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Omar García Harfuch, beneficiario de la extorsión en Reclusorio Oriente, según custodios y comandantes

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Omar García Harfuch, beneficiario de la extorsión en Reclusorio Oriente, según custodios y comandantes

Reclusorio Oriente, la caja chica, y no tan chica, es la corrupción más indignante y desbordada, con la que se alimentan las campañas electorales de la 4T en la Ciudad de México.

Por Héctor Valdez

El Reclusorio Oriente de la Ciudad de México es desde hace muchos años conocido como el centro penitenciario más abundantemente sobrepoblado y con el mayor grado de corrupción e impunidad en el país. También como uno de los más violentos y letales para su población que consta de unos 8,500 reclusos, entre quienes se encuentra -desde hace año y medio-  quien esto escribe (Héctor Valdez), periodista de hace más de 40 años de oficio, encarcelado por un delito fabricado desde el poder.

Desde el Reclusorio Oriente de la ciudad denominada con slogans publicitarios como “ciudad vanguardista” y “de derechos humanos”, centenares de cabecillas delincuenciales locales y algunos pocos altos mandos del crimen organizado nacional dirigen las actividades de sus núcleos en el exterior. Organizar, ordenar, y dirigir la operación de todo tipo de actividades criminales desde el Reclusorio Oriente no supone ninguna dificultad. Pues para ello se cuenta no sólo con la omisión de las autoridades penitenciarias, sino incluso con la colaboración -y según demasiadas voces de los propios elementos de seguridad penitenciaria- que en realidad la dirección de todas las irregularidades es compartida por el propio secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

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La afirmación anterior podría parecer a algunos mucho más que temeraria, disparatada, e incluso injuriante, pero bastaría ver la cantidad de dinero en efectivo que corre desde la población interna a engrosar semanalmente los caudales que manejan los mandos medios y altos; y que nos han dejado saber muchos custodios rasos e incluso algunos jefes, tienen como destino final la persona del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Es ampliamente conocido que uno de los mayores vicios del sistema penitenciario es la extorsión y la micro-extorsión que perpetran las autoridades. Pero también el cobro inmoral e inhumano por casi cualquier tipo de actividad de los presos a los que rimbombante y eufemísticamente se nos denomina “PPL”, personas privadas de libertad.

Sobrevivir en la cárcel es mucho más oneroso; mucho más caro que vivir en cualquier sitio, y aunque la pérdida de la libertad y la reclusión debe ser un modo de reencauzar modos de vida y reinsertarse en el futuro en la sociedad, la realidad es que un reclusorio como el preventivo varonil oriente es una escuela infalible de las peores realidades y vicios; y los mejores maestros y ejemplo de la propia delincuencia son las mismas autoridades.

En la cárcel dar un paso cuesta un peso, me dijeron en los primeros días de mi reclusión varios compañeros reclusos. En esos mismos días, en los que un jefe de custodios me aconsejó -directamente a mi persona- que para sobrevivir habría tan sólo que respetar un mantra y repetirlo también permanentemente: ver, oír y callar. Se refería por supuesto prácticamente a todo lo que sucede en el interior del penal.

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En el Reclusorio Oriente, en todos los centros penitenciarios de la ciudad, se cobra prácticamente por todo, por el pase de lista a diario -que además se da cuatro veces al día-, por “el candado” que significa poder salir por unas horas de una celda de seis metros cuadrados en las que en ocasiones pueden estar hacinados en condiciones inhumanas hasta 40 presos. O por estar solamente con 10 personas en el mismo espacio, que eso es un privilegio.

También por el concepto llamado “bala” que significa poder deambular después de las horas de cierre de las rejas; o por evitar la llamada “fajina”, una suerte de trabajo forzado que se acentúa atrozmente para mediante el temor o incluso el horror lograr el desembolso de miles de pesos a cada uno de los presos que deciden pagar y eso en tres etapas en que suelen pasarse durante un proceso.

Hay muchísimos cabos más de los que se benefician las autoridades y sus auxiliares internos, pero, en conjunto son varios millones de pesos cada semana para repartirse a discreción entre mandos bajos, altos, y muy altos. Los conceptos verdaderamente importantes que además son fácilmente controlables y recaudativos, que esos sí, van a la cabeza de todo el sistema son tres: a decir que el primero de estos aspectos que es el cobro de aparatos telefónicos, celulares “rentados”, a los internos que son alrededor de 4 mil aparatos. Eso sí, las mismas autoridades les deshabilitan las cámaras, seguramente para evitar que puedan grabar todas las irregularidades que aquí ocurren.

Además de estos teléfonos, el cobro de concesiones para una suerte de servicios financieros que permiten a los internos recibir o incluso enviar dinero hacia el exterior del penal, con una quita de entre el 15 y el 20 por ciento del total enviado o recibido; y por supuesto, parte de este 15 o 20 por ciento va directamente a quien otorga esa concesión que son las autoridades.

Por último, el otro gran concepto, que por cierto es el que más reditúa a las autoridades, es la venta de todo tipo de droga en el interior del reclusorio, a través desde las mafias que conviven sin rubor con las autoridades.

