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Fabricación de culpables

De víctima a victimario: La historia de Eduardo Gallo, otra creación de Genaro García Luna

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Capítulo 6: Los Activistas
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz

Guadalupe Lizárraga

La historia de Eduardo Gallo era la historia de dolor de un padre que había perdido a su hija, y había tomado la justicia en su propia mano. Paola Gallo Delgado, de 25 años, había sido secuestrada y asesinada el 16 de julio del 2000, en Morelos. De acuerdo con las investigaciones de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, presidida por Adrián Ramírez López, quien defendía también a víctimas de fabricación de culpables, Gallo había recibido el apoyo de Genaro García Luna, que en ese entonces encabezaba la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, dependiente de la Policía Federal Preventiva. Eran cuadros formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, integrados por la Policía Federal de Caminos y una brigada militar de la Armada de México.

El equipo de García Luna se encargaba de generar información de inteligencia para el combate al delito, y apoyaba a las entidades federativas. Tenía recursos y poder de decisión para facilitarle equipo humano y técnico a Eduardo Gallo y Tello para que ejerciera su venganza. Así lo comprobaba un oficio entre comandantes que habían participado en el operativo policial.

“Cuernavaca, Morelos, a 21 de julio del 2000

Camerino Román Bustamante

      1. Lic. Coordinador General de la Policía Judicial del Estado.

 Me permito hacer de su superior conocimiento que el día 20 de los corrientes siendo las 18:00 horas, el suscrito Víctor Hugo Valdez Ortiz, Coordinador Operativo de la Policía Judicial del Estado acompañado del CC. Cmdte del Grupo de Homicidios, Martín Jorge Saldaña Amdriz, y Cmdte del Grupo Francisco Quintero Ochoa en coordinación del comandante Enrique Flores Reyna, Coordinador General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y dos agentes de dicha corporación, nos abocamos al seguimiento de la investigación y esclarecimiento que refiere el Secuestro y Homicidio de la Profesora Paola Gallo Delgado, relacionado con la Averiguación Previa SC/1ª/4303/00-07.

Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables, copartícipe de los hechos, se encontraba en la ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos, Lic. Rogelio Sánchez Gatica, para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad.

Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la PFP. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. Rubén Silva, acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo.

A las 20:00 horas del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos. Cabe hacer mención que nos acompañó la detenida Luz Edith Bouchez Ake, la cual iba a precisar los domicilios donde se encontraba uno de los presuntos responsables.

Estando en la ciudad de Perote Veracruz, nos acompañó a visitar los domicilios en busca de los presuntos responsables la C. Lic. María del Consuelo Hernández Jiménez, Titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa, Veracruz, acompañada de tres oficiales ministeriales secretarios, quienes dieron fe a las diligencias en que intervenimos.

Se visitó el domicilio de la familia Gómez Corona, ubicado en la calle Francisco Villa N°8 de dicha ciudad, donde se buscaba localizar y detener al presunto Rolando Gómez Corona, donde fuimos atendidos por la Sra. Guadalupe Corona Mauro y por Crisanto Gómez Martínez, padres del presunto responsable, así como por José Manuel Gómez Corona, hermano del mismo, quien manifestó que tenían quince días aproximadamente que no veían a Rolando, y que la última vez que estuvo en ese domicilio se hizo acompañar de otros jóvenes, quienes dejaron en el interior de ese domicilio dos maletas de color negro, de la marca Samsung Nake, las cuales voluntariamente las entregaron para no tener problemas con las autoridades.

Teniéndolas presente afuera del domicilio, y en presencia del Ministro Público, se abrieron para ver el contenido de dichas maletas, en el interior se observó que había equipo para operaciones tales como RAPEL, que utiliza la policía, fornituras con funda para pistola, porta cargadores para aditamento de armas AK47, conocidas como (Cuernos de Chivo), arnés y chalecos de color negro, material para limpieza de armamento entre otras cosas.

Después de visitar ese domicilio y por versiones de la detenida, nos trasladamos a otro que se ubica en la Privada de Insurgentes N°41 de la Colonia Heroico Colegio Militar, en la misma ciudad de Perote Veracruz, con la intención de asegurar a un sujeto de nombre Jesús Rojas Álvarez, copartícipe de estos hechos y compañero de Rolando Gómez Corona.

