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El Caso Wallace

Anabel Hernández, en la fabricación de las víctimas de Wallace desde 2010

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de varios libros sobre narcotráfico y poder política, desde 2010, incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, para sostener el falso caso Wallace.

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Capítulo 13
«El Koki»
La lucha por la verdad
Editorial Casa Fuerte/Booknookbiz, 2019
Los Ángeles.

Guadalupe Lizárraga

La primera semana de febrero de 2019 volví a la Ciudad de México. Había solicitado la autorización para visitar a George Khoury Layón y César Freyre Morales en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos inculpados, habían sido torturados y sus procesos estaban plagados de irregularidades como todas las demás víctimas de Isabel Miranda. Sin embargo, los familiares del resto de las víctimas los excluían de la defensa por las manipulaciones en los medios sobre acusaciones de narcotráfico y homicidio, logrando la desconfianza entre ellos mismos. Incluso Jacobo Tagle, después de la primera tortura en su detención, fue obligado a incriminar a George Khoury de homicidio y secuestro, y con ello, Khoury quedó vinculado al caso Wallace, pero los medios lo relacionaban con el caso Martí.

George había sufrido varias detenciones arbitrarias; se defendía jurídicamente y volvían a detenerlo. La primera fue el 16 de julio de 2005, cuatro días después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y la madre, Isabel Miranda, no dejaba tranquilo a George. Una siguiente detención fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria de César Freyre, de la que también había logrado defenderse. Pero en la detención del 2 de septiembre de 2009, lo torturaron los ministeriales de SEIDO-PGR, y lo presentaron hasta el día siguiente. Lo acusaron de delincuencia organizada, y después, de acusarlo de varias decenas de secuestros, quedó vinculado al caso Wallace, para simular que eran una “banda” relacionada al narcotráfico. Una de las periodistas que legitimó estas fabricaciones fue Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, desde las páginas 450 a la 454, y en México en llamas, en la posición 2686, en el formato de Kindle. Me di cuenta en 2018, cuando leí el expediente fabricado de Khoury con fecha del 7 de octubre de 2009, en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas. Un mes después de esta detención de Khoury, tenían a un supuesto “testigo protegido” para incriminarlo. Reconocí los datos del expediente porque los había leído en los libros de Anabel, e incluso la redacción de la hoja del expediente era muy similar a la de la periodista. Lo llamaba “secuestrador”, “delincuente”, “narcotraficante”, “narco antrero”; se refería a él por sus supuestos alias: “el junior de Polanco”, “el gitano”, “el talibán” y “El Koki”. Éste último apodo era como la familia de George lo llamaba amorosamente, George, Jorge, Koki, desde niño, así le decían sus padres, me lo había contado muy afligida su hermana, María de Lourdes, Marilú, a quien también Anabel mencionaba difamatoriamente en sus libros.

 

Después de haberle adjudicado por lo menos «ocho secuestros violentos» a exagente de la AFI, Lorena González, y a una supuesta organización a la que pertenecía George Khoury, publicado en la revista Proceso, Anabel Hernández escribió también en su libro:

“En 2006, El Koki, célula de la organización El Apá, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables” (Hernández, A. Los señores del narco. Random House Mondadori: México, 2010, p. 453). 

La primera edición del libro fue en noviembre de 2010, un mes antes de que Felipe Calderón le otorgara el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda; un mes después de las nuevas torturas a todos sus inculpados para que se incriminaran. La fecha de edición, pues, era clave. Para entonces, las víctimas de Miranda ya habían escrito cartas al presidente Calderón; habían solicitado la atención del titular de la CNDH, Raúl Plascencia; habían solicitado la admisión de su caso por tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se había encarcelado a su defensa, la abogada Ámbar Treviño Pérez. Todos eran indicios de que había más información que la versión oficial desparramaba. Sin embargo, fueron ignorados por Anabel Hernández, e incluso hacía un par de referencias al “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, sin ninguna duda del hecho (p.449).

