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Con voz propia

Familia que podría ser multimillonaria vive en desplazamiento forzado desde hace cinco  años

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Historias para Armar la Historia

Ramsés Ancira

En el último avalúo, los bienes de esta familia oaxaqueña ascenderían a más de 185 millones de pesos;  sin embargo, el padre, la madre, los hijos y la suegra han tenido que dispersarse por todo el país, luego de sufrir atentados y persecuciones, de las cuales responsabilizan al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Le acusan de delitos comparables al abigeato.

Abuso de autoridad, allanamiento de morada, privación ilegal de la autoridad (más lo que se acumulen) figuran en el expediente turnado a la magistrada Luz María Aguilar Morales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un caso denunciado en Los Ángeles Press desde diciembre de 2020 y que hasta la fecha sigue estancado en esta institución encargada de hacer justicia.

La tragedia de esta familia poseedora de un rancho de varias hectáreas en San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, empezó el 26 de junio de 2015 cuando fue ilegalmente privada de la libertad la señora Adriana Gaytán López. El motivo que le dieron para esto, es que sus chivos habían invadido terrenos forestales protegidos.

Guillermo Rivera, esposo de la acusada, alegó que no era cierto, pues en su rancho había terreno suficiente para que los animales comieran, además de que estaban debidamente encerrados.

Pero había una circunstancia en su contra, Adelfo Regino era, desde antes de presidir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el mandamás de la organización de Servicios del Pueblo Mixe, Asociación Civil que tenía influencia en la comunidad en los candidatos y Guillermo Rivera era un opositor a él.

La familia Rivera demandó entonces al síndico municipal de Coixtlahuaca, Oaxaca, Álvaro Pérez Montes por el despojo de 148 chivos y 43 cabritos de la raza bóer, una cruza de animales provenientes de la región Nubia, en África y otras de diversas regiones europeas. La especie, además de su estética apariencia,  está considerada como una de las más productivas del planeta. El sueño de los propietarios era que con la cría de este ganado, el pueblo no iba a requerir más subsidios del gobierno, pues el negocio resultaba tan, pero tan bueno que permitiría el desarrollo de la región.

El sueño se volvió pesadilla, de la que no pueden despertar después de más de un lustro. A los chivos no los encontraron en el monte, los sustrajeron de su corral. En las ciudades tal vez no recuerden esa palabra, pero al robo de ganado se le llama abigeato, y este no fue cometido por forajidos tradicionales, sino por las propias “autoridades”

La denuncia estaba en poder de la Fiscalía Especializada en Materia al Combate a la Corrupción. Entonces, según los perseguidos,  Pérez Montes reunió a los pobladores de Nochixtlan, les aseguró que los chivos representaban un peligro para los árboles y le pidió permiso a los campesinos para tomar 300 mil pesos de la caja pública, que invertiría, se los advirtió,  en comprar a los funcionarios de esa instancia del poder judicial.

Los chivos, dice Guillermo Rivera, en primer lugar no representaban ningún peligro para los árboles, por el contrario, le dijeron ambientalistas, con su abono contribuían al desarrollo de las especies maderables.

En segundo lugar (el descendiente de mixes me explica entre sorbos a sendos cafés capuchinos que le invité en un lugar cercano a Palacio Nacional) tenía suficiente espacio en su rancho para que los  chivos no tuvieran que traspasar linderos e irse a vagar por el bosque.

Desde 2019 la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia de la República, ubicada sobre la calle de Correo Mayor, dio por recibido un oficio con su queja y lo que sucedió con ella  fue lo acostumbrado: nada.

Les dieron un número de folio, un número de teléfono para que consultaran el progreso de su denuncia y, metafóricamente, una palmadita en la espalda antes de despacharlos. Ya pasaron dos años. La justicia no llega ni pronta, ni expedita.

El 22 de febrero de 2021, le dieron por recibida la queja en la Unidad de Apoyo al sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, que encabeza la que quizá sea la funcionaria más inútil en el gobierno de López Obrador, Paulina Téllez Martínez.

Mientras que no pruebe lo contrario, no hay constancia de que la oficina de apoyo al Sistema de Justicia haya “apoyado” en un solo caso. Si se tratara de un despacho particular, habría que demandarlos por negligencia profesional.

