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SEDENA notificada con órdenes de captura a militares implicados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

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SEDENA notificada con órdenes de captura a militares implicados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El general Alejandro Saavedra, uno de los 20 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con orden de aprehensión.

Por Kau Sirenio y Arturo Contreras
Fotografía: Diego Simón y Moisés Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales deberán ser localizados por el área jurídica de la institución. El general de División Alejandro Saavedra Hernández encabeza la lista.

La notificación se dio luego de que el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó las 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que, de acuerdo con la FGR, intervinieron en la investigación de los hechos.

El militar de más alto rango en la lista es el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 26 de septiembre de 2014, el general tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, desde las cinco de la tarde.

Para entender más: De qué se acusa a Omar García Harfuch en caso Ayotzinapa y qué dijo el presidente López Obrador

 

También está implicado su subordinado inmediato, el comandante del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien entonces era coronel y hoy es general brigadier.

Según la Comisión, los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales.

El ascenso del general

El general Saavedra Hernández, quien -de acuerdo con versiones periodísticas que no han sido desmentidas- también habría intervenido con apoyo perimetral al Batallón 102 el día previo a la masacre de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.

Después del ataque a los estudiantes, el 26 de septiembre de ese año, Saavedra no sólo no fue investigado, sino que recibió una serie de premios y ascensos que dejaron cerca de convertirse en secretario de la Sedena.

Para entender más del tema: FGR acusa a Murillo Karam de orquestar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa

 

El 20 de noviembre de 2014, apenas dos meses después de la noche de Iguala, fue promovido de general de Brigada a general de División. Diez días después, se convirtió en comandante de la IX Región Militar, que abarca todo el estado de Guerrero. Once meses más tarde, en octubre de 2015, fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado, lo que le dio el mando de todas las corporaciones policiacas de Guerrero. El 28 de noviembre de 2016 pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cuatro años después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2018, el entonces secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, propuso al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dos posibles sucesores, el subsecretario Arturo Granados y el general Saavedra. López Obrador finalmente optó por Luis Crescencio Sandoval.

Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021. Nadie investigó su participación en Tlatlaya ni en Ayotzinapa, a pesar de que el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que los jefes policiacos de su jurisdicción habían sido recomendados por el general Saavedra y actuaban de forma autónoma.

El Coronel

El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 con sede en Iguala, es actualmente jefe de Operaciones de la Sedena. Pero su relación en el caso podría ser más que una omisión. En el informe de la Comisión de la Verdad se refieren una serie de mensajes de texto que indican una coordinación constante en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 entre El Chino y El Negro (dos integrantes de Guerreros Unidos) con El Coronel para “arreglar el problema” de los estudiantes que quedaban vivos; también hay reportes de actividades conjuntas entre El Negro y El Coronel, y que los restos de “la mayoría” de los estudiantes asesinados fueron trasladados “al Batallón”.

Una de las posibilidades consideradas en las investigaciones es que el Coronel referido en esas comunicaciones sea Rodríguez Pérez.

No te pierdas: Ayotzinapa y los mineros de Coahuila: la Cosa Nostra Mexicana y sus «causas»

 

GIEI pide acceso a las fuentes del informe

En un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que ha emitido tres informes sobre el caso, pidió que el gobierno federal le dé acceso a pruebas que respalden el informe presentado el jueves pasado.

Si bien hemos tenido acceso a la información y a los productos obtenidos por la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente ni examinado material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”.

Señala el GIEI en un comunicado. 

El Grupo de Expertos solicitó una copia de los mensajes y acceso a los celulares de los que fueron extraídos para evaluar la fiabilidad y calidad de la información señalada y analizar a profundidad el contenido del informe, sobre el que posteriormente compartirán sus valoraciones.

El GIEI enfatizó que no ha participado en la redacción del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ni ha señalado presuntos responsables. Insistieron en la importancia de la protección del debido proceso.

Ángela Buitrago en la presentación del Tercer Informe de su investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Dos caminos para la justicia

Durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las investigaciones ahora se encaran a dos frentes: desenterrar la verdad de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, además de dar con los responsables de ocultar la verdad.

En la mesa de análisis de Momentum, coproducción de RompevientoTV y Pie de Página, el abogado Federico Anaya señaló que ahí radica la nueva tragedia del caso: las investigaciones históricas van a tener pruebas y escenarios degradados. Tal vez por eso, ahora la administración se centre en juzgar a quienes impidieron conocer la verdad.

Pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que vamos a procesar, investigar y castigar, porque ellos destruyeron las escenas del crimen previo. Esa es la nueva tragedia. ¿Había manera de que Murillo Karam no supiera lo que sucedía? No. Por eso es el responsable del encubrimiento, de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué, eso será algo que debe revelar el proceso judicial”, dijo Anaya.

