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Justicia pendiente

AMLO pide informe sobre víctimas de tortura y abusos militares que protestan afuera de la SEDENA

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Por Guadalupe Lizárraga

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un informe al general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre las víctimas de torturas y abusos de militares, cuyos familiares protestan en las afueras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde el 24 de marzo de 2021, por falta de acceso a la justicia.

El corresponsal de Los Ángeles Press, Ramsés Ancira, fue quien expuso ante el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, los casos de Óscar Alejandro Kabata De Anda y el del Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, ambos, víctimas de militares de alto rango del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón, por lo que le hizo la propuesta de una crear -por decreto presidencial- una comisión investigadora de los abusos de militares.

Los casos fueron expuestos frente al secretario de la Defensa Nacional, a quien le pidió el presidente que entregara un informe sobre estas víctimas del Estado, y posteriormente se valoraría la posibilidad de crear la comisión investigadora.

López Obrador reiteró que “la situación ahora es distinta porque se respetan derechos humanos, no hay ninguna instrucción para usar la fuerza y mucho menos tortura, desaparecer personas, lo que desgraciadamente a veces sucedía de ajusticiar a heridos, llevaban a cabo masacres, eso ya se terminó por completo”.

El caso Kabata se dio el 26 de febrero de 2009, al ser detenido de manera arbitraria a la edad de 17 años en Ciudad Juárez, y retenido ilegalmente por un grupo de militares de elite bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, coordinador del Conjunto Operativo Chihuahua.

Durante la retención ilegal, Kabata fue torturado con violencia sexual y presenció la ejecución extrajudicial de su amigo Víctor Baca Prieto, de 21 años. Lleva doce años pidiendo justicia, sin embargo, pese a los peritajes y denuncias judiciales contra los militares, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal contra el general Espitia.

El caso Malagón, originado el 1 de junio de 2010, cuando el escolta personal del entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, el capitán Carlos Alemán Pérez, intentó secuestrar a Malagón para presentarlo ante el jefe de seguridad del Chapo Guzmán. En la resistencia, Malagón forcejeó con Alemán Pérez, y éste resultó fatalmente herido. El capitán Malagón siendo responsable de Inteligencia militar en la seguridad de la SEDENA, y había denunciado la fuga de información sensible y la narcocorrupción de militares de rango, así como al secretario Lozano Alarcón de operar con el Cártel de Sinaloa.

Malagón fue torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 y 3 de junio de 2010, y encarcelado bajo cargos de homicidio, fabricándole el caso como crimen pasional.

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Justicia pendiente

UIF bloquea más de 100 cuentas bancarias de narcotraficantes

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tláhuac, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que implementaron estas acciones a personas relacionadas con organizaciones delictivas que operan en Jalisco y el Estado de México, por lo que destacó que el gobierno federal optó por la inteligencia financiera para combatir al crimen organizado.

El funcionario federal mencionó que en Jalisco bloquearon 57 personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pacífico, Los Matazetas y el Cártel de Juárez, aunado a que en 2020 bloquearon las cuentas de mil 478 personas relacionadas con el CJNG.

En el Estado de México la dependencia federal bloqueó cuentas a 129 personas relacionadas al Cártel de Tláhuac, Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Célula de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel, Los Popoca y Los Mutiladores.

Agregó que estas estrategias de inteligencia financiera continuarán en los siguientes meses para combatir a los grupos del crimen organizado que siguen operando en el país, por lo cual se analizarán las medidas específicas particulares de la UIF.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado está basada en la inteligencia, por lo que han bloqueado las cuentas bancarias de los criminales, debido a que es una de las formas de reducir su capacidad de operación.

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Justicia pendiente

Periodistas y defensores de Puebla denuncian a gobernador Barbosa por persecución y criminalización

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Por Claudia Martínez Sánchez 

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha documentado un censo de violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas que mantiene en alarma a la ciudadanía del estado de Puebla, y que van desde la fabricación de delitos, encarcelamiento, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución en contra de  defensores indígenas.

Además, señalaron los activistas que también los indígenas han recibido amenazas de la criminalizarlos si participan en manifestaciones o protestas públicas amagándolos  con abrirles carpetas de investigación. Tal es el caso de los defensores del agua en la cuenca Libres Oriental que en los últimos días estuvieron recibiendo más de 50 citatorios para acudir a la Fiscalía del Estado de Puebla.

El pasado primero de septiembre,  el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta simuló una mesa de diálogo en el municipio de Ajalpan donde los habitantes de la sierra negra de Coyomepan expondrían el contexto de inseguridad que se vive por grupos armados de los Caciques Los Celestinos y el conflicto electoral. Al salir de la mesa de diálogo con gobernación se montó un operativo para detener a la defensora indígena Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez Juárez, Anastacio González Sanguinez

Por estas violaciónes a los derechos humanos de los indígenas en Puebla  convocan a los medios  nacionales e internacionales a informar sobre su movilización en Palacio Nacional, Segob y CNDH.