Mientras tanto,  el caso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;  pero antes la familia tuvo que huir a otro lugar de Oaxaca donde tienen familia. En el camino fueron interceptados por sujetos armados. Piensan que no los acribillaron porque viajaba con ellos un niño de brazos.

Entonces los integrantes de la familia, que desde el principio poseían ganado con valor de varios millones de pesos, decidieron separarse. El padre detectó que a donde llegaba lo acechaban gatilleros, así que huyendo de pueblo en pueblo, siempre trasladándose por la noche y lejos de sus hijos, para que no atentaran contra ellos, finalmente decidió asilarse fuera de Oaxaca.

Actualmente vive en un barrio muy pobre, en otra entidad del país,  desde donde se traslada continuamente a distintas dependencias de gobierno en la capital de la república. Uno de los integrantes de la familia me dijo que su única esperanza era que me escuchara el presidente, pues ninguna injusticia que no se denuncie en la televisión llega a progresar.

Terminamos el café y salimos en busca de un comercio donde pudiera sacar fotocopias de sus demandas. Antes, uno de sus familiares me había preguntado cómo podrían agradecer a Los Ángeles Press por interceder ante ellos con el presidente. Les hice saber que no había ninguna garantía de que pudiéramos hacerlo.

Nos despedimos y fue entonces que le di respuesta a la consulta que me había hecho días antes el hermano del jefe de la familia despojada. Pactamos que si recupera a sus animales nos invitará a comer una birria, luego de que remodele su casa, que lleva varios años deteriorándose por el abandono, tal cual le sucedió al personaje de la canción Jacinto Cenobio.

Sin embargo, a diferencia del sujeto de la historia, Guillermo Rivera no ha perdido contacto con su esposa. De hecho tiene un hijo que es un pintor genial. No hablamos de un artesano, sino de un pintor digno de ser expuesto en los mejores museos de México.

Bitácoras suplementarias

Agosto 5 de 2021. Seis de la mañana con seis minutos. Una guapa mujer me intercepta a la entrada de Palacio Nacional y me  pide que le reciba un pequeño libro, y una hoja con una petición al presidente.

Le explico que no nos dejan pasar con libros a la conferencia; pero ante su mirada suplicante,  observo que llevo un saco deportivo con bolsas muy anchas y puedo guardarlo sin que me censuren.

Una hora después, mientras espero inútilmente que me vea el presidente López Obrador y me conceda una pregunta, desdoblo la hoja, donde ella resume su historia en 32 líneas, de las cuales transcribo las que me parecen esenciales:

 “El licenciado Junquera me ha defraudado por 19 millones de pesos y me ha privado ilegalmente del legítimo título de mi casa, estoy aquí porque no sé a quién recurrir, el sistema judicial está totalmente corrompido y obsoleto, ¿Qué oportunidad tengo yo contra el presidente (sic) con licencia del Colegio Nacional de Abogados? Tengo información valiosa que puede arrojar luz y conocimiento de la clase de rata que es este sujeto, para quien no existe robo pequeño?»

Mientras escucho el choro interminable de un colega que ha hecho una pregunta que me parece completamente insulsa e indigna de ocupar espacio en la transmisión de televisión  más vista del país, recuerdo haber visto unos ojos claros encima del cubre bocas. Ella me había extendido su mano franca, pero yo, curtido por las normas de “la sana distancia”, solo cerré el puño para chocarlo contra el de ella. Ahora siento pena, creo que lo menos que pude haber hecho es responderle con  la mano extendida. Al  fin y al cabo lo primero que haces al ingresar a Palacio es aplicarte un generoso chorro de gel desinfectante.

Ya ni modo. Espero que vea estas líneas. Al calce de la hoja que me entregó viene su nombre y datos de contacto. Se llama Collete Louise Wall y prometo darme el tiempo de leer su libro. Sé lo caro y difícil que es auto publicarse.

Lo que no se oyó en la mañanera

Mismo día, minutos antes de las 9 de la mañana. Tomado de mi línea de  tuits:

El presidente empieza a alejarse. Terminó su conferencia de prensa de este jueves, un poco antes de lo habitual,  anunciando que tenía un desayuno. Varios reporteros le preguntaron ¿con quién? y respondió con sinceridad que con @ArturoZaldivar   pte de la @SCJN.

