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Investigaciones

‘El Tepito’ y la administración alternativa del Reclusorio Oriente: ¿Quién detrás? 2ª parte

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'El Tepito' y la administración alternativa del Reclusorio Oriente: ¿Quién detrás? 2ª parte
Segunda parte, de tres
  • El Duque, a la par con Jaramillo, ‘El DG3’, en la recolección de rentas

Por Guadalupe Lizárraga

Omar García Harfuch, cuando tú tuviste un intento de homicidio paraste toda la ciudad porque era tu vida. Aquí en la Morelos también hay vidas de inocentes que corren peligro por El Tepito”, es una de las exclamaciones en redes sociales dirigidas al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tras el reportaje sobre las extorsiones y golpizas de José Antonio Aguilar Valencia en prisión, titulado Desde el Reclusorio Oriente a Facebook.

La vida de El Tepito, un hombre de 28 años que empezó a delinquir a los 12, narrada por sus exparejas, internos en el Reclusorio Oriente y conocidos pone de relieve por una parte la fractura familiar a la que induce la corrupción del sistema penitenciario de la Ciudad de México, pero por otra el disimulo de las mismas autoridades para corregir esa corrupción y el crimen dentro de los reclusorios, sobre todo del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente con la sobrepoblación hasta casi un 30 por ciento más de su capacidad de albergue.

Para entender más del tema: Desde el Reclusorio Oriente a Facebook: las extorsiones de José Antonio Aguilar Valencia, ‘El Tepito’

 

Una decena de testimonios que cruzan las fronteras del penal, coinciden en que el primer mando para El Tepito ha sido por mucho tiempo, durante los ocho años que lleva en prisión, el comandante Martín Buenaventura, quien supuestamente desde abril de este año se quemó un pie y desde entonces lo sustituye “el comandante Peralta”. Sin embargo, “los comandantes no se mandan solos”, enfatiza una de las fuentes. Existe una administración en paralelo desde afuera que controla no sólo el flujo de efectivo y mercancías con diversas salidas -de lo cual incluso se beneficia la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, dirigida por Omar García Harfuch-, además se controla la vida privada de los internos, sus visitas, sus depósitos, y la familia.

Pero el trabajo realizado por El Tepito generalmente para los comandantes de Seguridad y Custodia consiste en golpear y extorsionar al resto de los internos para obligarlos a pagar cuotas de seguridad, renta de artefactos y droga. A cambio, se le mantienen los privilegios, desde dos celulares con acceso a internet para “asuntos personales”, despensa sobre pedido, visitas ilimitadas de mujeres, acceso a armas blancas, medicamento, ropa de civil, festejos y acceso al Dormitorio 2 del Reclusorio Oriente, una zona privilegiada para ocasiones especiales, incluyendo un pago semanal.

A su vez, El Tepito se apoya en un equipo de tres a cinco internos, dependiendo de la peligrosidad del interno que sea su objetivo y qué tanta fuerza necesita para someterlo. Para algunos, José Antonio Aguilar Valencia, en su área, es uno de los reclusos más peligrosos; para otros, es sólo un peón al que utilizan, y si por algún motivo lo trasladan de penal o deja de estar al frente de sus tareas por incumplimiento, rápidamente es reemplazado por otro interno que esté en la fila de espera.

Quién detrás de El Tepito

De acuerdo con la información recibida, José Antonio Aguilar Valencia no pertenece formalmente a un cártel ni a la Unión de Tepito, sino que trabaja directamente con los comandantes del Reclusorio Oriente, pero detrás de los comandantes, quien se ostenta como “dueño” del penal -según los mismos internos- es Luis Eusebio Duque Reyes, «El Duque», un expolicía que estuvo preso por seis años, pese a delitos de robo y secuestro, y en 2017 se le dio la libertad por remisión parcial de la pena sin formalmente calificar para ello, de acuerdo a la prensa local.

En su paso por los penales federales, se le atribuye que parte de su poder fue obtenido por el acercamiento con Juan José Quintero Payán, alias «El Juanjo», extraditado a Estados Unidos, pero se cree que El Duque sigue siendo protegido por el grupo de Quintero Payán. Incluso se afirma que su poder de corrupción no sólo se circunscribe al Reclusorio Oriente, sino que incluye Las Torres de Alta Seguridad del Reclusorio Norte, un área para albergar a 1536 internos de alto perfil criminal, y al módulo Diamante de Santa Martha, del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, que también tiene nivel de alta seguridad.