En ese domicilio se entrevistó a la señora Cristina Páez Tiburcio, quien se identificó como esposa del presunto, a su vez nos hizo del conocimiento que su esposo Jesús Rojas Álvarez no se encontraba, y que ignoraba su paradero.

Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para abordar la aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama, Municipio de Temixco, Morelos a las 00:30 horas. del día.

Lo que hago de su conocimiento para lo que ha bien tenga ordenar.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo No reelección
Coordinador Operativo de la Policía Judicial
Cmte Víctor Hugo Valdez Ortiz

C.c.p. Lic. Rogelio Sánchez Gatica. Procurador General de Justicia del Estado de Morelos.- Para su superior conocimiento.

 

En los documentos aportados a Los Ángeles Press, se enfatizaba que la mujer detenida que los había acompañado al operativo para que localizaran a Rolando Gómez Corona, Luz Edith Bouchez Ake, iba sin el abogado defensor de oficio, y se encontraba en crisis emocional. Tampoco les presentaron orden de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo. No existía ninguna imputación de su responsabilidad en el secuestro de Paola, y sin embargo también se la llevaron presa. La usaron como el “ariete” para fabricar el caso.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Adrián Ramírez, llevaba la defensa de Antonio Barragán Carrasco, quien había sido inculpado falsamente también por el secuestro y homicidio de Paola Gallo, pero también por el homicidio de los secuestradores y asesinos de Paola. El padre dolido, y con sed de venganza, fue en cacería de todas las personas que habían cometido el crimen contra su hija, pero también de los familiares. Antonio Barragán era cuñado de uno de ellos.

El 22 de septiembre de 2001, Gallo llegó a San Quintín, Baja California, junto con un policía del estado, de nombre Rey David. En ese poblado trabajaba Antonio como jornalero agrícola, junto con su hijo. El policía y Gallo fueron preguntando en el poblado, hasta dar con la casa de Antonio, y su esposa le dio las referencias del lugar de trabajo. Cuando lo tuvo frente a sí, Gallo golpeó a Antonio, le quitó la paga recién obtenida por su trabajo, y lo amenazó de que si no se incriminaba de haber matado a los secuestradores de su hija, él iba a matar a sus hijos e iba a violar a su hija de 16 años. Esa noche, tanto a Antonio como a su hijo, los tuvo de rodillas, con las manos en la nuca, mientras le arrancaba a él la confesión a golpes. Antonio fue torturado también con toques eléctricos que le provocaron ámpulas y quemaduras, según consta en el examen médico de la Comandancia de Ensenada, Baja California. Al día siguiente, lo trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. De allí, a Cuernavaca, Morelos, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Entre las 4 y 10 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de Antonio, tanto el policía Rey David como Eduardo Gallo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el cuerpo.

Antonio terminó en el penal de Atlacholoaya, Morelos, pero las torturas no cesaron. Por varios días, Eduardo Gallo lo visitó en el módulo, con la autorización del director del CERESO, Sebastián Inzunza, a quien Gallo le pagaba para que lo dejara entrar. Antonio dijo que fueron cinco días consecutivos que siguió golpeándolo, hasta que lo defendió el mismo director del penal, porque creía que se iba a morir por los golpes. Después, por consigna de Gallo, estuvo aislado en una celda de castigo por un año y tres meses, a pesar de que él ya se había incriminado de haber matado a los secuestradores de su hija, para que no lo siguiera torturando.

Antonio estuvo sin sentencia de 2001 hasta el 13 de enero de 2015, y se le negó el Protocolo de Estambul, al igual que sus coacusados. Lo sentenciaron a 33 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. En el amparo directo DP 114/2018 se especificaba en la página 78:

“Un civil, doliente de la injusta muerte de su hija, toma las riendas de la investigación y mediante su poder económico y traficando sus influencias, logra encabezar operativos, participar en detenciones directamente, y además de interrogar y tomar declaraciones que luego van a ser convalidadas por los agentes policiales y el propio ministerio público”.

