Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 5 de enero de 2017, en Tamaulipas. Era el abogado que, desde los años noventa, asistía jurídicamente a su inseparable cliente Isabel Miranda Torres, conocida como la señora Wallace, en la Ciudad de México. Pero desde octubre de 2016, había sido nombrado coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, y dos meses después lo emboscaron junto a otros ministeriales. Terminó su vida relacionado con el narcotráfico, uno de los “giros negros” que le señalaban los medios y por lo que el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) lo investigaba como servidor público en el sistema de procuración de justicia mexicano durante el periodo de 2006 a 2014.

Esta investigación del Comisionado, a través de la Policía Federal, especificaba el recurso de revisión RDA 4093/13, en el que se pedía hacer públicos los resultados de evaluaciones en control y confianza a varios servidores públicos del estado de Guerrero; entre éstos figuraban Ricardo Martínez Chávez, Iñaki Blanco Cabrera y Víctor León Maldonado. Los tres unidos por una amistad de más de 20 años, desde sus incursiones como ministeriales en la PGJDF a finales de los noventa, los tres promovidos en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, específicamente en el área de Secuestros en diferentes fechas, los tres en la procuración de justicia del estado de Guerrero, y los tres al servicio de Isabel Miranda Torres, la madre que fabricó el secuestro y homicidio de su hijo el 11 de julio de 2005 y que hasta este momento mantiene en la cárcel a sus inculpados pese a las evidencias de vida de su hijo.

El inicio de la existencia de Martínez Chávez en la vida de Isabel Miranda, nos remonta a aquellas cuatro noches y cinco días de julio de 1998, cuando Miranda Torres estuvo presa en el Reclusorio Norte por homicidio calificado en grado tentativa y desacato a la autoridad. Martínez, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, movía influencias con el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Hugo Vera, para quien trabajaba como secretario particular, al tiempo que pagaba la fianza por la libertad de su amiga. Desde aquellos años, Martínez ya se relacionaba con Víctor León Maldonado, con Iñaki Blanco Cabrera y con Braulio Robles Zúñiga, y jugaba en dos canchas, en la pública dentro de la PGJDF, de 1997 a 1999, y en la privada, como abogado particular de Miranda.

Los pasos de Martínez Chávez en la burocracia de la procuración de justicia parecían ser los pasos de Isabel Miranda. En octubre de 2001, fue incorporado a la Procuraduría General de la República, como agente ministerial dentro de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al igual que Iñaki Blanco Cabrera y Braulio Robles Zúñiga. Justo en ese mes, el día 21, se giraba orden de aprehensión contra el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, de acuerdo al oficio 5525, de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por el delito de contrabando cometido en julio del mismo año, con el que se abrió el expediente 196/2001 y se le dio una sentencia condenatoria por tres meses.

Sin embargo, la oportuna incorporación de Martínez Chávez a la PGR, y a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), logró que Hugo Alberto Wallace evadiera la justicia. Y el 3 de junio de 2004, la orden de aprehensión fue cancelada por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, bajo el pago de una multa de 14,665.20 pesos mexicanos ($814 dlls).

En octubre de 2002, Martínez Chávez adquiría la responsabilidad de la jefatura Antisecuestros de la misma UEDO, bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos. El 25 de julio de 2003, se le ascendió a fiscal Antisecuestros, en sustitución de Óscar Moreno Villatoro, ya de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). No obstante, según reportes de la prensa local, Martínez presentó su renuncia por supuestas diferencias con la Agencia Federal de Investigaciones, el 31 de diciembre de ese mismo año 2003, y al mismo tiempo armaba casos a Isabel Miranda Torres para la expropiación de terrenos en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, bajo documentos falsos y peritos que compensaban económicamente para que le permitiesen firmar como apoderada de ella.

Con la designación de Daniel Francisco Cabeza de Vaca como nuevo titular de la PGR en abril de 2005, en sustitución de Rafael Macedo de la Concha, se inició un proceso de desmilitarización de la dependencia, y retiraron a 169 militares. Los cambios de personal alcanzaron la SIEDO, según una nota de la revista Proceso publicada el 10 de julio de 2005, en la que se especificaba que José Luis Santiago Vasconcelos se mantendría en el cargo de subprocurador, pero con dos nuevos encargados de despacho, Ricardo Martínez Chávez en el área nuevamente de Secuestros, y Eduardo Luna Alonso en el área de Robo de vehículos.

