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Justicia pendiente

Familia desplazada denuncia tráfico de influencia y abuso de poder de autoridades locales de Oaxaca vinculadas al titular del INPI

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Integrantes de la familia Rivera Gaytán denunciaron ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas como despojo de patrimonio y abuso de poder en una comunidad Mixteca, de Oaxaca, y en el que está relacionado el tráfico de influencias del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Por medio de una misiva enviada al ministro de la Corte, Guillermo Rivera, oriundo de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, denunció que fue víctima de robo de su patrimonio, después de que el pasado 26 de junio de 2015 fuera privada de la libertad su esposa, Adriana Gaytán López, a petición del comisario de bienes comunales, Fortino Islas Domínguez. Cuando acudió a la capital de Oaxaca para promover un amparo, su ganado caprino había sido hurtado de su propiedad.

Por ello, interpuso la denuncia penal correspondiente contra las autoridades municipales y comunales por abuso de autoridad, allanamiento de morada, abigeato, privación ilegal de la libertad, contra el entonces síndico Álvaro Pérez Montes, quien ha contado con el apoyo de Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, y entonces secretario de Asuntos Indígenas del exgobernador Gabino Cue Monteagudo.

De acuerdo con el denunciante, el síndico utilizó la organización Servicios para el Pueblo Mixe A.C., encabezada por el ahora funcionario federal, como despacho jurídico, e incluso denunció que Regino Montes llegó a solicitar al ayuntamiento 300 mil pesos para concluir la demanda a favor de las autoridades locales.

Aunque acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, los aludidos lo demandaron ante la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del estado, por lo que el proceso legal desvirtuó el origen inicial de las demandas y durante seis meses ese organismo protegió a los demandados y en septiembre de 2016 le ordenaron pagar 150 mil pesos para la resolución de una demanda de robo.

Ante esa situación, interpuso un amparo, mientras que el ganado caprino de raza Boer fue vendido por las autoridades municipales sin haberse resuelto el caso. A razón de ello, Guillermo Rivera interpuso una queja ante la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, donde le informaron que el expediente sería resuelto por la SCJN.

También relató que en 2016 el comisario ejidal lo desplazó de un sitio solar, lo que generó una demanda que debe resolver el Tribunal Unitario Agrario y, un año después, las autoridades locales dañaron su domicilio y volvieron a sustraer parte de su ganado equino.

Asimismo, en enero de 2018 los agresores desalojaron a su familia de su vivienda con dos menores de edad, misma que fue incendiada, por lo que interpuso un amparo federal y exigió la intervención del gobierno de Oaxaca, que hasta la fecha no ha dado respuesta a sus necesidades.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca le dio la razón sobre las violaciones de derechos humanos que ha sido víctima con su familia, sin embargo, desde 2015 le negaron el servicio de agua potable y les prohíben el ingreso a las asambleas populares los mismos caciques de la comunidad Cristóbal Miranda Baltazar, Álvaro Pérez Montes y Ulises López Osorio.

El desacato a la Fiscalía de Nochixtlán

En octubre de 2015, las autoridades de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca recibieron un documento expedido por la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán dándoles la instrucción de que se abstuvieran de vender, matar, sustraer o regalar los animales que tenía retenidos de la familia Rivera Gaytán.

El argumento de la instrucción de la fiscalía era porque el ganado se encontraba bajo investigación derivado de la denuncia. No obstante, las autoridades de la comunidad en contubernio con el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, hicieron caso omiso de la instrucción, y vendieron el ganado, quedándose con los recursos obtenidos. Quienes se encargaron de la venta fueron el síndico Desiderio Rivera Cruz y Norberto Baltazar Valdez.

 

La red de tráfico de influencias del director del INPI

Guillermo Rivera denunció en entrevista para Los Ángeles Press la red de influencias que lo expulsaron junto con su familia de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca con el propósito de despojarle su patrimonio. Quienes iniciaron este atropello fue la entonces presidente municipal Rosa López Baltazar y el comisario de Bienes Comunales, Fortino Islas Rodríguez, responsables también del encarcelamiento contra derecho de Adriana Gaytán López, esposa de Guillermo Rivera, con supuestos cargos de agresión a la autoridad.

Rivera también denunció el contubernio de la Fiscalía General del Estado, con delegación en Nochixtlán, para hacer caso omiso del atropello a su familia y a su patrimonio. Así mismo, mencionó la interferencia del actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, quien además afirmó a las autoridades comunales que había dado 30 millones de pesos a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia en calidad de soborno para que resolvieran el caso en favor de la comunidad, y otros seis millones de pesos para el reconocimiento de comunidad indígena. Los jueces mencionados fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Carrancá, los tres en contra del proyecto a favor de Rivera promovido por Jorge Mario Pardo Rebolledo.

 

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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