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Investigaciones

Sergio Aguayo, ingenuidad o encubrimiento: el caso del CISEN

Un breve recorrido por el CISEN avalado por académicos de eficiencia y honestidad, mientras crecía la corrupción con el narcotráfico.

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Capítulo: La red cooperativa de Sergio Aguayo o el origen de la sociedad civil de Calderón
Fragmento

Por Guadalupe Lizárraga

Con Eduardo Medina Mora, Sergio Aguayo Quezada tuvo la oportunidad de ser protagonista entre los recovecos del espionaje y la polítca de Inteligencia. Provenía de una familia relacionada con la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Su padre, Jesús Aguayo Zaragoza, había sido un periodista con charola de Gobernación. Sergio seguía de cerca la información y contaba anécdotas de su padre. No obstante, aquellas referencias anecdóticas no incluían a Anastasio y Rafael Aguayo Zaragoza, que también tenían expediente en la DFS.

Desde mediados de los ochenta, Sergio Aguayo ya escribía sobre temas de seguridad, y se relacionaba con Jorge Tello Peón, uno de los directivos bajo las órdenes de Jorge Carrillo Olea, en la DFS, y luego en el CISEN. En los noventa, Aguayo se promovió como coordinador editorial de un libro de corte académico e invitó a Tello a colaborar con un ensayo sobre narcotráfico. El contexto era que Salinas de Gortari y Bush padre impulsaban una política internacional creada en 1989 y, en 1991, el Congreso estadounidense había designado al Pentágono como agente directriz para la prohibición de las drogas fuera del territorio de los Estados Unidos. La política de seguridad era fortalecida con los programas de ayuda a América Latina y el Caribe, con financiamiento administrado por el gobierno mexicano. Se trataba de un presupuesto para una guerra que no existía en México, al menos no como un problema público nacional. Sin embargo, Salinas de Gortari ya había creado alianzas y controles con los diferentes cárteles de narcotraficantes y la burocracia de seguridad nacional. La guerra estaba declarada, de acuerdo con la investigación del periodista Eduardo Valle Espinoza, El Búho, en El segundo disparo (Valle Espinoza, 1995). En ésta, se señalaban los hechos que llevaron a estrechas relaciones de Joaquín Chapo Guzmán con los Salinas de Gortari, y de cómo el tráfico de heroína por Tamaulipas era una de las empresas más exitosas liderada por Raúl Salinas, y custodiada por instrucciones presidenciales.

Tello Peón, en su propuesta para el libro de Aguayo, “El control del narcotráfico: operaciones estratégicas e intereses nacionales de México y Estados Unidos en el periodo posterior a la guerra fría” (1990), afirmaba que el narcotráfico ya era una amenaza directa para la seguridad nacional y se requería una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos, con estrictos controles, porque México había dejado de ser punto de tránsito. Aguayo apuntaba –aparentemente de manera simplista– la necesidad de un organismo de Inteligencia que fuera eficaz en la promoción de la democracia y que conciliara con el respeto a los derechos humanos. Los dos hacían sinergia, cada uno desde su perspectiva, e interactuaban con Carrillo Olea sobre la materia.

Pero por los acontecimientos dramáticos de 1994, se vino la interrupción del libro-campaña, debido a que Aguayo se involucraba directamente en la promoción de las elecciones presidenciales, con la fundación de Alianza Cívica, mientras Tello era ascendido a director general del CISEN. Finalmente, Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición (Aguayo, 1997), salió a la luz en 1997, y exponía la degradación de la DFS principalmente por utilizar la violencia con impunidad para control de la población, y por proteger a narcotraficantes, en el que mencionaba como ejemplo el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena y su piloto mexicano, en Jalisco. Aguayo sostenía, pues, que la DFS había sido infiltrada por el narcotráfico, y los agentes protegían a capos de gran envergadura. Como propuestas de solución, planteaba la modernización del organismo y la necesidad de incorporar a la “sociedad civil” como uno de los actores principales en temas de seguridad a manera de elementos de contrapeso y equilibrio, puentes de comunicación y creadores de fragmentación social con coaliciones capaces de hacer brotar disturbios de baja intensidad:

“La sociedad civil es el ámbito más propicio para las redes cooperativas, el que se fortalecerá más que cualquier otro y el que tendrá cada vez más influencia sobre el contenido y el tono de los asuntos de seguridad” (Aguayo, 1997).

