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Investigaciones

Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

Sin historial académico ni documentos que prueben su formación revela UNAM de Alfredo Jalife Rahme

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Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme Barrios estaba por cumplir 31 años, el 24 de febrero de 1979, cuando su nombre quedó registrado en la Dirección Federal de Seguridad. Se trataba de documentos clasificados que habían sido trasferidos en acuerdo institucional sobre las medidas tomadas para la “procuración de justicia por delitos cometidos contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos”. Así lo especifica el expediente 12C.6/010619 del Archivo General de la Nación (AGN), integrado con siete hojas y 16 datos testados.

Referenciado como “el maestro de la UNAM”, que ha destacado por sus calumnias y violencia hacia las mujeres en las redes sociales, en aquel tiempo prestaba servicios de información confidencial al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según lo confirmado parcialmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2001, y señalado en los archivos desclasificados en 2019 del AGN. Parte de la información sugería referencias a sacerdotes católicos que pudieron haber estado relacionados con movimientos de oposición política y la guerrilla en México.

El Doctor en Sociología por la Fordham University, de Nueva York, y autor de Religión y democracia en América Latina (2009) y En el nombre de Dios: religión y democracia en México (1999),  Rodolfo Soriano-Núñez, consultado por Los Ángeles Press sobre el espionaje en los años setenta a sacerdotes radicales, explica que en esos años sí había una percepción de riesgo, que hoy –después de 20 años de estudio sobre el catolicismo en México– puede afirmar que era falsa.

“De que en México sí había miedo a la radicalización del clero en los años sesenta y setenta es un hecho, porque se tenía la experiencia de la Cristiada, que –a final de cuentas– los problemas por los que empezó este movimiento seguían vivos en los setenta”, puntualiza Soriano-Nuñez, y abunda que esta percepción era alimentada en dos sentidos, por una parte, “por las experiencias de la radicalización del clero en Argentina, donde sí fue un problema grave, y la Iglesia recibía recursos del Estado, o en Perú y Colombia, países donde la Iglesia también era financiada por el Estado; y por otra parte, porque había un mercado para que charlatanes como Marcial Maciel y Alfredo Jalife vendieran historias de una inminente rebelión neo-cristera a la CIA, a Echeverría y a muchos más”.

Contextualiza Soriano-Nuñez que en Colombia, por lo menos diez curas se pasaron a las guerrillas, y uno de ellos incluso creó una de las guerrillas más devastadoras allá, el Ejército de Liberación Nacional. En Perú fue menos, “porque el Golpe del 68 hizo suyas muchas de las banderas de la guerrilla, pero también hubo radicalización, y en Argentina se creó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que nunca derivaron en una guerrilla, pero que eran tremendamente críticos de los militares, de Perón y de todo el establishment político argentino. Se mataron a dos obispos, muchos sacerdotes y monjas fueron torturados e incluso desaparecidos, además de algunos, como Múgica, asesinados en plena calle por grupos cívico-militares argentinos (la AAA)”.

Tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Víctor de Currea Lugo/publico.es

Sobre el espionaje al clero

Luis Echeverría Álvarez fue parte del grupo de altos funcionarios de México que eran informantes de la CIA, llamado LITEMPO, de acuerdo con la investigación de Jefferson Morley, periodista de The Washington Post, y autor de Our man in Mexico, Winston Scott and the hidden history of the CIA. Echeverría, a su vez, tenía otros informantes, y uno de los temas que lo obsesionaban era mantener el control del clero. Fue cuando coincidieron en las mismas tareas el sacerdote acusado formalmente de cometer abusos sexuales Marcial Maciel y Alfredo Jalife, quienes daban información a la CIA sobre los sacerdotes radicales. Incluso, la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvo la participación de muchos jóvenes con una formación religiosa, así como otros movimientos armados.

De acuerdo con el académico Rodolfo Soriano-Nuñez, Marcial Maciel -siendo fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo- se presentaba a sí mismo como agente de la CIA. Tenía una estrecha relación con Luis Echeverría, y cuando el presidente decidió hacer Cancún, algunos de los mejores terrenos se los dio a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo los recibió porque fue la que se encargó de lo que ahora es la diócesis de Cancún-Chetumal, pero durante muchos años, más de 40, fue la prelatura de Chetumal.

Explica Soriano-Nuñez que las prelaturas son las diócesis que el papa entrega directamente a una orden, y en este caso se la entregaron a la Legión de Cristo. “No hay duda de la relación cercana de Maciel con Echeverría, incluso disfrutó de impunidad, porque las denuncias contra Marcial Maciel existían –por lo menos– desde los años treinta, y nunca actuaron contra él”. Sin embargo, en el caso de Jalife, “la CIA quizás le daba dinero, pero no creo que haya sido agente formal de la CIA, en todo caso era un Asset, nada más”, y apunta:

“No dudo, ni por un momento, que Marcial Maciel y Alfredo Jalife, y otros más, hayan estado dispuestos a vender todo tipo de historias acerca de la posibilidad de que en México surgiera una guerrilla al estilo del Ejército de Liberación Nacional”.

Pero no sólo espiaban para Echeverría. Alfredo Jalife fue durante muchos años el pie en América Latina del fascista Lyndon Larouche, y frecuentemente era invitado al Schiller Institute, creado por Larouche, donde le daba un “barniz académico” a sus historias conspiracionistas, señala el académico. “Jalife siempre jugaba con la idea de que era, al mismo tiempo, gente de la CIA; pero mi impresión es que era un Asset, una gente a la que pueden recurrir, que le entregan recursos, pero que no tiene una relación formal”.

En una de sus visitas a Schiller Institute.

Sobre la CIA en México

El periodista Jefferson Morley, por su parte, señala que Winston Scott era el principal hombre de la CIA en México en la época de los sesenta y los setenta, y operaba desde la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Reforma, de la Ciudad de México. “Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil (1968), cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.

El periodista sostiene que Scott reclutó a un total de 12 agentes en los niveles más altos del gobierno mexicano. “Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.

De acuerdo con su investigación, Morley describe que el aparato mexicano de represión y LITEMPO habían crecido juntos. A Fernando Gutiérrez Barrios, LITEMPO-4, lo describe como “una potencia emergente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, junto con su subordinado en ese tiempo, Miguel Nazar Haro, LITEMPO-12. A Luis Echeverría, LITEMPO-8, lo refiere como “el ambicioso ayudante de Díaz Ordaz”, que a su vez mantenía su propio grupo de informantes.

En busca de partido político

En los años ochenta, Alfredo Jalife buscaba incorporarse al Partido de Acción Nacional. Así fue como lo conoció el doctor Rodolfo Soriano-Núñez. El académico recuerda que el problema era con quien se quería meter al PAN, “era un impresentable y un mitómano por derecho propio, Jesús González Schmal; pero Jalife siempre trataba de hacerse presente de una manera u otra”.

En esos años, el PAN no tenía recursos y se sostenía de las donaciones de sus fundadores y sus familias. Había pocos empleados de tiempo completo, y Jalife no generaba confianza hacia la militancia panista. Por lo que intentó hacer lo mismo en el PRI. “En cambio, la izquierda más seria de los años setenta y ochenta, como era gente estudiada, lo rechazaban de manera natural”, señaló el experto.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue un nicho para Jalife, lo que le permitió posteriormente filtrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que ahora se presenta como cofundador.

Jalife, sin historial académico, revela la UNAM

La inexactitud de la información que rodea a Alfredo Jalife Rahme Barrios surge desde sus orígenes y se extiende hacia su trayectoria profesional. En su pasaporte mexicano se especifica haber nacido en la Ciudad de México, pero en Wikipedia se apunta que su nacimiento fue en Mérida, Yucatán. Sus seguidores le llaman “doctor”, y también en este portal de edición pública se sostiene que daba clases de Psicología, siendo aparentemente médico cirujano, egresado de la UNAM, y especializado en Psiquiatría.

No obstante, la Unidad de Transparencia, de la UNAM, bajo la coordinación de Francisco Javier Fonseca Corona, con fecha del 25 de julio de 2017, emitió un documento oficial para dar respuesta ante el requerimiento informativo sobre el historial académico de Jalife, tesis con la que obtuvo el grado, evaluación del examen profesional y sinodales que lo avalaron.  

La Facultad de Medicina, la Dirección General de la Administración Escolar y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM coincidieron en la inexistencia del historial académico:

“… se realizó una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de la Administración Escolar (SIAE) de la DGAE, sin localizar antecedentes de la referida persona como alumno de esta universidad…”.

“… al respecto me permito informar que en archivos de históricos de la Facultad de Medicina, no existe la información requerida”.

“… no obra en sus archivos ningún documento que ratifique los datos requeridos”.

Sin embargo, para obtener acceso a la información adicional que la universidad negó, como documentos que sustentaran su currículo académico al momento de ser contratado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del expediente RRA 4477/17 obligó a la UNAM, incluso, a proveer la información como comprobantes del supuesto Premio Nobel de la Paz 1985, que Jalife ha ostentado en diferentes foros públicos, incluso en su página aún incompleta alfredojalife.com, su experiencia en Psiquiatría y de los montos por honorarios recibidos por sus conferencias, asesorías y pagos de libros, durante el periodo 2006-2017.

La UNAM, con base en los artículos 7, 22 fracción IV, 53 fracción 1, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió que no encontró ningún documento que sustentara el historial académico de Alfredo Jalife, ni su experiencia o formación en Psiquiatría.

“… no se localizó la información solicitada en los numerales 1, 3, y 4”.

No obran documentos que indiquen experiencia o desempeño alguno de Alfredo Jalife Rahme Barrios en el área de Psiquiatría”.

“… al respecto me permito informar que en los registros de la Facultad de Medicina no se encontró información de los parámetros solicitados”.

Respecto a los recursos que supuestamente obtiene por sus conferencias, asesorías y libros, cada una de las facultades también respondió no haberle pagado por esos conceptos.

La Facultad de Contaduría y Administración respondió:

“El Dr. Alfredo Jalife Rahme Barrios no ha recibido ningún pago en esta Facultad por concepto de asesorías, conferencias y/o pago de libros durante el periodo 2012-2017”.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respondió:

 “… le informo que esta Facultad durante dicho periodo no le pagó cantidad alguna por dichos conceptos.

Respecto a la solicitud adicional, el último contrato que el C. Alfredo Jalife Rahme Barrios tuvo con esta facultad fue del 16/08/2014 al 16/02/2015 como profesor de asignatura A con 4 horas semanales”.