 

Respecto a Khoury, en el mismo libro, Anabel afirmaba:

“El Koki no era un narcotraficante ordinario, sino que pasaba por un exitoso hijo de familia con facha de gente decente. Era visto como un personaje cercano a la farándula y al glamur de discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Quienes lo conocen lo recuerdan siempre vestido de elegante color negro, de trato fino, cortés y serio” (p. 454, ídem).

Con un plagio de recortes de periódicos, Anabel Hernández había recurrido a la reproducción exacta de frases de una nota anónima de El Universal, publicada el 16 de febrero de 2006. 

“Khoury Layón es visto como un personaje cercano a la farándula y glamur en discotecas en las ciudades de México y Acapulco. Algunos lo conocen, lo visualizan casi siempre vestido de negro, de trato fino, cortés y serio. En fotografías que aparece socializando, siempre se le ve sin expresión” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).  

En esa misma nota, con inconsistencias lógicas y calumnias, se afirmaba que Khoury estaba vinculado a los hermanos Beltrán Leyva, que en este tiempo, de acuerdo con la información del periódico operaban para el Cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. También se referían a Khoury como el “pistolero” de Ben Sutchi, presunto homicida a quien buscaba la Interpol, información que también reprodujo sin corroborar Anabel Hernández en eventos públicos, en entrevistas a medios y redes sociales y en sus libros, que se empezaban a vender también en Estados Unidos.

La periodista no dudaba en absoluto de la información anónima publicada por El Universal. Sin ningún elemento de prueba científica, con sólo la nota del periódico y la acusación del Ministerio Público, se afirmaba que Khoury era un narcotraficante. Lo escribía como si a ella le constara directamente, incluso como si le conociera en persona, cuando ni siquiera buscó entrevistarlo. ¿En qué basaba su afirmación de cómo “era visto” Khoury y quién lo veía “cercano a la farándula” más allá del plagio a El Universal? Hernández hacía suposiciones sin fundamentos. Si el hombre era un empresario exitoso por ser propietario de discotecas en dos de las principales ciudades del país, Ciudad de México y Acapulco, y las atendía él mismo, era una obviedad que fuese cercano a sus clientes, personajes de la farándula, de la política, y de empresarios que frecuentaban el lugar. Pero esa supuesta cercanía con su clientela no era elemento de prueba para señalarlo de narcotraficante.

También Anabel relacionó a Khoury con “una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, “El Vale”, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescates” (p.451). Al releer esta información en el libro de Anabel, busqué el nombre de Luis Manuel López Martínez en la red, y encontré la nota número 570327 del archivo de El Universal. Se trataba de una persona que había sido acusada de robo a transportistas. También le atribuían el apodo “El rey de Tepito”, y lo exhibían en fotografía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con otros tres hombres. Su vestimenta era muy modesta, de pantalones de mezclilla desgastados y roto del bolsillo derecho, usaba un suéter raído, y mostraba un rostro descuidado en su aseo, con una barba crecida de varios días. No correspondía en nada a la información que había publicado Anabel Hernández en su libro, respecto a que se trataba de un secuestrador propietario de una fortuna de más de 100 millones de dólares. Tampoco hacía sentido que George Khoury —siendo propietario de discotecas de alto consumo económico—, trabajara para un supuesto asaltante de transportistas de Tepito, a quien también le atribuían pertenecer al grupo delictivo La Flor. La fabricación de delitos era implacable. 

Archivo El Universal. Nota 570327. Sección Metrópoli.

