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Investigaciones

De qué ha sido acusado Alfredo Jalife y quiénes lo han denunciado

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Alfredo Jalife ha estado envuelto en varias irregularidades

Alfredo Jalife ha estado envuelto en denuncias judiciales y mediáticas que van desde la violencia de género, hasta la discriminación religiosa y racial, calumnias, e incluso lavado de dinero desde 2010. Uno de los señalamientos más recientes revelado por la periodista Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, es sobre sus fraudes en la UNAM, de los que no hay registros de su tesis de grado ni tampoco historial académico que avale el número de cédula profesional que posee de los años 70, cuando era asistente particular del exgobernador de Chiapas, el doctor Manuel Velazco Suárez, Premio Nobel de la Paz por su activismo contra las armas nucleares, y del que también Jalife se atribuye a su persona.

A continuación enlistamos las acusaciones contra Alfredo Jalife Rahme Barrios, las cuáles también han sido investigadas por la propia Lizárraga en esta casa editorial:

Para entender más del tema: Sin tesis de grado y sin historial académico: los fraudes de Alfredo Jalife en la UNAM

Acoso y antisemitismo

El primero de enero de 2017, en representación de un grupo de personas afectadas por una red de presuntos ciberacosadores y ciberterroristas, el despacho de Abogados Asociados Bujanda presentó una denuncia contra Alfred Jalife en las oficinas de Twitter América Latina, donde se establecen también violaciones al Artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México que prohíbe el antisemitismo.

Todos los afectados coincidieron en que la red de odio tiene como personaje central al médico Alfredo Jalife Rahme Barrios, luego de que varias de las víctimas denunciaron ciberacoso por parte de los simpatizantes del propio Jalife desde 2013.

Denunciado por amenazas de muerte

La abogada Ivonne Carolina Flores Alcántara y el periodista Ramsés Ancira denunciaron, desde el Consejo para la Prevención de la Discriminación en la Ciudad de México, las amenazas de muerte y el acoso cibernético por parte de Alfredo Jalife, información que se consignó el 14 de septiembre del 2017.

Flores Alcántara reveló que desde enero del 2017 es víctima de hostigamiento por parte de Jalife, a quien lo ha denunciado en diferentes instancias por violencia de género, entre éstas ante la UNAM, que decretó, en ese entonces, la suspensión provisional del docente el pasado 15 de agosto. Como respuesta, Jalife Rahme intensificó su violencia hacia la abogada en una serie de mensajes de texto vía telefónica y por las redes sociales con diferentes cuentas, intentando intimidarla con amenazas de muerte.

Lee también: IPPNW- México no reconoce a Alfredo Jalife como Premio Nobel de la Paz 1985 ni como miembro

Desmentido por IPPNW-México sobre el Premio Nobel de la Paz 1985

El destacado médico cirujano oftalmólogo y coordinador de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW-México), Jans Fromow Guerra fue consultado por Los Ángeles Press, sobre la polémica entre la comunidad intelectual mexicana respecto a si Alfredo Jalife Rahme Barrios era realmente Premio Nobel de la Paz 1985.

Fromow Guerra, quien Premio Nobel de la Paz 2017, y coordinador del grupo de activistas contra las armas nucleares, explicó que Jalife era cercano al doctor Manuel Velaszo Suárez, también activista contra las armas nucleares desde Chiapas, su estado natal del que fue gobernador. Por ello recibió el Premio Nobel de la Paz 1985, otorgado a IPPNW-México. Sin embargo, Jalife no tuvo nada que ver con dicho activismo ni tampoco ha sido miembro de la asociación.

Acusado por su exesposa de lavar dinero en Líbano

Alfredo Jalife Rahme Barrios también es propietario de la Inmobiliaria Okonomía y de diez cuentas bancarias, cinco de éstas en entidades extranjeras y ha sido señalado reiteradamente de lavado de dinero, incluso por su exesposa, Ivonne Galván Duque Bellato.

Ello a raíz de diversas transferencias internacionales de cantidades considerables de miles de dólares, que periódicamente ha realizado a partir de 2010, sin declarar impuestos, mientras afirmó en varios juicios que enfrentaba por su exesposa que sus “ingresos azarosos” eran derivados de sus actividades profesionales en la UNAM, en el Instituto Político Nacional, así como en la Universidad Metropolitana y por la impartición de conferencias en partidos políticos.

Sin embargo, Los Ángeles Press solicitó la información a Transparencia para que las instituciones académicas nombradas por él ante el tribunal, acreditaran pagos por libros, conferencias y clases. Todas las instituciones, incluyendo partidos políticos negaron pagarle alguna compensación o remuneración por sus servicios entre 2012 y 2020.

(Jalife) cuenta con una amplia capacidad económica, no obstante de que no ejerce profesión o empleo remunerado, derivado de que este último, se dedica al manejo de inversiones con las que cuenta en Beirut Líbano”, acusó Duque Bellato a su exesposo y que en Los Ángeles Press se consignó dicha información el pasado 22 de agosto del 2020.

