El Caso Wallace
Anabel Hernández, en la fabricación de las víctimas de Wallace desde 2010
La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de varios libros sobre narcotráfico y poder política, desde 2010, incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, para sostener el falso caso Wallace.

Capítulo 13
«El Koki»
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz, 2019
Los Ángeles.
Guadalupe Lizárraga
La primera semana de febrero de 2019 volví a la Ciudad de México. Había solicitado la autorización para visitar a George Khoury Layón y César Freyre Morales en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos inculpados, habían sido torturados y sus procesos estaban plagados de irregularidades como todas las demás víctimas de Isabel Miranda. Sin embargo, los familiares del resto de las víctimas los excluían de la defensa por las manipulaciones en los medios sobre acusaciones de narcotráfico y homicidio, logrando la desconfianza entre ellos mismos. Incluso Jacobo Tagle, después de la primera tortura en su detención, fue obligado a incriminar a George Khoury de homicidio y secuestro, y con ello, Khoury quedó vinculado al caso Wallace, pero los medios lo relacionaban con el caso Martí.
George había sufrido varias detenciones arbitrarias; se defendía jurídicamente y volvían a detenerlo. La primera fue el 16 de julio de 2005, cuatro días después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y la madre, Isabel Miranda, no dejaba tranquilo a George. Una siguiente detención fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria de César Freyre, de la que también había logrado defenderse. Pero en la detención del 2 de septiembre de 2009, lo torturaron los ministeriales de SEIDO-PGR, y lo presentaron hasta el día siguiente. Lo acusaron de delincuencia organizada, y después, de acusarlo de varias decenas de secuestros, quedó vinculado al caso Wallace, para simular que eran una “banda” relacionada al narcotráfico. Una de las periodistas que legitimó estas fabricaciones fue Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle. Me di cuenta en 2018, cuando leí el expediente fabricado de Khoury con fecha del 7 de octubre de 2009, en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas. Un mes después de esta detención de Khoury, tenían a un supuesto “testigo protegido” para incriminarlo. Reconocí los datos del expediente porque los había leído en los libros de Anabel, e incluso la redacción de la hoja del expediente era muy similar a la de la periodista. Lo llamaba “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco antrero”; se refería a él por sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “El Koki”. Éste último apodo era como la familia de George lo llamaba amorosamente, George, Jorge, Koki, desde niño, así le decían sus padres, me lo había contado muy afligida su hermana, María de Lourdes, Marilú, a quien también Anabel mencionaba difamatoriamente en sus libros.
Después de haberle adjudicado por lo menos «ocho secuestros violentos» a exagente de la AFI, Lorena González, y a una supuesta organización a la que pertenecía George Khoury, publicado en la revista Proceso, Anabel Hernández escribió también en su libro:
“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453).
La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que Felipe Calderón le otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran. La fecha de edición, pues, era clave. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas al presidente Calderón; habían solicitado la atención del titular de la CNDH, Raúl Plascencia; habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se había encarcelado a su defensa, la abogada Ámbar Treviño Pérez. Todos eran indicios de que había más información que la versión oficial desparramaba. Sin embargo, fueron ignorados por Anabel Hernández, e incluso hacía un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho (p.449).
Respecto a Khoury, en el mismo libro, Anabel afirmaba:
“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (p. 454, ídem).
Con un plagio de recortes de periódicos, Anabel Hernández había recurrido a la reproducción exacta de frases de una nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006.
“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).
En esa misma nota, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirmaba que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, que en este tiempo, de acuerdo con la información del periódico operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se referían a Khoury como el “pistolero” de Ben Sutchi, presunto homicida a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y redes sociales y en sus libros, que se empezaban a vender también en Estados Unidos.
La periodista no dudaba en absoluto de la información anónima publicada por El Universal. Sin ningún elemento de prueba científica, con sólo la nota del periódico y la acusación del Ministerio Público, se afirmaba que Khoury era un narcotraficante. Lo escribía como si a ella le constara directamente, incluso como si le conociera en persona, cuando ni siquiera buscó entrevistarlo. ¿En qué basaba su afirmación de cómo “era visto” Khoury y quién lo veía “cercano a la farándula” más allá del plagio a El Universal? Hernández hacía suposiciones sin fundamentos. Si el hombre era un empresario exitoso por ser propietario de discotecas en dos de las principales ciudades del país, Ciudad de México y Acapulco, y las atendía él mismo, era una obviedad que fuese cercano a sus clientes, personajes de la farándula, de la política, y de empresarios que frecuentaban el lugar. Pero esa supuesta cercanía con su clientela no era elemento de prueba para señalarlo de narcotraficante.