El 14 de noviembre de 2018, le escribí un correo electrónico a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (En Vero) sobre el caso de Antonio Barragán:

Le 2018-11-14 20:22, Guadalupe Lizárraga a écrit:

¿Recuerdas que me comentaste que Antonio Barragán Carrasco había
estado ya en la cárcel antes de ser acusado de los homicidios de los
secuestradores de Paola Gallo? Pues ahora mismo está cumpliendo doble
condena, una de 40 años por el secuestro y homicidio de Paola, y otra
por el homicidio de los secuestradores de Paola.

O sea que a él lo acusaron de todo. De lo que hicieron los
secuestradores y lo que hizo Eduardo Gallo. Y aparte, Gallo violó y asesinó
a la madre de la esposa de Antonio, y mató a un hermano de ella y a
su hijo de 4 años. Son en total seis asesinatos, una violación
sexual, y las torturas de Antonio durante cinco días seguidos, y
amenazas a su familia:

“Mire, mi suegra y mi cuñado no estaban vinculados en el
secuestro de Paola Gallo, y Gallo violó y asesinó a mi suegra y a mi
cuñado, y mató al hijo de mi cuñado. El hijo de mi cuñado era un
menor de edad, tenía cuatro años de vida, estas tres personas son
las que Eduardo mató.

Y los tres homicidios que eran los verdaderos secuestradores de Paola
Gallo, a esos tres los mataron en el momento de recibir el rescate de
Paola, y de esos tres homicidios también estoy acusado yo de
matarlos, todo esto es totalmente falso, hay pruebas en el expediente
donde dice que fueron policías vestidos de color negro, que hasta
perros llevaban, esto consta en el expediente”.

Es espeluznante todo esto…

GL

 

La respuesta de David fue hasta 14 días después, el 22 de noviembre de 2018.

From: David Bertet

Date: Thu, Nov 22, 2018, 16:46
Subject: Re: Antonio Barragan
To: Guadalupe Lizárraga

Después de diciembre, me voy a poner a estudiar a fondo ese expediente.
Estoy enterado del amparo que me hiciste el favor de proporcionarme. Por
el momento, hago lo posible para recaudar documentos por medio de otras
fuentes que te compartiré.

Abrazo 🙂
David

Eduardo Gallo, como activista de derechos humanos, invitado por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que dirige David Bertet, desde Montreal Canadá.

 

David Bertet nunca me envió documentos en relación con este caso. Incluso rechazó la defensa de Antonio Barragán Carrasco, como culpable fabricado, debido a su amistad con Eduardo Gallo. Más aún, sirvió de intermediario para las amenazas de demanda de Eduardo Gallo contra mí, después de que yo hiciera referencia en la presentación de mi libro El falso caso Wallace, el 12 diciembre de 2018.

From: David Bertet
Date: Sun, Jan 13, 2019, 08:19
Subject: Fwd: Carta Sra. Guadalupe Lizarraga
To: Glizarraga27

Hola Guadalupe,

Te hago llegar la carta de Eduardo Gallo. No la leí (porque es carta
dirigida a ti específicamente), solamente la copié abajo. Me avisas si
me autorizas a leerla, por favor, o si quieres que lo comentemos.

Abrazo
David

“Sra. Guadalupe Lizárraga

Presente

Como es de su conocimiento, llamé telefónicamente a David Bertet, amigo suyo y mío, a fin de que por su conducto pudiéramos entablar comunicación con el fin de aclarar conceptos que Usted vertió al final de su intervención en el evento desarrollado el pasado mes de diciembre, al presentar su Libro “El Falso Caso Wallace“.

En esa ocasión Usted mencionó hacia el final de la presentación de su libro y, en relación con el secuestro y homicidio de mi hija Paola Gallo Delgado, que Eduardo Gallo había torturado a Antonio Barragán Carrasco.

La idea de tratar de entablar comunicación con Usted era aclarar sus afirmaciones que son totalmente equívocas, por lo que me atrevo a pensar en que las mismas corresponden a una versión falsa que alguien le debe haber hecho llegar a su conocimiento.

No pretendía yo entablar una discusión con Usted, solo conocer la versión que usted tiene y que le permitió hacer la afirmación que hizo, pero sin enfrascarme en una discusión con Usted. Al efecto le afirmo que esas acusaciones que se me hacen son falsas de toda falsedad, pues nunca he cometido semejante delito ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni en contra de ninguna otra persona ni por el secuestro y homicidio de mi hija Paola, ni por ninguna otra causa.

