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Fabricación de culpables

De víctima a victimario: La historia de Eduardo Gallo, otra creación de Genaro García Luna

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Capítulo 6: Los Activistas
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz

Guadalupe Lizárraga

La historia de Eduardo Gallo era la historia de dolor de un padre que había perdido a su hija, y había tomado la justicia en su propia mano. Paola Gallo Delgado, de 25 años, había sido secuestrada y asesinada el 16 de julio del 2000, en Morelos. De acuerdo con las investigaciones de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, presidida por Adrián Ramírez López, quien defendía también a víctimas de fabricación de culpables, Gallo había recibido el apoyo de Genaro García Luna, que en ese entonces encabezaba la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, dependiente de la Policía Federal Preventiva. Eran cuadros formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, integrados por la Policía Federal de Caminos y una brigada militar de la Armada de México.

El equipo de García Luna se encargaba de generar información de inteligencia para el combate al delito, y apoyaba a las entidades federativas. Tenía recursos y poder de decisión para facilitarle equipo humano y técnico a Eduardo Gallo y Tello para que ejerciera su venganza. Así lo comprobaba un oficio entre comandantes que habían participado en el operativo policial.

“Cuernavaca, Morelos, a 21 de julio del 2000

Camerino Román Bustamante

      1. Lic. Coordinador General de la Policía Judicial del Estado.

 Me permito hacer de su superior conocimiento que el día 20 de los corrientes siendo las 18:00 horas, el suscrito Víctor Hugo Valdez Ortiz, Coordinador Operativo de la Policía Judicial del Estado acompañado del CC. Cmdte del Grupo de Homicidios, Martín Jorge Saldaña Amdriz, y Cmdte del Grupo Francisco Quintero Ochoa en coordinación del comandante Enrique Flores Reyna, Coordinador General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y dos agentes de dicha corporación, nos abocamos al seguimiento de la investigación y esclarecimiento que refiere el Secuestro y Homicidio de la Profesora Paola Gallo Delgado, relacionado con la Averiguación Previa SC/1ª/4303/00-07.

Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables, copartícipe de los hechos, se encontraba en la ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos, Lic. Rogelio Sánchez Gatica, para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad.

Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la PFP. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. Rubén Silva, acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo.

A las 20:00 horas del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos. Cabe hacer mención que nos acompañó la detenida Luz Edith Bouchez Ake, la cual iba a precisar los domicilios donde se encontraba uno de los presuntos responsables.

Estando en la ciudad de Perote Veracruz, nos acompañó a visitar los domicilios en busca de los presuntos responsables la C. Lic. María del Consuelo Hernández Jiménez, Titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa, Veracruz, acompañada de tres oficiales ministeriales secretarios, quienes dieron fe a las diligencias en que intervenimos.

Se visitó el domicilio de la familia Gómez Corona, ubicado en la calle Francisco Villa N°8 de dicha ciudad, donde se buscaba localizar y detener al presunto Rolando Gómez Corona, donde fuimos atendidos por la Sra. Guadalupe Corona Mauro y por Crisanto Gómez Martínez, padres del presunto responsable, así como por José Manuel Gómez Corona, hermano del mismo, quien manifestó que tenían quince días aproximadamente que no veían a Rolando, y que la última vez que estuvo en ese domicilio se hizo acompañar de otros jóvenes, quienes dejaron en el interior de ese domicilio dos maletas de color negro, de la marca Samsung Nake, las cuales voluntariamente las entregaron para no tener problemas con las autoridades.

Teniéndolas presente afuera del domicilio, y en presencia del Ministro Público, se abrieron para ver el contenido de dichas maletas, en el interior se observó que había equipo para operaciones tales como RAPEL, que utiliza la policía, fornituras con funda para pistola, porta cargadores para aditamento de armas AK47, conocidas como (Cuernos de Chivo), arnés y chalecos de color negro, material para limpieza de armamento entre otras cosas.

Después de visitar ese domicilio y por versiones de la detenida, nos trasladamos a otro que se ubica en la Privada de Insurgentes N°41 de la Colonia Heroico Colegio Militar, en la misma ciudad de Perote Veracruz, con la intención de asegurar a un sujeto de nombre Jesús Rojas Álvarez, copartícipe de estos hechos y compañero de Rolando Gómez Corona.

En ese domicilio se entrevistó a la señora Cristina Páez Tiburcio, quien se identificó como esposa del presunto, a su vez nos hizo del conocimiento que su esposo Jesús Rojas Álvarez no se encontraba, y que ignoraba su paradero.

Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para abordar la aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama, Municipio de Temixco, Morelos a las 00:30 horas. del día.

Lo que hago de su conocimiento para lo que ha bien tenga ordenar.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo No reelección
Coordinador Operativo de la Policía Judicial
Cmte Víctor Hugo Valdez Ortiz

C.c.p. Lic. Rogelio Sánchez Gatica. Procurador General de Justicia del Estado de Morelos.- Para su superior conocimiento.

 

En los documentos aportados a Los Ángeles Press, se enfatizaba que la mujer detenida que los había acompañado al operativo para que localizaran a Rolando Gómez Corona, Luz Edith Bouchez Ake, iba sin el abogado defensor de oficio, y se encontraba en crisis emocional. Tampoco les presentaron orden de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo. No existía ninguna imputación de su responsabilidad en el secuestro de Paola, y sin embargo también se la llevaron presa. La usaron como el “ariete” para fabricar el caso.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Adrián Ramírez, llevaba la defensa de Antonio Barragán Carrasco, quien había sido inculpado falsamente también por el secuestro y homicidio de Paola Gallo, pero también por el homicidio de los secuestradores y asesinos de Paola. El padre dolido, y con sed de venganza, fue en cacería de todas las personas que habían cometido el crimen contra su hija, pero también de los familiares. Antonio Barragán era cuñado de uno de ellos.