Otra de las referencias de Anabel Hernández fue a un tatuaje de George Khoury. Además de lo absurdo de su comentario, por decir fuera de lugar, también era un plagio del periódico, ya que ella nunca estuvo en contacto con él, de acuerdo con el mismo Khoury, quien dijo no saber quién era esa periodista. Nunca se habían visto frente a frente. Por lo tanto a Hernández no le constaba ni las dimensiones ni el lugar exacto del tatuaje que Khoury tenía. Para que Anabel pudiera haber hecho la referencia de primera mano tendría que haberlo visto en persona y sin camisa. No obstante, la periodista escribió sólo lo que leyó en El Universal, cayendo nuevamente en inexactitudes, puesto que en un par de las únicas fotografías que han circulado de Khoury con el uniforme de prisión, no se le alcanzaba a ver el tatuaje en el cuello, como para aseverar que “rompía con su imagen de fino, cortés y serio”. Un prejuicio total de la periodista, que funcionaba para quienes querían legitimar la imagen de delincuente a George Khoury Layón. La frase del periódico decía:
 
“Los que lo conocieron de vista, lo recuerdan con un tatuaje que inicia en el hombro y le abraza parte del cuello” (Anónimo. 2006, febrero 16. Un personaje cercano a la farándula y al glamur en discotecas. El Universal).

La frase plagiada por Anabel, reproducida en su libro:

“Lo que rompía con esa imagen era un enorme tatuaje que inicia en su hombro y le abraza parte del cuello” (Hernández, 2010, p. 454, idem).

Anabel Hernández no era la única que difamaba, calumniaba y fabricaba delitos a Khoury. Otro ejemplo era la reportera Erika Duarte, de La Jornada, que hacía lo mismo el 13 de febrero de 2006, tres días antes de la nota publicada en El Universal, lo cual ya mostraba indicios de ser una campaña de linchamiento mediático contra las víctimas relacionadas con el caso Wallace, y el caso apenas empezaba. La nota se titulaba “Vinculan a plagiario con el narco Khoury”. La reportera Erika Duarte se refería a César Freyre Morales como “plagiario”, a menos de un mes de su detención ilegal por órdenes de Isabel Miranda y el agente ministerial Braulio Robles Zúñiga.
 
Al parecer, Duarte nunca se llegó a preguntar si César Freyre era culpable o no, simplemente daba por hecho que era un plagiario, y no le importaba en lo más mínimo esa vida ni las que dependía de él. La Jornada también ponía de subtítulo “Reconoce titular de SSP el valor de la familia que lo denunció mediante un espectacular”. La referencia al “valor” de la familia era la legitimación directa a Isabel Miranda Torres, el aplauso moral a la propietaria de la empresa de espectaculares Showcase Publicidad que colocaba espectaculares con los rostros de personas inocente llamándoles “secuestradores” sin que ningún medio, periodista o autoridad cuestionara esas violaciones al derecho de presunción de inocencia de las víctimas. Aquí un fragmento de la nota:

“El secuestrador César Freyre Morales, detenido el 26 de enero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y exhibido en un anuncio espectacular en la Zona Rosa, es cómplice del presunto narcotraficante Jorge Khoury, quien a su vez tenía vínculos con el israelita Ben Sutchi, buscado por la Interpol y detenido en 2005 por agentes preventivos, aseveró el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas” (Duarte, E. 2006, febrero 13. Vinculan a plagiario con el narco Khoury. La Jornada).  

Cuando inicié mi investigación sobre El falso caso Wallace, la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, en una entrevista, me dijo que en aquel tiempo, 2005-2006, su hija y Jacobo, que eran novios, visitaban la discoteca Dóberman porque era la que estaba de moda en la Ciudad de México. No tenían relación alguna con el dueño, con Khoury. Era una diversión de jóvenes de clase media, me dijo. El lugar tenía reputación de un estatus de clase privilegiada y se llenaba de jóvenes veinteañeros. 
Sin embargo, una sola frase, aparentemente inocua, de la periodista Anabel Hernández en Los señores del narco nos llevaba a un trasfondo político de cómo se tejían las fabricaciones de culpables también en los medios del sistema: 

“Khoury Layón era propietario de dos antros muy concurridos donde se daban cita muchos artistas de Televisa: Cronic Garden, de Polanco, y la discoteca Dóberman, cuando estaba en la Zona Rosa” (Hernández, 2010, p.454, ídem).