No era algo cómodo de responder por la supuesta distancia que debe haber entre el poder ejecutivo y judicial. También sin micrófono varios reporteros le preguntaron de que iban a hablar: el presidente dijo que de varios temas.

Como corresponsal de @losangelespress  llevaba varios cuestionamientos sobre temas relacionados, entre otros que la @SEGOB_mx, viola la Constitución porque esta garantiza la libertad a quien tenga dos años en la cárcel sin sentencia y @M_OlgaSCordero  publicó que el beneficio será después de 10 años de limbo jurídico. Entonces también tuve que levantar la voz para decirle al presidente que no se le olvidara tratar el tema de la tortura,  y como sé que es un apasionado de la historia le recordé el plazo que el mismo fijó, para el 15 de septiembre de 2021, para liberar a estas personas. Le dije a voz en cuello que era equivalente a la Toma de la Bastilla,  con la que dio inicio la Revolución Francesa y que consistió precisamente en liberar presos. AMLO entendió y respondió que en efecto, también en México había la costumbre de liberar presos el 15 de septiembre. Fin del reporte.

Le recordamos a @A_Encinas_R que faltan 31 dias. ccp. @JesusRCuevas para que informe lo que no se entendió.

Anotación adicional: lo que no se graba, diría Rosario Castellanos, no consta en actas.

Post Data: Se cancelaron las listas para el orden de las preguntas, lo que es bueno y es malo, esto último por los compañeros que desperdician el tiempo con mensajes de grilla o personales, pero además se nos amenazó con que si alguien le reclamaba al presidente que no hubiera «turno al bat»  (para hablar en los términos beisboleros que tanto le gustan) nos retirarían de la lista de medios acreditados. Cabe precisar que @lopezobrador_sí  preguntó desde el principio  quién seguía en la lista. El día anterior los reporteros asistentes le reclamaron que no la respetara.

Pero ante la advertencia hecha a viva voz por la encargada del protocolo, ya no hubo espacio para debatir el punto.

Post postdata:

Señor presidente López Obrador, no quiero chayo, quiero mi birria, por favor dígale a “Lety” como llama cariñosamente a la responsable de atención ciudadana, que interceda ante la flamante Secretaría de la Función Pública, para que investigue a los responsables del abigeato, y así la familia recupere a sus chivos. Supongo que usted coincidirá con ellos, de que ya no son los tiempos de Joaquín Murrieta, y de las injusticias del viejo oeste.

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Con voz propia

¡Menos días, presidente AMLO!

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

El único anuncio halagüeño que podrá hacer AMLO en los próximos días, será la participación de Los Tigres del Norte en los festejos patrios del 16 de septiembre. Pan y circo, la receta.

El accidente en la mina “Las Conchas”, en Coahuila, amenaza convertirse en otra piedra en el zapato de la 4T, debido a las graves implicaciones que hay en el fondo.

Se trata de una desgracia anunciada, que viene de antes, pero que no se resolvió y, de hecho, empeoró con el actual régimen pues, para empezar, el citado “pocito” no contaba con bitácora de funcionamiento actualizada.

El gobierno no ha aclarado ni desmentido este dato.  Tampoco tenía la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, lo peor: pese a estas irregularidades, la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por 70 millones de pesos a la empresa que la operaba.

Se trata de la Compañía Minera El Pinabete, que aparece como responsable de la operación desde hace 10 años. Al menos la CFE no ha desmentido tampoco esta información publicada en El Universal.

De acuerdo con datos de El País, “en la región se extrae el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los pilares de la reforma eléctrica del presidente, López Obrador.

“Unas 3 mil familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11 mil de empleos indirectos».

“Siete trabajadores murieron en junio del año pasado. En 2006, 65 obreros murieron por una explosión de gas en Pasta de Conchos, en la que es hasta el momento la mayor tragedia minera de la historia de México”.

Hace ocho años, existía un Fondo Minero al que las empresas del sector pagaban el 7.5% de sus ganancias netas. Este dinero supuestamente se utilizaba para mejoras en los municipios de las zonas mineras.

Pero ya sabemos la historia: López Obrador dijo que había corrupción en el manejo de ese fondo y determinó que los recursos ya no irían a parar a estados y municipios sino a la federación.

