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Investigaciones

Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

Sin historial académico ni documentos que prueben su formación revela UNAM de Alfredo Jalife Rahme

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Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios estaba por cumplir 31 años, el 24 de febrero de 1979, cuando su nombre quedó registrado en la Dirección Federal de Seguridad. Se trataba de documentos clasificados que habían sido trasferidos en acuerdo institucional sobre las medidas tomadas para la “procuración de justicia por delitos cometidos contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos”. Así lo especifica el expediente 12C.6/010619 del Archivo General de la Nación (AGN), integrado con siete hojas y 16 datos testados.

Referenciado como “el maestro de la UNAM”, que ha destacado por sus calumnias y violencia hacia las mujeres en las redes sociales, en aquel tiempo prestaba servicios de información confidencial al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según lo confirmado parcialmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2001, y señalado en los archivos desclasificados en 2019 del AGN. Parte de la información sugería referencias a sacerdotes católicos que pudieron haber estado relacionados con movimientos de oposición política y la guerrilla en México.

El Doctor en Sociología por la Fordham University, de Nueva York, y autor de Religión y democracia en América Latina (2009) y En el nombre de Dios: religión y democracia en México (1999),  Rodolfo Soriano-Núñez, consultado por Los Ángeles Press sobre el espionaje en los años setenta a sacerdotes radicales, explica que en esos años sí había una percepción de riesgo, que hoy –después de 20 años de estudio sobre el catolicismo en México– puede afirmar que era falsa.

“De que en México sí había miedo a la radicalización del clero en los años sesenta y setenta es un hecho, porque se tenía la experiencia de la Cristiada, que –a final de cuentas– los problemas por los que empezó este movimiento seguían vivos en los setenta”, puntualiza Soriano-Nuñez, y abunda que esta percepción era alimentada en dos sentidos, por una parte, “por las experiencias de la radicalización del clero en Argentina, donde sí fue un problema grave, y la Iglesia recibía recursos del Estado, o en Perú y Colombia, países donde la Iglesia también era financiada por el Estado; y por otra parte, porque había un mercado para que charlatanes como Marcial Maciel y Alfredo Jalife vendieran historias de una inminente rebelión neo-cristera a la CIA, a Echeverría y a muchos más”.

Contextualiza Soriano-Nuñez que en Colombia, por lo menos diez curas se pasaron a las guerrillas, y uno de ellos incluso creó una de las guerrillas más devastadoras allá, el Ejército de Liberación Nacional. En Perú fue menos, “porque el Golpe del 68 hizo suyas muchas de las banderas de la guerrilla, pero también hubo radicalización, y en Argentina se creó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que nunca derivaron en una guerrilla, pero que eran tremendamente críticos de los militares, de Perón y de todo el establishment político argentino. Se mataron a dos obispos, muchos sacerdotes y monjas fueron torturados e incluso desaparecidos, además de algunos, como Múgica, asesinados en plena calle por grupos cívico-militares argentinos (la AAA)”.

Tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Víctor de Currea Lugo/publico.es

Sobre el espionaje al clero

Luis Echeverría Álvarez fue parte del grupo de altos funcionarios de México que eran informantes de la CIA, llamado LITEMPO, de acuerdo con la investigación de Jefferson Morley, periodista de The Washington Post, y autor de Our man in Mexico, Winston Scott and the hidden history of the CIA. Echeverría, a su vez, tenía otros informantes, y uno de los temas que lo obsesionaban era mantener el control del clero. Fue cuando coincidieron en las mismas tareas el sacerdote acusado formalmente de cometer abusos sexuales Marcial Maciel y Alfredo Jalife, quienes daban información a la CIA sobre los sacerdotes radicales. Incluso, la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvo la participación de muchos jóvenes con una formación religiosa, así como otros movimientos armados.

De acuerdo con el académico Rodolfo Soriano-Nuñez, Marcial Maciel -siendo fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo- se presentaba a sí mismo como agente de la CIA. Tenía una estrecha relación con Luis Echeverría, y cuando el presidente decidió hacer Cancún, algunos de los mejores terrenos se los dio a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo los recibió porque fue la que se encargó de lo que ahora es la diócesis de Cancún-Chetumal, pero durante muchos años, más de 40, fue la prelatura de Chetumal.

