Connect with us

Investigaciones

Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

Sin historial académico ni documentos que prueben su formación revela UNAM de Alfredo Jalife Rahme

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios estaba por cumplir 31 años, el 24 de febrero de 1979, cuando su nombre quedó registrado en la Dirección Federal de Seguridad. Se trataba de documentos clasificados que habían sido trasferidos en acuerdo institucional sobre las medidas tomadas para la “procuración de justicia por delitos cometidos contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos”. Así lo especifica el expediente 12C.6/010619 del Archivo General de la Nación (AGN), integrado con siete hojas y 16 datos testados.

Referenciado como “el maestro de la UNAM”, que ha destacado por sus calumnias y violencia hacia las mujeres en las redes sociales, en aquel tiempo prestaba servicios de información confidencial al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según lo confirmado parcialmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2001, y señalado en los archivos desclasificados en 2019 del AGN. Parte de la información sugería referencias a sacerdotes católicos que pudieron haber estado relacionados con movimientos de oposición política y la guerrilla en México.

El Doctor en Sociología por la Fordham University, de Nueva York, y autor de Religión y democracia en América Latina (2009) y En el nombre de Dios: religión y democracia en México (1999),  Rodolfo Soriano-Núñez, consultado por Los Ángeles Press sobre el espionaje en los años setenta a sacerdotes radicales, explica que en esos años sí había una percepción de riesgo, que hoy –después de 20 años de estudio sobre el catolicismo en México– puede afirmar que era falsa.

“De que en México sí había miedo a la radicalización del clero en los años sesenta y setenta es un hecho, porque se tenía la experiencia de la Cristiada, que –a final de cuentas– los problemas por los que empezó este movimiento seguían vivos en los setenta”, puntualiza Soriano-Nuñez, y abunda que esta percepción era alimentada en dos sentidos, por una parte, “por las experiencias de la radicalización del clero en Argentina, donde sí fue un problema grave, y la Iglesia recibía recursos del Estado, o en Perú y Colombia, países donde la Iglesia también era financiada por el Estado; y por otra parte, porque había un mercado para que charlatanes como Marcial Maciel y Alfredo Jalife vendieran historias de una inminente rebelión neo-cristera a la CIA, a Echeverría y a muchos más”.

Contextualiza Soriano-Nuñez que en Colombia, por lo menos diez curas se pasaron a las guerrillas, y uno de ellos incluso creó una de las guerrillas más devastadoras allá, el Ejército de Liberación Nacional. En Perú fue menos, “porque el Golpe del 68 hizo suyas muchas de las banderas de la guerrilla, pero también hubo radicalización, y en Argentina se creó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que nunca derivaron en una guerrilla, pero que eran tremendamente críticos de los militares, de Perón y de todo el establishment político argentino. Se mataron a dos obispos, muchos sacerdotes y monjas fueron torturados e incluso desaparecidos, además de algunos, como Múgica, asesinados en plena calle por grupos cívico-militares argentinos (la AAA)”.

Tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Víctor de Currea Lugo/publico.es

Sobre el espionaje al clero

Luis Echeverría Álvarez fue parte del grupo de altos funcionarios de México que eran informantes de la CIA, llamado LITEMPO, de acuerdo con la investigación de Jefferson Morley, periodista de The Washington Post, y autor de Our man in Mexico, Winston Scott and the hidden history of the CIA. Echeverría, a su vez, tenía otros informantes, y uno de los temas que lo obsesionaban era mantener el control del clero. Fue cuando coincidieron en las mismas tareas el sacerdote acusado formalmente de cometer abusos sexuales Marcial Maciel y Alfredo Jalife, quienes daban información a la CIA sobre los sacerdotes radicales. Incluso, la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvo la participación de muchos jóvenes con una formación religiosa, así como otros movimientos armados.

De acuerdo con el académico Rodolfo Soriano-Nuñez, Marcial Maciel -siendo fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo- se presentaba a sí mismo como agente de la CIA. Tenía una estrecha relación con Luis Echeverría, y cuando el presidente decidió hacer Cancún, algunos de los mejores terrenos se los dio a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo los recibió porque fue la que se encargó de lo que ahora es la diócesis de Cancún-Chetumal, pero durante muchos años, más de 40, fue la prelatura de Chetumal.

