Connect with us

Justicia pendiente

Ejército y Guardias blancas asesinaron a 300 indígenas en Hidalgo durante la Guerra sucia

Durante el periodo de la Guerra sucia en México, el sacerdote católico José Barón Larios documentó más de 300 ejecuciones extrajudiciales del ejército y las guardias blancas en Hidalgo

Avatar

Published

on

 

En memoria del padre José Barón Larios quien entregó su vida a la protección de los indígenas, y quien antes de morir fue generoso al prestar sus informes a este reportero para dar a conocer la Guerra Sucia del Estado Mexicano, en los años 60,70 y 80, en la Huasteca Hidalguense.

Unos, lanzados al vacío de una peña de más de 80 metros de altura; otros, intoxicados y arrojados a un pozo de agua; otros más, acribillados por un pelotón; y algunos, atados de pies y manos con alambres hasta que murieran de hambre. Éstas fueron las formas en que el ejército mexicano ejecutó a campesinos hidalguenses, además de violar a mujeres indígenas,  sin que a la fecha se hayan sometido a la justicia.

Por Juan Ricardo Montoya

Entre los años de 1965 y 1980, el extinto sacerdote y luchador social José Barón Larios, con ayuda de “reporteros indígenas” documentó alrededor de 300 asesinatos durante la llamada Guerra Sucia perpetrada en la Huasteca hidalguense, a consecuencia de la regularización de las tierras emprendida en esa época por el gobierno federal, y la búsqueda del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. Ambas situaciones terminaron en actos represivos  que arrojaron  un gran número de asesinatos de campesinos a manos de soldados del ejército mexicano y guardias blancas al servicio de terratenientes en complicidad con autoridades de municipios de la región .

Todos esos casos quedaron registrados en un voluminoso expediente integrado por testimonios redactados por los campesinos de diversas comunidades huastecas, mismos donde se relatan asesinatos, saqueos e  irrupciones del ejército a comunidades indígenas, el cual en 1980 fue enviado al Tribunal Russell, de Holanda, con el fin de lograr que los autores de esos crímenes  fueran juzgados y denunciados por una instancia legal internacional, ya que en México eran protegidos tanto por el presidente José López Portillo  como por el entonces gobernador de Hidalgo, Jorge Rojo Lugo.

En el expediente integrado por tres tomos y del que este reportero tiene una copia, aparecen nombres tales como José Fayad Orozco, Tomás Herbert, Efraín Zuñiga, Edilberto Austria, todos ellos terratenientes  y expresidentes municipales de ayuntamientos de la huasteca, señalados como autores y cómplices de la represión.

Los escritos en los que se narran las masacres, saqueos, y violaciones a mujeres  perpetradas por los grupos paramilitares, fueron escritos por testigos presenciales, todos ellos indígenas y campesinos a los que previamente y con apoyo del  Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) presidido en ese entonces por el activista José Álvarez Icaza se les enseñó además de leer y escribir también  a redactar para que narrarán con objetividad todas aquellas irrupciones de las guardias blancas y del ejército en las comunidades.

Anales de la muerte

Entre los escalofriantes testimonios de las masacres narradas por los campesinos, algunos de ellos mecanografiados y otros más manuscritos, destaca el fechado el 24 de noviembre de 1979, en el que se relata el asesinato de un campesino y el secuestro de otros tres del poblado de Tenexapa, Comala, anexo al ejido de San Francisco, del municipio de Huazalingo, perpetrado -según se señala en el documento- por miembros de la familia Austria y de Efraín Zúñiga.

“Como los compañeros campesinos se encontraban trabajando (se repartían el maíz cosechado en la milpa colectiva) ahí mismo los pistoleros y sus padrinos aprovecharon para balacear a los compañeros siendo alcanzados por las balas uno de ellos. Herido lo aprehendieron, lo llevaron a una peña, lo acribillaron y luego lo despeñaron de una altura aproximada a los 80 metros”.