El 22 de septiembre de 2001, Gallo llegó a San Quintín, Baja California, junto con un policía del estado, de nombre Rey David. En ese poblado trabajaba Antonio como jornalero agrícola, junto con su hijo. El policía y Gallo fueron preguntando en el poblado, hasta dar con la casa de Antonio, y su esposa le dio las referencias del lugar de trabajo. Cuando lo tuvo frente a sí, Gallo golpeó a Antonio, le quitó la paga recién obtenida por su trabajo, y lo amenazó de que si no se incriminaba de haber matado a los secuestradores de su hija, él iba a matar a sus hijos e iba a violar a su hija de 16 años. Esa noche, tanto a Antonio como a su hijo, los tuvo de rodillas, con las manos en la nuca, mientras le arrancaba a él la confesión a golpes. Antonio fue torturado también con toques eléctricos que le provocaron ámpulas y quemaduras, según consta en el examen médico de la Comandancia de Ensenada, Baja California. Al día siguiente, lo trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. De allí, a Cuernavaca, Morelos, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Entre las 4 y 10 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de Antonio, tanto el policía Rey David como Eduardo Gallo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el cuerpo.

Antonio terminó en el penal de Atlacholoaya, Morelos, pero las torturas no cesaron. Por varios días, Eduardo Gallo lo visitó en el módulo, con la autorización del director del CERESO, Sebastián Inzunza, a quien Gallo le pagaba para que lo dejara entrar. Antonio dijo que fueron cinco días consecutivos que siguió golpeándolo, hasta que lo defendió el mismo director del penal, porque creía que se iba a morir por los golpes. Después, por consigna de Gallo, estuvo aislado en una celda de castigo por un año y tres meses, a pesar de que él ya se había incriminado de haber matado a los secuestradores de su hija, para que no lo siguiera torturando.

Antonio estuvo sin sentencia de 2001 hasta el 13 de enero de 2015, y se le negó el Protocolo de Estambul, al igual que sus coacusados. Lo sentenciaron a 33 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. En el amparo directo DP 114/2018 se especificaba en la página 78:

“Un civil, doliente de la injusta muerte de su hija, toma las riendas de la investigación y mediante su poder económico y traficando sus influencias, logra encabezar operativos, participar en detenciones directamente, y además de interrogar y tomar declaraciones que luego van a ser convalidadas por los agentes policiales y el propio ministerio público”.

El 14 de noviembre de 2018, le escribí un correo electrónico a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (En Vero) sobre el caso de Antonio Barragán:

Le 2018-11-14 20:22, Guadalupe Lizárraga a écrit:

¿Recuerdas que me comentaste que Antonio Barragán Carrasco había
estado ya en la cárcel antes de ser acusado de los homicidios de los
secuestradores de Paola Gallo? Pues ahora mismo está cumpliendo doble
condena, una de 40 años por el secuestro y homicidio de Paola, y otra
por el homicidio de los secuestradores de Paola.

O sea que a él lo acusaron de todo. De lo que hicieron los
secuestradores y lo que hizo Eduardo Gallo. Y aparte, Gallo violó y asesinó
a la madre de la esposa de Antonio, y mató a un hermano de ella y a
su hijo de 4 años. Son en total seis asesinatos, una violación
sexual, y las torturas de Antonio durante cinco días seguidos, y
amenazas a su familia:

“Mire, mi suegra y mi cuñado no estaban vinculados en el
secuestro de Paola Gallo, y Gallo violó y asesinó a mi suegra y a mi
cuñado, y mató al hijo de mi cuñado. El hijo de mi cuñado era un
menor de edad, tenía cuatro años de vida, estas tres personas son
las que Eduardo mató.

Y los tres homicidios que eran los verdaderos secuestradores de Paola
Gallo, a esos tres los mataron en el momento de recibir el rescate de
Paola, y de esos tres homicidios también estoy acusado yo de
matarlos, todo esto es totalmente falso, hay pruebas en el expediente
donde dice que fueron policías vestidos de color negro, que hasta
perros llevaban, esto consta en el expediente”.

Es espeluznante todo esto…

GL

 

La respuesta de David fue hasta 14 días después, el 22 de noviembre de 2018.

From: David Bertet

Date: Thu, Nov 22, 2018, 16:46
Subject: Re: Antonio Barragan
To: Guadalupe Lizárraga

Después de diciembre, me voy a poner a estudiar a fondo ese expediente.
Estoy enterado del amparo que me hiciste el favor de proporcionarme. Por
el momento, hago lo posible para recaudar documentos por medio de otras
fuentes que te compartiré.

Abrazo 🙂
David

Eduardo Gallo, como activista de derechos humanos, invitado por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que dirige David Bertet, desde Montreal Canadá.

 

David Bertet nunca me envió documentos en relación con este caso. Incluso rechazó la defensa de Antonio Barragán Carrasco, como culpable fabricado, debido a su amistad con Eduardo Gallo. Más aún, sirvió de intermediario para las amenazas de demanda de Eduardo Gallo contra mí, después de que yo hiciera referencia en la presentación de mi libro El falso caso Wallace, el 12 diciembre de 2018.

From: David Bertet
Date: Sun, Jan 13, 2019, 08:19
Subject: Fwd: Carta Sra. Guadalupe Lizarraga
To: Glizarraga27

Hola Guadalupe,

Te hago llegar la carta de Eduardo Gallo. No la leí (porque es carta
dirigida a ti específicamente), solamente la copié abajo. Me avisas si
me autorizas a leerla, por favor, o si quieres que lo comentemos.