Lejos de mejorar la situación, los pocitos siguieron sin regulación, casi nulas visitas de inspectores y, como decíamos, sin manifestación de impacto ambiental. No sabemos si los trabajadores tenían seguridad social.

Pero la Comisión Federal de Electricidad, esa que López Obrador quiere imponer como monopolio paraestatal, sigue inyectando millonarios recursos para la compra del carbón.

 ¿Qué va a hacer sin las mañaneras? 

Aquí, la pregunta que empieza a surgir es: ¿Qué va a hacer López Obrador cuando ya no tenga las mañaneras? ¿Cuál será su ánimo cuando empiecen a menudear las traiciones?

La historia nos demuestra que ningún presidente electo voltea a ver a su antecesor, salvo que sea para pintar su raya con el pasado y abrir expedientes criminales que le abonen simpatía popular.

Cada sexenio tiene sus chivos expiatorios. Éste seguramente no será la excepción. Por eso ahora AMLO empieza a pedir “treguas”, mundiales o nacionales, porque los bombazos vendrán de todas partes.

Para nadie es un secreto que la crisis que vive México se acrecentó en proporción directa con las inversiones fallidas en el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya. Todas ellas, reflejo de una pésima administración de los recursos públicos.

A ello se suma la desastrosa política de salud asumida por el gobierno de López Obrador desde que empezó la pandemia. Ahora tenemos, además, toda una crisis en los esquemas de vacunación, sobre todo infantil.

El “ogro filantrópico” de la política mexicana que mencionaba Octavio Paz, renació con toda su fuerza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El estatismo, el presidencialismo feroz, la burocracia más corrupta se ha reinstalado.

Regresa en medio de manotazos autoritarios, expropiaciones y promesas populistas., como en los viejos tiempos de Luis Echeverría o López Portillo.

Pero, como en todos los anteriores sexenios, alguien tendrá que pagar los platos rotos, de una u otra manera.

Delfina ¿el principio del-fin? 

En medio de esta reflexión, resulta curioso observar la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Al margen de las encuestas dudosas, ella resulta ser la más débil, por decirlo de la manera más amable.

La cola que le pisan es más visible que los kilómetros del fallido aeropuerto hasta el centro de Texcoco. Ella tiene un expediente abierto por el Tribunal Electoral y una multa por más de 4 millones de pesos.

Literalmente esquilmó parte de 72 quincenas de los trabajadores de ese municipio, para entregarlo a campañas del partido en el poder: Morena, que hoy la premia con la posible gubernatura.

Así, el “delfín” o Delfina de AMLO podría ser una especie de sacrificio para los dioses, porque si la oposición se une, no habrá nada que impida una derrota en toda la línea a Morena y el inicio de la debacle morenista.

Ese es el tamaño de lo que se juega en el Estado de México, donde el PRI también apuesta su futuro. Sus días están contados. Quedará sólo como partido marginal, como ocurre con el PRD.

Todo está en manos de la oposición, pero el país en general puede darse un respiro. La salida de Delfina de la SEP es una buenísima noticia. Los relevos en dicho sector hacen insostenible la intentona ideologizante de López Obrador.

Junto con Esteban Moctezuma, Delfina Gómez deja un verdadero hoyo negro de rezagos y desvíos financieros que tarde o temprano se tendrán que ventilar. Sus logros son = a 0.0

Tras la pandemia, más de 1.4 millones de niños y jóvenes abandonaron los estudios y buscarán reacomodarse en los próximos ciclos escolares, en medio de un rezago educativo abrumador.

Lo peor es que, de acuerdo con datos preliminares, bajo la férula de Delfina Gómez, la Secretaría de Educación Pública registró un subejercicio por 25 mil millones de pesos ¡tan sólo en un semestre!

El régimen de la 4T no sólo no apostó nada para enfrentar la emergencia sanitaria, simplemente, no invirtió. Hay subejercicios por más de 900 millones de pesos en Ciencia y Tecnología; por 5 mil millones en La Escuela es Nuestra.

También hay subejercicios por más de mil millones en la producción y distribución de libros. Así que, cambiar los libros de texto gratuitos, para ideologizar a las juventudes, hoy ya sólo se ve como otra de las quimeras de López Obrador.

La realidad lo ha atascado, por eso hoy empieza a pedir treguas, para apaciguar a ese ogro, que él mismo despertó y alimentó.

