Qué es la militarización y por qué incurre en violaciones de derechos humanos en México

Los Ángeles Press

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados y en comisiones del Senado mexicano a la reforma legislativa que permite a la Guardia Nacional incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó fuerza mediática el término ‘militarización‘.

Este concepto se hizo aún más popular cuando el PRI impulsó otra iniciativa en la Cámara baja para que la Guardia Nacional continúe en las calles realizando labores de seguridad pública hasta el 2028.

Pero, ¿qué es la militarización?

Lisa María Sánchez Ortega, de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), define la militarización de un territorio cuando hay nombramiento de oficiales de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, también cuando los gobiernos hacen un llamado a los militares a realizar gestiones asignadas a civiles.

Este llamado a los cuerpos militares se refiere inicialmente a la injerencia en tareas de apoyo a cuerpos policiacos y asuntos de seguridad ciudadana.

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La iniciativa legislativa con la que la Guardia Nacional pasa al control de la Sedena, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumple con estas tres características:

a) Con la reforma, la Sedena se encargaría de nombrar al titular de la Guardia Nacional, emanado de una institución de carácter civil.

b) Continuaría con sus funciones de seguridad pública.

c) Guardia Nacional se convertiría en una institución dependiente de las Fuerzas Armadas, con identidad militar. Esto provocaría que al cumplir con funciones de seguridad pública realice actividades que ya no le competen.

Para el sociólogo Luis Alonso Abarca González, representante en Chiapas del Comité Digna Ochoa, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido una profundización de la militarización y no sólo una continuidad de los gobiernos anteriores al declarar la guerra contra el narcotráfico. Precisa que éste también es un discurso falso.

Abarca destaca que hay un poder desmedido del Ejército y la Marina como no se había visto antes, porque en cuatro años del gobierno de López Obrador se le han entregado 26 instituciones de carácter estratégico del Estado mexicano, con un presupuesto del erario de 770 mil millones de pesos.

Enfatizó el sociólogo también que el Ejército y la Marina concentran el 11 por ciento de los recursos federales, de acuerdo con la información pública, y el 84 por ciento de lo que destina América Latina en gasto militar.  Abundó en que hay más de 500 mil elementos activos de las Fuerzas Armadas, y por los menos 250 mil desplegados en gestiones fuera de los cuarteles en tareas de seguridad pública.

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¿Por qué incurrirían en violaciones de derechos humanos?

Por otro lado, organismos como ‘Human Right Watch’ (HRW) advirtieron que la militarización constituye una amenaza a los derechos humanos y a la transparencia de gobiernos democráticos, debido a que ni la intervención de la Sedena y la Marina han sido parte de la violencia en México en casi dos décadas que estos organismos han realizado en funciones de seguridad pública.

Los Ángeles Press ha dado a conocer casos de violaciones a derechos humanos. El caso más emblemático y reciente es el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, víctima de desaparición forzada en la que intervino el Ejército. Tras ocho años de investigaciones y obstrucción de la justicia, la Sedena fue notificada con órdenes de captura contra sus elementos, pero, hasta el momento, ninguno de ellos ya sido aprehendido.

🔴 Las Fuerzas Armadas son víctimas de corrupción.

Señalan que altos mandos de la @SEDENAmx. @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ venden uniformes y equipo táctico a los elementos; además de cobrar por permisos especiales que van de los 500 pesos. Por @KauSirenio. 👉🏼 https://t.co/0FvFAhM6rJ pic.twitter.com/gPUiV6dfZZ

— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 7, 2022

En la historia inmediata de México el Ejército también ha sido señalado por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Guerrero durante los años sesenta y setenta, periodo conocido como la ‘Guerra sucia‘, y posteriormente la Masacre de Tlatelolco y Jueves de Corpus Cristi el 10 de junio de 1971.

Más reciente, destacan casos de tortura durante el gobierno de Felipe Calderón como el de Ana Georgina Domínguez, a quien militares torturaron para fabricarle delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Ella sigue encarcelada injustamente, mientras que los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentran en impunidad.