Abrazo
David

“Sra. Guadalupe Lizárraga

Presente

Como es de su conocimiento, llamé telefónicamente a David Bertet, amigo suyo y mío, a fin de que por su conducto pudiéramos entablar comunicación con el fin de aclarar conceptos que Usted vertió al final de su intervención en el evento desarrollado el pasado mes de diciembre, al presentar su Libro «El Falso Caso Wallace«.

En esa ocasión Usted mencionó hacia el final de la presentación de su libro y, en relación con el secuestro y homicidio de mi hija Paola Gallo Delgado, que Eduardo Gallo había torturado a Antonio Barragán Carrasco.

La idea de tratar de entablar comunicación con Usted era aclarar sus afirmaciones que son totalmente equívocas, por lo que me atrevo a pensar en que las mismas corresponden a una versión falsa que alguien le debe haber hecho llegar a su conocimiento.

No pretendía yo entablar una discusión con Usted, solo conocer la versión que usted tiene y que le permitió hacer la afirmación que hizo, pero sin enfrascarme en una discusión con Usted. Al efecto le afirmo que esas acusaciones que se me hacen son falsas de toda falsedad, pues nunca he cometido semejante delito ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni en contra de ninguna otra persona ni por el secuestro y homicidio de mi hija Paola, ni por ninguna otra causa.

Lamentablemente Usted no aceptó entablar comunicación directa conmigo y solicitó que le mande yo un documento con el contenido que yo quería tratar con Usted, sin embargo sé de qué tipo o conteniendo que información o evidencias o pruebas, toda vez que no conozco los detalles de su acusación más allá de lo que ya mencioné.

Quiero dejar claro que la carga de la prueba no es de quién es inocente de hechos que falsamente se le imputan, sino de quién hace las acusaciones, es decir, no me corresponde a mi probar mi inocencia sino a quién me acusa, probar la veracidad de sus dichos y acreditar los delitos que se cometieron en su contra por la persona culpable del agravio que dice haber sufrido. Por lo antes mencionado, yo no puedo hablar de los detalles de una acusación de la que desconozco hechos, modo y lugar de los mismos.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta que si tiene Usted evidencias de que yo cometí un delito en contra de Antonio Barragán Carrasco, uno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, formulen la denuncia respectiva ante la autoridad competente y aporten las pruebas que soporten tal acusación. Eso permitirá que el asunto corra el trámite legal que le corresponda y que haya un debido proceso en el que se valoren las pruebas y se conozca la verdad y se imparta justicia. Así, si Usted tiene pruebas de sus dichos o si quién le dio la versión tiene pruebas de lo que afirman que hice en contra del sujeto de referencia, procedan a denunciar los agravios causados con tal conducta que se me atribuye.

De antemano le digo que no puede haber pruebas de que cometí actos de tortura en contra de Antonio Barragán Carrasco, porque yo no llevé a cabo las conductas o acciones de las que se me trata de acusar ni tengo nada que esconder en mi vida o que no quiera que se conozca y, por lo mismo, no acepto imputaciones falsas en mi contra. Así que no tengo temor alguno de que el asunto se lleve a las instancias necesarias para que la verdad salga a la luz.

Aprovecho hacerle saber o si fuera el caso recordarle, que Antonio Barragán Carrasco fue sentenciado culpable por diversos jueces federales y estatales en diversas instancias, no sólo por el secuestro y homicidio de mi hija Paola y robo en agravio de diversas personas, también lo fue por otros secuestros y robos cometidos en agravio de otros personas y en fechas incluso anteriores al evento del secuestro de mi hija, así como por otros homicidios y por su pertenencia a una organización criminal de delincuencia organizada, por lo que no tiene derecho a libertad anticipada ni a beneficios de preliberación, ya que las leyes no contemplan ese tipo de beneficios para los culpables de ciertos delitos graves. Si la versión de la tortura proviene de él mismo, tal vez sea porque ello constituye su última opción para tratar de que le revoquen las sentencias que lo condenaron a décadas de prisión.

Finalmente le comento aunque entiendo que conoce algo de mi historia como activista social en seguridad y justicia, que siempre defendí el debido proceso, la legalidad, la verdad y la justicia y que soy enemigo de tomar la justicia en mano propia, (aunque Usted hagan mención a que la prensa internacional me conoce como «vengador», lo que fue primera noticia para mí, pues a lo largo de mis años de trato con los representantes de medios internacionales, nunca nadie me comentó esto), o recurrir a la venganza o a torcer la ley para culpar a alguien por un delito que no cometió. He dado pruebas más que palpables de mis principios y valores. Incluso apoyé y contribuí a la defensa de las víctimas del caso Wallace antes incluso de que Usted, Guadalupe, empezara a apoyarlos y fui yo quien enfrentó a la propia señora Wallace en el caso de Florence Cassez, y quién, incluso, presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia buscando justicia a su favor.

Por todo lo anterior, nunca pensé que yo pudiera ser acusado de delitos de tortura que nunca cometí ni en contra de Antonio Barragán Carrasco ni de ninguna otra persona, y que esto pueda tener como efecto que se fabrique su inocencia y se ponga en libertad a un culpable real de delitos probados y juzgados por las autoridades competentes. Ello me resulta obtuso y absurdo.

