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Investigaciones

Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

Sin historial académico ni documentos que prueben su formación revela UNAM de Alfredo Jalife Rahme

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Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios estaba por cumplir 31 años, el 24 de febrero de 1979, cuando su nombre quedó registrado en la Dirección Federal de Seguridad. Se trataba de documentos clasificados que habían sido transferidos en acuerdo institucional sobre las medidas tomadas para la “procuración de justicia por delitos cometidos contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos”. Así lo especifica el expediente 12C.6/010619 del Archivo General de la Nación (AGN), integrado con siete hojas y 16 datos testados.

Referenciado como “el maestro de la UNAM”, que ha destacado por sus calumnias y violencia hacia las mujeres en las redes sociales, en aquel tiempo prestaba servicios de información confidencial al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según lo confirmado parcialmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2001, y señalado en los archivos desclasificados en 2019 del AGN. Parte de la información sugería referencias a sacerdotes católicos que pudieron haber estado relacionados con movimientos de oposición política y la guerrilla en México.

El Doctor en Sociología por la Fordham University, de Nueva York, y autor de Religión y democracia en América Latina (2009) y En el nombre de Dios: religión y democracia en México (1999),  Rodolfo Soriano-Núñez, consultado por Los Ángeles Press sobre el espionaje en los años setenta a sacerdotes radicales, explica que en esos años sí había una percepción de riesgo, que hoy –después de 20 años de estudio sobre el catolicismo en México– puede afirmar que era falsa.

“De que en México sí había miedo a la radicalización del clero en los años sesenta y setenta es un hecho, porque se tenía la experiencia de la Cristiada, que –a final de cuentas– los problemas por los que empezó este movimiento seguían vivos en los setenta”, puntualiza Soriano-Nuñez, y abunda que esta percepción era alimentada en dos sentidos, por una parte, “por las experiencias de la radicalización del clero en Argentina, donde sí fue un problema grave, y la Iglesia recibía recursos del Estado, o en Perú y Colombia, países donde la Iglesia también era financiada por el Estado; y por otra parte, porque había un mercado para que charlatanes como Marcial Maciel y Alfredo Jalife vendieran historias de una inminente rebelión neo-cristera a la CIA, a Echeverría y a muchos más”.

Contextualiza Soriano-Nuñez que en Colombia, por lo menos diez curas se pasaron a las guerrillas, y uno de ellos incluso creó una de las guerrillas más devastadoras allá, el Ejército de Liberación Nacional. En Perú fue menos, “porque el Golpe del 68 hizo suyas muchas de las banderas de la guerrilla, pero también hubo radicalización, y en Argentina se creó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que nunca derivaron en una guerrilla, pero que eran tremendamente críticos de los militares, de Perón y de todo el establishment político argentino. Se mataron a dos obispos, muchos sacerdotes y monjas fueron torturados e incluso desaparecidos, además de algunos, como Múgica, asesinados en plena calle por grupos cívico-militares argentinos (la AAA)”.

Tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Víctor de Currea Lugo/publico.es

Sobre el espionaje al clero

Luis Echeverría Álvarez fue parte del grupo de altos funcionarios de México que eran informantes de la CIA, llamado LITEMPO, de acuerdo con la investigación de Jefferson Morley, periodista de The Washington Post, y autor de Our man in Mexico, Winston Scott and the hidden history of the CIA. Echeverría, a su vez, tenía otros informantes, y uno de los temas que lo obsesionaban era mantener el control del clero. Fue cuando coincidieron en las mismas tareas el sacerdote acusado formalmente de cometer abusos sexuales Marcial Maciel y Alfredo Jalife, quienes daban información a la CIA sobre los sacerdotes radicales. Incluso, la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvo la participación de muchos jóvenes con una formación religiosa, así como otros movimientos armados.

De acuerdo con el académico Rodolfo Soriano-Nuñez, Marcial Maciel -siendo fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo- se presentaba a sí mismo como agente de la CIA. Tenía una estrecha relación con Luis Echeverría, y cuando el presidente decidió hacer Cancún, algunos de los mejores terrenos se los dio a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo los recibió porque fue la que se encargó de lo que ahora es la diócesis de Cancún-Chetumal, pero durante muchos años, más de 40, fue la prelatura de Chetumal.

