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Justicia pendiente

Desplazado de Oaxaca pide intervención de la ONU por violaciones de derechos humanos del INPI

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Guillermo Rivera acusó al titular del inpi de atentar contra sus derechos humanos

Guillermo Rivera, habitante de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, ubicada en el estado de Oaxaca, pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante las violaciones a derechos humanos que ha padecido por parte de grupos caciquiles que operan en la región en colusión con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, por lo cual se convirtió en un desplazado forzado, junto con su familia, desde 2015.

La víctima interpuso una solicitud de requerimiento ante la ONU para que atiendan su caso, ya que relató que también pidió el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta después de cuatro años, pese a que directamente le entregó el expediente en el que documentaba su caso.

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De acuerdo con Guillermo Rivera, ha buscado justicia por parte de las autoridades mexicanas desde junio de 2015, pero afirmó que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, protege a los caciques regionales que expropiaron su domicilio y su ganado ovino, que fue herencia de sus abuelos.

Ante el temor de que atenten contra su vida y su familia, Guillermo Rivera ha vivido desde hace más de siete años en el desplazamiento forzado, razón por la cual urgió a las instancias internacionales para que atiendan su caso y se garantice la justicia.

Asimismo, indicó que desde 2021 ha enviado un documento ante la ONU, pero fue hasta este viernes que la oficina del organismo internacional en México recibió el expediente para iniciar con su revisión.

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El caso de Guillermo Rivera es similar al que padecen decenas de grupos indígenas que habitan en comunidades rurales de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en donde grupos caciquiles han operado para violar los derechos humanos de las poblaciones nativas, de acuerdo con el informe general de derechos humanos, publicado por la ONU.

 

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Justicia pendiente

Reportero de Veracruz es asesinado; suman 17 comunicadores ejecutados

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El periodista Pedro Pablo Kumul se convirtió en el comunicador número 17 que es asesinado en México en lo que va del 2022

Un grupo de sujetos armados dispararon y asesinaron al reportero Pedro Pablo Kumul, mientras conducía un taxi, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que suman 17 periodistas asesinados en 2022 en México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJEV), el periodista conducía un taxi en la calle Elías Elizarde, casi esquina con Jamaica, en la colonia Casa Blanca, donde fue agredido por sujetos desconocidos e impactó con un poste de luz.

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El grupo de medios AX Multimedios, donde colaboraba el comunicador, informó que el periodista fue atacado por sujetos desconocidos, por lo que pidió a las autoridades estatales que esclarezcan el caso, ya que aseveraron que este homicidio no puede permanecer en la impunidad.

El medio de comunicación exigió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que investigue a fondo el crimen, pues aseveraron que los periodistas se encuentran en una mayor vulnerabilidad al trabajar en condiciones de violencia en diferentes regiones de la entidad sin la protección ni vigilancia del Estado.

De la misma manera, el periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira desapareció en la zona sur de Veracruz desde el domingo pasado, por lo cual la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas detalló que su último paradero fue en el municipio de Nopaltepec.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha dado una postura sobre la desaparición de Hernández Elvira.

En lo que va del año, en México han sido asesinados 17 periodistas en diferentes regiones del país, colocándose como la nación más riesgosa para ejercer el periodismo en el mundo, según diferentes organismos internacionales como Human Right Watch, así como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Amnistía Internacional.

 

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Justicia pendiente

Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

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El colectivo de Presunción de Inocencia y derechos humanos convocó a una marcha el 8-D

 

La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, convoca a la segunda marcha nacional por los derechos de las personas privadas de libertad en los centros estatales y federales de readaptación social para el 8 de diciembre, a las 10 horas, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Se trata de una marcha también por los falsos culpables que siguen en prisión, pese a que en miles de casos han demostrado su inocencia, además de protocolos de Estambul positivos en tortura y peticiones de ayuda ignoradas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para entender más del caso: Prisión digital: pizca de libertad

Pérez Espinoza, quien fue preso político durante cuatro años en un penal del Estado de México, ha liderado un movimiento por los derechos humanos de presos que han sufrido torturas e irregularidades en sus procesos judiciales, y ha promovido la primera Ley de Amnistía para delitos de alto impacto en la entidad.

A la marcha también fue convocado el Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, que han integrado los activistas Alejandro López Ponce de León, Carlos Torres y Armando Clement González, quienes participan en el programa de Los Ángeles Press, conducido por la periodista Guadalupe Lizárraga, sobre el sistema penitenciario mexicano, todos los martes a las 20 horas, en donde presentan denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad.

De acuerdo con los activistas, el propósito de la marcha comentaron es visibilizar la injusticia que viven los presos sin sentencia hasta por más de 25 años, como es en e caso de Jens Herrera Guzmán, preso en Puebla, y quien fue trasladado lejos de su familia por hacer listas de los presos a los que han negado un beneficio de ley, o han sido torturados o están sin sentencia por más de dos años en violación a sus derechos constitucionales.

Lee más: Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

La tortura como medida disciplinaria en los penales, es una de las principales denuncias de los activistas, además la falta de atención médica, la reducción de porciones de comida, la falta de agua potable, la prohibición de visitas familiares, las muertes declaradas como suicidios, las irregularidades de los procesos judiciales, las extorsiones dentro y fuera de los penales, el tráfico de drogas y la compra de privilegios, así como el uso de gas lacrimógeno como método de intimidación para que no denuncien violaciones de derechos humanos.

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Juez rechaza retirar cargos contra García Luna

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Brian Cogan, juez de EU, rechazó quitar los cargos de corrupción contra Genaro García Luna

El juez federal de Estados Unidos, Brian Cogan, rechazó retirar los cargos por complicidad con el Cártel de Sinaloa al ex secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

La defensa legal del ex funcionario federal solicitó al juez desestimar cuatro de los cinco cargos que se le acusan como son participar en una empresa criminal, distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína y conspirar para importar cocaína, mientras que la quinta acusación es señalada por mentir para obtener la nacionalidad norteamericana.

Para saber más del tema: Gobierno de EEUU dice tener pruebas suficientes contra García Luna y se declara listo para el juicio

De acuerdo con la defensa de García Luna, los señalamientos de haber participado en actos de corrupción son infundados, ya que no pudo recibir sobornos del grupo criminal después de 2012, cuando dejó el gobierno federal.

Sin embargo, el juez consideró que esos cargos tienen que ser analizados por un jurado calificador, mismo que deberá determinar la validez y vigencia de los señalamientos, por lo cual deberán esperar hasta enero para que se desarrolle el proceso contra García Luna.

Asimismo, el juez negó la solicitud de la defensa legal del ex servidor público de solicitar a la fiscalía que informe sobre los testigos que colaboran en la investigación en su contra, aunado a que sostienen que después de dejar el gobierno federal no desistió en sus actividades ilícitas.

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De la misma manera, Genaro García Luna colaboró con los integrantes del Cártel de Sinaloa, organización delictiva que se convirtió en una de las más importantes del mundo y que creció durante la administración de Felipe Calderón.

 

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