Otro relato no menos perturbador fue el redactado el 1 de marzo de 1980, en la ranchería de Ecuatitla, comunidad adscrita a Huejutla de Reyes:

“Hoy a las 5:00 horas entraron el Ejército y la Judicial ayudados por pistoleros a la comunidad de Ecuatitla y a la de Mesa de Limantilla, ambas del municipio de Huejutla, reprimiendo brutalmente a nuestros hermanos campesinos. El Ejército respaldaba a los judiciales y a los pistoleros de los caciques regionales Efraín Zuñiga, Emilia Badillo, y la familia Austria”. 

Entre las personas armadas destacan también los nombres de Juan Rodríguez, Fausto Hernández, Evodio Austria, Margarito Andrade, Elfego Badillo, Aristeo Badillo, Alejandro Jiménez, “todos ellos enmascarados y de uniforme”.

Los miembros de las guardias blancas vestidos de militares y respaldados por el ejército mexicano y la Policía Judicial “en cuanto entraron a la comunidad golpearon de manera inmisericorde a los campesinos y arrastraron a mujeres y niños. Para catear las casas echaban fuera a las personas”.

“Obligaron a un compañero a ingerir pastillas y lo echaron luego a un pozo. Este campesino se encuentra muy grave; (mientras lo hacían) intentaron violar a las compañeras campesinas jóvenes”, dice otra parte del informe.

Emilio Álvarez Icaza. por su parte también elaboró diversos reportes verificados de actos represivos contra los indígenas los cuales aglutinó en su informe titulado: “Estas cosas pasaron en Hidalgo en 1974”, y el cual ha permanecido inédito desde hace más de 40 años.

En ese informe reveló que el 12 de febrero de ese año “llegaron a Tenamaztepec, procedentes de Xochiatipan, Hidalgo, los cuatelolome o soldados. El objetivo de los militares, explica Álvarez Icaza, era iniciar una intensa búsqueda de Lucio Cabañas en las partes más remotas e inaccesibles de la Huasteca hidalguense. 

Aunque al inicio de su “entrada triunfal” los cuatelolome maltrataron a los indígenas, los actos de represión no se hicieron esperar. “El 9 de agosto del mismo año arriban a Crisolco (terreno de una Ex Hacienda próxima a los ejidos mencionados) y golpearon a cinco campesinos de Xóchitl (poblado del municipio de Yahualica) que por ahí hacían sus labores de campo”.

“Estos militares -prosigue Álvarez Icaza- al día siguiente llegaron a Tenamaztepec, golpearon al juez del poblado, lo condujeron a El Arenal, Yahualica, y lo encarcelaron. Durante su estancia en la cárcel de El Arenal lo llevaban al río y atado lo sumergían en el agua para que confesara dónde estaban los guerrilleros de Lucio Cabañas. La tortura no dio los resultados apetecidos por los “sorchos” -otra forma en que los indígenas llamaban a los militares”.

Conscientes de que para los indígenas el atado de pies y manos es una de las peores ofensas, los “cuatelolome” nunca dudaron en emplear esta práctica para humillarlos. Cansados de los asesinatos, violaciones de sus mujeres e hijas, incendios y saqueos de sus casas y sembradíos a manos de los cuatelolome, los campesinos e indígenas en algunas ocasiones llegaron a repeler los ataques, lo cual sumió a la Huasteca Hidalguense y a la Veracruzana en una verdadera guerra civil.

“Un viernes en el atardecer del mes de agosto de 1974, en una acción sorpresiva fueron emboscados 32 soldados, mismos que murieron”, relata Álvarez Icaza. “Los soldados culparon de la masacre a un humilde campesino al que nombraban Villa y a su hija. Los aprehendieron en Xoxolpa y los llevaron a Tenamaztepec, cuya capilla quedó convertida en panteón. Los tuvieron en el templo de las diez de la mañana de un día hasta el amanecer del siguiente en que los llevaron a la muerte”.

