Ignacio García Viernes, 09 de Septiembre del 2022, 18:49
Guillermo Rivera, habitante de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, ubicada en el estado de Oaxaca, pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante las violaciones a derechos humanos que ha padecido por parte de grupos caciquiles que operan en la región en colusión con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, por lo cual se convirtió en un desplazado forzado, junto con su familia, desde 2015.
La víctima interpuso una solicitud de requerimiento ante la ONU para que atiendan su caso, ya que relató que también pidió el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta después de cuatro años, pese a que directamente le entregó el expediente en el que documentaba su caso.
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De acuerdo con Guillermo Rivera, ha buscado justicia por parte de las autoridades mexicanas desde junio de 2015, pero afirmó que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, protege a los caciques regionales que expropiaron su domicilio y su ganado ovino, que fue herencia de sus abuelos.
Ante el temor de que atenten contra su vida y su familia, Guillermo Rivera ha vivido desde hace más de siete años en el desplazamiento forzado, razón por la cual urgió a las instancias internacionales para que atiendan su caso y se garantice la justicia.
Asimismo, indicó que desde 2021 ha enviado un documento ante la ONU, pero fue hasta este viernes que la oficina del organismo internacional en México recibió el expediente para iniciar con su revisión.
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El caso de Guillermo Rivera es similar al que padecen decenas de grupos indígenas que habitan en comunidades rurales de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en donde grupos caciquiles han operado para violar los derechos humanos de las poblaciones nativas, de acuerdo con el informe general de derechos humanos, publicado por la ONU.
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