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El Caso Wallace

Anabel Hernández, en la fabricación de las víctimas de Wallace desde 2010

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de varios libros sobre narcotráfico y poder política, desde 2010, incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, para sostener el falso caso Wallace.

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Capítulo 13
“El Koki”
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz, 2019
Los Ángeles.

Guadalupe Lizárraga

La primera semana de febrero de 2019 volví a la Ciudad de México. Había solicitado la autorización para visitar a George Khoury Layón y César Freyre Morales en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos inculpados, habían sido torturados y sus procesos estaban plagados de irregularidades como todas las demás víctimas de Isabel Miranda. Sin embargo, los familiares del resto de las víctimas los excluían de la defensa por las manipulaciones en los medios sobre acusaciones de narcotráfico y homicidio, logrando la desconfianza entre ellos mismos. Incluso Jacobo Tagle, después de la primera tortura en su detención, fue obligado a incriminar a George Khoury de homicidio y secuestro, y con ello, Khoury quedó vinculado al caso Wallace, pero los medios lo relacionaban con el caso Martí.

George había sufrido varias detenciones arbitrarias; se defendía jurídicamente y volvían a detenerlo. La primera fue el 16 de julio de 2005, cuatro días después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y la madre, Isabel Miranda, no dejaba tranquilo a George. Una siguiente detención fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria de César Freyre, de la que también había logrado defenderse. Pero en la detención del 2 de septiembre de 2009, lo torturaron los ministeriales de SEIDO-PGR, y lo presentaron hasta el día siguiente. Lo acusaron de delincuencia organizada, y después, de acusarlo de varias decenas de secuestros, quedó vinculado al caso Wallace, para simular que eran una “banda” relacionada al narcotráfico. Una de las periodistas que legitimó estas fabricaciones fue Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle. Me di cuenta en 2018, cuando leí el expediente fabricado de Khoury con fecha del 7 de octubre de 2009, en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas. Un mes después de esta detención de Khoury, tenían a un supuesto “testigo protegido” para incriminarlo. Reconocí los datos del expediente porque los había leído en los libros de Anabel, e incluso la redacción de la hoja del expediente era muy similar a la de la periodista. Lo llamaba “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco antrero”; se refería a él por sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “El Koki”. Éste último apodo era como la familia de George lo llamaba amorosamente, George, Jorge, Koki, desde niño, así le decían sus padres, me lo había contado muy afligida su hermana, María de Lourdes, Marilú, a quien también Anabel mencionaba difamatoriamente en sus libros.

 

Después de haberle adjudicado por lo menos “ocho secuestros violentos” a exagente de la AFI, Lorena González, y a una supuesta organización a la que pertenecía George Khoury, publicado en la revista Proceso, Anabel Hernández escribió también en su libro:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453). 

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que Felipe Calderón le otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran. La fecha de edición, pues, era clave. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas al presidente Calderón; habían solicitado la atención del titular de la CNDH, Raúl Plascencia; habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se había encarcelado a su defensa, la abogada Ámbar Treviño Pérez. Todos eran indicios de que había más información que la versión oficial desparramaba. Sin embargo, fueron ignorados por Anabel Hernández, e incluso hacía un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho (p.449).

 

Respecto a Khoury, en el mismo libro, Anabel afirmaba:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (p. 454, ídem).

Con un plagio de recortes de periódicos, Anabel Hernández había recurrido a la reproducción exacta de frases de una nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006. 

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirmaba que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, que en este tiempo, de acuerdo con la información del periódico operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se referían a Khoury como el “pistolero” de Ben Sutchi, presunto homicida a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y redes sociales y en sus libros, que se empezaban a vender también en Estados Unidos.

