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El Caso Wallace

Anabel Hernández, en la fabricación de las víctimas de Wallace desde 2010

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de varios libros sobre narcotráfico y poder política, desde 2010, incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, para sostener el falso caso Wallace.

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Capítulo 13
«El Koki»
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz, 2019
Los Ángeles.

Guadalupe Lizárraga

La primera semana de febrero de 2019 volví a la Ciudad de México. Había solicitado la autorización para visitar a George Khoury Layón y César Freyre Morales en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos inculpados, habían sido torturados y sus procesos estaban plagados de irregularidades como todas las demás víctimas de Isabel Miranda. Sin embargo, los familiares del resto de las víctimas los excluían de la defensa por las manipulaciones en los medios sobre acusaciones de narcotráfico y homicidio, logrando la desconfianza entre ellos mismos. Incluso Jacobo Tagle, después de la primera tortura en su detención, fue obligado a incriminar a George Khoury de homicidio y secuestro, y con ello, Khoury quedó vinculado al caso Wallace, pero los medios lo relacionaban con el caso Martí.

George había sufrido varias detenciones arbitrarias; se defendía jurídicamente y volvían a detenerlo. La primera fue el 16 de julio de 2005, cuatro días después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y la madre, Isabel Miranda, no dejaba tranquilo a George. Una siguiente detención fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria de César Freyre, de la que también había logrado defenderse. Pero en la detención del 2 de septiembre de 2009, lo torturaron los ministeriales de SEIDO-PGR, y lo presentaron hasta el día siguiente. Lo acusaron de delincuencia organizada, y después, de acusarlo de varias decenas de secuestros, quedó vinculado al caso Wallace, para simular que eran una “banda” relacionada al narcotráfico. Una de las periodistas que legitimó estas fabricaciones fue Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle. Me di cuenta en 2018, cuando leí el expediente fabricado de Khoury con fecha del 7 de octubre de 2009, en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas. Un mes después de esta detención de Khoury, tenían a un supuesto “testigo protegido” para incriminarlo. Reconocí los datos del expediente porque los había leído en los libros de Anabel, e incluso la redacción de la hoja del expediente era muy similar a la de la periodista. Lo llamaba “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco antrero”; se refería a él por sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “El Koki”. Éste último apodo era como la familia de George lo llamaba amorosamente, George, Jorge, Koki, desde niño, así le decían sus padres, me lo había contado muy afligida su hermana, María de Lourdes, Marilú, a quien también Anabel mencionaba difamatoriamente en sus libros.

 

Después de haberle adjudicado por lo menos «ocho secuestros violentos» a exagente de la AFI, Lorena González, y a una supuesta organización a la que pertenecía George Khoury, publicado en la revista Proceso, Anabel Hernández escribió también en su libro:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453). 

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que Felipe Calderón le otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran. La fecha de edición, pues, era clave. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas al presidente Calderón; habían solicitado la atención del titular de la CNDH, Raúl Plascencia; habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se había encarcelado a su defensa, la abogada Ámbar Treviño Pérez. Todos eran indicios de que había más información que la versión oficial desparramaba. Sin embargo, fueron ignorados por Anabel Hernández, e incluso hacía un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho (p.449).

 

Respecto a Khoury, en el mismo libro, Anabel afirmaba:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (p. 454, ídem).

Con un plagio de recortes de periódicos, Anabel Hernández había recurrido a la reproducción exacta de frases de una nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006. 

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirmaba que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, que en este tiempo, de acuerdo con la información del periódico operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se referían a Khoury como el “pistolero” de Ben Sutchi, presunto homicida a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y redes sociales y en sus libros, que se empezaban a vender también en Estados Unidos.

La periodista no dudaba en absoluto de la información anónima publicada por El Universal. Sin ningún elemento de prueba científica, con sólo la nota del periódico y la acusación del Ministerio Público, se afirmaba que Khoury era un narcotraficante. Lo escribía como si a ella le constara directamente, incluso como si le conociera en persona, cuando ni siquiera buscó entrevistarlo. ¿En qué basaba su afirmación de cómo “era visto” Khoury y quién lo veía “cercano a la farándula” más allá del plagio a El Universal? Hernández hacía suposiciones sin fundamentos. Si el hombre era un empresario exitoso por ser propietario de discotecas en dos de las principales ciudades del país, Ciudad de México y Acapulco, y las atendía él mismo, era una obviedad que fuese cercano a sus clientes, personajes de la farándula, de la política, y de empresarios que frecuentaban el lugar. Pero esa supuesta cercanía con su clientela no era elemento de prueba para señalarlo de narcotraficante.