“El presidente de la República debe saber que en el estado de Puebla se siguen realizando las viejas prácticas totalitarias priistas y pianistas, es muy claro que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está cometiendo graves violaciones de derechos humanos y violentando la constitución que salvaguarda los derechos de todos los ciudadanos”, señalaron los activistas.

Comunicado público

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente el acoso, hostigamiento, espionaje; ataques en redes sociales y violencia física en contra de nuestros compañeros comunicadores y periodistas en el estado de Puebla.
El caso más reciente es el del comunicador Manuel Espinoza Sainos quien labora en la radio indígena XECTZ “La Voz de la Sierra Norte “.  El comunicador ha denunciado en sus redes sociales y en el medio digital  Mundo Nuestro, a autoridades municipales de Ixtepec por los agravios cometidos en contra de los habitantes indígenas, que en medio del Huracán Garce se quedaron sin viviendas; al intentar ingresar al inmueble del ayuntamiento, el alcalde negó el acceso a los afectados, llegando al extremo de sacar a las familias y cerrar las puertas, dejando en la calle a estas personas que solo necesitaban un lugar donde pasar la noche.

El comunicador en las últimas semanas ha  hecho visible las condiciones de pobreza extrema, la falta de ayuda de autoridades estatales y municipales en medio del desastre natural, esto ha originado que sea objeto de una serie de ataques y amenazas en sus redes sociales.  Hace dos semanas  la hermana del comunicador fue fotografiada por personas extrañas, además del domicilio de comunicador, las fotos han sido utilizadas para agredir a la familia del comunicador mediante bots.

Otro incidente más fue reportado el 14 de septiembre por compañeros periodistas que denunciaron a este colectivo que en el café “Los Portales”, -lugar donde acostumbran reunirse periodistas en Puebla-, se percataron que cinco compañeros reporteros estaban siendo grabados y fotografiados por un sujeto extraño, al tiempo que ponía toda su atención en la conversación de los presentes. Uno de los reporteros se acercó al sujeto para preguntar por qué tomaba imágenes, el reportero, al ver el celular del sujeto, confirmó que sí los estaba grabando, pero al ser cuestionado, el hombre se hizo pasar por un supuesto turista.

Externamos nuestra profunda preocupación por otro ataque invasivo a compañeros comunicadores corresponsales de diversos puntos del estado de Puebla que han detectado en sus móviles evidencias de espionaje, sobretodo los que hacen coberturas de alto riesgo.

En el marco de la visita del titular del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas,  Enrique Irazoque Palazuelos, el reportero Édgar Calixto, corresponsal en la Sierra Norte de Puebla del periódico “El Monumental“, fue severamente golpeado en el trayecto del transporte público de Huehuetla a Olintla por gente contratada por el presidente electo del municipio de Olintla, Abdí Ramírez Pérez.

Es evidente que el espionaje, el hostigamiento y los ataques a la prensa como a los defensores de derechos humanos en Puebla se ha sistematizado al punto de criminalizar a defensores indígenas, como colocar gente que haga el papel de espía de manera cínica.

Tal es el caso de los operadores de gobernación que se ostentan con credencial de prensa sin ser trabajadores de ningún medio de comunicación; fotografían a los integrantes que forman parte de manifestaciones o movimientos en protestas. Estos sujetos se han llegado a sentar en las mesas de diálogo en gobernación en Casa Aguayo.

Por último queremos recordar que la madrugada del 15 de septiembre del 2015 fue asesinado el compañero periodista poblano Aurelio Cabrera Campos en el trayecto de Xicoteoec a Huauchinango. Sabemos que la Fiscalía de Atención Cometidos en Contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEADLE) remitió la carpeta de investigación desde hace dos años a la Fiscalía de Puebla por considerar que la investigación no es de competencia de la FEADLE. Hasta el momento, no hay indicios de que el estado esté trabajando en el esclarecimiento del homicidio de nuestro compañero.

Cabe mencionar que en el 2015 fueron acusados como chivos expiatorios los periodistas Pedro Garrido Juárez  hijo y Pedro Garrido padre, sabemos que esto fue orquestado por el gobierno del estado en ese entonces pianista. Pedimos se esclarezcan esos atropellos en contra de los derechos humanos de nuestros compañeros periodistas Pedro Garrido hijo y Pedro Garrido padre.

Los ataques a comunicadores y periodistas violentan el derecho a la información de nuestra nación por lo que exigimos el cese inmediato de agresiones a nuestros compañeros periodistas y defensores de derechos humanos. Por el respeto a la libertad de prensa en México y la no criminalización de ejercer el derecho a las protestas sociales, este colectivo exige justicia para los defensores indígenas víctimas de fabricación de delitos.

Ciudad de México a 19 de Septiembre del 2021
A T E N T A M E N T E
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas
Tel 5574789138
colectivonacionaldeperiodistas@gmail.com

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Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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