Explica Soriano-Nuñez que las prelaturas son las diócesis que el papa entrega directamente a una orden, y en este caso se la entregaron a la Legión de Cristo. “No hay duda de la relación cercana de Maciel con Echeverría, incluso disfrutó de impunidad, porque las denuncias contra Marcial Maciel existían –por lo menos– desde los años treinta, y nunca actuaron contra él”. Sin embargo, en el caso de Jalife, “la CIA quizás le daba dinero, pero no creo que haya sido agente formal de la CIA, en todo caso era un Asset, nada más”, y apunta:

“No dudo, ni por un momento, que Marcial Maciel y Alfredo Jalife, y otros más, hayan estado dispuestos a vender todo tipo de historias acerca de la posibilidad de que en México surgiera una guerrilla al estilo del Ejército de Liberación Nacional”.

Pero no sólo espiaban para Echeverría. Alfredo Jalife fue durante muchos años el pie en América Latina del fascista Lyndon Larouche, y frecuentemente era invitado al Schiller Institute, creado por Larouche, donde le daba un “barniz académico” a sus historias conspiracionistas, señala el académico. “Jalife siempre jugaba con la idea de que era, al mismo tiempo, gente de la CIA; pero mi impresión es que era un Asset, una gente a la que pueden recurrir, que le entregan recursos, pero que no tiene una relación formal”.

En una de sus visitas a Schiller Institute.

Sobre la CIA en México

El periodista Jefferson Morley, por su parte, señala que Winston Scott era el principal hombre de la CIA en México en la época de los sesenta y los setenta, y operaba desde la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Reforma, de la Ciudad de México. “Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil (1968), cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.

El periodista sostiene que Scott reclutó a un total de 12 agentes en los niveles más altos del gobierno mexicano. “Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.

De acuerdo con su investigación, Morley describe que el aparato mexicano de represión y LITEMPO habían crecido juntos. A Fernando Gutiérrez Barrios, LITEMPO-4, lo describe como “una potencia emergente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, junto con su subordinado en ese tiempo, Miguel Nazar Haro, LITEMPO-12. A Luis Echeverría, LITEMPO-8, lo refiere como “el ambicioso ayudante de Díaz Ordaz”, que a su vez mantenía su propio grupo de informantes.

En busca de partido político

En los años ochenta, Alfredo Jalife buscaba incorporarse al Partido de Acción Nacional. Así fue como lo conoció el doctor Rodolfo Soriano-Núñez. El académico recuerda que el problema era con quien se quería meter al PAN, “era un impresentable y un mitómano por derecho propio, Jesús González Schmal; pero Jalife siempre trataba de hacerse presente de una manera u otra”.

En esos años, el PAN no tenía recursos y se sostenía de las donaciones de sus fundadores y sus familias. Había pocos empleados de tiempo completo, y Jalife no generaba confianza hacia la militancia panista. Por lo que intentó hacer lo mismo en el PRI. “En cambio, la izquierda más seria de los años setenta y ochenta, como era gente estudiada, lo rechazaban de manera natural”, señaló el experto.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue un nicho para Jalife, lo que le permitió posteriormente filtrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que ahora se presenta como cofundador.

Jalife, sin historial académico, revela la UNAM

La inexactitud de la información que rodea a Alfredo Jalife Rahme Barrios surge desde sus orígenes y se extiende hacia su trayectoria profesional. En su pasaporte mexicano se especifica haber nacido en la Ciudad de México, pero en Wikipedia se apunta que su nacimiento fue en Mérida, Yucatán. Sus seguidores le llaman “doctor”, y también en este portal de edición pública se sostiene que daba clases de Psicología, siendo aparentemente médico cirujano, egresado de la UNAM, y especializado en Psiquiatría.

No obstante, la Unidad de Transparencia, de la UNAM, bajo la coordinación de Francisco Javier Fonseca Corona, con fecha del 25 de julio de 2017, emitió un documento oficial para dar respuesta ante el requerimiento informativo sobre el historial académico de Jalife, tesis con la que obtuvo el grado, evaluación del examen profesional y sinodales que lo avalaron.  

La Facultad de Medicina, la Dirección General de la Administración Escolar y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM coincidieron en la inexistencia del historial académico:

“… se realizó una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de la Administración Escolar (SIAE) de la DGAE, sin localizar antecedentes de la referida persona como alumno de esta universidad…”.