También Anabel relacionó a Khoury con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, “El Vale”, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates” (p.451). Al releer esta información en el libro de Anabel, busqué el nombre de Luis Manuel López Martínez en la red, y encontré la nota número 570327 del archivo de El Universal. Se trataba de una persona que había sido acusada de robo a transportistas. También le atribuían el apodo “El rey de Tepito”, y lo exhibían en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Su vestimenta era muy modesta, de pantalones de mezclilla desgastados y roto del bolsillo derecho, usaba un suéter raído, y mostraba un rostro descuidado en su aseo, con una barba crecida de varios días. No correspondía en nada a la información que había publicado Anabel Hernández en su libro, respecto a que se trataba de un secuestrador propietario de una fortuna de más de 100 millones de dólares. Tampoco hacía sentido que George Khoury —siendo propietario de discotecas de alto consumo económico—, trabajara para un supuesto asaltante de transportistas de Tepito, a quien también le atribuían pertenecer al grupo delictivo La Flor. La fabricación de delitos era implacable.
Otra de las referencias de Anabel Hernández fue a un tatuaje de George Khoury. Además de lo absurdo de su comentario, por decir fuera de lugar, también era un plagio del periódico, ya que ella nunca estuvo en contacto con él, de acuerdo con el mismo Khoury, quien dijo no saber quién era esa periodista. Nunca se habían visto frente a frente. Por lo tanto a Hernández no le constaba ni las dimensiones ni el lugar exacto del tatuaje que Khoury tenía. Para que Anabel pudiera haber hecho la referencia de primera mano tendría que haberlo visto en persona y sin camisa. No obstante, la periodista escribió sólo lo que leyó en El Universal, cayendo nuevamente en inexactitudes, puesto que en un par de las únicas fotografías que han circulado de Khoury con el uniforme de prisión, no se le alcanzaba a ver el tatuaje en el cuello, como para aseverar que “rompía con su imagen de fino, cortés y serio”. Un prejuicio total de la periodista, que funcionaba para quienes querían legitimar la imagen de delincuente a George Khoury Layón. La frase del periódico decía:
“Los que lo conocieron de vista, lo recuerdan con un tatuaje que inicia en el hombro y le abraza parte del cuello” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).
La frase plagiada por Anabel, reproducida en su libro:
“Lo que rompía con esa imagen era un enorme tatuaje que inicia en su hombro y le abraza parte del cuello” (Hernández, 2010, p. 454, idem).
Anabel Hernández no era la única que difamaba, calumniaba y fabricaba delitos a Khoury. Otro ejemplo era la reportera Erika Duarte, de La Jornada, que hacía lo mismo el 13 de febrero de 2006, tres días antes de la nota publicada en El Universal, lo cual ya mostraba indicios de ser una campaña de linchamiento mediático contra las víctimas relacionadas con el caso Wallace, y el caso apenas empezaba. La nota se titulaba “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera Erika Duarte se refería a César Freyre Morales como “plagiario”, a menos de un mes de su detención ilegal por órdenes de Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga.
Al parecer, Duarte nunca se llegó a preguntar si César Freyre era culpable o no, simplemente daba por hecho que era un plagiario, y no le importaba en lo más mínimo esa vida ni las que dependía de él. La Jornada también ponía de subtítulo “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era la legitimación directa a Isabel Miranda Torres, el aplauso moral a la propietaria de la empresa de espectaculares Showcase Publicidad que colocaba espectaculares con los rostros de personas inocente llamándoles “secuestradores” sin que ningún medio, periodista o autoridad cuestionara esas violaciones al derecho de presunción de inocencia de las víctimas. Aquí un fragmento de la nota:
“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khoury, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada).