Explica Soriano-Nuñez que las prelaturas son las diócesis que el papa entrega directamente a una orden, y en este caso se la entregaron a la Legión de Cristo. “No hay duda de la relación cercana de Maciel con Echeverría, incluso disfrutó de impunidad, porque las denuncias contra Marcial Maciel existían –por lo menos– desde los años treinta, y nunca actuaron contra él”. Sin embargo, en el caso de Jalife, “la CIA quizás le daba dinero, pero no creo que haya sido agente formal de la CIA, en todo caso era un Asset, nada más”, y apunta:

“No dudo, ni por un momento, que Marcial Maciel y Alfredo Jalife, y otros más, hayan estado dispuestos a vender todo tipo de historias acerca de la posibilidad de que en México surgiera una guerrilla al estilo del Ejército de Liberación Nacional”.

Pero no sólo espiaban para Echeverría. Alfredo Jalife fue durante muchos años el pie en América Latina del fascista Lyndon Larouche, y frecuentemente era invitado al Schiller Institute, creado por Larouche, donde le daba un “barniz académico” a sus historias conspiracionistas, señala el académico. “Jalife siempre jugaba con la idea de que era, al mismo tiempo, gente de la CIA; pero mi impresión es que era un Asset, una gente a la que pueden recurrir, que le entregan recursos, pero que no tiene una relación formal”.

En una de sus visitas a Schiller Institute.

Sobre la CIA en México

El periodista Jefferson Morley, por su parte, señala que Winston Scott era el principal hombre de la CIA en México en la época de los sesenta y los setenta, y operaba desde la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Reforma, de la Ciudad de México. “Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil (1968), cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.

El periodista sostiene que Scott reclutó a un total de 12 agentes en los niveles más altos del gobierno mexicano. “Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.

De acuerdo con su investigación, Morley describe que el aparato mexicano de represión y LITEMPO habían crecido juntos. A Fernando Gutiérrez Barrios, LITEMPO-4, lo describe como “una potencia emergente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, junto con su subordinado en ese tiempo, Miguel Nazar Haro, LITEMPO-12. A Luis Echeverría, LITEMPO-8, lo refiere como “el ambicioso ayudante de Díaz Ordaz”, que a su vez mantenía su propio grupo de informantes.

En busca de partido político

En los años ochenta, Alfredo Jalife buscaba incorporarse al Partido de Acción Nacional. Así fue como lo conoció el doctor Rodolfo Soriano-Núñez. El académico recuerda que el problema era con quien se quería meter al PAN, “era un impresentable y un mitómano por derecho propio, Jesús González Schmal; pero Jalife siempre trataba de hacerse presente de una manera u otra”.

En esos años, el PAN no tenía recursos y se sostenía de las donaciones de sus fundadores y sus familias. Había pocos empleados de tiempo completo, y Jalife no generaba confianza hacia la militancia panista. Por lo que intentó hacer lo mismo en el PRI. “En cambio, la izquierda más seria de los años setenta y ochenta, como era gente estudiada, lo rechazaban de manera natural”, señaló el experto.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue un nicho para Jalife, lo que le permitió posteriormente filtrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que ahora se presenta como cofundador.

Jalife, sin historial académico, revela la UNAM

La inexactitud de la información que rodea a Alfredo Jalife Rahme Barrios surge desde sus orígenes y se extiende hacia su trayectoria profesional. En su pasaporte mexicano se especifica haber nacido en la Ciudad de México, pero en Wikipedia se apunta que su nacimiento fue en Mérida, Yucatán. Sus seguidores le llaman “doctor”, y también en este portal de edición pública se sostiene que daba clases de Psicología, siendo aparentemente médico cirujano, egresado de la UNAM, y especializado en Psiquiatría.

No obstante, la Unidad de Transparencia, de la UNAM, bajo la coordinación de Francisco Javier Fonseca Corona, con fecha del 25 de julio de 2017, emitió un documento oficial para dar respuesta ante el requerimiento informativo sobre el historial académico de Jalife, tesis con la que obtuvo el grado, evaluación del examen profesional y sinodales que lo avalaron.  

La Facultad de Medicina, la Dirección General de la Administración Escolar y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM coincidieron en la inexistencia del historial académico:

“… se realizó una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de la Administración Escolar (SIAE) de la DGAE, sin localizar antecedentes de la referida persona como alumno de esta universidad…”.

“… al respecto me permito informar que en archivos de históricos de la Facultad de Medicina, no existe la información requerida”.

“… no obra en sus archivos ningún documento que ratifique los datos requeridos”.

Sin embargo, para obtener acceso a la información adicional que la universidad negó, como documentos que sustentaran su currículo académico al momento de ser contratado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del expediente RRA 4477/17 obligó a la UNAM, incluso, a proveer la información como comprobantes del supuesto Premio Nobel de la Paz 1985, que Jalife ha ostentado en diferentes foros públicos, incluso en su página aún incompleta alfredojalife.com, su experiencia en Psiquiatría y de los montos por honorarios recibidos por sus conferencias, asesorías y pagos de libros, durante el periodo 2006-2017.