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Con voz propia

El acaparamiento del agua en México: corrupción y concesiones

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Por Miguel Montesinos León

En la crisis de agua potable que vive en Monterrey sale a relucir la corrupción del mismo gobierno federal, que sostiene que en esta era de la 4T se combate la corrupción. Abundemos en ello.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado concesiones a empresas no sólo mexicanas sino a extranjeras. Pero entre esas concesiones mexicanas, se destaca las de la senadora Olga Sánchez Cordero, asunto que ningún medio corporativo retomó para su investigación.

Ahora que se agudizó la escasez de agua en Nuevo León, el presidente de México anunció la implementación de un decreto en torno a que el agua es un derecho humano y que se encuentra en la Constitución Mexicana.  Ya sabemos que es letra muerta, pero ahora el derecho al agua no sólo es un derecho humano, sino que el agua es un asunto de seguridad nacional, por lo que las empresas refresqueras, las distribuidoras de agua embotellada y las cerveceras, en un gesto de solidaridad están apoyando a Nuevo León.

Ese apoyo no es en realidad un apoyo al pueblo neoleonés, es más bien una estrategia para no perder sus concesiones, y de esa manera impunemente seguir saqueando el agua no sólo de Nuevo León, sino de todo el país donde tienen establecidas sus empresas.

Lo peor que se vive en el saqueo del agua en México es que los productos como son la cerveza y los refrescos son exportados a otros países, lo que significa un saqueo a México, obteniendo millonarias ganancias a costa de la escasez para los mexicanos. No sólo se trata del desabasto del agua potable para uso doméstico, también la escasez de agua para la agricultura y con ello abastecer la red alimentaria.

La alimentación de los mexicanos no se compone sólo de granos básicos, por lo que se requiere agua para las verduras, las frutas, las legumbres y en el cuidado de animales para consumo humano.

Así que las empresas que se dicen apoyar a Nuevo León en realidad se burlan del pueblo mexicano y aun con el decreto firmado por el presidente de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación no impide que los saqueadores del vital líquido lo sigan haciendo sin importarles el sufrimiento de millones de personas, además de causar la muerte de hortalizas, de siembras de maíz, frijol y demás productos de la canasta básica.

Ahora se puede demostrar que el petróleo no es el energético más codiciado. En un futuro no muy lejano será el agua y ya se inició la guerra por este vital líquido; sólo falta que la ciudadanía concientice que podría no tener gasolina, gas y electricidad; pero, no obstante, si no tiene agua para lo más elemental en sus hogares, en sus parcelas en el caso de los campesinos, la vida se irá extinguiendo, de tal manera que lo que se está viviendo en Nuevo León es el inicio de la alerta por el agua.

Los gobiernos federal y estatales tendrían que tomar medidas más severas en cuanto a la instalación de empresas depredadoras del agua potable de México. El único problema es que son los mismos funcionarios públicos que participan de este acaparamiento, como en el caso mencionado de la senadora Olga Sánchez Cordero.

El medio independiente lacoperacha.com.mx elaboró un mapa en Google con las concesiones de agua a la senadora Sánchez Cordero y a su esposo. Olga Sánchez Cordero obtuvo 18 concesiones para un total de 1,224,500 metros cúbicos al año desde 1997, la mayoría habiendo sido obtenidas en noviembre de 2018, cuando su esposo, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas obtuvo también una concesión para 1,420,000 metros cúbicos al año. Este acuífero es vedado y sobreexplotado. Al ser todas para uso agrícola, el aprovechamiento de estas aguas es exento del pago de derechos. Se notará que las dos concesiones más grandes de Olga Sánchez para uso agrícola se encuentran en medio de una zona urbana. Aquí el enlace:

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Con voz propia

Se agrava la tortura en las cárceles de México

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Por Carlos Barrachina Lisón*

El general de brigada retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió a principios del año 2019 como coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. De la mano del entonces comisionado del sistema penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, inició la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte del nuevo gobierno para reconducir la política penitenciaria. Fue nombrado con el respaldo de una brillante carrera militar, en la que llegó a ser director del Heroico Colegio Militar; y ya retirado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. En el 2020 incluso sonó con fuerza como candidato para sustituir a Alfonso Durazo, como Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, cuando éste se lanzó como candidato a la gobernatura del estado de Sonora.

