Connect with us

Investigaciones

Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

Sin historial académico ni documentos que prueben su formación revela UNAM de Alfredo Jalife Rahme

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios estaba por cumplir 31 años, el 24 de febrero de 1979, cuando su nombre quedó registrado en la Dirección Federal de Seguridad. Se trataba de documentos clasificados que habían sido trasferidos en acuerdo institucional sobre las medidas tomadas para la “procuración de justicia por delitos cometidos contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos”. Así lo especifica el expediente 12C.6/010619 del Archivo General de la Nación (AGN), integrado con siete hojas y 16 datos testados.

Referenciado como “el maestro de la UNAM”, que ha destacado por sus calumnias y violencia hacia las mujeres en las redes sociales, en aquel tiempo prestaba servicios de información confidencial al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según lo confirmado parcialmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2001, y señalado en los archivos desclasificados en 2019 del AGN. Parte de la información sugería referencias a sacerdotes católicos que pudieron haber estado relacionados con movimientos de oposición política y la guerrilla en México.

El Doctor en Sociología por la Fordham University, de Nueva York, y autor de Religión y democracia en América Latina (2009) y En el nombre de Dios: religión y democracia en México (1999),  Rodolfo Soriano-Núñez, consultado por Los Ángeles Press sobre el espionaje en los años setenta a sacerdotes radicales, explica que en esos años sí había una percepción de riesgo, que hoy –después de 20 años de estudio sobre el catolicismo en México– puede afirmar que era falsa.

“De que en México sí había miedo a la radicalización del clero en los años sesenta y setenta es un hecho, porque se tenía la experiencia de la Cristiada, que –a final de cuentas– los problemas por los que empezó este movimiento seguían vivos en los setenta”, puntualiza Soriano-Nuñez, y abunda que esta percepción era alimentada en dos sentidos, por una parte, “por las experiencias de la radicalización del clero en Argentina, donde sí fue un problema grave, y la Iglesia recibía recursos del Estado, o en Perú y Colombia, países donde la Iglesia también era financiada por el Estado; y por otra parte, porque había un mercado para que charlatanes como Marcial Maciel y Alfredo Jalife vendieran historias de una inminente rebelión neo-cristera a la CIA, a Echeverría y a muchos más”.

Contextualiza Soriano-Nuñez que en Colombia, por lo menos diez curas se pasaron a las guerrillas, y uno de ellos incluso creó una de las guerrillas más devastadoras allá, el Ejército de Liberación Nacional. En Perú fue menos, “porque el Golpe del 68 hizo suyas muchas de las banderas de la guerrilla, pero también hubo radicalización, y en Argentina se creó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que nunca derivaron en una guerrilla, pero que eran tremendamente críticos de los militares, de Perón y de todo el establishment político argentino. Se mataron a dos obispos, muchos sacerdotes y monjas fueron torturados e incluso desaparecidos, además de algunos, como Múgica, asesinados en plena calle por grupos cívico-militares argentinos (la AAA)”.

Tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Víctor de Currea Lugo/publico.es

Sobre el espionaje al clero

Luis Echeverría Álvarez fue parte del grupo de altos funcionarios de México que eran informantes de la CIA, llamado LITEMPO, de acuerdo con la investigación de Jefferson Morley, periodista de The Washington Post, y autor de Our man in Mexico, Winston Scott and the hidden history of the CIA. Echeverría, a su vez, tenía otros informantes, y uno de los temas que lo obsesionaban era mantener el control del clero. Fue cuando coincidieron en las mismas tareas el sacerdote acusado formalmente de cometer abusos sexuales Marcial Maciel y Alfredo Jalife, quienes daban información a la CIA sobre los sacerdotes radicales. Incluso, la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvo la participación de muchos jóvenes con una formación religiosa, así como otros movimientos armados.

De acuerdo con el académico Rodolfo Soriano-Nuñez, Marcial Maciel -siendo fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo- se presentaba a sí mismo como agente de la CIA. Tenía una estrecha relación con Luis Echeverría, y cuando el presidente decidió hacer Cancún, algunos de los mejores terrenos se los dio a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo los recibió porque fue la que se encargó de lo que ahora es la diócesis de Cancún-Chetumal, pero durante muchos años, más de 40, fue la prelatura de Chetumal.

