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El Caso Wallace

Anabel Hernández, en la fabricación de las víctimas de Wallace desde 2010

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de varios libros sobre narcotráfico y poder política, desde 2010, incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, para sostener el falso caso Wallace.

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Capítulo 13
“El Koki”
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz, 2019
Los Ángeles.

Guadalupe Lizárraga

La primera semana de febrero de 2019 volví a la Ciudad de México. Había solicitado la autorización para visitar a George Khoury Layón y César Freyre Morales en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos inculpados, habían sido torturados y sus procesos estaban plagados de irregularidades como todas las demás víctimas de Isabel Miranda. Sin embargo, los familiares del resto de las víctimas los excluían de la defensa por las manipulaciones en los medios sobre acusaciones de narcotráfico y homicidio, logrando la desconfianza entre ellos mismos. Incluso Jacobo Tagle, después de la primera tortura en su detención, fue obligado a incriminar a George Khoury de homicidio y secuestro, y con ello, Khoury quedó vinculado al caso Wallace, pero los medios lo relacionaban con el caso Martí.

George había sufrido varias detenciones arbitrarias; se defendía jurídicamente y volvían a detenerlo. La primera fue el 16 de julio de 2005, cuatro días después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y la madre, Isabel Miranda, no dejaba tranquilo a George. Una siguiente detención fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria de César Freyre, de la que también había logrado defenderse. Pero en la detención del 2 de septiembre de 2009, lo torturaron los ministeriales de SEIDO-PGR, y lo presentaron hasta el día siguiente. Lo acusaron de delincuencia organizada, y después, de acusarlo de varias decenas de secuestros, quedó vinculado al caso Wallace, para simular que eran una “banda” relacionada al narcotráfico. Una de las periodistas que legitimó estas fabricaciones fue Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle. Me di cuenta en 2018, cuando leí el expediente fabricado de Khoury con fecha del 7 de octubre de 2009, en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas. Un mes después de esta detención de Khoury, tenían a un supuesto “testigo protegido” para incriminarlo. Reconocí los datos del expediente porque los había leído en los libros de Anabel, e incluso la redacción de la hoja del expediente era muy similar a la de la periodista. Lo llamaba “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco antrero”; se refería a él por sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “El Koki”. Éste último apodo era como la familia de George lo llamaba amorosamente, George, Jorge, Koki, desde niño, así le decían sus padres, me lo había contado muy afligida su hermana, María de Lourdes, Marilú, a quien también Anabel mencionaba difamatoriamente en sus libros.

 

Después de haberle adjudicado por lo menos “ocho secuestros violentos” a exagente de la AFI, Lorena González, y a una supuesta organización a la que pertenecía George Khoury, publicado en la revista Proceso, Anabel Hernández escribió también en su libro:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453). 

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que Felipe Calderón le otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran. La fecha de edición, pues, era clave. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas al presidente Calderón; habían solicitado la atención del titular de la CNDH, Raúl Plascencia; habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se había encarcelado a su defensa, la abogada Ámbar Treviño Pérez. Todos eran indicios de que había más información que la versión oficial desparramaba. Sin embargo, fueron ignorados por Anabel Hernández, e incluso hacía un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho (p.449).

 

Respecto a Khoury, en el mismo libro, Anabel afirmaba:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (p. 454, ídem).

Con un plagio de recortes de periódicos, Anabel Hernández había recurrido a la reproducción exacta de frases de una nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006. 

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirmaba que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, que en este tiempo, de acuerdo con la información del periódico operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se referían a Khoury como el “pistolero” de Ben Sutchi, presunto homicida a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y redes sociales y en sus libros, que se empezaban a vender también en Estados Unidos.

La periodista no dudaba en absoluto de la información anónima publicada por El Universal. Sin ningún elemento de prueba científica, con sólo la nota del periódico y la acusación del Ministerio Público, se afirmaba que Khoury era un narcotraficante. Lo escribía como si a ella le constara directamente, incluso como si le conociera en persona, cuando ni siquiera buscó entrevistarlo. ¿En qué basaba su afirmación de cómo “era visto” Khoury y quién lo veía “cercano a la farándula” más allá del plagio a El Universal? Hernández hacía suposiciones sin fundamentos. Si el hombre era un empresario exitoso por ser propietario de discotecas en dos de las principales ciudades del país, Ciudad de México y Acapulco, y las atendía él mismo, era una obviedad que fuese cercano a sus clientes, personajes de la farándula, de la política, y de empresarios que frecuentaban el lugar. Pero esa supuesta cercanía con su clientela no era elemento de prueba para señalarlo de narcotraficante.