“… al respecto me permito informar que en archivos de históricos de la Facultad de Medicina, no existe la información requerida”.

“… no obra en sus archivos ningún documento que ratifique los datos requeridos”.

Sin embargo, para obtener acceso a la información adicional que la universidad negó, como documentos que sustentaran su currículo académico al momento de ser contratado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del expediente RRA 4477/17 obligó a la UNAM, incluso, a proveer la información como comprobantes del supuesto Premio Nobel de la Paz 1985, que Jalife ha ostentado en diferentes foros públicos, incluso en su página aún incompleta alfredojalife.com, su experiencia en Psiquiatría y de los montos por honorarios recibidos por sus conferencias, asesorías y pagos de libros, durante el periodo 2006-2017.

La UNAM, con base en los artículos 7, 22 fracción IV, 53 fracción 1, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió que no encontró ningún documento que sustentara el historial académico de Alfredo Jalife, ni su experiencia o formación en Psiquiatría.

“… no se localizó la información solicitada en los numerales 1, 3, y 4”.

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría”.

“… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró información de los parámetros solicitados”.

Respecto a los recursos que supuestamente obtiene por sus conferencias, asesorías y libros, cada una de las facultades también respondió no haberle pagado por esos conceptos.

La Facultad de Contaduría y Administración respondió:

“El Dr. Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha recibido ningún pago en esta Facultad por concepto de asesorías, conferencias y/o pago de libros durante el periodo 2012-2017”.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respondió:

 “… le informo que esta Facultad durante dicho periodo no le pagó cantidad alguna por dichos conceptos.

Respecto a la solicitud adicional, el último contrato que el C. Alfredo Jalife Rahme Barrios tuvo con esta facultad fue del 16/08/2014 al 16/02/2015 como profesor de asignatura A con 4 horas semanales”.

Los Ángeles Press también tuvo acceso al monto de los recursos destinados a los honorarios de Alfredo Jalife por sus salarios quincenales desde el año 2006 hasta 2017. En oficio, bajo el número de folio 6440000081517, se dio la respuesta de que el total devengado en todos esos años fue sólo de $476,373.78 pesos mexicanos.

 

Ni instituciones ni partidos políticos le pagan

El Partido del Trabajo, con el oficio número UTPT/229/2017, y fechado el 6 de junio de 2017, informó que respecto a las cinco conferencias impartidas, de 2012 a 2017, en el marco del seminario “Los partidos y una nueva sociedad” celebradas en la Ciudad de México, “no ha destinado recursos públicos por concepto de pago de servicios de capacitación”, desde 2010.

Por parte del PRD, la Secretaría de Finanzas y el Comité de Transparencia, con el número de folio 2234000030317 dio respuesta a la solicitud de Infomex-INAI respecto al pago de servicios a Alfredo Jalife, en la que especificó que no habían encontrado a ningún proveedor con ese nombre, por lo que “no se destinaron recursos públicos a esta persona física en el periodo solicitado”.

La Secretaría de Educación respondió de la misma manera, que no había información al respecto. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Chapingo, a través de su Unidad de Transparencia, confirmaron no haber cubierto ningún pago a Alfredo Jalife ni registros de contratación.

Falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales

Alfredo Jalife ha tenido que enfrentar varios juicios por violencia de género, calumnias, fraude y divorcio. En las diferentes actuaciones judiciales, datos entregados por Transparencia de la Ciudad de México, de los que ya son cosa juzgada, Jalife en sus declaraciones ante el juez se contradice, miente, denigra a su contraparte, e incluso intenta tráfico de influencias al usar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacar supuesta amistad que lo iba a llevar a ser secretario de Estado. Todo con su firma bajo protesta de decir verdad.

 

Por violencia de género

Después de que Alfredo Jalife fuera denunciado en 2017 por violencia de género, la víctima tuvo que iniciar una inconformidad judicial contra la UNAM, al negarse el director de la Facultad de Contaduría y Administración de aplicar el protocolo para la atención de su caso. En declaración ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el expediente número 909/2017-IX contra la UNAM, Alfredo Jalife afirmó ser profesor de posgrado de esta casa de estudios, y haber sido calificado con el “ranking máximo”.