La periodista no dudaba en absoluto de la información anónima publicada por El Universal. Sin ningún elemento de prueba científica, con sólo la nota del periódico y la acusación del Ministerio Público, se afirmaba que Khoury era un narcotraficante. Lo escribía como si a ella le constara directamente, incluso como si le conociera en persona, cuando ni siquiera buscó entrevistarlo. ¿En qué basaba su afirmación de cómo “era visto” Khoury y quién lo veía “cercano a la farándula” más allá del plagio a El Universal? Hernández hacía suposiciones sin fundamentos. Si el hombre era un empresario exitoso por ser propietario de discotecas en dos de las principales ciudades del país, Ciudad de México y Acapulco, y las atendía él mismo, era una obviedad que fuese cercano a sus clientes, personajes de la farándula, de la política, y de empresarios que frecuentaban el lugar. Pero esa supuesta cercanía con su clientela no era elemento de prueba para señalarlo de narcotraficante.

También Anabel relacionó a Khoury con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, “El Vale”, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates” (p.451). Al releer esta información en el libro de Anabel, busqué el nombre de Luis Manuel López Martínez en la red, y encontré la nota número 570327 del archivo de El Universal. Se trataba de una persona que había sido acusada de robo a transportistas. También le atribuían el apodo “El rey de Tepito”, y lo exhibían en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Su vestimenta era muy modesta, de pantalones de mezclilla desgastados y roto del bolsillo derecho, usaba un suéter raído, y mostraba un rostro descuidado en su aseo, con una barba crecida de varios días. No correspondía en nada a la información que había publicado Anabel Hernández en su libro, respecto a que se trataba de un secuestrador propietario de una fortuna de más de 100 millones de dólares. Tampoco hacía sentido que George Khoury —siendo propietario de discotecas de alto consumo económico—, trabajara para un supuesto asaltante de transportistas de Tepito, a quien también le atribuían pertenecer al grupo delictivo La Flor. La fabricación de delitos era implacable. 

Archivo El Universal. Nota 570327. Sección Metrópoli.

Otra de las referencias de Anabel Hernández fue a un tatuaje de George Khoury. Además de lo absurdo de su comentario, por decir fuera de lugar, también era un plagio del periódico, ya que ella nunca estuvo en contacto con él, de acuerdo con el mismo Khoury, quien dijo no saber quién era esa periodista. Nunca se habían visto frente a frente. Por lo tanto a Hernández no le constaba ni las dimensiones ni el lugar exacto del tatuaje que Khoury tenía. Para que Anabel pudiera haber hecho la referencia de primera mano tendría que haberlo visto en persona y sin camisa. No obstante, la periodista escribió sólo lo que leyó en El Universal, cayendo nuevamente en inexactitudes, puesto que en un par de las únicas fotografías que han circulado de Khoury con el uniforme de prisión, no se le alcanzaba a ver el tatuaje en el cuello, como para aseverar que “rompía con su imagen de fino, cortés y serio”. Un prejuicio total de la periodista, que funcionaba para quienes querían legitimar la imagen de delincuente a George Khoury Layón. La frase del periódico decía:
 
“Los que lo conocieron de vista, lo recuerdan con un tatuaje que inicia en el hombro y le abraza parte del cuello” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).

La frase plagiada por Anabel, reproducida en su libro:

“Lo que rompía con esa imagen era un enorme tatuaje que inicia en su hombro y le abraza parte del cuello” (Hernández, 2010, p. 454, idem).

Anabel Hernández no era la única que difamaba, calumniaba y fabricaba delitos a Khoury. Otro ejemplo era la reportera Erika Duarte, de La Jornada, que hacía lo mismo el 13 de febrero de 2006, tres días antes de la nota publicada en El Universal, lo cual ya mostraba indicios de ser una campaña de linchamiento mediático contra las víctimas relacionadas con el caso Wallace, y el caso apenas empezaba. La nota se titulaba “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera Erika Duarte se refería a César Freyre Morales como “plagiario”, a menos de un mes de su detención ilegal por órdenes de Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga.
 