Lamentablemente Usted no aceptó entablar comunicación directa conmigo y solicitó que le mande yo un documento con el contenido que yo quería tratar con Usted, sin embargo sé de qué tipo o conteniendo que información o evidencias o pruebas, toda vez que no conozco los detalles de su acusación más allá de lo que ya mencioné.

Quiero dejar claro que la carga de la prueba no es de quién es inocente de hechos que falsamente se le imputan, sino de quién hace las acusaciones, es decir, no me corresponde a mi probar mi inocencia sino a quién me acusa, probar la veracidad de sus dichos y acreditar los delitos que se cometieron en su contra por la persona culpable del agravio que dice haber sufrido. Por lo antes mencionado, yo no puedo hablar de los detalles de una acusación de la que desconozco hechos, modo y lugar de los mismos.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta que si tiene Usted evidencias de que yo cometí un delito en contra de Antonio Barragán Carrasco, uno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, formulen la denuncia respectiva ante la autoridad competente y aporten las pruebas que soporten tal acusación. Eso permitirá que el asunto corra el trámite legal que le corresponda y que haya un debido proceso en el que se valoren las pruebas y se conozca la verdad y se imparta justicia. Así, si Usted tiene pruebas de sus dichos o si quién le dio la versión tiene pruebas de lo que afirman que hice en contra del sujeto de referencia, procedan a denunciar los agravios causados con tal conducta que se me atribuye.

De antemano le digo que no puede haber pruebas de que cometí actos de tortura en contra de Antonio Barragán Carrasco, porque yo no llevé a cabo las conductas o acciones de las que se me trata de acusar ni tengo nada que esconder en mi vida o que no quiera que se conozca y, por lo mismo, no acepto imputaciones falsas en mi contra. Así que no tengo temor alguno de que el asunto se lleve a las instancias necesarias para que la verdad salga a la luz.

Aprovecho hacerle saber o si fuera el caso recordarle, que Antonio Barragán Carrasco fue sentenciado culpable por diversos jueces federales y estatales en diversas instancias, no sólo por el secuestro y homicidio de mi hija Paola y robo en agravio de diversas personas, también lo fue por otros secuestros y robos cometidos en agravio de otros personas y en fechas incluso anteriores al evento del secuestro de mi hija, así como por otros homicidios y por su pertenencia a una organización criminal de delincuencia organizada, por lo que no tiene derecho a libertad anticipada ni a beneficios de preliberación, ya que las leyes no contemplan ese tipo de beneficios para los culpables de ciertos delitos graves. Si la versión de la tortura proviene de él mismo, tal vez sea porque ello constituye su última opción para tratar de que le revoquen las sentencias que lo condenaron a décadas de prisión.

Finalmente le comento aunque entiendo que conoce algo de mi historia como activista social en seguridad y justicia, que siempre defendí el debido proceso, la legalidad, la verdad y la justicia y que soy enemigo de tomar la justicia en mano propia, (aunque Usted hagan mención a que la prensa internacional me conoce como “vengador”, lo que fue primera noticia para mí, pues a lo largo de mis años de trato con los representantes de medios internacionales, nunca nadie me comentó esto), o recurrir a la venganza o a torcer la ley para culpar a alguien por un delito que no cometió. He dado pruebas más que palpables de mis principios y valores. Incluso apoyé y contribuí a la defensa de las víctimas del caso Wallace antes incluso de que Usted, Guadalupe, empezara a apoyarlos y fui yo quien enfrentó a la propia señora Wallace en el caso de Florence Cassez, y quién, incluso, presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia buscando justicia a su favor.

Por todo lo anterior, nunca pensé que yo pudiera ser acusado de delitos de tortura que nunca cometí ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni de ninguna otra persona, y que esto pueda tener como efecto que se fabrique su inocencia y se ponga en libertad a un culpable real de delitos probados y juzgados por las autoridades competentes. Ello me resulta obtuso y absurdo.