Los Ángeles Press también tuvo acceso al monto de los recursos destinados a los honorarios de Alfredo Jalife por sus salarios quincenales desde el año 2006 hasta 2017. En oficio, bajo el número de folio 6440000081517, se dio la respuesta de que el total devengado en todos esos años fue sólo de $476,373.78 pesos mexicanos.

 

Ni instituciones ni partidos políticos le pagan

El Partido del Trabajo, con el oficio número UTPT/229/2017, y fechado el 6 de junio de 2017, informó que respecto a las cinco conferencias impartidas, de 2012 a 2017, en el marco del seminario “Los partidos y una nueva sociedad” celebradas en la Ciudad de México, “no ha destinado recursos públicos por concepto de pago de servicios de capacitación”, desde 2010.

Por parte del PRD, la Secretaría de Finanzas y el Comité de Transparencia, con el número de folio 2234000030317 dio respuesta a la solicitud de Infomex-INAI respecto al pago de servicios a Alfredo Jalife, en la que especificó que no habían encontrado a ningún proveedor con ese nombre, por lo que “no se destinaron recursos públicos a esta persona física en el periodo solicitado”.

La Secretaría de Educación respondió de la misma manera, que no había información al respecto. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Chapingo, a través de su Unidad de Transparencia, confirmaron no haber cubierto ningún pago a Alfredo Jalife ni registros de contratación.

Falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales

Alfredo Jalife ha tenido que enfrentar varios juicios por violencia de género, calumnias, fraude y divorcio. En las diferentes actuaciones judiciales, datos entregados por Transparencia de la Ciudad de México, de los que ya son cosa juzgada, Jalife en sus declaraciones ante el juez se contradice, miente, denigra a su contraparte, e incluso intenta tráfico de influencias al usar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacar supuesta amistad que lo iba a llevar a ser secretario de Estado. Todo con su firma bajo protesta de decir verdad.

 

Por violencia de género

Después de que Alfredo Jalife fuera denunciado en 2017 por violencia de género, la víctima tuvo que iniciar una inconformidad judicial contra la UNAM, al negarse el director de la Facultad de Contaduría y Administración de aplicar el protocolo para la atención de su caso. En declaración ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el expediente número 909/2017-IX contra la UNAM, Alfredo Jalife afirmó ser profesor de posgrado de esta casa de estudios, y haber sido calificado con el “ranking máximo”.

En esa misma declaración, del 9 de agosto de 2018, amagó con demandar penalmente a su víctima de violencia de género, acusándola de “autoatentado cibernético”, al atribuirle que ella “inventaba tuits, mensajes y correos, desde una de sus cuentas piratas” con las que se ha dedicado, según Jalife, a acosarlo y atribuírselas en forma dolosa.

Los testigos que presentó para confirmar sus dichos en esta actuación judicial fueron su asistente personal, Gisela Isela González Martínez, y dos de sus seguidores, Antonio De Gante y Juan Antonio Alcántara Samperio. Los tres declararon haber sido invitados a apoyar a Jalife por el abogado Guillermo Cabral Ballesteros, que al momento de llevar el juicio era funcionario público y manejaba el control y abastecimiento de medicamentos en Oaxaca.

En el juicio de Arreola

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante el Juzgado Sexagésimo Quinto de los Civil, Alfredo Jalife promovió un juicio ordinario contra Federico Arreola, director de SDP Noticias, por haber publicado conversaciones grabadas sin su consentimiento y cuentas bancarias en el Líbano con transferencias millonarias en dólares, de las que se alegó que no pagaba impuestos en México.

Jalife perdió el juicio y la apelación, sin embargo, en su declaración afirmó tener instrucción de postgrado en Medicina, Maestría en Administración de Empresas, ser endocrinólogo y psiquiatra, además de ser profesor universitario de postgrado de la UNAM.  Durante el juicio, ante los cuestionamientos de la defensa de Arreola, Jalife ratificó dar clases de postgrado en varias facultades, y que lo invitan a dar conferencias “pero no le pagan, que es por su prestigio académico de fama mundial”. En otro de los cuestionamientos, confirma que “es comentarista por su prestigio en forma gratuita” en La Jornada, y que sus artículos son reproducidos por varios medios en forma sindicada.

También ratifica que a nivel académico, de forma gratuita “debido al gran prestigio” participa en los “grandes centros de pensamiento en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en el mundo árabe islámico, y en Estados Unidos”.

En esta misma actuación, Jalife declara judicialmente que es amigo del presidente de México, y que “por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador” él iba a ser el secretario de Energía “por sus conocimientos en materia energética de la que es reconocido como uno de los máximos a nivel local, regional y mundial, según rankings, es decir, clasificaciones de revistas de categorías”.

 

En su juicio de divorcio

Respecto al juicio de divorcio y cuestionamiento sobre el maltrato a su ex esposa Ivonne Galván Duque Bellato que se ventiló ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, Jalife afirmó: “La he tratado mejor que a una esposa, le regalé el equivalente a precio de mercado diez millones de pesos de una inmobiliaria, de la que soy accionista mayoritario del 51%. Cuando la conocí era muy pobre y empleada, con un salario mínimo, y 25 años más tarde tiene el 49% de una inmobiliaria y se ostenta como empresaria”. Prosigue Jalife diciendo que incluso le dio un préstamo de buena fe a su ex esposa de 100 mil dólares, “para que monte su empresa de pastelería y panes, llamada Chezmapoul”, de la que le prometió, de acuerdo con su dicho, darle el 51%, “y a la fecha no ha cumplido, –declara Jalife– esto demuestra que 25 años más tarde desde el punto de vista material la hoy empresaria y la hoy mi esposa se ha encumbrado en forma exponencial”.

La alusión a su ex esposa termina con una serie denigraciones en las que menciona su menopausia, como “enfermedad clínica”, que ingesta hormonas y “eso ha dañado su conducta y su juicio”, además que tiene entendido que vive con una hermana que padece oligofrenia (discapacidad mental), por lo que todo ese entorno “ha dañado su relación de pareja”.

¿Quién paga a Jalife?

Los ingresos y transferencias de dinero de Alfredo Jalife han sido otra de las incógnitas. En once años –de 2006 a 2017– su ingreso comprobable por parte de la UNAM no superó el medio millón de pesos. No obstante, en el juicio de divorcio afirmó haber regalado a su ex esposa el 51% de una inmobiliaria con valor de 10 millones de pesos, más aparte 100 mil dólares para una pastelería y declaró que respondía por los gastos de ella que oscilaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales, que la había “colmado” de joyas y viajes a países de diferentes continentes, más aparte los gastos propios que se elevaban por la atención médica.  

Pero Jalife además se presenta como fundador de La Jornada y dice haber contribuido con 25 mil dólares para su fundación, los cuales asegura haber entregado a Carlos Payán y Guadalupe Loaeza. De acuerdo con la información del periodista Ramsés Ancira, se le ha llamado a declarar por lavado de dinero, discriminación y evasión fiscal en 2017, y tuvo diferencias con Carmen Lira Saade por gestionar publicidad del Partido Verde y el Gobierno de Chiapas, que hacía pasar como notas informativas en el periódico.

A sus ingresos, también contribuye el pago por sus colaboraciones en la sección de Opinión, de La Jornada, de enero y febrero de 2016, por un monto de 35 mil y 28 mil pesos menos impuestos, y otro de 20 mil, en la misma fecha, de la empresa Sinot, SC. Pero también hay registros de operaciones, en el cambio de divisas, una del 15 de octubre de 2012 por un monto de 55, 307.85 dólares, que en esa fecha por el tipo de cambio pactado equivalía a 704, 677.32 pesos.  Otra, con fecha del 15 de julio de 2015, por un monto de 3,848.00 dólares, equivalente a 60, 144.55 pesos. Asimismo, existía una cuenta del Bank of Beirut, con el número 11402673. Mientras, declara “en ceros” por su empresa Okonomia Inmobiliaria, SA, o con montos que no superan los dos mil pesos.

 

El Caso Wallace

Tortura, secuestro y espionaje, el vínculo Margolis entre Israel Vallarta, George Khoury y el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

Margolis, en el dictamen sobre tortura de Israel Vallarta

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en Seguridad privada, fue señalado, junto con el expolicía Luis Cárdenas Palomino y el periodista de televisión Pablo Reinah, de cometer actos de tortura y secuestro, según el dictamen pericial realizado a Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión sin sentencia desde diciembre de 2005, acusado de secuestro en un montaje televisivo.

Con un documento de 205 páginas, los peritos en derechos humanos, el médico cirujano Adrián Ramírez López (con cédula Cédula 1396538) y la maestra en Psicólogía María Isabel Mazo Duarte (con cédulas 5721526 y 5784148), acreditaron ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre de 2016, que Israel Vallarta Cisneros “sufrió humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, amenazas, deprivación sensorial de alimento, agua, descanso y sueño, y que éstas le causaron severos y duraderos trastornos psicológicos”. Todo ello atribuido a conductas que los peritos consideraron como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al momento de su detención, durante su permanencia en la SIEDO, así como en el Centro de Arraigo y en el Cefereso #1 El Altiplano, Almoloya de Juárez.

El nombre de Eduardo Margolis aparece en el dictamen 22 veces, y las referencias a su nombre de pila se hacen en 13 ocasiones, específicamente para aludir a su presencia en eventos de tortura contra Israel Vallarta, sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos.

El dictamen pericial de Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte describen el maltrato recibido e identifican a catorce sujetos como perpetradores, en diferentes lugares como en el rancho Las Chinitas, la SIEDO, en el centro de arraigo y un estacionamiento, con la acotación de que éste podría ser en las mismas instalaciones de las PGR, de la Calle López, número 12, del Centro de la CDMX.

Los peritos clasificaron el maltrato como:

“Deprivación sensorial aplastamiento; forzamiento a inhalar substancia no identificada. Insultos. Golpizas reiteradas. Lesiones corporales deliberadas. Posiciones forzadas. Aplicación de electricidad. Amenazas. Humillaciones y vejámenes. Desnudamiento. Agresiones y violencia sexuales incluyendo violación. Atentado contra la libertad y el sano desarrollo de su sexualidad y personalidad. Presencia de tortura a otros. Privaciones deliberadas de medios de vida. Privación del sueño. Intento de asfixia seca. Intento de asfixia húmeda. Exposición a temperaturas extremas” (Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen médico psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención, traslados, arraigo y prisión de Israel Vallarta Cisneros, de la Causa penal 100/2010-VII).

Los encuentros con Margolis

En la SEIDO

En esta etapa, organizada por los peritos bajo el número 9, Israel Vallarta identifica que, entre las personas vestidas de civil en la SIEDO, se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y alude a su presencia también en otros eventos de tortura.

