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Justicia pendiente

Familia desplazada denuncia tráfico de influencia y abuso de poder de autoridades locales de Oaxaca vinculadas al titular del INPI

Ignacio García

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Integrantes de la familia Rivera Gaytán denunciaron ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas como despojo de patrimonio y abuso de poder en una comunidad Mixteca, de Oaxaca, y en el que está relacionado el tráfico de influencias del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Por medio de una misiva enviada al ministro de la Corte, Guillermo Rivera, oriundo de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, denunció que fue víctima de robo de su patrimonio, después de que el pasado 26 de junio de 2015 fuera privada de la libertad su esposa, Adriana Gaytán López, a petición del comisario de bienes comunales, Fortino Islas Domínguez. Cuando acudió a la capital de Oaxaca para promover un amparo, su ganado caprino había sido hurtado de su propiedad.

Por ello, interpuso la denuncia penal correspondiente contra las autoridades municipales y comunales por abuso de autoridad, allanamiento de morada, abigeato, privación ilegal de la libertad, contra el entonces síndico Álvaro Pérez Montes, quien ha contado con el apoyo de Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, y entonces secretario de Asuntos Indígenas del exgobernador Gabino Cue Monteagudo.

De acuerdo con el denunciante, el síndico utilizó la organización Servicios para el Pueblo Mixe A.C., encabezada por el ahora funcionario federal, como despacho jurídico, e incluso denunció que Regino Montes llegó a solicitar al ayuntamiento 300 mil pesos para concluir la demanda a favor de las autoridades locales.

Aunque acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, los aludidos lo demandaron ante la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del estado, por lo que el proceso legal desvirtuó el origen inicial de las demandas y durante seis meses ese organismo protegió a los demandados y en septiembre de 2016 le ordenaron pagar 150 mil pesos para la resolución de una demanda de robo.

Ante esa situación, interpuso un amparo, mientras que el ganado caprino de raza Boer fue vendido por las autoridades municipales sin haberse resuelto el caso. A razón de ello, Guillermo Rivera interpuso una queja ante la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, donde le informaron que el expediente sería resuelto por la SCJN.

También relató que en 2016 el comisario ejidal lo desplazó de un sitio solar, lo que generó una demanda que debe resolver el Tribunal Unitario Agrario y, un año después, las autoridades locales dañaron su domicilio y volvieron a sustraer parte de su ganado equino.

Asimismo, en enero de 2018 los agresores desalojaron a su familia de su vivienda con dos menores de edad, misma que fue incendiada, por lo que interpuso un amparo federal y exigió la intervención del gobierno de Oaxaca, que hasta la fecha no ha dado respuesta a sus necesidades.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca le dio la razón sobre las violaciones de derechos humanos que ha sido víctima con su familia, sin embargo, desde 2015 le negaron el servicio de agua potable y les prohíben el ingreso a las asambleas populares los mismos caciques de la comunidad Cristóbal Miranda Baltazar, Álvaro Pérez Montes y Ulises López Osorio.

El desacato a la Fiscalía de Nochixtlán

En octubre de 2015, las autoridades de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca recibieron un documento expedido por la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán dándoles la instrucción de que se abstuvieran de vender, matar, sustraer o regalar los animales que tenía retenidos de la familia Rivera Gaytán.

El argumento de la instrucción de la fiscalía era porque el ganado se encontraba bajo investigación derivado de la denuncia. No obstante, las autoridades de la comunidad en contubernio con el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, hicieron caso omiso de la instrucción, y vendieron el ganado, quedándose con los recursos obtenidos. Quienes se encargaron de la venta fueron el síndico Desiderio Rivera Cruz y Norberto Baltazar Valdez.

 

La red de tráfico de influencias del director del INPI

Guillermo Rivera denunció en entrevista para Los Ángeles Press la red de influencias que lo expulsaron junto con su familia de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca con el propósito de despojarle su patrimonio. Quienes iniciaron este atropello fue la entonces presidente municipal Rosa López Baltazar y el comisario de Bienes Comunales, Fortino Islas Rodríguez, responsables también del encarcelamiento contra derecho de Adriana Gaytán López, esposa de Guillermo Rivera, con supuestos cargos de agresión a la autoridad.

Rivera también denunció el contubernio de la Fiscalía General del Estado, con delegación en Nochixtlán, para hacer caso omiso del atropello a su familia y a su patrimonio. Así mismo, mencionó la interferencia del actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, quien además afirmó a las autoridades comunales que había dado 30 millones de pesos a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia en calidad de soborno para que resolvieran el caso en favor de la comunidad, y otros seis millones de pesos para el reconocimiento de comunidad indígena. Los jueces mencionados fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Carrancá, los tres en contra del proyecto a favor de Rivera promovido por Jorge Mario Pardo Rebolledo.

 

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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