En esa misma declaración, del 9 de agosto de 2018, amagó con demandar penalmente a su víctima de violencia de género, acusándola de “autoatentado cibernético”, al atribuirle que ella “inventaba tuits, mensajes y correos, desde una de sus cuentas piratas” con las que se ha dedicado, según Jalife, a acosarlo y atribuírselas en forma dolosa.

Los testigos que presentó para confirmar sus dichos en esta actuación judicial fueron su asistente personal, Gisela Isela González Martínez, y dos de sus seguidores, Antonio De Gante y Juan Antonio Alcántara Samperio. Los tres declararon haber sido invitados a apoyar a Jalife por el abogado Guillermo Cabral Ballesteros, que al momento de llevar el juicio era funcionario público y manejaba el control y abastecimiento de medicamentos en Oaxaca.

En el juicio de Arreola

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Juzgado Sexagésimo Quinto de los Civil, Alfredo Jalife promovió un juicio ordinario contra Federico Arreola, director de SDP Noticias, por haber publicado conversaciones grabadas sin su consentimiento y cuentas bancarias en el Líbano con transferencias millonarias en dólares, de las que se alegó que no pagaba impuestos en México.

Jalife perdió el juicio y la apelación, sin embargo, en su declaración afirmó tener instrucción de postgrado en Medicina, Maestría en Administración de Empresas, ser endocrinólogo y psiquiatra, además de ser profesor universitario de postgrado de la UNAM.  Durante el juicio, ante los cuestionamientos de la defensa de Arreola, Jalife ratificó dar clases de postgrado en varias facultades, y que lo invitan a dar conferencias “pero no le pagan, que es por su prestigio académico de fama mundial”. En otro de los cuestionamientos, confirma que “es comentarista por su prestigio en forma gratuita” en La Jornada, y que sus artículos son reproducidos por varios medios en forma sindicada.

También ratifica que a nivel académico, de forma gratuita “debido al gran prestigio” participa en los “grandes centros de pensamiento en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en el mundo árabe islámico, y en Estados Unidos”.

En esta misma actuación, Jalife declara judicialmente que es amigo del presidente de México, y que “por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador” él iba a ser el secretario de Energía “por sus conocimientos en materia energética de la que es reconocido como uno de los máximos a nivel local, regional y mundial, según rankings, es decir, clasificaciones de revistas de categorías”.

 

En su juicio de divorcio

Respecto al juicio de divorcio y cuestionamiento sobre el maltrato a su ex esposa Ivonne Galván Duque Bellato que se ventiló ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, Jalife afirmó: “La he tratado mejor que a una esposa, le regalé el equivalente a precio de mercado diez millones de pesos de una inmobiliaria, de la que soy accionista mayoritario del 51%. Cuando la conocí era muy pobre y empleada, con un salario mínimo, y 25 años más tarde tiene el 49% de una inmobiliaria y se ostenta como empresaria”. Prosigue Jalife diciendo que incluso le dio un préstamo de buena fe a su ex esposa de 100 mil dólares, “para que monte su empresa de pastelería y panes, llamada Chezmapoul”, de la que le prometió, de acuerdo con su dicho, darle el 51%, “y a la fecha no ha cumplido, –declara Jalife– esto demuestra que 25 años más tarde desde el punto de vista material la hoy empresaria y la hoy mi esposa se ha encumbrado en forma exponencial”.

La alusión a su ex esposa termina con una serie denigraciones en las que menciona su menopausia, como “enfermedad clínica”, que ingesta hormonas y “eso ha dañado su conducta y su juicio”, además que tiene entendido que vive con una hermana que padece oligofrenia (discapacidad mental), por lo que todo ese entorno “ha dañado su relación de pareja”.

¿Quién paga a Jalife?

Los ingresos y transferencias de dinero de Alfredo Jalife han sido otra de las incógnitas. En once años –de 2006 a 2017– su ingreso comprobable por parte de la UNAM no superó el medio millón de pesos. No obstante, en el juicio de divorcio afirmó haber regalado a su ex esposa el 51% de una inmobiliaria con valor de 10 millones de pesos, más aparte 100 mil dólares para una pastelería y declaró que respondía por los gastos de ella que oscilaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales, que la había “colmado” de joyas y viajes a países de diferentes continentes, más aparte los gastos propios que se elevaban por la atención médica.  