Esta frase llevaba a un pie de página con el número 66, que decía: “De 2006 a 2010, Isela Lagunes hizo un intenso trabajo de investigación periodística al respecto, el cual fue publicado en El Universal, y más recientemente en Reporte Índigo”.

 

Para cualquier lector neófito de noticias, las referencias a periodistas y medios serían referencias de autoridad intelectual. Pero, para quienes leyeron la primera parte de El falso caso Wallace, se habrán enterado de cómo los medios servían incondicionalmente a Isabel Miranda Torres, sobre todo El Universal, y específicamente la periodista Isela Lagunes, quien era la reportera de cabecera de Isabel Miranda, en la fabricación del caso Wallace. Historias inverosímiles y macabras eran dictadas por la voz de Miranda a Lagunes sobre secuestrados y torturas, que destacaban a Miranda como la madre héroe que, mientras buscaba a su hijo, rescataba a “muchas otras víctimas”, entre éstas, a las supuestas víctimas de César Freyre Morales. 

De esta manera, las referencias hemerográficas en los libros de Anabel Hernández a Isela Lagunes y a otros periodistas legitimaban también la fabricación del caso Wallace e incriminaba a las otras víctimas como los supuestos cómplices de George Khoury. Para 2010, Hernández podría haber obtenido suficiente información como para tener una duda razonable sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, y todo lo que había alrededor de esta fabricación. Por el contrario, seguía el guion oficial, igual que todos los demás, excepto que jugaba el papel de crítica.

Otro de los párrafos en los que hizo referencia a Khoury decía:

“El Koki se hacía notar no sólo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar Bar, que el 25 de enero de 2010, se vio involucrado en el escándalo del futbolista Salvador Cabañas; hecho en el que para variar estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leyva” (p.454). 

¿“Para variar”? ¿Cómo podía sostener la periodista Anabel Hernández que en ese atentado contra el futbolista estaba involucrada “invariablemente” la gente de los Beltrán Leyva, si no mostraba un solo elemento de prueba, un testigo, una fuente o al menos una referencia circunstancial con la que pudiera sustentar su acusación? ¿Desde cuándo ella seguía la pista de los Beltrán Leyva o de la de George Khoury como para aseverar que el involucramiento en hechos delictivos era “invariable”? ¿Cuál era la consistencia lógica en la acusación contra George? ¿Sólo porque era “asiduo de lugares como el Bar Bar” lo involucraba en el crimen?

El 25 de enero de 2010, George Khoury Layón no terminaba de reponerse física y psicológicamente de las torturas de septiembre de 2009. Estaba en prisión, de la que no ha salido hasta este momento en que escribo estas líneas, principios de julio de 2019. George, hasta este momento, no ha vuelto a pisar las calles en libertad. Tampoco veía a su hermana, a quien le habían girado una orden de aprehensión por la presunta complicidad, y ella, por miedo a ser recluida siendo inocente, tuvo que alejarse de su hermano. Si Khoury hubiera tenido el poder criminal que le atribuía Anabel Hernández, a la primera persona que hubiera protegido sería a su hermana, creándole una nueva vida e identidad en otro país, como se presumía que lo había hecho Hugo Alberto Wallace, con tres identidades, dos obtenidas cinco años después de su supuesta muerte. ¿La fecha exacta? El 24 de febrero de 2010, un mes después de la fecha incriminatoria de Anabel a Khoury sobre el caso del futbolista. Pero no era así, los hermanos Khoury llevaban diez años sin verse, sin abrazarse, sin hablar en libertad, y con su patrimonio mermado seriamente intentando defenderse de la fabricación de delitos por los ministeriales públicos al servicio de Isabel Miranda y Genaro García Luna. Los padres de Khoury, mayores, enfermos y en profunda tristeza por los hechos, tampoco iban a verlo a prisión, y murieron sin volver a ver a su hijo. El peso de la pluma de Anabel Hernández, bajo el membrete de la revista Proceso, en sus “investigaciones” hacía mella, destrozaba la vida de una familia sin razón alguna, como lo hacía Isabel Miranda con el resto de sus víctimas. 