También Anabel relacionó a Khoury con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, “El Vale”, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates” (p.451). Al releer esta información en el libro de Anabel, busqué el nombre de Luis Manuel López Martínez en la red, y encontré la nota número 570327 del archivo de El Universal. Se trataba de una persona que había sido acusada de robo a transportistas. También le atribuían el apodo “El rey de Tepito”, y lo exhibían en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Su vestimenta era muy modesta, de pantalones de mezclilla desgastados y roto del bolsillo derecho, usaba un suéter raído, y mostraba un rostro descuidado en su aseo, con una barba crecida de varios días. No correspondía en nada a la información que había publicado Anabel Hernández en su libro, respecto a que se trataba de un secuestrador propietario de una fortuna de más de 100 millones de dólares. Tampoco hacía sentido que George Khoury —siendo propietario de discotecas de alto consumo económico—, trabajara para un supuesto asaltante de transportistas de Tepito, a quien también le atribuían pertenecer al grupo delictivo La Flor. La fabricación de delitos era implacable. 

Archivo El Universal. Nota 570327. Sección Metrópoli.

Otra de las referencias de Anabel Hernández fue a un tatuaje de George Khoury. Además de lo absurdo de su comentario, por decir fuera de lugar, también era un plagio del periódico, ya que ella nunca estuvo en contacto con él, de acuerdo con el mismo Khoury, quien dijo no saber quién era esa periodista. Nunca se habían visto frente a frente. Por lo tanto a Hernández no le constaba ni las dimensiones ni el lugar exacto del tatuaje que Khoury tenía. Para que Anabel pudiera haber hecho la referencia de primera mano tendría que haberlo visto en persona y sin camisa. No obstante, la periodista escribió sólo lo que leyó en El Universal, cayendo nuevamente en inexactitudes, puesto que en un par de las únicas fotografías que han circulado de Khoury con el uniforme de prisión, no se le alcanzaba a ver el tatuaje en el cuello, como para aseverar que “rompía con su imagen de fino, cortés y serio”. Un prejuicio total de la periodista, que funcionaba para quienes querían legitimar la imagen de delincuente a George Khoury Layón. La frase del periódico decía:
 
“Los que lo conocieron de vista, lo recuerdan con un tatuaje que inicia en el hombro y le abraza parte del cuello” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).

La frase plagiada por Anabel, reproducida en su libro:

“Lo que rompía con esa imagen era un enorme tatuaje que inicia en su hombro y le abraza parte del cuello” (Hernández, 2010, p. 454, idem).

Anabel Hernández no era la única que difamaba, calumniaba y fabricaba delitos a Khoury. Otro ejemplo era la reportera Erika Duarte, de La Jornada, que hacía lo mismo el 13 de febrero de 2006, tres días antes de la nota publicada en El Universal, lo cual ya mostraba indicios de ser una campaña de linchamiento mediático contra las víctimas relacionadas con el caso Wallace, y el caso apenas empezaba. La nota se titulaba “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera Erika Duarte se refería a César Freyre Morales como “plagiario”, a menos de un mes de su detención ilegal por órdenes de Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga.
 
Al parecer, Duarte nunca se llegó a preguntar si César Freyre era culpable o no, simplemente daba por hecho que era un plagiario, y no le importaba en lo más mínimo esa vida ni las que dependía de él. La Jornada también ponía de subtítulo “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era la legitimación directa a Isabel Miranda Torres, el aplauso moral a la propietaria de la empresa de espectaculares Showcase Publicidad que colocaba espectaculares con los rostros de personas inocente llamándoles “secuestradores” sin que ningún medio, periodista o autoridad cuestionara esas violaciones al derecho de presunción de inocencia de las víctimas. Aquí un fragmento de la nota:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khoury, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada).  