La UNAM, con base en los artículos 7, 22 fracción IV, 53 fracción 1, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió que no encontró ningún documento que sustentara el historial académico de Alfredo Jalife, ni su experiencia o formación en Psiquiatría.

“… no se localizó la información solicitada en los numerales 1, 3, y 4”.

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría”.

“… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró información de los parámetros solicitados”.

Respecto a los recursos que supuestamente obtiene por sus conferencias, asesorías y libros, cada una de las facultades también respondió no haberle pagado por esos conceptos.

La Facultad de Contaduría y Administración respondió:

“El Dr. Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha recibido ningún pago en esta Facultad por concepto de asesorías, conferencias y/o pago de libros durante el periodo 2012-2017”.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respondió:

 “… le informo que esta Facultad durante dicho periodo no le pagó cantidad alguna por dichos conceptos.

Respecto a la solicitud adicional, el último contrato que el C. Alfredo Jalife Rahme Barrios tuvo con esta facultad fue del 16/08/2014 al 16/02/2015 como profesor de asignatura A con 4 horas semanales”.

Los Ángeles Press también tuvo acceso al monto de los recursos destinados a los honorarios de Alfredo Jalife por sus salarios quincenales desde el año 2006 hasta 2017. En oficio, bajo el número de folio 6440000081517, se dio la respuesta de que el total devengado en todos esos años fue sólo de $476,373.78 pesos mexicanos.

 

Ni instituciones ni partidos políticos le pagan

El Partido del Trabajo, con el oficio número UTPT/229/2017, y fechado el 6 de junio de 2017, informó que respecto a las cinco conferencias impartidas, de 2012 a 2017, en el marco del seminario “Los partidos y una nueva sociedad” celebradas en la Ciudad de México, “no ha destinado recursos públicos por concepto de pago de servicios de capacitación”, desde 2010.

Por parte del PRD, la Secretaría de Finanzas y el Comité de Transparencia, con el número de folio 2234000030317 dio respuesta a la solicitud de Infomex-INAI respecto al pago de servicios a Alfredo Jalife, en la que especificó que no habían encontrado a ningún proveedor con ese nombre, por lo que “no se destinaron recursos públicos a esta persona física en el periodo solicitado”.

La Secretaría de Educación respondió de la misma manera, que no había información al respecto. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Chapingo, a través de su Unidad de Transparencia, confirmaron no haber cubierto ningún pago a Alfredo Jalife ni registros de contratación.

Falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales

Alfredo Jalife ha tenido que enfrentar varios juicios por violencia de género, calumnias, fraude y divorcio. En las diferentes actuaciones judiciales, datos entregados por Transparencia de la Ciudad de México, de los que ya son cosa juzgada, Jalife en sus declaraciones ante el juez se contradice, miente, denigra a su contraparte, e incluso intenta tráfico de influencias al usar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacar supuesta amistad que lo iba a llevar a ser secretario de Estado. Todo con su firma bajo protesta de decir verdad.

 

Por violencia de género

Después de que Alfredo Jalife fuera denunciado en 2017 por violencia de género, la víctima tuvo que iniciar una inconformidad judicial contra la UNAM, al negarse el director de la Facultad de Contaduría y Administración de aplicar el protocolo para la atención de su caso. En declaración ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el expediente número 909/2017-IX contra la UNAM, Alfredo Jalife afirmó ser profesor de posgrado de esta casa de estudios, y haber sido calificado con el “ranking máximo”.

En esa misma declaración, del 9 de agosto de 2018, amagó con demandar penalmente a su víctima de violencia de género, acusándola de “autoatentado cibernético”, al atribuirle que ella “inventaba tuits, mensajes y correos, desde una de sus cuentas piratas” con las que se ha dedicado, según Jalife, a acosarlo y atribuírselas en forma dolosa.

Los testigos que presentó para confirmar sus dichos en esta actuación judicial fueron su asistente personal, Gisela Isela González Martínez, y dos de sus seguidores, Antonio De Gante y Juan Antonio Alcántara Samperio. Los tres declararon haber sido invitados a apoyar a Jalife por el abogado Guillermo Cabral Ballesteros, que al momento de llevar el juicio era funcionario público y manejaba el control y abastecimiento de medicamentos en Oaxaca.

En el juicio de Arreola

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Juzgado Sexagésimo Quinto de los Civil, Alfredo Jalife promovió un juicio ordinario contra Federico Arreola, director de SDP Noticias, por haber publicado conversaciones grabadas sin su consentimiento y cuentas bancarias en el Líbano con transferencias millonarias en dólares, de las que se alegó que no pagaba impuestos en México.