 
En la lucha por la verdad sobre las víctimas de fabricación de culpables había dos caminos escabrosos que recorrer, el mediático y el jurídico. Pero también, desandarlos nos llevaba a otros ángulos de la verdad. Yo había leído parte del expediente judicial de George Khoury Layón, a petición de su hermana María de Lourdes, y resultaban fabricaciones muy burdas, muy evidentes a cualquier escrutinio. En el caso de George, la incriminación de 2009 fue por un testigo protegido, y en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle, obligado por el mismo agente ministerial de la SEIDO, Braulio Robles Zúñiga, quien había ayudado a sostener el caso con las incriminaciones bajo tortura. El ministerial preparaba a los inculpados para presentarlos como “temibles delincuentes” antes de la ceremonia del expresidente Felipe Calderón donde le otorgaría el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres. 
 
Pero en el caso de la hermana de George, la acusaban de vender “tachas” a la salida de las discotecas, propiedad de su hermano en la Ciudad de México y en Acapulco.

En la declaración tomada en el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, contra Khoury, el testigo protegido “Zajed” afirmaba que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandada por Arturo Beltrán, “El Barbas”. El testigo dijo haber conocido a George Khoury y a su hermana en Acapulco, Guerrero, en la discoteca Palladium, y quien los había presentado era Rubén Rivera Ramírez, a quien se dio a conocer en los medios como integrante del mismo cártel y operador de Valdez Villarreal. El testigo “Zajed” afirmaba en esa declaración también que Khoury se relacionaba con el cártel, y se encargaba de recolectar la venta de la droga (cocaína y marihuana) y en su declaración insistía en que la hermana de Khoury también estaba involucrada.

El testigo “Zajed” dijo que Khoury se había reunido varias veces, en su discoteca El Dobby, en la ciudad de Acapulco, con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y con Rubén Rivera Ramírez para hacer tratos de droga. Una de estas reuniones, supuestamente, tuvo lugar el 31 de mayo de 2008, para acordar el homicidio de un político de Acapulco, de nombre Julio César Hernández Díaz. La ejecución —afirmaba el testigo “Zajed”— había estado a cargo de Miguel Radilla, alias, “El Loco”, uno de los supuestos sicarios de “La Barbie” que había puesto al servicio de Khoury. Sin embargo, en una nota de El Universal, con fecha del 31 de octubre de 2009, especificaba que el nombre del supuesto asesino era Miguel Valle Radilla, bajo el mismo alias, y se le dictaba auto de formal prisión junto con Ascensión Torres García, alias “El Cora”, y José Luis Padilla García, alias “Padilla”. Los tres habían sido vinculados a la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva por el tráfico de cocaína de Colombia a los estados de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, pero no se mencionaba a George Khoury en la nota. Incluso, la detención de los supuestos sicarios fue el mismo día de la detención de Khoury, el 9 de septiembre de 2009, y en el caso de ellos no hubo alegatos de tortura. Otro sicario más —supuestamente al servicio de Khoury— era alguien de nombre Pedro Salas Guzmán, a quien el testigo protegido lo identificaba como comandante de la Policía Federal Preventiva. Yo busqué información del supuesto comandante, y según los medios locales en la Costa de Guerrero, se trataba del segundo comandante de la Policía Municipal de Petatlán, quien había sido detenido el 30 de mayo de 2008, por presunta responsabilidad del homicidio del agente de Gobernación municipal, Julio César Hernández Díaz, un funcionario local al que relacionaban con narcomenudeo. El homicidio se investigaba bajo la averiguación previa AZUE/PETA/035/2008 y el comandante Salas quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación de la PGR, junto con el exsíndico municipal José Salas Rivera, su hijo José Salas Meras y Eloy Pérez Otero, a quienes les imputaron cargos por portación de armas exclusivas del ejército. El acceso a esta información era público, a través de la red, y no se relacionaba en absoluto con George Khoury. De hecho, no coincidían lugares ni fechas, ni contexto con lo que según decía el testigo protegido y mucho menos sustentaba que Khoury era el brazo operativo para la distribución de droga en discotecas, bares, y restaurantes de Acapulco y Ciudad de México, como sostenía la periodista Anabel Hernández.

