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Investigaciones

Alfredo Jalife, acusado en demanda judicial por su ex-esposa de lavar de dinero en El Líbano

La exesposa de Alfredo Jalife, en juicio por demanda de pensión alimenticia, lo señaló de lavar dinero con inversiones en El Líbano

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ADVERTENCIA: Para esta información seguimos los principios éticos del Manual de Estilo de El País, con el que nos formamos. En éstos, se define que la calumnia consiste en acusar a alguien falsamente de un delito. Sin embargo, con la reproducción de evidencia como documentos judiciales para sustentar la información, con fuentes y origen identificados, acreditamos su veracidad al tratarse de información que responde al interés público*.

Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios, propietario de la Inmobiliaria Okonomía y de diez cuentas bancarias, cinco de éstas en entidades extranjeras, ha sido señalado reiteradamente de lavado de dinero, incluso por su exesposa. Ello a raíz de diversas transferencias internacionales de cantidades considerables de dólares, que periódicamente ha realizado a partir de 2012, sin declarar impuestos, mientras afirmó en varios juicios que enfrentaba que sus “ingresos azarosos” eran derivados de sus actividades profesionales en la UNAM, en el Instituto Político Nacional, así como en la Universidad Metropolitana y por la impartición de conferencias en partidos políticos.

Sin embargo, por medio del Portal de Transparencia de la Ciudad de México, estas entidades políticas y educativas negaron haber pagado por los servicios de Jalife Rahme durante los años de 2012 a 2017, y la UNAM desde 2006, la cual acreditó bajo el folio 6440000081517, que en once años le ha pagado por salarios quincenales el total de $476,373.78 pesos mexicanos.

El señalamiento de su exesposa Ivonne Galván Duque Bellato, fue hecho en las controversias del juicio promovido por pensión alimenticia en octubre de 2015, con el expediente 1924/2015. Galván Duque declaró:

(Alfredo Jalife) “omite proporcionarme los más elementales medios para subsistir, situación que ha generado la necesidad de recurrir a préstamos para sobrevivir, no siendo óbice de lo narrado, el temor con el que vivo, debido a las constantes amenazas del demandado, las cuales, crean el temor fundado de que aquél, me despojará de todo bien, excluyéndome así del hogar que sirviera como domicilio conyugal”.

 

En el mismo expediente, Galván Duque Bellato confirmó que Jalife Rahme “cuenta con una amplia capacidad económica, no obstante de que no ejerce profesión o empleo remunerado, derivado de que este último, se dedica al manejo de inversiones con las que cuenta en Beirut Líbano”, y acreditó cinco cuentas bancarias internacionales a nombre Alfredo Jalife Rahme Barrios y/o Alfredo Farid Khalife:

  1. Cuenta Número 1089600001403013 y cuenta número 8409600001403012, ambas de la institución bancaria FRANSA INVEST BANK SAL.
  2. Cuenta número 1140267372200 de la institución bancaria BANK OF BEIRUT.
  3. Cuenta Número 111002421706943011 de la institución bancaria FIDUS, WEALTH MANAGMENT, SGBL GROUP.
  4. Cuenta No.002-223667-130 de la institución bancaria HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED.

Adicionalmente, por otras fuentes, se acreditaron cinco cuentas más de entidades bancarias mexicanas:

  1. Cuenta de American Express No. 3766-658590-32001.
  2. Cuenta de BBVA BANCOMER del préstamo 9830325848.
  3. SANTANDER SELECT CUENTA 4941 3310 0325 4599.
  4. HSBC No. 4028426302.
  5. Cuenta del banco CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple de fecha 12 de Marzo de 2014, de la operación bancaria DC15154885.

La respuesta de Alfredo Jalife a su esposa Ivonne Galván Duque Bellato fue evadir el pago de su pensión alimenticia y promover el juicio de divorcio incausado, también llamado divorcio exprés, con el expediente 772/2016, con fecha del 12 de mayo de 2016.

La información publicada por Arreola

Parte de la información financiera de Alfredo Jalife, que denunció su esposa como “lavado de dinero” ya había sido publicada por el periodista Federico Arreola Castillo, director de SDP Noticias. Arreola divulgó algunas de las cuentas bancarias y conversaciones grabadas con banqueros libaneses. Posterior a ello, vivió un intenso acoso judicial y calumnias en redes sociales por años. Arreola sostuvo en enero de 2017 que eran cuentas de El Líbano “con millones de dólares”, y que esa información le había llegado y lo que llamaba su atención era que un personaje tan conocido como Jalife no pagara impuestos:

“En México no paga ni un cinco de impuestos y su residencia está en México y seguramente su domicilio fiscal en México. A mí me pareció que ahí había una irregularidad grande, denunciable, al tratarse de un personaje público”.