Jalife perdió el juicio y la apelación, sin embargo, en su declaración afirmó tener instrucción de postgrado en Medicina, Maestría en Administración de Empresas, ser endocrinólogo y psiquiatra, además de ser profesor universitario de postgrado de la UNAM.  Durante el juicio, ante los cuestionamientos de la defensa de Arreola, Jalife ratificó dar clases de postgrado en varias facultades, y que lo invitan a dar conferencias “pero no le pagan, que es por su prestigio académico de fama mundial”. En otro de los cuestionamientos, confirma que “es comentarista por su prestigio en forma gratuita” en La Jornada, y que sus artículos son reproducidos por varios medios en forma sindicada.

También ratifica que a nivel académico, de forma gratuita “debido al gran prestigio” participa en los “grandes centros de pensamiento en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en el mundo árabe islámico, y en Estados Unidos”.

En esta misma actuación, Jalife declara judicialmente que es amigo del presidente de México, y que “por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador” él iba a ser el secretario de Energía “por sus conocimientos en materia energética de la que es reconocido como uno de los máximos a nivel local, regional y mundial, según rankings, es decir, clasificaciones de revistas de categorías”.

 

En su juicio de divorcio

Respecto al juicio de divorcio y cuestionamiento sobre el maltrato a su ex esposa Ivonne Galván Duque Bellato que se ventiló ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, Jalife afirmó: “La he tratado mejor que a una esposa, le regalé el equivalente a precio de mercado diez millones de pesos de una inmobiliaria, de la que soy accionista mayoritario del 51%. Cuando la conocí era muy pobre y empleada, con un salario mínimo, y 25 años más tarde tiene el 49% de una inmobiliaria y se ostenta como empresaria”. Prosigue Jalife diciendo que incluso le dio un préstamo de buena fe a su ex esposa de 100 mil dólares, “para que monte su empresa de pastelería y panes, llamada Chezmapoul”, de la que le prometió, de acuerdo con su dicho, darle el 51%, “y a la fecha no ha cumplido, –declara Jalife– esto demuestra que 25 años más tarde desde el punto de vista material la hoy empresaria y la hoy mi esposa se ha encumbrado en forma exponencial”.

La alusión a su ex esposa termina con una serie denigraciones en las que menciona su menopausia, como “enfermedad clínica”, que ingesta hormonas y “eso ha dañado su conducta y su juicio”, además que tiene entendido que vive con una hermana que padece oligofrenia (discapacidad mental), por lo que todo ese entorno “ha dañado su relación de pareja”.

¿Quién paga a Jalife?

Los ingresos y transferencias de dinero de Alfredo Jalife han sido otra de las incógnitas. En once años –de 2006 a 2017– su ingreso comprobable por parte de la UNAM no superó el medio millón de pesos. No obstante, en el juicio de divorcio afirmó haber regalado a su ex esposa el 51% de una inmobiliaria con valor de 10 millones de pesos, más aparte 100 mil dólares para una pastelería y declaró que respondía por los gastos de ella que oscilaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales, que la había “colmado” de joyas y viajes a países de diferentes continentes, más aparte los gastos propios que se elevaban por la atención médica.  

Pero Jalife además se presenta como fundador de La Jornada y dice haber contribuido con 25 mil dólares para su fundación, los cuales asegura haber entregado a Carlos Payán y Guadalupe Loaeza. De acuerdo con la información del periodista Ramsés Ancira, se le ha llamado a declarar por lavado de dinero, discriminación y evasión fiscal en 2017, y tuvo diferencias con Carmen Lira Saade por gestionar publicidad del Partido Verde y el Gobierno de Chiapas, que hacía pasar como notas informativas en el periódico.

A sus ingresos, también contribuye el pago por sus colaboraciones en la sección de Opinión, de La Jornada, de enero y febrero de 2016, por un monto de 35 mil y 28 mil pesos menos impuestos, y otro de 20 mil, en la misma fecha, de la empresa Sinot, SC. Pero también hay registros de operaciones, en el cambio de divisas, una del 15 de octubre de 2012 por un monto de 55, 307.85 dólares, que en esa fecha por el tipo de cambio pactado equivalía a 704, 677.32 pesos.  Otra, con fecha del 15 de julio de 2015, por un monto de 3,848.00 dólares, equivalente a 60, 144.55 pesos. Asimismo, existía una cuenta del Bank of Beirut, con el número 11402673. Mientras, declara “en ceros” por su empresa Okonomia Inmobiliaria, SA, o con montos que no superan los dos mil pesos.

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

Continue Reading

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

Published

on

Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

Continue Reading

Trending