Cuando inicié mi investigación sobre El falso caso Wallace, la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, en una entrevista, me dijo que en aquel tiempo, 2005-2006, su hija y Jacobo, que eran novios, visitaban la discoteca Dóberman porque era la que estaba de moda en la Ciudad de México. No tenían relación alguna con el dueño, con Khoury. Era una diversión de jóvenes de clase media, me dijo. El lugar tenía reputación de un estatus de clase privilegiada y se llenaba de jóvenes veinteañeros.
Sin embargo, una sola frase, aparentemente inocua, de la periodista Anabel Hernández en Los señores del narco nos llevaba a un trasfondo político de cómo se tejían las fabricaciones de culpables también en los medios del sistema:
“Khoury Layón era propietario de dos antros muy concurridos donde se daban cita muchos artistas de Televisa: Cronic Garden, de Polanco, y la discoteca Dóberman, cuando estaba en la Zona Rosa” (Hernández, 2010, p.454, ídem).
Esta frase llevaba a un pie de página con el número 66, que decía: “De 2006 a 2010, Isela Lagunes hizo un intenso trabajo de investigación periodística al respecto, el cual fue publicado en El Universal, y más recientemente en Reporte Índigo”.
Para cualquier lector neófito de noticias, las referencias a periodistas y medios serían referencias de autoridad intelectual. Pero, para quienes leyeron la primera parte de El falso caso Wallace, se habrán enterado de cómo los medios servían incondicionalmente a Isabel Miranda Torres, sobre todo El Universal, y específicamente la periodista Isela Lagunes, quien era la reportera de cabecera de Isabel Miranda, en la fabricación del caso Wallace. Historias inverosímiles y macabras eran dictadas por la voz de Miranda a Lagunes sobre secuestrados y torturas, que destacaban a Miranda como la madre héroe que, mientras buscaba a su hijo, rescataba a “muchas otras víctimas”, entre éstas, a las supuestas víctimas de César Freyre Morales.
De esta manera, las referencias hemerográficas en los libros de Anabel Hernández a Isela Lagunes y a otros periodistas legitimaban también la fabricación del caso Wallace e incriminaba a las otras víctimas como los supuestos cómplices de George Khoury. Para 2010, Hernández podría haber obtenido suficiente información como para tener una duda razonable sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, y todo lo que había alrededor de esta fabricación. Por el contrario, seguía el guion oficial, igual que todos los demás, excepto que jugaba el papel de crítica.
Otro de los párrafos en los que hizo referencia a Khoury decía:
“El Koki se hacía notar no sólo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar Bar, que el 25 de enero de 2010, se vio involucrado en el escándalo del futbolista Salvador Cabañas; hecho en el que para variar estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leyva” (p.454).
¿“Para variar”? ¿Cómo podía sostener la periodista Anabel Hernández que en ese atentado contra el futbolista estaba involucrada “invariablemente” la gente de los Beltrán Leyva, si no mostraba un solo elemento de prueba, un testigo, una fuente o al menos una referencia circunstancial con la que pudiera sustentar su acusación? ¿Desde cuándo ella seguía la pista de los Beltrán Leyva o de la de George Khoury como para aseverar que el involucramiento en hechos delictivos era “invariable”? ¿Cuál era la consistencia lógica en la acusación contra George? ¿Sólo porque era “asiduo de lugares como el Bar Bar” lo involucraba en el crimen?
El 25 de enero de 2010, George Khoury Layón no terminaba de reponerse física y psicológicamente de las torturas de septiembre de 2009. Estaba en prisión, de la que no ha salido hasta este momento en que escribo estas líneas, principios de julio de 2019. George, hasta este momento, no ha vuelto a pisar las calles en libertad. Tampoco veía a su hermana, a quien le habían girado una orden de aprehensión por la presunta complicidad, y ella, por miedo a ser recluida siendo inocente, tuvo que alejarse de su hermano. Si Khoury hubiera tenido el poder criminal que le atribuía Anabel Hernández, a la primera persona que hubiera protegido sería a su hermana, creándole una nueva vida e identidad en otro país, como se presumía que lo había hecho Hugo Alberto Wallace, con tres identidades, dos obtenidas cinco años después de su supuesta muerte. ¿La fecha exacta? El 24 de febrero de 2010, un mes después de la fecha incriminatoria de Anabel a Khoury sobre el caso del futbolista. Pero no era así, los hermanos Khoury llevaban diez años sin verse, sin abrazarse, sin hablar en libertad, y con su patrimonio mermado seriamente intentando defenderse de la fabricación de delitos por los ministeriales públicos al servicio de Isabel Miranda y Genaro García Luna. Los padres de Khoury, mayores, enfermos y en profunda tristeza por los hechos, tampoco iban a verlo a prisión, y murieron sin volver a ver a su hijo. El peso de la pluma de Anabel Hernández, bajo el membrete de la revista Proceso, en sus “investigaciones” hacía mella, destrozaba la vida de una familia sin razón alguna, como lo hacía Isabel Miranda con el resto de sus víctimas.