La agresión en la SIEDO fue descrita por los peritos en derechos humanos como: “golpes en cuello, cabeza, tórax para “sacar el aire” y otras partes del cuerpo, bofetadas, patadas en las espinillas, puños en la cabeza. Atadura, presión, inmovilización y golpes en dedos de la mano derecha para forzar impresión de su huella en documentos. Privación de agua, alimento, sueño y servicios sanitarios. Insultos, humillaciones. Golpes propinados por personas vestidas de civil aparentemente ajenas a la PGR. Amenazas de muerte contra el examinado y sus familiares: “los va a cargar la chingada” “tengo la consigna de darte en la madre”. Presencia de golpes a su “mujer amada” (Dictamen pericial, pag. 72).

Momento 1

“Me levantan y me llevan hasta el fondo donde están los archiveros, veo que paso junto a Florence y está… está… Isabel Hernández Arzate, está… este… Eduardo Margolis, ahí lo veo, lo veo parado, pero ahí en el mismo piso con un grupo de personas.

Perito Adrián Ramírez López (ARL): ¿No te saluda? ¿No te dice nada?

Israel Vallarta Cisneros (IVC): No, no, no, no, no, no, yo de momento no pensé que fuera… o sea…, yo lo vi al bulto… en el momento no reconocí que era él, sino fue posterior, ahorita le explico por qué, o sea yo voy pasando y veo el bulto de personas allí, y me llevan al fondo, otra vez lo que en el estacionamiento ya habían hecho conmigo de firmar hojas en blanco, hacer numeración del 10 al 100 y bla bla bla hasta el millón, las mismas hojas que venían ya impresas en computadora, que traían nombres y yo tenía que poner al lado primo, sobrino, etcétera, entonces me decían ¡ponlo!, no lo quise hacer, hubo otras que sí, otras que sí lo hice, honestamente. ¿por qué?…

Perito María Isabel Mazo Duarte (MIMD): ¿Ahí te seguían golpeando?

IVC: Claro que sí, ¡por supuesto!” (Dictamen pericial, 2016, p.77).

Momento 2

“… en ese momento que estaba el cubículo donde me encontraba en el segundo piso, es decir, es un módulo de tres cubículos, yo me encontraba en el primero entrando a ese piso y en el tercero, en el fondo, se encontraba Florence, también rodeada de elementos de la Agencia Federal que reconozco como los mismos que un día antes –ocho de diciembre de dos mil cinco–, nos secuestraron a ella y a mí. Asimismo, entre ese grupo de personas se encontraba Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con otras personas masculinas de estatura alta y de trajes” (Tomado de la Ampliación de Declaración del procesado Israel Vallarta Cisneros el 10 de julio de 2008 ante el Licenciado Eusebio Zárate Silva secretario encargado del despacho por autorización del H. Consejo de la Judicatura Federal, en Ramírez L., A. y Mazo D., M.I., Dictamen pericial, 2016, p. 81).

Momento 3

“Cuando pasé la primera vez hacia los archiveros y yo veo a Eduardo (refiriéndose a Eduardo Cuauhtémoc Margolis) ya me queda claro por qué o por quién, todo lo que me había pasado, desde la detención, pasar por la tortura, estar en el rancho, este… lo vi, sí, en el estacionamiento, lo vi a Eduardo en el estacionamiento, vi la figura de él y la de otra que estaba calva y confirmé ya estando en el ministerio público, como que se me desveló él. Yo comprendía que se estaba cometiendo una infamia contra nosotros, pero no veía el origen, no veía yo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra quién? Y ahí me di cuenta…” (Dictamen pericial, p.158).

En “el Estacionamiento”

En el lugar que Israel Vallarta describe como “El estacionamiento” sufrió una de las torturas más brutales por parte de los agentes de la SIEDO, en las que participó Eduardo Margolis propinándole fuertes patadas en las piernas.

“… (un agente) me golpea en el costado derecho cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado, hijo de tu puta madre, me tiró una cubetada con agua sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho, sosteniéndome la cara y me pone un trapo húmedo con una sustancia que puedo haber sido acetona o algo semejante pero no me dejaba respirar, otra persona se hincó sobre sus rodillas colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome dolor, otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz provocándome asfixia, en tanto que otra persona sobre mis plantas de mis pies, puso un cartón y me golpeaba fuertemente con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome que se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados y seguían golpeándome… Sangré de la boca, o de la nariz, supongo, porque me tragaba mi sangre” (Dictamen pericial, p. 44).

En relación con los toques eléctricos.

“Pues no era un toque en todo el cuerpo aunque estaba yo bañado en agua, era… eran como pellizcos por ejemplo cuando me lo ponían entre el testículo y la pierna es como si me mordieran, de esas pinzas de caimán, entre esta parte y el testículo y además un dolor que se me paralizaba la pierna, y si me lo ponían por acá (indica el cuello) entre el hombro y el cuello era un pellizco muy fuerte, sentía como la contracción y a veces lo sentía entre los dedos de los pies y un testículo, no quiero decir que si me lo ponían en los pies me dolía la oreja, no es cierto, no es cierto, eran más locales pero hubo un momento en que cuando yo me estaba retorciendo por los toques en los testículos, fue cuando esta tipa… este… primero estaba intentando penetrarme, pero no, yo cerraba el glúteo, pero cuando yo lo cerraba no me estaban poniendo toques en los testículos pero cuando me ponen toques en los testículos y hago esta contracción es cuando agarra y siento el jalón, entonces ya… sí tenía dolor en los testículos por las quemaduras, por el dolor, por la sensación pero en ese momento fue un choque de todo, fue un choque de todo, de dolor, de dignidad, de… humanidad, o sea, no soy un animal, ¿sí me explico? No soy un animal, no lo soy, en serio, no lo soy” (Dictamen pericial, p.31).

En la casa de arraigo

El 10 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue trasladado a la casa de arraigo, ubicado en el Eje 3 Morones Prieto, esquina con calle Doctor Barragán, colonia Doctores, de la Ciudad de México, en donde estuvo retenido 88 días, hasta el 8 de marzo de 2006.

De acuerdo con el dictamen, aquí también sufrió golpes, intimidación y amenazas de muerte y de desaparición, así como intimidación y amenazas contra los familiares que lo visitaban. Se le privó de medios de vida y se le mantuvo la mayor parte del tiempo aislado. En una de las golpizas, su verdugo hizo referencias directas a Eduardo Margolis.

“… eso te pasa por andar queriendo quedar bien con el hermano de tu noviecita metiéndote donde no te llaman; Eduardo también es nuestro socio –ahí es donde ya me dice Garza Palacios–, Eduardo es nuestro socio y no está solo, por eso te digo pendejo que ni tienes ni idea de con quién te metiste; –con esto confirmé obviamente, que todo de lo que se nos acusó y por qué yo vi la figura de Eduardo, ahora sí ya quedé yo convencido que la figura que yo vi cuando estaba yo con la venda, me moví el pedacito de venda y vi que era Eduardo y también al día siguiente de mi detención, el 9 de diciembre, este… en… la SIEDO ¿sí? afuera del cubículo como lo manifesté…” (Dictamen pericial, 2016, p.98).

Los perpetradores

El dictamen pericial colegiado en materia de tortura fue elaborado de 2015 a 2016, con la revisión y análisis de 21 documentales, que incluyen declaraciones ministeriales, amparos, y registros de audios, fotografías y material videográfico, entre otros documentos de relevancia. En este trabajo pericial, Israel Vallarta Cisneros identificó a seis de 14 perpetradores. Entre éstos, al expolicía federal Luis Cárdenas Palomino que lo torturó por horas y en diferentes ocasiones, a Eduardo Margolis, que le propinó patadas en el cuerpo y estuvo presente en otros eventos de tortura, y al periodista Pablo Reinah que lo abofeteó para el montaje televisivo.

“…la otra persona era Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol que era el socio de mi cuñado. Entonces ahí, de momento no sabía cómo explicar, porque no habló, pero yo asocié la figura, porque lo conozco, es mucho más alto que yo, no habló una sola palabra, pero al día siguiente estaba allí en los cubículos del Ministerio Público…”.

Las referencias a Cárdenas Palomino

En el dictamen se menciona al expolicía Luis Cárdenas Palomino 59 veces. Es señalado por Israel Vallarta como el mayor agresor y es quien en el rancho Las Chinitas, durante el montaje televisivo, daba órdenes al reportero Pablo Reinah y permitía que éste también lo golpeara.

MIMD:” ¿Hasta este momento, que fue lo peor que viviste?

IVC: Mire, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me golpearon… Entonces en el momento en que se queda Cárdenas Palomino dentro de la habitación… no, no puedo, no he podido sacar… no sólo me denigró como persona, sino como hombre, o sea, yo no soy un animal, yo jamás, jamás en la vida, he lastimado a alguien y menos al nivel que… en que me pusieron, ni mucho menos… tal vez discutía una orden de mis papás, de mis hermanos, ¡pero que alguien se haya ensañado! Los golpes sí fueron, golpes que me dolieron, me lastimaron, las quemaduras en los testículos fueron muy latentes, es algo que no les comenté, es algo muy latente, los lapsos en que me acomodaban para… para seguirme golpeando, cuando la penetración del palo, los toques en los testículos… ¿por qué no lo mencioné? Porque eso fue casi todo el tiempo, desde los primeros golpes hasta los últimos, en todas las posiciones posibles, era ponerme toques en los testículos, en la espalda, en el pecho, en los testículos, en la espalda, en el pecho…” (Tomado de trascripción de entrevista realizada el 11 de noviembre de 2015 a Israel Vallarta Cisneros por los peritos, en Ramírez L., A. y Mazo D. M.I., Dictamen pericial, p. 43.)

El debate de los peritos en la detención

El 9 de diciembre de 2005, el perito médico oficial de la SIEDO, Jorge Arreola Villarreal, elaboró y firmó el dictamen del estado físico de Israel Vallarta y Florence Cassez, bajo el folio 89590, en el que afirmaba que presentaba “lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.

Sin embargo, en el debate pericial que incluye el dictamen de los derecho-humanistas, uno de los cuestionamientos de Ramírez López y Mazo Duarte fue que el tiempo que utilizaron para examinar y elaborar los dictámenes de Vallarta y Cassez, el cual no superó los diez minutos, y el segundo examen sólo era una transcripción literal del primero.

Un siguiente perito médico de la SIEDO que continuó con las revisiones periódicas a Vallarta, el Dr. José Antonio Viveros Orozco, bajo el folio 90065 y con fecha del 10 de diciembre del 2005, señaló con la misma transcripción que se trataba de lesiones que tardaban en sanar en menos de quince días. Los peritos en derechos humanos, por su parte, cuestionaron que a pesar de ser un perito distinto “no actualiza la evolución de las lesiones y sólo se concreta simplemente a continuar realizando una mera trascripción literal de los exámenes previos”.

Cuatro días después de las torturas en la detención, el 12 de diciembre de 2005, Israel Vallarta fue examinado por un tercer perito, el Dr. Pedro Galicia Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el folio 57768-57769. Éste señala que Vallarta Cisneros “presenta lesiones que por naturaleza y características no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”. No obstante, este perito agrega que el estado emocional del detenido es “perturbado” y describe que tiene lesiones producidas por un objeto transmisor de corriente eléctrica. No da más especificaciones. En el dictamen de los peritos Ramírez y Mazo, en cambio, describen que Israel fue quemado con toques eléctricos en los testículos.

Los peritos Ramírez López y Mazo Duarte además señalaron en su dictamen que ya ese día, el perito de la CNDH describe las lesiones y su evolución, aunque no las evalúa y omite también la dificultad que tenía Israel para deambular, debido a la tortura que consiste en “golpear las plantas de los pies con un palo, lo que produce un proceso inflamatorio agudo de los cojinetes de grasa y tejidos de soportes del pie, que es muy doloroso y no deja ninguna huella en la piel de las plantas de los pies”.

Las mentiras de Margolis en audiencia judicial

En juicio, Eduardo Margolis fue interrogado por la defensa de Israel Vallarta sobre su asistencia a la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Pero al respecto, Margolis señaló que no recordaba, que tenía negocios con la SIEDO y acostumbraba a realizar estas visitas. Sin embargo, fue desmentido con el registro de su acceso a las instalaciones de la PGR y por oficios de Transparencia que revelaban la inexistencia de contratos con esta institución.

De acuerdo con la revista Proceso, en un reportaje publicado el 20 de marzo de 2012, Eduardo Margolis envió una carta en 2009 a la revista como derecho de réplica por las declaraciones de Israel Vallarta sobre sus relaciones íntimas y las amenazas, así como el porqué de su presencia en la SIEDO el día de la detención de Vallarta y Cassez:

“… dichas imputaciones son falsas, toda vez que no conozco al Sr. Israel Vallarta, y en consecuencia, no he tenido ninguna relación de amistad o de negocio con dicha persona”. Y añadió: “No soy jefe de seguridad de ninguna comunidad, ya que me dedico a ejercer el comercio de manera lícita” (Campa, H. y Carrasco, J. 2012, marzo 20, Caso Cassez: el misterioso Margolis, personaje clave, Proceso).

Sin embargo, en el mismo reportaje de Proceso se cita el libro Peines mexicaines, de Alain Devalpo y Anne Vigna (Grijalbo, 2010) en el que se desmiente a Margolis sobre las dos fechas claves de su estancia en la SIEDO:

“…el 13 de septiembre de 2005, día de la primera declaración de la estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y posterior liberación derivó en la detención de Vallarta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y Cassez fueron conducidos a dicho inmueble (SIEDO) tras el montaje televisivo” (ídem).

Los periodistas Devalpo y Vigna tuvieron acceso al registro de entradas a la SIEDO y revelaron que Margolis se había presentado el 9 de diciembre a las 14:30 horas y había salido de allí a las 15:11 horas. El número de gafete de entrada que recibió fue el 012 y dijo que iba a visitar al licenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

La referencia del reportaje indica que el 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a declarar en calidad de testigo al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, siendo Olga Sánchez Cordero, la juez al frente del caso, hoy titular de la Secretaría de Gobernación. El abogado defensor de Israel Vallarta, Héctor Trujillo Martínez, preguntó en juicio a Margolis sobre su relación con éste. Y la respuesta de Margolis fue negarlo. Dijo que no lo conocía, pero sí a Florence, debido a que es hermana de su exsocio Sebastien Cassez.

“Aseguró que la había visto dos veces en su vida. Cuando Trujillo le preguntó por qué había ingresado al inmueble de la SIEDO el 13 de septiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de ese mismo año, Margolis dijo primero que no se acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de registro de ingresos, señaló:

“Normalmente voy a la oficina que está frente al Monumento a la Revolución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios” (ídem).

El disimulo de las autoridades

En la investigación en formato de libro de la periodista Emmanuelle Steels titulada El teatro del engaño, Cassez-Vallarta: historia de un montaje (Debolsillo, 2016) se retratan de manera precisa las actitudes psicóticas de Eduardo Margolis y refiere explícitamente a su venganza contra Israel Vallarta y Sebastien Cassez.

“A alguien se le ocurrió hacer una telenovela porque se veía muy bonito que un mexicano secuestrador tuviera una novia francesa, se enfurece Margolis. “Y eso no implica que Israel fuera culpable. Pero de todas formas le van a dar 200 años de cárcel” (Steels, 2016, p. 194).

En este trabajo ignorado por las autoridades, la periodista identifica los papeles que juega cada personaje en la trama de la fabricación de culpables para armar el “teatro del engaño”, y Margolis, de acuerdo con sus propias palabras según lo referido en el libro, “le había tocado hablar de la familia Vallarta y de los secuestros dirigidos desde la cárcel”.

La investigación de Steels ha sido una de las más comprometedoras para Margolis que evidencian su falsedad de declaraciones judiciales, tergiversación de los hechos, e incluso confirma sus amenazas de secuestro contra la esposa de Sebastien Cassez y sus hijos, y también acepta que fue él quien ordenó la detención de Israel Vallarta como un acto de venganza, y que no tenía nada contra Florence.

“… Margolis admitió que, efectivamente, él había solicitado la detención. Pero solamente había querido actuar contra los Vallarta” (Steels, 2016, p. 195).

Y vuelve a mentir en la entrevista dada a Florence Cassez para su libro Nada encarcela la inocencia, referenciado por Steels:

“Dijo que él había ido en persona para recuperar los coches al taller mecánico del hermano de Israel y se habría dado cuenta de que formaban parte de la familia de Arturo, “un hombre que habíamos matado durante una operación para salvar a un secuestrado” (Steels, 2016, p.195).

De nueva cuenta es desmentido por la voz de Florence:

“… Sin embargo, los coches de Margolis se encontraban en un garaje, en el edificio de un amigo de Israel, y no en el taller mecánico de René. Por otro lado, un hermano de Israel efectivamente había sido asesinado años antes, en el 2000, pero no fue en el rescate de un secuestrado imaginario. Arturo Vallarta fue asaltado a plena luz del día cuando estaba caminando en la calle…” (Steels, 2016, p. 195).

Inexistencia de contratos entre Margolis y la SIEDO

Los Ángeles Press, para este trabajo de investigación, encontró dos solicitudes de información sobre los supuestos contratos que Eduardo Margolis decía tener con la Policía Federal y la SIEDO, en el período de 2001 a 2012, y con lo que justificaba su presencia en la SIEDO durante la detención de Israel Vallarta.

En respuesta a la solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la entonces PGR, con el oficio número SJAI/DGAJ/10375/2012, con el folio 0001700178112, señaló que:

“La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dijo que “no obra contrato celebrado en materia de adquisiciones y/o servicios a nivel central (no delegacional) con las personas morales solicitadas cuya área requirente haya sido la SIEDO”.

Las personas morales referidas en el oficio eran siete de las 14 empresas que Eduardo Margolis, decía tener. La respuesta de la SIEDO se sometió a un Comité de información de la misma institución, la cual determinó que:

“confirma la declaración de inexistencia de información manifestada por la Oficialía Mayor”.

Y por su parte, la SIEDO reitera que:

“al realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontró antecedente alguno de la información requerida”.

La Policía Federal, a través de la Dirección de Enlace, señala de igual manera que: “no se encontró registro, documento o constancia relacionada con lo solicitado, razón por la cual, se declara la inexistencia, indicando que la búsqueda de la información dentro del rubro temático sección de recursos materiales…”.

La industria del secuestro: Margolis, García Luna y Wallace

El primer secuestro en la Ciudad de México relacionado con el apellido Margolis fue el 24 de mayo de 1998. Un secuestro que se perpetró en 4 minutos, duró 24 días y cobró una recompensa de 5 millones de dólares. La víctima regresó a su casa ilesa. Era Eliot Margolis Freedman, director de la agencia de autos Chrysler.

Dos meses después, el 17 de julio de 1998, Isabel Miranda caía en la cárcel por homicidio en grado tentativa contra un trabajador de Tlalpan, que retiraba sus espectaculares en una zona protegida, montado en una grúa. Miranda y su hijo Hugo Alberto cortaron las mangueras de la grúa causando la caída al trabajador, que logró sobrevivir. Hugo Alberto huyó, y solo detuvieron a Miranda, quien salió de prisión cinco días después.

Un mes más adelante, el 17 de agosto, el área de Secuestros del CISEN detenía al primer secuestrador que usaba celular, cuando su uso era muy restringido por el alto costo. Se trataba de Daniel Arizmendi, expolicía de Morelos al que apodaban “El Mochaorejas”. Por su parte, el investigador Tomás Borges, en su libro Diario de un agente encubierto (Planeta, 2013), afirma que esta detención –lograda a través del espionaje de conversaciones telefónicas– convertiría al área de Secuestros en el principal pilar de la promoción política de García Luna. Para el 2001, ya con la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, García Luna tenía autorizado el presupuesto y autoridad a discreción para dirigir esta misma área dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.

Para entonces, Isabel Miranda había dejado de invadir terrenos ecológicos de Tlalpan, pero coincidió en 2001 con personajes selectos entrenados en Israel en temas de seguridad y espionaje. Se trataba de Eduardo Margolis y el mismo Genaro García Luna, que se movían entre el CISEN y la PGR. El abogado de Miranda, Ricardo Martínez Chávez, incursionaba en Secuestros como agente del ministerio público, y se hacía cargo de la investigación de secuestro de las hermanas de Talía, Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Sin tener nada que ver en el asunto, Isabel Miranda acompañaba a las hermanas de Talía, en su calidad de víctimas, que tiempo después trascendió habían sido secuestradas por los mismos agentes de la recién creada AFI como un experimento de entrenamiento. Al mismo tiempo que Isabel Miranda, en el 2001 también surgía otro personaje involucrado en los experimentos de seguridad a quien presentaron como héroe anónimo: Eduardo Gallo y Tello, quien en ese mismo año fue apoyado por García Luna con equipo técnico, vehículos y comando para ejercer venganza fatal contra los secuestradores de su hija en Morelos, ejecutando a tres secuestradores y a la madre de otro, junto con un hermano y sobrino de 4 años que nada tenían que ver. Los pagadores de los crímenes de Eduardo Gallo son dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, a quienes detuvo de manera ilegal, torturó y encarceló por su propia cuenta, y aún permanecen en prisión desde entonces.

Para 2004, Isabel Miranda ya presumía charola de Seguridad pública, y salía y entraba de la secretaría y la SIEDO, como si fuera su casa, y se preparaba para la fabricación del secuestro de su hijo.

Simulacros de secuestros y héroes

Los entrenamientos de Genaro García Luna en Israel y las relaciones de Eduardo Margolis con la Embajada israelí en México creaban sinergias. Una de estas acciones era la de dar legitimidad a la simulación de secuestros, resolverlos, cobrar recompensas y generar un impacto mediático favorable a la figura de García Luna, y a quienes participaban con él. Esto se fortalecía con el espionaje y monitoreo de llamadas para controlar a los “pagadores” o falsos culpables y sus familiares que buscaban justicia.

 Así empezó a surgir la “sociedad civil” que al sexenio siguiente aplaudiría a Felipe Calderón. Un desfile de supuestos activistas que se habían dado a conocer algunos como víctimas, otros como héroes y heroínas. María Elena Morera, Eduardo Gallo, Rosi Orozco, Teresa Ulloa, Norma Ledezma (de Chihuahua), Javier Sicilia y una larga lista, incluyendo, por supuesto, a Isabel Miranda y al mismo Eduardo Margolis.

La imagen de Eduardo Margolis fue promovida en la comunidad judía al grado de la cursilería y lo grotesco. Notas de prensa en Enlace judío lo describían como “escudo protector”, el “ángel salvador”, “la leyenda Margolis”, “el jefe de seguridad de los judíos”, incluso llegaron a compararlo con el Gólem que los salva, y tal como cuenta la leyenda, “el gólem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable”, pero también selectivo, y no dudó en convertirse en el terror de la misma comunidad judía.

Cuando Isabel Miranda acusó falsamente a Jacobo Tagle Dobin, el 13 de julio de 2005, ante la entonces PGJDF, de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis no sólo dio la espalda a Jacobo, siendo de la comunidad judía, sino que ayudó a Isabel Miranda con equipo de espionaje y tráfico de influencias para detener y torturar a Jacobo, a sabiendas que era inocente, permitiendo además la expropiación de la casa de la madre de Jacobo, Raquel Dobin y la detención ilegal y encarcelamiento de su hijo adolescente, Salomon Tagle Dobin.

En el circulo rojo se identifica a Salomón Tagle Dobin, cómo fue exhibido por Isabel Miranda, siendo menor de edad en ese entonces.

Estos hechos fueron narrados por Raquel Dobin trece años después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, en conferencia de prensa, el 10 de diciembre de 2018, en Cencos, Ciudad de México, organizada por esta periodista por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Antes era imposible por el miedo que tenían las madres de las víctimas. En la conferencia de prensa, ante una veintena de reporteros que la cubrieron sin publicar nada, la madre de Jacobo narró a detalle cómo fueron aterrorizadas por el agente de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, y un grupo de agentes encapuchados con armas largas, al servicio de Miranda. Allanaron su casa, pateando puertas; a ella, a su madre y a su hija las encerraron en una habitación sin baño, durante todo el día, las encañonaron, las maltrataron, las insultaron y los agentes robaron de la casa lo que quisieron.

En 2015, cuando Los Ángeles Press la entrevistó por la fabricación del caso Wallace, aún tenía miedo de salir en cámara con su nombre por el rechazo que ha tenido de la comunidad judía gracias a Margolis y su alianza con la victimaria de su hijo. Hasta la fecha no ha podido recuperar su casa, expropiada sin ninguna justificación por la SIEDO.

Conferencia de prensa sobre el caso Wallace, 10 de diciembre de 2018. Al micrófono, Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, la periodista Guadalupe Lizárraga, el presentador Ricardo Ávila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el periodista José Reveles.

Margolis, el origen de todo: George Khoury

En llamada telefónica a esta periodista desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Uruapan Michoacán, George Khoury Layón narró cómo vivió el terror de Eduardo Cuautémoc Margolis Sobol, y le atribuye a él en alianza con Isabel Miranda, las detenciones arbitrarias, la tortura y el encarcelamiento injusto en 2009.

“Margolis es el origen de todo. Era íntimo de Genaro García Luna, e hicieron muchos, muchísimos negocios, de Inteligencia y de cámaras para los ceferesos. Este señor se dedica a eso, al espionaje, él tiene su fachada de blindaje en avenida Mazarik, pero en realidad es una fachada. Él se dedica al espionaje”, señala de prisa Khoury.

Y Wikileaks le da la razón. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados liberó un millón de correos electrónicos en 2015 de un proveedor italiano de malware de vigilancia, Hacking Team, que fue objeto de escrutinio internacional. Entre estos, exhibía el intercambio que tuvo Eduardo Margolis, del 6 al 12 de diciembre de 2013, con integrantes de esta compañía de espionaje global.

En los mensajes, Margolis alude a la compra de un software de la empresa italiana:

“Nos pusimos en contacto contigo ya que tenemos un gran proyecto en México con una Institución del Gobierno Federal que tiene interés en comprarnos un software desarrollado por ti, que según entendemos se conoce como DaVinci Infection System…”.

En este intercambio de mensajes, Margolis envía un PDF con información corporativa de Epel, SA de CV y enfatiza que tiene experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno de México para llevar a cabo el proyecto de vender el software de vigilancia.

“Asumimos que para tomar la decisión de negociar con nosotros es importante que conozcas de nosotros, por eso te estamos enviando nuestra presentación corporativa en la que puedes observar que Epel cuenta con la experiencia técnica, capacidad financiera y relaciones de alto nivel en el gobierno mexicano para llevar a cabo este proyecto…”

Cuando Los Ángeles Press preguntó a George Khoury Layón, por qué él fue afectado por Margolis, respondió que se debió a su negocio ya desaparecido Cronic Garden, ubicado en Polanco, en medio de la comunidad judía. Khoury Layón no es judío, y al tratarse de un giro de discoteca, los vecinos se quejaron con Margolis del constante escándalo.

“Mi negocio estaba pegando fuertísimo, y estaba en una plaza de los judíos, entonces ellos querían que quitara mi lugar porque estaba echando mucho desmadre. Iba mucha gente de todo el mundo, y de todo tipo, ya sabes, diputados… de todo tipo. Entonces los judíos se empezaron a quejar y se quejaron con él (con Margolis); entonces iba mucho Ben Sutchi, de los judíos que mataron en Plaza Artz, los israelitas que mataron, eran mis clientes, entonces este señor detiene a esos judíos que tenían ficha roja por Interpol, los detiene, y uno de ellos dijo que era mi amigo, que era mi cliente, y a mí me hablan y me amenazan que me iban a meter a la cárcel y me empiezan a aventar a la policía, pensando ellos que yo era uno de ellos, que eran mis socios, y jamás, me entiendes, eso nunca existió y yo tengo prueba de ello, pero este señor se aferró y me empezó a mandar la policía, y a que cerrara mi lugar, y pretexto y pretexto, y ya empezó el problema personal con él. Por eso me embarraron de tantas cosas. Mi primera detención fue ahí, en 2005 cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero por órdenes de Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”.

Pero la detención fue cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, acotó esta periodista.

“Así es, ellos ya tenían contacto (Isabel Miranda y Eduardo Margolis), sí claro, ya estaban juntos, porque estaban supuestamente en contra de los secuestradores, pero es un hamponzazo, un hamponzazo”, concluye Khoury Layón.

Los contratos reales de Margolis

De acuerdo con documentos de Transparencia, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, por medio de su empresa Epel, SA de CV, es proveedor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde 2018, con el número de control interno 4041-16.

La unidad responsable de su operación es la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, que según su sitio digital “tiene la función de regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, para garantizar que dichos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, seriedad, profesionalismo y respaldo jurídico-financiero, en beneficio de la población”.

Por último, Eduardo Margolis tiene cinco procesos abiertos, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México. En todos es el demandante, incluso uno de los procesos en contra un miembro de la comunidad judía. Se trata de Bernardo Sefchovich Asingarz, casado con Elisa Sissa Israel, quien es socia, junto con su familia, de una compañía de seguridad internacional que también tiene contratos en Querétaro y Nuevo León.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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Investigaciones

Sanjuana Martínez, protegida de AMLO y amante de las buganvilias, viola leyes federales desde Notimex 

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Por Rivelino Rueda 

Sanjuana Martínez Montemayor le dedica más tiempo a cuidar de sus buganvilias que a tomar medidas ante el hacinamiento y los potenciales contagios de Covid-19 en los casi 250 trabajadores que van a laborar, en la clandestinidad, a la bodega de África 15.

La pandemia, los contagios al alza en todo el país, la instrucción del gobierno federal de “quedarse en casa”, en ese momento no interesan a la directora general de Notimex. Lo importante es el aspecto de las flores de ornamento que instala cuidadosamente en su nueva oficina.

Un sanitario de tres por tres metros para casi doscientas cincuenta personas, en tres turnos. Mujeres y hombres compartiendo el mismo cuarto hediondo de materia fecal y orines fétidos, sin papel higiénico, sin jabón, a veces sin agua.

Diez cámaras de videovigilancia para “tomar medidas drásticas” ante cualquier movimiento sospechoso, más parecidas al espionaje que a un control para la seguridad de los trabajadores. Los “focos de alerta” ante jornadas laborales clandestinas, a sabiendas de que se está violentando el estado de huelga legítima en la agencia.

Martínez, sin ninguna sanción, ha violado leyes federales. Entre éstas, la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, e incluso el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas pisoteadas de la manera más cínica.

El engaño, la mentira y el chantaje como carnada para justificar el ejercicio discrecional de 222 millones de pesos del presupuesto asignado para 2020.

Y es que todo se puede en esta administración si uno es “protegido” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sanjuana Martínez lo sabe y por eso le dedica más atención a sus buganvilias que al personal que labora en el organismo que supuestamente preside.

El grupo de incondicionales, a pie juntillas, prestos a cumplir la triple labor dictada por “La Patrona”: reventar la huelga a como dé lugar, fomentar campañas de odio hacia los críticos y los trabajadores en paro, así como fungir como virtuales capataces en la “sede alterna” que, supuestamente, es invisible para todos, hasta para las autoridades hacendarias, a quienes se tenía que notificar sobre su arrendamiento.

Sanjuana Martínez riega sus buganvilias con esmero, con harto amor, en su nueva oficina de África 15, en el Barrio de La Concepción, de la Alcaldía Coyoacán, alejada de la realidad.

Pero nada salió como la funcionaria esperaba.

Incluso, se fue por la borda la instrucción de no dejar huella sobre las labores ilegales que se desarrollaron en ese inmueble y, sobre todo, el reporte que -por obligación- tenía que hacer Notimex sobre la renta de ese sitio.

¿Leyes laborales? ¿Para qué?

Martes 17 de marzo de 2000.  

A la señora que ama las buganvilias y la tranquilidad en su oficina particular le urge cerrar el paso a los huelguistas de Notimex. Es tanta la obsesión de ganar la partida, a costa de lo que sea, que dicta la orden para presentarse a trabajar en unas oficinas alternas.

Busca esquiroles, materializa un sindicato blanco, regaña (la palabra más exacta es “humilla”, de acuerdo con testimonios de editores, reporteros y fotorreporteros que laboraron en Notimex) a sus más cercanos. Siempre saca a relucir el cobijo que tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en ese afán de actuar por las malas, sin importarle las leyes laborales, y querer doblegar a “sus enemigos” y “detractores”, ordena la renta de un inmueble para aparentar que en la agencia —que se fundó en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México—, las cosas marchan a la perfección.

“COMUNICADO URGENTE/ Todos me confirman de enterado apenas lean/ Mañana todos a las 9:00 en África 15, La concepción (sic), Coyoacán/ Menos los colegas de la madrugada/ Que irán en la noche a hacer su turno normal Será un día atípico que romperá por completo nuestra dinámica/ Pero ni modos/ Es la indicación/ Supongo se dará información y luego quizás los de la tarde puedan partir y regresar a su turno” (sic).

José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, replica la instrucción a los reporteros de esa área a las 21:55 horas de aquel día, vía mensaje de WhatsApp en un grupo denominado “Internacionales tod@s”.

En unas horas, las autoridades sanitarias reportarán la primera muerte por Covid-19 en México. Los casos confirmados por coronavirus en el país ya llegan a 118, un incremento del 26 por ciento respecto al día anterior. Pero no. A Sanjuana Martínez le gana la paranoia y ordena laborar, en tres turnos, en una bodega sin ventilación ni los más elementales protocolos de medidas sanitarias.

Ingrid Sánchez Pulido, trabajadora en activo de Notimex, de la Sección de Noticias Internacionales, recuerda que los directivos de la Agencia convocaron a laborar en la bodega de África 15 “unos días antes de que el gobierno federal decretara el confinamiento de la población por la pandemia de Covid-19, y luego el anunció de la emergencia epidemiológica”.

“Fue el 18 de marzo cuando convocaron a la sede de África. Recuerdo que hubo inconformidad con esa medida porque entre nosotros nos preguntábamos que por qué se estaba llamando a todos los trabajadores a quedarse en casa y a nosotros se nos estaba regresando a laborar” detalla.

La periodista puntualiza que en ese bodegón de la alcaldía Coyoacán estuvieron trabajando unos días, pero “el gobierno federal emite la emergencia epidemiológica y las medidas de confinamiento, y de nuevo nos dan la indicación de trabajar en casa hasta el 8 de junio, que es cuando la Junta de Gobierno reconoce la huelga”, apunta la periodista.

Declaración patrimonial de Ingrid Pamela Sánchez Pulido 

Las irregularidades

La primera de una serie de irregularidades en las que ha incurrido Sanjuana Martínez en los últimos 514 días de paro de labores en la Agencia de Noticias del Estado mexicano está en marcha.

Miércoles 18 de marzo, a las 00.33 horas.

Un trabajador de Notimex de la Sección de Noticias Internacionales, que opta por el anonimato, envía otro mensaje al chat de Whatsapp en cuestión:

“Este es el bueno: Mensaje a todos esperando les sirva: la forma más directa es llegar al metro Tasqueña y tomar cualquier transporte que se vaya por Migue Angel (sic) de Quevedo, bajándose donde está un Vips y atrás un Superama, en el cruce con Pacífico hacia el sur o América al nororiente. Africa (sic) está a una calle del Vips y separa a este del Superama, además sale a Miguel Angel (sic). Si a alguien le queda por el metro verde línea 3 (sic), se baja en Metro Miguel Angel (sic) y toma cualquier transporte hasta América o el Vips, se baja ahí, donde está la gas, y se cruza y sigue las instrucciones de arriba. Para mayores señas, Pacífico termina o empieza, según les guste, en ese cruce del Vips, donde a su vez comienza América. Buenas noches”.

 

 

Una desaforada carrera a contrarreloj cunde entre los mandos de Notimex. Son horas vitales para –según Sanjuana Martínez—“mostrar el músculo” ante los huelguistas.

Es el demostrar que la Agencia de Noticias sí labora (con esquiroles, con un sindicato blanco creado ex profeso, en una “sede alterna”) a pesar de la huelga, sin importar que esto conlleve a otro exceso jurídico, el de la violación de la misma Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que en el Artículo 13, Párrafo X, puntualiza:

“Son facultades indelegables de la Junta de Gobierno (de Notimex, autoridad suprema de la Agencia) establecer las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, en los términos de la legislación aplicable”.

Y sí. La señora que ama las buganvilias se saltó a la “autoridad suprema de la Agencia”, la Junta de Gobierno, para cumplir su capricho de “mostrar el músculo”.

Sanjuana ignora responsabilidades

Obligada por ley a informar a la autoridad hacendaria federal sobre el arrendamiento de bienes inmuebles para actividades propias de la institución pública que lo requiera, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, que preside Sanjuana Martínez Montemayor, incumplió con ese requisito oficial y, de paso, violentó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Agencia de Noticias rentó, entre marzo y noviembre de 2020, una oficina alterna para laborar clandestinamente (ya que trabajadores de Notimex se encuentran en huelga desde hace 16 meses) en un inmueble ubicado en la calle de África 15, en el Barrio La Concepción, en la Alcaldía Coyoacán, de la Ciudad fue de México.

Cabe mencionar que el Artículo 12 del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano señala que “la o el titular de la Dirección General contará con las siguientes obligaciones: “Párrafo VI. Proponer ante la Junta de Gobierno la apertura, el cierre o la reubicación de oficinas y/o corresponsalías de la Agencia en territorio nacional o en el extranjero”.

De acuerdo con dos solicitudes de información que presentó Los Ángeles Press al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para conocer si Notimex había notificado sobre el arrendamiento de las oficinas en la Calle de África 15, el organismo respondió a la primera solicitud el pasado 31 de mayo:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se realizó la búsqueda en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación, el registro del contrato por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, del inmueble ubicado en la Calle África No. 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04029, no encontrado registro alguno por parte de esta institución”.

Solicitud de documentación a INDAABIN 

***

En la segunda solicitud de información, con el Folio 2700100009621, enviada el 11 de junio de 2021, Los Ángeles Press buscó ampliar la información y preguntó cuántas solicitudes de arrendamiento había realizado Notimex en el periodo del 21 de febrero de 2000 (fecha en que estalló la huelga en el organismo) al 10 de junio de 2021.

El INDAABIN, con fecha del 14 de junio de 2021, la autoridad respondió:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se anexa en Disco Compacto (CD) que contiene la relación de los 19 contratos de arrendamiento registrados en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación con corte al 14 de junio de 2021, por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en su calidad de arrendataria, que contiene los siguientes criterios:

“Folio. Arrendatario. Estado. Alcaldía/Municipio. Colonia. Calle. Número Exterior. Número Interior. Código Postal. Uso Inmueble. Área Ocupada M2. Monto Pago Mensual. Fecha de Contrato Desde. Fecha de Contrato Hasta”.

Segunda solicitud de información al INDAABIN 

En un anexo aparte, el INDAABIN notificó con una tabla de los arrendamientos solicitados por Notimex desde 2009 a la fecha, en donde destaca que el único arrendamiento que se realizó el año pasado fue el de las oficinas ubicadas en Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre la notificación de la renta de las oficinas en la Calle de África 15, no aparece ningún registro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en ese periodo.

En el apartado 11 de la tabla se especifica que el único arrendamiento en 2020 es de las oficinas que, desde el 21 de febrero del año pasado, mantienen cerradas los trabajadores de Notimex en huelga, en Avenida Baja California 200, así como campamentos en la sede original de la Agencia, en la calle de La Morena 110, Colonia Del Valle Norte, en la Alcaldía Benito Juárez, y uno más en la de la Calle África 15.

Las oficinas de Avenida Baja California # 200 fueron rentadas por Notimex luego de los sismos del 8 y 19 de septiembre de 2017, ya que el inmueble de la calle de La Morena resultó dañado. El área ocupada en ese edificio, de acuerdo con lo que notificó la Agencia al INDAABIN, es de 2,757 metros cuadrados, con una fecha de contrato desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, y con un monto de pago mensual de arrendamiento de 509,996 pesos.

Servidores públicos, sin dar la cara

Diez cámaras de videovigilancia coronaban las oficinas clandestinas de Notimex, en África 15. Un ambiente de paranoia y persecución era lo que se vivía en ese inmueble, según testimonios de reporteros que trabajaron en ese sitio.

Todo era controlado y todo era objeto de sospecha. Todos eran potenciales espías y desestabilizadores. El más mínimo movimiento era vigilado. Una llamada, un mensaje, un correo electrónico, eran motivo de las más grandes sospechas…

Y Sanjuana Martínez cuidaba sus flores, cuando iba al local.

Para contar con su versión, Los Ángeles Press buscó, a través de sus correos electrónicos institucionales, a la directora general de Notimex, San Juana Martínez Montemayor; al encargado de Despacho de Administración y Finanzas, Martín Rolando Alarcón Meléndez, y al encargado de Despacho de la Subdirección de Administración, Martín Rosado Huitz.

Correos electrónicos solicitando entrevistas a Sanjuana Martínez y otros servidores públicos. 

También, a la encargada del Órgano de Control Interno de Notimex, Juana Verónica Osorio Cuevas, así como al encargado de la Dirección Editorial, Carlos Agustín Lozano Delgado.

Los correos electrónicos enviados para tener su opinión sobre este asunto se enviaron el viernes 11 de junio, cuando este medio digital había recibido la respuesta del INDAABIN a la primera solicitud de información. Hasta la entrega de este texto, ninguno de los funcionarios había respondido a la petición de entrevista.

Obligaciones adminsitrativas evadidas por Sanjuana

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con su portal de internet, es un organismo público desconcentrado de la SHCP, cuyo objetivo es “administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar una Administración Pública que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo”.

A este organismo lo rige el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual contó con nuevas adiciones mediante el decreto que reformó diversas disposiciones de este ordenamiento, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2012, así como como el 12 de enero de 2017.

La legislación modificada puntualizó, en el Artículo 10 de dicho Reglamento, que es atribución de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria:

“Apartado XIV. Determinar el mecanismo para que las dependencias y entidades capturen en la página de internet que el Instituto destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con carácter de arrendatarias, con el objeto de que los órganos internos de control consulten dicha información para verificar si el monto de la renta y la vigencia de cada contrato se sujeta a la normativa aplicable”.

En ese sentido, el INDAABIN implementó el Sistema de Arrendamientos y Otras Figuras de Ocupación, con el propósito de que las instituciones públicas capturen los datos respectivos a los contratos de arrendamiento que celebren bajo el carácter de arrendatarias, a fin de dar cumplimiento al numeral 165 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, que contó con una última reforma el 5 de abril de 2016, y que a la letra señala:

“165. Las Instituciones Públicas deberán capturar los datos correspondientes a los contratos que celebren en su carácter de arrendatarias, en la página web que para estos efectos tiene el propio INDAABIN, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento respectivo”.

Todas estas obligaciones administrativas fueron evadidas por la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, bajo la dirección de Sanjuana Martínez.

Arrendamientos ilegales

Aunque los mandos de Notimex, comandados por la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, han intentado eliminar por todos los medios posibles –incluso con amenazas, como la que sufrió la periodista y trabajadora en activo de la Agencia, Ingrid Sánchez Pulido—cualquier vestigio que los vincule con la renta de la bodega en África 15, al final han dejado diversos rastros de este arrendamiento fuera de la ley, sobre todo porque el organismo se encuentra en una huelga constitucional desde el 21 de febrero de 2020.

Borrando huellas en redes sociales, bajando datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), armando campañas de odio y descalificaciones contra periodistas, funcionarios y trabajadores en huelga que han cuestionado la gestión de Martínez Montemayor, amagando con presentar demandas; tergiversando hechos; ofreciendo entrevistas “a modo” sólo a medios afines a la Cuarta Transformación, a la dirección de Notimex se le han pasado detalles elementales para ocultar las innumerables irregularidades que se han dado en la gestión de Sanjuana Martínez al frente del organismo.

Y sí. A pesar de que los directivos de la Agencia de Noticias del Estado mexicano contaron con un presupuesto en 2020 por 222 millones de pesos, y otros 218 mil 521 millones 407 pesos de recursos públicos para ejercer a discrecionalidad y sin rendir cuentas en este 2021, como lo reportó Los Ángeles Press el 22 de junio en el reportaje titulado “Sanjuana Martínez erogó total del presupuesto 2020 de Notimex, en huelga; 222 mdp sin transparentar”, no pudieron evitar que al menos dos trabajadores de ese organismo hayan notificado, en sus declaraciones patrimoniales del año pasado, que laboraban en las oficinas clandestinas de África 15.

El primer caso es el del trabajador Miguel Ángel Alba González, quien en su declaración patrimonial del año pasado anotó esa dirección en el documento oficial, que incluso es verificado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en ese entonces estaba al mando de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La fecha de recepción de dicha declaración patrimonial fue el 17 de agosto de 2020, en donde Alba González declara que su nivel jerárquico es el de “director editorial”, con el cargo de “editor AA” y su función principal era la de “redactar información”.

Declaración patrimonial de Miguel Ángel Alba González

Un segundo caso es el del trabajador José Cristóbal Torres Márquez, acreditado como “reportero” en la “Sección Cultura”, área que aún no se sabe si coordina Mario Bravo Soria o Víctor Roura Pech, ya que ambos se asumen como titulares de esa sección de la Agencia.

Torres Márquez presentó esta declaración patrimonial el 29 de mayo de 2020. En el documento destaca que no está contratado por honorarios y que el domicilio del empleo, cargo o comisión en México es en “África 15, La Concepción, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04020”.

Declaración patrimonial de José Cristóbal Torres Márquez.

Notimex, se olvida de la austeridad

Una fecha clave en esta historia de caprichos y sistemáticas violaciones a la ley por parte de Sanjuana Martínez Montemayor es el viernes 18 de septiembre de 2020.

Ese día, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por la Secretaría de la Función Pública (SFP) referentes a la Ley de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal.

En el Artículo 15 de ese ordenamiento se establece, puntualmente, que “no podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para la operación institucional”.

Lo anterior –añade el ordenamiento—“siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, conforme a las disposiciones aplicables, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad”.

La dirección de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, determinó saltarse ésta y otras leyes.

***

Tan solo en la entrada de los trabajadores, en el área del estacionamiento de África 15, la dirección de Notimex mandó colocar cuatro cámaras de videovigilancia. Otra más por el acceso de personas. Después había un pasillo largo y ancho para llegar a la bodega, que fue acondicionada sala de redacción.

Ya en esa área -de acuerdo con testimonios de periodistas de la Agencia en activo, así como trabajadores en litigio laboral con Notimex- se encontraban otras cuatro cámaras para monitorear a los trabajadores. Otra más en la zona que llevaba a las oficinas de los directores. Y una más en la Sala de Juntas.

Ingrid Sánchez fue la periodista de Notimex (contratada antes de que estallara la huelga, el 21 de febrero de 2020) que denunció las condiciones deplorables en las que se encontraban laborando los trabajadores de la Agencia en ese bodegón de la Alcaldía Coyoacán, pero además la enorme irresponsabilidad de estar asistiendo a un sitio que se encontraba hacinado casi las 24 horas del día.

6 de octubre. El número de casos totales de contagios por Covid-19 era de 789 mil 780. Las defunciones por la pandemia ya alcanzaban la cifra de 81 mil 887. El mapa de México estaba totalmente pintado de rojo, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Pero la señora que ama las buganvilias llamó a laborar. Obsesionada por controlarlo todo, instruyó a los mandos de la agencia de noticias a que convocaran a los trabajadores a laborar bajo estricta vigilancia.

En el chat de WhatsApp del grupo de periodistas de la Sección de Noticias Internacionales, “Internacionales tod@s”, José Gabriel Martínez Rodríguez, excoordinador del área, trata de calmar las aguas ante el nuevo desplante de Sanjuana Martínez:

“Miren/Como yo veo/ Es un mes/ Pasado ese tiempo no puede seguir así/ Y ya he hablado con varios homólogos de otras secciones y pensamos igual/ es un mes y lyuego (sic), si no se ha vuelto a la normalidad, se seguirá con la tarea, pero teniendo descansos/ y son cinco horas/ no 8 ni 10/ ni se perderá el día completo/ si (sic) se tronchan los días y fastidiará algunas actividades/ pero es un mes/”.

Samuel Cortés Hamdan, también periodista de la Sección de Noticias Internacionales, pregunta en el mismo chat:

“Pido disculpas, sé que ya se dijo, pero ¿podrían puntualizarme los horarios de asistencia a África?”

La respuesta corre a cargo de un trabajador que en el chat aparece como “Manuel Noti”:

“Mañana a las 9 y de ahí se harán turnos de cinco horas empezando de las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m”.

Otro miembro del chat, que no está identificado, abunda:

“ajá (sic) 7:00-12:00 12:00-5:00 5:00-10:00”

Al día siguiente, Mariana García, periodista de Notimex durante la huelga, también de la Sección de Noticias Internacionales, recibió un correo electrónico de Mara Palacios Arzate, supervisora administrativa de la agencia de información, según el portal Nómina Transparente, desde su correo institucional, en donde le notifica sobre el número de cuenta para el acceso a su equipo de cómputo asignado en África 15: “notimex67”.

La periodista recuerda que en el bodegón de África 15 los trabajadores operaban con equipo de cómputo “viejo”, el cual, una parte estaba originalmente en la sede oficial de Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur.

No obstante, un mando de producción de la agencia de noticias –que pidió el anonimato porque aún labora en ese organismo– detalló a Los Ángeles Press que de las oficinas de Avenida Baja California “sólo fueron sustraídos ilegalmente, a través de vehículos automotores que ingresaban al estacionamiento y trasladaban esas herramientas a la sede alterna, algunas PC´s, así como las Mac de Sanjuana Martínez y del área de Producción”.

Además, indica que los trabajadores de la agencia de información que asistían a la bodega de África 15 “no checaban entradas ni salidas, sino que se tenían que anotar en una libreta que estaba a la entrada del local, que controlaba una persona de vigilancia, que de hecho fue la que se hizo de palabras y empujones con reporteros que cubrían el auto desalojo en ese local, el 9 de octubre”.

***

Cuatro días antes, el 5 de octubre de 2020, se afina el regreso a las actividades laborales en la bodega de África 15.

En huelga y en pandemia, Martínez Montemayor instruye a los editores de las distintas áreas convocar a los trabajadores a presentarse a laborar al día siguiente, durante los siete días de la semana, primero en un horario de cinco horas, pero luego cambia de parecer y exige que sean ocho horas laborales al día.

Fiel a sus estrategias intimidatorias y de violación sistemática a las leyes (esta vez a la Ley Federal del Trabajo), la funcionaria dicta que, de no presentarse, “se congelarán sueldos y prestaciones”.

Desde el número de celular con terminación 9329 -el cual Los Ángeles Press verificó que es de su propiedad, e incluso logró tener una entrevista vía telefónica con él-, José Gabriel Martínez Rodríguez replica entre su equipo de trabajo la instrucción de la directora de Notimex en el chat “Internacionales tod@s”:

“A ver/sinceramente/estampos (sic) exagerando/la lft (Ley Federal del Trabajo) marca/no más de 40 horas a la semana y al menos un día de descanso/aquí normalmente uds (confianza y base), tienen dos/número uno por ahí/número dos/Insisto a verlo así:/Se nos pide un esfuerzo de un mes, literal, cinco horas siete días/”.

Martínez Rodríguez, con su pegajoso acento cubano, narra para Los Ángeles Press que hubo dos momentos en el llamado a trabajar en la sede alterna de África 15, la primera, cuando anuncian que “van a irse a unas nuevas oficinas”, en marzo, unas semanas después de estallada la huelga, y el segundo, del 6 al 9 de octubre.

En total -comenta el periodista- “fueron menos de dos semanas las que se laboraron ahí, al menos todos los trabajadores de la agencia, porque los mandos sí teníamos que estar asistiendo diario, en mi caso, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, hasta el 12 de noviembre, cuando los trabajadores de Notimex en huelga instalan un campamento en la África 15”.

“Fuimos a trabajar a África 15, una semana de marzo, antes de que el gobierno declarara la contingencia sanitaria y que la Secretaría de la Función Pública instruyera a las dependencias que los trabajadores tenían que laborar desde casa. Nos vamos a casa a trabajar, hasta que el 8 de junio, la Junta de Gobierno de Notimex informó que había que acatar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de parar labores por la huelga”, detalla.

José Gabriel Martínez anota que desde el 8 de junio continuaron todos trabajando desde casa. “Nos dijeron que panificáramos con nuestros respectivos equipos trabajos atemporales y especiales que, cuando se terminara la huelga se pudieran manejar”.

“Todo bien hasta que se volvió a convocar a subir notas del archivo histórico de la agencia, que se perdió, y ahí fue cuando inició el descontento de algunos compañeros. Pero en todo ese intervalo estuvimos yendo los mandos medios todos los días, y no sólo de editorial, sino administrativos, jurídico y sistemas. No eran horarios extremos de nueve de la mañana a siete de la noche”, relata.

Pero lo que más molestó en el segundo llamado a laborar en África 15, del 6 al 9 de octubre –comenta—fueron “las condiciones sanitarias que había en ese lugar, además la instrucción que se dio, en el sentido de utilizar sus cuentas personales de Twitter, siguiendo ciertos protocolos, para publicar contenidos de la agencia, como si fueran publicaciones propias”.

Y aunque después del escándalo que se dio luego de que la periodista en activo de la agencia, Ingrid Sánchez, difundió un video vía redes sociales, revelando las condiciones de riesgo sanitario en las que se encontraban trabajando en la sede alterna, y las acciones violatorias de derechos humanos de mandos medios de Notimex hacia su persona, al retenerle su teléfono móvil y encerrarla en la Sala de Juntas del local, José Gabriel Martínez revela que “se dijo al principio que sería el último día en ese lugar, pero los mandos seguimos asistiendo todos los días hasta el día que el sindicato instaló el campamento (12 de noviembre)”.

***

El 9 de octubre), Sanjuana Martínez ordena la suspensión de labores en la bodega de África por el escándalo que provoca la difusión de un video donde trabajadores de Notimex denuncian las pésimas condiciones en las que están realizando sus actividades, así como las nulas medidas sanitarias por la pandemia.

Pero, sobre todo, las denuncias se lanzan por las agresiones de los más leales de Sanjuana (Agustín Lozano, Érick Muñiz, Debanhi Alejandra Tienda Coronado, José Gabriel Martínez Rodríguez y Luis Monroy), quienes literalmente retienen ilegalmente y despojan por unas horas de su teléfono móvil a Ingrid Sánchez Pulido, a quien acusan de “robo de documentos, grabación de imágenes de manera ilegal”, así como “violar la privacidad el Reglamento Interno”.

Horas más tarde, es la misma directora general de Notimex la que acepta, en un comunicado, que en la bodega de África 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, existen unas oficinas alternas:

“Las cámaras de seguridad de la sede alterna de la agencia captaron el preciso momento en el que Sánchez Pulido graba a sus compañeros sin su previo consentimiento ni autorización legal y extrae información de una computadora a su celular”, dice el comunicado.

La fecha de este documento es del 9 de octubre de 2020.

https://twitter.com/SanjuanaNotimex/status/1314669857120514049

***

Desde el 30 de marzo de ese año, cuando el gobierno federal declara la emergencia epidemiológica en el país y las directrices para el confinamiento de la población, excepto para las actividades primaras y los sectores estratégicos, se notifica a todos los sectores de la población, incluidos los servidores públicos de todas las dependencias del gobierno federal, a realizar actividades laborales desde casa, en tanto no se emita una declaratoria para el regreso escalonado a las actividades propias de la administración pública.

El Artículo 12 de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal establece que “se podrá otorgar a las personas servidoras públicas, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad o su salud, la potenciación del seguro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por conceptos y salarios”.

¿Sanjuana Martínez planteó esto a los trabajadores de Notimex para regresar a laborar en África 15 en medio de la pandemia y de la huelga legítima?

No. Ni por error. Al menos eso es lo que dicen periodistas en activo y extrabajadores de Notimex que laboraron en ese bodegón.

Otra más. El Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo establece que “son causas de recisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: (Párrafo VII.) La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas del establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan”.

Y, en el Párrafo IX, “exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador”.

***

Para el 12 de noviembre, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) determina instalar un campamento en África 15, al argumentar que la Agencia estaba violando la declaratoria de legalidad de la huelga, declarada constitucional el 4 marzo del año pasado por el Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sanjuana Martínez estalló en cólera y aseguró, en su cuenta personal de Twitter, que ese edificio “es propiedad privada y no está dentro del emplazamiento a huelga”.

A la par de esta anotación de la directora de Notimex en redes sociales, y como ya se ha vuelto una costumbre entre sus allegados, la agencia de información emitió un comunicado con los mismos lineamientos que marcó Martínez Montemayor en su cuenta de Twitter.

“La denuncia se presentó luego de que Adriana Urrea, lideresa del SutNotimex, junto con su comité ejecutivo, formado por Héctor Colón y David Fernández Hummel, tomaron por asalto dicha propiedad e instalaron un campamento ilegal pensando que ahí mantenía operaciones la agencia informativa, cosa que resultó totalmente falso”, señaló el comunicado de Notimex.

No obstante, días después de este deslinde de Sanjuana Martínez, la periodista Neldy San Martín y el periodista Juan Omar Fierro, publicaron un texto en la Revista Proceso en donde revelaron que Notimex pagó una renta mensual de 206 mil 751.44 pesos por la bodega de África 15, a la empresa Corporativo de Cobranza BR y EMPA, por concepto de “arrendamiento para el mes de septiembre”.

Los periodistas de Proceso verificaron la validez del documento en la página oficial de Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de “Verificación de comprobantes fiscales por internet”.

Además, revelaron que el comprobante fiscal realizado por la Agencia fue por concepto de “arrendamiento del inmueble para oficinas de uso administrativo y operativo del 1 al 30 de septiembre de 2020”.

***

Apenas el viernes 16 de julio, otra nueva evidencia sobre las malas prácticas de Sanjuana Martínez al frente de Notimex salió a la luz. Esta vez, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un acuerdo en el que determina que ese organismo estableció una sede ilegal en la que operó después de estallada la huelga (21 de febrero de 2021)

Luego de este fallo, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) emitió un comunicado señaló que “en el inmueble ubicado en la calle de África 15, colonia La Concepción, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, la Dirección de Notimex estableció una oficina alterna, sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno (órgano supremo de la Agencia), por lo que también se violentó la Ley que crea a este medio de comunicación público”.

La respuesta de Sanjuana Martínez fue la misma de siempre. No podía ser de otra manera.

A través de una “nota a modo” del periódico La Jornada –medio favorito de Andrés Manuel López Obrador, a quien sólo en 2020 le asignó 12 contratos de publicidad gubernamental por asignación directa, por un monto de 67 millones 117 mil 953 pesos-, cuya directora general, Carmen Lira Sade es íntima amiga de Sanjuana Martínez, el director Jurídico de Notimex, Víctor Fernández acusó a “las autoridades laborales de proteger a Adriana Urrea Torres, lideresa del SutNotimex, a pesar de que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra”.

El funcionario adelantó que la Agencia “impugnará dicha resolución sobre el inmueble de Coyoacán y “demostrará la parcialidad de la JFCA a favor de Urrea Torres y la organización que encabeza”, ya que “el pasado 21 de octubre de 2020 el actuario Miguel Ángel Parra Mendoza corroboró que la Agencia no operaba en dicho inmueble, según consta en el acta circunstanciada emitida por la propia JFCA”.

Un detalle. José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, precisa que el 21 de octubre, día en el que se realizó una “inspección” para verificar que en la bodega de África 15 “no operaba una sede de Notimex”, como argumenta Sanjuana Martínez y sus más leales, se les pidió a los mandos que estuvieron laborando en ese lugar hasta el 12 de noviembre “no ir a laborar”.

El egresado de la carrera de periodismo por la Universidad de La Habana, maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y extrabajador de la Agencia de Noticias de Cuba, Prensa Latina, detalla que días antes de esa inspección se presentó un actuario para hacer una verificación del lugar, pero que sólo se quedó en la puerta de entrada y “se nos pidió a todos que no nos asomáramos por las ventanas”.

“Ese día, 20 de octubre, nos llamaron y nos dijeron: ‘no vengan mañana’. La indicación no fue a nivel de mensaje de chat por WhatsApp, ni por correo electrónico. Fue a nivel de llamada telefónica”, subraya Martínez Rodríguez.

El Notimex de Sanjuana

La Ley Federal de Austeridad Republicana, uno de los ordenamientos legales insignes de la llamada Cuarta Transformación, pero sobre todo una de las banderas que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de dos décadas, está en entredicho.

En el Artículo 4, Párrafo I de esa histórica legislación, se puntualiza que la Austeridad Republicana se define como:

“Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

¿Se ha cristalizado esto en el Notimex de Sanjuana Martínez?

Las omisiones de los directivos de la Agencia, al mando de la funcionaria supuestamente egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también estarían contraviniendo el Artículo 49, Párrafo V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que puntualiza que todo servidor público tiene la obligación de:

“V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos”.

Eso no es todo. La directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y sus más cercanos estarían en desacato con el Artículo 7 de este ordenamiento, que a la letra señala que “los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

En ese mismo artículo, pero en el Párrafo VI, también se subraya que todo servidor público deberá “administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Pero todo ello parece que ha pasado de largo en la polémica gestión de la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, una aficionada a cuidar de sus gardenias, a videovigilar a las personas, a crear campañas de odio en contra de sus detractores, a confrontarse con secretarios y subsecretarios de Estado (Luisa María Alcalde y Alejandro Encinas, por ejemplo) a torcer la ley por ser “protegida” de AMLO, a delegar problemas en tiempos de desastre…

Y sí, a retuitear cuentas de esa red social, o bots, que se desviven en halagos hacia sus acciones de “combate a la corrupción” en Notimex, como “Fernando Agente Sputnik V (@FernandoValCar), ALEJANDRA HicimosHistoria (@AlinGabAlexa), inesvova Kgb (@donainesdesuarez), JJDelgado (@JJDelga12323133), o Dane Blasón #AMLOpadredelanuevapatriamexicana (@BlasonDane).

@RivelinoRueda 

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