Así fue que un día antes del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda, se daba a conocer que la pieza clave de la maquinaria de la SIEDO en materia de secuestros era su propio amigo, el abogado Ricardo Martínez Chávez. Varios días después, Braulio Robles Zúñiga fue designado como ministerio público al lado del abogado, por influencia de Miranda Torres con el pretexto de que no estaba siendo bien atendido su caso, el supuesto secuestro de su hijo. Meses después, Robles Zúñiga, bajo el mando de Miranda, coordinaba ya las torturas a los inculpados del falso secuestro, y fue identificado años después por cuatro de las seis víctimas.

 

Braulio Robles, el coordinador de las torturas

De acuerdo a su propia ficha curricular presentada ante el Senado de la República mexicana en marzo de 2017, como aspirante a fiscal Anticorrupción, Braulio Robles Zúñiga estuvo desempeñándose como agente ministerial del Distrito Federal, del 1º de octubre de 1990 al 30 de abril de 1999. Durante este período coincidió con Ricardo Martínez Chávez en la misma dependencia de la Ciudad de México, y habrían establecido una relación suficientemente estrecha para después seguir los mismos pasos dentro de la PGR, específicamente en el área de Secuestros.

Tras un curso de tres meses de entrenamiento como agente ministerial federal, Robles Zúñiga fue incorporado a la PGR, oficialmente el 16 de noviembre de 2001, en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Su incorporación fue al mes de haber entrado Ricardo Martínez Chávez e Iñaki Blanco a la misma unidad.

Pese a que en noviembre de 2002, Robles Zúñiga fue promovido dentro de la procuraduría para asistir a un nuevo curso, ahora «para combatir la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes», del cual obtuvo constancia y acreditación, fue quien coordinó las torturas de los inculpados del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2006 y 2007 y 2010, bajo las órdenes de Miranda y Martínez Chávez, de acuerdo a los testimonios de las víctimas.

Incluso, en el libro dictado por Miranda a Martín Moreno, titulado El Caso Wallace, Miranda se refirió a Braulio Robles Zúñiga «como una bendición», y allí destacó Miranda su disposición para «cualquier tema que ameritara su intervención».

La primera víctima fue Juana Hilda González Lomelí, quien interpuso un amparo penal, el 4 de abril de 2017, contra Robles Zúñiga y su jefe en el Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, por amenazas, tortura física y psicológica e incomunicación. A partir de la declaración arrancada bajo tortura, en 2006, Juana Hilda fue obligada a incriminar a las otras cinco personas, su pareja sentimental César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolas a partir de una fotografía extraída de su departamento en un cateo ilegal por los agentes ministeriales dirigidos por el ministerio público Fermín Ubaldo Cruz. En esa confesión fabricada, Isabel Miranda estuvo presente, mientras grababan a Juana Hilda para difundir los videos en las redes sociales como una “evidencia” de culpabilidad, pese a que aún no se llevaba el juicio.

Bajo la jerarquía de Braulio Robles Zúñiga, se encontraba el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, quien desde 2010, servía también de manera privada a Miranda. En 2013, este agente fue identificado plenamente como verdugo de tortura por los inculpados Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, en diferentes audiencias, y el testimonio de Jacobo fue registrado ante un juez federal.

 

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Iñaki, de testigo de cargo del caso Wallace a procurador de Guerrero

Aquel 2001, fue significativo para la PGR en el área de Secuestros. Se integraba un equipo de fiscales y agentes ministeriales que destacarían años después en la fabricación de culpables, todos alrededor de Ricardo Martínez Chávez e Isabel Miranda Torres. Ese mismo año llegó también Iñaki Blanco Cabrera a formar parte del equipo. Y en 2010, Martínez Chávez le pidió ser testigo de cargo para el caso Wallace. Blanco Cabrera había sido recién nombrado titular de la SIEDO por la entonces procuradora Marisela Morales, fue quien encarceló a Jacobo Tagle Dobín, el único que faltaba del grupo de los seis que estaban en la fotografía extraída ilegalmente del departamento de Juana Hilda.