Resumiendo para concluir, Guadalupe, no tengo nada que probar. No he cometido ningún delito en contra de ninguno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, ni hoy ni hace 10 ni 20 años, ni contra ellos ni contra persona alguna. Podrán decirlo los delincuentes, pero nadie puede probar lo que no ocurrió por ser hechos falsos. Nadie puede probar que yo cometí delitos en su contra, simple, lisa y llanamente, porque no los cometí. Si alguien lo dice, que lo pruebe y me denuncie ante la autoridad competente. Que presente pruebas reales y concretas, no meros dichos o aseveraciones. Llegado el caso, me defenderé de esa acusación totalmente falsa y lo haré con estricto apego al derecho y a la legalidad. No tengo miedo de que se me acuse de lo que no hice y, en su momento, de ser ese el caso, podrá Usted misma constatar la veracidad de mis dichos y la falsedad de los hechos por los que me acusa Usted.

En debida correspondencia le agradeceré que si no tiene pruebas reales y concretas que soporten sus dichos de que torturé a Antonio Barragán Carrasco, se abstenga de volver a mencionar públicamente que el suscrito cometió actos de tortura en contra de esa persona. De ser ése el caso, es decir, si no tiene pruebas que soporten sus dichos, ofrézcame una disculpa pública por acusarme sin pruebas para lo cual deberá utilizar los mismos medios públicos que usó Usted cuando me descalificó y desautorizó como persona y activista social honesto y ético al acusarme de haber cometido los actos de tortura ya repetidamente citados.

QUEDO a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación al contenido del presente.

Eduardo Gallo”.

No obstante, en el libro testimonial de su autoría, titulado Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta, Eduardo Gallo narra de su propia voz los hechos en los que participó. Aquí un interesante fragmento de su propia pluma:

“En septiembre de 2001 logré la aprehensión de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la banda de secuestradores quien por diferencias con los jefes fue expulsado durante el secuestro de mi hija. En venganza, y dado que su cuñado era Anselmo Hernández Benítez, quien a su vez era el chofer de la banda, planearon juntos matar a los jefes cuando fueran a cobrar el rescate del secuestro. Se pusieron de acuerdo con otros tres sujetos y realizaron el homicidio múltiple la noche del 15 y 16 de julio de 2000. Lo anterior consta en la declaración preparatoria rendida por este sujeto ante el Juez Segundo Penal del Primer Circuito Judicial en Atlacholoaya, Morelos. La detención de este sujeto se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona. Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después, ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho El Pedregoso.

A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta. Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias “Arturo Rivera Policarpo” y “Herminio Olea Mena”. Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento. La declaración preparatoria del sujeto que aprehendimos y de su cuñado, Anselmo Hernández Benítez, nos permitieron saber que ambos, en compañía de Gilberto Aguirre Bahena y otros dos tipos, fueron quieres mataron a los tres secuestradores de mi hija cuando se presentaron a cobrar el rescate. Los motivos de este crimen aún no son del todo claros y creo que difícilmente sabremos la verdad completa; sin embargo, hay elementos que permiten pensar que se trató de una venganza entre integrantes de los grupos armados del EPR y el ERPI, por alguna traición cometida por uno de los asesinatos, Miguel Salgado Nájera, quien al parecer se quedaba con el dinero de los secuestros, en lugar de entregarlos “a la causa”. Este sujeto era originario de Tepetixtla Guerrero, y durante años fue militante del EPR y uno de sus principales gatilleros (hay quien le atribuye más de 15 muertos en la región). El detenido Antonio Barragán Carrasco, también originario de Tepetixtla y militante de EPR, señaló que un tal “Montes” les proporcionó las armas que utilizaron para el triple homicidio. Otros de los asesinos son Gilberto Aguirre Bahena, identificado como “Sargento Adán” cuando militaba en el EPR (hoy aparentemente integrante del ERPI); su hermano Alejandro Aguirre Bahena, conocido, cuando pertenecía al EPR, como “Teniente César” (parece que ahora también militaba en el ERPI), así como otro sujeto no identificado. Actualmente se desconoce el paradero de estos criminales”.

Tomado de Paola: Historia de un Secuestro y de una Sociedad Corrupta, Gallo y Tello, Eduardo, Grupo Editorial Vid, S.A. de C.V., ISBN 9687372478, Fecha de colofón: 2002-07-24.