En la lucha por la verdad sobre las víctimas de fabricación de culpables había dos caminos escabrosos que recorrer, el mediático y el jurídico. Pero también, desandarlos nos llevaba a otros ángulos de la verdad. Yo había leído parte del expediente judicial de George Khoury Layón, a petición de su hermana María de Lourdes, y resultaban fabricaciones muy burdas, muy evidentes a cualquier escrutinio. En el caso de George, la incriminación de 2009 fue por un testigo protegido, y en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle, obligado por el mismo agente ministerial de la SEIDO, Braulio Robles Zúñiga, quien había ayudado a sostener el caso con las incriminaciones bajo tortura. El ministerial preparaba a los inculpados para presentarlos como “temibles delincuentes” antes de la ceremonia del expresidente Felipe Calderón donde le otorgaría el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres.
Pero en el caso de la hermana de George, la acusaban de vender “tachas” a la salida de las discotecas, propiedad de su hermano en la Ciudad de México y en Acapulco.
En la declaración tomada en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra Khoury, el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a George Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador de Valdez Villarreal. El testigo “Zajed” afirmaba en esa declaración también que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana) y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.
El testigo “Zajed” dijo que Khoury se había reunido varias veces, en su discoteca El Dobby, en la ciudad de Acapulco, con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura. Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, a quien el testigo protegido lo identificaba como comandante de la Policía Federal Preventiva. Yo busqué información del supuesto comandante, y según los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa AZUE/PETA/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. El acceso a esta información era público, a través de la red, y no se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como sostenía la periodista Anabel Hernández.
La fabricación era burda, y la periodista la hubiera podido develar con solo un poco de investigación en internet. En cambio, ya en este punto, afirmaba que Genaro García Luna “que antes había protegido a El Koki, ahora lo detenía, acusado de haber intentado matar a un comandante de la Policía Federal, aunque nunca se especificó a quién” (Hernández, 2010, p. 462); cuando en realidad se trataba del comandante segundo de la Policía Municipal de Petatlán y, reitero, no tenía nada que ver con George Khoury.
El testigo “Zajed” incriminaba otras personas más en los que ya se había demostrado su inocencia, aunque seguían en prisión por la consigna de secuestro de Isabel Miranda y Alejandro Martí. El nombre de la discoteca no coincidía con el de la propiedad de Khoury. No hacía sentido que los Khoury Layón siendo propietarios, la hermana vendiera drogas fuera de las discotecas, declaraciones que retomó la periodista Anabel Hernández para uno de sus libros, sin más investigación que las palabras del testigo “Zajed”. El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, hacía cuatro años que había dejado de existir, en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta.
El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con un ciudadano iraquí, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre era un delincuente o tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera también aparecían en otros archivos de la prensa mexicana, y no lo mencionaba Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.
Por esa declaración del testigo “Zajed”, George Khoury Layón fue detenido por tercera vez, torturado y encarcelado. Cuando lo torturaron logró grabar la agresión en audio con su celular, lo cual fue una prueba contundente para su defensa, retomada por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas que emitió su opinión 16/2017 y solicitó al Gobierno de México la libertad inmediata de Khoury, el 18 de septiembre de 2017.
Otra evidencia más en favor de Khoury fue el resultado positivo del Protocolo de Estambul practicado a Jacobo Tagle Dobín, del 23 al 25 de abril de 2018, por el perito cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva, del Consejo de la Judicatura Federal. Jacobo incriminó a George en su declaración del 4 y 6 de diciembre de 2010, pero había sido detenido de manera ilegal el 3 de diciembre y torturado tanto en su detención como al día siguiente, para que firmara hojas impresas elaboradas por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, el mismo agente que perpetró las torturas de Brenda Quevedo Cruz, el 26 de septiembre de 2009, en el penal de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, el 13 de octubre de 2010. Robles Zúñiga también fue señalado por Albert Castillo Cruz, de haberlo torturado por segunda ocasión, el 12 de octubre de 2010, en el penal de Puente Grande, Jalisco.