El año 2010 fue de arropo gubernamental para Isabel Miranda en la administración de Felipe Calderón. Ello se expresaba en privilegios y poder político que se expandía también para el equipo de funcionarios y cómplices que sostenían el falso crimen contra su hijo desde la SIEDO, donde las recompensas por secuestros fabricados y compensaciones a medios condescendientes con la mentira eran ya un rumor que cobraba fuerza alrededor de los subordinados de la ex-procuradora Marisela Morales.

En febrero de 2010, se tramitaron documentos oficiales –como la Cédula Única de Registro de Población (CURP)– bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, identidad oficial del hijo de Isabel Miranda Torres en sus primeros seis años de edad, de la que existe además acta de nacimiento original. También se publicó, con ostentosa mercadotecnia, el libro El Caso Wallace, con el que se pretendía legitimar la mentira del hijo muerto en los medios masivos de comunicación. Al mismo tiempo, se intensificó el acoso de funcionarios de la SIEDO contra familiares de los inculpados, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignoraba las quejas de tortura cometidas contra Albert Castillo Cruz y su hermano Tony, así como las de César Freyre Morales, a quien señalaron como “jefe de la banda de secuestradores”.

Para agosto de 2010, el director del penal de Santiaguito, Estado de México, Irineo Monroy Dávila, reconocía la tortura a Brenda Quevedo Cruz cometida en 2009 por ministeriales de la SIEDO y se disculpaba con ella por haberlos dejado entrar al penal bajo su cargo. No obstante, dos meses más tarde de esa disculpa, en octubre de 2010, Brenda fue trasladada ilegalmente al penal federal de Islas Marías, donde sólo trasladan a los sentenciados, y los mismos ministeriales de la SIEDO perpetraban la segunda tortura sexual contra ella. De los seis inculpados por Miranda, los hermanos Albert y Tony Castillo y Brenda Quevedo, pese a las torturas, nunca se incriminaron del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Brenda lleva más de diez años en cautiverio en espera de ser sentenciada. Jacobo, ocho.

El mismo trío en la PGR, Ricardo Martínez, Iñaki Blanco y Víctor León, destacaba nuevamente en Guerrero, en 2013, fabricándole delitos por 48 secuestros a Nestora Salgado, la líder de la Policía comunitaria de Olinalá, quien fue encarcelada durante dos años y medio en un penal federal mientras se demostraba su inocencia. Caso en el que intervino también Isabel Miranda Torres recriminando al juez que daba la libertad condicionada a la líder comunitaria en marzo de 2014, al no encontrar pruebas en su contra.

 

Los cambios en la SIEDO

Pese al semblante gris y trayectoria mediocre de Iñaki Blanco Cabrera, en 2011, un año después de su macabra trayectoria por la SIEDO, se estrenaba como delegado de la PGR en el estado de Guerrero, y en 2013 era designado por el gobernador Ángel Aguirre como procurador general del estado. Iñaki Blanco entonces invitó a trabajar con él a dos de sus amigos que lo ayudaron a crecer en la SIEDO: a Ricardo Martínez Chávez y a Víctor León Maldonado, éste último incorporado en 2008.

Para la PGR, el año 2008, también fue muy revelador de la corrupción interna, porque fueron removidos de sus cargos los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano, del área de Terrorismo y acopio de armas de la SIEDO, Felipe de Jesús Muñoz, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), y Víctor Manuel Corzo Cabañas, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Aunque la decisión había sido tomada desde la presidencia de la República, la fabricación de acusaciones surgió desde la SIEDO y el supuesto motivo era por trabajar con el cártel de los Beltrán Leyva. Lo llamaron “Operación Limpieza”. Años después, a principios de 2017, la defensa jurídica de los Beltrán afirmaba en conversación privada con este medio la relación que existía entre esta familia y Hugo Alberto Wallace, a quien acusaban de haber robado un cargamento de cocaína. Hecho por  el cual su madre había fabricado su muerte y había ayudado a su hijo a salir del país para su protección.