 

 

La defensa de Antonio Barragán, guiada por el activista de la LIMEDDH, Adrián Ramírez, era precisa:

“Como se puede apreciar, se trata de un libro testimonial que fue ampliamente difundido y comentado a nivel mediático, cuyos efectos trascienden más allá del tiempo. Se trata de un libro que está registrado ante los derechos de autor, lo que le hace responsable de lo que él menciona y de los efectos y consecuencias que puede traer. Asimismo, acepta la participación directa en la investigación y en mi detención, y además hace una serie de apreciaciones y conjeturas que violan a todas luces la presunción de inocencia misma que en ese tiempo, tanto yo como mis coacusados, debíamos de gozar. Coloca en el imaginario social a mi persona, como si estuviera sentenciado culpable”.

Respecto a la prensa internacional que Gallo hacía referencias en su carta, y que yo había compartido esa información con David Bertet, también decía desconocerla. Un ejemplo era una nota de Los Angeles Times, del 20 de junio de 2001, escrita por el periodista James F. Smith, miembro del staff del periódico.

“Father Hailed for Taking Justice Into Own Hands

Mexico City.- Eduardo Gallo refused to let his daughter’s brutal kidnapping and slaying become just another forgotten case. So he solved it himself, right up to the arrest this week of the alleged triggerman.

Like the relatives of hundreds of other kidnapping victims in Mexico, Gallo paid a ransom–about $18,500 and some jewelry–after his daughter Paola was seized by a gang from the family’s weekend home last July in the town of Tepoztlan near Mexico City.

But Paola’s body was found a week later. She had been shot twice, in the neck and the back. Three suspects were quickly arrested and are awaiting trial. But the gunman could not be found, and nothing more happened.

Her father, frustrated by police inaction, closed his consulting firm and turned himself into a novice detective. He chased leads and pored over information including cellular phone records to crack the case…”

Traducción propia:

“Padre aclamado por tomar justicia en sus propias manos

Eduardo Gallo se negó a permitir que el brutal secuestro y asesinato de su hija se convirtiera en otro caso olvidado. Así que lo resolvió él mismo, hasta el arresto esta semana del presunto pistolero.

Al igual que los familiares de cientos de otras víctimas de secuestro en México, Gallo pagó un rescate (alrededor de $ 18,500 pesos y algunas joyas) después de que su hija Paola fuera secuestrada por una pandilla de la casa de fin de semana de la familia, el pasado mes de julio en la ciudad de Tepoztlán, cerca de la Ciudad de México.

Pero el cuerpo de Paola fue encontrado una semana después. Le habían disparado dos veces, en el cuello y en la espalda. Tres sospechosos fueron arrestados rápidamente y están en espera de juicio. Pero el pistolero no pudo ser encontrado, y nada más sucedió.

Su padre, frustrado por la inacción policial, cerró su consultora y se convirtió en un detective novato. Persiguió pistas y examinó información que incluía registros de teléfonos celulares para resolver el caso…”

La nota, en total, tenía 28 párrafos breves, algunos de tres líneas, e incluía citas literales de Eduardo Gallo, lo que demostraba que en ese año 2001, había dado la entrevista formal al periodista de Los Angeles Times, mostrándose como un “héroe” y aceptando haber hecho justicia por su propia mano, al mismo estilo de Isabel Miranda Torres, asesorados y apoyados con recursos públicos por Genaro García Luna. Pero en diciembre de 2018, en la carta dirigida a mí, Gallo me pedía pruebas, como si éstas no existieran, incluso simulaba desconocer lo que él mismo le había dicho a la prensa extranjera de su caso.

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito concedió el amparo a Antonio Barragán contra la resolución del 13 de enero de 2015, en la que se le dictaba sentencia, ordenando ahora la reposición de todo el procedimiento, a fin de que el juez llevara la investigación oficiosa respecto a las quejas de tortura. Esta resolución del tribunal era otra prueba más en contra de Gallo. Sin embargo, siendo el mismo juzgado que respondía a su tráfico de influencias, y en el que también Isabel Miranda tenía injerencia, hacía caso omiso del amparo y retrasaba la orden para aplicar el Protocolo de Estambul a Antonio y reponer el procedimiento. Por lo que el 10 de abril de 2019, se le entregó en mano al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un documento en el que se le explicaba a detalle la situación de Antonio Barragán Carrasco, incluso haciendo énfasis de cómo Eduardo Gallo asistía a las audiencias judiciales, con arma de fuego colgada al cinturón, que desenfundaba en plena sesión, poniéndola sobre el mueble frente al que le tocaba sentarse.