En la declaratoria fabricada de Jacobo Tagle, el agente ministerial incondicional a Isabel Miranda Torres obligaba a Jacobo a incriminar a George Khoury del homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004, del que se desconocían los verdaderos motivos del homicidio y no se había relacionado con George Khoury, sino hasta 2010.
Anabel Hernández, en sus libros, relacionaba a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobín como cómplices de Khoury, incluso a Juana Hilda González Lomelí la relacionó con el narcotráfico, y como novia de Hugo Alberto, tal como lo afirmaba Isabel Miranda. ¿Por qué Brenda Quevedo no fue incriminada por Anabel? De acuerdo con el testimonio de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, ella personalmente buscó a Anabel. Al principio, la periodista se negaba a ver a la madre, y fue por el periodista José Reveles que Anabel aceptó la entrevista con Enriqueta. Le explicó insistentemente que su hija era inocente, que incluso, hasta ese momento, su hija no se había confesado culpable y ya había sido torturada con violencia sexual en dos ocasiones. Enriqueta me dijo, además, que le había costado mucho esfuerzo en convencer a Anabel de la inocencia de su hija, y que sólo lo hacía porque Brenda había sido torturada.
Años después, el 31 de mayo de 2014 específicamente, en la revista Proceso, Anabel puso en duda el caso Wallace. Fue cuando David Bertet nos entregó a ella, a José Reveles y a mí, copia de la segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, con su identidad como Hugo Alberto Miranda Torres. Ese mismo día, horas antes de la publicación de Proceso, yo había publicado mi primer reportaje sobre el caso, en Los Ángeles Press: “Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida, pese a su madre”. Fue el primero de más de cien reportajes y notas. No obstante, hasta la edición de este libro, cinco años después, Anabel no se había retractado de sus afirmaciones difamatorias ni había rectificado en favor de las víctimas. Lo más curioso es que las madres de las víctimas aplaudían el trabajo de Anabel por un video que se había difundido viralmente en el que cuestionaba a Isabel Miranda, aunque en sus libros siguiera incriminando a sus hijos. Anabel continuó vendiendo sus libros, incluso traducidos al inglés en los Estados Unidos, con el título de Narcoland, pero no volvió a escribir sobre el caso Wallace.
El Caso Wallace
José Luis Moya ejerce réplica sobre calumnias de Isabel Miranda lanzadas en El Heraldo de México

Fue testigo protegido en una corte de Chicago en favor de una de las víctimas de Isabel Miranda y presentó indicios de vida de Hugo Alberto Wallace en 2006
Por Guadalupe Lizárraga
José Luis Moya Moya, asesor de Transparencia y combate a la corrupción, ejerció su derecho de réplica en respuesta a las calumnias de la presidente de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda Torres, quien lo llamó “oportunista” y «extorsionador» en El Heraldo de México, diario que le negó el espacio. Moya fue uno de los testigos que interactuaron con su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2006, después de la fecha de la supueste muerte.
A través de un documento PDF de 46 páginas, José Luis Moya refirió que la supuesta nota de rescate que enviaron los presuntos plagiarios de su hijo fueron impresas tanto por las entonces Procuraduría General de la República (PGR) como por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). También afirmó que desde 2006, se conocía que el hijo de Isabel Miranda Torres no era descendiente de Enrique Wallace Díaz, y que desde entonces se informó al conductor de Grupo Imagen Ciro Gómez Leyva en su programa en vivo. Sin embargo, la respuesta de Isabel Miranda fue de calumnias y amenazas de cárcel después de acusarlo la primera vez de extorsión.
En abril de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga corroboró la versión de José Luis Moya sobre el padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel Miranda, a quien la periodista presentó en conferencia de prensa, acompañados por la senadora Nestora Salgado.
Moya fue testigo protegido en un juicio en Chicago de una de las víctimas de Isabel Miranda con el se decidiría su extradición a México. Aparte de su testimonio, allí presentó como pruebas copias de correos electrónicos de Hugo Alberto Wallace Miranda y mensajes de texto, así como registro de llamadas.