Existían altas expectativas en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la política penitenciaria mexicana. Se habló en la campaña y los primeros momentos de su administración de conceptos como “reconciliación”, “derecho humano”, e incluso se emitió un decreto, para que todas las personas que hayan sido torturadas en prisión fueran liberadas.

A día de hoy, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y empiezan a organizarse colectivos que señalan que el gobierno está prestado oídos sordos a los planteamientos de familiares e internos sobre la continuación, e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), en especial los gestionados de forma privada, que se conocen por el nombre de Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

Las principales quejas tienen que ver, en el mejor de los casos, con la escasa y deficiente alimentación, con la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas; con la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar, o de desarrollar una actividad laboral. En el peor de los casos, con el abuso de autoridad, con la tortura y con la sistemática utilización de amenazas, tanto a los internos, como a sus familiares.

En el último año aproximadamente 1500 personas privadas de la libertad, de la mano de la asociación civil “Dignidad y Derechos Humanos”, han presentando más de doce amparos frente a la justicia federal para mejorar sus condiciones de vida en los CEFERESOS de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Por otra parte, la periodista Guadalupe Lizárraga a través del medio Los Ángeles Press, ha visibilizado múltiples casos de abusos a derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario federal como local y se ha implicado en el activismo para mejorar las condiciones de vida de los presos; así como en detener las actividades de tortura que cada vez son más recurrentes.

El pasado 18 de julio, el Día Internacional de las Reglas Mandela, este colectivo se manifestó a las oficinas del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en la Ciudad de México, para denunciar al Estado mexicano por esta serie de violaciones sistemáticas y generalizadas, y demandar una intervención del organismo internacional.

Inicialmente los amparos tuvieron efectos positivos, y se atendieron alguna de las reclamaciones; pero últimamente se han empezado a incumplir las demandas, y se ha desatado una campaña de represión en contra tanto de los internos que denuncian, como de sus familiares, por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Ello se ha manifestado en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas, y tiempo fuera de la celda; en traslados arbitrarios, y en acciones directas de abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo de 2021 los internos del CEFERESO número 4, que se encuentra en el estado de Nayarit, se rebelaron y señalaron a la directora Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura. Estalló una huelga de hambre e incluso se acusó a la directora de la muerte de un interno.

El 14 de marzo del 2022 fue en el CEFERESO número 17, de Michoacán, en dónde los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director Alfredo Reyes Vázquez y al comandante de seguridad Roberto Lázaro Chavarría por abusos de autoridad. Derivado de ello, entró la Guardia Nacional al penal, y George Khoury Layón, a cuatro días de su audiencia de preliberación, y ocho internos más fueron trasladados a Guanajuato, y torturados tanto en su traslado, como en su llegada al nuevo centro penitenciario.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos, en el CEFERESO número 15, que se encuentra en Chiapas; la directora del penal Erika Adriana Tenopala Chausse, decidió no cumplir con las medidas ordenadas por los jueces, y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. Derivado de ello, desde el día 4 de julio iniciaron los internos una huelga de hambre, que en estos momentos ha cesado, pero que ha continuado en rebelión al no regresar los internos a sus celdas.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en el interior del penal y los traslados sin notificación, con efectos de represión, son algunas de las medidas que se han ido complicando en los últimos meses en el sistema penitenciario federal.

Las autoridades enfrentan un gran reto para quebrar esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Ello no sucede únicamente con el sistema federal, ni específicamente en los CPS.

El sistema local es todavía mucho más difícil de controlar, y los abusos a los derechos humanos, y los casos de tortura están a la orden del día. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada.

En el caso de la Ciudad de México, el caso del periodista desplazado Héctor Valdez Hernández, está evidenciando la falta de control tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como del Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch. Desde el Reclusorio Oriente varonil, el periodista denunció no sólo las golpizas a las que había sido sometido, sino incluso las amenazas directas de Enrique Serrano, subsecretario del sistema penitenciario. Finalmente fue trasladado de forma intempestiva a mediados del mes julio del 2022 al reclusorio de Santa Martha Acatitla, siendo golpeado en el traslado y a la llegada del centro penitenciario. Estuvo cinco días sin tomar agua, y fue arrojado a una celda insalubre, que deliberadamente había sido entregada con excremento humano regado por todo el espacio.

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*El autor es Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP)

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