Uno de los documentos que divulgó Arreola fue una declaración de impuestos en la que Alfredo Jalife se acredita como dueño de la empresa Inmobiliaria Okonomía. En el juicio de divorcio, sin embargo, Jalife sostuvo que esta empresa era la propietaria de la casa-habitación en la que actualmente comparte con su exesposa, y es el mismo domicilio donde acreditaron la empresa de pasteles “Chez Ma Poule”. No obstante, declara sus impuestos en ceros, pese a sus actividades de alto impacto económico, como cambio de divisas por hasta cien mil dólares en una sola exhibición.

 

 

Para el juicio contra Arreola, Alfredo Jalife basó sus afirmaciones en una supuesta conspiración en su contra, en la que habría participado el entonces secretario de Estado Luis Videgaray Caso, como forma de acoso por su defensa a Pemex. El argumento de Jalife ante los jueces, que no pudo demostrar, era la supuesta confesión de Arreola.

De acuerdo con la información del periodista, Jalife Rahme pedía 500 millones de pesos por daño moral al haber publicado información que contenía sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, perdió el juicio en primera instancia, y la apelación, ya que los jueces consideraron que no había daño moral porque Alfredo Jalife Rahme Barrios era una figura pública, y que además aspiraba a cargos públicos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que las figuras públicas estaban sujetas a tolerar ciertas intromisiones en su vida, como parte de la vida democrática.

En un segundo juicio, Jalife pedía 550 millones de pesos, que también perdió, y lo abandonó, sin pagar las costas que ascendía al 8 por ciento de lo solicitado por él. Jalife interpuso un amparo, pero lo perdió y fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a pagar 40 millones de pesos, sin que hasta la fecha lo haya cumplido.

Estados de cuenta

Entre los movimientos financieros de Jalife, en 2015, el año de su divorcio, destacaron pagos en una sola exhibición por 112 mil pesos a su tarjeta de crédito, entre otros montos menores, mientras en el juicio de divorcio señaló que había tenido que endeudarse por sus “exagerados gastos clínicos” y que su esposa Ivonne Galván Duque Bellato despilfarraba su crédito. Afirmó, también, que recibía 45 mil pesos mensuales, a los que se refiere como “ingresos azarosos” –que no pudo comprobar–, y se quejó de violación a sus derechos humanos como persona de la tercera edad, al ser demandado para que diera pensión a su exesposa.

La demanda de pensión alimenticia fue abandonada finalmente, y llegó a un acuerdo con Galván Duque. Sin embargo, no cubrió los gastos de los abogados contratados para defenderse de la demanda.

 

Inmobiliaria Okonomía

De acuerdo con información a la que ha tenido acceso Los Ángeles Press, la Inmobiliaria Okonomía, de la que Alfredo Jalife, según su testimonio en juicio, es propietario del 51 por ciento y su exesposa del 49 por ciento, adquirió un departamento habitacional en San Jerónimo, de Álvaro Obregón, desde 1999, y que según el título de propiedad 20234, Ivonne Galván Duque es administradora del bien inmueble. Domicilio donde está registrada la inmobiliaria y la empresa de pasteles. No obstante, Alfredo Jalife, pagaba 13 mil pesos mensuales de renta por un departamento en la Colonia Insurgentes Mixcoac al excomisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón y Kalb, pero después de promover el juicio de divorcio incausado contra Ivonne Galván Duque, regresó al domicilio conyugal, mismo de la inmobiliaria.

Hasta ahora, Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha sido investigado por las autoridades por sus actividades y transacciones financieras, que se intensificaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a las denuncias reiteradas de periodistas y de su propia esposa. 

 

* * *

Nota del editor:

Principios éticos del Manual de Estilo de El País

LAS FUENTES 1.5. Las informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por tres vías: su presencia en el lugar de los hechos, la narración por una tercera persona o el manejo de un documento. El lector tiene derecho a conocer cuál de las tres posibilidades se corresponde con la noticia que está leyendo.

INJURIAS Y CALUMNIAS 1.18. La calumnia consiste en acusar a alguien falsamente de un delito. La injuria es un agravio o ultraje de obra o de palabra, así como la imputación de hechos que desacrediten la fama o la estimación de alguien. La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito, sobre todo si se trata de fuentes anónimas que transmiten informaciones calumniosas o injuriosas. Sin embargo, la reproducción de documentos judiciales o policiales para sustentar esas acusaciones puede exonerar al redactor, que, no obstante, está obligado a ofrecer todos los ángulos posibles sobre los hechos. El periodista queda protegido, pues, si las informaciones injuriosas o calumniosas están atribuidas a fuentes identificadas con claridad y puede demostrar ese origen. Las informaciones que afecten al honor y la intimidad de las personas sólo se publicarán si se puede acreditar su veracidad, están contrastadas y responden al interés público (no confundir con la curiosidad del público).

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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