Explica Soriano-Nuñez que las prelaturas son las diócesis que el papa entrega directamente a una orden, y en este caso se la entregaron a la Legión de Cristo. “No hay duda de la relación cercana de Maciel con Echeverría, incluso disfrutó de impunidad, porque las denuncias contra Marcial Maciel existían –por lo menos– desde los años treinta, y nunca actuaron contra él”. Sin embargo, en el caso de Jalife, “la CIA quizás le daba dinero, pero no creo que haya sido agente formal de la CIA, en todo caso era un Asset, nada más”, y apunta:

“No dudo, ni por un momento, que Marcial Maciel y Alfredo Jalife, y otros más, hayan estado dispuestos a vender todo tipo de historias acerca de la posibilidad de que en México surgiera una guerrilla al estilo del Ejército de Liberación Nacional”.

Pero no sólo espiaban para Echeverría. Alfredo Jalife fue durante muchos años el pie en América Latina del fascista Lyndon Larouche, y frecuentemente era invitado al Schiller Institute, creado por Larouche, donde le daba un “barniz académico” a sus historias conspiracionistas, señala el académico. “Jalife siempre jugaba con la idea de que era, al mismo tiempo, gente de la CIA; pero mi impresión es que era un Asset, una gente a la que pueden recurrir, que le entregan recursos, pero que no tiene una relación formal”.

En una de sus visitas a Schiller Institute.

Sobre la CIA en México

El periodista Jefferson Morley, por su parte, señala que Winston Scott era el principal hombre de la CIA en México en la época de los sesenta y los setenta, y operaba desde la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Reforma, de la Ciudad de México. “Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil (1968), cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.

El periodista sostiene que Scott reclutó a un total de 12 agentes en los niveles más altos del gobierno mexicano. “Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.

De acuerdo con su investigación, Morley describe que el aparato mexicano de represión y LITEMPO habían crecido juntos. A Fernando Gutiérrez Barrios, LITEMPO-4, lo describe como “una potencia emergente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, junto con su subordinado en ese tiempo, Miguel Nazar Haro, LITEMPO-12. A Luis Echeverría, LITEMPO-8, lo refiere como “el ambicioso ayudante de Díaz Ordaz”, que a su vez mantenía su propio grupo de informantes.

En busca de partido político

En los años ochenta, Alfredo Jalife buscaba incorporarse al Partido de Acción Nacional. Así fue como lo conoció el doctor Rodolfo Soriano-Núñez. El académico recuerda que el problema era con quien se quería meter al PAN, “era un impresentable y un mitómano por derecho propio, Jesús González Schmal; pero Jalife siempre trataba de hacerse presente de una manera u otra”.

En esos años, el PAN no tenía recursos y se sostenía de las donaciones de sus fundadores y sus familias. Había pocos empleados de tiempo completo, y Jalife no generaba confianza hacia la militancia panista. Por lo que intentó hacer lo mismo en el PRI. “En cambio, la izquierda más seria de los años setenta y ochenta, como era gente estudiada, lo rechazaban de manera natural”, señaló el experto.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue un nicho para Jalife, lo que le permitió posteriormente filtrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que ahora se presenta como cofundador.

Jalife, sin historial académico, revela la UNAM

La inexactitud de la información que rodea a Alfredo Jalife Rahme Barrios surge desde sus orígenes y se extiende hacia su trayectoria profesional. En su pasaporte mexicano se especifica haber nacido en la Ciudad de México, pero en Wikipedia se apunta que su nacimiento fue en Mérida, Yucatán. Sus seguidores le llaman “doctor”, y también en este portal de edición pública se sostiene que daba clases de Psicología, siendo aparentemente médico cirujano, egresado de la UNAM, y especializado en Psiquiatría.

No obstante, la Unidad de Transparencia, de la UNAM, bajo la coordinación de Francisco Javier Fonseca Corona, con fecha del 25 de julio de 2017, emitió un documento oficial para dar respuesta ante el requerimiento informativo sobre el historial académico de Jalife, tesis con la que obtuvo el grado, evaluación del examen profesional y sinodales que lo avalaron.  

La Facultad de Medicina, la Dirección General de la Administración Escolar y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM coincidieron en la inexistencia del historial académico:

“… se realizó una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de la Administración Escolar (SIAE) de la DGAE, sin localizar antecedentes de la referida persona como alumno de esta universidad…”.

“… al respecto me permito informar que en archivos de históricos de la Facultad de Medicina, no existe la información requerida”.

“… no obra en sus archivos ningún documento que ratifique los datos requeridos”.

Sin embargo, para obtener acceso a la información adicional que la universidad negó, como documentos que sustentaran su currículo académico al momento de ser contratado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del expediente RRA 4477/17 obligó a la UNAM, incluso, a proveer la información como comprobantes del supuesto Premio Nobel de la Paz 1985, que Jalife ha ostentado en diferentes foros públicos, incluso en su página aún incompleta alfredojalife.com, su experiencia en Psiquiatría y de los montos por honorarios recibidos por sus conferencias, asesorías y pagos de libros, durante el periodo 2006-2017.