“Villa durante todo el tiempo de su cautiverio, estuvo atado de las manos mediante un alambre que se les atravesaba. No les dieron de comer ni los dejaron saciar su sed. En la iglesia estaban también amarrados y golpeados otros campesinos”. Ambos fueron fusilados, Villa en la capilla y su hija en el panteón de Tenamaztepec.

Pero no sólo los indígenas fueron objeto de la represión del ejército; los mismos sacerdotes identificados con la Teología de la Liberación sufrieron agresiones de los militares.

“Uno de esos días aciagos en el camino que va de Yapitzan, del municipio de Tianguistengo a Santa Teresa, Yahualica, Hidalgo, (soldados del) “glorioso” ejército mexicano, comandados por un tal coronel Magaña culetearon a un sacerdote de Yatipan, perteneciente a la Diócesis de Huejutla”, por no apearse al caballo en el que se transportaba a la velocidad que querían los uniformados.

El número de soldados enviados a la Huasteca por el entonces presidente Luis Echaverria fue considerable. “Lo que sigue tal vez de una idea del número de militares destacados en la zona durante esos días difíciles: de Xoxolpa a Santa Teresa había un soldado cada diez metros aproximadamente; a lo largo del camino, mil 440 militares serían, ya que el trayecto que media entre las dos poblaciones es de dos horas a caballo”.

El 25 de diciembre de 1975, el “Equipo Tlanelmoquetl” -dedicado a la defensa de los indígenas e integrado por 25 sacerdotes y civiles de la Huasteca- firmaron una carta en la que se denunciaban los asesinatos de al menos diez campesinos a manos del ejército, así como un número indeterminado de heridos y encarcelados .

Caciques y homicidas

“Se acusa de violaciones a los derechos humanos de los indígenas a los caciques y latifundistas de la Huasteca hidalguense, a las autoridades corruptas, a miembros del ejército mexicano y a miembros de la Policía Judicial destacados en la región que han matado, encarcelado, violado, robado y torturado”, dice en su parte inicial el primero de los tres tomos que conforman el expediente enviado al Tribunal Russell, en 1980, al que tuvo acceso en exclusiva este reportero.

Rubén Meneses, en ese entonces teniente coronel de la XVIII Zona Militar, el general Manuel Díaz Escobar, del Cuartel de Huejutla, los exalcaldes de ese mismo municipio Efraín Zúñiga Rodríguez y José Fayad Orozco al igual que otros terratenientes como Tomás Herbert, Emilio Badillo, Felipe Cisneros, y Edilberto Austria, son algunos de los supuestos homicidas señalados por Barón Larios y otros sacerdotes  en el informe al Tribunal Russell.

Además del padre José Barón Larios, en la lista de denunciantes se encuentran Nicolás Flores Diego y Juan Antonio Lara, en ese entonces (1980), presidente y secretario del Comisariado Ejidal del municipio de Atlapexco, respectivamente, así como Pedro Hernández, expresidente del Comisariado Ejidal del poblado de Tenexco I, adscrito también a Atlapexco así como Rodrigo Medellín, coordinador en aquel entonces de la Comisión de Investigación Científica, Asesoría y Apoyo Técnico del Comité Promotor de Investigaciones para el Desarrollo Rural (Copider).

Más de 40 años de impunidad

No se sabe a ciencia cierta cuál fue el resolutivo del Tribunal Russell. En los documentos del padre Larios que permanecen resguardados en la casa que habitó en el poblado de Macuxtepetla, municipio de Huejutla, no hay ninguna misiva ni carta del tribunal sobre el fallo que se emitió por estas acusaciones. Hasta el día de su muerte, ocurrida el 1 de mayo de 2013, el padre José Barón Larios exigió el proceso penal correspondiente y castigo contra quienes acusó de asesinos y represores. A pesar casi cuatro décadas de estos actos regresivos, ninguno pisó la cárcel.

Fotos: Ricardo Montoya

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

Continue Reading

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

Continue Reading

Trending