Explica Soriano-Nuñez que las prelaturas son las diócesis que el papa entrega directamente a una orden, y en este caso se la entregaron a la Legión de Cristo. “No hay duda de la relación cercana de Maciel con Echeverría, incluso disfrutó de impunidad, porque las denuncias contra Marcial Maciel existían –por lo menos– desde los años treinta, y nunca actuaron contra él”. Sin embargo, en el caso de Jalife, “la CIA quizás le daba dinero, pero no creo que haya sido agente formal de la CIA, en todo caso era un Asset, nada más”, y apunta:

“No dudo, ni por un momento, que Marcial Maciel y Alfredo Jalife, y otros más, hayan estado dispuestos a vender todo tipo de historias acerca de la posibilidad de que en México surgiera una guerrilla al estilo del Ejército de Liberación Nacional”.

Pero no sólo espiaban para Echeverría. Alfredo Jalife fue durante muchos años el pie en América Latina del fascista Lyndon Larouche, y frecuentemente era invitado al Schiller Institute, creado por Larouche, donde le daba un “barniz académico” a sus historias conspiracionistas, señala el académico. “Jalife siempre jugaba con la idea de que era, al mismo tiempo, gente de la CIA; pero mi impresión es que era un Asset, una gente a la que pueden recurrir, que le entregan recursos, pero que no tiene una relación formal”.

En una de sus visitas a Schiller Institute.

Sobre la CIA en México

El periodista Jefferson Morley, por su parte, señala que Winston Scott era el principal hombre de la CIA en México en la época de los sesenta y los setenta, y operaba desde la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Reforma, de la Ciudad de México. “Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil (1968), cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.

El periodista sostiene que Scott reclutó a un total de 12 agentes en los niveles más altos del gobierno mexicano. “Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.

De acuerdo con su investigación, Morley describe que el aparato mexicano de represión y LITEMPO habían crecido juntos. A Fernando Gutiérrez Barrios, LITEMPO-4, lo describe como “una potencia emergente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, junto con su subordinado en ese tiempo, Miguel Nazar Haro, LITEMPO-12. A Luis Echeverría, LITEMPO-8, lo refiere como “el ambicioso ayudante de Díaz Ordaz”, que a su vez mantenía su propio grupo de informantes.

En busca de partido político

En los años ochenta, Alfredo Jalife buscaba incorporarse al Partido de Acción Nacional. Así fue como lo conoció el doctor Rodolfo Soriano-Núñez. El académico recuerda que el problema era con quien se quería meter al PAN, “era un impresentable y un mitómano por derecho propio, Jesús González Schmal; pero Jalife siempre trataba de hacerse presente de una manera u otra”.

En esos años, el PAN no tenía recursos y se sostenía de las donaciones de sus fundadores y sus familias. Había pocos empleados de tiempo completo, y Jalife no generaba confianza hacia la militancia panista. Por lo que intentó hacer lo mismo en el PRI. “En cambio, la izquierda más seria de los años setenta y ochenta, como era gente estudiada, lo rechazaban de manera natural”, señaló el experto.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue un nicho para Jalife, lo que le permitió posteriormente filtrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que ahora se presenta como cofundador.

Jalife, sin historial académico, revela la UNAM

La inexactitud de la información que rodea a Alfredo Jalife Rahme Barrios surge desde sus orígenes y se extiende hacia su trayectoria profesional. En su pasaporte mexicano se especifica haber nacido en la Ciudad de México, pero en Wikipedia se apunta que su nacimiento fue en Mérida, Yucatán. Sus seguidores le llaman “doctor”, y también en este portal de edición pública se sostiene que daba clases de Psicología, siendo aparentemente médico cirujano, egresado de la UNAM, y especializado en Psiquiatría.

No obstante, la Unidad de Transparencia, de la UNAM, bajo la coordinación de Francisco Javier Fonseca Corona, con fecha del 25 de julio de 2017, emitió un documento oficial para dar respuesta ante el requerimiento informativo sobre el historial académico de Jalife, tesis con la que obtuvo el grado, evaluación del examen profesional y sinodales que lo avalaron.  

La Facultad de Medicina, la Dirección General de la Administración Escolar y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM coincidieron en la inexistencia del historial académico:

“… se realizó una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de la Administración Escolar (SIAE) de la DGAE, sin localizar antecedentes de la referida persona como alumno de esta universidad…”.

“… al respecto me permito informar que en archivos de históricos de la Facultad de Medicina, no existe la información requerida”.

“… no obra en sus archivos ningún documento que ratifique los datos requeridos”.

Sin embargo, para obtener acceso a la información adicional que la universidad negó, como documentos que sustentaran su currículo académico al momento de ser contratado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del expediente RRA 4477/17 obligó a la UNAM, incluso, a proveer la información como comprobantes del supuesto Premio Nobel de la Paz 1985, que Jalife ha ostentado en diferentes foros públicos, incluso en su página aún incompleta alfredojalife.com, su experiencia en Psiquiatría y de los montos por honorarios recibidos por sus conferencias, asesorías y pagos de libros, durante el periodo 2006-2017.