También Anabel relacionó a Khoury con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, “El Vale”, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates” (p.451). Al releer esta información en el libro de Anabel, busqué el nombre de Luis Manuel López Martínez en la red, y encontré la nota número 570327 del archivo de El Universal. Se trataba de una persona que había sido acusada de robo a transportistas. También le atribuían el apodo “El rey de Tepito”, y lo exhibían en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Su vestimenta era muy modesta, de pantalones de mezclilla desgastados y roto del bolsillo derecho, usaba un suéter raído, y mostraba un rostro descuidado en su aseo, con una barba crecida de varios días. No correspondía en nada a la información que había publicado Anabel Hernández en su libro, respecto a que se trataba de un secuestrador propietario de una fortuna de más de 100 millones de dólares. Tampoco hacía sentido que George Khoury —siendo propietario de discotecas de alto consumo económico—, trabajara para un supuesto asaltante de transportistas de Tepito, a quien también le atribuían pertenecer al grupo delictivo La Flor. La fabricación de delitos era implacable. 

Archivo El Universal. Nota 570327. Sección Metrópoli.

Otra de las referencias de Anabel Hernández fue a un tatuaje de George Khoury. Además de lo absurdo de su comentario, por decir fuera de lugar, también era un plagio del periódico, ya que ella nunca estuvo en contacto con él, de acuerdo con el mismo Khoury, quien dijo no saber quién era esa periodista. Nunca se habían visto frente a frente. Por lo tanto a Hernández no le constaba ni las dimensiones ni el lugar exacto del tatuaje que Khoury tenía. Para que Anabel pudiera haber hecho la referencia de primera mano tendría que haberlo visto en persona y sin camisa. No obstante, la periodista escribió sólo lo que leyó en El Universal, cayendo nuevamente en inexactitudes, puesto que en un par de las únicas fotografías que han circulado de Khoury con el uniforme de prisión, no se le alcanzaba a ver el tatuaje en el cuello, como para aseverar que “rompía con su imagen de fino, cortés y serio”. Un prejuicio total de la periodista, que funcionaba para quienes querían legitimar la imagen de delincuente a George Khoury Layón. La frase del periódico decía:
 
“Los que lo conocieron de vista, lo recuerdan con un tatuaje que inicia en el hombro y le abraza parte del cuello” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).

La frase plagiada por Anabel, reproducida en su libro:

“Lo que rompía con esa imagen era un enorme tatuaje que inicia en su hombro y le abraza parte del cuello” (Hernández, 2010, p. 454, idem).

Anabel Hernández no era la única que difamaba, calumniaba y fabricaba delitos a Khoury. Otro ejemplo era la reportera Erika Duarte, de La Jornada, que hacía lo mismo el 13 de febrero de 2006, tres días antes de la nota publicada en El Universal, lo cual ya mostraba indicios de ser una campaña de linchamiento mediático contra las víctimas relacionadas con el caso Wallace, y el caso apenas empezaba. La nota se titulaba “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera Erika Duarte se refería a César Freyre Morales como “plagiario”, a menos de un mes de su detención ilegal por órdenes de Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga.
 
Al parecer, Duarte nunca se llegó a preguntar si César Freyre era culpable o no, simplemente daba por hecho que era un plagiario, y no le importaba en lo más mínimo esa vida ni las que dependía de él. La Jornada también ponía de subtítulo “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era la legitimación directa a Isabel Miranda Torres, el aplauso moral a la propietaria de la empresa de espectaculares Showcase Publicidad que colocaba espectaculares con los rostros de personas inocente llamándoles “secuestradores” sin que ningún medio, periodista o autoridad cuestionara esas violaciones al derecho de presunción de inocencia de las víctimas. Aquí un fragmento de la nota:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khoury, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada).  