De la misma manera, recordó que peritos especializados le notificaron que la supuesta muerte de su hijo por los secuestradores no estaba sustentada científicamente, debido a que el sitio donde supuestamente se había cometido el crimen no tenía manchas de sangre que podían haberse encontrado con Luminol ni se hicieron las analíticas forenses para determinar si se había cortado en un diminuto baño un cuerpo con las dimensiones del hijo de Isabel Miranda, tal como lo afirmado ella.
Para José Luis Moya, no hay duda de que Isabel Miranda manipuló la información para fabricar el falso secuestro de su hijo con el apoyo de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón y declarado recientemente culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Ante las pruebas que confirman el montaje del falso secuestro de su hijo, aseveró que él sigue pensando que está vivo, debido a que también se ha comprobado que de forma sistemática Isabel Miranda ha sido beneficiada por el gobierno de México, desde el periodo de Vicente Fox hasta la fecha.
El Caso Wallace
Isabel Miranda calumnia en medios a testigos que declararon sobre el falso secuestro de su hijo

Primero los acusa de extorsión en los medios y, después, con tráfico de influencias en el Ministerio Público, los mete a prisión
Por Guadalupe Lizárraga
Con una serie de calumnias reproducidas por El Heraldo de México, Isabel Miranda Torres hostiga de nuevo a uno de los varios testigos que han declarado sobre la falsedad del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Se trata de José Luis Moya Moya, investigador privado, que reveló llamadas y correos electrónicos de Hugo Alberto en 2006 con fecha posterior a su supuesta muerte.
Moya también emprendió una búsqueda de la supuesta víctima en 2006, al tratarse del amigo más cercano de su expareja sentimental Laura Domínguez, de quien Hugo Alberto era vecino y tenían estrecha convivencia. En la investigación llevada por Moya, dio a conocer las primeras contradicciones de los dichos de Isabel Miranda respecto al supuesto secuestro, así como las incongruencias que revelaban el falso homicidio contado a los medios por la misma madre.
José Luis Moya puso la denuncia en ese entonces en la procuraduría de la Ciudad de México y en la PGR, y su declaración dijo que Hugo Alberto estaba vivo:
“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa.
Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios.
Al respecto, declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y pedí se confirme la posible autenticidad de los mismos, porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos dijo que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.
Laura Domínguez fue una de las personas con las que tuvo comunicación telefónica Hugo Alberto, después de la fecha de su supuesta muerte, además de un encuentro con él en el aeropuerto, llevada por José Luis Moya en su auto. Sin embargo, tanto Domínguez como Moya inmediatamente fueron amenazados de muerte, y acusados falsamente de extorsión .
Incluso las amenazas de Miranda se repitieron cuando José Luis Moya y su excompañera hablaron con Ciro Gómez Leyva en su programa en vivo, para informarle que su hijo no estaba muerto como ella aseguraba.
Tampoco es la única víctima acusada falsamente por Isabel Miranda. De la misma manera calumnió la madre y a hermana de César Freyre Morales, quienes pasaron año y medio en prisión acusadas también de extorsión, para presionar a Freyre a que se declarara culpable del secuestro del supuesto secuestro de su hijo.
Otra de las falsas acusaciones de Miranda fue en contra de la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien llevaba la defensa de César Freyre. Con tráfico de influencias, Miranda logró que le dieran prisión preventiva a Treviño con cargos de falsificación de documentos en mayo de 2010. El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”.
En la investigación periodística de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace y La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, se evidencian los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace, además de las pruebas de tortura, intentos de secuestro, encarcelamientos injustos, y amenazas contra los inculpados y sus familiares por parte de Isabel Miranda y de los agentes de la SIEDO.
El Caso Wallace
Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».
En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.
Aquí la carta abierta
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023
Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP
En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.
Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.
Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.
Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.
Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.
Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.
George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.
Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.
Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.
Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.
Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.
Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.
No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.
Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.
Atentamente
Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press
Renuncia de Salvador Leyva a Defensoría Pública
Muy preocupantes cambios en la @defensoriaifdp 😡 https://t.co/reMiJmDwgn
— John M. Ackerman (@JohnMAckerman) February 3, 2023
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