La fabricación era burda, y la periodista la hubiera podido develar con solo un poco de investigación en internet. En cambio, ya en este punto, afirmaba que Genaro García Luna “que antes había protegido a El Koki, ahora lo detenía, acusado de haber intentado matar a un comandante de la Policía Federal, aunque nunca se especificó a quién” (Hernández, 2010, p. 462); cuando en realidad se trataba del comandante segundo de la Policía Municipal de Petatlán y, reitero, no tenía nada que ver con George Khoury. 

El testigo “Zajed” incriminaba otras personas más en los que ya se había demostrado su inocencia, aunque seguían en prisión por la consigna de secuestro de Isabel Miranda y Alejandro Martí. El nombre de la discoteca no coincidía con el de la propiedad de Khoury. No hacía sentido que los Khoury Layón siendo propietarios, la hermana vendiera drogas fuera de las discotecas, declaraciones que retomó la periodista Anabel Hernández para uno de sus libros, sin más investigación que las palabras del testigo “Zajed”. El lugar donde dijo el testigo protegido que se encontraron el 31 de mayo de 2008 para hacer tratos de drogas, el Cronic Garden, hacía cuatro años que había dejado de existir, en 2004, y lo demostró la defensa de Khoury ante tribunal, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta.

El testigo “Zajed” también relacionó a Khoury con un ciudadano iraquí, del que nunca dio más referencia, pero sugiriendo que por ser de esa nacionalidad el hombre era un delincuente o tenía un trato delictivo. Respecto al narcotraficante Rubén Rivera Ramírez, de acuerdo con una nota de Excélsior, había sido detenido en 2009, en Quintana Roo, y decía que lo habían sentenciado a 166 años de cárcel por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Estos datos sobre Rubén Rivera también aparecían en otros archivos de la prensa mexicana, y no lo mencionaba Anabel Hernández en su libro, pese a que Rivera ya estaba en prisión, y el testigo protegido lo relacionaba directamente con Khoury.

Por esa declaración del testigo “Zajed”, George Khoury Layón fue detenido por tercera vez, torturado y encarcelado. Cuando lo torturaron logró grabar la agresión en audio con su celular, lo cual fue una prueba contundente para su defensa, retomada por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas que emitió su opinión 16/2017 y solicitó al Gobierno de México la libertad inmediata de Khoury, el 18 de septiembre de 2017. 

Otra evidencia más en favor de Khoury fue el resultado positivo del Protocolo de Estambul practicado a Jacobo Tagle Dobín, del 23 al 25 de abril de 2018, por el perito cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva, del Consejo de la Judicatura Federal. Jacobo incriminó a George en su declaración del 4 y 6 de diciembre de 2010, pero había sido detenido de manera ilegal el 3 de diciembre y torturado tanto en su detención como al día siguiente, para que firmara hojas impresas elaboradas por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, el mismo agente que perpetró las torturas de Brenda Quevedo Cruz, el 26 de septiembre de 2009, en el penal de Santiaguito, Estado de México, y en Islas Marías, el 13 de octubre de 2010. Robles Zúñiga también fue señalado por Albert Castillo Cruz, de haberlo torturado por segunda ocasión, el 12 de octubre de 2010, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

En la declaratoria fabricada de Jacobo Tagle, el agente ministerial incondicional a Isabel Miranda Torres obligaba a Jacobo a incriminar a George Khoury del homicidio calificado en contra de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de la empresa Herbalife, asesinado de dos balazos en el tórax, el 24 de noviembre de 2004, del que se desconocían los verdaderos motivos del homicidio y no se había relacionado con George Khoury, sino hasta 2010.