Cuando inicié mi investigación sobre El falso caso Wallace, la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, en una entrevista, me dijo que en aquel tiempo, 2005-2006, su hija y Jacobo, que eran novios, visitaban la discoteca Dóberman porque era la que estaba de moda en la Ciudad de México. No tenían relación alguna con el dueño, con Khoury. Era una diversión de jóvenes de clase media, me dijo. El lugar tenía reputación de un estatus de clase privilegiada y se llenaba de jóvenes veinteañeros. 
Sin embargo, una sola frase, aparentemente inocua, de la periodista Anabel Hernández en Los señores del narco nos llevaba a un trasfondo político de cómo se tejían las fabricaciones de culpables también en los medios del sistema: 

“Khoury Layón era propietario de dos antros muy concurridos donde se daban cita muchos artistas de Televisa: Cronic Garden, de Polanco, y la discoteca Dóberman, cuando estaba en la Zona Rosa” (Hernández, 2010, p.454, ídem).

Esta frase llevaba a un pie de página con el número 66, que decía: “De 2006 a 2010, Isela Lagunes hizo un intenso trabajo de investigación periodística al respecto, el cual fue publicado en El Universal, y más recientemente en Reporte Índigo”.

 

Para cualquier lector neófito de noticias, las referencias a periodistas y medios serían referencias de autoridad intelectual. Pero, para quienes leyeron la primera parte de El falso caso Wallace, se habrán enterado de cómo los medios servían incondicionalmente a Isabel Miranda Torres, sobre todo El Universal, y específicamente la periodista Isela Lagunes, quien era la reportera de cabecera de Isabel Miranda, en la fabricación del caso Wallace. Historias inverosímiles y macabras eran dictadas por la voz de Miranda a Lagunes sobre secuestrados y torturas, que destacaban a Miranda como la madre héroe que, mientras buscaba a su hijo, rescataba a “muchas otras víctimas”, entre éstas, a las supuestas víctimas de César Freyre Morales. 

De esta manera, las referencias hemerográficas en los libros de Anabel Hernández a Isela Lagunes y a otros periodistas legitimaban también la fabricación del caso Wallace e incriminaba a las otras víctimas como los supuestos cómplices de George Khoury. Para 2010, Hernández podría haber obtenido suficiente información como para tener una duda razonable sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, y todo lo que había alrededor de esta fabricación. Por el contrario, seguía el guion oficial, igual que todos los demás, excepto que jugaba el papel de crítica.

Otro de los párrafos en los que hizo referencia a Khoury decía:

“El Koki se hacía notar no sólo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar Bar, que el 25 de enero de 2010, se vio involucrado en el escándalo del futbolista Salvador Cabañas; hecho en el que para variar estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leyva” (p.454). 

¿“Para variar”? ¿Cómo podía sostener la periodista Anabel Hernández que en ese atentado contra el futbolista estaba involucrada “invariablemente” la gente de los Beltrán Leyva, si no mostraba un solo elemento de prueba, un testigo, una fuente o al menos una referencia circunstancial con la que pudiera sustentar su acusación? ¿Desde cuándo ella seguía la pista de los Beltrán Leyva o de la de George Khoury como para aseverar que el involucramiento en hechos delictivos era “invariable”? ¿Cuál era la consistencia lógica en la acusación contra George? ¿Sólo porque era “asiduo de lugares como el Bar Bar” lo involucraba en el crimen?

El 25 de enero de 2010, George Khoury Layón no terminaba de reponerse física y psicológicamente de las torturas de septiembre de 2009. Estaba en prisión, de la que no ha salido hasta este momento en que escribo estas líneas, principios de julio de 2019. George, hasta este momento, no ha vuelto a pisar las calles en libertad. Tampoco veía a su hermana, a quien le habían girado una orden de aprehensión por la presunta complicidad, y ella, por miedo a ser recluida siendo inocente, tuvo que alejarse de su hermano. Si Khoury hubiera tenido el poder criminal que le atribuía Anabel Hernández, a la primera persona que hubiera protegido sería a su hermana, creándole una nueva vida e identidad en otro país, como se presumía que lo había hecho Hugo Alberto Wallace, con tres identidades, dos obtenidas cinco años después de su supuesta muerte. ¿La fecha exacta? El 24 de febrero de 2010, un mes después de la fecha incriminatoria de Anabel a Khoury sobre el caso del futbolista. Pero no era así, los hermanos Khoury llevaban diez años sin verse, sin abrazarse, sin hablar en libertad, y con su patrimonio mermado seriamente intentando defenderse de la fabricación de delitos por los ministeriales públicos al servicio de Isabel Miranda y Genaro García Luna. Los padres de Khoury, mayores, enfermos y en profunda tristeza por los hechos, tampoco iban a verlo a prisión, y murieron sin volver a ver a su hijo. El peso de la pluma de Anabel Hernández, bajo el membrete de la revista Proceso, en sus “investigaciones” hacía mella, destrozaba la vida de una familia sin razón alguna, como lo hacía Isabel Miranda con el resto de sus víctimas. 