En este periodo, se daba el arresto de Juan García Ábrego, uno de los cinco narcotraficantes más poderosos de México en ese entonces, con veinte cargos por narcotráfico y lavado de dinero, después de meses de presión por parte del gobierno estadounidense a la administración del presidente Zedillo para que México intensificara, con resultados, la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Cuando fue arrestado el capo no ofreció resistencia alguna y, para la grata sorpresa de los agentes que lo capturaron, entre éstos el primer comandante de la PGR, Horacio Brunt Acosta, el narcotraficante solo estaba acompañado por dos hombres. Esto se interpretaba como una señal de la confianza que García Ábrego tenía en sus cuerpos de seguridad y de que no estaba preocupado por ser arrestado. Su sangre fría solo se habría quebrantado cuando se dio cuenta de que iba a ser expulsado a Estados Unidos, lo que sugería que esperaba ser liberado en México, como su hermano Humberto, liberado por el que sería abogado de Isabel Miranda de Wallace, el subprocurador de la UEDO, Samuel González Ruiz.

Un año después, 1998, Isabel caía en la cárcel, y González Ruiz era señalado por recibir millones de dólares para sacar del Maxiproceso a los hermanos Patiño Esquivel, ambos judiciales que daban protección al Cártel de Juárez. La prensa mexicana callaba estas historias.

Dos años más tarde, con Fox en Los Pinos y Medina Mora en el CISEN, Sergio Aguayo de nuevo lideraba otra investigación acerca de los servicios de Inteligencia, que daba pie a su siguiente libro La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México (Aguayo, 2001). Con el acceso privilegiado a un sinnúmero de archivos y una veintena de entrevistas a exdirectores, como Carrillo Olea, el mismo Tello Peón, agentes secretos, altos directivos y expresidentes reconstruía la historia del CISEN y destacaba las debilidades y fortalezas de la organización, concluyendo que se trataba de un nuevo organismo de Inteligencia eficiente y libre de corrupción. En su diagnóstico, por un lado, abordaba las persecuciones de la antigua DFS, y se enfocaba en casos de jóvenes opositores al régimen que habían sido desaparecidos por los gobiernos anteriores y el espionaje político a funcionarios. Esto le permitió cierta simpatía y confianza de grupos de izquierda y de sobrevivientes de la Liga Comunista del 23 de Septiembre. Por otro lado, en su conclusión, promovía seminarios y cursos de “expertos” para capacitar a los agentes en la nueva etapa de “modernización” del CISEN. Una de las tareas de estos “expertos” fue la de evaluar favorablemente el organismo de Inteligencia bajo la administración de Medina Mora, y dar su aval en marzo de 2001, de no estar penetrado por el narcotráfico, pese a que Aguayo, tres años antes sostenía que era el principal problema del CISEN, la protección a narcotraficantes.

Genaro García Luna ya era autoridad especializada y con rango en el CISEN, durante las investigaciones de Aguayo. Sin embargo, evitó mencionar su nombre y solo aludía a su área de manera indirecta. Sabía del Grupo de Apoyo Táctico, coordinado por García Luna, en 1999, y del apoyo que daba Telmex a esta área, para el espionaje, así como la red de los 600 agentes que García Luna movía a Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, para el supuesto combate del crimen organizado, entre éste el narcotráfico.

En el mismo libro, Aguayo también elogiaba la administración de los recursos económicos en el CISEN, y su argumento era que el manejo escrupuloso del dinero público para Inteligencia lo demostraban 18 auditorías con 159 observaciones, entre 1994 y el 2000, de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Con este nuevo aval de un CISEN “eficiente” y “honesto”, Medina Mora lanzaba su discurso a la prensa nacional e internacional, y se creaba el documento clasificado para Estados Unidos con la autorización del presupuesto para la Agencia Federal de Investigaciones. Dos meses después, septiembre de 2001, el presidente Fox nombraba a Genaro García Luna como titular de la agencia, y su principal foco de interés sería el combate al secuestro. Para entonces, Sergio Aguayo había logrado empujar exitosamente el tema de la participación de la “sociedad civil” en temas de seguridad, y se creaba el patrón operativo: denuncia mediática del crimen, operación exitosa de la AFI, activismo de las víctimas, control de la sociedad civil y surgimiento de nuevos liderazgos políticos.

* * * * * *

Referencias bibliográficas:

Aguayo, S. y Bailey, J., Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición, Siglo XXI, México, 1997.

               – La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, Editorial Ink, México, 2001.

Valle Espinoza, E., El segundo disparo, Ed. Océano, México, 1995.

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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