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Investigaciones

Alfredo Jalife, acusado en demanda judicial por su ex-esposa de lavar de dinero en El Líbano

La exesposa de Alfredo Jalife, en juicio por demanda de pensión alimenticia, lo señaló de lavar dinero con inversiones en El Líbano

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ADVERTENCIA: Para esta información seguimos los principios éticos del Manual de Estilo de El País, con el que nos formamos. En éstos, se define que la calumnia consiste en acusar a alguien falsamente de un delito. Sin embargo, con la reproducción de evidencia como documentos judiciales para sustentar la información, con fuentes y origen identificados, acreditamos su veracidad al tratarse de información que responde al interés público*.

Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios, propietario de la Inmobiliaria Okonomía y de diez cuentas bancarias, cinco de éstas en entidades extranjeras, ha sido señalado reiteradamente de lavado de dinero, incluso por su exesposa. Ello a raíz de diversas transferencias internacionales de cantidades considerables de dólares, que periódicamente ha realizado a partir de 2012, sin declarar impuestos, mientras afirmó en varios juicios que enfrentaba que sus “ingresos azarosos” eran derivados de sus actividades profesionales en la UNAM, en el Instituto Político Nacional, así como en la Universidad Metropolitana y por la impartición de conferencias en partidos políticos.

Sin embargo, por medio del Portal de Transparencia de la Ciudad de México, estas entidades políticas y educativas negaron haber pagado por los servicios de Jalife Rahme durante los años de 2012 a 2017, y la UNAM desde 2006, la cual acreditó bajo el folio 6440000081517, que en once años le ha pagado por salarios quincenales el total de $476,373.78 pesos mexicanos.

El señalamiento de su exesposa Ivonne Galván Duque Bellato, fue hecho en las controversias del juicio promovido por pensión alimenticia en octubre de 2015, con el expediente 1924/2015. Galván Duque declaró:

(Alfredo Jalife) “omite proporcionarme los más elementales medios para subsistir, situación que ha generado la necesidad de recurrir a préstamos para sobrevivir, no siendo óbice de lo narrado, el temor con el que vivo, debido a las constantes amenazas del demandado, las cuales, crean el temor fundado de que aquél, me despojará de todo bien, excluyéndome así del hogar que sirviera como domicilio conyugal”.

 

En el mismo expediente, Galván Duque Bellato confirmó que Jalife Rahme “cuenta con una amplia capacidad económica, no obstante de que no ejerce profesión o empleo remunerado, derivado de que este último, se dedica al manejo de inversiones con las que cuenta en Beirut Líbano”, y acreditó cinco cuentas bancarias internacionales a nombre Alfredo Jalife Rahme Barrios y/o Alfredo Farid Khalife:

  1. Cuenta Número 1089600001403013 y cuenta número 8409600001403012, ambas de la institución bancaria FRANSA INVEST BANK SAL.
  2. Cuenta número 1140267372200 de la institución bancaria BANK OF BEIRUT.
  3. Cuenta Número 111002421706943011 de la institución bancaria FIDUS, WEALTH MANAGMENT, SGBL GROUP.
  4. Cuenta No.002-223667-130 de la institución bancaria HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED.

Adicionalmente, por otras fuentes, se acreditaron cinco cuentas más de entidades bancarias mexicanas:

  1. Cuenta de American Express No. 3766-658590-32001.
  2. Cuenta de BBVA BANCOMER del préstamo 9830325848.
  3. SANTANDER SELECT CUENTA 4941 3310 0325 4599.
  4. HSBC No. 4028426302.
  5. Cuenta del banco CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple de fecha 12 de Marzo de 2014, de la operación bancaria DC15154885.

La respuesta de Alfredo Jalife a su esposa Ivonne Galván Duque Bellato fue evadir el pago de su pensión alimenticia y promover el juicio de divorcio incausado, también llamado divorcio exprés, con el expediente 772/2016, con fecha del 12 de mayo de 2016.

La información publicada por Arreola

Parte de la información financiera de Alfredo Jalife, que denunció su esposa como “lavado de dinero” ya había sido publicada por el periodista Federico Arreola Castillo, director de SDP Noticias. Arreola divulgó algunas de las cuentas bancarias y conversaciones grabadas con banqueros libaneses. Posterior a ello, vivió un intenso acoso judicial y calumnias en redes sociales por años. Arreola sostuvo en enero de 2017 que eran cuentas de El Líbano “con millones de dólares”, y que esa información le había llegado y lo que llamaba su atención era que un personaje tan conocido como Jalife no pagara impuestos:

“En México no paga ni un cinco de impuestos y su residencia está en México y seguramente su domicilio fiscal en México. A mí me pareció que ahí había una irregularidad grande, denunciable, al tratarse de un personaje público”.