Al parecer, Duarte nunca se llegó a preguntar si César Freyre era culpable o no, simplemente daba por hecho que era un plagiario, y no le importaba en lo más mínimo esa vida ni las que dependía de él. La Jornada también ponía de subtítulo “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era la legitimación directa a Isabel Miranda Torres, el aplauso moral a la propietaria de la empresa de espectaculares Showcase Publicidad que colocaba espectaculares con los rostros de personas inocente llamándoles “secuestradores” sin que ningún medio, periodista o autoridad cuestionara esas violaciones al derecho de presunción de inocencia de las víctimas. Aquí un fragmento de la nota:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khoury, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada).  

Cuando inicié mi investigación sobre El falso caso Wallace, la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, en una entrevista, me dijo que en aquel tiempo, 2005-2006, su hija y Jacobo, que eran novios, visitaban la discoteca Dóberman porque era la que estaba de moda en la Ciudad de México. No tenían relación alguna con el dueño, con Khoury. Era una diversión de jóvenes de clase media, me dijo. El lugar tenía reputación de un estatus de clase privilegiada y se llenaba de jóvenes veinteañeros. 
Sin embargo, una sola frase, aparentemente inocua, de la periodista Anabel Hernández en Los señores del narco nos llevaba a un trasfondo político de cómo se tejían las fabricaciones de culpables también en los medios del sistema: 

“Khoury Layón era propietario de dos antros muy concurridos donde se daban cita muchos artistas de Televisa: Cronic Garden, de Polanco, y la discoteca Dóberman, cuando estaba en la Zona Rosa” (Hernández, 2010, p.454, ídem).

Esta frase llevaba a un pie de página con el número 66, que decía: “De 2006 a 2010, Isela Lagunes hizo un intenso trabajo de investigación periodística al respecto, el cual fue publicado en El Universal, y más recientemente en Reporte Índigo”.

 

Para cualquier lector neófito de noticias, las referencias a periodistas y medios serían referencias de autoridad intelectual. Pero, para quienes leyeron la primera parte de El falso caso Wallace, se habrán enterado de cómo los medios servían incondicionalmente a Isabel Miranda Torres, sobre todo El Universal, y específicamente la periodista Isela Lagunes, quien era la reportera de cabecera de Isabel Miranda, en la fabricación del caso Wallace. Historias inverosímiles y macabras eran dictadas por la voz de Miranda a Lagunes sobre secuestrados y torturas, que destacaban a Miranda como la madre héroe que, mientras buscaba a su hijo, rescataba a “muchas otras víctimas”, entre éstas, a las supuestas víctimas de César Freyre Morales. 

De esta manera, las referencias hemerográficas en los libros de Anabel Hernández a Isela Lagunes y a otros periodistas legitimaban también la fabricación del caso Wallace e incriminaba a las otras víctimas como los supuestos cómplices de George Khoury. Para 2010, Hernández podría haber obtenido suficiente información como para tener una duda razonable sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, y todo lo que había alrededor de esta fabricación. Por el contrario, seguía el guion oficial, igual que todos los demás, excepto que jugaba el papel de crítica.

Otro de los párrafos en los que hizo referencia a Khoury decía:

“El Koki se hacía notar no sólo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar Bar, que el 25 de enero de 2010, se vio involucrado en el escándalo del futbolista Salvador Cabañas; hecho en el que para variar estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leyva” (p.454). 

¿“Para variar”? ¿Cómo podía sostener la periodista Anabel Hernández que en ese atentado contra el futbolista estaba involucrada “invariablemente” la gente de los Beltrán Leyva, si no mostraba un solo elemento de prueba, un testigo, una fuente o al menos una referencia circunstancial con la que pudiera sustentar su acusación? ¿Desde cuándo ella seguía la pista de los Beltrán Leyva o de la de George Khoury como para aseverar que el involucramiento en hechos delictivos era “invariable”? ¿Cuál era la consistencia lógica en la acusación contra George? ¿Sólo porque era “asiduo de lugares como el Bar Bar” lo involucraba en el crimen?