Resumiendo para concluir, Guadalupe, no tengo nada que probar. No he cometido ningún delito en contra de ninguno de los secuestradores y homicidas de mi hija Paola, ni hoy ni hace 10 ni 20 años, ni contra ellos ni contra persona alguna. Podrán decirlo los delincuentes, pero nadie puede probar lo que no ocurrió por ser hechos falsos. Nadie puede probar que yo cometí delitos en su contra, simple, lisa y llanamente, porque no los cometí. Si alguien lo dice, que lo pruebe y me denuncie ante la autoridad competente. Que presente pruebas reales y concretas, no meros dichos o aseveraciones. Llegado el caso, me defenderé de esa acusación totalmente falsa y lo haré con estricto apego al derecho y a la legalidad. No tengo miedo de que se me acuse de lo que no hice y, en su momento, de ser ese el caso, podrá Usted misma constatar la veracidad de mis dichos y la falsedad de los hechos por los que me acusa Usted.

En debida correspondencia le agradeceré que si no tiene pruebas reales y concretas que soporten sus dichos de que torturé a Antonio Barragán Carrasco, se abstenga de volver a mencionar públicamente que el suscrito cometió actos de tortura en contra de esa persona. De ser ése el caso, es decir, si no tiene pruebas que soporten sus dichos, ofrézcame una disculpa pública por acusarme sin pruebas para lo cual deberá utilizar los mismos medios públicos que usó Usted cuando me descalificó y desautorizó como persona y activista social honesto y ético al acusarme de haber cometido los actos de tortura ya repetidamente citados.

QUEDO a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación al contenido del presente.

Eduardo Gallo”.

No obstante, en el libro testimonial de su autoría, titulado Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta, Eduardo Gallo narra de su propia voz los hechos en los que participó. Aquí un interesante fragmento de su propia pluma:

“En septiembre de 2001 logré la aprehensión de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la banda de secuestradores quien por diferencias con los jefes fue expulsado durante el secuestro de mi hija. En venganza, y dado que su cuñado era Anselmo Hernández Benítez, quien a su vez era el chofer de la banda, planearon juntos matar a los jefes cuando fueran a cobrar el rescate del secuestro. Se pusieron de acuerdo con otros tres sujetos y realizaron el homicidio múltiple la noche del 15 y 16 de julio de 2000. Lo anterior consta en la declaración preparatoria rendida por este sujeto ante el Juez Segundo Penal del Primer Circuito Judicial en Atlacholoaya, Morelos. La detención de este sujeto se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona. Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después, ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho El Pedregoso.

A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta. Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias “Arturo Rivera Policarpo” y “Herminio Olea Mena”. Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento. La declaración preparatoria del sujeto que aprehendimos y de su cuñado, Anselmo Hernández Benítez, nos permitieron saber que ambos, en compañía de Gilberto Aguirre Bahena y otros dos tipos, fueron quieres mataron a los tres secuestradores de mi hija cuando se presentaron a cobrar el rescate. Los motivos de este crimen aún no son del todo claros y creo que difícilmente sabremos la verdad completa; sin embargo, hay elementos que permiten pensar que se trató de una venganza entre integrantes de los grupos armados del EPR y el ERPI, por alguna traición cometida por uno de los asesinatos, Miguel Salgado Nájera, quien al parecer se quedaba con el dinero de los secuestros, en lugar de entregarlos “a la causa”. Este sujeto era originario de Tepetixtla Guerrero, y durante años fue militante del EPR y uno de sus principales gatilleros (hay quien le atribuye más de 15 muertos en la región). El detenido Antonio Barragán Carrasco, también originario de Tepetixtla y militante de EPR, señaló que un tal “Montes” les proporcionó las armas que utilizaron para el triple homicidio. Otros de los asesinos son Gilberto Aguirre Bahena, identificado como “Sargento Adán” cuando militaba en el EPR (hoy aparentemente integrante del ERPI); su hermano Alejandro Aguirre Bahena, conocido, cuando pertenecía al EPR, como “Teniente César” (parece que ahora también militaba en el ERPI), así como otro sujeto no identificado. Actualmente se desconoce el paradero de estos criminales”.

Tomado de Paola: Historia de un Secuestro y de una Sociedad Corrupta, Gallo y Tello, Eduardo, Grupo Editorial Vid, S.A. de C.V., ISBN 9687372478, Fecha de colofón: 2002-07-24.

 

 

La defensa de Antonio Barragán, guiada por el activista de la LIMEDDH, Adrián Ramírez, era precisa:

“Como se puede apreciar, se trata de un libro testimonial que fue ampliamente difundido y comentado a nivel mediático, cuyos efectos trascienden más allá del tiempo. Se trata de un libro que está registrado ante los derechos de autor, lo que le hace responsable de lo que él menciona y de los efectos y consecuencias que puede traer. Asimismo, acepta la participación directa en la investigación y en mi detención, y además hace una serie de apreciaciones y conjeturas que violan a todas luces la presunción de inocencia misma que en ese tiempo, tanto yo como mis coacusados, debíamos de gozar. Coloca en el imaginario social a mi persona, como si estuviera sentenciado culpable”.

Respecto a la prensa internacional que Gallo hacía referencias en su carta, y que yo había compartido esa información con David Bertet, también decía desconocerla. Un ejemplo era una nota de Los Angeles Times, del 20 de junio de 2001, escrita por el periodista James F. Smith, miembro del staff del periódico.

“Father Hailed for Taking Justice Into Own Hands

Mexico City.- Eduardo Gallo refused to let his daughter’s brutal kidnapping and slaying become just another forgotten case. So he solved it himself, right up to the arrest this week of the alleged triggerman.

Like the relatives of hundreds of other kidnapping victims in Mexico, Gallo paid a ransom–about $18,500 and some jewelry–after his daughter Paola was seized by a gang from the family’s weekend home last July in the town of Tepoztlan near Mexico City.