Uno de los documentos que divulgó Arreola fue una declaración de impuestos en la que Alfredo Jalife se acredita como dueño de la empresa Inmobiliaria Okonomía. En el juicio de divorcio, sin embargo, Jalife sostuvo que esta empresa era la propietaria de la casa-habitación en la que actualmente comparte con su exesposa, y es el mismo domicilio donde acreditaron la empresa de pasteles “Chez Ma Poule”. No obstante, declara sus impuestos en ceros, pese a sus actividades de alto impacto económico, como cambio de divisas por hasta cien mil dólares en una sola exhibición.

 

 

Para el juicio contra Arreola, Alfredo Jalife basó sus afirmaciones en una supuesta conspiración en su contra, en la que habría participado el entonces secretario de Estado Luis Videgaray Caso, como forma de acoso por su defensa a Pemex. El argumento de Jalife ante los jueces, que no pudo demostrar, era la supuesta confesión de Arreola.

De acuerdo con la información del periodista, Jalife Rahme pedía 500 millones de pesos por daño moral al haber publicado información que contenía sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, perdió el juicio en primera instancia, y la apelación, ya que los jueces consideraron que no había daño moral porque Alfredo Jalife Rahme Barrios era una figura pública, y que además aspiraba a cargos públicos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que las figuras públicas estaban sujetas a tolerar ciertas intromisiones en su vida, como parte de la vida democrática.

En un segundo juicio, Jalife pedía 550 millones de pesos, que también perdió, y lo abandonó, sin pagar las costas que ascendía al 8 por ciento de lo solicitado por él. Jalife interpuso un amparo, pero lo perdió y fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a pagar 40 millones de pesos, sin que hasta la fecha lo haya cumplido.

Estados de cuenta

Entre los movimientos financieros de Jalife, en 2015, el año de su divorcio, destacaron pagos en una sola exhibición por 112 mil pesos a su tarjeta de crédito, entre otros montos menores, mientras en el juicio de divorcio señaló que había tenido que endeudarse por sus “exagerados gastos clínicos” y que su esposa Ivonne Galván Duque Bellato despilfarraba su crédito. Afirmó, también, que recibía 45 mil pesos mensuales, a los que se refiere como “ingresos azarosos” –que no pudo comprobar–, y se quejó de violación a sus derechos humanos como persona de la tercera edad, al ser demandado para que diera pensión a su exesposa.

La demanda de pensión alimenticia fue abandonada finalmente, y llegó a un acuerdo con Galván Duque. Sin embargo, no cubrió los gastos de los abogados contratados para defenderse de la demanda.

 

Inmobiliaria Okonomía

De acuerdo con información a la que ha tenido acceso Los Ángeles Press, la Inmobiliaria Okonomía, de la que Alfredo Jalife, según su testimonio en juicio, es propietario del 51 por ciento y su exesposa del 49 por ciento, adquirió un departamento habitacional en San Jerónimo, de Álvaro Obregón, desde 1999, y que según el título de propiedad 20234, Ivonne Galván Duque es administradora del bien inmueble. Domicilio donde está registrada la inmobiliaria y la empresa de pasteles. No obstante, Alfredo Jalife, pagaba 13 mil pesos mensuales de renta por un departamento en la Colonia Insurgentes Mixcoac al excomisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón y Kalb, pero después de promover el juicio de divorcio incausado contra Ivonne Galván Duque, regresó al domicilio conyugal, mismo de la inmobiliaria.

Hasta ahora, Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha sido investigado por las autoridades por sus actividades y transacciones financieras, que se intensificaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a las denuncias reiteradas de periodistas y de su propia esposa. 

 

* * *

Nota del editor:

Principios éticos del Manual de Estilo de El País

LAS FUENTES 1.5. Las informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por tres vías: su presencia en el lugar de los hechos, la narración por una tercera persona o el manejo de un documento. El lector tiene derecho a conocer cuál de las tres posibilidades se corresponde con la noticia que está leyendo.

INJURIAS Y CALUMNIAS 1.18. La calumnia consiste en acusar a alguien falsamente de un delito. La injuria es un agravio o ultraje de obra o de palabra, así como la imputación de hechos que desacrediten la fama o la estimación de alguien. La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito, sobre todo si se trata de fuentes anónimas que transmiten informaciones calumniosas o injuriosas. Sin embargo, la reproducción de documentos judiciales o policiales para sustentar esas acusaciones puede exonerar al redactor, que, no obstante, está obligado a ofrecer todos los ángulos posibles sobre los hechos. El periodista queda protegido, pues, si las informaciones injuriosas o calumniosas están atribuidas a fuentes identificadas con claridad y puede demostrar ese origen. Las informaciones que afecten al honor y la intimidad de las personas sólo se publicarán si se puede acreditar su veracidad, están contrastadas y responden al interés público (no confundir con la curiosidad del público).

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, después de la supuesta fecha de muerte, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda. La primera, procreada con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Miranda Monsiváis, tiene 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales y la de su madre María Rosa Morales; la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes de Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre, a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente por extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso walalce, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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