Anabel Hernández, en sus libros, relacionaba a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobín como cómplices de Khoury, incluso a Juana Hilda González Lomelí la relacionó con el narcotráfico, y como novia de Hugo Alberto, tal como lo afirmaba Isabel Miranda. ¿Por qué Brenda Quevedo no fue incriminada por Anabel? De acuerdo con el testimonio de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, ella personalmente buscó a Anabel. Al principio, la periodista se negaba a ver a la madre, y fue por el periodista José Reveles que Anabel aceptó la entrevista con Enriqueta. Le explicó insistentemente que su hija era inocente, que incluso, hasta ese momento, su hija no se había confesado culpable y ya había sido torturada con violencia sexual en dos ocasiones. Enriqueta me dijo, además, que le había costado mucho esfuerzo en convencer a Anabel de la inocencia de su hija, y que sólo lo hacía porque Brenda había sido torturada. 

Años después, el 31 de mayo de 2014 específicamente, en la revista Proceso, Anabel puso en duda el caso Wallace. Fue cuando David Bertet nos entregó a ella, a José Reveles y a mí, copia de la segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, con su identidad como Hugo Alberto Miranda Torres. Ese mismo día, horas antes de la publicación de Proceso, yo había publicado mi primer reportaje sobre el caso, en Los Ángeles Press: “Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida, pese a su madre”.  Fue el primero de más de cien reportajes y notas. No obstante, hasta la edición de este libro, cinco años después, Anabel no se había retractado de sus afirmaciones difamatorias ni había rectificado en favor de las víctimas. Lo más curioso es que las madres de las víctimas aplaudían el trabajo de Anabel por un video que se había difundido viralmente en el que cuestionaba a Isabel Miranda, aunque en sus libros siguiera incriminando a sus hijos. Anabel continuó vendiendo sus libros, incluso traducidos al inglés en los Estados Unidos, con el título de Narcoland, pero no volvió a escribir sobre el caso Wallace. 

 

 

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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El Caso Wallace

La conductora de TV, Karla Pineda, narra cómo vivió la tortura y encarcelamiento de George Khoury

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Por Guadalupe Lizárraga

Karla Pineda esperaba a George Khoury Layón para comer en un restaurante de la Ciudad de México. Era 2 de septiembre de 2009. Después de la visita de rutina al gimnasio, él pasaría a su oficina y luego se reuniría con ella… pero Karla se quedó esperando. Él nunca llegó a la cita ni pasó a su oficina. Tras horas de espera y decenas de llamadas telefónicas, empezó la pesadilla para Karla y para los padres de George Khoury, cuando les informaron “que unas personas se lo habían llevado en su camioneta”.

A partir de ese momento, los padres de George no volvieron a ver a su hijo, y Karla Pineda inició un viacrucis después de enterarse al día siguiente por una llamada desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que su novio había sido “secuestrado por unos policías”.

Se trataba de los policías federales Rolando Mayorga Cordero y Porfirio Sánchez Mendoza, quienes habían acatado la orden de Javier Humberto Domínguez Aguilar, en ese entonces Titular de la Unidad Especializada en investigación de delitos contra la salud de la SIEDO, y el coordinador de la misma dependencia Guillermo Domínguez.

El agente del Ministerio Público de la SIEDO, Braulio Robles Zúñiga, también estaba relacionado en la fabricación de los delitos y la cadena de mando respondía a la petición del empresario en Seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, amigo cercano a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Era la tercera detención arbitraria contra George Khoury, pero esta vez fue torturado por los policías y Khoury logró grabar su tortura a través de un artefacto mp3. Después fue presentado a la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora. Los delitos fabricados serían por narcotráfico y delincuencia organizada. Un año más tarde sería relacionado con el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004, por medio de Jacobo Tagle Dobín, inculpado del mismo caso bajo tortura de los agentes Braulio Robles Zúñiga, Osvaldo Jiménez Juárez y varios custodios.