Diferencias entre “verdad histórica” e Informe presidencial

El abogado David Peña señaló tres puntos esenciales que diferencian el informe de la Presidencia sobre el caso de la “verdad histórica” de Murillo Karam:

  1. * El informe del actual gobierno señala la responsabilidad no sólo de las autoridades municipales, sino estatales y federales, mientras que la “verdad histórica” sólo señaló a los agentes municipales.
  2. * El informe de la Presidencia  señala la operación de varios grupos que separaron a los estudiantes, bajo la misma instrucción, pero de forma distinta y en lugares diferentes. Mientras que la “verdad histórica” señala que todos fueron asesinados y llevados al basurero de Cocula donde fueron incinerados.
  3. * Presume que seis estudiantes permanecieron con vida cuatro o cinco días después de ser secuestrados, lo que refuta la idea de una operación única.

 

Según dijo el abogado Peña, es posible que nunca se conozca la verdad completa sobre esa noche, pues desde el 7 de octubre de 2014, cuando iniciaron las intervenciones federales, se empezó a manipular la investigación, a alterar escenas y a torturar detenidos.

AMLO promete “etapa nueva” en la justicia

“Para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza, y vamos a inaugurar una etapa nueva”, dijo el presidente López Obrador al referirse a los avances en el caso Ayotzinapa. Aseguró que gracias a ellas el mismo exprocurador Murillo Karam,  detenido el viernes, se inculpa.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal)”.

Después mostró un pedazo del video del encuentro que sostuvo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el jueves pasado. En el video se ve al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decir a los familiares que en ese entonces el Estado soslayó su responsabilidad ante un crimen desmesurado y adjudicó su responsabilidad solo a las autoridades municipales, pero el caso se salió de control y fue entonces cuando Murillo Karam se presentó ante medios de comunicación y dijo:

“Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación”.

El presidente refrendó que en el informe se da muestra de qué funcionarios fraguaron y tramaron la confección de una versión de los hechos que nunca sucedieron, para la cual incluso torturaron personas.

 

“Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos (funcionarios), pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, dijo al aclarar que a partir del informe se desprenden dos listas, la de implicados y la de responsables.

***

Sobre los autores:

Kau Sirenio es periodista ñuu savi originario de la Costa Chica de Guerrero. Locutor de programa bilingüe Tatyi Savi (voz de la lluvia) en Radio y Televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma de Guerrero XEUAG en lengua tu’un savi.

Arturo Contreras es periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analiza bases de datos y hace gráficas.

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Este reportaje se publicó originalmente en piedepagina.mx

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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Estados Unidos

Tirso Martínez, ‘El Futbolista’, confiesa sus actividades con el Cártel de Sinaloa en juicio a García Luna

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Tirso Martínez "El Futbolista" señaló que sabía de los sobornos que hacía el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna

Testimonio busca ligar decomisos con las operaciones de Genaro García Luna

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

«El futbolista», Tirso Martínez, dio su testimonio hoy en la corte de Brooklyn, en el que asumió la responsabilidad de tres decomisos celebrados entre el 2002 y el 2003 que presuntamente pertenecían a los narcotraficantes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Martínez hace una referencia a la reacción que tuvo Carrillo Fuentes en ese entonces: “A ver si no se enoja el Patas Cortas y el Corajudo”. La alusión era a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, al momento de que se enteraran de las incautaciones. Los eventos habrían ocurrido en una bodega ubicada en Brooklyn y otra en el barrio de Queens, las cuales ya habían sido utilizados como pruebas en el 2018 en el juicio en contra de Joaquín Guzmán.

Para saber más del caso: Genaro García Luna: avanza la selección del jurado para el juicio del exsecretario de seguridad pública

El testimonio del futbolista incluyó haber aceptado el dinero que ganó por sus actividades con el narcotráfico, y dijo haberlo gastado en comprar equipos de futbol, en peleas de gallos, en mujeres, autos, y propiedades, “hasta compré un avión”, remató.

– ¿Qué son las peleas de gallos?- Le preguntó el fiscal.

– Es cuando dos gallos con navajas en las patas los echan a pelear hasta que uno muere.

Lee también: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

Tirso Martínez profundizó en su historia personal como miembro del Cártel de Sinaloa, y dijo haberse encargado de una ruta de tren entre 2000 y 2003. Llevaba la cocaína de la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, “donde la droga se vende más cara y el cártel gana más”.

También declaró que pagaba sobornos a militares para que le permitieran hacer su trabajo, entre éstos, a un militar en Chiapas, un comandante en Guadalajara y un oficial en León. A pregunta del fiscal sobre si alguna vez había dado un soborno a García Luna, aceptó que no, pero si sabía “que otros miembros del cártel” lo hacían.

Soltó que cuando lo arrestaron en el 2014 intentó sobornar al comandante que estaba a cargo de la operación, pero que este le respondió “¡cabrón, sé que no tienes dinero!”. Dijo que aunque ya obtuvo su libertad en el 2001 aun debía pagar al gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares de multas para lo cual “ya estoy trabajando en eso”.

Ahora de nueva cuenta la defensa deberá hacerle un contrainterrogatorio para intentar hacerlo caer en contradicciones aunque, al igual, que Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande‘, pero se nota que Tirso Martínez ha sido bien entrenado por la fiscalía para responder sin salirse de la estrategia.

 

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