El activista Adrián Ramírez López

En varias entrevistas que hice al activista Adrián Ramírez López, de la LIMEDDH, corroboraba sin titubeo las agresiones de Eduardo Gallo y Tello a Antonio Barragán Carrasco:

—Sí, había una colaboración directa de las autoridades para ubicar y detener a Antonio, pero lo cierto es que eso no quedó judicializado, no hay ningún documento que obre en el expediente al respecto. Incluso en 2012, se solicitó la lista de nombres en los vuelos comerciales que salieron ese día, 22 de septiembre de 2001, de la ciudad de Tijuana hacia Ciudad de México, donde debía haber un boleto de avión a nombre del señor Eduardo Gallo, otro a nombre de Rey David y otro para Antonio Barragán Carrasco. Sin embargo, el juez que llevaba la causa se negó a pedir esa información, y era parte de una de las pruebas que se habían solicitado. Además, Antonio fue capturado el 22 de septiembre y llevado a la procuraduría hasta el 24 para su declaración preparatoria, pero eso no está en el expediente 140, sino en el 86. No hay una petición del juez o del ministerio público, sino que esto lo hace Eduardo Gallo por su propia iniciativa. Le toma la comparecencia a Antonio Gallo dentro de las instalaciones del penal de Atlacholoaya. No lo lleva a la procuraduría ni a la oficina de prácticas, sino ahí mismo en el penal le toma esa declaración, y se la hacen válida, es como las veces que fue sacado de su celda para ser torturado. Otra de las cosas que no se puede pasar por alto es el hecho de que —en su momento— Antonio presentó una denuncia por tortura y pidió que se investigara por qué Eduardo Gallo podía entrar directamente a torturarlo a las instalaciones del propio penal. Sin embargo, lo que contesta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos es que pidió la bitácora de entradas y salidas y no había registro de que Eduardo Gallo hubiera entrado al penal.

—¿Tráfico de influencias? ¿Derecho de picaporte a las celdas del penal? —pregunté para que el activista reiterara la forma en que se había manejado Gallo con relación al sistema carcelario del estado de Morelos.

—Hay que entender que si hay una relación de amistad y convivencia y son actos ilegales, es obvio que no necesita registrar su ingreso por la aduana, por la situación de amistad. ¡¿Cómo el director del penal no tiene un registro de las entradas y salidas a su área de trabajo?!Además, el hecho de que no haya registros de Gallo de haber pasado por la aduana, no significa que no haya entrado. Incluso hay testimonios de personas del penal que declararon en 2012, que Insunza (el director del penal) sacó a Antonio de la visita íntima para llevarlo a un lugar, y después fue regresado con huellas de severo maltrato.

Pregunté a Adrián Ramírez por qué declararon hasta 2012. El activista me precisó que las personas tuvieron miedo todo ese tiempo y guardaron la información. Incluso, el mismo personal de custodia no se atrevía a declarar por temor a represalias.

Adrián Ramírez López abundó que fue el mismo año en que Joaquina, esposa de Antonio en ese tiempo, se refería también a ese incidente, de cuando lo sacaron de la visita conyugal con ella. Declaró además ante el Ministerio Público que su madre, la señora Petra Benítez Tacuba, había sido torturada y violada por Eduardo Gallo, y que el día en que iba a comparecer a la procuraduría, la señora Petra fue ejecutada de un balazo en la cabeza.