La UNAM, con base en los artículos 7, 22 fracción IV, 53 fracción 1, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió que no encontró ningún documento que sustentara el historial académico de Alfredo Jalife, ni su experiencia o formación en Psiquiatría.

“… no se localizó la información solicitada en los numerales 1, 3, y 4”.

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría”.

“… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró información de los parámetros solicitados”.

Respecto a los recursos que supuestamente obtiene por sus conferencias, asesorías y libros, cada una de las facultades también respondió no haberle pagado por esos conceptos.

La Facultad de Contaduría y Administración respondió:

“El Dr. Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha recibido ningún pago en esta Facultad por concepto de asesorías, conferencias y/o pago de libros durante el periodo 2012-2017”.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respondió:

 “… le informo que esta Facultad durante dicho periodo no le pagó cantidad alguna por dichos conceptos.

Respecto a la solicitud adicional, el último contrato que el C. Alfredo Jalife Rahme Barrios tuvo con esta facultad fue del 16/08/2014 al 16/02/2015 como profesor de asignatura A con 4 horas semanales”.

Los Ángeles Press también tuvo acceso al monto de los recursos destinados a los honorarios de Alfredo Jalife por sus salarios quincenales desde el año 2006 hasta 2017. En oficio, bajo el número de folio 6440000081517, se dio la respuesta de que el total devengado en todos esos años fue sólo de $476,373.78 pesos mexicanos.

 

Ni instituciones ni partidos políticos le pagan

El Partido del Trabajo, con el oficio número UTPT/229/2017, y fechado el 6 de junio de 2017, informó que respecto a las cinco conferencias impartidas, de 2012 a 2017, en el marco del seminario “Los partidos y una nueva sociedad” celebradas en la Ciudad de México, “no ha destinado recursos públicos por concepto de pago de servicios de capacitación”, desde 2010.

Por parte del PRD, la Secretaría de Finanzas y el Comité de Transparencia, con el número de folio 2234000030317 dio respuesta a la solicitud de Infomex-INAI respecto al pago de servicios a Alfredo Jalife, en la que especificó que no habían encontrado a ningún proveedor con ese nombre, por lo que “no se destinaron recursos públicos a esta persona física en el periodo solicitado”.

La Secretaría de Educación respondió de la misma manera, que no había información al respecto. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Chapingo, a través de su Unidad de Transparencia, confirmaron no haber cubierto ningún pago a Alfredo Jalife ni registros de contratación.

Falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales

Alfredo Jalife ha tenido que enfrentar varios juicios por violencia de género, calumnias, fraude y divorcio. En las diferentes actuaciones judiciales, datos entregados por Transparencia de la Ciudad de México, de los que ya son cosa juzgada, Jalife en sus declaraciones ante el juez se contradice, miente, denigra a su contraparte, e incluso intenta tráfico de influencias al usar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacar supuesta amistad que lo iba a llevar a ser secretario de Estado. Todo con su firma bajo protesta de decir verdad.

 

Por violencia de género

Después de que Alfredo Jalife fuera denunciado en 2017 por violencia de género, la víctima tuvo que iniciar una inconformidad judicial contra la UNAM, al negarse el director de la Facultad de Contaduría y Administración de aplicar el protocolo para la atención de su caso. En declaración ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el expediente número 909/2017-IX contra la UNAM, Alfredo Jalife afirmó ser profesor de posgrado de esta casa de estudios, y haber sido calificado con el “ranking máximo”.

En esa misma declaración, del 9 de agosto de 2018, amagó con demandar penalmente a su víctima de violencia de género, acusándola de “autoatentado cibernético”, al atribuirle que ella “inventaba tuits, mensajes y correos, desde una de sus cuentas piratas” con las que se ha dedicado, según Jalife, a acosarlo y atribuírselas en forma dolosa.

Los testigos que presentó para confirmar sus dichos en esta actuación judicial fueron su asistente personal, Gisela Isela González Martínez, y dos de sus seguidores, Antonio De Gante y Juan Antonio Alcántara Samperio. Los tres declararon haber sido invitados a apoyar a Jalife por el abogado Guillermo Cabral Ballesteros, que al momento de llevar el juicio era funcionario público y manejaba el control y abastecimiento de medicamentos en Oaxaca.

En el juicio de Arreola

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Juzgado Sexagésimo Quinto de los Civil, Alfredo Jalife promovió un juicio ordinario contra Federico Arreola, director de SDP Noticias, por haber publicado conversaciones grabadas sin su consentimiento y cuentas bancarias en el Líbano con transferencias millonarias en dólares, de las que se alegó que no pagaba impuestos en México.