But Paola’s body was found a week later. She had been shot twice, in the neck and the back. Three suspects were quickly arrested and are awaiting trial. But the gunman could not be found, and nothing more happened.

Her father, frustrated by police inaction, closed his consulting firm and turned himself into a novice detective. He chased leads and pored over information including cellular phone records to crack the case…”

Traducción propia:

“Padre aclamado por tomar justicia en sus propias manos

Eduardo Gallo se negó a permitir que el brutal secuestro y asesinato de su hija se convirtiera en otro caso olvidado. Así que lo resolvió él mismo, hasta el arresto esta semana del presunto pistolero.

Al igual que los familiares de cientos de otras víctimas de secuestro en México, Gallo pagó un rescate (alrededor de $ 18,500 pesos y algunas joyas) después de que su hija Paola fuera secuestrada por una pandilla de la casa de fin de semana de la familia, el pasado mes de julio en la ciudad de Tepoztlán, cerca de la Ciudad de México.

Pero el cuerpo de Paola fue encontrado una semana después. Le habían disparado dos veces, en el cuello y en la espalda. Tres sospechosos fueron arrestados rápidamente y están en espera de juicio. Pero el pistolero no pudo ser encontrado, y nada más sucedió.

Su padre, frustrado por la inacción policial, cerró su consultora y se convirtió en un detective novato. Persiguió pistas y examinó información que incluía registros de teléfonos celulares para resolver el caso…”

La nota, en total, tenía 28 párrafos breves, algunos de tres líneas, e incluía citas literales de Eduardo Gallo, lo que demostraba que en ese año 2001, había dado la entrevista formal al periodista de Los Angeles Times, mostrándose como un “héroe” y aceptando haber hecho justicia por su propia mano, al mismo estilo de Isabel Miranda Torres, asesorados y apoyados con recursos públicos por Genaro García Luna. Pero en diciembre de 2018, en la carta dirigida a mí, Gallo me pedía pruebas, como si éstas no existieran, incluso simulaba desconocer lo que él mismo le había dicho a la prensa extranjera de su caso.

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito concedió el amparo a Antonio Barragán contra la resolución del 13 de enero de 2015, en la que se le dictaba sentencia, ordenando ahora la reposición de todo el procedimiento, a fin de que el juez llevara la investigación oficiosa respecto a las quejas de tortura. Esta resolución del tribunal era otra prueba más en contra de Gallo. Sin embargo, siendo el mismo juzgado que respondía a su tráfico de influencias, y en el que también Isabel Miranda tenía injerencia, hacía caso omiso del amparo y retrasaba la orden para aplicar el Protocolo de Estambul a Antonio y reponer el procedimiento. Por lo que el 10 de abril de 2019, se le entregó en mano al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un documento en el que se le explicaba a detalle la situación de Antonio Barragán Carrasco, incluso haciendo énfasis de cómo Eduardo Gallo asistía a las audiencias judiciales, con arma de fuego colgada al cinturón, que desenfundaba en plena sesión, poniéndola sobre el mueble frente al que le tocaba sentarse.

El activista Adrián Ramírez López

En varias entrevistas que hice al activista Adrián Ramírez López, de la LIMEDDH, corroboraba sin titubeo las agresiones de Eduardo Gallo y Tello a Antonio Barragán Carrasco:

—Sí, había una colaboración directa de las autoridades para ubicar y detener a Antonio, pero lo cierto es que eso no quedó judicializado, no hay ningún documento que obre en el expediente al respecto. Incluso en 2012, se solicitó la lista de nombres en los vuelos comerciales que salieron ese día, 22 de septiembre de 2001, de la ciudad de Tijuana hacia Ciudad de México, donde debía haber un boleto de avión a nombre del señor Eduardo Gallo, otro a nombre de Rey David y otro para Antonio Barragán Carrasco. Sin embargo, el juez que llevaba la causa se negó a pedir esa información, y era parte de una de las pruebas que se habían solicitado. Además, Antonio fue capturado el 22 de septiembre y llevado a la procuraduría hasta el 24 para su declaración preparatoria, pero eso no está en el expediente 140, sino en el 86. No hay una petición del juez o del ministerio público, sino que esto lo hace Eduardo Gallo por su propia iniciativa. Le toma la comparecencia a Antonio Gallo dentro de las instalaciones del penal de Atlacholoaya. No lo lleva a la procuraduría ni a la oficina de prácticas, sino ahí mismo en el penal le toma esa declaración, y se la hacen válida, es como las veces que fue sacado de su celda para ser torturado. Otra de las cosas que no se puede pasar por alto es el hecho de que —en su momento— Antonio presentó una denuncia por tortura y pidió que se investigara por qué Eduardo Gallo podía entrar directamente a torturarlo a las instalaciones del propio penal. Sin embargo, lo que contesta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos es que pidió la bitácora de entradas y salidas y no había registro de que Eduardo Gallo hubiera entrado al penal.

—¿Tráfico de influencias? ¿Derecho de picaporte a las celdas del penal? —pregunté para que el activista reiterara la forma en que se había manejado Gallo con relación al sistema carcelario del estado de Morelos.

—Hay que entender que si hay una relación de amistad y convivencia y son actos ilegales, es obvio que no necesita registrar su ingreso por la aduana, por la situación de amistad. ¡¿Cómo el director del penal no tiene un registro de las entradas y salidas a su área de trabajo?!Además, el hecho de que no haya registros de Gallo de haber pasado por la aduana, no significa que no haya entrado. Incluso hay testimonios de personas del penal que declararon en 2012, que Insunza (el director del penal) sacó a Antonio de la visita íntima para llevarlo a un lugar, y después fue regresado con huellas de severo maltrato.