Estos tres conceptos representan el dinero sucio semanal, y completamente seguro, alrededor de diez millones de pesos ($ 526,315.00 dlls) que según todos los indicios y versiones van directo al manejo discrecional del actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Según decenas de custodios, con los que hemos recogido testimonios desde hace más de año y medio, es decir, los mismos elementos a su cargo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Omar García Harfuch se prepara él mismo para ser un candidato al gobierno de la Ciudad de México, porque pretende relevar del puesto a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quienes alegan -los que han hablado con nosotros-, que también se beneficia -a sabiendas o no- de ese mismo caudal de dinero, con el que parece financiarse desde ahora un sinfín de actividades proselitistas.

La cifra de unos 40 millones de pesos mensuales en efectivo puede parecer enorme y mucho mayormente oprobiosa en el origen, pero es totalmente real y fiable esta información, tomando en cuenta que poseer o usar un teléfono celular para un interno, con la más absoluta tolerancia de las autoridades penitenciarias, cuesta cada semana, desde los 800 pesos para el uso personal. Esto es, sin poderlo prestar a otros reclusos; y hasta 1500 pesos por aparato que se use para “trabajar”; y trabajar no sólo significa poder rentar ese teléfono por horas a otros internos, sino también ejercer con él las actividades criminales como la extorsión, con la evidente complicidad de personas en el exterior, que van desde funcionarios de diversas instancias de gobierno hasta familiares y miembros de grupos delictivos.

La editora recomienda: Desde el Reclusorio Oriente a Facebook: las extorsiones de José Antonio Aguilar Valencia, ‘El Tepito’

 

Ello no implica a ningún custodio que a menudo atestiguan todo lo que sucede, o bien que se benefician de distintos modos, o prefieren en algunos casos, incluso, no estando de acuerdo, evitar problemas con los altos mandos y no llamarle la atención a nadie que tenga teléfono, porque saben que éstos operan ilegalmente, pero con el permiso de los altos mandos.

Sobre los miles de teléfonos son ampliamente conocidos que, incluso con programas en las televisoras nacionales han abordado y difundido, pero sin animarse a profundizar en el tema para darle seguimiento; es decir, se conoce en todos los medios de comunicación la existencia de miles de teléfonos, al menos en este penal, que operan sin problema. Pero los compañeros periodistas no se animan a profundizar ni a darle seguimiento, ni a preguntarse ¿quién se ve beneficiado de renta de esos teléfonos?

En promedio, semanalmente, cada uno de estos aproximadamente 4 mil teléfonos, significa una renta de mil pesos por aparato, unos 4 millones de pesos por este concepto. Además del otro concepto que es el pago de las mafias existentes, que quien escribe ya ha publicado con anterioridad. Y se presenta un estimado similar a las rentas por teléfono, se da a las autoridades en pago, por concesiones que rondan los 16 millones de pesos mensuales, la misma cantidad que los teléfonos por mantener el acceso a todo tipo de estupefacientes y sin el menor estorbo a un mercado de una población cautiva y muy demandante de estos productos de más de 8 mil personas.

También hacen negocios estas pequeñas mafias, además de la venta de drogas, como es el cobro de piso o tránsito para cualquier otro negocio digno y necesario para sobrevivir para muchos de los internos, como la venta de alimentos, incluso a los vendedores de dulces en los pasillos les cobran piso. Negocios de internos que, aunque no sean consumidores de estupefacientes, al final, terminan pagando a las mafias.

Para saber más del tema: ‘El Tepito’ y la administración alternativa del Reclusorio Oriente: ¿Quién detrás? 2ª parte

 

Finalmente, el otro rubro grande son los llamados depósitos, que son el servicio exclusivo de algunos grupos para recibir el dinero de familiares y amigos a través de cuentas bancarias que se depositan en los OXXO, o en algunas otras tiendas de autoservicio, y que el interno usa para sobrevivir. Para estos depósitos que recibe un interno, hay que pedirle a quien le envía el dinero que ponga el nombre del que lo va a recibir, el lugar y dormitorio donde está, y la cantidad a depositar; luego manda el número de teléfono a un WhatsApp para que ellos confirmen de que ya se hizo el envío.

Este negocio de depósitos representa para la autoridad unos 8 millones de pesos mensuales, tomando como promedio la recepción de mil pesos por interno; reciben mucho más algunos, pero por promedio serían unos mil pesos, y tomando en cuenta un 15 por ciento de quita. Aquí cabe aclarar que al menos una tercera parte de la población carcelaria no recibe ya desde hace años recursos del exterior. Tristemente, su abandono es descarnado; pero la gran mayoría requiere de unos mil pesos semanales para sobrevivir en esta selva de bestialidad y abusos en la que mandan las almas más oscuras, pero también los uniformes en este mismo tono.

Cuarenta millones de pesos mensuales en efectivo, producto de la más absoluta, atroz e impune corrupción perpetrada contra una población de reclusos con sus familias en las calles; muchos de ellos, de esos reclusos, tristemente felices de participar y beneficiarse.