La UNAM, con base en los artículos 7, 22 fracción IV, 53 fracción 1, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió que no encontró ningún documento que sustentara el historial académico de Alfredo Jalife, ni su experiencia o formación en Psiquiatría.

“… no se localizó la información solicitada en los numerales 1, 3, y 4”.

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría”.

“… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró información de los parámetros solicitados”.

Respecto a los recursos que supuestamente obtiene por sus conferencias, asesorías y libros, cada una de las facultades también respondió no haberle pagado por esos conceptos.

La Facultad de Contaduría y Administración respondió:

“El Dr. Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha recibido ningún pago en esta Facultad por concepto de asesorías, conferencias y/o pago de libros durante el periodo 2012-2017”.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respondió:

 “… le informo que esta Facultad durante dicho periodo no le pagó cantidad alguna por dichos conceptos.

Respecto a la solicitud adicional, el último contrato que el C. Alfredo Jalife Rahme Barrios tuvo con esta facultad fue del 16/08/2014 al 16/02/2015 como profesor de asignatura A con 4 horas semanales”.

Los Ángeles Press también tuvo acceso al monto de los recursos destinados a los honorarios de Alfredo Jalife por sus salarios quincenales desde el año 2006 hasta 2017. En oficio, bajo el número de folio 6440000081517, se dio la respuesta de que el total devengado en todos esos años fue sólo de $476,373.78 pesos mexicanos.

 

Ni instituciones ni partidos políticos le pagan

El Partido del Trabajo, con el oficio número UTPT/229/2017, y fechado el 6 de junio de 2017, informó que respecto a las cinco conferencias impartidas, de 2012 a 2017, en el marco del seminario “Los partidos y una nueva sociedad” celebradas en la Ciudad de México, “no ha destinado recursos públicos por concepto de pago de servicios de capacitación”, desde 2010.

Por parte del PRD, la Secretaría de Finanzas y el Comité de Transparencia, con el número de folio 2234000030317 dio respuesta a la solicitud de Infomex-INAI respecto al pago de servicios a Alfredo Jalife, en la que especificó que no habían encontrado a ningún proveedor con ese nombre, por lo que “no se destinaron recursos públicos a esta persona física en el periodo solicitado”.

La Secretaría de Educación respondió de la misma manera, que no había información al respecto. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Chapingo, a través de su Unidad de Transparencia, confirmaron no haber cubierto ningún pago a Alfredo Jalife ni registros de contratación.

Falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales

Alfredo Jalife ha tenido que enfrentar varios juicios por violencia de género, calumnias, fraude y divorcio. En las diferentes actuaciones judiciales, datos entregados por Transparencia de la Ciudad de México, de los que ya son cosa juzgada, Jalife en sus declaraciones ante el juez se contradice, miente, denigra a su contraparte, e incluso intenta tráfico de influencias al usar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacar supuesta amistad que lo iba a llevar a ser secretario de Estado. Todo con su firma bajo protesta de decir verdad.

 

Por violencia de género

Después de que Alfredo Jalife fuera denunciado en 2017 por violencia de género, la víctima tuvo que iniciar una inconformidad judicial contra la UNAM, al negarse el director de la Facultad de Contaduría y Administración de aplicar el protocolo para la atención de su caso. En declaración ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el expediente número 909/2017-IX contra la UNAM, Alfredo Jalife afirmó ser profesor de posgrado de esta casa de estudios, y haber sido calificado con el “ranking máximo”.

En esa misma declaración, del 9 de agosto de 2018, amagó con demandar penalmente a su víctima de violencia de género, acusándola de “autoatentado cibernético”, al atribuirle que ella “inventaba tuits, mensajes y correos, desde una de sus cuentas piratas” con las que se ha dedicado, según Jalife, a acosarlo y atribuírselas en forma dolosa.

Los testigos que presentó para confirmar sus dichos en esta actuación judicial fueron su asistente personal, Gisela Isela González Martínez, y dos de sus seguidores, Antonio De Gante y Juan Antonio Alcántara Samperio. Los tres declararon haber sido invitados a apoyar a Jalife por el abogado Guillermo Cabral Ballesteros, que al momento de llevar el juicio era funcionario público y manejaba el control y abastecimiento de medicamentos en Oaxaca.

En el juicio de Arreola

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Juzgado Sexagésimo Quinto de los Civil, Alfredo Jalife promovió un juicio ordinario contra Federico Arreola, director de SDP Noticias, por haber publicado conversaciones grabadas sin su consentimiento y cuentas bancarias en el Líbano con transferencias millonarias en dólares, de las que se alegó que no pagaba impuestos en México.