Pregunté a Adrián Ramírez por qué declararon hasta 2012. El activista me precisó que las personas tuvieron miedo todo ese tiempo y guardaron la información. Incluso, el mismo personal de custodia no se atrevía a declarar por temor a represalias.

Adrián Ramírez López abundó que fue el mismo año en que Joaquina, esposa de Antonio en ese tiempo, se refería también a ese incidente, de cuando lo sacaron de la visita conyugal con ella. Declaró además ante el Ministerio Público que su madre, la señora Petra Benítez Tacuba, había sido torturada y violada por Eduardo Gallo, y que el día en que iba a comparecer a la procuraduría, la señora Petra fue ejecutada de un balazo en la cabeza.

—Hubo un comando con dos grupos de escoltas y simplemente ejecutaron a Petra, a su hijo, a su nieto de cuatro años y dejaron herida a su nuera. Iban en dos camionetas negras, en un operativo con armas de alto poder. Primero, torturaron a las personas y luego las ejecutaron. Todo esto pasó, sin que esta familia tuviera ningún vínculo con el crimen organizado. Era gente muy pobre que difícilmente podía estar vinculada a situaciones de delincuencia organizada, por las mismas condiciones de pobreza y humildad en las que vivían. Si hubieran estado vinculadas a la delincuencia organizada, por muy bajo que fuera el lucro que obtuvieran, tendrían manera de vivir cubriendo las necesidades básicas, pero estaban muy limitados económicamente.

—¿Hubo una denuncia formal por la violación de Petra Benítez contra Eduardo Gallo?

—Sí, hubo una denuncia, que la llevó la Primera Instancia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; sin embargo, con las conversaciones que tuve con ellos, lo único que me mandaron fueron unas notas. Nosotros lo sacamos como “acción urgente”, pero no hubo un seguimiento con la procuraduría de derechos humanos. No se ha formalizado para tener esta información.

—¿Por qué no se sabía todo esto, sin han pasado tantos años?

—Nosotros entramos por el expediente de la causa 140, sin embargo, malamente, pero beneficiándonos nosotros también, el magistrado ponente dice que Antonio fue detenido cuando ya estaba preso, y que los hechos que había previos a su detención no son parte de la litis en el presente juicio, y por lo tanto ordena la reposición del procedimiento por cuanto hace a que algunas pruebas que no se acreditaron y que eran necesario retomar con el Protocolo de Estambul.  

 

La fabricación del caso Gallo era similar al caso Wallace. Ambos, tanto Eduardo Gallo como Isabel Miranda, habían sido apoyados con recursos del Estado por Genaro García Luna, habían fabricado culpables para simular que estaba resuelto el caso o se estaba resolviendo, ambos utilizaban a los medios para legitimar los supuestos hechos y crear la imagen de ellos como activistas de derechos humanos, a partir de una tragedia. Eran la “sociedad civil” del PAN, apoyando a Vicente Fox y después a Felipe Calderón como presidentes. La diferencia entre ambos era que Gallo tenía los restos de su hija, y los cuatros cadáveres de los secuestradores, más el de la madre y el de su nieto de cuatro años. Isabel Miranda, en cambio, tenía a ocho personas en prisión, muriendo paulatinamente con sus familias depredadas económicamente por la inútil defensa, pesaba sobre ella también la muerte de Julieta Freyre, más la desaparición de su hijo porque —vivo o muerto— ella había decidido su invisibilidad. Pero indudablemente ambos coincidían en haber aceptado ser títeres del sistema movido por los hilos de García Luna y del entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora.

 

 

El Caso Wallace

Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

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La CNDH certificó que hubo tortura a César Freyre en el caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

“Yo veía a una persona encapuchada y ya sabía que me iban a torturar; yo me daba cuenta porque los diamantes empezaban a estar todos encapuchados, y yo decía me van a torturar, y sí, era segurísimo, segurísimo que me iban a torturar”.
César Freyre Morales

Con un dictamen médico-psicológico basado en el Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, certificó que César Freyre Morales, inculpado por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, fue sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud.

Bajo la dirección del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, tras la aplicación del protocolo se concluyó “que existe una firme relación entre las lesiones y secuelas físicas y psicológicas documentadas y el relato de los hechos referidos por Cesar Freyre Morales, esto es, las lesiones físicas y psicológicas documentadas son el cuadro que normalmente se observa en personas que han sido sometidos a traumatismos como los referidos en el presente caso”.

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Los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura basaron su dictamen en la revisión de documentos médicos, informes psicológicos, declaraciones, notas de valoración especializada que se encuentran en el expediente penal y en el expediente médico, así como una entrevista a profundidad y la revisión médica y psicológica.

El más torturado del caso Wallace

César Freyre Morales es el principal inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y fue presentado ante los medios -desde enero de 2006- como “el líder de la banda de secuestradores”, sin más investigación periodística ni judicial que la palabra de Isabel Miranda Torres, quien dio publicidad a la fabricación del secuestro como “el caso Wallace”, con el apoyo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, procurador, ambos bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De las ocho víctimas, seis acusadas directamente de participar el supuesto secuestro y dos para justificar la existencia de una banda delictiva, César Freyre es el que ha tenido más eventos de tortura. Después de él, le sigue George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobín. En varios de estos eventos, tanto con César Freyre como con Jacobo Tagle, participó personalmente Isabel Miranda Torres, con golpes, escupitajos, amenazas e instrucciones de otras agresiones, al lado de Braulio Robles Zúñiga, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de lo que era la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como su subordinado el agente Osvaldo Jiménez Juárez.