—Hubo un comando con dos grupos de escoltas y simplemente ejecutaron a Petra, a su hijo, a su nieto de cuatro años y dejaron herida a su nuera. Iban en dos camionetas negras, en un operativo con armas de alto poder. Primero, torturaron a las personas y luego las ejecutaron. Todo esto pasó, sin que esta familia tuviera ningún vínculo con el crimen organizado. Era gente muy pobre que difícilmente podía estar vinculada a situaciones de delincuencia organizada, por las mismas condiciones de pobreza y humildad en las que vivían. Si hubieran estado vinculadas a la delincuencia organizada, por muy bajo que fuera el lucro que obtuvieran, tendrían manera de vivir cubriendo las necesidades básicas, pero estaban muy limitados económicamente.

—¿Hubo una denuncia formal por la violación de Petra Benítez contra Eduardo Gallo?

—Sí, hubo una denuncia, que la llevó la Primera Instancia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; sin embargo, con las conversaciones que tuve con ellos, lo único que me mandaron fueron unas notas. Nosotros lo sacamos como “acción urgente”, pero no hubo un seguimiento con la procuraduría de derechos humanos. No se ha formalizado para tener esta información.

—¿Por qué no se sabía todo esto, sin han pasado tantos años?

—Nosotros entramos por el expediente de la causa 140, sin embargo, malamente, pero beneficiándonos nosotros también, el magistrado ponente dice que Antonio fue detenido cuando ya estaba preso, y que los hechos que había previos a su detención no son parte de la litis en el presente juicio, y por lo tanto ordena la reposición del procedimiento por cuanto hace a que algunas pruebas que no se acreditaron y que eran necesario retomar con el Protocolo de Estambul.  

 

La fabricación del caso Gallo era similar al caso Wallace. Ambos, tanto Eduardo Gallo como Isabel Miranda, habían sido apoyados con recursos del Estado por Genaro García Luna, habían fabricado culpables para simular que estaba resuelto el caso o se estaba resolviendo, ambos utilizaban a los medios para legitimar los supuestos hechos y crear la imagen de ellos como activistas de derechos humanos, a partir de una tragedia. Eran la “sociedad civil” del PAN, apoyando a Vicente Fox y después a Felipe Calderón como presidentes. La diferencia entre ambos era que Gallo tenía los restos de su hija, y los cuatros cadáveres de los secuestradores, más el de la madre y el de su nieto de cuatro años. Isabel Miranda, en cambio, tenía a ocho personas en prisión, muriendo paulatinamente con sus familias depredadas económicamente por la inútil defensa, pesaba sobre ella también la muerte de Julieta Freyre, más la desaparición de su hijo porque —vivo o muerto— ella había decidido su invisibilidad. Pero indudablemente ambos coincidían en haber aceptado ser títeres del sistema movido por los hilos de García Luna y del entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora.

 

 

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Fabricación de culpables

Padre de culpable fabricado logra la libertad de su hijo después de cinco años de lucha

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Por Guadalupe Lizárraga

La lucha de Luis Castillo García por la libertad de su hijo Erick Onésimo Castillo Adame llegó al éxito, después de cinco años de prisión injusta y de haber sufrido tortura y acoso. Con una documental de 140 páginas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero emitió el exhorto judicial con carácter urgente.

 “Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina (…) no son culpables ni penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Mario César Ríos Vázquez”, así lo resolvió la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Amelia Gama Pérez, con fecha del 18 de diciembre de 2020, por lo que ordenó “la inmediata y absoluta libertad”.

Con tres sentencias absolutorias en la causa penal 19/2016-II-3, Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina obtuvieron su libertad la madrugada de ayer, después de haber estado cinco años en prisión por tres responsabilidades fabricadas, además de haber sido señalados en los medios de pertenecer a un grupo delictivo de Guerrero.

Luis Castillo, en su activismo por la libertad y el respeto a los derechos humanos de su hijo, logró que en febrero de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera que Castillo Adame había sido víctima de tortura y detención arbitraria por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y su expediente fue integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, pese a las evidencias y la violación a la presunción de inocencia por una intensa campaña mediática en el que se le exhibía como responsable de homicidio y de pertenecer al crimen organizado, Erick pagó por un crimen que no cometió y sus familiares fueron acosados debido al activismo por su liberación, incluso en medio del riesgo de la pandemia del covid 19.

Castillo Adame y Pedraza Molina sufrieron el patrón de hostilidad que consistió en la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento, implementado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para simular eficiencia policial en el combate al narcotráfico.

 

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