El 25 de enero de 2010, George Khoury Layón no terminaba de reponerse física y psicológicamente de las torturas de septiembre de 2009. Estaba en prisión, de la que no ha salido hasta este momento en que escribo estas líneas, principios de julio de 2019. George, hasta este momento, no ha vuelto a pisar las calles en libertad. Tampoco veía a su hermana, a quien le habían girado una orden de aprehensión por la presunta complicidad, y ella, por miedo a ser recluida siendo inocente, tuvo que alejarse de su hermano. Si Khoury hubiera tenido el poder criminal que le atribuía Anabel Hernández, a la primera persona que hubiera protegido sería a su hermana, creándole una nueva vida e identidad en otro país, como se presumía que lo había hecho Hugo Alberto Wallace, con tres identidades, dos obtenidas cinco años después de su supuesta muerte. ¿La fecha exacta? El 24 de febrero de 2010, un mes después de la fecha incriminatoria de Anabel a Khoury sobre el caso del futbolista. Pero no era así, los hermanos Khoury llevaban diez años sin verse, sin abrazarse, sin hablar en libertad, y con su patrimonio mermado seriamente intentando defenderse de la fabricación de delitos por los ministeriales públicos al servicio de Isabel Miranda y Genaro García Luna. Los padres de Khoury, mayores, enfermos y en profunda tristeza por los hechos, tampoco iban a verlo a prisión, y murieron sin volver a ver a su hijo. El peso de la pluma de Anabel Hernández, bajo el membrete de la revista Proceso, en sus “investigaciones” hacía mella, destrozaba la vida de una familia sin razón alguna, como lo hacía Isabel Miranda con el resto de sus víctimas. 


 
En la lucha por la verdad sobre las víctimas de fabricación de culpables había dos caminos escabrosos que recorrer, el mediático y el jurídico. Pero también, desandarlos nos llevaba a otros ángulos de la verdad. Yo había leído parte del expediente judicial de George Khoury Layón, a petición de su hermana María de Lourdes, y resultaban fabricaciones muy burdas, muy evidentes a cualquier escrutinio. En el caso de George, la incriminación de 2009 fue por un testigo protegido, y en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle, obligado por el mismo agente ministerial de la SEIDO, Braulio Robles Zúñiga, quien había ayudado a sostener el caso con las incriminaciones bajo tortura. El ministerial preparaba a los inculpados para presentarlos como “temibles delincuentes” antes de la ceremonia del expresidente Felipe Calderón donde le otorgaría el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres. 
 
Pero en el caso de la hermana de George, la acusaban de vender “tachas” a la salida de las discotecas, propiedad de su hermano en la Ciudad de México y en Acapulco.

En la declaración tomada en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra Khoury, el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a George Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador de Valdez Villarreal. El testigo “Zajed” afirmaba en esa declaración también que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana) y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

El testigo “Zajed” dijo que Khoury se había reunido varias veces, en su discoteca El Dobby, en la ciudad de Acapulco, con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura. Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, a quien el testigo protegido lo identificaba como comandante de la Policía Federal Preventiva. Yo busqué información del supuesto comandante, y según los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa AZUE/PETA/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. El acceso a esta información era público, a través de la red, y no se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como sostenía la periodista Anabel Hernández.

La fabricación era burda, y la periodista la hubiera podido develar con solo un poco de investigación en internet. En cambio, ya en este punto, afirmaba que Genaro García Luna “que antes había protegido a El Koki, ahora lo detenía, acusado de haber intentado matar a un comandante de la Policía Federal, aunque nunca se especificó a quién” (Hernández, 2010, p. 462); cuando en realidad se trataba del comandante segundo de la Policía Municipal de Petatlán y, reitero, no tenía nada que ver con George Khoury. 

