Connect with us

Mexico Violento

Sin tesis de grado y sin historial académico: los fraudes de Alfredo Jalife en la UNAM

Published

on

A propósito de la tesis de Yasmín Esquivel, Alfredo Jalife dirige maestrías sin tener el grado en la UNAM

 

Por Guadalupe Lizárraga

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nuevamente se vio involucrada en la acusación de otro fraude académico, ahora a propósito de la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel, propuesta para dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, uno de los más connotados defraudadores, con evidencia de la propia Unidad de Transparencia de la universidad es Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien ha mantenido su impunidad sin que los tribunales académicos ni de justicia hagan algo al respecto pese a las denuncias formales.

Esa “buena persona” -como se refirió a él el presidente López Obrador cuando le pidieron que lo incorporara a su gabinete-, es ampliamente conocido en las redes sociales por su misoginia, su violencia verbal y su discriminación religiosa y racial, al grado de haber tenido cuentas suspendidas por largos periodos como sanción de Twitter. Desde 2013, mujeres destacadas en la política mexicana y en el periodismo han sido insultadas y difamadas por Jalife, sólo por ser mujeres y críticas, y en el caso de Claudia Sheinbaum, incluso por ser judía. Difamaciones y calumnias que ninguna autoridad ha puesto un alto, y la más reciente agresión ha sido ahora contra Tatiana Clouthier.

Para saber más del caso: Alfredo Jalife, acusado en demanda judicial por su ex-esposa de lavar de dinero en El Líbano

 

La impunidad de Alfredo Jalife ha sido arropada por las autoridades de la UNAM, incluso con denuncias desestimadas por su violencia de género, como ha sido el caso de la abogada Ivonne Carolina Flores, del Doctorado en Derecho. Un caso en el que por tercera ocasión la UNAM incumplió en 2021 la sentencia de amparo y diversas resoluciones conforme al Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La tesis de maestría que dirigió Jalife

El ‘doctor Jalife’, como se hace llamar por sus estudios de licenciatura en Medicina, carece de historial académico, según la Unidad de Transparencia de la UNAM. No existe un registro de tesis con la que se haya licenciado en Medicina, pero tampoco un historial académico que avale el número de cédula profesional que posee.

Aun así, tuvo la audacia de dirigir la tesis del abogado mexico-marroquí Hassan Elyazidi para obtener el grado de Maestría en Derecho, por la misma universidad. La tesis titulada Terrorismo internacional, de 165 páginas en línea, aparece en las colecciones Tesis de Maestría.

unam tesis Jalife

Datos proveídos por la UNAM sobre la tesis dirigida por Alfredo Jalife.

Sin ser su campo de conocimiento, Jalife también viola el reglamento de la UNAM en el sistema de tutoría de tesis, que estipula en su capítulo V, artículo 36 en sus dos primeros puntos que:

“Podrá ser tutor cualquier académico de la UNAM o de otra institución, o un profesional, acreditado por el comité académico, que reúna además los siguientes requisitos:

      1. Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por el comité académico,
      2. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de conocimiento de la maestría.

Lee también: Ex abogada de Alfredo Jalife apela sentencia contra pago de juicio de más de 12 mdp

Alfredo Jalife, desde 2006, da clases de Geopolítica en el nivel de posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. No obstante, la Unidad de Transparencia de la misma institución negó tener documentos probatorios no sólo de su historial académico como médico general, sino además de algún posgrado en el campo de las Ciencias Sociales. Por lo que dirigir una tesis de Maestría en Derecho debería de estar fuera de su alcance por tratarse de un fraude académico.

De acuerdo con la solicitud F6440000086217, el maestro Francisco Javier Fonseca Corona, Titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM, respondió el 30 de junio de 2017, que la información proporcionada por la Facultad de Contabilidad y Administración dice:

«… le comento en relación a la solicitud de acceso a la información Folio F6440000086217 que de los documentos que obran en el expediente académico no se localizó la información solicitada».

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales:

«… con la finalidad de atender la petición de información F6440000086217 de la Unidad de Transparencia, le informo que después de una revisión de la documental existente en esta facultad pudimos constatar que:

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría».

La Facultad de Medicina:

«… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró la información en los parámetros solicitados».

 

 

El 18 de septiembre de 2020, Los Ángeles Press solicitó en la plataforma de Transparencia a la Secretaría de Educación Pública la documentación que avala el número de su cédula profesional como médico cirujano y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar ese número de cédula o cualquier otro certificado académico.

Pero la institución reiteró la inexistencia de tales documentos, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas. Hasta el momento, la SEP no ha cumplido con dicha obligación.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

Published

on

By

César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

Continue Reading

Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

Published

on

Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

Continue Reading

Mexico Violento

Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

Published

on

By

Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: