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Isabel Miranda, con identificación de SSP, antes del supuesto secuestro de su hijo

Antes del supuesto secuestro de Hugo Wallace, Isabel Miranda ya tenía injerencia en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Isabel Miranda Torres, denunciada ante la Fiscalía General de la República por fabricar pruebas para sostener el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por secuestro en grado tentativa, tenía identificación expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno federal de Vicente Fox, en julio de 2005, al momento de reportar los supuestos hechos. 

Con la credencial de número RP4065254, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda Torres se identificó ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 13 de julio de 2005, para declarar falsamente en calidad de denunciante sobre los supuestos hechos de privación de libertad de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, inculpando a Jacobo Tagle Dobín, quien desde el 3 de diciembre de 2010, fue detenido de manera ilegal, torturado y cumple condena aún sin sentencia.

El secretario de Seguridad Pública en ese entonces era Ramón Martín Huerta, el segundo en ocupar el cargo, de la secretaría creada con su nueva estructura en el año 2000, según la información disponible en la red. El primero fue Alejandro Gertz Manero, quien renunció al cargo en 2004.

Ramón Martín Huerta, uno de los amigos más cercanos de Vicente Fox, fue el gobernador interino después de que Fox renunciara para correr como candidato a la presidencia por Acción Nacional, y posteriormente, en junio de 2004, a la renuncia de Gertz Manero a la secretaría de Seguridad Pública, Martín Huerta asumió el cargo. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2005, la noticia de su fallecimiento sorprendió a México, después de caer en un helicóptero en el que viajaba para una diligencia, el cual se manejó por autoridades y algunos medios como un accidente. Un año después de su muerte, la Procuraduría General de la República era denunciada en algunos medios independientes por su negativa al IFAI de abrir los expedientes del caso bajo sospecha de haber sido un atentado.

Quien sustituyó a Ramón Martín Huerta fue Eduardo Medina Mora, entonces director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el mismo que dio ascenso y recursos a García Luna para crear la Agencia Federal de Investigación (AFI). Después de Medina Mora, García Luna fue designado como titular de Seguridad Pública, por Felipe Calderón, y a un mes de asumir el cargo, Isabel Miranda iniciaba las detenciones ilegales y torturas de sus inculpados.

Los detenidos ese mes fueron Juana Hilda González Lomelí, el 10 de enero, y pese a que había un oficio de SEIDO con el número SIEDO/UEIS/190/2006, para su libertad bajo reservas dirigido a Genaro García Luna, el 13 de enero fue incriminada directamente por Miranda, y arraigada por órdenes de García Luna. El siguiente detenido contra derecho fue César Freyre Morales, el 23 de enero, quien estuvo en una “casa de seguridad” bajo tortura de cuatro hombres vestidos de civil y de Isabel Miranda. Después de negarse a su incriminación, fue presentado a SEIDO y a los medios como “secuestrador” el 26 de enero. Cuatro días después, el 30 de enero, el detenido también de manera arbitraria e ilegal por segunda vez era George Khoury Layón, incriminado además por las periodistas Icela Lagunes, de El Universal, Anabel Hernández, en sus libros Los señores del narco y México en llamas, y por Erika Duarte, de La Jornada.

 

 

 

 

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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