sido la SIEDO”.

Las personas morales referidas en el oficio eran siete de las 14 empresas que Eduardo Margolis, decía tener. La respuesta de la SIEDO se sometió a un Comité de información de la misma institución, la cual determinó que:

“confirma la declaración de inexistencia de información manifestada por la Oficialía Mayor”.

Y por su parte, la SIEDO reitera que:

“al realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontró antecedente alguno de la información requerida”.

La Policía Federal, a través de la Dirección de Enlace, señala de igual manera que: “no se encontró registro, documento o constancia relacionada con lo solicitado, razón por la cual, se declara la inexistencia, indicando que la búsqueda de la información dentro del rubro temático sección de recursos materiales…”.

La industria del secuestro: Margolis, García Luna y Wallace

El primer secuestro en la Ciudad de México relacionado con el apellido Margolis fue el 24 de mayo de 1998. Un secuestro que se perpetró en 4 minutos, duró 24 días y cobró una recompensa de 5 millones de dólares. La víctima regresó a su casa ilesa. Era Eliot Margolis Freedman, director de la agencia de autos Chrysler.

Dos meses después, el 17 de julio de 1998, Isabel Miranda caía en la cárcel por homicidio en grado tentativa contra un trabajador de Tlalpan, que retiraba sus espectaculares en una zona protegida, montado en una grúa. Miranda y su hijo Hugo Alberto cortaron las mangueras de la grúa causando la caída al trabajador, que logró sobrevivir. Hugo Alberto huyó, y solo detuvieron a Miranda, quien salió de prisión cinco días después.

Un mes más adelante, el 17 de agosto, el área de Secuestros del CISEN detenía al primer secuestrador que usaba celular, cuando su uso era muy restringido por el alto costo. Se trataba de Daniel Arizmendi, expolicía de Morelos al que apodaban “El Mochaorejas”. Por su parte, el investigador Tomás Borges, en su libro Diario de un agente encubierto (Planeta, 2013), afirma que esta detención –lograda a través del espionaje de conversaciones telefónicas– convertiría al área de Secuestros en el principal pilar de la promoción política de García Luna. Para el 2001, ya con la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, García Luna tenía autorizado el presupuesto y autoridad a discreción para dirigir esta misma área dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.

Para entonces, Isabel Miranda había dejado de invadir terrenos ecológicos de Tlalpan, pero coincidió en 2001 con personajes selectos entrenados en Israel en temas de seguridad y espionaje. Se trataba de Eduardo Margolis y el mismo Genaro García Luna, que se movían entre el CISEN y la PGR. El abogado de Miranda, Ricardo Martínez Chávez, incursionaba en Secuestros como agente del ministerio público, y se hacía cargo de la investigación de secuestro de las hermanas de Talía, Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Sin tener nada que ver en el asunto, Isabel Miranda acompañaba a las hermanas de Talía, en su calidad de víctimas, que tiempo después trascendió habían sido secuestradas por los mismos agentes de la recién creada AFI como un experimento de entrenamiento. Al mismo tiempo que Isabel Miranda, en el 2001 también surgía otro personaje involucrado en los experimentos de seguridad a quien presentaron como héroe anónimo: Eduardo Gallo y Tello, quien en ese mismo año fue apoyado por García Luna con equipo técnico, vehículos y comando para ejercer venganza fatal contra los secuestradores de su hija en Morelos, ejecutando a tres secuestradores y a la madre de otro, junto con un hermano y sobrino de 4 años que nada tenían que ver. Los pagadores de los crímenes de Eduardo Gallo son dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, a quienes detuvo de manera ilegal, torturó y encarceló por su propia cuenta, y aún permanecen en prisión desde entonces.

Para 2004, Isabel Miranda ya presumía charola de Seguridad pública, y salía y entraba de la secretaría y la SIEDO, como si fuera su casa, y se preparaba para la fabricación del secuestro de su hijo.

