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Justicia pendiente

AMLO pide informe sobre víctimas de tortura y abusos militares que protestan afuera de la SEDENA

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Por Guadalupe Lizárraga

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un informe al general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre las víctimas de torturas y abusos de militares, cuyos familiares protestan en las afueras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde el 24 de marzo de 2021, por falta de acceso a la justicia.

El corresponsal de Los Ángeles Press, Ramsés Ancira, fue quien expuso ante el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, los casos de Óscar Alejandro Kabata De Anda y el del Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, ambos, víctimas de militares de alto rango del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón, por lo que le hizo la propuesta de una crear -por decreto presidencial- una comisión investigadora de los abusos de militares.

Los casos fueron expuestos frente al secretario de la Defensa Nacional, a quien le pidió el presidente que entregara un informe sobre estas víctimas del Estado, y posteriormente se valoraría la posibilidad de crear la comisión investigadora.

López Obrador reiteró que “la situación ahora es distinta porque se respetan derechos humanos, no hay ninguna instrucción para usar la fuerza y mucho menos tortura, desaparecer personas, lo que desgraciadamente a veces sucedía de ajusticiar a heridos, llevaban a cabo masacres, eso ya se terminó por completo”.

El caso Kabata se dio el 26 de febrero de 2009, al ser detenido de manera arbitraria a la edad de 17 años en Ciudad Juárez, y retenido ilegalmente por un grupo de militares de elite bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, coordinador del Conjunto Operativo Chihuahua.

Durante la retención ilegal, Kabata fue torturado con violencia sexual y presenció la ejecución extrajudicial de su amigo Víctor Baca Prieto, de 21 años. Lleva doce años pidiendo justicia, sin embargo, pese a los peritajes y denuncias judiciales contra los militares, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal contra el general Espitia.

El caso Malagón, originado el 1 de junio de 2010, cuando el escolta personal del entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, el capitán Carlos Alemán Pérez, intentó secuestrar a Malagón para presentarlo ante el jefe de seguridad del Chapo Guzmán. En la resistencia, Malagón forcejeó con Alemán Pérez, y éste resultó fatalmente herido. El capitán Malagón siendo responsable de Inteligencia militar en la seguridad de la SEDENA, y había denunciado la fuga de información sensible y la narcocorrupción de militares de rango, así como al secretario Lozano Alarcón de operar con el Cártel de Sinaloa.

Malagón fue torturado por la Policía Judicial Militar, el 2 y 3 de junio de 2010, y encarcelado bajo cargos de homicidio, fabricándole el caso como crimen pasional.

Justicia pendiente

PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Justicia pendiente

Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Justicia pendiente

Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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