El testigo “Zajed” incriminaba otras personas más en los que ya se había demostrado su inocencia, aunque seguían en prisión por la consigna de secuestro de Isabel Miranda y Alejandro Martí. El nombre de la discoteca no coincidía con el de la propiedad de Khoury. No hacía sentido que los Khoury Layón siendo propietarios, la hermana vendiera drogas fuera de las discotecas, declaraciones que retomó la periodista Anabel Hernández para uno de sus libros, sin más investigación que las palabras del testigo “Zajed”. El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, hacía cuatro años que había dejado de existir, en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con un ciudadano iraquí, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre era un delincuente o tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera también aparecían en otros archivos de la prensa mexicana, y no lo mencionaba Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

Por esa declaración del testigo “Zajed”, George Khoury Layón fue detenido por tercera vez, torturado y encarcelado. Cuando lo torturaron logró grabar la agresión en audio con su celular, lo cual fue una prueba contundente para su defensa, retomada por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas que emitió su opinión 16/2017 y solicitó al Gobierno de México la libertad inmediata de Khoury, el 18 de septiembre de 2017. 

Otra evidencia más en favor de Khoury fue el resultado positivo del Protocolo de Estambul practicado a Jacobo Tagle Dobín, del 23 al 25 de abril de 2018, por el perito cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva, del Consejo de la Judicatura Federal. Jacobo incriminó a George en su declaración del 4 y 6 de diciembre de 2010, pero había sido detenido de manera ilegal el 3 de diciembre y torturado tanto en su detención como al día siguiente, para que firmara hojas impresas elaboradas por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, el mismo agente que perpetró las torturas de Brenda Quevedo Cruz, el 26 de septiembre de 2009, en el penal de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, el 13 de octubre de 2010. Robles Zúñiga también fue señalado por Albert Castillo Cruz, de haberlo torturado por segunda ocasión, el 12 de octubre de 2010, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

En la declaratoria fabricada de Jacobo Tagle, el agente ministerial incondicional a Isabel Miranda Torres obligaba a Jacobo a incriminar a George Khoury del homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004, del que se desconocían los verdaderos motivos del homicidio y no se había relacionado con George Khoury, sino hasta 2010.

Anabel Hernández, en sus libros, relacionaba a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobín como cómplices de Khoury, incluso a Juana Hilda González Lomelí la relacionó con el narcotráfico, y como novia de Hugo Alberto, tal como lo afirmaba Isabel Miranda. ¿Por qué Brenda Quevedo no fue incriminada por Anabel? De acuerdo con el testimonio de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, ella personalmente buscó a Anabel. Al principio, la periodista se negaba a ver a la madre, y fue por el periodista José Reveles que Anabel aceptó la entrevista con Enriqueta. Le explicó insistentemente que su hija era inocente, que incluso, hasta ese momento, su hija no se había confesado culpable y ya había sido torturada con violencia sexual en dos ocasiones. Enriqueta me dijo, además, que le había costado mucho esfuerzo en convencer a Anabel de la inocencia de su hija, y que sólo lo hacía porque Brenda había sido torturada. 

Años después, el 31 de mayo de 2014 específicamente, en la revista Proceso, Anabel puso en duda el caso Wallace. Fue cuando David Bertet nos entregó a ella, a José Reveles y a mí, copia de la segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, con su identidad como Hugo Alberto Miranda Torres. Ese mismo día, horas antes de la publicación de Proceso, yo había publicado mi primer reportaje sobre el caso, en Los Ángeles Press: “Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida, pese a su madre”.  Fue el primero de más de cien reportajes y notas. No obstante, hasta la edición de este libro, cinco años después, Anabel no se había retractado de sus afirmaciones difamatorias ni había rectificado en favor de las víctimas. Lo más curioso es que las madres de las víctimas aplaudían el trabajo de Anabel por un video que se había difundido viralmente en el que cuestionaba a Isabel Miranda, aunque en sus libros siguiera incriminando a sus hijos. Anabel continuó vendiendo sus libros, incluso traducidos al inglés en los Estados Unidos, con el título de Narcoland, pero no volvió a escribir sobre el caso Wallace. 

 

 

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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