Jalife perdió el juicio y la apelación, sin embargo, en su declaración afirmó tener instrucción de postgrado en Medicina, Maestría en Administración de Empresas, ser endocrinólogo y psiquiatra, además de ser profesor universitario de postgrado de la UNAM.  Durante el juicio, ante los cuestionamientos de la defensa de Arreola, Jalife ratificó dar clases de postgrado en varias facultades, y que lo invitan a dar conferencias “pero no le pagan, que es por su prestigio académico de fama mundial”. En otro de los cuestionamientos, confirma que “es comentarista por su prestigio en forma gratuita” en La Jornada, y que sus artículos son reproducidos por varios medios en forma sindicada.

También ratifica que a nivel académico, de forma gratuita “debido al gran prestigio” participa en los “grandes centros de pensamiento en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en el mundo árabe islámico, y en Estados Unidos”.

En esta misma actuación, Jalife declara judicialmente que es amigo del presidente de México, y que “por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador” él iba a ser el secretario de Energía “por sus conocimientos en materia energética de la que es reconocido como uno de los máximos a nivel local, regional y mundial, según rankings, es decir, clasificaciones de revistas de categorías”.

 

En su juicio de divorcio

Respecto al juicio de divorcio y cuestionamiento sobre el maltrato a su ex esposa Ivonne Galván Duque Bellato que se ventiló ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, Jalife afirmó: “La he tratado mejor que a una esposa, le regalé el equivalente a precio de mercado diez millones de pesos de una inmobiliaria, de la que soy accionista mayoritario del 51%. Cuando la conocí era muy pobre y empleada, con un salario mínimo, y 25 años más tarde tiene el 49% de una inmobiliaria y se ostenta como empresaria”. Prosigue Jalife diciendo que incluso le dio un préstamo de buena fe a su ex esposa de 100 mil dólares, “para que monte su empresa de pastelería y panes, llamada Chezmapoul”, de la que le prometió, de acuerdo con su dicho, darle el 51%, “y a la fecha no ha cumplido, –declara Jalife– esto demuestra que 25 años más tarde desde el punto de vista material la hoy empresaria y la hoy mi esposa se ha encumbrado en forma exponencial”.

La alusión a su ex esposa termina con una serie denigraciones en las que menciona su menopausia, como “enfermedad clínica”, que ingesta hormonas y “eso ha dañado su conducta y su juicio”, además que tiene entendido que vive con una hermana que padece oligofrenia (discapacidad mental), por lo que todo ese entorno “ha dañado su relación de pareja”.

¿Quién paga a Jalife?

Los ingresos y transferencias de dinero de Alfredo Jalife han sido otra de las incógnitas. En once años –de 2006 a 2017– su ingreso comprobable por parte de la UNAM no superó el medio millón de pesos. No obstante, en el juicio de divorcio afirmó haber regalado a su ex esposa el 51% de una inmobiliaria con valor de 10 millones de pesos, más aparte 100 mil dólares para una pastelería y declaró que respondía por los gastos de ella que oscilaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales, que la había “colmado” de joyas y viajes a países de diferentes continentes, más aparte los gastos propios que se elevaban por la atención médica.  

Pero Jalife además se presenta como fundador de La Jornada y dice haber contribuido con 25 mil dólares para su fundación, los cuales asegura haber entregado a Carlos Payán y Guadalupe Loaeza. De acuerdo con la información del periodista Ramsés Ancira, se le ha llamado a declarar por lavado de dinero, discriminación y evasión fiscal en 2017, y tuvo diferencias con Carmen Lira Saade por gestionar publicidad del Partido Verde y el Gobierno de Chiapas, que hacía pasar como notas informativas en el periódico.

A sus ingresos, también contribuye el pago por sus colaboraciones en la sección de Opinión, de La Jornada, de enero y febrero de 2016, por un monto de 35 mil y 28 mil pesos menos impuestos, y otro de 20 mil, en la misma fecha, de la empresa Sinot, SC. Pero también hay registros de operaciones, en el cambio de divisas, una del 15 de octubre de 2012 por un monto de 55, 307.85 dólares, que en esa fecha por el tipo de cambio pactado equivalía a 704, 677.32 pesos.  Otra, con fecha del 15 de julio de 2015, por un monto de 3,848.00 dólares, equivalente a 60, 144.55 pesos. Asimismo, existía una cuenta del Bank of Beirut, con el número 11402673. Mientras, declara “en ceros” por su empresa Okonomia Inmobiliaria, SA, o con montos que no superan los dos mil pesos.

 

Continue Reading
19 Comments

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

Published

on

Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

Continue Reading

Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

Avatar

Published

on

  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

Continue Reading

Trending