Cuando inicié mi investigación sobre El falso caso Wallace, la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, en una entrevista, me dijo que en aquel tiempo, 2005-2006, su hija y Jacobo, que eran novios, visitaban la discoteca Dóberman porque era la que estaba de moda en la Ciudad de México. No tenían relación alguna con el dueño, con Khoury. Era una diversión de jóvenes de clase media, me dijo. El lugar tenía reputación de un estatus de clase privilegiada y se llenaba de jóvenes veinteañeros. 
Sin embargo, una sola frase, aparentemente inocua, de la periodista Anabel Hernández en Los señores del narco nos llevaba a un trasfondo político de cómo se tejían las fabricaciones de culpables también en los medios del sistema: 

“Khoury Layón era propietario de dos antros muy concurridos donde se daban cita muchos artistas de Televisa: Cronic Garden, de Polanco, y la discoteca Dóberman, cuando estaba en la Zona Rosa” (Hernández, 2010, p.454, ídem).

Esta frase llevaba a un pie de página con el número 66, que decía: “De 2006 a 2010, Isela Lagunes hizo un intenso trabajo de investigación periodística al respecto, el cual fue publicado en El Universal, y más recientemente en Reporte Índigo”.

 

Para cualquier lector neófito de noticias, las referencias a periodistas y medios serían referencias de autoridad intelectual. Pero, para quienes leyeron la primera parte de El falso caso Wallace, se habrán enterado de cómo los medios servían incondicionalmente a Isabel Miranda Torres, sobre todo El Universal, y específicamente la periodista Isela Lagunes, quien era la reportera de cabecera de Isabel Miranda, en la fabricación del caso Wallace. Historias inverosímiles y macabras eran dictadas por la voz de Miranda a Lagunes sobre secuestrados y torturas, que destacaban a Miranda como la madre héroe que, mientras buscaba a su hijo, rescataba a “muchas otras víctimas”, entre éstas, a las supuestas víctimas de César Freyre Morales. 

De esta manera, las referencias hemerográficas en los libros de Anabel Hernández a Isela Lagunes y a otros periodistas legitimaban también la fabricación del caso Wallace e incriminaba a las otras víctimas como los supuestos cómplices de George Khoury. Para 2010, Hernández podría haber obtenido suficiente información como para tener una duda razonable sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, y todo lo que había alrededor de esta fabricación. Por el contrario, seguía el guion oficial, igual que todos los demás, excepto que jugaba el papel de crítica.

Otro de los párrafos en los que hizo referencia a Khoury decía:

“El Koki se hacía notar no sólo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar Bar, que el 25 de enero de 2010, se vio involucrado en el escándalo del futbolista Salvador Cabañas; hecho en el que para variar estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leyva” (p.454). 

¿“Para variar”? ¿Cómo podía sostener la periodista Anabel Hernández que en ese atentado contra el futbolista estaba involucrada “invariablemente” la gente de los Beltrán Leyva, si no mostraba un solo elemento de prueba, un testigo, una fuente o al menos una referencia circunstancial con la que pudiera sustentar su acusación? ¿Desde cuándo ella seguía la pista de los Beltrán Leyva o de la de George Khoury como para aseverar que el involucramiento en hechos delictivos era “invariable”? ¿Cuál era la consistencia lógica en la acusación contra George? ¿Sólo porque era “asiduo de lugares como el Bar Bar” lo involucraba en el crimen?

El 25 de enero de 2010, George Khoury Layón no terminaba de reponerse física y psicológicamente de las torturas de septiembre de 2009. Estaba en prisión, de la que no ha salido hasta este momento en que escribo estas líneas, principios de julio de 2019. George, hasta este momento, no ha vuelto a pisar las calles en libertad. Tampoco veía a su hermana, a quien le habían girado una orden de aprehensión por la presunta complicidad, y ella, por miedo a ser recluida siendo inocente, tuvo que alejarse de su hermano. Si Khoury hubiera tenido el poder criminal que le atribuía Anabel Hernández, a la primera persona que hubiera protegido sería a su hermana, creándole una nueva vida e identidad en otro país, como se presumía que lo había hecho Hugo Alberto Wallace, con tres identidades, dos obtenidas cinco años después de su supuesta muerte. ¿La fecha exacta? El 24 de febrero de 2010, un mes después de la fecha incriminatoria de Anabel a Khoury sobre el caso del futbolista. Pero no era así, los hermanos Khoury llevaban diez años sin verse, sin abrazarse, sin hablar en libertad, y con su patrimonio mermado seriamente intentando defenderse de la fabricación de delitos por los ministeriales públicos al servicio de Isabel Miranda y Genaro García Luna. Los padres de Khoury, mayores, enfermos y en profunda tristeza por los hechos, tampoco iban a verlo a prisión, y murieron sin volver a ver a su hijo. El peso de la pluma de Anabel Hernández, bajo el membrete de la revista Proceso, en sus “investigaciones” hacía mella, destrozaba la vida de una familia sin razón alguna, como lo hacía Isabel Miranda con el resto de sus víctimas. 