De acuerdo con el testimonio de conductora de televisión Karla Pineda, encontró a George Khoury en una especie de calabozo, dentro de la SIEDO:

“Estaba todo golpeado, golpeadísimo, tenía un derrame en el ojo, en la cabeza manchas negras de los shocks eléctricos, las manos golpeadas. Él decía que estaba bien, porque estaba su madre viéndolo, pero estaba todo golpeado, me impactó mucho lo del ojo porque tenía un derrame y pensé que le iba a explotar el ojo, además… las quemaduras… lo vimos un ratito nada más”.

Pineda señala que la tortura empezó desde que lo subieron a su propia camioneta, le cubrieron la cabeza con una una capucha negra, y lo estuvieron golpeando durante el trayecto a la SIEDO. “Yo tenía la confianza en que era un malentendido y que ahí iba a quedar, pero después le pusieron que traía la camioneta llena de armas, ni que fuera a la guerra, –dice Pineda– y obviamente le sembraron droga y le sembraron armas”.

Apenas buscaba la familia de Khoury un abogado para que lo defendiera de la detención arbitraria, cuando les notificaron que sería arraigado por 80 días, en un edificio ubicado en Viaducto y Eje Central, de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Karla, allí vivió también la injusticia, el maltrato del personal de seguridad, y la fabricación del caso con testigos protegidos.

Zajed, el testigo protegido contratado

Karla Pineda recuerda que en el arraigo hubo varios hombres que fungieron como testigos protegidos en su contra. Ahora se sabe que habían sido contratados por el titular de la SIEDO, y que les pagaban hasta 50 mil pesos por acusación. El único que se mantuvo como testigo protegido fue el que tenía el alias Zajed, y firmó las declaraciones en contra de George Khoury, señalándolo de narcotraficante y en asociación a un grupo delictivo.

Con un expediente fabricado el 7 de octubre de 2009, ante el Ministerio Público de Matamoros, Tamaulipas, se le dio formal prisión a George Khoury, y el expediente fue dado a la periodista Anabel Hernández, quien lo incluyó textualmente en su libro Los señores del narco, aún en circulación.

Alguien con mucho poder, lo quiere en prisión

“Después de tantos años y de ver cómo funcionan las leyes, me di cuenta de que no lo iban a dejar salir en ese momento por más que hiciera, que lleváramos pruebas, que lleváramos al mejor abogado, que comprobáramos que lo habían torturado… mandé millones de cartas… cuando yo empiezo a ver todo eso, dije aquí hay alguien con mucho poder que lo quiere en prisión”, cuenta Karla Pineda sobre los obstáculos para hacer valer su derecho a defenderse.

Durante el tiempo de arraigo de George Khoury, Karla fue vigilada y acosada para que se desistiera de ayudar en la defensa. Un día llegó al arraigo y le impidieron la entrada porque le dijeron que Khoury ya no estaba en ese lugar, sin decirle más.

Después de varios días de investigar a dónde se lo habían llevado, supo que estaba interno en el penal de alta seguridad de Nayarit, en donde dejó de visitarlo por el alto riesgo que corría.

Hace un par de semanas, Karla Pineda se enteró de la detención de uno de los dos torturadores de George Khoury, y lo primero que pensó fue en verle el rostro, quería saber cómo era el hombre que secuestró y torturó a su novio en 2009, aunque sabe que alguien ordenó esa tortura. Pero aún no puede pensar en la justicia, porque Khoury sigue en prisión después de casi 13 años, pese a que su torturador está en la cárcel, y él tiene una opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación y un protocolo positivo en tortura.

 

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