 
En la lucha por la verdad sobre las víctimas de fabricación de culpables había dos caminos escabrosos que recorrer, el mediático y el jurídico. Pero también, desandarlos nos llevaba a otros ángulos de la verdad. Yo había leído parte del expediente judicial de George Khoury Layón, a petición de su hermana María de Lourdes, y resultaban fabricaciones muy burdas, muy evidentes a cualquier escrutinio. En el caso de George, la incriminación de 2009 fue por un testigo protegido, y en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle, obligado por el mismo agente ministerial de la SEIDO, Braulio Robles Zúñiga, quien había ayudado a sostener el caso con las incriminaciones bajo tortura. El ministerial preparaba a los inculpados para presentarlos como “temibles delincuentes” antes de la ceremonia del expresidente Felipe Calderón donde le otorgaría el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres. 
 
Pero en el caso de la hermana de George, la acusaban de vender “tachas” a la salida de las discotecas, propiedad de su hermano en la Ciudad de México y en Acapulco.

En la declaración tomada en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra Khoury, el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a George Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador de Valdez Villarreal. El testigo “Zajed” afirmaba en esa declaración también que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana) y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

El testigo “Zajed” dijo que Khoury se había reunido varias veces, en su discoteca El Dobby, en la ciudad de Acapulco, con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura. Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, a quien el testigo protegido lo identificaba como comandante de la Policía Federal Preventiva. Yo busqué información del supuesto comandante, y según los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa AZUE/PETA/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. El acceso a esta información era público, a través de la red, y no se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como sostenía la periodista Anabel Hernández.

La fabricación era burda, y la periodista la hubiera podido develar con solo un poco de investigación en internet. En cambio, ya en este punto, afirmaba que Genaro García Luna “que antes había protegido a El Koki, ahora lo detenía, acusado de haber intentado matar a un comandante de la Policía Federal, aunque nunca se especificó a quién” (Hernández, 2010, p. 462); cuando en realidad se trataba del comandante segundo de la Policía Municipal de Petatlán y, reitero, no tenía nada que ver con George Khoury. 

El testigo “Zajed” incriminaba otras personas más en los que ya se había demostrado su inocencia, aunque seguían en prisión por la consigna de secuestro de Isabel Miranda y Alejandro Martí. El nombre de la discoteca no coincidía con el de la propiedad de Khoury. No hacía sentido que los Khoury Layón siendo propietarios, la hermana vendiera drogas fuera de las discotecas, declaraciones que retomó la periodista Anabel Hernández para uno de sus libros, sin más investigación que las palabras del testigo “Zajed”. El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, hacía cuatro años que había dejado de existir, en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con un ciudadano iraquí, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre era un delincuente o tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera también aparecían en otros archivos de la prensa mexicana, y no lo mencionaba Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

Por esa declaración del testigo “Zajed”, George Khoury Layón fue detenido por tercera vez, torturado y encarcelado. Cuando lo torturaron logró grabar la agresión en audio con su celular, lo cual fue una prueba contundente para su defensa, retomada por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas que emitió su opinión 16/2017 y solicitó al Gobierno de México la libertad inmediata de Khoury, el 18 de septiembre de 2017. 