Pero Jalife además se presenta como fundador de La Jornada y dice haber contribuido con 25 mil dólares para su fundación, los cuales asegura haber entregado a Carlos Payán y Guadalupe Loaeza. De acuerdo con la información del periodista Ramsés Ancira, se le ha llamado a declarar por lavado de dinero, discriminación y evasión fiscal en 2017, y tuvo diferencias con Carmen Lira Saade por gestionar publicidad del Partido Verde y el Gobierno de Chiapas, que hacía pasar como notas informativas en el periódico.

A sus ingresos, también contribuye el pago por sus colaboraciones en la sección de Opinión, de La Jornada, de enero y febrero de 2016, por un monto de 35 mil y 28 mil pesos menos impuestos, y otro de 20 mil, en la misma fecha, de la empresa Sinot, SC. Pero también hay registros de operaciones, en el cambio de divisas, una del 15 de octubre de 2012 por un monto de 55, 307.85 dólares, que en esa fecha por el tipo de cambio pactado equivalía a 704, 677.32 pesos.  Otra, con fecha del 15 de julio de 2015, por un monto de 3,848.00 dólares, equivalente a 60, 144.55 pesos. Asimismo, existía una cuenta del Bank of Beirut, con el número 11402673. Mientras, declara “en ceros” por su empresa Okonomia Inmobiliaria, SA, o con montos que no superan los dos mil pesos.

 

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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Investigaciones

El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

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  • Unas 40 personas vinculadas a organizaciones policiales y de gobierno  participaron en el crimen contra el periodista

Por Guadalupe Lizárraga

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba -aparentemente- en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decían “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, por el mismo grupo de Los Números.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por intervenir en expedientes judiciales, junto con uno de los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra denuncia fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, presentada el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours. Fueron mencionados como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.

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Investigaciones

El Contador y El JJ en las omisiones y pifias de Anabel Hernández

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Por Guadalupe Lizárraga

La nueva detención de Francisco José Barreto García, alias El contador, el 14 de abril, revivió en redes sociales y medios mexicanos e internacionales la historia trágica del futbolista paraguayo Salvador Cabañas Ortega, quien era integrante del Club América y se vio obligado a retirarse de su carrera deportiva tras recibir un disparo en la cabeza el 25 de enero de 2010.

Barreto García fue detenido la primera ocasión en junio de ese año tras su coparticipación en el atentado contra el futbolista, junto con José Jorge Balderas Garza, alias El J.J., detenido el 18 de enero de 2011; ambos acusados de delitos contra la salud y relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En el atentado a Cabañas, según la narrativa de los medios, el sistema de videovigilancia captó el momento en que Barreto escoltaba a Balderas Garza, en el baño del Bar-Bar, y en sus declaraciones ministeriales dijo que había presenciado el momento en que Balderas disparó al futbolista. Pero también en las declaraciones de Balderas, tras su detención en 2011, señaló que él no había disparado, sino que había sido Barreto, ya consignado como copartícipe de la agresión.

En esta historia, no podemos eludir y dejar de contrastar las diferentes versiones publicadas por Anabel Hernández en sus libros, porque no hay ingenuidad en sus omisiones. Tampoco en sus calumnias y pifias que han afectado a personas inocentes, con procesos judiciales sin sentencia ejecutoria; todas han sido decisiones deliberadas de su parte, y como periodista tiene un compromiso ético sin cumplir desde hace más de una década. Los más desinformados creen que su ‘trabajo’ está relacionado con la DEA, pero ninguna instancia del gobierno de los Estados Unidos sostendría a una periodista tan desaseada en su información, violando contratos de confidencialidad, y con compromisos personales como el de Javier Lozano Alarcón, uno de los cómplices de Felipe Calderón, que también ha omitido en sus libros.

El nombre de Anabel Hernández a quien sí ha servido es a la PGR, desde los tiempos de Eduardo Medina Mora como procurador. Su nombre ha legitimado mentiras como las del ‘caso Wallace’ y ha desinformado sobre hechos relacionados con narcotraficantes, empresarios y funcionarios mexicanos. Anabel ha sido el gatillo de la SIEDO-PGR con el que pretendían controlar a García Luna en su carrera presidencial.