Simulacros de secuestros y héroes

Los entrenamientos de Genaro García Luna en Israel y las relaciones de Eduardo Margolis con la Embajada israelí en México creaban sinergias. Una de estas acciones era la de dar legitimidad a la simulación de secuestros, resolverlos, cobrar recompensas y generar un impacto mediático favorable a la figura de García Luna, y a quienes participaban con él. Esto se fortalecía con el espionaje y monitoreo de llamadas para controlar a los “pagadores” o falsos culpables y sus familiares que buscaban justicia.

 Así empezó a surgir la “sociedad civil” que al sexenio siguiente aplaudiría a Felipe Calderón. Un desfile de supuestos activistas que se habían dado a conocer algunos como víctimas, otros como héroes y heroínas. María Elena Morera, Eduardo Gallo, Rosi Orozco, Teresa Ulloa, Norma Ledezma (de Chihuahua), Javier Sicilia y una larga lista, incluyendo, por supuesto, a Isabel Miranda y al mismo Eduardo Margolis.

La imagen de Eduardo Margolis fue promovida en la comunidad judía al grado de la cursilería y lo grotesco. Notas de prensa en Enlace judío lo describían como “escudo protector”, el “ángel salvador”, “la leyenda Margolis”, “el jefe de seguridad de los judíos”, incluso llegaron a compararlo con el Gólem que los salva, y tal como cuenta la leyenda, “el gólem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable”, pero también selectivo, y no dudó en convertirse en el terror de la misma comunidad judía.

Cuando Isabel Miranda acusó falsamente a Jacobo Tagle Dobin, el 13 de julio de 2005, ante la entonces PGJDF, de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis no sólo dio la espalda a Jacobo, siendo de la comunidad judía, sino que ayudó a Isabel Miranda con equipo de espionaje y tráfico de influencias para detener y torturar a Jacobo, a sabiendas que era inocente, permitiendo además la expropiación de la casa de la madre de Jacobo, Raquel Dobin y la detención ilegal y encarcelamiento de su hijo adolescente, Salomon Tagle Dobin.

En el circulo rojo se identifica a Salomón Tagle Dobin, cómo fue exhibido por Isabel Miranda, siendo menor de edad en ese entonces.

Estos hechos fueron narrados por Raquel Dobin trece años después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, en conferencia de prensa, el 10 de diciembre de 2018, en Cencos, Ciudad de México, organizada por esta periodista por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Antes era imposible por el miedo que tenían las madres de las víctimas. En la conferencia de prensa, ante una veintena de reporteros que la cubrieron sin publicar nada, la madre de Jacobo narró a detalle cómo fueron aterrorizadas por el agente de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, y un grupo de agentes encapuchados con armas largas, al servicio de Miranda. Allanaron su casa, pateando puertas; a ella, a su madre y a su hija las encerraron en una habitación sin baño, durante todo el día, las encañonaron, las maltrataron, las insultaron y los agentes robaron de la casa lo que quisieron.

En 2015, cuando Los Ángeles Press la entrevistó por la fabricación del caso Wallace, aún tenía miedo de salir en cámara con su nombre por el rechazo que ha tenido de la comunidad judía gracias a Margolis y su alianza con la victimaria de su hijo. Hasta la fecha no ha podido recuperar su casa, expropiada sin ninguna justificación por la SIEDO.

Conferencia de prensa sobre el caso Wallace, 10 de diciembre de 2018. Al micrófono, Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, la periodista Guadalupe Lizárraga, el presentador Ricardo Ávila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el periodista José Reveles.

Margolis, el origen de todo: George Khoury

En llamada telefónica a esta periodista desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Uruapan Michoacán, George Khoury Layón narró cómo vivió el terror de Eduardo Cuautémoc Margolis Sobol, y le atribuye a él en alianza con Isabel Miranda, las detenciones arbitrarias, la tortura y el encarcelamiento injusto en 2009.

“Margolis es el origen de todo. Era íntimo de Genaro García Luna, e hicieron muchos, muchísimos negocios, de Inteligencia y de cámaras para los ceferesos. Este señor se dedica a eso, al espionaje, él tiene su fachada de blindaje en avenida Mazarik, pero en realidad es una fachada. Él se dedica al espionaje”, señala de prisa Khoury.