Denunciado por su ex abogada por no pagar sus honorarios

Ivonne Carolina Flores Alcántara, su ex abogada, ha interpuesto una serie de denuncias contra Alfredo Jalife por no pagarle sus honorarios. Fue contratada para llevar el juicio de divorcio contra su esposa Ivonne Galván Duque Bellato, y cuando le cobró por primera vez sus honorarios, Jalife inició una campaña de desprestigio en las redes y de violencia de género en la UNAM contra la abogada, al ser todavía alumna del Doctorado en Derecho por esa institución.

Con tráfico de influencias, Jalife ha puesto contrademandas y la abogada ha interpuso una serie de apelaciones ante el Juez Trigésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La sentencia resolutoria del pasado 27 de abril se le obligaba a la abogada a pagar 12 millones de pesos por el juicio que emprendió contra Jalife por incumplir su promesa de pago.

Flores Alcántara acusó a Jalife por violencia de género y amenazas de muerte.

Porque leíste este artículo te recomendamos: Espionaje, dinero inexplicable, mentiras y violencia de género: la trayectoria de Alfredo Jalife

 

Denunciado por difamación y calumnias

El 16 de diciembre, la política profesional Tatiana Clouthier, quien ocupó el cargo de secretaria de Economía con la administración de Andrés Manuel López Obrador, ratificó una denuncia judicial en contra de Alfredo Jalife por difamación y calumnias.

La denuncia inicial fue interpuesta el 1 de diciembre en la Fiscalía de Nuevo León, por los constantes ataques personales contra Clouthier en las redes sociales de Jalife, y por involucrarla falsamente en temas relacionados con yacimientos de Litio, y de que ella supuestamente maneja una agenda a favor del fracking, conocido como fractura hidráulica para extraer gas y petróleo.

Tatiana Clouthier se negó a que se normalizara la violencia de Jalife, como ha sucedido con otras mujeres de la política.

Cómo fue en Palacio Nacional: Entre Tatiana Clouthier y Claudia Sheinbaum, el verdadero rostro de AMLO. 

 

 

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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Estados Unidos

Tirso Martínez, ‘El Futbolista’, confiesa sus actividades con el Cártel de Sinaloa en juicio a García Luna

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Tirso Martínez "El Futbolista" señaló que sabía de los sobornos que hacía el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna

Testimonio busca ligar decomisos con las operaciones de Genaro García Luna

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

«El futbolista», Tirso Martínez, dio su testimonio hoy en la corte de Brooklyn, en el que asumió la responsabilidad de tres decomisos celebrados entre el 2002 y el 2003 que presuntamente pertenecían a los narcotraficantes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Martínez hace una referencia a la reacción que tuvo Carrillo Fuentes en ese entonces: “A ver si no se enoja el Patas Cortas y el Corajudo”. La alusión era a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, al momento de que se enteraran de las incautaciones. Los eventos habrían ocurrido en una bodega ubicada en Brooklyn y otra en el barrio de Queens, las cuales ya habían sido utilizados como pruebas en el 2018 en el juicio en contra de Joaquín Guzmán.

Para saber más del caso: Genaro García Luna: avanza la selección del jurado para el juicio del exsecretario de seguridad pública

El testimonio del futbolista incluyó haber aceptado el dinero que ganó por sus actividades con el narcotráfico, y dijo haberlo gastado en comprar equipos de futbol, en peleas de gallos, en mujeres, autos, y propiedades, “hasta compré un avión”, remató.

– ¿Qué son las peleas de gallos?- Le preguntó el fiscal.

– Es cuando dos gallos con navajas en las patas los echan a pelear hasta que uno muere.

Lee también: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

Tirso Martínez profundizó en su historia personal como miembro del Cártel de Sinaloa, y dijo haberse encargado de una ruta de tren entre 2000 y 2003. Llevaba la cocaína de la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, “donde la droga se vende más cara y el cártel gana más”.

También declaró que pagaba sobornos a militares para que le permitieran hacer su trabajo, entre éstos, a un militar en Chiapas, un comandante en Guadalajara y un oficial en León. A pregunta del fiscal sobre si alguna vez había dado un soborno a García Luna, aceptó que no, pero si sabía “que otros miembros del cártel” lo hacían.

Soltó que cuando lo arrestaron en el 2014 intentó sobornar al comandante que estaba a cargo de la operación, pero que este le respondió “¡cabrón, sé que no tienes dinero!”. Dijo que aunque ya obtuvo su libertad en el 2001 aun debía pagar al gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares de multas para lo cual “ya estoy trabajando en eso”.

Ahora de nueva cuenta la defensa deberá hacerle un contrainterrogatorio para intentar hacerlo caer en contradicciones aunque, al igual, que Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande‘, pero se nota que Tirso Martínez ha sido bien entrenado por la fiscalía para responder sin salirse de la estrategia.

 

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