Conclusiones de los expertos que aplicaron el protocolo de Estambul a César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace.

El papel de Renato Sales en la consigna contra Freyre

El acceso de los victimarios a los centros federales de reclusión fue permitido por Renato Sales Heredia, entonces comisionado Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César Freyre lo menciona en la entrevista con la visitadora adjunta del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y reproduce las palabras que cruzó con el exfuncionario:

–¿Cómo estás, Freyre?, ¿tú eres el mentado Freyre, no?
–Sí, un poco enfermo, pero bien.
–Vamos a ver si así sigues.

“Al otro día me trasladaron para Matamoros, al 3, después de su visita de él. Cotéjenlo con el ingreso de aquí. Me mandaron a Matamoros, a tratamientos especiales; me traían, pero mal”.

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El traslado y estadía de César Freyre del cefereso No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue el 13 de octubre de 2015 al 5 de noviembre del 2015. Dos meses después de haberlo trasladado, cerraron el penal.

“En el tiempo que estuve ahí, siempre me tuvieron completamente aislado, parte de la tortura psicológica, y con amenazas, las hacía la gente de seguridad. El día 3 de noviembre llegó Renato Sales a Matamoros, y me preguntó que cómo me estaban tratando ahí -prácticamente yo iba ingresando a ese penal-, y me dice «pues se te van a acabar los lujos aquí». Al día siguiente fue que cerraron ese penal”.

 El maltrato en los penales de Ocampo y Ciudad Juárez

Después del cierre del penal de Matamoros, lo trasladaron en jet a él solo, al cefereso de Ocampo, Guanajuato. Allí estuvo del 5 al 19 de noviembre de 2015, aislado, con tratos crueles, y en el área de Tratamientos especiales, que les llaman “pabellones”. De nueva cuenta, fue trasladado en jet, solo al cefereso de Ciudad Juárez, donde iba siendo torturado con toques eléctricos y a su llegada lo volvieron a torturar con golpes y toques.

“…cuando llegué a Juárez todos andaban encapuchados allá, porque allá les pegan y hacían lo que querían con los internos; creo que era el penal más abandonado, y mi enfermedad me tenía muy mal porque no me estaban dando el Cilostazol, entonces el frío contrae los vasos sanguíneos y mis pies se me reventaron allá bien feo. Yo tuve que meter un amparo médico y el amparo que yo metí de traslado, porque le hago de su conocimiento que parte de la tortura psicológica eran los traslados. Porque la incertidumbre del vuelo es de que le van pegando a uno, a mí me iban pegando, me iban chicharrando con el taser ése, y obviamente iban borrando huella alguna de que me estaban torturando en esos penales.”

Renato Sales ordenaba los traslados como parte de la tortura psicológica, y en cada traslado -tanto al salir como al llegar a un penal- era golpeado y le daban toques eléctricos. César Freyre declaró en la entrevista para el protocolo de Estambul que en ese tiempo el sometimiento era absoluto: cabeza agachada, manos esposadas, grilletes en pies, cadena en la cintura, golpes en la espalda y toques eléctricos.

 “Al ingreso de ahí me siguieron golpeando, después de las certificaciones médicas, hay un túnel, en ese túnel me hicieron que me desvistiera y me quedé en pura trusa, me hincaron con las manos esposadas hacia atrás y me gasearon, esa vez me gasearon, me imagino que debe ser gas pimienta, porque era un extintor de esos cromados con una basuca, me daba muchísimo esa sensación de ahogamiento, de no poder respirar, y me golpearon muchísimo.”

Isabel Miranda llegó a visitar a César Freyre en el penal de Ciudad Juárez, acompañada de Renato Sales. De la misma manera que en los otros penales, lo tenían aislado y la mujer participaba del maltrato y las vejaciones.

 

En el Altiplano, bajo amparo judicial

César se encuentra actualmente en el cefereso número 1, El Altiplano, Estado de México. Lo regresaron allí, después de un meter un amparo por las condiciones de su enfermedad provocada por las frecuentes torturas. Narra a los médicos que lo entrevistaron para el protocolo de Estambul, que se encuentra en una estancia donde los presos están aislados, un área de medidas especiales de máxima seguridad. Sin embargo, para él también es un lugar seguro, debido a que su mayor temor es que Isabel Miranda pague por hacerle daño adentro, como sucedió con el caso de Jael Malagón Uscanga, en 2010, también acusado falsamente de participar en la misma banda de secuestradores. Jael fue atacado por los internos, pagados por Miranda, y ellos mismos le dijeron que no era nada personal, solo estaban acatando “las órdenes de la señora”. Fue cuando Jael quedó ciego, al desprenderle la retina del único ojo que tenía.

Por eso para César Freyre, estar solo le representa más seguridad, además, dice, se ha vuelto muy huraño y desconfiado, por tantos años de aislamiento y el temor a volver a ser torturado.

“Era una zozobra que no podía yo con ella, en COC me tuvieron más de ocho años, y en un COC ningún interno puede estar por más de 30 días porque es un centro de observación y clasificación. César Freyre se refiere al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico para los presos, un área dentro de la institución penitenciaria a cargo del equipo de médicos, trabajadores sociales y criminólogos para determinar en qué dormitorio y estancia asignarán al interno.

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Pero César Freyre especifica que estuvo ocho años allí, y tuvo numerosas visitas de Isabel Miranda Torres para cometer actos de acoso y tortura.