 
En la lucha por la verdad sobre las víctimas de fabricación de culpables había dos caminos escabrosos que recorrer, el mediático y el jurídico. Pero también, desandarlos nos llevaba a otros ángulos de la verdad. Yo había leído parte del expediente judicial de George Khoury Layón, a petición de su hermana María de Lourdes, y resultaban fabricaciones muy burdas, muy evidentes a cualquier escrutinio. En el caso de George, la incriminación de 2009 fue por un testigo protegido, y en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle, obligado por el mismo agente ministerial de la SEIDO, Braulio Robles Zúñiga, quien había ayudado a sostener el caso con las incriminaciones bajo tortura. El ministerial preparaba a los inculpados para presentarlos como “temibles delincuentes” antes de la ceremonia del expresidente Felipe Calderón donde le otorgaría el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres. 
 
Pero en el caso de la hermana de George, la acusaban de vender “tachas” a la salida de las discotecas, propiedad de su hermano en la Ciudad de México y en Acapulco.

En la declaración tomada en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra Khoury, el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a George Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador de Valdez Villarreal. El testigo “Zajed” afirmaba en esa declaración también que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana) y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

El testigo “Zajed” dijo que Khoury se había reunido varias veces, en su discoteca El Dobby, en la ciudad de Acapulco, con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura. Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, a quien el testigo protegido lo identificaba como comandante de la Policía Federal Preventiva. Yo busqué información del supuesto comandante, y según los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa AZUE/PETA/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. El acceso a esta información era público, a través de la red, y no se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como sostenía la periodista Anabel Hernández.

La fabricación era burda, y la periodista la hubiera podido develar con solo un poco de investigación en internet. En cambio, ya en este punto, afirmaba que Genaro García Luna “que antes había protegido a El Koki, ahora lo detenía, acusado de haber intentado matar a un comandante de la Policía Federal, aunque nunca se especificó a quién” (Hernández, 2010, p. 462); cuando en realidad se trataba del comandante segundo de la Policía Municipal de Petatlán y, reitero, no tenía nada que ver con George Khoury. 

El testigo “Zajed” incriminaba otras personas más en los que ya se había demostrado su inocencia, aunque seguían en prisión por la consigna de secuestro de Isabel Miranda y Alejandro Martí. El nombre de la discoteca no coincidía con el de la propiedad de Khoury. No hacía sentido que los Khoury Layón siendo propietarios, la hermana vendiera drogas fuera de las discotecas, declaraciones que retomó la periodista Anabel Hernández para uno de sus libros, sin más investigación que las palabras del testigo “Zajed”. El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, hacía cuatro años que había dejado de existir, en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con un ciudadano iraquí, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre era un delincuente o tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera también aparecían en otros archivos de la prensa mexicana, y no lo mencionaba Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

Por esa declaración del testigo “Zajed”, George Khoury Layón fue detenido por tercera vez, torturado y encarcelado. Cuando lo torturaron logró grabar la agresión en audio con su celular, lo cual fue una prueba contundente para su defensa, retomada por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas que emitió su opinión 16/2017 y solicitó al Gobierno de México la libertad inmediata de Khoury, el 18 de septiembre de 2017. 

Otra evidencia más en favor de Khoury fue el resultado positivo del Protocolo de Estambul practicado a Jacobo Tagle Dobín, del 23 al 25 de abril de 2018, por el perito cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva, del Consejo de la Judicatura Federal. Jacobo incriminó a George en su declaración del 4 y 6 de diciembre de 2010, pero había sido detenido de manera ilegal el 3 de diciembre y torturado tanto en su detención como al día siguiente, para que firmara hojas impresas elaboradas por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, el mismo agente que perpetró las torturas de Brenda Quevedo Cruz, el 26 de septiembre de 2009, en el penal de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, el 13 de octubre de 2010. Robles Zúñiga también fue señalado por Albert Castillo Cruz, de haberlo torturado por segunda ocasión, el 12 de octubre de 2010, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

En la declaratoria fabricada de Jacobo Tagle, el agente ministerial incondicional a Isabel Miranda Torres obligaba a Jacobo a incriminar a George Khoury del homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004, del que se desconocían los verdaderos motivos del homicidio y no se había relacionado con George Khoury, sino hasta 2010.