Y Wikileaks le da la razón. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados liberó un millón de correos electrónicos en 2015 de un proveedor italiano de malware de vigilancia, Hacking Team, que fue objeto de escrutinio internacional. Entre estos, exhibía el intercambio que tuvo Eduardo Margolis, del 6 al 12 de diciembre de 2013, con integrantes de esta compañía de espionaje global.

En los mensajes, Margolis alude a la compra de un software de la empresa italiana:

“Nos pusimos en contacto contigo ya que tenemos un gran proyecto en México con una Institución del Gobierno Federal que tiene interés en comprarnos un software desarrollado por ti, que según entendemos se conoce como DaVinci Infection System…”.

En este intercambio de mensajes, Margolis envía un PDF con información corporativa de Epel, SA de CV y enfatiza que tiene experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno de México para llevar a cabo el proyecto de vender el software de vigilancia.

“Asumimos que para tomar la decisión de negociar con nosotros es importante que conozcas de nosotros, por eso te estamos enviando nuestra presentación corporativa en la que puedes observar que Epel cuenta con la experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno mexicano para llevar a cabo este proyecto…”

Cuando Los Ángeles Press preguntó a George Khoury Layón, por qué él fue afectado por Margolis, respondió que se debió a su negocio ya desaparecido Cronic Garden, ubicado en Polanco, en medio de la comunidad judía. Khoury Layón no es judío, y al tratarse de un giro de discoteca, los vecinos se quejaron con Margolis del constante escándalo.

“Mi negocio estaba pegando fuertísimo, y estaba en una plaza de los judíos, entonces ellos querían que quitara mi lugar porque estaba echando mucho desmadre. Iba mucha gente de todo el mundo, y de todo tipo, ya sabes, diputados… de todo tipo. Entonces los judíos se empezaron a quejar y se quejaron con él (con Margolis); entonces iba mucho Ben Sutchi, de los judíos que mataron en Plaza Artz, los israelitas que mataron, eran mis clientes, entonces este señor detiene a esos judíos que tenían ficha roja por Interpol, los detiene, y uno de ellos dijo que era mi amigo, que era mi cliente, y a mí me hablan y me amenazan que me iban a meter a la cárcel y me empiezan a aventar a la policía, pensando ellos que yo era uno de ellos, que eran mis socios, y jamás, me entiendes, eso nunca existió y yo tengo prueba de ello, pero este señor se aferró y me empezó a mandar la policía, y a que cerrara mi lugar, y pretexto y pretexto, y ya empezó el problema personal con él. Por eso me embarraron de tantas cosas. Mi primera detención fue ahí, en 2005 cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero por órdenes de Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”.

Pero la detención fue cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, acotó esta periodista.

“Así es, ellos ya tenían contacto (Isabel Miranda y Eduardo Margolis), sí claro, ya estaban juntos, porque estaban supuestamente en contra de los secuestradores, pero es un hamponzazo, un hamponzazo”, concluye Khoury Layón.

Los contratos reales de Margolis

De acuerdo con documentos de Transparencia, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, por medio de su empresa Epel, SA de CV, es proveedor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde 2018, con el número de control interno 4041-16.

La unidad responsable de su operación es la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, que según su sitio digital “tiene la función de regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, para garantizar que dichos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, seriedad, profesionalismo y respaldo jurídico-financiero, en beneficio de la población”.

Por último, Eduardo Margolis tiene cinco procesos abiertos, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. En todos es el demandante, incluso uno de los procesos en contra un miembro de la comunidad judía. Se trata de Bernardo Sefchovich Asingarz, casado con Elisa Sissa Israel, quien es socia, junto con su familia, de una compañía de seguridad internacional que también tiene contratos en Querétaro y Nuevo León.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como “simulación de pruebas”, pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, “solo los mandó golpear”. La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

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