Jalife perdió el juicio y la apelación, sin embargo, en su declaración afirmó tener instrucción de postgrado en Medicina, Maestría en Administración de Empresas, ser endocrinólogo y psiquiatra, además de ser profesor universitario de postgrado de la UNAM.  Durante el juicio, ante los cuestionamientos de la defensa de Arreola, Jalife ratificó dar clases de postgrado en varias facultades, y que lo invitan a dar conferencias “pero no le pagan, que es por su prestigio académico de fama mundial”. En otro de los cuestionamientos, confirma que “es comentarista por su prestigio en forma gratuita” en La Jornada, y que sus artículos son reproducidos por varios medios en forma sindicada.

También ratifica que a nivel académico, de forma gratuita “debido al gran prestigio” participa en los “grandes centros de pensamiento en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en el mundo árabe islámico, y en Estados Unidos”.

En esta misma actuación, Jalife declara judicialmente que es amigo del presidente de México, y que “por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador” él iba a ser el secretario de Energía “por sus conocimientos en materia energética de la que es reconocido como uno de los máximos a nivel local, regional y mundial, según rankings, es decir, clasificaciones de revistas de categorías”.

 

En su juicio de divorcio

Respecto al juicio de divorcio y cuestionamiento sobre el maltrato a su ex esposa Ivonne Galván Duque Bellato que se ventiló ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, Jalife afirmó: “La he tratado mejor que a una esposa, le regalé el equivalente a precio de mercado diez millones de pesos de una inmobiliaria, de la que soy accionista mayoritario del 51%. Cuando la conocí era muy pobre y empleada, con un salario mínimo, y 25 años más tarde tiene el 49% de una inmobiliaria y se ostenta como empresaria”. Prosigue Jalife diciendo que incluso le dio un préstamo de buena fe a su ex esposa de 100 mil dólares, “para que monte su empresa de pastelería y panes, llamada Chezmapoul”, de la que le prometió, de acuerdo con su dicho, darle el 51%, “y a la fecha no ha cumplido, –declara Jalife– esto demuestra que 25 años más tarde desde el punto de vista material la hoy empresaria y la hoy mi esposa se ha encumbrado en forma exponencial”.

La alusión a su ex esposa termina con una serie denigraciones en las que menciona su menopausia, como “enfermedad clínica”, que ingesta hormonas y “eso ha dañado su conducta y su juicio”, además que tiene entendido que vive con una hermana que padece oligofrenia (discapacidad mental), por lo que todo ese entorno “ha dañado su relación de pareja”.

¿Quién paga a Jalife?

Los ingresos y transferencias de dinero de Alfredo Jalife han sido otra de las incógnitas. En once años –de 2006 a 2017– su ingreso comprobable por parte de la UNAM no superó el medio millón de pesos. No obstante, en el juicio de divorcio afirmó haber regalado a su ex esposa el 51% de una inmobiliaria con valor de 10 millones de pesos, más aparte 100 mil dólares para una pastelería y declaró que respondía por los gastos de ella que oscilaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales, que la había “colmado” de joyas y viajes a países de diferentes continentes, más aparte los gastos propios que se elevaban por la atención médica.  

Pero Jalife además se presenta como fundador de La Jornada y dice haber contribuido con 25 mil dólares para su fundación, los cuales asegura haber entregado a Carlos Payán y Guadalupe Loaeza. De acuerdo con la información del periodista Ramsés Ancira, se le ha llamado a declarar por lavado de dinero, discriminación y evasión fiscal en 2017, y tuvo diferencias con Carmen Lira Saade por gestionar publicidad del Partido Verde y el Gobierno de Chiapas, que hacía pasar como notas informativas en el periódico.

A sus ingresos, también contribuye el pago por sus colaboraciones en la sección de Opinión, de La Jornada, de enero y febrero de 2016, por un monto de 35 mil y 28 mil pesos menos impuestos, y otro de 20 mil, en la misma fecha, de la empresa Sinot, SC. Pero también hay registros de operaciones, en el cambio de divisas, una del 15 de octubre de 2012 por un monto de 55, 307.85 dólares, que en esa fecha por el tipo de cambio pactado equivalía a 704, 677.32 pesos.  Otra, con fecha del 15 de julio de 2015, por un monto de 3,848.00 dólares, equivalente a 60, 144.55 pesos. Asimismo, existía una cuenta del Bank of Beirut, con el número 11402673. Mientras, declara “en ceros” por su empresa Okonomia Inmobiliaria, SA, o con montos que no superan los dos mil pesos.

 

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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