Anabel Hernández, en sus libros, relacionaba a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobín como cómplices de Khoury, incluso a Juana Hilda González Lomelí la relacionó con el narcotráfico, y como novia de Hugo Alberto, tal como lo afirmaba Isabel Miranda. ¿Por qué Brenda Quevedo no fue incriminada por Anabel? De acuerdo con el testimonio de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, ella personalmente buscó a Anabel. Al principio, la periodista se negaba a ver a la madre, y fue por el periodista José Reveles que Anabel aceptó la entrevista con Enriqueta. Le explicó insistentemente que su hija era inocente, que incluso, hasta ese momento, su hija no se había confesado culpable y ya había sido torturada con violencia sexual en dos ocasiones. Enriqueta me dijo, además, que le había costado mucho esfuerzo en convencer a Anabel de la inocencia de su hija, y que sólo lo hacía porque Brenda había sido torturada. 

Años después, el 31 de mayo de 2014 específicamente, en la revista Proceso, Anabel puso en duda el caso Wallace. Fue cuando David Bertet nos entregó a ella, a José Reveles y a mí, copia de la segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, con su identidad como Hugo Alberto Miranda Torres. Ese mismo día, horas antes de la publicación de Proceso, yo había publicado mi primer reportaje sobre el caso, en Los Ángeles Press: “Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida, pese a su madre”.  Fue el primero de más de cien reportajes y notas. No obstante, hasta la edición de este libro, cinco años después, Anabel no se había retractado de sus afirmaciones difamatorias ni había rectificado en favor de las víctimas. Lo más curioso es que las madres de las víctimas aplaudían el trabajo de Anabel por un video que se había difundido viralmente en el que cuestionaba a Isabel Miranda, aunque en sus libros siguiera incriminando a sus hijos. Anabel continuó vendiendo sus libros, incluso traducidos al inglés en los Estados Unidos, con el título de Narcoland, pero no volvió a escribir sobre el caso Wallace. 

 

 

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista en mensaje de texto que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se deduce que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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El Caso Wallace

Sobrino de Isabel Miranda reportó amenazas y secuestro por revelar abuso sexual de parte Hugo Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La madrugada del 13 de octubre, Alfredo Miranda Cruz reportó a Los Ángeles Press que había sido retenido contra su voluntad desde el miércoles 7 de octubre por sus tíos María Isabel y Roberto Miranda Torres, después de que se enteraron de revelaciones que hizo a esta periodista sobre el abuso sexual sufrido a la edad de 9 y 15 años, por parte de su primo Hugo Alberto Wallace Miranda.

En estado de angustia, Alfredo Miranda llamó a la periodista para dejar un registro de las agresiones y declaró que su padre lo había rescatado de un departamento “que queda en Girasoles”. De allí, lo había trasladado al Hotel Montreal, ubicado en Calzada Tlalpan #2073, CDMX, desde donde envió la ubicación, varias veces y en diferentes horas, a la periodista.

Miranda Cruz señaló también que sus tíos estaban amedrentando a toda la familia y estaban indagando de donde se filtraba información sobre su primo Hugo Alberto.

En la conversación telefónica, de madrugada, dijo que su tío Roberto lo había seguido al hotel y que había golpeado a una mujer de Seguridad. También que había hablado con el dueño del hotel, y quería entrar a la habitación donde él se encontraba. Dijo que su tío lo estaba “amenazando con matarlo y cortarle la lengua”.

La primera llamada la hizo a las 3:27 horas (CDT), 1:27 hora de California, con la ubicación del hotel mencionado de la Ciudad de México. En el mensaje de audio abundó que habían detenido también a “Paulina”, madre de su hijo, a quien habían maltratado y desnudado, en la azotea, y que él alcanzaba a escuchar la voz de su tía Isabel Miranda. Especifica en el mensaje de voz que su tía Isabel iba a utilizar a Paulina para ofenderlo e “inventarle cosas” a cambio de dinero, “en lo que su tía era experta”.

Después de varios audios sobre la situación que estaba viviendo, y de las ubicaciones enviadas, Alfredo Miranda Cruz envió otro mensaje a las 4:50 horas, ya en pánico, en el que dice:

“Extremo peligro, en extremo peligro estoy, señora Guadalupe. Un señor quiere abrir nuestra puerta, estamos en extremo peligro, señora Guadalupe”.