Pero a quien se le roba, además del dinero, la posibilidad de reinserción en la sociedad, con un ejemplo que los principales delincuentes y los más impunes, son las autoridades, que según varios de sus elementos, están abocadas -con ese dinero sucio- a promover actividades proselitistas, en principio, del futuro político del actual secretario de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), y quién sabe si no financie también parte de ese caudal el ritmo electoral de la llamada 4T, movimiento que tiene por principios declarados: No mentir, No robar, No traicionar.

Recomendamos: Amenazas de muerte y maltrato de custodios a periodista preso que reportó corrupción en Reclusorio Oriente

 

Sin embargo, cualquiera que haya pasado o visitado un reclusorio sabe de su corrupción interna, porque éste es un tema viejo, muy viejo, y que precisamente estos hechos permanezcan intocables hasta la actualidad es la muestra más plena de que los beneficiarios son los que permiten todo este monstruoso negocio que son las cárceles en México.

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Investigaciones

Con gastos de 5 mdp al año, exsenador Luis Fernando Salazar dice ‘tener las manos limpias, al igual que Calderón’

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Luis Fernando Salazar Fernandez, ex senador panista y ahora integrante de Morena

En cinco años, el exsenador y su esposa llegaron a gastar 21 millones de pesos con gastos exorbitantes en imagen política

Por Zavianny Torres Baltazar

Con la vista puesta en la próxima elección para la gubernatura de Coahuila, el exsenador panista Luis Fernando Salazar Fernández, no repara en gastos suntuosos.

Utiliza asociaciones civiles, grupos empresariales, agencias, para gastar de forma discrecional en su posicionamiento mediático, en redes sociales, reparto de “ayuda social” a cambio de afiliación a organización política, vinculada a él y su campaña de promoción.

Lee más: Alerta Temprana pide atención de CNDH para interno agredido en Cefereso #18 de Coahuila

 

En tan sólo cinco años Salazar Fernández y su esposa, Karla Matilde Villareal, quien comparte los beneficios de la tarjeta American Express, han gastado cerca de 21 millones de pesos, es decir, cerca de 5 millones al año. Casi medio millón de pesos al mes. Ni lo que gana de forma neta el presidente de la república. En documentos que obran en nuestro poder, se puede constatar las operaciones financieras exorbitantes que la familia Salazar Villareal realizó en los últimos cinco años.

Entre los beneficiarios de esas transacciones bancarias está un grupo de empresarios del sector inmobiliario, medios de comunicación, notarios y colaboradores diversos además de negocios de la familia de su esposa Karla Matilde Villarreal Villarreal, quién también aparece como beneficiaria de la tarjeta de crédito con la cual se pagaron consumos de 20.9 millones de pesos entre 2017 y 2022 con 58 operaciones.

En la publicación que Proceso hizo esta semana, el señalado en ningún momento niega esos gastos excesivos, ni los millonarios gastos por concepto de proyección de su imagen. “A estos gastos se suman al menos 1.8 millones de pesos en publicidad pagada en la plataforma de Facebook, del 4 de agosto del 2020 al 11 de septiembre del presente año en dos de sus páginas identificadas como Luis Fernando Salazar Fernández y Luis Fernando Salazar.

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Un total de 554 mil 988 pesos fueron pagados directamente por él mientras que el resto fue financiado por cinco distintas empresas y organizaciones como Comunicando ideas, Comunicación disruptiva y Cada día un mensaje, de las cuales no hay rastro. Hay otras como Movimiento Progresista, que impulsa la imagen de Marcelo Ebrard, así como la empresa Red Marketing con oficinas en Torreón.

Otro millón de pesos se ha invertido en su imagen, pero mediante “una organización no gubernamental” denominada La fuerza social, qué lleva las mismas siglas de Salazar y que en sus redes sociales pide un registro de afiliación, como si fuera una institución con fines políticos partidistas según constató esta reportera», menciona el semanario Proceso.

No olvidemos que en su momento, el entonces senador Luis Fernando Salazar fue señalado como uno de los legisladores que aceptaron los sobornos del ahora preso Emilio Lozoya. Las aventuras políticas de Salazar lo han llevado a militar en el PAN y a hacer campaña por el partido de Pedro Haces, Fuerza Social. Ahora busca ser el candidato de morena a la gubernatura del estado de Coahuila.

Al mismo tiempo, el exsenador panista, niega tener alguna investigación en curso o haber defraudado fiscalmente al gobierno. Sostiene que contrario a eso, cuenta con todas sus declaraciones en tiempo y forma. Sin embargo, en ningún momento niega haber realizado los gastos excesivos de decenas de millones de pesos en los últimos años.

Al igual que Peña Nieto, dice desconocer sobre los gastos que se hacen para promover su imagen y posible candidatura. Y al igual que Calderón dice “Tener las manos limpias».

 

 

 

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Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

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Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

Para saber más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

La editora recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

Lee más: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

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Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

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¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

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Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

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Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

***

Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

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