La Operación Limpieza oscurecía la trayectoria de Marisela Morales al frente de la SIEDO, por la fabricación de delitos en más de 50 casos, pero en 2011 el expresidente Calderón la nombró titular de la PGR, y los funcionarios inculpados desde su dependencia en la SIEDO fueron absueltos cuatro años después de prisión al descubrirse que habían utilizado testigos protegidos con identidades falsas para incriminarlos. Durante ese periodo, en la SIEDO, de 2008 a 2011, Marisela Morales también otorgó privilegios a Isabel Miranda, entre éstos autorizarle la entrada a discreción a los penales donde pagaban condena sus inculpados por el falso secuestro de su hijo. Así, fue como Miranda llegó a amenazarlos directamente en las celdas, golpearles físicamente la cara y jalarlos del cabello a César Freyre, a Albert Castillo y a Jacobo Tagle, según sus testimonios e incluso corroborados por dos custodios que posteriormente tuvieron que huir para salvar sus vidas.

También en ese periodo de investigaciones a los subprocuradores incriminados, en julio de 2008, Víctor León Martínez era incorporado a la SIEDO, primero como asesor, y luego como coordinador general, el 1º de noviembre de 2008. José Luis Santiago Vasconcelos había sido designado, por Felipe Calderón, como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de Seguridad y Justicia penal, pero murió tres días después, el 4 de noviembre de 2008, junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un supuesto accidente de avión por fallas mecánicas.

Samuel González, el abogado de las contradicciones

Samuel González Ruiz es otro de los abogados destacados de Isabel Miranda. Fue coordinador de asesores del Procurador General de México, de 1994 a 1996. También se presentó como fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en PGR, del cual fue titular, «encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional» de 1996 a 1998.

En 2012, cuando Isabel Miranda Torres fue candidata por el Partido de Acción Nacional a la gubernatura de la Ciudad de México, González Ruiz amenazó al abogado José Patiño Hurtado por confirmar, en entrevista con Carmen Aristegui, que Miranda había estado en la cárcel en 1998. Su faceta académica en la UNAM, en la ONU, en la Universidad de Sevilla, y en varios países como capacitador en sistemas penales de varios países, contrasta con la defensa de casos como el de Wallace en el que la fabricación de culpables ha sido uno de los profundos quiebres del Estado de Derecho en México.

Homenaje luctuoso a Ricardo Martínez Chávez en Tamaulipas y demás agentes ministeriales sin la presencia de Isabel Miranda. Foto: La Opinión de Tamaulipas.

El silencio de Isabel Miranda

Después del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, Isabel Miranda de Wallace guardó silencio. No utilizó su acceso privilegiado a los medios ni a las procuradurías para reclamar el crimen de su amigo y cómplice de más de veinte años de convivencia, como lo hizo de manera difamatoria y violatoria al derecho de presunción de inocencia de los inculpados del caso Wallace para denunciar un crimen que nunca sucedió, el de su hijo. El 5 de enero de 2017, Isabel Miranda, apodada “la señora Wallace”, apellido que adoptó de su exmarido Enrique del Socorro Wallace, no dio declaraciones a los medios, ni exigió a la PGR que se investigara “hasta las últimas consecuencias” el asesinato de Martínez Chávez. Tampoco reclamó la inseguridad al gobernador de Tamaulipas, como lo acostumbra a hacer con el tema del secuestro, en cada entidad donde después es premiada con contratos de gobierno por publicidad exterior. Incluso, tampoco fue al funeral de Ricardo Martínez Chávez, su abogado desde 1998.

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

8 thoughts on “Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

  1. Es tanto el coraje que estos “defensores” le tienen a esta señora que inventan vínculos y versiones distorsionados de los hechos. Dejen de defender delincuentes que tanto daño le hacen a nuestro país.

  2. es tanto el coraje de esta sra que responde a artículos de Guadalupe Lizarraga bajo una falsa identidad para defenders sin aportar nada de pruebas. FERNANDA M. es María Isabel Miranda de Wallace

  3. EXCELENTE INVESTIGACIÓN, NOS COMPRUEBA NUEVAMENTE QUE EN EL PAN:
    Puro corruptazo , no hay caso, esos con la sra de Wallace son los que deberían estar encarcelados, incluso el muerto mafioso. Deberían investigar las cuentas de las 2 identidades de la sra Wallace, y del hijo profugo además de las salidas del país de la señora que es donde se ve con el delincuente de su hijo. Seguramente en el mismo país donde no hay extradición donde están los Moreno Valle ahora. A esos panistas ya no se les cree nada, son ratas que saltan del barco cuando sienten que ya los están buscando.

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