Sin embargo, el jefe directo de El Tepito siempre fue el comandante Martín Buenaventura, incluso antes de ser comandante, ya obedecía las órdenes de él. Y aunque en el penal hay gente de la Unión de Tepito, la misma organización delictiva trata de mantener la distancia con las autoridades del reclusorio por su propia seguridad, dicen.

La editora recomienda: ‘El Tepito’, golpeador de mujeres y sicario de comandantes del Reclusorio Oriente 3ª parte

 

“La Unión de Tepito lo que ha hecho es defender a la gente que tenía negocios allí adentro porque El Duque lo que hizo fue adueñarse de todo el penal, los que tenían tiendas se las quitaron, han matado custodios, han matado a familias de internos, han matado a los propios internos”, explica un interno, y enfatiza: “¿Esto por qué y con qué finalidad, licenciada? ¡De apoderarse de todo el penal! Ellos son los dueños del vicio, de las teles que rentan, los teléfonos son de ellos, las tiendas son de ellos, el famoso Duque desde la calle manejando la cárcel”.

El periodista preso: una piedrita en el zapato

Héctor Valdez Hernández, periodista de Tulum, que tras la persecución del exalcalde Víctor Mas por revelar la corrupción en su gestión y que después fue incorporado al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, es uno de los presos torturados dentro del Reclusorio Oriente por orden de los comandantes de Seguridad y Custodia, ejecutada por José Antonio Aguilar Valencia, El Tepito.

La golpiza fue el 22 de febrero de 2022, y la orden la dio el comandante Martín Buenaventura “porque estaba abriendo mucho la boca”, dijo el mismo Tepito en grabación de audio, por los reportajes de Valdez a este medio sobre la corrupción del penal. Tras las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el periodista fue aislado e incomunicado telefónicamente. Hasta el 7 de junio volvió a tener llamadas con un teléfono de tarjetas. No obstante, no fueron pocos los testigos de la agresión.

“A los comandantes los manda El Duque, y como el periodista estuvo hablando de las concesiones que hay en el Reclusorio Oriente y habló de toda la corrupción que hay y mencionó a este personaje famoso que es El Duque, pues para él es una piedrita en el zapato”, dijo una fuente. “Pero quien protege al Tepito es Seguridad y Custodia, ellos son los que ordenan al Tepito a quién picar, a quién callar, ellos son los que le ordenan”.

Audio

Los protectores

Después de que se ausentó el “comandante Martín”, El Tepito se presentó a las órdenes del “comandante Peralta” y del “Jefe Medina”, como se refieren los internos al personal que da las órdenes al Tepito.

“El Jefe Medina, un gordo chaparro, se dedica a pegarle a todos los reclusos”, dice el interno, “él es el encargado de la familiar. Así se llama. ¿A que me refiero con la familiar? Cuando uno va a tener visita, licenciada, hay un pequeño retencito para bajar a la visita, él se dedica a cobrarles a todos lo que van a bajar a la visita, cobran por bajar a la visita”, explica.

 

“Imagínese”, interrumpe otro interno, “como El Duque es el dueño de todo, hasta el huevo está concesionado. Lo que es la leche, lo que es el cigarro, todo lo tiene concesionado. El pan de dulce… si a nosotros como internos, nos llega una cajita de huevo, no la podemos subir porque forzosamente la tienes que consumir ahí o reportarla con El Duque, y el Jefe Medina es el encargado de que no suban nada de eso, porque él es el encargado de la familiar”.

Los internos del Reclusorio Oriente también hablaron del “Jefe Jonathan”, como jefe de grupo, un custodio que se dedica a cuidar de que se cumplan las órdenes dadas por El Duque, como la golpiza al periodista Héctor Valdez, perpetrada por El Tepito, o a la persona que según él “estaba drogándose en las galeras” a la que golpeó hace un mes. “En realidad, era una persona que estaba escondida porque la estaban extorsionando, licenciada, y todas las autoridades del penal lo andaban buscando, y cerraron temprano porque habían pensado que ya se les había escapado, y cuando lo encontraron, el encargado de pegarle fue El Tepito”, apunta un interno.