Las omisiones de El JJ

Las omisiones de Anabel Hernández en el caso de José Jorge Balderas Garza muy probablemente fueron acuerdos con la PGR. El JJ cumple una sentencia ejecutoria por 20 años de prisión, con cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, de los cuales ha compurgado la mitad. Tras su detención, sirvió como testigo protegido bajo el alias de Némesis en contra de Édgar Valdez Villarreal «La Barbie», quien era su «amigo», palabras de Valdez Villarreal en videocámara, y de los Beltrán Leyva, para quienes trabajaba.

Sin embargo, como testigo protegido, El JJ fue desestimado por las extradiciones de sus objetivos a los Estados Unidos, y entonces se ofreció como colaborador de la autoridad penitenciaria en el mismo penal, lo cual le podía dar un beneficio a la larga, por ser beneficio de ley para una preliberación, pese a que está pendiente la sentencia sobre el homicidio en grado tentativa.

En 2011, quien dio a conocer en los medios la situación del JJ fue Facundo Rosas Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal, y mencionado reiteradamente en los libros de Anabel, sobre todo en Los cómplices del presidente. Pero nada de este contexto fue dado por la periodista con el nombre de José Jorge Balderas. Actualmente, Rosas Rosas es una de las personas contra las que la FGR emitió órdenes de aprehensión el 9 de enero de 2022 por el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas, acto conocido como «Rápido y Furioso» durante el periodo de mandato de Felipe Calderón.

La misma historia, Anabel la cuenta en versiones distintas y todas las ha vendido como historias verídicas.

La prisa por Los señores del narco

En la primera edición de Los señores del narco, que empezó a circular en noviembre de 2010, Anabel Hernández afirmó que George Khoury Layón estaba involucrado en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. Eran expedientes fabricados de la PGR que publicó a toda prisa y sin ninguna prueba. Para entonces, Khoury llevaba preso un año y dos meses, detenido arbitraria e ilegalmente el 2 de septiembre de 2009, por órdenes de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol y torturado por el expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, actualmente en prisión, y por su suboficial Rolando Mayorga Cordero, en estos momentos prófugo.

Anabel ignoró todas las violaciones de derechos humanos que Khoury Layón padecía por parte del empresario que pagaba la consigna y los policías de Felipe Calderón, y jamás publicó la versión de Khoury sobre los hechos pese a que habló con él en 2012; por el contrario, le dedicó seis páginas de calumnias en su libro redactadas después de la fecha del atentado al futbolista, entre febrero y octubre del 2010, puesto que en noviembre su libro ya estaba en circulación, y reiteró estas calumnias en otros títulos en 2013 y 2014 con el total apoyo de su empresa editorial.

En esas páginas lo señaló como el autor intelectual del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, dando por verídico el caso Wallace, fabricado por Isabel Miranda Torres y la PGR, pese a que en 2010 había información de las verdaderas víctimas. Además de secuestrador, Anabel se refirió a Khoury como homicida y narcotraficante, acusándolo de ser miembro de dos grupos delictivos opuestos, el del Cártel de los Beltrán Leyva y el de la célula El Apá.

En esa misma edición mencionó a César Freyre Morales con las mismas calumnias, diciendo que recibía órdenes de Khoury y que, cinco años antes, César había confesado sobre esto y el caso Wallace, incluso Anabel hizo referencia a Isabel Miranda como “la responsable de esas capturas”.

En contraste, los hechos son que el 2 de octubre de 2010, Freyre confesó bajo tortura, una de las más brutales de todas, que sí había secuestrado a Hugo Wallace y de todo lo que quisieran inculparlo, porque ya no aguantaba más, y agentes de la SIEDO tenían a su madre encañonada en su casa mientras él iba a presentarse a audiencia. Durante los cuatro años anteriores, a pesar de las torturas estuvo negando el supuesto crimen. Fue detenido directamente por Isabel Miranda Torres y el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con tres agentes más, el 23 de enero de 2006 y presentado tres días después; y no en 2005 como afirma Anabel Hernández en su libro, otra pifia insostenible porque además Isabel Miranda se había encargado de hacer mediática su detención con la increíble historia de su captura. Cualquier búsqueda en Google le hubiese dado a Anabel las fechas precisas.