Otra evidencia más en favor de Khoury fue el resultado positivo del Protocolo de Estambul practicado a Jacobo Tagle Dobín, del 23 al 25 de abril de 2018, por el perito cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva, del Consejo de la Judicatura Federal. Jacobo incriminó a George en su declaración del 4 y 6 de diciembre de 2010, pero había sido detenido de manera ilegal el 3 de diciembre y torturado tanto en su detención como al día siguiente, para que firmara hojas impresas elaboradas por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, el mismo agente que perpetró las torturas de Brenda Quevedo Cruz, el 26 de septiembre de 2009, en el penal de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, el 13 de octubre de 2010. Robles Zúñiga también fue señalado por Albert Castillo Cruz, de haberlo torturado por segunda ocasión, el 12 de octubre de 2010, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

En la declaratoria fabricada de Jacobo Tagle, el agente ministerial incondicional a Isabel Miranda Torres obligaba a Jacobo a incriminar a George Khoury del homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004, del que se desconocían los verdaderos motivos del homicidio y no se había relacionado con George Khoury, sino hasta 2010.

Anabel Hernández, en sus libros, relacionaba a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobín como cómplices de Khoury, incluso a Juana Hilda González Lomelí la relacionó con el narcotráfico, y como novia de Hugo Alberto, tal como lo afirmaba Isabel Miranda. ¿Por qué Brenda Quevedo no fue incriminada por Anabel? De acuerdo con el testimonio de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, ella personalmente buscó a Anabel. Al principio, la periodista se negaba a ver a la madre, y fue por el periodista José Reveles que Anabel aceptó la entrevista con Enriqueta. Le explicó insistentemente que su hija era inocente, que incluso, hasta ese momento, su hija no se había confesado culpable y ya había sido torturada con violencia sexual en dos ocasiones. Enriqueta me dijo, además, que le había costado mucho esfuerzo en convencer a Anabel de la inocencia de su hija, y que sólo lo hacía porque Brenda había sido torturada. 

Años después, el 31 de mayo de 2014 específicamente, en la revista Proceso, Anabel puso en duda el caso Wallace. Fue cuando David Bertet nos entregó a ella, a José Reveles y a mí, copia de la segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, con su identidad como Hugo Alberto Miranda Torres. Ese mismo día, horas antes de la publicación de Proceso, yo había publicado mi primer reportaje sobre el caso, en Los Ángeles Press: “Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida, pese a su madre”.  Fue el primero de más de cien reportajes y notas. No obstante, hasta la edición de este libro, cinco años después, Anabel no se había retractado de sus afirmaciones difamatorias ni había rectificado en favor de las víctimas. Lo más curioso es que las madres de las víctimas aplaudían el trabajo de Anabel por un video que se había difundido viralmente en el que cuestionaba a Isabel Miranda, aunque en sus libros siguiera incriminando a sus hijos. Anabel continuó vendiendo sus libros, incluso traducidos al inglés en los Estados Unidos, con el título de Narcoland, pero no volvió a escribir sobre el caso Wallace. 

 

 

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

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Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

Luego de que María Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, fue desmentida por el equipo legal de George Khoury Layón, sobre un supuesto pacto con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la liberación del propio Khoury y de los inculpados del falso caso Wallace, se ha mantenido el silencio de las partes implicadas.

Khoury fue entrevistado por la periodista Guadalupe Lizárraga, para Los Ángeles Press, medio en el que dijo que le daba gusto que «el ministro (Zaldívar) se dé cuenta de lo que está pasando, aunque sea de manera manipulada, y vea cómo están las cosas», en referencia a los tratos crueles y torturas que ha sufrido para que deje de denunciar las violaciones a su proceso y a sus derechos humanos.

Para entender más del caso: Defensa de George Khoury Layón desmiente a Isabel Miranda sobre supuesto pacto con el ministro Zaldívar

Pero, ¿de qué se le acusa a George Khoury en el caso Wallace?

Primera acusación fabricada

La primera acusación contra George Khoury Layón fue el 16 de julio de 2005, cuando dos policías federales lo interceptaron sin ninguna orden de aprehensión o citación, por supuestos cargos de narcotráfico. La agresión había sido ordenada por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, quien quería desterrarlo de la ‘zona de judíos’ en Polanco, donde Khoury tenía un negocio exitoso de restaurante y discoteca. Lo exhibieron en los medios como “narcotraficante” y meses después fue liberado por su defensa, al no haber nada que lo vinculara a las acusaciones.

“Mi primera detención fue ahí, en 2005, cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero a éste le daba órdenes Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”, dijo a Los Ángeles Press.