 

Quince minutos después, reportó que el señor Roberto Miranda Torres (tío de la víctima) había lastimado a un testigo, mujer. Señaló que no tenía claro si había sido contratada por su tío, que eran las 5:05 de la mañana y que estaban muy estresados. Además de que ya había habido varios conflictos en ese hotel.

Cada diez minutos, Alfredo Miranda estuvo enviando sus ubicaciones a la periodista. Dijo haber recibido llamada de sus tíos a la habitación y que lo estaban confundiendo.

El último mensaje por la red WhatsApp fue a las 13:46 del mismo 13 de octubre, y la ubicación fue (19.3364444,-99.1273334) Ejido Xochimilco 33-43, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 04470 Ciudad de México, CDMX, México.

 

Posteriormente envió cuatro mensajes de audio más, por Messenger, vía Facebook. El último mensaje de audio con su voz dice: “Señora Guadalupe, ya valió gorro”. A las 14:13, entró un mensaje de texto que dice: “Todo está bien, ¿de quién es el teléfono?”.

 

 

La acción de las autoridades

La Fiscalía General de la Ciudad de México dio seguimiento, directamente a través de la titular, Ernestina Godoy Ramos, después de que recibiera la información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, vía Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le reportaron los hechos.

Cuando la fiscal indagaba los detalles de lo que llamó “secuestro en curso” se le informó sobre la resistencia de la víctima para llamar al 911, por temor a que interfirieran en favor de Isabel Miranda, como ha sucedido años anteriores. Sin embargo, la fiscal enfatizó a la periodista que ya no era lo de antes, que estaban actuando conforme a derecho.

Después de que sus agentes de investigación llegaron al hotel de donde se estuvo reportando la ubicación de Alfredo Miranda Cruz, les informaron que no había ningún registro a ese nombre, y al mostrar su fotografía negaron haberlo visto entrar al hotel, por lo que solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, ya que la víctima decía estar dentro de una habitación y haber sido testigo auditivo de que su tío Roberto Miranda había lastimado a una mujer en el pasillo que daba a su habitación.

Hoy, 14 de octubre, en torno a las 3 de la tarde, la autoridad reportó que la policía ya estaba en entrevista con la víctima, y que se encontraba estable.

 

Contexto

Alfredo Miranda Cruz había reportado desde enero de 2019 el acoso que recibía por parte de su tía Isabel Miranda Torres, pero pedía que no fuese revelado por temor a su vida. Dijo que solo quería dejar un registro con la periodista Guadalupe Lizárraga que había llevado la investigación sobre el falso secuestro de su primo Hugo Alberto por si llegara a pasar algo. En las diferentes comunicaciones con la periodista, corroboró Miranda Cruz la fabricación de la prueba de ADN, a través de una gota de sangre, que Isabel Miranda Torres, junto con los agentes de la PGR, plantó en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. Señaló que la gota de sangre, efectivamente, era de su prima Claudia, y que su tío Enrique Wallace no era padre biológico de su primo Hugo Alberto. Que todos en la familia lo sabían, pero que los tenía a todos controlados. Y ello se podía comprobar con un análisis de ADN a la hija de Hugo Alberto (Andrea Isabel) que no tenía sangre de los Wallace.

El 28 de julio de 2020, envió un nuevo mensaje de alerta vía Messenger, en el que escribió que si algo le pasaba hacía responsable a su tía Isabel Miranda, sus tíos Heriberto y Roberto Miranda, así como a su primo Luis Alberto, Andrés, y las señoras Asunción y Magdalena Miranda Torres, a Víctor Manuel Sánchez (esposo de su tía Asunción), a su prima Claudia Wallace (hermanastra de Hugo Alberto), a Abraham Pedraza (esposo de su tía Magdalena), a Jorge Ortega Miranda y a su padre.

En el mensaje se destaca:

“…por cualquier cosa que me pase de forma acusatoria o asalto donde caiga muerto, se les haga responsables.

Yo, Alfredo Miranda Cruz, abusado sexualmente a los 9 y 15 años por mi primo Hugo (Alberto Wallace Miranda)”.

En el penúltimo mensaje de texto, escrito el 13 de octubre a las 14:37 horas, señala a la periodista:

“Señora, mi tía me quiere matar, cuando pase, anéxelo. Me están torturando”.

 

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