Pero la periodista se ensañó con ellos, con las víctimas de Wallace, incluso con Juana Hilda González Lomelí. A Khoury lo relacionó falsamente con el Cártel de los Beltrán Leyva y con El Apá, pero también lo acusó de trabajar con otro grupo de secuestradores de la Ciudad de México llamado supuestamente «La Flor», que también resultó información falsa, utilizando nombres de detenidos por otros delitos o en otros estados. Más fabricaciones de la PGR que Anabel presentaba como «sus investigaciones». Incluso afirmó que Khoury había obtenido más de 100 millones de dólares por unos 40 secuestros y, al mismo tiempo, contra toda lógica también afirmó que la hermana de éste vendía “tachas” en las afueras de sus “antros” por lo que se le había girado una orden de aprehensión.

En cambio, en esta primera edición omitió el nombre de José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, y el de Francisco José Barreto García, alias El Contador, pese a que para la fecha en que se editó el libro había información y fuentes para precisar sobre el atentado contra Salvador Cabañas, sobre todo tratándose de personas vinculadas a los Beltrán Leyva. Pero ni detalles ni contexto. Y en sus demás libros, Anabel omitió completamente la participación, la identidad y la trayectoria delictiva de Francisco José Barreto García.

Segunda edición de Los señores del narco, versión 2

Para mayo de 2014, el Grupo Editorial Penguin Random House sacó una edición de este título de Anabel Hernández, en el que eliminó por completo el párrafo sobre el atentado contra Salvador Cabañas.

El contexto omitido era que, tras la primera detención de Barreto, en junio de 2010, por su participación en el atentado contra el futbolista y distribuir drogas en Estado de México, declaró que El JJ era el que había disparado a Cabañas en los baños del Bar-Bar. Mientras que El JJ también en su detención dijo que había sido Barreto el responsable del disparo al futbolista, y argumentó que El Contador estaba encargado de su seguridad, además de operaciones financieras y administrativas.

Pero los cuatro años de escándalos mediáticos que siguieron, con información profusa sobre los hechos relacionados con narcotráfico, no valieron a Anabel Hernández ni a la editorial para corregir lo publicado en 2010. Simplemente en esta edición eliminaron el párrafo con el nombre del futbolista y sus atacantes, pese a que estos pertenecían al mundo de los Beltrán Leyva, el que investigaba supuestamente Anabel Hernández.

Pero en cambio, la periodista reiteró todas las calumnias contra George Khoury Layón, César Freyre Morales y Juana Hilda González Lomelí sobre secuestros, homicidios y narcotráfico, pese a que el 31 de mayo de 2014, Los Ángeles Press, bajo mi autoría, revelaba las evidencias de la falsedad del caso Wallace y en una serie de reportajes revelaba las torturas a las víctimas para que se confesaran culpables de un crimen que no había sucedido. Anabel Hernández, por su parte, en la revista Proceso, ese mismo día, horas después, puso en duda el caso Wallace en un artículo titulado «El caso Wallace, más turbio que nunca».

Los otros libros y las otras versiones

En su libro México en llamas, en su edición de diciembre de 2012, que ya fue reeditada y aumentada, Anabel Hernández se refirió escuetamente a José Jorge Balderas, El JJ, como responsable de haber disparado contra el futbolista y volvió a omitir el nombre y la participación de Barreto García, El Contador.

Pero en el caso de los inculpados de Wallace, en el capítulo que le dedica, da credibilidad a la confesión obtenida bajo tortura con abuso sexual de Juana Hilda González Lomelí, y páginas más adelante, contradictoriamente, especifica que fue sacada del “centro de arraigo con lesiones y golpes” sin referirse a ello como tortura. Entre las partes aumentadas sobre el caso Wallace, refiere las evidencias además sobre la fabricación de pruebas, pero sigue tratando a Isabel Miranda con deferencia, sin señalarla directamente responsable de las torturas, pese a que esta información ya era pública a través de cartas abiertas escritas por las víctimas y dirigidas a funcionarios e instancias de derechos humanos.