“Aquí tuve muchísimas visitas de Miranda, aquí Miranda entraba como a su casa, se lo juro. De hecho, el señor XXX, el vivía en el pasillo 4 de COC, y en el pasillo 4 de COC él tenía una ventana y estaba rota, y él veía a todo mundo, a todo el personal que entraba al COC, él los veía, y él sabía cuando venía la señora, por eso se lo promocioné como testigo. Él vio muchas cosas, yo viví mucho tiempo en tratamiento especiales junto a él, y llegó el momento en que me aislaron por lo mismo, porque como me sacaban, no querían que hubiera evidencias de que me estaban sacando, entonces no sé si el señor le haya narrado la cuestión de que él se daba cuenta cuando entraba Miranda, ella entraba como en su casa, de verdad. Las veces que me pedía me sacaban y andaba toda la comitiva de seguridad de los altos mandos aquí, estoy hablando de cuando estaba de director el Maestro Aguado, venía con los titulares que estuvieron en el sexenio de Calderón para atrás, todos se prestaron para torturarme, todos.”

También dijo haber estado dos años en el área de Tratamientos especiales, para reos de máxima peligrosidad. Y después tras su traslado al cefereso número 9, de Ciudad Juárez, donde estuvo otros 14 meses, también en el área de Tratamientos especiales.

Actualmente, en El Altiplano, determinaron los expertos de prevención de tortura que César Freyre no está en condiciones vulnerables. Sin embargo, en 2010, tuvo dos eventos de tortura graves en este mismo penal que incluso narró en 2019 a esta periodista por medio de una carta. Las torturas las cometieron agente del Ministerio Público de la SIEDO en colusión con las autoridades penitenciarias el 2 y 22 de octubre de 2010. Como parte de la tortura del 2 de octubre, previo a una audiencia judicial, le pusieron a su madre María Rosa Morales, por llamada telefónica, llorando, mientras la encañonaban dentro de su casa. Hasta ese momento, aceptó inculparse e inculpar a sus coacusados, tras cuatro años de tortura y maltrato. En el protocolo de Estambul, Freyre mencionó entre las autoridades que permitiern su tortura incluso al funcionario público, activo como Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.

El siguiente evento de tortura, el 22 de octubre de 2010, fue para que ratificara su declaración incriminatoria, justo la noche en que le informaron del fallecimiento de su hermana Julieta Freyre, a quien le dio un infarto cerebral mientras pedía ayuda en la oficina de la extinta senadora Rosario Ibarra de Piedra.

El protocolo de Estambul, positivo en tortura

El resultado del protocolo de Estambul de 81 páginas muestra los recuadros sobre la sistematización del proceso con los hechos de tortura, con el numeral 372 del acuerdo con el manual, así como la narración de la víctima y lugar, donde se perpetró la tortura.

En el documento, César Freyre refiere reiteradamente a los elementos de Custodia y seguridad en los penales como «encapuchados», quienes eran los perpetradores de las torturas. No obstante, en el protocolo se destaca el terror psicológico que le infundieron tras los eventos de tortura. En Los Ángeles Press, de acuerdo con la evidencia documental, estos eventos de tortura fueron registrados en oficios, amparos, quejas y solicitudes de ayuda, en diferentes años, desde su detención en la que intervino Isabel Miranda Torres.

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Fabricación de culpables

Madre de falso culpable que lleva 22 años en prisión pide ayuda ante la ONU

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Por Guadalupe Lizárraga

María de Lourdes Téllez, de 76 años, en manifestación ante la Organización de Naciones Unidas por el incumplimiento de México a las Reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de presos, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no le dé pensión económica como adulta mayor, que mejor le ayude con su hijo José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 22 años preso con delitos fabricados y está siendo maltratado en prisión, pese a que ha demostrado ante tribunales de la Ciudad de México su inocencia.

Desde el año 2000, José Eduardo Toledano Téllez, siendo policía de la Ciudad de México, fue acusado falsamente de secuestro, debido a la similitud de su nombre con el verdadero responsable quien fue aprehendido por el mismo delito en 2009 y se encuentra en prisión.

La prueba más contundente en favor de Toledano Téllez es que al momento de servir como custodio y seguridad en un juicio con la magistrada María Medel, se perpetraba el secuestro por el que posteriormente fue acusado y sentenciado por esa misma juez a 38 años y 6 meses de cárcel.

En una primera sentencia, la jueza María Medel le había dado 20 años de prisión, y cuando la defensa de José Eduardo Toledano presentó su apelación, la jueza incrementó su sentencia a casi el doble de condena, siendo ella misma testigo de que Toledano Téllez el día y hora de secuestro él se encontraba en servicio policial en su mismo juzgado donde ella despachaba.

Lourdes Téllez, madre de José Eduardo Toledano, en diferentes años de su lucha por la libertad de su hijo, ha sido seguidora de López Obrador en diferentes campañas, y tras el ascenso a la presidencia de la república, la madre le ha pedido ayuda reiteradamente sin éxito.

Hoy José Eduardo Toledano Téllez tiene 59 años de edad, y fue de los primeros presos contagiados de Covid 19, que tuvieron que llevar al hospital porque sufre de hipertensión y diabetes, enfermedades que se le desarrollaron en su reclusión. Actualmente, en el penal de Santa Martha Acatitla, le quemaron sus pertenencias y le han negado atención médica.

Su madre, quien hasta ahora no ha recibido respuesta tras un largo recorrido por las instancias de derechos humanos en la Ciudad de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decidió sumarse a la queja colectiva ante Naciones Unidas por los tratos crueles e inhumanos de las cárceles mexicanas.

También ha sido ignorada en varias cartas en las que pide ayuda a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, a donde ha ido personalmente pese a los problemas de movilidad física que tiene por su enfermedad, síndrome de Alzheimer y edad avanzada.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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