Segunda acusación fabricada

Una segunda acusación en contra de George Khoury que derivó en la segunda detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, bajo las órdenes del mismo empresario Margolis Sobol. En esta ocasión se le acusó de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. En los medios, se promovieron notas de prensa para que se le relacionara con César Freyre Morales, víctima del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. El 11 de abril de 2006 se le dio el auto de formal prisión y tras una intensa defensa, fue absuelto por un juez federal el 25 de septiembre de 2007.

Lee más: Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

Tercera acusación fabricada

La tercera detención arbitraria contra George Khoury la perpetraron los policías federales: Porfirio Javier Sánchez Mendoza (actualmente en prisión) y Rolando Mayorga Cordero, el 2 de septiembre de 2009. Lo sacaron de un gimnasio de la colonia San Ángel, de la Ciudad de México, y lo llevaron en su propia camioneta a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado de la libertad y lo torturaron por 14 horas, con golpes, toques eléctricos y amenazas a su familia. Le sembraron droga y armas en su auto, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, además de grabar también su tortura con un artefacto mp3 que traía consigo.

En esta ocasión se le acusó nuevamente de delitos contra la salud, y se le agregó el delito de delincuencia organizada, señalándolo de pertenecer al Cártel de los Beltrán Leyva, y de operar con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El ministerio público que hizo las acusaciones judiciales, el 10 de noviembre de 2009, fue Braulio Robles Zúñiga, también a cargo de la investigación del ‘caso Wallace’, y mano derecha de Isabel Miranda Torres. Al día siguiente, 11 de noviembre, se le dio el auto de formal prisión a Khoury.

Un año después, George Khoury el 3 de diciembre de 2010, se dio la detención arbitraria de Jacobo Tagle Dobín, el primer acusado en julio de 2005, por Isabel Miranda de Wallace, del supuesto secuestro de su hijo. Tras la detención, Jacobo Tagle fue torturado y obligado a firmar una declaración incriminatoria en la que se mencionaba a George Khoury Layón como autor del homicidio del empresario Eduardo Salazar Bracamontes, perpetrado en noviembre de 2004, y a César Freyre Morales, como autor material de los hechos, junto con Jacobo.

La editora recomienda: ¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

Para legitimar la fabricación, la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, utilizó a la periodista Isela Lagunas, del diario El Universal, (en 2006) y a Anabel Hernández, (2010) quien publicó los expedientes fabricados en la PGR con falsos testigos protegidos, en su libro Los señores del narco, en el que también señala a César Freyre Morales y a Juana Hilda González Lomelí de trabajar para Khoury Layón y de haber cometido el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Cuarta acusación fabricada

El 14 de febrero de 2012, tras una larga defensa, se da la absolución nuevamente a George Khoury Layón. Al momento de su salida de prisión, el 26 de febrero de 2012, vuelve a ser detenido por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, quien ahora lo acusaba del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, con la incriminación bajo tortura de Jacobo Tagle. El agente de la SIEDO mantuvo en arraigo ilegal a George Khoury hasta conseguir la orden de aprehensión por parte de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien lo condenó a 20 años de prisión por homicidio calificado, el 29 de septiembre de 2014, utilizando como prueba la confesión incriminatoria bajo tortura de Tagle y un testimonio contradictorio de un tercero.

Quinta acusación fabricada

En abril de 2019, Isabel Miranda de Wallace, en entrevista a Notimex, le atribuyó a George Khoury Layón ser el autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La entrevista fue una instrucción de la directora de la Agencia del Estado, Sanjuana Martínez al reportero Alejandro Salas, después de que se denunciara la falsedad del caso Wallace, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Torturas y nuevas fabricaciones mediáticas

Actualmente, George Khoury Layón ha cumplido más del 50 por ciento de la sentencia condenatoria, dada por la jueza Hermelinda Silva, en diferentes penales federales del país, en los que ha sido torturado al menos en cuatro ocasiones; cuando su causa 80/2012 es el del fuero común en la Ciudad de México. La tortura más reciente, el 12 de junio de 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones de derechos humanos».

Isabel Miranda de Wallace, en programa con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, acusó a Khoury Layón de tener un ‘pacto’ con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “para liberar a los secuestradores de su hijo”, y publicó supuestos mensajes y conversaciones entre el ministro y otras personas en los que se alude falsamente a George Khoury Layón.

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