En este título, los nombres difamados de las víctimas de Isabel Miranda vuelven a desfilar, excepto el de George Khoury, a quien había acusado de ser el autor intelectual del supuesto secuestro Wallace y omite el nombre de Jael Malagón Uscanga, quien también fue inculpado por Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga “de otros secuestros”, para justificar “la temible banda de secuestradores”.

Narcoland, su versión en inglés

La versión en inglés de Los señores del narco, traducida por Verso Books, en 2013, fue recortada. También se eliminó el párrafo sobre el atentado de Salvador Cabañas, pero también todo lo referente al caso Wallace, eliminando el nombre de César Freyre. Sin embargo, Anabel Hernández siguió con todas las calumnias y difamaciones en contra de George Khoury Layón. En esta versión lo vincula directamente con Edgar Valdez Villarreal, y destaca que «fue detenido con armas calibre .35 y .22, además de pastillas psicotrópicas». Cuando en realidad, la defensa de Khoury demostró con evidencia videográfica y un audio grabado de su tortura que fue detenido en un gimnasio y de allí se lo llevaron para torturarlo durante 14 horas, hasta el día siguiente fue presentado a la SIEDO. Igual que en los otros libros, Anabel se ensañó acusándolo además de narcotráfico, de secuestros, homicidio y de poseer millones de dólares.

Un año antes de esta edición, Anabel Hernández había visitado a Khoury en el Reclusorio Oriente, y de acuerdo con el testimonio de la víctima, le ofreció disculpas por esas calumnias, prometiéndole que las corregiría si Khoury obtenía su reconocimiento de inocencia. Lo cual obtuvo en 2017 por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Secretaría de Gobernación en 2019. Incluso, en carta pública a Anabel, Khoury le pidió que corrigiera sus libros. Él había cumplido su parte, ahora faltaba ella. No obstante, hasta la fecha Anabel se mantiene firme en sus calumnias.

El JJ en Emma y otras señoras del narco

Francisco José Barreto García tampoco existe en este libro de Anabel Hernández, donde vuelve a mencionar el atentado contra Salvador Cabañas, un libro por el que está siendo demandada por varias figuras públicas del espectáculo. En la referencia al JJ dice las cosas a medias.

«En 2010, el Bar Bar se volvió tristemente célebre cuando el futbolista Salvador Cabañas fue agredido con un disparo en la cabeza por José Jorge Balderas Garza, a quien en las noticias se identificó como el JJ, lugarteniente de la Barbie, aunque dentro de la organización criminal todos le decían Batman por su altura y aspecto.» Emma y las otras señoras del narco (Spanish Edition) by Anabel Hernández.

Es inverosímil pensar que Anabel desconoce la información relacionada con el caso Cabañas. Lo que no se explica es por qué omitir la participación en el crimen del Contador, cuando ha sido publicado en todos los medios, más aún cuando da detalles irrelevantes y de alcoba de otros narcotraficantes.

¿Por qué silencio de Anabel con El JJ y El Contador?

La forma en la que Anabel Hernández ha ido publicando y corrigiendo sus libros, sobre todo las versiones digitales, trazan una trayectoria de omisiones muy convenientes para el colaborador de la PGR El JJ y El Contador, y mantiene con obstinación falsedades y pifias para inculpar a inocentes, como en el caso de George Khoury Layón, consigna de Margolis.

Incluso a las víctimas de Isabel Miranda Torres, pese a que Anabel misma ha puesto en duda el caso, no le ha prestado interés en limpiar el nombre de sus inculpados, cuando es responsable de errores y contradicciones, que hemos señalado reiteradamente en Los Ángeles Press, desde donde se ha denunciado la persecución de Isabel Miranda contra quien esto escribe tras revelar la identidad del padre biológico de Hugo Alberto, el señor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel; las tres identidades oficiales de Hugo Alberto, dos de ellas activas en Hacienda hasta 2018; las declaraciones ministeriales falsas de Isabel Miranda; la fabricación de la gota de sangre; la identidad de los torturadores de los inculpados, activos en el servicio público todavía; la colaboración de Miranda en la Secretaría de Seguridad Pública en 2004 con Eduardo Medina Mora; su injerencia en el área de Secuestros de la SIEDO, desde 2001; su participación directa en las torturas y amenazas a sus víctimas, entre otras cuestiones más que nos llevan ineludiblemente a la PGR y al silencio de Anabel Hernández.

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