“El se escondió porque le estaban pidiendo cierta cantidad de dinero, El Tepito dice que se estaba drogando, pero no es la versión como tal. Él vivía en el dormitorio 7-10, y ahorita ya lo bajaron a un área que se llama el Panal… pero antes de bajarlo, le pegaron como usted no se imagina, y él que se encargó de esto fue el Jefe Jonathan”, detalla el interno sobre el custodio que ordenó a José Antonio Aguilar Valencia golpear al interno que se resistía a pagar la extorsión.

Continúa el interno que los que hacen el trabajo sucio para El Duque en el Reclusorio Oriente son los custodios, y éstos utilizan a El Tepito para que lo ejecute, “para ellos no ensuciarse las manos, pero realmente El Tepito no pertenece a la Unión… sino que sirve a Seguridad y Custodia”.

Las borregas de los comandantes

Los encargados del Duque, por orden de jerarquía en el Reclusorio Oriente, son El Amore, El Yoyo y El César, de quienes nos reservamos sus nombres. Este último, El César es quien recoge los 500 pesos semanales por la renta de los celulares. Los otros dos son parte de la red de vigilancia y lealtad para tener sometidos a los internos y son los encargados de cobrar “el vicio”, como le dicen a la droga y alcohol, y reciben también lo de las tiendas. Pero también cobran el agua, la luz, el paso de las visitas, de todo cobran renta”.

A los internos que trabajan directamente con los comandantes y custodias les dicen “borregas”. Como es el caso de El Tepito, al igual que otros internos del Dormitorio 4 como Sarmiento, alias “Del Hoyo”, del camarote 9. Y a su vez son supervisados por “Los Duques”, como se refieren a El Amore, El Yoyo y El César.

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Las borregas se dedican a quitar a gente que les estorba, dicen los internos. Por ejemplo, siembran navajas, drogas, cosas supuestamente prohibidas que colocan debajo de sus colchones o dentro de sus camarotes, y luego llegan los custodios y simulan el hallazgo. Es una manera para que los castiguen, o los trasladen a un penal federal o carguen con otro proceso.

“Hay gente que realmente no se quiere dejar, pero es una mafia muy grande y ningún interno va a poder con ellos”, lamenta el recluso, “es una mafia muy grande y se meten con nuestra familia, se meten con nosotros, es algo grandísimo, que usted no se imagina. El Tepito tiene mucho poder porque lo protegen los meros comandantes, y a los encargados los protege la Custodia, son gente intocable, gente que anda con navajas, en grupos con 20 o 30 personas detrás de ellos, y todo esto es permitido por las autoridades, principalmente por el encargado de todos los penales, que es el Jaramillo”, comenta.

El interno se refiere a Jaime López Jaramillo, director de Seguridad del Sistema Penitenciario de Ciudad de México, a quien se le conoce como El DG3, y que opera de la misma manera desde 2001, según un registro periodístico de El Universal, en el que desde entonces era denunciado de manera anónima por los internos debido a las extorsiones y corrupción dentro de los penales.

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 Jaramillo visita todos los penales para supervisarlos y tiene conocimiento de todos los eventos de violencia. “Es el que más empapado está de todo esto”, dice el interno. “Se imagina cuántos millones salen del reclusorio a la semana”, toma aire y enfatiza “si todo se lo tenemos que consumir al Duque, imagine de cuánto estamos hablando, y él reparte las comisiones a Custodia y a los demás”.

Otro interno rápidamente hace las cuentas redondas. Sólo la renta de los teléfonos celulares es de 500 semanales, el penal tiene una población de 8 mil internos. Supongamos que 6 mil pagan renta, a la semana obtienen 3 millones de pesos en efectivo, sin pagar impuestos. “Pero se paga renta por todo”, insiste.

***

Primera parte: Desde el Reclusorio Oriente a Facebook: las extorsiones de José Antonio Aguilar Valencia, ‘El Tepito’ – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

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Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

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Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

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A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

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Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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