La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, y a la comisaria para la infancia, Maria Lvova-Belova, del traslado y la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto significa que ya existe una orden de detención internacional contra Putin, en un reflejo de la rapidez con la que la comunidad jurídica internacional ha investigado las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión rusa de Ucrania.

Se trata de los primeros casos abiertos por la CPI desde que sus fiscales iniciaron una investigación sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania.

¿En qué consiste la orden de detención de la CPI contra Putin?

El tribunal ha dictado órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria rusa para los derechos de la infancia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en relación con la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia, donde muchos han sido adoptados por familias rusas.

La deportación forzosa de poblaciones está reconocida como delito en el Estatuto de Roma, tratado por el que se creó el tribunal. Rusia fue signataria del Estatuto de Roma, pero se retiró en 2016, alegando que no reconocía la jurisdicción del tribunal.

Aunque Ucrania no es signataria del tribunal de La Haya, concedió a la CPI jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en su territorio. Cuatro visitas del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en el último año han llevado a la decisión de que “hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual” por las sustracciones de niños.

¿Qué significa eso en la práctica?

Dado que Rusia no reconoce el tribunal y no extradita a sus ciudadanos, es muy poco probable que Putin o Lvova-Belova se sometan pronto a la jurisdicción del tribunal.

Pero la emisión de la orden sigue siendo un momento muy significativo por varias razones. Envía una señal a los altos cargos rusos –militares y civiles– que pueden ser objeto de enjuiciamiento ahora o en el futuro y limitaría aún más su capacidad de viajar al extranjero, incluso para asistir a foros internacionales.

¿Gozan de inmunidad los jefes de Estado?

Aunque la CPI no reconoce inmunidad a los jefes de Estado en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, en un importante precedente, Sudáfrica se negó a ejecutar una orden de la CPI para la detención del dictador sudanés Omar al-Bashir durante una visita en 2015.

Pretoria, la capital de Sudáfrica, argumentó que no veía “ninguna obligación, en virtud del derecho internacional y del Estatuto de Roma, de detener a un jefe de Estado en ejercicio de una parte no estatal [de la CPI] como Omar al-Bashir”, y varios otros países que visitó también se negaron a detenerlo.

La detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 en virtud de una orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón ilustra las dificultades que entrañan estas cuestiones de inmunidad. Pinochet alegó inmunidad como ex jefe de Estado –una alegación rechazada por los tribunales británicos– pero, en última instancia, el ministro británico del Interior, Jack Straw, permitió que Pinochet regresara a su país por motivos de salud.

Caso Milosevic, ejemplo para Rusia

Aunque ahora Putin parece seguro en su cargo y a salvo de la extradición, un futuro líder del Kremlin puede decidir que es políticamente más conveniente enviarle a La Haya que protegerle.

Un buen ejemplo es Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia, acusado de una serie de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en plena guerra de Kosovo en 1999.

En 2001, en medio de una pugna entre figuras clave de la oposición en Serbia tras la caída de Milosevic del poder, el primer ministro, Zoran Djindjic, hizo caso omiso de una sentencia judicial que prohibía la extradición y ordenó el traslado de Milosevic a La Haya, afirmando: “Cualquier otra solución que no fuera la cooperación [con La Haya] llevaría al país al desastre”.

La detención de Milosevic –que precedió a su traslado– se produjo tras las presiones ejercidas sobre el Gobierno yugoslavo para que detuviera al expresidente o se arriesgara a perder importantes ayudas económicas estadounidenses y préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Otras órdenes de detención

Los jueces han añadido que el fiscal podría presentar nuevas acusaciones contra Putin, ampliando así las órdenes de detención. Human Rights Watch describió la decisión de dictar una orden de detención contra Putin como una “llamada de atención a otros que cometen abusos o los encubren”. “Con estas órdenes de detención, la CPI ha convertido a Putin en un hombre buscado y ha dado su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo”, ha dicho Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de la ONG.

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Fuente: eldiaro.es